Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
www.infolibre.es - Ignacio Carrascón, David Reinero, Praza.Gal, Pedro Vallín, Lénaïg Bredoux, Antton Rouget Y Marine Turchi, Med
En 2009, coincidiendo con el regreso de Benjamin Netanyahu al poder y con la ofensiva sobre Gaza conocida como Operación Plomo Fundido, el Gobierno israelí decidió crear dentro del Ministerio de Justicia una unidad específica para gestionar las causas abiertas en el extranjero por presuntos crímenes de guerra. Esa estructura, embrión del actual Departamento de Guerra Legal, pasó a coordinar la defensa de altos mandos políticos y militares señalados en procedimientos penales o civiles fuera del país y a diseñar la estrategia jurídica ante tribunales extranjeros y la Corte Penal Internacional —donde el departamento se jacta de que sus “buenas relaciones” llevan años retrasando una investigación al Estado, según documentación de la filtración—. Para ello el ministerio trabaja con una red formada por prestigiosos despachos de abogados contratados en países clave.
Una filtración de más de dos millones de correos electrónicos del Ministerio de Justicia que cubren principalmente de 2009 a la primavera de 2023, permite seguir durante más de una década el trabajo de ese engranaje: desde el cierre discreto de causas en Europa hasta el seguimiento de reformas legislativas consideradas peligrosas para los intereses de Israel. Entre los destinatarios habituales de sus consultas aparecen varias firmas europeas en los que, internamente, el departamento llama “países objetivo”, entre los que está España.
Como revela Israel Files, una investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), dichos emails permiten seguir más de una década de relaciones discretas entre Israel y España.
La sensibilidad de Israel hacia la jurisdicción española no es nueva. Entre los documentos filtrados figura un correo interno de 2009, enviado por la Fiscalía General de Israel (dependiente de la cartera de Justicia) el mismo día en que la Audiencia Nacional archivó una causa penal contra el entonces ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y seis altos mandos militares por el asesinato de catorce civiles en un ataque a Gaza, entre ellos varios niños y bebés. En ese mensaje, un alto cargo del Ministerio de Justicia felicita a su equipo por el trabajo realizado con los abogados españoles, que, según afirma, había “contribuido sin duda a influir” tanto en la Fiscalía española como en el tribunal.
La documentación sitúa a la histórica firma catalana Cuatrecasas, la segunda del país por volumen de facturación, como el despacho de referencia para defender y asesorar a Israel en asuntos de jurisdicción universal, viajes de altos cargos y cuestiones que afectan a ciudadanos con vínculos con Israel. Pero también como un actor clave para anticipar y moldear el escenario legislativo español: los correos muestran cómo el bufete informa al ministerio israelí de qué reformas pueden perjudicarle, del estado de algunos trámites en el Congreso y, sobre todo, de qué cambios legales sería conveniente promover ante las autoridades españolas y a través de qué interlocutores institucionales convendría hacerlo.
La jurisdicción universal
España aparece de manera recurrente en los correos del ministerio israelí por una razón concreta: durante más de una década fue uno de los países que aplicó con mayor amplitud el principio de jurisdicción universal. Ese marco legal permitía a los jueces españoles investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del país, incluso cuando no había víctimas españolas. El ministerio seleccionó a Cuatrecasas en 2004 “para representar al Estado de Israel y proporcionar una opinión general sobre la cuestión de la jurisdicción universal en España”.
Aunque hoy Israel considera la jurisdicción universal un riesgo para sus altos cargos, durante buena parte del siglo XX defendió activamente ese mismo principio para perseguir a dirigentes nazis por sus crímenes contra la humanidad que, según el principio de jurisdicción universal, podían ser juzgados con independencia del lugar en que se hubieran cometido.
Con el tiempo, sin embargo, la jurisdicción universal pasó de ser una herramienta útil a convertirse en una fuente de preocupación. A medida que tribunales europeos —incluidos los españoles— comenzaron a abrir causas contra altos cargos israelíes por actuaciones en Gaza o Cisjordania, los documentos muestran un creciente interés del Ministerio de Justicia israelí por las reformas legislativas españolas. Pese a los cambios aprobados en 2009 y, más tarde, en 2014 —que restringieron de forma significativa el alcance de la jurisdicción universal—, las comunicaciones revelan que España seguía siendo un “país objetivo” para Israel y que el ministerio continuó pidiendo a Cuatrecasas análisis constantes sobre los riesgos de nuevas investigaciones, el avance de cada posible reforma y las opciones de influir en su tramitación.
El lobby legal de Cuatrecasas y ACOM
Los correos filtrados muestran que el papel de Cuatrecasas fue mucho más amplio que el de un despacho contratado para atender consultas puntuales. Durante años, el Ministerio de Justicia israelí le encargó rastrear cualquier intento de modificar la jurisdicción universal en España y adelantarse a sus implicaciones políticas y jurídicas. Cuando en 2017 el Congreso aceptó tramitar una proposición de ley para ampliarla, Israel, tras ser informado por el despacho, solicitó un análisis del proyecto legislativo “según nuestros intereses”, una valoración de qué partidos podían impulsarlo o frenarlo, y una serie de mensajes políticos breves —“talking points”— para trasladarlos a las autoridades españolas.
También solicitó algo aún más delicado: identificar a qué cargos del Gobierno y del Congreso había que hacer llegar esos mensajes, y si convenía hacerlo de forma directa o a través de canales informales. Cuatrecasas respondió con una lista de cargos políticos, sobre todo del PP —entonces en el Gobierno— aunque también del PSOE, junto con un mapa detallado del clima político que rodeaba la reforma. Análisis similares sobre la situación parlamentaria en España y sus posibles consecuencias en el avance de la jurisdicción universal se sucedieron a lo largo de los siguientes años, como por ejemplo tras las elecciones de 2020, cuando Cuatrecasas reportó que la situación política era “imprevisible”.
Todo este trabajo no se quedaba sólo en el papel. En 2018, un grupo de responsables jurídicos del Gobierno israelí encabezados por Avichai Mandelblit, abogado general del Estado, viajó a Madrid y mantuvo reuniones con algunos de los, por aquel entonces, máximos representantes del ordenamiento jurídico español: el abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
El dossier preparado para ese viaje incluía un mensaje idéntico para ser trasladado a todos ellos: Israel mostraba su preocupación por las “propuestas para modificar la legislación relativa a la jurisdicción universal” y pedía información sobre “las medidas que se puedan tomar para garantizar que no se modifique el texto actual”. Es decir, los emisarios israelíes debían preguntar directamente a las autoridades españolas cómo interferir en un proceso legislativo para asegurarse de que sus intereses no se vieran perjudicados.
En ese mismo viaje apareció otro asunto sensible: una querella presentada en España contra Ángel Mas, presidente de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), conocida por defender los intereses israelíes en la arena judicial y política española. El ministerio seguía ese caso de cerca, aunque el dossier recomendaba “no plantear el tema de forma proactiva” en reuniones oficiales, “dada su delicadeza”, y reservar las gestiones al embajador israelí en España.
Los correos posteriores muestran que esa relación iba más allá de un caso concreto: ACOM enviaba directamente al ministerio boletines y resoluciones judiciales relevantes para los intereses de Israel, y funcionarios del departamento incorporaban esa información a sus informes internos. La tarea judicial de ACOM sigue hoy igual de activa que entonces: en los últimos tres meses la asociación ha denunciado a varios clubes de fútbol “por complicidad con el odio a los judíos”, a la Universidad del País Vasco por un manifiesto de apoyo a Palestina, o a la periodista Ana Iris Simón, a la que acusa de hacer “apología del yihadismo”.
Las visitas discretas
Al Departamento de Guerra Legal también le interesaban las valoraciones de Cuatrecasas sobre otros asuntos de especial relevancia para el Estado de Israel. El despacho actuaba como asesor de riesgo para las visitas privadas o profesionales de dirigentes israelíes a España. Entre los consultantes figuran perfiles de máximo nivel: los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del servicio de inteligencia interior Yuval Diskin, o el almirante Eliezer Marom, comandante de la Armada de Israel durante el asalto en el que murieron nueve activistas turcos en la Flotilla de la Libertad en 2010.
El despacho revisaba, caso por caso, si alguno de ellos había sido mencionado en querellas relacionadas con Gaza o con el asalto a la Flotilla de la Libertad, y evaluaba si una visita podía activar alguna actuación judicial. Aunque la conclusión habitual era que el riesgo era “bajo”, las recomendaciones siempre se centraban en hacer viajes discretos, sin exposición pública y evitando cualquier actividad que pudiera llamar la atención por “si algunos activistas se enteran de que está en España”, en palabras del bufete.
Este asesoramiento recogía incluso advertencias logísticas y de seguridad más adecuadas para un fugitivo que para un ex alto mandatario: en un correo de 2017, Cuatrecasas señalaba al ministerio que no existen controles fronterizos para cruzar de España a Francia. El despacho añadía de todos modos el contacto de un abogado francés por si fuera necesario, y mantenía el mismo criterio de siempre: confidencialidad y perfil bajo.
A Israel también le preocupaban las consecuencias penales que podría tener para ciudadanos con doble nacionalidad española e israelí el alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel. En España, combatir en un ejército extranjero está prohibido y, en el caso de quienes obtuvieron la nacionalidad por vías no originarias —como los sefardíes naturalizados—, puede acarrear la pérdida de la ciudadanía, además de responsabilidades penales, como informó Cuatrecasas.
El trabajo “entre bastidores”
Hasta ahora, el trabajo de Cuatrecasas para el Ministerio de Justicia israelí permanecía completamente fuera del escrutinio público. La propia documentación interna explica por qué: según un informe del departamento dirigido a la cúpula del ministerio en 2020, Israel oculta sistemáticamente qué firmas representan sus intereses en el extranjero porque revelar esos vínculos podría perjudicar a los despachos en términos de imagen pública, pero también comprometer la estrategia exterior del Estado.
El ministerio reconoce que todo su entramado en los llamados “países objetivo” se basa en la opacidad, y que hacerlo visible tendría un coste diplomático directo. Según este documento, el hecho de que Israel trabaje con bufetes extranjeros “entre bastidores” y “de un modo no necesariamente transparente para el país objetivo” plantea riesgos para sus relaciones con esos Estados y para la continuidad de este sistema.
infoLibre se ha puesto en contacto con el despacho Cuatrecasas y con el Ministerio de Justicia de Israel para recabar su versión sobre los hechos relatados en este artículo, pero no ha recibido respuesta.
'Israel Files'
La investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con una docena de medios internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), y basada en más de dos millones de correos internos y documentos confidenciales filtrados al portal Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela por primera vez el funcionamiento interno del llamado “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia de Israel.
Los documentos muestran cómo, durante más de una década, el Estado israelí articuló una red de despachos en Europa para anticipar, influir y gestionar riesgos judiciales y diplomáticos, desde reformas legislativas hasta procedimientos penales sensibles.
Además de infoLibre, los medios que han participado en la investigación Israel Files son: Mediapart (Francia), Le Soir (Bélgica), NRC (Países Bajos), RTS (Suiza), VG (Noruega), Expresso (Portugal) and Reporters United (Grecia) —todos miembros de EIC—.
Coordinación: Stefan Candea (EIC).
Diseño gráfico e ilustraciones: infoLibre
Edición y fact-checking en infoLibre: Nacho Calle.
Si tienes cualquier información sobre este tema, nos puedes escribir a investigacion@infolibre.es.
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