Secciones: Documentos, opinión, debate - Legislación - El Problema EspañolTítulo: Confusionismo en la Justicia Española: ¿Intencionado o por desconocimiento?. Por Ricardo Gayol. Texto del artículo:
CONFUSIONISMO EN LA JUSTICIA ESPAÑOLA:
¿INTENCIONADO O POR DESCONOCIMIENTO?
La Investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo gobierno de coalición han estado interferidas en todo momento por actuaciones judiciales sesgadas, que inciden en el campo político de un modo anómalo y contraproducente. Ello comporta un desquiciamiento democrático impropio de un país avanzado de la Unión Europea. Pero es que el poder judicial en España se encuentra en una situación de decaimiento evidente, por más que se intente eludir desde los medios conservadores con una especie de autoafirmación patriótica, que luego no tiene consecuencias en el terreno real, a poco que se ponga en juego su solvencia en el derecho comparado.
No es necesario siquiera retrotraerse a las diversas euro-órdenes del Juez Llarena para los autoexiliados del Procés catalán, todas ellas fracasadas hasta en repetidas ocasiones y en distintos países. Baste solo con referirnos a los acontecimientos del último mes para constatar sobradamente esta situación de déficit jurídico y democrático insostenible.
El pasado 19 de diciembre conocíamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Su contenido indica un grave tropiezo del Tribunal Supremo español, producido además en un procedimiento judicial muy delicado y sensible, donde tanto los trámites formales como las decisiones judiciales van a ser examinados por diversas instancias de muy diferente condición, donde el argumentario puramente patriótico no resulta coherente para dilucidar las cuestiones de fondo. Pero resistirse a rectificar al menos en el trámite neurálgico del caso, sin duda implica un desajuste aún mayor que la denegación efectuada. Cuando Pablo Iglesias hablaba de “humillación a la justicia española”, no hacía otra cosa que pulsar la alarma de una realidad clara, aunque el Consejo General del Poder Judicial le pida “mesura” para no admitir algo que a ese órgano concierne de forma muy concreta.
El día 3 de enero la Junta Electoral central, JEC, intervenía de forma inadecuada en el panorama político para dictaminar sobre dos cuestiones candentes: la inhabilitación de Quim Torra y la aplicación de la inmunidad de Junqueras. Lo inadecuado viene de una doble circunstancia: la fecha elegida, absolutamente inapropiada, justamente el día anterior de la Sesión de Investidura, a pesar de hallarnos en plenas vacaciones navideñas, y la inoportunidad de actuar en materias que corresponde resolver al Tribunal Supremo, al encontrarse además en el primer supuesto, pendiente de Recurso ante la sala 3ª del mismo. Pero inundar el debate político con ese confusionismo judicial, era una táctica indisimulada de la derecha para llevar la Investidura a un embroncamiento interesado, que desembocaría en la acusación de “ilegitimidad” del nuevo gobierno, algo muy sugerente para el silbato de salida de una legislatura de confrontación maniquea, escenario muy deseable para tratar de acorralar a la coalición progresista desde el primer minuto del mandato.
El Parlament catalán tuvo que emplearse a fondo para mantener la posición de Torra como diputado y como President, pero es obvio que solo el Supremo podrá inahabilitarle cuando resuelva el Recurso planteado, por lo que todo este fuego de artificio, no solo sobra, sino que daña a la credibilidad de la justicia, pues mientras unos se afirman en la defensa del President, con toda lógica, otros lo dan por inhabilitado sin que se haya cerrado el contencioso. Nuevamente el confusionismo más descomunal.
Tampoco acierta la JEC en rechazar la inmunidad de Junqueras, pues la sentencia del TJUE es taxativa en ese aspecto. Ahora bien, el TS ha confirmado dicha decisión, con lo cual aún nos situamos en una posición judicial más anómala todavía, la cual ya anunciamos que traerá cola, y luego que nadie se escandalice, ya que es lo lógico. Porque el TJUE ha aclarado de forma palmaria la inmunidad y solo cabe determinar cómo se ejecuta. La versión más blanda para el TS sería permitirle ir a recoger el acta y pedir después el suplicatorio para poder validar el juicio realizado. La más dura interpretación, implicaría la anulación de su sentencia al haberse dictado a un eurodiputado inmune. Sin embargo, haber optado por cerrar el paso a la sentencia, es un dislate monumental.
Más aún, contemplar cómo Puigdemont y Comín recogían el acta como eurodiputados, debiera producir sonrojo a la justicia española, pues no solo no ha conseguido extraditarlos, sino que ni siquiera ha facilitado el trámite a Junqueras para que, al menos, estuviera en igualdad de condiciones con los demás electos procesados. De otro lado, el suplicatorio solicitado ante el Parlamento Europeo para que se autorice el juicio a ambos, será un procedimiento largo y difícil y con un resultado incierto. La medida adoptada con Junqueras por la presidencia del Parlamento Europeo tiene escaso recorrido, toda vez que es de carácter meramente reglamentario y solo tendrá valor real cuando el TJ decida sobre el fondo.
En medio de esta bronca político-judicial, en la que la derecha quiere judicializarlo todo, mientras que Sánchez ha optado por una línea de “desjudialización de la política”, absolutamente necesaria para alcanzar soluciones razonables a los conflictos, aparece el nombramiento de la ex Ministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Hay que reconocer que la decisión del gobierno es osada, pero totalmente legal. Pienso que quiere decirle a esa derecha que no quedará sin respuesta su amenaza judicial. Existe un error muy común en las tertulias políticas de considerar a la Fiscalía como un órgano judicial. El que su nombramiento dependa del Presidente del gobierno, viene dado por su condición de Ministerio Público, que trabaja bajo las directrices del ejecutivo, si bien dispone de autonomía técnico-jurídica para producir sus decisiones. Es discutible, si esto debe ser así o se debe modificar, pero hoy por hoy la Fiscalía es autónoma, pero no independiente. Por tanto sobra tanta verborrea desinformada o malintencionada, de querer compararla con los jueces. Además, siempre los fiscales generales han sido muy cercanos al gobierno de turno.
Por fin, el 16 de enero el CGPJ ha aprobado que la fiscal Delgado cumplía los requisitos para el cargo, pero con 7 votos conservadores en contra, por no considerarla idónea, algo que nadie les había preguntado, ya que eso no es de su incumbencia. Esta última anécdota nos lleva a un asunto de fondo, que urge atajar. Órganos tan decisivos en la justicia española como el citado CGPJ e incluso el Tribunal Constitucional tienen a la totalidad o a parte de sus miembros con el mandato caducado y siguen ejerciendo con todo descaro. Esta posibilidad es infumable. Podemos entender que un cambio que requiere mayorías parlamentarias cualificadas, pueda retrasarse en algún caso justificado, pero hacer ley de esta costumbre ilegítima, es inaudito y perverso. Por ello, acabamos pidiendo que, transcurridos 6 meses desde la caducidad del cargo, ningún miembro pueda ya ejercer su voto fehaciente, pues de lo contrario, la justicia está burlando una vez más a la democracia, actitud que constituye la fuente de su mayor desprestigio.
Fdo: Ricardo Gayol García, abogado
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/01/2020 - Modificar
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