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El estudio de los efectos de los incendios forestales sobre la composición de los suelos que dimos a conocer hace unos días se ha cruzado en el tiempo con la difusión de un trabajo de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para desarrollar una metodología que evalúe el daño que ocasionan también en las aguas subterráneas. Aseguran que cerca de un 3 % (unas 5.300 km²) de la superficie de acuíferos en nuestro país en los últimos 18 años ha sido afectada, lo que supone una extensión tan grande como la de Cantabria.
“La solicitud de un informe pericial a sólo quince días de la extinción del fuego cercano al Marjal, les animó a plantearse un estudio con el que evaluar la afección real de las aguas subterráneas, gracias a la existencia de una red de muestreo del IGME disponible en la zona”.
Así comenzó todo, según relatan desde el IGME: un incendio en el municipio alicantino de La Vall d’Ebo que afectó al área de recarga del Marjal de Pego-Oliva (entre Alicante y Valencia), en mayo de 2015, fue el detonante que animó a investigadores de este instituto a intentar solucionar la “situación de desconocimiento del alcance real de los daños en los acuíferos”.
Tres años después presentan en un libro Incendios forestales y aguas subterráneas. Un análisis de los efectos ambientales y económicos sobre los acuíferos el trabajo y las conclusiones de dicho estudio, entre las que destacan que “cerca de un 3% de la superficie de acuíferos en nuestro país en los últimos 18 años ha sido afectada por los incendios”.
Si nos atenemos a la superficie total de acuíferos existentes en España (177.000 km² según documentos del servicio OpenCourseWare de la Universidad Politécnica de Madrid), los 5.300 km² que se corresponden con ese 3 % abarcan una extensión equivalente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El trabajo ha servido para desarrollar una metodología que evalúe el daño de los incendios a los acuíferos, y según la editora del libro, Raquel Morales, “hemos aprendido la importancia de tener operativa una red de control de las aguas subterráneas de forma inmediata tras el fuego”.
Morales precisa que “La metodología desarrollada por el IGME en el año 2007, inducida por las peticiones recibidas desde los tribunales de justicia, se presenta describiendo los pasos a seguir: determinación del impacto en función de cuatro parámetros de fácil obtención en cualquier situación (tipo de acuífero, posición en la cuenca hidrográfica, uso del agua subterránea y área de recarga/descarga afectada por el incendio), determinación del volumen de agua subterránea afectado y precio del metro cúbico del agua potencialmente contaminada”.
La puesta en práctica de esta metodología les ha llevado también a dar una cifra del coste económico asociado al impacto de los incendios forestales sobre estos ecosistemas: “en una primera valoración para toda España en el periodo 2000-2017 asciende a 33,2 millones de euros”.
Los dos años de análisis en el entorno del humedal valenciano han puesto de manifiesto “una modificación sustancial de la composición de las aguas subterráneas por la infiltración de las cenizas en el acuífero y han sido el punto determinante para asentar la metodología que permite traducir los daños de los incendios forestales a los acuíferos en términos de costes, de acuerdo con las estimaciones en euros por metro cúbico con las que trabajan las distintas confederaciones hidrográficas”.
La colaboración desde 2007 con los tribunales de justicia que apunta Morales permite conocer periódicamente el grado de afectación en volumen y euros. Así lo destaca Antonio Vercher, fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, quien afirma que gracias a las consultas al IGME y a departamentos de edafología de universidades españolas, se obtiene “una fórmula estimativa para determinar, de una manera sencilla y rigurosa” ese grado de afectación.
Las fórmulas que aplica la fiscalía permiten deducir que “si un incendio ha afectado a 500 hectáreas de un acuífero detrítico con un impacto alto, el volumen de agua subterránea afectado puede estimarse en 60.000 m³”. El valor económico de este impacto se estima en 6.000 euros.
Hay que señalar que, según advertían ya en 2012 desde el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, las repercusiones económicas tienen que ver con la disminución de la cantidad de agua y el aumento de su turbidez, al introducirse cenizas en los acuíferos, lo que afecta al consumo humano directo y a las actividades agrarias y ganaderas.
Desde le IGME destacan también que la investigación actual “ha servido para el desarrollo de un nuevo índice espacial (RAIFAS), que permite evaluar el riesgo de afección de los incendios forestales a las aguas subterráneas de forma sencilla a partir de dos factores: la vulnerabilidad de las masas de agua subterránea y la densidad de la vegetación”.
Este índice, aplicado a una cuenca hidrográfica concreta, como la del Guadalquivir, “muestra la distribución espacial de este riesgo, es decir, señala dónde los incendios que se produzcan en un futuro provocarán un daño más elevado a las aguas subterráneas, lo cual puede permitir focalizar los esfuerzos en la vigilancia para la preservación del recurso hídrico subterráneo en esos lugares”.
Javier Rico
@JavierRicoNi
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 04/12/2018 - Modificar
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Actualizado a 15/11/24
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