Sección: Memoria HistóricaTítulo: Confundir «asesinados» con «desaparecidos»: la estrategia de la derecha para intentar desacreditar las cifras del franquismo- Enlace 1 Texto del artículo:
Tomado de Diario 16 publicado en ENLACE 1 el 4/11/2019
Confundir «asesinados» con «desaparecidos»: la estrategia de la derecha para intentar desacreditar las cifras del franquismo
España es el segundo país del mundo en desaparecidos durante la dictadura, y el primero en Europa. La derecha intenta confundir mezclando las cifras de "asesinados" por "desaparecidos"
Por
Beatriz Talegón -
04/11/2019
Lo han publicado ya distintos medios haciéndose eco de los distintos informes y estudios realizados por asociaciones y organizaciones de distinta índole: «Solo Camboya tiene más fosas comunes que España».
Y es que las cifras que apuntan al franquismo, que ubica a España como el primer país de la Unión Europea pueden consultarse de manera accesible.
Durante la campaña electoral estamos escuchando a distintos líderes políticos, como es el caso de Irene Montero (de Unidas Podemos) que está denunciando el macabro «ranking» en el que España ocupa los primeros puestos. Concretamente, el segundo a nivel mundial, donde Camboya está en el primer puesto. Se refiere a las cifras de desaparecidos, lo que se denomina «Desaparición Forzada».
La Desaparición Forzada está considerado como uno de los peores delitos que se pueden cometer contra una persona: «es la conjunción de cuatro crímenes, esto es, una detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, asesinato y ocultación del cadáver para multiplicar el sufrimiento de las personas cercanas al desaparecido». El delito de desaparición forzada no consta recogido en el Código Penal español hasta la fecha.
Según informaba Nueva Tribuna, haciéndose a su vez eco de otras piezas publicadas, en España hay 114.226 personas desaparecidas, «lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo después de Camboya». Estas cifras han sido denunciadas por Rigths International Spain (RIS) con datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El día 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Y desde el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas se ha recordado que «los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas deben inmediatamente buscar a cualquier persona que haya desaparecido. Deben también adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser llevada a cabo en líneas con una estrategia integran en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas».
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que fue quien llevó a cabo la primera exhumación científica en octubre del año 2000, y que denunció los primeros casos ante la ONU en el año 2002, continua reclamando la responsabilidad del Estado español y denunciando la pasividad de los gobiernos en un país donde están falleciendo los descendientes de los desaparecidos sin haber recibido la más mínima atención por parte del Gobierno (de ningún gobierno democrático).
«El Estado español ha ratificado todas las resoluciones y convenciones sobre la desaparición forzada que se han planteado en la Asamblea de la ONU, así como las convenciones dirigidas a la erradicación de los desaparecidos. En la transición existieron comisiones en el Congreso y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, pero las víctimas de la dictadura siguen a la espera de un Gobierno que se comprometa sin excepciones con los derechos humanos», afirma la ARMH.
En el año 2012 se hizo público el informe del Relator Especial para Naciones Unidas (Pablo Greiff) sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Un texto de lectura imprescindible para conocer las recomendaciones que desde Naciones Unidas se hacen a estados como el español, para poder resarcir, abordar las atrocidades cometidas durante una parte reciente de su historia.
Pero no ha sido Irene Montero la única en decirlo desde las formaciones políticas que se disputan la presidencia del gobierno en los próximos comicios. Por ejemplo, Carmen Calvo, hace unos días, también lo confirmaba: «Somos el segundo país del mundo con más desaparecidos. Insoportable», afirmaba la ministra.
La manipulación de la derecha para intentar evitar abordar la cuestión
Desde diarios como La Razón, se publican ahora artículos como este, donde se dice de manera rotunda: «Falso: España no es el segundo país con más muertos en cunetas». Y hace un análisis de los muertos en la Guerra Civil. Y sentencia: «Muchos tiranos, muchas atrocidades y muchas fosas comunes superan numéricamente todo lo mencionado: hay tres personajes que se hallan en la cima de los horrores: Hitler, Stalin y Mao.»
En esta entrevista que Alsina le hace a Carmen Calvo, a partir del minuto 1, le pregunta a la ministra de dónde sale el dato concreto de los desaparecidos. En el minuto 2.20 el presentador se pregunta cómo vamos a ser el segundo país del mundo cuando ha habido atrocidades y genocidios en otros países (como la Unión Soviética). La noticia da un titular contundente: «Alsina desmonta el dato de Carmen Calvo sobre que España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos», algo que puede comprobarse que no sucede en la entrevista, sino que el presentador sencillamente se hace una pregunta que Calvo no responde con contundencia: una cosa es hablar de víctimas, de asesinatos, y otra de personas desaparecidas que no aparecen en ningún lugar registradas.
Por su parte, Perez Reverte, más rotundo como suele ser habitual, opta por el insulto: «No somos el segundo país con más fosas comunes, pedazo de idiota», dice el titular del «Diario Patriota». Una vez más, en el artículo, vuelven a mezclarse las cifras de muertes con las de personas desaparecidas, de las que se desconoce cuál fue su destino, dónde están sus restos, que es precisamente lo que se denuncia.
Jueces por la democracia también se ha hecho eco de la denuncia
En la pieza de El País que aquí se enlaza, del año 2013, recordaban que, precisamente la asociación de Jueces por la Democracia también señalaba que «España es el segundo país con más desaparecidos tras Camboya». Precisamente lo recordaban a colación de las críticas que desde la asociación de jueces se vertína contra el Ejecutivo por incumplir la ley de memoria histórica, al dejarla sin fondos para su aplicación. Y recordaban, también, la reclamación de los enviados de Naciones Unidas a España para adoptar medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía.
La propia pieza de el País recoge lo siguiente: «Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es «el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados».
En este momento, el gobierno de España se quejaba por la «excesiva atención» de la ONU a los desaparecidos del franquismo. En esta misma pieza podemos comprobar cómo de nuevo, RTVE, confirma que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes. En el mismo sentido que confirmaba el Huffingtonpost.
Amnistía Internacional: informe «Casos cerrados, heridas abiertas»
En el Informe de Amnistía Internacional que estudia precisamente las víctimas del franquismo se hace un análisis detallado, donde se aportan cifras, casos concretos y comparaciones jurídicas sobre la normativa a nivel internacional. Puede consultar aquí el documento completo.
Puede leerse en el informe «Amnistía Internacional constata que en España, para las víctimas y familiares de la Guerra Civil y el franquismo, no se garantizan ninguno de los derechos humanos que incluye el derecho a la justicia en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de graves infracciones de derecho internacional humanitario –obligación de investigar, derecho a saber y derecho a una reparación–, puesto que la pauta de actuación de los jueces y fiscales ha sido la desestimación generalizada de las denuncias presentadas.»
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