Secciones: CC.OO. - Economía - Movimiento Obrero/Mundo del TrabajoTítulo: Informe al Consejo Confederal de la C.S. de CCOO - 15-6-2020 Texto del artículo:
Informe al Consejo Confederal de la C.S. de CCOO
15 de junio de 2020
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Informe al Consejo Confederal de la C.S. de CCOO
Madrid, 15 de junio de 2020
1. En la historia de CCOO nunca habíamos abordado un Consejo Confederal en el que el escenario a analizar y las medidas a proponer, sufrieran un cambio tan drástico y tan
imprevisible respecto a la última vez que reunimos este órgano de dirección.
2. España y la práctica totalidad de los países del mundo hemos sufrido la extensión de una
epidemia de la que habíamos oído hablar, pero de la que ni remotamente intuíamos que
podía tener las consecuencias dramáticas para la salud y la vida de centenares de miles de
personas, que con el tiempo se tornaron en millones. Pese a que, con toda seguridad, nunca
sabremos el número de fallecidos producto de la COVID-19, este informe debe iniciarse con
un sentido homenaje a todas las personas fallecidas, sus familiares y allegadas/os, en España
y en todo el mundo. Mención obligada es la referencia a las compañeras y compañeros que
han perdido la vida en este trance, y a quienes que han sido golpeados en sus entornos
personales más cercanos. El Consejo Confederal de CCOO se iniciará con un minuto de
silencio.
3. Las medidas para contrarrestar la extensión de la pandemia han llevado a una restricción
severa de la movilidad y la actividad civil y económica. Nos hemos enfrentado a un periodo
de confinamiento sin precedentes, que entre otras muchas secuelas, ha inducido una crisis
económica sin parangón. En el corto plazo ninguna cifra macroeconómica ha permanecido
indemne. La caída del PIB, del empleo, de la actividad en definitiva, hacen palidecerla
comparación con cualquier otra crisis acontecida en tiempos de paz.
4. Ante la dimensión de la crisis, la adopción de medidas de contención que paliasen sus efectos
económicos y sociales, era urgente; el sindicato se ha aplicado a ello. Con una cierta
perspectiva de tiempo, podemos afirmar que los planteamientos impulsados por CCOO han
2tenido un efecto positivo para amortiguar las dramáticas consecuencias que, de no haber
actuado, hubiera sufrido en mayor intensidad la clase trabajadora de nuestro país. La
regulación sobre los ERTEs y las restricciones al despido, han conseguido -al menos hasta
ahora- algo sin precedentes en nuestra historia económica: que la caída del empleo haya sido
inferior a la caída del PIB.
5. Lo hemos hecho además mediante acuerdos sociales, suscritos en un contexto de extrema
polarización política, que han legitimado de forma importante el papel del diálogo social y la
propia actitud de corresponsabilidad de organizaciones sindicales y empresariales. Por la
importancia de las materias acordadas, pero también por contraste con la crispación de la
vida política que ha ido agravándose según avanzaba la crisis sanitaria y la gestión compleja
de la misma.
6. Con todo, las incertidumbres económicas van a ser enormes. El riesgo de rebrote de la
pandemia es la mayor amenaza. De darse en otoño de forma virulenta, -hasta el punto de
llevarnos a una nueva restricción de actividad, y no digamos ya a un nuevo confinamiento-
el desastre económico para nuestro país, será imprevisible. Por lo acontecido hasta ahora,
vamos a sufrir las especificidades de nuestro modelo productivo, ya que algunas de las
actividades que determinan buena parte del empleo y el PIB español han sido muy afectadas
por las características inherentes a las medidas sanitarias adoptadas.
7. Algunos sectores como el del automóvil sufren una parálisis producto de la caída radical de
una demanda que, en principio, es una demanda aplazable y pudiera recuperarse en el
futuro. Otros como los vinculados al comercio o la hostelería habrán sufrido pérdidas que se
podrán recuperar en mayor o menor medida según se produzca la recuperación de la
confianza y la movilidad, y cómo se “desembalsamen” las tasas de ahorro producto del
3retraimiento del consumo en estos meses -de quienes no hayan perdido el empleo ni sus
rentas se hayan visto mermadas severamente, obivamente-. Otras actividades ligadas al
turismo estacional no tendrán capacidad de recuperación de la demanda perdida en semana
santa y tendrán muchos problemas sobre todo en función del peso del turismo internacional,
que se situará en cualquier supuesto, lejos de los 83,7 millones de visitantes de la anterior
temporada.
8. Debemos valorar la respuesta dada por las Comisiones Obreras. En apenas un plazo de 72
horas nos vimos obligados/as a cambiar todas nuestras formas de trabajo y funcionamiento.
El sindicato se puso “en remoto”, en un momento en el que se avecinaban infinidad de
problemas para millones de trabajadores/as: despidos, ERTEs, desconocimiento de los
protocolos y estándares de seguridad ante un virus cuya trasmisión generaba no ya
inseguridad, sino miedo ante las dramáticas noticias que llegaban del colapso de UCIs en
determinadas partes de nuestro país.
9. La respuesta dada es satisfactoria. Hemos atendido a decenas de miles de trabajadores/as,
asesorado en todo tipo de circunstancias, elaborado documentación para tratar de arrojar
luz sobre criterios y dudas, asesorado a numerosas RLTs sobre como abordar los periodos de
consultas allí donde se daban, negociado medidas en el marco del diálogo social, protocolos
de incorporación a la actividad tras la finalización del periodo de los “permisos retribuidos
recuperables”... Podemos decir, sin caer en la autocomplacencia, que hemos actuado en esta
pandemia como los referentes laborales en el momento más difícil y más inédito para
nuestro pueblo. Hemos estado a la altura de las circunstancias, de ser la primera organización
sindical y social de España, y me atrevería a decir que de nuestra historia. Y eso, simplemente
eso, es mucho. Vaya desde aquí todo el reconocimiento a los miles de sindicalistas anónimos
que han estado al “pie del cañón”, en su casa o en sus secciones sindicales; en las sedes o en
4un chat de alguna red de mensajería social; en los teléfonos de atención habilitados o en sus
puestos de trabajo. Lo hemos demostrado: somos esenciales.
10. El clima político se ha crispado de una manera notable. Tras unas primeras semanas “de
tanteo”, la lectura política que ha hecho la oposición ha sido letal para una mínima
normalidad parlamentaria. El decreto del estado de alarma, como fórmula necesaria para
una restricción excepcional de la movilidad ciudadana, abrió paso a una producción
legislativa muy intensa. En ese proceso es más que probable que la comunicación con el
conjunto de fuerzas parlamentarias por parte del Gobierno haya tenido déficits. Lo mismo se
puede decir del plano interinstitucional. Son numerosos los presidentes autonómicos que
han expresado sus quejas en ese sentido.
11. El propio marco de diálogo social ha sido muy intermitente en ese sentido. Hemos
combinado algunos procesos de negociación real y productiva, con otros de mera
información por parte del ejecutivo. Incluso en una norma tan relevante como la aprobación
del Ingreso Mínimo Vital, el proceso de diálogo se produjo a instancia e insistencia nuestra,
con serios fallos de comunicación -documentos que aparecían filtrados en medios de
comunicación, reuniones sin prácticamente margen temporal para recoger aportaciones de
calado y deliberar verdaderamente las decisiones-, y por tanto la resultante no puede
considerarse fruto de un verdadero diálogo social. Lo que es un muy mal precedente,
teniendo en cuenta que hablamos de una prestación de seguridad social.
12. Sin embargo, siendo todo esto cierto, no se puede desligar de la situación de absoluta
excepcionalidad política que hemos vivido. No se trata de ser condescendientes con el
Gobierno, sino de tener en cuenta un contexto dramático en el que se han tenido que tomar
5medidas, e incluso cuestiones mucho más prosaicas como la dificultad operativa de negociar
algo en profundidad en una situación de confinamiento.
13. La posición política de las derechas españolas utiliza la falta de diálogo del Gobierno como
mera coartada. La cuestión es mucho más profunda. Una vez más, asistimos a una estrategia
política que parte de negar la legitimidad a un gobierno -en este caso conformado por una
coalición-, y emprender una estrategia de oposición feroz.
Esta estrategia, que puede ser discutible pero legítima, se agrava ante la especial gravedad
del momento que vive nuestro país. Y preocupa cuando se intuye que desborda nítidamente
la dialéctica parlamentaria, para recorrer una variada gama de actores mediáticos y fácticos,
que apuntan en la misma dirección.
Resulta inquietante algunos del los episodios vividos en estas últimas semanas con una
“causa general” -como lo definía la fiscalía general del estado-, fundamentada en “informes”
elaborados por la Guardia Civil, o pronunciamientos con pretensiones periciales -el “forense
epidemiólogo”- que han tratado de armar la teoría, no ya de que las manifestaciones del 8
de marzo fueron un vector decisivo de contagio y expansión de la COVID-19, sino de que el
Gobierno había permitido, desde el conocimiento y la consciencia de lo que se nos venía
encima, que esto fuera así. El archivo de la causa pone de manifiesto una vez más que el
juego de contrapoderes y limitaciones mutuas son una gran garantía democrática a preservar
y valorar -la causa había sobrepasado ya el esperpento y se adentraba en caminos por los
que se podrían derivar responsabilidades, pero en sentido inverso al pretendido-, pero
conviene no ser ingenuos: el problema no era tanto una sentencia, como instar un caso con
una repercusión mediática desmedida sobre una especie de nueva teoría de la conspiración.
Ante una pandemia mundial. Con decenas de miles de muertos.
614. Esta estrategia política contrasta con la necesidad que tiene España de forjar acuerdos de
calado. Pactos de estado. La dimensión de la crisis es de enorme calado en el corto y medio
plazo, y la incertidumbre ante la posibilidad de rebrotes acecha en el otoño. Si la fase de
medidas económicas destinadas a salvaguardar el empleo, inyectar liquidez a las empresas,
y dotar rentas de sustitución a seis millones de personas, se puede calificar de exitosa -al
menos temporalmente-, el momento exige ya diseñar, articular e implementar, medidas de
impulso de la actividad económica, para tratar de que la recuperación sea lo más temprana
y vigorosa posible.
En ese empeño los citados pactos de estado debieran tener tres dimensiones: política, con
acuerdos entre partidos del espectro más amplio posible; social, en el marco tripartito que
ha funcionado razonablemente en la crisis; interinstitucional, ya que las CCAA y los
ayuntamientos tienen un papel competencial determinante en muchas de las medidas a
impulsar.
15. El contenido de estos acuerdos deseables sin duda es muy amplio. Pero al menos España
tiene que abordar una serie de debates estratégicos sobre como reequilibrar nuestro modelo
productivo, reforzar nuestros sistema sanitario y de servicios de atención a las personas y a
las situaciones de dependencia. Para abordar todo esto, conviene contextualizar la respuesta
que se dé en la Unión Europea, pues va a ser decisiva.
16. El impacto de la pandemia ha provocado una profunda recesión en el conjunto de la zona
euro. Las caídas históricas del PIB, inéditas en tiempos de paz, o más de 40 millones de
personas trabajadoras en situación de suspensión de contratos, son dos de los datos más
impactantes que hemos conocido.
717. La respuesta europea se está moviendo entre importantes tensiones, que esta semana
tendrán una cita sumamente importante en la cumbre del día 19 entre los jefes de estado y
de gobierno. En juego está la cuantía de los fondos para la reconstrucción y sus
características, que van a ser determinantes para configurar el modelo de salida de la
recesión que atravesamos.
18. La Comisión Europea activó el 20 de marzo la clausula derogatoria general del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC), con lo que permite a los estados miembros desviarse de las
obligaciones presupuestarias que normalmente se aplicarían.
19. Las recomendaciones para España en el marco del semestre europeo, además de afirmar que
las medidas tomadas por España “están en consonancia con las orientaciones establecidas
en la comunicación de la Comisión”, se enmarcan en unas previsiones preocupantes: un
déficit público del 10,1% para este año (6,7% para 2021), un incremento de la deuda pública
hasta el 115% de un PIB que caería un 9,4% en 2020. Puede que estas previsiones sean,
incluso, optimistas.
20. Sin embargo tales recomendaciones distan mucho, en estos momentos, de asemejarse a la
condicionalidad exigida en la anterior crisis. En este caso se centran en reforzar los sistemas
sanitarios, mejorar los sistemas de protección de desempleo; enfatizan la necesidad de
invertir en las transformaciones verde y digital de la economía española y en superar el déficit
de innovación de las empresas; se refieren también al problema que va a generar el exceso
de endeudamiento, pero deja aplazado su remedio para posteriores fechas.
821. La respuestas del BCE ha sido muy distinta a la que dio en la anterior crisis financiera. Entre
la caída de LehmanBrothers y las conocidas declaraciones de Draghi (“haremos lo que haga
falta y, créanme, será suficiente”) transcurrieron 46 meses. Aquel retraso en la adopción por
parte del BCE de medidas vigorosas para proteger la prima de riesgo de los estados que se
veían obligados a emitir ingentes cantidades de deuda pública ante la recesión, supusieron
para España un sobrecoste de 19.000 millones de euros. Ahora el organismo que dirige
Lagarde, ha actuado con celeridad -tras un patinazo inicial- y la financiación de la deuda no
está sufriendo tensiones en los mercados.
22. También se han adoptado otras medidas de carácter fiscal, como el programa de choque del
consejo a propuesta del Eurogrupo, consistente en 540.000 millones de préstamos a bajo
interés. Entre ellos el MEDE, dotado de 240.000 millones de los que a España podrían
corresponder hasta 24.895 millones, a un tipo de interés del 0,7% y en principio sin
condicionalidades específicas. De momento España no ha optado por acudir a esta fondo.
Igualmente se ha puesto en marcha el SURE, un fondo de 100.000 millones de euros para
financiar a bajo coste programas como los ERTES.
23. Sin embargo la clave de toda esta movilización de recursos por parte de la UE depende que
como se defina el Instrumento Europeo de Recuperación. A priori será un fondo de 750.000
millones que se repartiría con 2/3 partes a través de transferencias y el resto en créditos. La
cuantía es en nuestro opinión insuficiente. El Parlamento Europeo había aprobado una
resolución en la que se instaba a que este fondo tuviera una cuantía de dos billones de euros.
La CES apostaba porque al menos fuese de 1,5 billones de euros. De la insuficiencia de la
cuantía da idea que el incremento de deuda prevista para un país como es España se puede
situar en los 250.000 millones de euros en los próximos tres años.
924. Pero más allá de la insuficiencia -a España podrían corresponderle unos 77.000 millones en
transferencias y otros 63.000 millones en créditos- no cabe duda de que hablamos de un
planteamiento cualitativamente importante. Lo es porque será se financiarían a través de
una estructura de endeudamiento común, de manera que la financiación de la devolución
del capital y los intereses (en principio entre 2028 y 2058), se imputarían a los presupuestos
plurianuales comunitarios.
25. Es también relevante porque irán vinculados a condicionalidad -no son transferencias o
créditos de libre disposición y por tanto no permiten una reducción directa delos niveles de
endeudamiento-, pero que en principio irían vinculada a: salud pública, transformación del
modelo económico desde los vectores de sostenibilidad en emisiones e impulso de la
digitalización, relacionada con los procesos de transición justa, y por último con referencias
a la cohesión social.
26. Este esquema aún no está resuelto. Está habiendo presiones, tensiones y negociaciones
entre los denominados “frugales” -Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos- con la
complicidad del Partido Popular Europeo, incluido el español, para endurecer los términos
de la condicionalidad y acortar los plazos de devolución del fondo.
No cabe duda de que estas tensiones se extenderán a lo largo de los próximos meses y años
porque habrá presiones para recuperar la ortodoxia ordoliberal cuanto antes, volver a los
raíles del PEC, e inducir sendas rápidas de consolidación fiscal en los distintos países. Estas
oportunidades, pero también estos riesgos, debieran motivar en España una lectura rigurosa
de las políticas de desarrollo y modernización económica, así como de los cambios en la
estructura fiscal para evitar un nuevo capítulo de políticas de austeridad, quizás no en el
corto-medio plazo, pero tal vez en el medio-largo.
1027. En este contexto cobra importancia la resolución aprobada en el último Comité Ejecutivo de
la CES, donde se afirma “La CES aboga por que se ponga a disposición de los estados
miembros una financiación masiva destinada a la inversión y por que el dinero se recaude a
través de instrumentos de deuda común garantizados por la Comisión Europea mediante el
aumento de los recursos propios de la UE, evitando así la creación de una deuda adicional
insostenible en los países de la UE”. Esta resolución fue adoptada por práctica unanimidad
incluyendo el voto de los sindicatos nórdicos y de los citados países frugales.
28. En el marco de una Comisión Parlamentaria se han iniciado los debates para la
Reconstrucción Social y Económica. CCOO participará este mismo jueves en esa comisión. Le
hemos hecho saber al Gobierno y a su Presidente que la participación de los agentes sociales
no puede limitarse a tal comparecencia y que exigimos un marco de diálogo tripartito,
estable en el tiempo, para abordar el conjunto de políticas estratégicas de carácter
intersectorial y sectorial.
29. Esta comisión con toda seguridad no es el esquema que mejores resultados augura. Hubiera
sido más operativo una serie de mesas de negociación entre partidos, agentes sociales e
instituciones para, de una forma mucho más sistemática, discreta y efectiva, preparar una
batería de medidas y reformas necesarias, y explorar hasta donde llegan los mínimos
comunes denominadores que posibilitasen consensos.
En el actual ambiente político no parece previsible que ese esquema hubiese dado grandes
resultados, pero obviamente alguna posibilidad mayor que el actual, ofrecía. Una secuencia
interminable de comparecencias, grupos de trabajo donde las comparecencias se multiplican
aun más y un posterior redactado de conclusiones; todo ello aderezado por la presencia
11permanente de los medios de comunicación y con ello la sobreactuación permanente de los
grupos políticos. ¿Qué puede salir mal?
30. Con todo, hemos optado por un documento conjunto con la UGT que hemos presentado
públicamente y que trasladaremos a los grupos. A modo de síntesis nuestra intervención
debiera transcurrir por estos cauces:
31. Tras la batería de medidas de contención de la fase aguda en la lucha contra la pandemia
queda por decidir los términos de mantenimiento de las mismas para acompañar el periodo
de recuperación de la actividad y el empleo. En este terreno es importante no retirar antes
de tiempo incentivos a la utilización de los ERTEs como alternativas al despido, así como
continuar dotando de la liquidez necesaria al tejido de PYMEs.
32. En la línea de recuperar un vigor del consumo interno ante la primera fase de incertidumbres,
habilitar medidas que fomenten la demanda interna así como perfilar determinados planes
en sectores que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia, que tengan una
especial incidencia en nuestra estructura económica y que sean intensivos en mano de obra.
33. Con todo, esta no es la principal misión de esta comisión, sino abordar reformas y propuestas
de calado estratégico entre las que cabría destacar:
34. Políticas industriales y sectoriales. Habría que establecer una cierta hoja de ruta para no
precipitarse en la adopción de medidas improvisadas, incoherentes o fruto de la emergencia.
Detectar los sectores y ámbitos donde nuestra estructura económica puede tener más
futuro, atendiendo a las ventajas comparativas que podamos tener.
1235. Diagnosticar las deficiencias y fortalezas de cada uno de esos sectores, para orientar las
políticas públicas a acometer. Más que la idea de subvención, hay que tratar de orientar las
inversiones hacia los bienes públicos que el mercado tiene dificultades en proveer, que sirven
para generar economía de escala y sinergias entre actores económicos públicos y privados.
Hablamos desde impulsar procesos de digitalización en las empresas, definir líneas de
investigación aplicada, reforzar sistemas de formación permanente, internacionalización de
PYMES y facilitamiento de su inserción en cadenas de valor, etc. En definitiva, una
prospección a largo plazo desde una visión colaborativa y cooperativa de agentes
económicos y sociales.
36. En esa lógica, esas fases deben emprenderse desde la participación de los agentes
implicados. Instituciones obviamente, pero también agentes sociales, empresas, centros
tecnológicos o de investigación, centros y redes formativas. El modelo de clusters que
funciona escasamente en nuestro país, pero que en su día constituyó una experiencia
interesante en el reseteo industrial de Euskadi puede ser una buena referencia.
37. Y todo ello desde la perspectiva de los dos vectores que mejor van a insertarse en las líneas
de financiación europeas: la transición a una economía de bajas emisiones, y el impulso
digital de los procesos productivos.
38. Pacto por el fortalecimiento de los servicios públicos. Particularmente la sanidad, y los
servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia. Plantearíamos una idea que ya
hemos reiterado y es la de un auditoria del funcionamiento durante la pandemia de estos
servicios y sobre la base de ese análisis replantear los modelos de gestión y de
responsabilidad pública sobre la misma. Por extensión un planteamiento sobre el refuerzo
del conjunto de servicios públicos, sus dotaciones presupuestarias, sus ratios de personas y
13la necesaria renovación digital de la administración, inaplazable como se ha demostrado en
la gestión de los ERTEs.
39. Pacto sobre la protección social. Esta crisis ha tenido un hito con la aprobación del Ingreso
Mínimo Vital sobre el que versará un pequeño anexo en este informe. Pero CCOO no va a
renunciar a la tramitación de la ILP sindical sobre ingresos mínimos que debe aprobarse en
el marco del replanteamiento de la prestación de desempleo para mejorar su nivel de
protección. De la misma manera las medidas sobre la suficiencia y financiación del sistema
público de pensiones, así como la derogación de la reforma del año 2013.
40. Políticalaboral. Hay que retomar la agenda de negociación que se detuvo con el decreto del
estado de alarma. Los pretensión de corregir los aspectos de la reforma laboral que
negociamos con el gobierno sigue estando tan vigente como antes pero incluso con mayor
urgencia. El riesgo de una intensa devaluación salarial ante el parón económico, el
incremento del paro y la incertidumbre, está ahí. Las empresas tienen todas las herramientas
para hacerlo sin demasiadas cortapisas con un menú variado de posibilidades: descuelgues
de convenio con fórmulas de práctica unilateralidad como las comisiones de trabajadores
designados, los desequilibrios del artículo 41 para la modificación sustancial de condiciones
de trabajo, la preferencia aplicativa de los convenios de empresa, o la deficiente regulación
de la externalización productiva que regula el artículo 42, son un cocktail explosivo en una
recesión sin precedente, con un incremento previsible de la tasa de paro, y un volumen de
empleo sostenido por ERTEs asociado a ciertas restricciones (temporales) de los despidos.
41. Por otro lado, la negociación sobre el teletrabajo y la economía de plataforma pasan al primer
capítulo de las prioridades, tras el salto adelante en su utilización durante este periodo, y los
14previsibles cambios en el patrón de consumo presencial que se puede dar en los próximos
tiempos.
42. Estamos en un momento idóneo para plantear la necesidad de adecuar las medidas de
flexibilidad interna para que sirvan de alternativa a la vieja inercia del contrato temporal y
despido, como fórmula de ajuste ordinario del volumen de empleo en las empresas. La
popularización y valoración positiva de los ERTEs, debiera llevarnos a una regulación para
tiempos ordinarios que -sabiendo que los actuales incentivos pactados no pueden alargarse
indefinidamente- quiebre la lógica contractual que impera en España desde los años 80.
43. Política fiscal. Debemos plantear de forma intensa la necesidad de reducir el diferencial en
materia de contribución fiscal de España con la zona euro. La situación tras la pandemia
también puede ser un momento propicio para explicar pedagógicamente porqué no se
puede exigir al estado que asuma rentas para 6 millones de personas -adicionales-, asuma
las pérdidas de los autónomos, inyecte liquidez en las PYMES, refuerce los servicios
sanitarios, y a la vez, recaude 75.400 millones de euros menos que la media UE, o mantenga
una tupida red de exenciones y bonificaciones fiscales de alrededor de 70.000 millones, sin
utilidad contrastable. El riesgo de que en el medio plazo se vuelva a la senda de ortodoxia
del PEC, y la dependencia externa de nuestra financiación -con todos los riesgos que eso
comporta- puede dar a la posición por una fiscalidad más justa y más ambiciosa, una
vertiente neo-soberanista en el sentido de mantener capacidad de decisión como país. La
oposición de las derechas en este terreno, será en cualquier caso, brutal.
44. Posición en Europa. Este debiera ser el otro emplazamiento que hiciéramos a los grupos en
la Comisión de Reconstrucción. Este informe no se alarga en los términos de esta cuestión,
pues ya hay referencias previas al respecto.
1545. De forma paulatina el sindicato tiene que recuperar su agenda de trabajo. Una parte de la
misma va a estar totalmente condicionada por la situación post-COVID, y la dura recesión
que recorrerá 2020. Al menos debemos ordenar bien los recursos y el trabajo para abordar:
la negociación colectiva que queda, las posibles correcciones de las condiciones laborales
pactadas a través de procesos de inaplicación salarial, la continuidad de los ERTEs -tal vez
con un trasvase de los motivados por fuerza mayor a los llamados ETOPS-, el previsible
incremento de despidos, EREs y cierres de empresa, y por último el calendario de elecciones
sindicales más el reto permanente de mejorar la afiliación.
46. Sobre las elecciones sindicales, hemos hecho públicos los datos consolidados al cierre del
2019. Lo hubiéramos querido hacer de una forma mucho más explícita, mediante una rueda
de prensa y un encuentro con distintos medios de comunicación para explicar los
pormenores de las elecciones. Pero todo se precipitó a mediados de marzo justo cuando
preparábamos las presentaciones.
47. Los datos, analizados en lo macro, son buenos para CCOO. Nos consolidamos como sindicato
mayoritario en España con 97.086 delegadas/os, incrementando nuestra diferencia con la
UGT hasta los 9.423. Este dato nos da una ventaja que nos permite -al menos a nivel global-
tener la tranquilidad de que vamos a ser el primer sindicato de España por muchos más años,
tras siete procesos de victorias electorales.
48. Sin embargo si profundizamos un poco más, los datos son menos halagüeños. No se
extenderá este informe en describir lo que ya refleja el que se hizo sobre EESS y que todas
las organizaciones tenéis. El gran problema para CCOO, y en general para el sindicalismo de
clase, es la proliferación de candidaturas independientes o corporativas, junto con la
16evolución del sindicalismo nacionalista; la cantidad de unidades electorales sin
representación elegida, lo que supone un reto para mejorar la densidad sindical; que el
número de actas y delegad@s elegidos en empresas “blancas”, no compensa el número de
actas no renovadas
49. Hemos suscrito un acuerdo con UGT, USO y CGT para retomar las procesos de elecciones
sindicales, a partir del reinicio de la actividad normalizada en las empresas y el fin del estado
de alarma; con las excepciones pertinentes en empresas que por encontrarse en ERTEs o con
trabajo a distancia no se pueda garantizar la participación de los censos electorales;
priorizando las condiciones de seguridad en todo el proceso, y en otro caso, derivándolos a
septiembre; abriendo la posibilidad que en ámbitos autonómicos y sectoriales se estipulen
aplazamientos hasta septiembre.
50. Respecto a la afiliación, los datos indican que no hemos tenido pérdidas relevantes. De hecho
estamos teniendo menos bajas que en años precedentes, lo que ocurre que tampoco las altas
tienen el ritmo deseable. Esto es lógico teniendo en cuenta que las sedes y la actividad
sindical en las empresas ha caído en picado. La mayor parte de las altas han venido por la vía
de internet. Si fuéramos capaces de mantener esta tendencia, e incorporar las altas producto
de la recuperación del pulso de la actividad sindical, sería de gran relevancia.
51. Estamos ante la oportunidad de traducir en afiliación el trabajo y la utilidad que hemos
demostrado en estos meses. Hemos puesto en marcha una campaña a esos efectos. El
mensaje del sindicato tiene que ser ofensivo y de refuerzo interno por la propia necesidad
de protección que van a tener las y los trabajadores en los próximos meses. No debemos
situar el mensaje de la adaptación a la baja de las cuotas, como mensaje de cabecera. Este
17extremo solo debe ponerse sobre la mesa como paliativo y ante situaciones de pérdida de
empleo e ingresos.
52. Por otro lado la negociación colectiva ha sufrido una parálisis importante como no podía ser
de otra manera. Los datos existentes hasta mayo nos dicen que se han suscrito 107 convenios
(el año anterior por estas fechas fueron 314). De ellos han sido de nueva creación 23.
53. Hay un dato destacable y es su duración. Son solo 107 convenios y es arriesgado extraer
grandes conclusiones, pero la duración media es de 3,8 años. La vigencia de los de ámbito
superior al a empresa (30 convenios) es de 4,6 años. Es ya una tendencia constatada
anteriormente ampliar los años de vigencia de los convenios. Esta práctica no es adecuada
en modo alguno, si consideramos que el convenio colectivo supone la espina dorsal de la
acción sindical no solo en su faceta de emanadora de derechos, sino de herramienta de
organización y extensión sindical. Con vigencias de casi un lustro parece complicado vincular
a las y los trabajadores en las dinámicas de reivindicación y negociación.
54. Retomar los procesos de negociación se antoja necesario, aunque hay que ser conscientes
que los parámetros reivindicativos que veníamos manteniendo serán duramente
cuestionados. El año 2019 lo cerramos con una subida salarial media fijada en convenio del
2,27%. En este momento será difícil mantener esa secuencia, en un momento de enorme
incertidumbre económica y en un contexto de deflación.
55. Debiéramos evaluar las distintas situaciones de sectores y empresas a la hora de priorizar las
reivindicaciones. Obviamente mantener el empleo se constituye en el objetivo número uno.
También evitar los procesos de devaluación salarial unilaterales y desordenados. No
debemos asumir las congelaciones salariales y los descuelgues como norma, y debemos
18tratar de que allí donde las situaciones sean de un parálisis objetiva de la actividad, negociar
el aplazamiento o el acomodamiento de las subidas salariales a la evolución económica.
Intentando adquirir compromisos a cambio, sobre todo de mantenimiento del empleo.
56. Es probable que tengamos numerosos ERTEs en los próximos meses, en la medida en que se
mantengan las condiciones que incentivan su uso por parte del gobierno. Las causas de los
mismos seguirán siendo de fuerza mayor mientras persistan restricciones vinculadas al
COVID-19 que impidan o limiten la plena actividad.
57. Una parte creciente de esos ERTEs se convertirán en ETOPs. Sería fundamental ordenar y
organizar nuestra presencia en los periodos de consultas, obviamente donde tengamos
representación, pero también en la medida de lo posible en las empresas sin RLT. Con la
actual regulación especial tenemos la posibilidad de intervenir y es una oportunidad de
extender el sindicato en un momento tan delicado.
58. En las próximas fechas debemos recuperar la presencia en la calle. Con todas las
precauciones y en formatos de actos que eviten aglomeraciones. Es verdad que la
organización ya está en el conflicto, y ahí están las plantillas de Nissan y de Alcoa en la lucha
por sus puestos de trabajo. Este Consejo envía un mensaje de solidaridad y un
emplazamiento a las empresas y a los distintos Gobiernos en buscar soluciones y alternativas
a unas producciones industriales de las que no puede prescindir nuestro país.
59. Pero nos referimos a una movilización de carácter general. El pulso del país es de hartazgo
ante la confrontación política, puesta en valor del papel de los servicios públicos,
incertidumbre ante el escenario incierto de la pandemia y de su situación económica.
Debemos hilvanar un mensaje que reclame altura política a los partidos e instituciones: la
19necesidad de pactos de recomposición social y activación económica. También de defensa y
refuerzo de los servicios púbicos. Y frente a la estrategia de la crispación y la polarización
extrema de la vida política, con consecuencias en la vida social, apelaciones al diálogo y a una
cierta concordia. Otro escenario es incomprensible ante la mayor crisis sanitaria conocida en
un siglo, y la más aguda crisis económica vivida en tiempos de paz.
60. En este momento estamos en disposición de convocar actos de calle, al calor de un breve
manifiesto que suscribirían importantes referentes culturales, artísticos y periodísticos de
nuestro país. La centralidad exigente ante la incertidumbre, la corresponsabilidad que hemos
demostrado, y la denuncia de los procesos de desestabilización cuando el país y su clase
trabajadora requieren de más compromisos de calado, nos dan una oportunidad de jugar e
papel sociopolítico que complemente nuestras utilidades cotidianas.
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