Sección: Sáhara OccidentalTítulo: Carta abierta de Moratinos y respuesta de Gaspar Llamazares- Enlace 1 - Enlace 2 Texto del artículo:
El pasado martes 2 de agosto, el Ministro de Exteriores español Miguel Angel Moratinos publicaba en el diario El Mundo una carta abierta sobre el conflicto del Sahara. Si se hablaba de ambigüedad en la postura española parece que con la carta se han despejado todas las dudas sobre de qué parte está el gobierno español. El Coordinador General de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares le respondía una semana después, el 9 de agosto, de una manera impecable en la misma tribuna, las páginas de El Mundo. Adjuntamos ambos artículos.
http://www.elmundo.es/diario/opinion/1841332.html
Carta abierta sobre el Sáhara-MIGUEL ANGEL MORATINOS
Desde hace unas semanas, los medios de comunicación españoles nos
brindan con asiduidad noticias y comentarios que ponen de relieve el
interés que la opinión pública española muestra sobre el problema del
Sáhara Occidental y los sentimientos intensamente cordiales que la
mayoría de los españoles tienen hacia el pueblo saharaui. Si sus
orígenes están enraizados en la memoria de nuestra presencia en el
territorio del Sáhara Occidental, que generó lazos de simpatía mutua a
pesar de su carácter colonial, la pulsión solidaria de los españoles
hacia los saharauis se alimenta, en buena medida, del recuerdo
colectivo de la precipitada y confusa salida de España del territorio,
en un momento histórico de gran incertidumbre, en vísperas del inicio
de nuestra transición política.
Desde aquellos años, la diplomacia española -no podía ser de otra
manera- ha participado ampliamente de esa empatía, que inspiró el
quehacer de las sucesivas generaciones de profesionales. Algunos de
ellos ejercieron una influencia más cualificada en la definición y
ejecución de la política exterior española, desde la veterana
Dirección General de Africa, o las Embajadas españolas en el
vecindario magrebí, por no hablar de nuestra Misión Permanente en
Nueva York.
Desde aquí deseo trasladar mi vivo reconocimiento a los meritorios
desvelos de estos diplomáticos españoles, a menudo a contracorriente
de las tendencias y sensibilidades prevalecientes en nuestro entorno
occidental, que diseñaron y defendieron con ahínco una acción exterior
que acertadamente concilió la defensa de las posiciones e intereses
globales y regionales de nuestro país con una política de proximidad y
solidaridad hacia los saharauis.
Siguiendo el camino trazado por aquellos maestros que guiaron mis
inicios en el oficio, he tenido la fortuna y el privilegio de poder
dedicar una parte sustancial de mi vida profesional a la causa de la
amistad entre España y los países y pueblos hermanos del Magreb.
Durante largos años, participé con gran ilusión en la tarea colectiva
de construir una relación sofisticada y moderna con esta región tan
estratégica para España. En este proyecto global siempre tuvo
gran relevancia la defensa de los derechos del pueblo saharaui, así
como la voluntad de reforzar y diseñar una política de amistad y buena
vecindad con Marruecos, que se plasmó en el Tratado de Amistad,
Cooperación y Buena Vecindad con el reino alauí.
Teniendo en cuenta lo que antecede, ¿puede alguien pensar que en el
ejercicio de mi responsabilidad ministerial actual, colofón de muchos
años de trayectoria profesional rectilínea, tenga la menor intención
de departir de mis convicciones firmes sobre los derechos de los
saharauis y los lazos profundos que deben unirnos a ellos, al tiempo
de preservar lazos privilegiados con Marruecos? Y sin embargo, es
perceptible un intento de confundir a la opinión pública al respecto,
tratando de capitalizar pro domo la simpatía general de los españoles
por la causa saharaui.
Ciertamente, cada cual tiene el derecho de expresar su opinión
crítica, pero menos legítimo es presentar, como se viene haciendo con
frecuencia, de manera deformada la política del Gobierno español y del
Ministerio que dirijo en relación al asunto del Sáhara Occidental.
Permítaseme, desde la misma libertad, reiterar los parámetros básicos
de la política española actual sobre el Sáhara, que tratan de
conjugar lo mucho y bueno que hemos heredado de la política exterior
de los sucesivos gobiernos de la democracia española con la necesidad
de resolver adecuadamente los retos del presente y del futuro en el
Sáhara y en el Magreb, que son una componente estratégica de nuestra
política exterior y, sin duda, un mandato de gobierno recibido de los
españoles.
Entre los elementos heredados de las políticas del pasado está la
noble idea-siempre vigente- de la defensa de los derechos del pueblo
saharaui.
Uno de los clichés que se vienen difundiendo últimamente sería una
supuesta insuficiencia o tibieza en la manera en que el Gobierno
español protege estos derechos.
Esta tesis no se compadece con la verdad. Mi respuesta es
invariable: la defensa de esos derechos es un objetivo claro de
nuestra política exterior y se viene ejerciendo día a día, con
gestiones permanentes.
Al mismo tiempo, deseo enfatizar que la defensa de los derechos del
pueblo saharaui, incluido el de autodeterminación, no es disociable de
la búsqueda de una solución justa y definitiva al conflicto del Sáhara
Occidental. En otras palabras, no se combate una enfermedad eliminando
únicamente los síntomas. Estos se deben paliar para evitar
sufrimientos, pero un buen médico siempre deberá identificar y actuar
sobre las causas de la enfermedad para lograr la curación.
En el momento actual del Sáhara, las tensiones en el territorio y el
incremento del tono reivindicatorio general -los síntomas- tienen
mucho que ver con el hecho de que hace algo más de un año,
coincidiendo con la dimisión del Enviado Personal del SGNU, James
Baker, dejaron de vislumbrarse en el horizonte político las
perspectivas de solución del conflicto que existían cuando había un
plan de arreglo en fase de ejecución. La ausencia de una dinámica
de paz genera lógicas frustraciones y remueve las arenas de la
discordia.
El Gobierno español ha trasladado con claridad a Marruecos, al
Frente Polisario y a todos los actores relevantes la importancia del
respeto de los Derechos Humanos de los saharauis y la conveniencia de
asegurar un acceso transparente y libre de informadores y observadores
al territorio, sin perjuicio de las responsabilidades que competen a
la MINURSO, cuyo papel debería ser realzado al respecto. Hemos
planteado, por vez primera, que pueda visitar el territorio una misión
parlamentaria española abierta a todas las fuerzas políticas y con
libertad de movimientos, que confío pueda llevarse a efecto.
Sin embargo, siendo importantes y necesarios estos elementos
paliativos de la sintomatología, más decisivo aún -precisamente para
garantizar mejor los derechos de los saharauis- es identificar las
claves ocultas del estancamiento político del conflicto, para proceder
a continuación a intentar revitalizar y viabilizar el plan de arreglo
en el marco de Naciones Unidas.
Si volvemos atrás la mirada, 30 años de desvelos internacionales a
favor de una solución justa y definitiva al conflicto, a la postre
infructuosos, permiten arrojar luz sobre algunas de esas claves.
Telegráficamente, las resumiría de la forma que sigue: se han
consolidado dos visiones aparentemente irreconciliables de las Partes
sobre el futuro del Sáhara. El Consejo de Seguridad ha definido un
plan de arreglo, de contenido variable en versiones sucesivas, que
debería concluir con un referéndum de autodeterminación.El plan no se
ha llevado a la práctica por las desavenencias entre las partes. El
Consejo de Seguridad no ha tenido hasta ahora -y no es previsible que
tenga-la voluntad política de imponer coercitivamente cualquier
fórmula de arreglo. Solamente podrá prosperar una fórmula que,
respetuosa de la legalidad internacional, sea mutuamente aceptable
para las partes reconocidas como tales por Naciones Unidas
(el Frente Polisario y Marruecos).
El impasse consolidado tiene múltiples efectos negativos, que
sufrimos todos: los saharauis, con el dolor del exilio y el
sufrimiento humanitario; los marroquíes, faltos del sosiego necesario
para llevar adelante su proyecto nacional; los magrebíes, que ven
aplazado sine die su vital proyecto integrador; y los españoles y
europeos, que padecemos las consecuencias de la inestabilidad magrebí.
Frente a estas realidades -no hay otras pero muchos no las saben o
quieren ver-se debe definir la política española sobre el Sáhara.
Algunas voces añoran la vieja política declarativa que consistía nada
más que en reiterar rutinariamente nuestro apego a una solución justa,
duradera y respetuosa de la legalidad internacional, representada en
las resoluciones de Naciones Unidas.
Esta «neutralidad pasiva», que se completaba con una serie de ayudas
para atender a las necesidades humanitarias de la población saharaui,
recibía el beneplácito general de la clase política y sociedad civil.A
esta política, lo digo bien claro, no le sobra nada. No hay por qué
eliminar ninguna de estas premisas, que siguen siendo válidas. Pero es
necesario ir más allá, partiendo del reconocimiento de que, a la hora
de la verdad, de poco ha servido para acercarnos a la solución del
conflicto.
Partiendo de este análisis, el Gobierno español y el Departamento
que dirijo han adoptado una actitud de compromiso activo que pretende
ante todo sacar el proceso internacional de arreglo del Sáhara de su
estancamiento actual, movilizando a todos los actores relevantes y a
las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones que estén en plena
conformidad con la legalidad internacional.
Me gustaría que los saharauis y la opinión pública española valoren
positivamente el hecho de que ningún Gobierno español en las últimas
décadas ha implicado más activamente por el pueblo saharaui, a pesar
de que habría sido más cómodo limitarse a seguir con la rutina de
votar cada equis meses en Naciones Unidas. Este ha sido el primer
Gobierno español que envía a sus miembros -cuatro veces en un año- a
visitar Tinduf para conocer de cerca la situación en los campamentos
de refugiados y dialogar con los líderes del movimiento
independentista. La AECI ha incrementado de forma significativa los
fondos y programas oficiales de ayuda humanitaria y España ha recabado
igual actitud de la UE.
Hemos trabajado activamente para mejorar la comprensión por parte de
otros países de las circunstancias y aspiraciones de los saharauis,
centrándonos en los que tienen mayor capacidad de influencia por su
vecindad, peso político o pertenencia al Consejo de
Seguridad.Personalmente, me he implicado a fondo cerca del secretario
general para que Naciones Unidas ejerza con vigor sus
responsabilidades en el proceso de arreglo del contencioso. Como
resultado, Kofi Annan acaba de nombrar al Embajador Pieter Van Walsum
como su Enviado Personal con un claro mandato de obrar a favor de la
reanudación del proceso de arreglo.Se abre así una nueva dinámica
política en la que deberían implicarse resueltamente todos los
actores.
Por ese camino, y no otro, debemos transitar. Algunos detractores de
la política española sobre el Sáhara parecen apostar por una crisis
profunda de las relaciones hispano marroquíes. Sin entrar a considerar
en estas líneas la irresponsabilidad de quienes no comprenden la
necesidad objetiva de mantener relaciones cordiales de amistad y
cooperación con el Gobierno del país vecino, por razones de interés
nacional evidente, quiero subrayar que todas las acciones que ilustran
el actual compromiso activo de España no se han traducido en una merma
de nuestros principios históricos ni una ruptura o crisis política con
Marruecos, país que las Naciones Unidas reconocen como parte legítima
y cuya colaboración, junto a la del Frente Polisario, es necesaria
para una solución.
Otra de las tesis más o menos explícita de los detractores de la
política actual de España pretende poner a nuestro país en cabeza de
una campaña internacional a favor de la independencia del Sáhara.
Esta posición no es sostenible. España no puede tomar partido -ningún
Gobierno español lo ha hecho- por una opción concreta de las varias
teóricamente resultantes del ejercicio del derecho de
autodeterminación, pues ello equivaldría a prejuzgar y vaciar de
contenido el referéndum. Por lo demás, está muy equivocado quien crea
que con ello se iba a solucionar el conflicto. La llave de la solución
definitiva no la tiene España, sino las partes asistidas por Naciones
Unidas.
Trabajemos todos para lograr que estos actores asuman sus
responsabilidades y encuentren el camino de la paz, examinando de
forma constructiva y con ánimo de definir las vías más aptas para
encarrilar el proceso de arreglo hacia su anhelada solución
definitiva. Solamente así se logrará la plena salvaguardia de los
derechos de los saharauis, quienes podrán vivir en paz entre sí y con
los marroquíes, en su hermosa tierra del Sáhara Occidental.
Miguel Angel Moratinos Cuyaubé es ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
http://www.elmundo.es/papel/2005/08/09/opinion/1844247.html
Moratinos: diplomacia no es ambigüedad-GASPAR LLAMAZARES
El 2 de agosto este periódico publicó un esperado artículo del
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos. Bajo el título
Carta abierta sobre el Sáhara, pretendía explicar la posición del
Ministerio sobre la cuestión saharaui. Decimos esperado artículo
porque la indefinición y la ambigüedad han sido las características
del Ministerio en este asunto en un momento en el que sufre demasiada
gente como para que seamos ambiguos. Conocer su opinión ha sido
interesante. Y frustrante a la vez.
IU, como muchos españoles, apoya a la causa saharaui. Pero no se
trata sólo de una diferencia de opiniones. No. Es que las opiniones
del ministro no responden a la realidad, obvian una situación
dramática de Derechos Humanos, dan un giro a la política española
respecto al Sáhara, colocan a los saharauis y a Marruecos al mismo
nivel de responsabilidad y ponen sordina a la legalidad internacional.
Moratinos reconoce que la sociedad española apoya al Sáhara, pero
manifiesta que «el interés de la opinión pública española se debe a
nuestra presencia colonial en la zona» y a un sentimiento de culpa por
el abandono. Y no es verdad: miles de asociaciones de amistad
hispanosaharauis, miles de visitas a los campamentos, miles de
proyectos, miles de personas que se dejan su tiempo y su dinero para
ayudar al Sáhara, miles de familias que cada año acogen a 8.000 o
9.000 niños saharauis. Eso no es sólo sentimiento de culpa, es
solidaridad sincera con un pueblo que padece una situación enormemente
injusta.
Aduce usted que esta corriente solidaria de la sociedad española ha
generado una «empatía de la diplomacia española con ese sentimiento de
solidaridad» y defiende la labor diplomática llevada a cabo a lo
largo de la Historia.
Desde IU, y desde los sectores sociales que han estado
permanentemente encima de este proceso, no damos crédito. Señor
Moratinos, la diplomacia española, salvo honrosas excepciones, no ha
hecho más que seguir las sucesivas indicaciones del Gobierno de turno.
Hasta la ONU echa en cara a España su falta de compromiso.
Todavía hoy España no reconoce su estatus de potencia administradora
y en un último intento, su Ministerio ha intentado otorgar,
unilateralmente, el estatus de potencia administradora del territorio
saharaui a Marruecos, saltándose a la torera y sin consultar a las
partes, todos los acuerdos internacionales, incluidas las resoluciones
del Consejo de Seguridad.
Nosotros a eso no lo llamamos empatía diplomática con la causa
saharaui. Entendemos que un diplomático ha de suavizar los conflictos
y calmar los debates, pero lo que no puede es obviarlos. Hoy el Sáhara
vive una situación desesperada por la parálisis de la situación y la
represión desencadenada en el territorio tras las manifestaciones de
junio en Rabat y El Aaiún. Y no lo decimos nosotros, lo dice el
Parlamento Europeo, que en una carta a Kofi Annan del 23 de junio de
2005 instan a «1. Presionar a Marruecos para cesar de forma inmediata
la represión contra los civiles.2. Permitir la entrada y facilitar el
trabajo de los medios de comunicación nacionales e internacionales sin
ningún tipo de restricciones. 3. La creación de una comisión
internacional de investigación de los hechos. 4. La permanencia
constante de observadores internacionales y organizaciones de Derechos
Humanos con el objetivo de proteger a la población civil saharaui
acosada constantemente por el ejército, la policía y las fuerzas de
intervención rápida». Esta petición la firman europarlamentarios de
casi todos los partidos, incluidos muchos representantes del Partido
Socialista.
La situación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados es
alarmante y exigiría una respuesta contundente desde el Ministerio,
pero con lo que nos hemos encontrado es con que cada vez que
representantes políticos (incluidos del PSOE) y de la sociedad civil
han intentado entrar en los territorios ocupados para preocuparse por
la situación de los saharauis, las autoridades marroquíes no les han
dejado ni bajar del avión, con el increíble argumento de que eran
personas hostiles a la integridad territorial de Marruecos. En el
último caso, el Gobierno marroquí consiguió que se les prohibiera
subir al avión en Las Palmas, es decir, en territorio español. El
escándalo del rechazo de Marruecos a que ciudadanos españoles visiten el Sáhara
es lo que ha motivado que se intente organizar una visita pactada con Marruecos.
Aun así, Marruecos no acepta las condiciones mínimas expuestas por IU para que
ese viaje se realice: libertad de movimientos y presencia de
prensa y ONG nacionales e internacionales. Pero, al margen de estas
diferencias, lo más preocupante de su Carta es el fondo.Y el lenguaje.
En diplomacia el lenguaje lo es todo y no hace falta saber leer
entre líneas para ver lo que hay detrás de cada palabra.
Para IU, el señor Moratinos plantea dos cuestiones de suma gravedad:
la imposibilidad de hacer cumplir la legalidad internacional y el
equiparar a Marruecos y a los saharauis como si tuvieran la misma
responsabilidad en el conflicto. Desde el alto el fuego de 1991 ha
habido un largo proceso de negociaciones que culminaron en 2003 con el
Plan Baker II, por el que se otorgaba al Sáhara cierto grado de
autonomía durante cinco años, transcurridos los cuales se produciría
un referéndum de autodeterminación con un censo pactado entre las
partes. Es el Plan que apoyan las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad y, creíamos, que también España.
Decimos creíamos porque en su artículo el señor Moratinos nos
sorprende con la afirmación de que «las desavenencias de las partes»
con el Plan Baker hacen que éste no sea una solución real. Esto,
sencillamente, no es así. El Frente Polisario, una de las dos partes
reconocidas por la ONU en el conflicto, sí acepta el Plan Baker II.
Fue la negativa unilateral de Marruecos en el último momento y tras 8
años de negociaciones lo que llevó al señor Baker a dimitir como
Representante Especial del SG de la ONU para el Sáhara. Basta leer las
declaraciones del propio Baker para saber que fue Marruecos quien
paralizó el proceso y quien se niega a acatar la legalidad
internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad que han
ratificado por dos veces el Plan Baker II como única vía de solución
del conflicto.
Desde IU hemos sido muchas veces críticos con las decisiones del
Consejo de Seguridad de la ONU, pero nunca lo hemos deslegitimado
porque seguimos pensando que aunque funcione mal, sigue siendo el
mejor foro de solución de conflictos e infinitamente mejor que las
decisiones intervencionistas tomadas al margen. Por eso, nos sorprende
que el ministro dé por sentado que el Consejo de Seguridad no va a
«tener la voluntad política» para hacer que se respeten sus
decisiones, por lo que hay que buscar una solución al margen.
La justificación que se usa es, probablemente, la gran falacia del
problema del Sáhara: hay que buscar una solución que contente a
Marruecos y al Frente Polisario, lo que significa que tienen la misma
responsabilidad en el conflicto.
Pero señor Moratinos, cuando un país invade militarmente un
territorio que no le pertenece, cuando lo coloniza de manera forzada,
cuando no respeta la legalidad internacional que le pide una y otra
vez que acepte que no tiene autoridad sobre el territorio, cuando
expulsa forzadamente de ese territorio a personas que no comparten su
criterio, cuando niega el derecho a un pueblo a decidir su futuro,
cuando construye un muro militar que segrega un territorio que no le
pertenece, cuando condena a casi 200.000 personas a vivir 26 años en
campos de refugiados, cuando los trata de criminales no tiene la misma
responsabilidad.
En el fondo es muy simple: la legalidad internacional no es una
cuestión de opiniones. El Sáhara es el último proceso de
descolonización pendiente de Africa, así lo reconoce la ONU y así lo
debería ver la diplomacia española.
El ministro añade que «algunas voces añoran la vieja política
declarativa que consistía nada más que en reiterar rutinariamente
nuestro apego a una solución justa, duradera y respetuosa de la
legalidad internacional, representada en las resoluciones de Naciones
Unidas». No, señor ministro, no añoramos nada.
Ojalá. Eso significaría que al menos hubo un pasado que añorar, pero
desgraciadamente bajo los gobiernos anteriores y, especialmente bajo
los del PP, no se hizo nada. Fueron ocho años en los que la diplomacia
española estuvo al margen en un tiempo en el que la ONU estaba
buscando la solución del Plan Baker. Y es posible una solución.
Estamos seguros de que es posible otra política para el Magreb y de
que mejorar las relaciones con Marruecos no es incompatible con el
derecho internacional. Trabajemos por ello. Los saharauis se lo
merecen.
El pueblo marroquí sufre también las consecuencias del conflicto y
de un Gobierno que, a nuestro juicio, utiliza el problema saharaui
para desviar la atención de sus propios problemas. Nuestra solidaridad
con los saharauis no es menor que la que tenemos con el pueblo
marroquí.
Gaspar Llamazares es coordinador general de IU.
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