Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 15/2/05 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “Greenpeace”
14 de febrero de 2005
ESPAÑA FOMENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
2 EL PAÍS – Andalucía
13-02-2005
Ecologistas rechazan la urbanización de zonas de Cádiz
3 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-02-2005
Fomento anula el plan del PP para construir 1.200 viviendas de lujo en el
puerto de Alicante
4 EL PAÍS
13-02-2005
El Protocolo de Kioto ya está aquí
5 “Estrella Digital”
14 de febrero de 2005
López Veiga abre el calendario de comparecencias en la comisión de
investigación del 'Prestige'
6 “Cinco Días”
14 de febrero de 2005
Así se pagarán las grandes obras hasta el año 2020
7 “El Correo”
14 de febrero de 2005
Arranca el juicio por el 'caso AVE' 10 años después de iniciarse la
investigación
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“Greenpeace”
14 de febrero de 2005
Faltan 2 días para que el Protocolo de Kioto entre en vigor
ESPAÑA FOMENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
Greenpeace e Ingeniería Sin Fronteras denuncian que sólo el 19% de la ayuda
energética se destina a renovables
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y Greenpeace han presentado hoy un informe
que analiza cómo se distribuye la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el
sector de la energía, teniendo en cuenta la necesidad de luchar contra la
pobreza y el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible. La ayuda
española destaca por obligar a que el 83% de los bienes y servicios se
adquieran en España, el 90% ha de devolverse y un 78% se destina a energías
de gran impacto ambiental.
Ante la inminente entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que es la primera
herramienta legal de carácter internacional para combatir el cambio
climático, Greenpeace e ISF advierten del peligro de que un mal uso de los
mecanismos de Kioto dificulte aún más la lucha contra la pobreza y no sirva
para reducir el cambio climático.
Según ISF y Greenpeace, la prioridad de la AOD debe ser la lucha contra la
pobreza, lo que debe ser compatible con la adaptación y minimización del
cambio climático. Por ello, consideran que no debe destinarse el dinero
público procedente de la AOD a financiar ni subvencionar las inversiones de
empresas privadas españolas dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto.
"Los fondos de la AOD no deben desviarse hacia los mecanismos de Kioto, pues
deben seguir siendo instrumentos diferentes, pero ambos deben ser coherentes
y coincidir en que el destino prioritario deben ser las energías renovables
y la eficiencia energética" -ha declarado Raquel Montón, responsable de la
Campaña de Energía de Greenpeace.
El 83% de la AOD española en materia de energía entre 1997 y 2002 se realizó
a través de la modalidad de ayuda ligada, esto es, vinculada a que los
bienes o servicios aportados se adquieran en el país donante, mientras la
media mundial es del 15%. Además, el 90% de la AOD española (porcentaje sólo
superado por Japón) se realizó a través de la modalidad de ayuda
reembolsable, que es aquella que se realiza a través de créditos y, por
tanto, implica la devolución por parte del receptor con determinadas
condiciones. Ambas modalidades reflejan una clara contradicción con las
recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo. Este comité está formado
por un grupo de 22 países donantes junto con la Comisión Europea; controla
las actividades de la ayuda y establece criterios sobre la misma. Forman
parte del mismo la mayoría de los países de la OCDE. "Es imprescindible
avanzar en la desvinculación de la AOD española y realizar una revisión en
profundidad de los instrumentos de ayuda reembolsable, ya que se han
mostrado poco útiles para promover el desarrollo en los Países Menos
Adelantados y en los países pobres altamente endeudados" – ha declarado
Eduardo Sánchez, Director de Estudios y Campañas de Ingeniería Sin
Fronteras.
Atendiendo al tipo de sectores, únicamente el 19% de la ayuda al sector de
la energía fue destinado a energías renovables.
“En vez de ayudar al desarrollo de los países más pobres en su lucha contra
el cambio climático, parece que en realidad se está favoreciendo la
introducción y desarrollo de empresas españolas de energía sucia en esos
países. Además de condenarlos a depender de los combustibles fósiles e
intensificar el cambio climático, esta política va en contra de un modelo de
desarrollo sostenible”, afirmó Raquel Montón.
Una vez valorada la calidad de la AOD en materia de energía, y teniendo en
cuenta que el derecho al desarrollo humano es inapelable y legítimo, y que
existe una relación indiscutible entre la pobreza y el cambio climático,
Ingeniería Sin Fronteras y Greenpeace proponen al Gobierno:
Deben garantizarse unos niveles mínimos de suministro energético que
garanticen las condiciones para el desarrollo personal, priorizando las
inversiones hacia las zonas con una menor cobertura.
Se deben reorientar las inversiones hacia la eficiencia energética y las
energías renovables.
Se debe aumentar el total de las ayudas de eficiencia energética y energías
renovables, sin menoscabo de las ayudas que se den a los restantes sectores
no energéticos de la AOD.
No debe utilizarse la Ayuda Oficial al Desarrollo, en ningún caso, para
financiar proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kioto. Estos proyectos sólo deben ser costeados por las empresas que
obtendrán los créditos de emisiones correspondientes.
Se debe cumplir con el Protocolo de Kioto y comprometerse a fijar objetivos
de reducción de las emisiones de los países industrializados en al menos un
30% para 2020, para que la elevación de la temperatura media global no
supere los 20C.
Se deben eliminar progresivamente los subsidios que se otorgan a los
sectores de combustibles fósiles.
Hay 815 millones de personas que sufren malnutrición crónica, la principal
causa de esto es el mal reparto de los alimentos, pero además el cambio
climático está acentuando el hambre y dificultando la seguridad alimentaria.
Según el International Rice Research Institute, con sede en Filipinas, por
cada ºC de aumento de temperatura se produce una reducción del 10% en la
producción de arroz. Es previsible que el paludismo, segunda causa de muerte
entre los 5 y 14 años en países en desarrollo, se expanda por el cambio
climático. La expansión del paludismo aumentará las zonas de influencia de
esta enfermedad, pudiendo afectar a más de 300 millones de personas en 2080.
Para más información:
Raquel Montón, campaña de energía de Greenpeace - 91 444 14 00 ó 626 99 82
45.
Eduardo Sánchez, departamento de Estudios y Campañas de Ingeniería Sin
Fronteras - 91 590 01 91 ó 630 36 57 27
Prensa Greenpeace: Mamen Illán 91 444 14 00 ó 626 99 82 48
Informe disponible en www.greenpeace.es
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EL PAÍS – Andalucía
13-02-2005
Ecologistas rechazan la urbanización de zonas de Cádiz
F. J. ROMÁN - Cádiz
El representante de Ecologistas en Acción de Cádiz Mariano Maeztu presentará
denuncias ante las juntas rectoras de los parques naturales de Grazalema y
Los Alcornocales por el proceso de urbanización "galopante" que se prevé en
la zona. La asociación ha advertido sobre las previsiones de construcción de
hasta cinco campos de golf en el entorno de las reservas y la edificación de
complejos urbanísticos, "incluso dentro de las mismas, una vez recalificados
los suelos".
Maeztu explicó ayer que, en el caso de Prado del Rey, una localidad de 6.000
habitantes inscrita en el ámbito del parque de los Alcornocales, aunque
situada a sólo 18 kilómetros de Grazalema, el Ayuntamiento diseña un plan
urbanístico "que triplicará la población actual" y estudia la concesión de
licencia para un campo de golf que, en su opinión, es "una excusa para la
recalificación de 758.000 metros cuadrados de terreno y la edificación de un
complejo de 800 viviendas".
Zona degradada
De hecho, los ecologistas advierten sobre la posibilidad de que el
Ayuntamiento solicite, en el marco del nuevo plan de ordenación urbana, que
se recalifiquen unos cinco millones de metros cuadrados de suelo del parque.
Se trata de una zona degradada, que ha sufrido un proceso masivo de
construcción de viviendas ilegales. Para Maeztu, considerar ahora
urbanizables estos suelos supondría "recompensar a quienes, de hecho, han
cometido un delito por construir dentro del parque natural". En su opinión,
de prosperar esta posibilidad, "se sentará un precedente y se abrirá la
puerta para que se construya de manera ilegal en terrenos protegidos".
La intención del sector privado por impulsar la construcción de campos de
campos de golf y complejos urbanísticos vinculados puede en el corto plazo,
sin embargo, toparse con una nueva norma reguladora anunciada por la
consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. En respuesta a una
denuncia de Los Verdes en Málaga, Gutiérrez ha anunciado que su departamento
tiene en estudio un decreto que restringa el desarrollo de campos de golf,
entendidos como "el patio interior de las urbanizaciones". La Junta pretende
separar ambas actividades, la deportiva y la inmobiliaria, para evitar el
desarrollo solapado de grandes proyectos urbanísticos.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
13-02-2005
Fomento anula el plan del PP para construir 1.200 viviendas de lujo en el
puerto de Alicante
La iniciativa preveía recalificar 200.000 metros cuadrados de suelo en la
zona de poniente
LUIS D. MARTÍNEZ - Alicante
El Ministerio de Fomento ha anulado una iniciativa impulsada en mayo de 2003
por el entonces titular del departamento, Francisco Álvarez Cascos, que
preveía la recalificación como suelo residencial de 200.000 metros cuadrados
de terreno portuario para construir 1.200 pisos de lujo. La administración
de PP pretendía financiar una terminal de mercancías con las plusvalías
generadas por esa actividad inmobiliaria. El ente Puertos del Estado ha
frenado ahora el proyecto y advierte de que en "ningún caso" permitirá ese
tipo de operaciones inmobiliarias en el puerto. Antes del cambio de
Gobierno, la administración portuaria, la división inmobiliaria de Renfe y
el alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, llegaron a un acuerdo
para recalificar como urbana una gran parcela portuaria y obtener plusvalías
con las que financiar la construcción de una terminal de mercancías. A una
pregunta del entonces senador socialista por Alicante, Ángel Franco, el ex
ministro Álvarez Cascos respondió que Alicante saldrá beneficiada con un
"importante pulmón verde, cambiando las actuales playas de vías y edificios
industriales portuarios por zonas verdes y por usos residenciales". Franco
replicó al ministro que es impropio de Puertos del Estado el "negocio
inmobiliario", a lo que Cascos replicó que en Sevilla y Barcelona se había
hecho algo parecido y nadie había hablado de especulación como en Alicante.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Mario Flores, confirmó el jueves a
este periódico que el proyecto de recalificación del suelo es ya papel
mojado. "Acabamos de poner a disposición de Renfe 98.000 metros cuadrados
para el proyecto de terminal de carga y estamos a la espera de
contestación", dijo Flores, quien admitió que la desafección de suelo
portuario para viviendas era un "asunto polémico". Con todo, el plan no se
truncó hasta la llegada del PSOE al poder. El 26 de enero, Franco y el
portavoz socialista del Ayuntamiento de Alicante, Blas Bernal, se
entrevistaron en Madrid con el presidente de Puertos del Estado, Mariano
Navas. "En ningún caso Puertos del Estado va a recalificar suelo portuario
para viviendas de renta libre", aseguró Franco.
El alcalde de Alicante confirmó ayer que las viviendas no se harán. La idea,
según el primer edil, era compensar a Renfe con las plusvalías de la
operación inmobiliaria -cuatro manzanas de seis alturas-. Alperi propone
ahora un acuerdo entre el puerto y Renfe para construir una gran zona verde
en la zona y completar un corredor verde desde el principio de la Explanada
hasta San Gabriel, en el extremo sur de la ciudad.
La operación inmobiliaria surgió a la hora de desarrollar el Plan Especial
del Puerto, aprobado por todos los grupos políticos municipales en 1992,
cuando los socialistas gobernaban Alicante. En la zona portuaria de
poniente, junto a la vieja Estación de Murcia, se planificó un cambio
sustancial de planeamiento: la desafección y posterior recalificación de
suelo portuario para construir 1.200 viviendas de lujo. El acuerdo al que
llegaron el Ayuntamiento, Renfe y la Autoridad Portuaria mantenía en la zona
un gran parque sobre el suelo que hoy ocupa el corredor ferroviario en
desuso. Pero reservó un buen cacho de esos terrenos para viviendas.
Esa operación estaba relacionada con el polémico convenio que el alcalde
suscribió con dos industrias harineras, emplazadas junto a los terrenos
portuarios, para indemnizarlas con dinero público a cambio de desmantelar
sus factorías. En el intento de urbanizar ese suelo ha sido el actual
alcalde el que más ha empujado a su desarrollo. Alperi firmó un convenio con
los titulares de industrias para que desmantelen sus factorías y, con el
pretexto de evitar posibles litigios con otros propietarios en la
reparcelación, les indemnizó con suelo público.
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EL PAÍS
13-02-2005
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Protocolo de Kioto ya está aquí
El acuerdo ambiental entra en vigor el miércoles y afectará a la vida
cotidiana y a la economía
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid
Manuel Núñez fabrica ladrillos. Su empresa, Cerámicas Núñez, mezcla tres
clases de arcilla, les da forma de ladrillo y las cuece a 850 grados
centígrados. El horno, de 50 metros de largo, utiliza carbón como
combustible. Fabrica 90 toneladas de ladrillo al día. Manuel tiene 61 años,
vive en Bailén (Jaén) y es la prueba de que el Protocolo de Kioto ya está
aquí.
"Puede que mucha gente no lo sepa, pero en Bailén, reducir las emisiones,
puede suponer una pequeña reconversión", explica Manuel en su nave. Viste
una rebeca de lana y sus zapatos están embarrados. El suelo está lleno de
arcilla con restos de carbón. Su empresa tiene 15 trabajadores. La de Núñez
es una nave como muchas a la entrada del pueblo y donde los ladrillos,
apilados, se secan al aire libre. Chapas metálicas de colores los protegen
de la lluvia.
Bailén es un pueblo de 19.000 habitantes con 40 ladrilleras como la de Núñez
afectadas por el protocolo. El coque usado para cocer el barro emite CO2
(dióxido de carbono). La empresa de Núñez emite unas 5.000 toneladas al año.
El negocio comenzó en 1963, cuando Juan Miguel Núñez, padre de Manuel, fundó
el negocio aprovechando el primer boom de la construcción. El carbón, la
gasolina, el petróleo, cualquier combustible fósil, emite dióxido de carbono
al quemarse. Eso es inevitable. No hay nada que hacer. Es de primero de
química.
El problema es que Núñez no está solo. En España se emiten 400 millones de
toneladas de CO2 equivalente, una medida que convierte en CO2 los seis gases
de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y tres gases industriales
además del CO2). En el mundo se emiten unas 6.000 millones de toneladas al
año, una cifra en continuo ascenso. Es el fruto del desarrollo, de la
revolución industrial, de la máquina de vapor, de la era del petróleo. Casi
todo lo que nos rodea emite CO2.
Cuando usted enciende la luz por la mañana, emite CO2 en la central térmica
que le suministra la electricidad, que la generó quemando carbón. La
gasolina de su coche emite CO2; la fábrica del vidrio de sus gafas emite
CO2; el cemento para la autovía que le lleva al trabajo emite CO2, la
calefacción de su oficina en verano y el aire acondicionado en invierno
emiten CO2. Siderurgia, metalurgia, papeleras, cementeras, cerámicas...
todas emiten CO2.
Tanto CO2, desde la pequeña chimenea de Manuel hasta la gran térmica de
Iowa, tiene consecuencias. El CO2, y otros gases en menor medida, se
acumulan en la atmósfera. En la historia, la concentración de CO2 en la
atmósfera ha variado entre 200 y 300 partes por millón (ppm). Actualmente
está en 370 ppm. Las primeras previsiones calcularon que en 2050 la
concentración llegaría a las 550 ppm. Puede que se alcance antes.
La atmósfera contiene pequeñas proporciones de ciertos gases que son casi
transparentes para la radiación solar, pero casi opacos para la radiación
infrarroja que emite la superficie terrestre de vuelta al espacio. Así la
atmósfera absorbe calor que sale de la Tierra y lo envía de vuelta a la
superficie. Es el llamado efecto invernadero. Si aumenta la presencia de
esos gases en la atmósfera, la superficie terrestre aumenta su temperatura.
La acumulación de CO2 y otros gases por la actividad humana está causando
una subida de temperatura a escala mundial.
El catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad de Castilla-La
Mancha y experto en cambio climático, Manuel de Castro, explica que "la
temperatura global media ha subido 0,6 grados de media en el último siglo y
la tendencia es que siga subiendo, especialmente en las zonas más cercanas a
los polos". La década de los noventa fue la más cálida del siglo XX.
De Castro ha modelado qué puede pasar en España de seguir la emisión de
gases de efecto invernadero. "Los modelos climáticos nos dan un aumento de
la temperatura media de hasta siete grados en verano para el interior de la
Península en el último tercio de siglo. En invierno, el aumento de la
temperatura sería entre dos y tres grados menor". Para el planeta, los
científicos prevén que la temperatura media será a finales de siglo entre
1,4 y 5,8 grados centígrados más alta que actualmente. El mayor aumento se
dará en las latitudes más frías.
Predecir la evolución de la lluvia es más difícil. "Los modelos varían, pero
en general se puede hablar de una disminución de la precipitación, que en
verano puede ser de más del 50% hacia finales de siglo. En primavera también
disminuirán las precipitaciones y esto es más importante en la estación que
concentra una parte importante de las lluvias anuales en España", afirma De
Castro. En el Levante y en otoño, podrían aumentar las lluvias favorecidas
por el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo, aunque esto presenta
algo más de incertidumbre. La alteración en las precipitaciones podría
deberse a que la Península estaría más influenciada por el anticiclón de las
Azores y menos por las bajas presiones del Atlántico norte, las que traen
lluvia.
El jefe del servicio de Investigaciones del Clima del Instituto Nacional de
Meteorología, Luis Balairón, apunta: "Lo malo no es el cambio de clima. La
Tierra ha cambiado de clima otras veces de forma natural. Lo malo es lo
rápido del cambio, que nunca se había dado en un siglo, sino en miles de
años. Un bosque se adapta o cambia si la temperatura sube en 1.000 años,
pero no sabemos qué hará si sube en 100 años".
Los efectos del cambio climático son enormes. "Las plantas se están
desplazando a altitudes mayores en busca de su clima idóneo, como han
comprobado investigadores españoles en el Montseny. Allí ha desaparecido una
especie alpina y el bosque mediterráneo está más arriba que en 1950",
explica el investigador en Ecología Evolutiva del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas Juan José Sanz. Hay más ejemplos: la floración
del olmo se ha adelantado unos 30 días en los últimos 30 años; la llegada de
las golondrinas, 10 días en 30 años, según los registros del Instituto
Nacional de Meteorología recogidos por Sanz. Sanz publicó en 2004 junto a 20
científicos europeos un artículo sobre cómo las aves están adelantando la
puesta de huevos en respuesta al cambio climático.
Las aves y las plantas son buenos indicadores del cambio climático: o no
tienen limitaciones geográficas o tienen demasiadas (o desaparecen si cambia
el clima o migran). Otro ejemplo: desde hace cinco años se puede ver por
Almería, Murcia y Alicante un pájaro llamado camachuelo trompetero, que
hasta entonces no había salido de África. Las aves adelantan su migración y
se desplazan hacia los polos en respuesta al calentamiento. Buscan su
temperatura idónea.
Las observaciones de Sanz son coherentes con los datos recogidos en todo el
mundo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Austin
(Tejas, EE UU) analizó todo lo publicado sobre el tema, estudios sobre más
de 1.700 especies. La conclusión, publicada en la revista Nature, es que la
mayoría de las especies estudiadas (más del 70%) ha cambiado su distribución
de forma coherente con el cambio climático. Las especies se han movido una
media de seis kilómetros hacia los polos en una década y la primavera se ha
adelantado una media de 2,3 días por década.
Puede que el camachuelo trompetero no tenga importancia, pero pueden cambiar
más cosas. Cada país está pensado en función de su clima. Su agricultura,
sus embalses, el aislamiento de sus casas, sus infraestructuras, sus
hoteles, su turismo, dependen en gran parte del clima.
Otro efecto del calentamiento es el aumento del nivel del mar, entre 10 y 20
centímetros en el último siglo según la zona del planeta. La fusión del
hielo marino y de los glaciares contribuye a subir el nivel del mar y sobre
todo el calor: al aumentar la temperatura, el agua se expande.
Para combatir el problema surgió el Protocolo de Kioto. El cambio climático
es una preocupación reciente. En 1988, la ONU creó el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), un
grupo de expertos que sentaron las bases sobre el cambio climático. En
diciembre de 1997, tras maratonianas jornadas de negociación en la ciudad
japonesa de Kioto, 150 países firmaron el protocolo para al menos reducir en
2012 un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel
de 1990. El acuerdo fue calificado en su día como de mínimos.
El texto entra en vigor el día 16, después de que lo hayan ratificado 126
países que emiten más del 55% de los gases de efecto invernadero. Entre los
países que lo han ratificado están los 25 de la UE, Rusia, China, Argentina,
Chile, Canadá... Estados Unidos, el mayor emisor de gases contaminantes, que
emite el doble de CO2 por habitante que Europa, se niega a firmarlo.
La reducción de emisiones sólo afecta a 33 países desarrollados porque los
países en desarrollo no están obligados a contaminar menos. La UE acordó
reducir sus emisiones un 8%, pero como no todos los países partían de la
misma posición, repartió. España puede aumentar sus emisiones un 15%
respecto a 1990. Algo que ya ha sobrepasado con creces pues triplica ese
nivel de crecimiento y ahora tiene que reducirlas.
Para ello, el Gobierno ha contactado con Manuel Núñez y con casi un millar
de instalaciones y les ha asignado unos derechos de emisión de CO2. Si lo
sobrepasan, tendrán que pagar en forma de compra de derechos de emisión a un
precio aún desconocido. Aunque las empresas como la de Núñez pueden verse
más afectadas al ser empresas pequeñas, el grueso de la reducción lo tendrán
que hacer las eléctricas, que emiten un 25% del CO2 industrial.
"Me han asignado 4.300 toneladas de CO2 al año. Yo comprendo que si hay que
emitir menos para evitar el desmadre del clima, lo tendremos que hacer, pero
será difícil reducir las emisiones lo que me piden", explica Núñez. Y se
pregunta: "¿De qué sirve que recorte yo las emisiones si Estados Unidos
sigue quemando carbón?". Bailén puede vivir "una reconversión" por el
protocolo. La ciudad produce un 7% de los ladrillos de España y tiene 40
instalaciones incluidas en el Plan de Asignaciones. "Si no puedo usar
carbón, que me den una solución. Dicen que usemos gas, pero cuestan muchos
millones de pesetas y además aquí no llega gas suficiente", señala Núñez
inquieto. Su caso ilustra las implicaciones económicas que conllevará
cumplir el acuerdo.
Pese a los problemas, la industria cumplirá con el objetivo, según el
secretario general para la Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo
Aizpiri. El plan del Gobierno es reducir las emisiones un 0,4% hasta 2007 y
deja el grueso de la reducción para el periodo 2008-2012. El Gobierno
calcula que cumplir la primera fase costará 85 millones a las empresas.
Pero no es sólo la industria. Aunque todas las instalaciones cumplan, el
objetivo estará lejos. La industria es responsable de un 40% de las
emisiones. El resto son los "sectores difusos", principalmente transporte y
vivienda.
El director general de la empresa Isover, Ulpiano Gómez Agudo, afirma que
"no es justo cargar la reducción de emisiones en la industria". Gómez Agudo
vive el protocolo por partida doble. La empresa Isover tiene una decena de
plantas que funden vidrio y que tienen que emitir menos. Por otro lado,
Isover es uno de los principales fabricantes de vidrios y aislantes para las
casas, algo imprescindible para cumplir con el Protocolo de Kioto.
Una casa nueva en España consume un 40% más de energía que en Francia, según
el Ministerio de Medio Ambiente. Para reducir el consumo, el Gobierno
prepara desde hace cinco años un nuevo Código Técnico de la Edificación, la
norma que dice cuánto deben aislar muros, ventanas y suelos en las casas. El
nuevo sustituirá a la edición de 1979, que surgió tras la crisis del
petróleo.
"Hay un margen de ahorro enorme en la vivienda. Con 300 euros más de gasto,
se puede ahorrar un 30% de media de energía por vivienda y se amortiza la
inversión. Lo malo es que hemos perdido años en los que se ha construido
muchísimo", afirma Gómez Agudo. Sólo en 2004 se iniciaron 675.000 viviendas.
Una directiva europea obligará a etiquetar la eficiencia energética de las
casas como se hace con los electrodomésticos. Además habrá que fomentar el
transporte público para ahorrar gasolina, algo que actualmente parece una
utopía.
Núñez, De Castro, Sanz, Gómez Ulpiano, empresarios, científicos, biólogos,
son sólo unos ejemplos del problema mundial que supone el cambio climático;
del reto colosal de reducir las emisiones, y del cambio en la vida que
requiere atajar el calentamiento del planeta. Suerte.
¿Y si no cumplimos?
¿Qué pasaría si España no cumple el Protocolo de Kioto? España emite
actualmente un 45% más que en 1990. El acuerdo de la UE para cumplir con
Kioto asignó que España podía emitir en 2012 un 15% más que en 1990, el año
de referencia para el acuerdo. España es el país industrializado más alejado
de su objetivo. Rebajar las emisiones al nivel exigido no será sencillo.
La UE ha previsto multas para los países que incumplan, aunque aún no están
detallados los mecanismos. Ésa sería la primera sanción.
La segunda sí está detallada. Se trata de un mercado de emisiones. El
sistema permite a un país que alcance 2012 con menos emisiones de las que se
le autorizan a vender las toneladas que le sobren a otro que las necesite
para cumplir con su tope máximo. Este mecanismo ha sido básico para lograr
la entrada en vigor. Rusia ratificó el tratado en octubre pasado pensando en
lo que puede ingresar debido a que ha reducido mucho sus emisiones debido al
cierre de plantas industriales contaminantes heredadas de la época
comunista.
Otra forma de cumplir con el acuerdo son los mecanismos de desarrollo
limpio. Un país desarrollado, mediante un proceso de cooperación en un país
en vías de desarrollo, consigue que este ahorre emisiones. El país
desarrollado se resta las emisiones ahorradas de su cupo.
España ya cuenta con recurrir a la compra de emisiones. Los planes del
Gobierno prevén que en 2012 las emisiones superen en un 24% el nivel de
1990. El 9% restante restante, hasta el 15% de aumento que fija el acuerdo,
vendrá de la compra de derechos de emisión (un 7%) y de los proyectos de
cooperación (2%). Cuánto costarán los derechos de emisión es difícil de
predecir, porque el mercado de emisiones es como la Bolsa y los cálculos de
precio varían mucho. Así que el coste de incumplir con Kioto depende en
parte de la bolsa del CO2. El Congreso aprobó por unanimidad cumplir el
tratado.
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“Estrella Digital”
14 de febrero de 2005
El TC anuló la resolución de disolverla
López Veiga abre el calendario de comparecencias en la comisión de
investigación del 'Prestige'
A la declaración del conselleiro de Pesca seguirán durante 9 días las de
varios titulares de otras carteras de la Xunta, así como de técnicos y
profesionales
Santiago de Compostela
La comisión de investigación de la catástrofe del 'Prestige' en el
Parlamento gallego inicia hoy el calendario de comparecencias, que abrirá el
conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga. La Comisión del 'Prestige' en la
Cámara autonómica reanudó el pasado 30 de diciembre su actividad tras la
sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló la decisión de disolverla,
adoptada por el grupo mayoritario (PP) a los tres meses de su constitución,
en marzo de 2003.
Después de su reanudación, ha sido intenso el debate entre los grupos
políticos para decidir las comparecencias. El pasado 25 de enero, tras horas
de reuniones, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo sobre las personalidades
políticas que acudirán, en la que no se incluyeron los tres ex ministros que
el BNG consideraba necesario que pasasen por el Parlamento gallego.
Los ministros del Gobierno del PP cuando se produjo la catástrofe y cuya
presencia en la Comisión pedían los nacionalistas eran el de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos; Medio Ambiente, Jaume Matas, y el de Agricultura y
Pesca, Miguel Arias Cañete, además el entonces delegado del Gobierno,
Arsenio Fernández de Mesa.
Finalmente, pasarán por la Comisión varios conselleiros de la Xunta, así
como técnicos y profesionales, que lo harán durante nueve jornadas, en
sesiones de mañana y tarde, desde hoy lunes.
El primero en acudir será el actual conselleiro de Pesca, Enrique López
Veiga, seguido del titular de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro. Dos días
después, acudirá el de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo y luego el
titular de Justicia durante el accidente del petrolero, Antonio Pillado.
Ese mismo día, también acudirá a la comisión el ex conselleiro de Política
Territorial, José Cuiña, y el responsable de Medio Ambiente cuando se
produjo la catástrofe, Carlos del Alamo, además de la de Asuntos Sociales,
la actual alcaldesa de Vigo, Corina Porro.
Ante la comisión intervendrán además numerosos representantes del sector
pesquero y marisquero, de los municipios, personal científico, economistas y
empresarios y responsables y expertos en seguridad marítima. Paralelamente,
el calendario incluye la visita de los diputados a la costa afectada, además
de a las instalaciones y medios de salvamento y lucha contra la
contaminación.
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“Cinco Días”
14 de febrero de 2005
Así se pagarán las grandes obras hasta el año 2020
Raquel Díaz Guijarro
La construcción de grandes infraestructuras continúa siendo la gran
asignatura pendiente de España para que su economía no pierda
competitividad.
La construcción de grandes infraestructuras continúa siendo la gran
asignatura pendiente de España para que su economía no pierda
competitividad. Sin embargo, el compromiso de mantener el equilibrio
presupuestario y el nuevo reparto que se realizará de los fondos europeos a
partir de 2007 limita cada vez más los recursos disponibles. El Ministerio
de Fomento ha elaborado un Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) que prevé una inversión de más de 241.000 millones de euros hasta
2020. A continuación se detallan todas las fórmulas que existen en la
actualidad para poder pagar estos proyectos.
1 Inversión directa
Ha sido hasta el momento la fórmula que tradicionalmente se utilizaba para
pagar las grandes obras públicas. Una vez adjudicado el proyecto, éste se
costea mediante certificaciones de obra, que computan íntegramente como
gasto público del ejercicio en el que se realizan. Luego, en su caso pueden
pasar a engrosar el déficit e incrementar la deuda pública.
2 Inversión diferida
La componen a su vez un conjunto de fórmulas que importó el Gobierno del PP
en 1996 con el fin último de mantener la actividad constructora y cumplir
con Maastricht:
Método alemán o abono total del precio. La diferencia con la inversión
directa es que el pago de la obra se realiza cuando ésta finaliza, lo que
permite diferir los pagos varios años. No obstante, el PP lo suspendió
durante algunos ejercicios para no comprometer en exceso los presupuestos
futuros. Para este año están previstas con este sistema obras en carreteras
por valor de 2.500 millones de euros. Algunos hospitales de Madrid van a
licitarse parcialmente con esta fórmula.
Peaje en sombra. La obra la financia el sector privado a cambio de una
cantidad que le paga la Administración cada año en función del uso que los
ciudadanos hagan de la infraestructura. Los contratos suelen suscribirse por
periodos largos: de 15 a 20 años. Dichos pagos públicos computan como gasto
cada año. Valga como ejemplo la M-45 en Madrid, la autovía de los Viñedos
(Toledo-Consuegra), todas las autovías recientemente licitadas en Valencia,
Galicia, Asturias y en el Reino Unido, la A-13 en Londres.
Contrato de gestión de infraestructuras. En una obra ya existente, la
Administración contrata con un agente privado la prestación de un servicio,
que se responsabiliza, a cambio, de llevar a cabo las inversiones que sean
necesarias. Es uno de los sistemas por el que Fomento quiere remozar 1.500
kilómetros de las autovías más antiguas con un coste que rondará los 1.800
millones de euros.
3 Concesión de obra
El Estado, o la Administración local que lo licite, adjudica un contrato a
una o varias empresas privadas para la construcción y explotación de una
infraestructuras, sobre la que después podrá cobrar directamente a los
usuarios de la misma. Es la fórmula que hasta ahora se utilizaba en
exclusiva en el caso de las autopistas de peaje tradicionales. La todavía
vigente Ley de Concesiones contempla extender esta fórmula a todas aquellas
infraestructuras en las que el sector privado pueda obtener rentabilidad. El
plan de inversiones propuesto al Gobierno por la CEOE prevé extenderlo,
entre otras, a las desaladoras. También son concesiones, aunque pague la
Administración, en Madrid, por ejemplo, la línea de Metro que une la capital
con Arganda. La mezcla entre el peaje en sombra y el peaje puro da como
resultado el peaje blando o subvencionado.
4 Entes públicos
Ésta es una de las fórmulas más utilizadas en toda Europa. 'Se puede decir
que sin estas entidades, hoy no disfrutaríamos de numerosas
infraestructuras', señalan desde una gran constructora. Se trata de
sociedades creadas por las administraciones en las que en ocasiones se da
entrada al capital privado. Su objeto es la construcción y, algunas veces,
también la explotación de una infraestructura.
La participación del capital público en estas sociedades (sobre todo, vía
transferencias de capital) está considerada una inversión financiera que no
computa como gasto público. Son claros ejemplos de estas sociedades el
recién creado Adif, AENA, Puertos del Estado, y también en el ámbito
autonómico la polémica Mintra, cuya endeudamiento deberá pasar a engrosar
las cuentas de Madrid, según acaba de resolver Eurostat. Fomento planea
crear un ente equiparable para las inversiones en carreteras.
Alberto Ruiz-Gallardón ha creado Madrid Calle 30 para financiar el
soterramiento de la circunvalación M-30, para lo que ya ha anunciado que en
el capital social de la entidad dará cabida al sector privado.
La normativa contempla que estos organismos deben autofinanciarse vía
endeudamiento y con el cobro de un canon o tasa por el uso que hagan los
diferentes operadores de sus infraestructuras.
5 Concesión de dominio
Muy similar a la concesión de obra pública. El Estado adjudica el derecho de
explotación o uso de un bien de dominio público. Las inversiones que realice
el socio privado revierten a la Administración libres de cargas cuando se dé
por concluido el periodo de la concesión.
La explotación de zonas comerciales o áreas de servicio anejas a grandes
infraestructuras de transporte es un claro ejemplo de aplicación de esta
fórmula. Ésta es una de las novedades que introdujo en 2003 la Ley de
Concesiones.
6 Financiación cruzada
Permite pagar una obra pública con los recursos generados por la explotación
de otra, siendo ambas parte de un contrato entre el Estado y las sociedades
adjudicatarias. En estos casos, los recursos para el inversor privado
procederán o bien directamente del usuario (peajes puros) o bien de la
Administración (peajes en sombra).
Con esta fórmula se han podido poner en marcha las cuatro radiales de acceso
a Madrid y los nuevos tramos de la circunvalación M-50. Están en proyecto
otras dos radiales y el cierre completo de dicho cinturón.
7 Arrendamiento operativo
Aunque no existe un sólo arrendamiento operativo común a todos los
proyectos, sí puede concluirse que este sistema es la esencia de las
llamadas fórmulas de colaboración público-privada (CPP), más conocidas por
las empresas por su denominación en inglés: Private-Public Partnership (PPP)
o Private Finance Inititative (PFI).
La Administración suscribe un contrato con una empresa privada, según el
cual la propiedad económica del activo es del socio privado. El inversor se
hace cargo de su construcción, mantenimiento e incluso de la prestación de
algunos servicios, según lo que determine en cada caso el contrato. La
administración se convierte así en el inquilino-usuario de dicha
infraestructura y como tal paga al inversor un alquiler.
De esta manera, los pagos anuales que realiza durante el periodo que dure la
explotación se consideran gastos derivados de los servicios recibidos y se
registran en el presupuesto como gasto en consumo final de la
administración.
Eurostat ha aclarado recientemente las condiciones para que dichas
inversiones queden fuera de los presupuestos: que el socio privado asuma el
riesgo de construcción y el denominado riesgo de demanda. Es decir, que la
empresa adjudicataria pueda ser penalizada se si registran retrasos o
imprevistos atribuibles a su actividad y que los pagos que reciba de la
administración estén vinculados a la calidad y eficiencia del servicio
prestado.
En España es una fórmula aún muy novedosa, aunque la Comunidad de Madrid va
a licitar ocho nuevos hospitales bajo esta modalidad. En Reino Unido son ya
unos veteranos en su empleo. Prueba de ello es que desde 1998 hasta ahora se
han realizado con él 34 hospitales, 239 colegios, 23 infraestructuras de
transporte, 34 estaciones de bomberos, 13 prisiones y 12 plantas de
tratamiento de residuos.
8 Fondos europeos
Los fondos europeos, que han soportado hasta ahora una buena parte de la
inversión realiza hasta ahora en infraestructuras, sufrirán grandes cambios
en el nuevo marco europeo de una Unión con 25 países miembros.
Además, no conviene olvidar que una parte significativa de estos flujos de
dinero no van a parar al presupuesto de las administraciones y sí
directamente al agente inversor, ya sea público o privado. En estos
momentos, el Ministerio de Medio Ambiente tiene pendiente que Bruselas
conceda financiación a las obras del Plan Hidrológico Nacional que se
llevará a cabo en sustitución del derogado trasvase del Ebro.
9 Créditos participativos
El Estado o la Administración que licita el proyecto realiza una aportación
de capital a una sociedad que tiene previsto invertir en una
infraestructura. Esa aportación es indispensable para hacer viable un
proyecto que, de otra manera, no podría captar los recursos necesarios en el
mercado financiero.
10 Impuestos
Es el gran debate que resurge en Europa. La toma de conciencia de que no
sólo hay que construir nuevas y mejores infraestructuras, sino que su
utilización genera unos costes de mantenimiento y conservación también cada
vez mayores ha despertado el interés por desarrollar políticas de
tarificación. Ésta es una fórmula que en cuestiones medioambientales se
resume en la premisa: 'quien contamina, paga'.
Así, frente al modelo planteado todavía en buena parte de Europa, cada vez
surgen más iniciativas que rompen el principio de desafectación o caja
única, de parte que ya se está destinando parte de los impuestos que gravan
el carburante o el sector de automoción a la financiación y mejora de las
infraestructuras.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido que quizás haya
llegado el momento de abrir este debate y apostar decididamente por el 'pago
por uso', liberándose de esa forma recursos para prestaciones que deben
permanecer en el ámbito público, como la sanidad o la educación.
Peaje a los camiones en Alemania y tributos finalistas en Suiza
No es un problema exclusivo de España la falta de recursos para construir
grandes infraestructuras. Así, Alemania, país que había renunciado
tradicionalmente a construir autopistas de peaje, acaba de poner en marcha
el sistema de la euroviñeta.
Desde el pasado 1 de enero los camiones (nacionales y extranjeros) con un
determinado tonelaje están obligados a pagar por circular en su red de
autovías. Con esta iniciativa, el erario público prevé ingresar unos 3.000
millones de euros al año, que serán destinados en exclusiva a la
conservación y mejora de las carreteras.
Como es lógico, en la medida en que dichos ingresos pasen a engrosar las
cuentas públicas, habrá que considerar este sistema como un mecanismo de
financiación presupuestaria. Por el contrario, si dichos dineros se
ingresaran en un ente público, éste tendría capacidad de autofinanciación y,
por lo tanto, estaríamos hablando de financiación extrapresupuestaria.
Austria, que también aplica la euroviñeta, ha decidido destinar lo que
recaude por ese concepto a la construcción de un corredor ferroviario.Suiza
también ha innovado en lo que a inversiones se refiere. Su Gobierno planea
costear parte de su programa de infraestructuras con los ingresos que
obtiene del canon que también aplica a los camioneros y parte de lo
recaudado por el impuesto de hidrocarburos.
Asimismo, y con idéntica finalidad, ha decretado un aumento del tipo general
del IVA.
La banca, ávida de proyectos
A la proliferación de nuevos sistemas de financiación para llevar a cabo las
grandes obras, se suma el interés del sistema financiero mundial por captar
este ingente volumen de recursos.
Así, las empresas reconocen que en la actualidad no están teniendo ningún
problema para captar financiación debido a la gran liquidez y los nuevos
productos. Por ejemplo, la inversión que necesita Acciona para construir la
autovía de los Viñedos (concedida bajo la modalidad de peaje en sombra) será
posible gracias a una emisión privada de bonos concedida por Caja Madrid por
importe de 64,1 millones de euros y un crédito del Banco Europeo de
Inversiones por 103 millones. La emisión fue colocada entre inversores
institucionales.
xxxxx
“El Correo”
14 de febrero de 2005
Arranca el juicio por el 'caso AVE' 10 años después de iniciarse la
investigación
La Audiencia de Madrid juzga a los trece acusados de cohecho y falsedad en
relación con las supuestas comisiones ilegales
AGENCIAS/MADRID
La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a juzgar el próximo miércoles el
denominado 'caso AVE', que empezó a instruirse hace más de diez años. El
juicio sentará en el banquillo de los acusados al ex ministro socialista de
Sanidad y ex presidente de RENFE Julián García Valverde y a otras doce
personas, acusadas de cometer cohecho y falsedad en relación con las
supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del
tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Entre los acusados por este caso, que presuntamente sirvió para la
financiación irregular del PSOE, figuran la ex responsable de Finanzas del
partido socialista Aida Álvarez; su marido, Miguel Molledo; el ex diputado
del PSOE Carlos Navarro; y el ex administrador de Filesa Luis Oliveró. En el
banquillo se sentarán también el que fuera director de compras de Renfe,
Leopoldo Iglesias; el ex miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan
Carlos Mangana; y ex responsables de Siemens (empresa adjudicataria del
AVE).
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y una multa de 9,6
millones de euros para el ex ministro García Valverde por cohecho (soborno);
lo mismo que para Leopoldo Iglesias y Carlos Navarro. Para Aida Álvarez y su
marido, Miguel Molledo, la petición es 15 años de prisión.
Mayor condena
La mayor condena solicitada es para los ex empleados de Siemens Huete,
Chinchilla y Francés, para quienes el fiscal reclama veinte años y once
meses de cárcel y multas de 10 millones de euros. La fiscal que investigó el
caso consideró que las reponsabilidades de Guillermo Galeote, que en aquel
momento era secretario de Finanzas del PSOE, «han sido archivadas (...) al
haberse conocido tardíamente».
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción
detalla que un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría
de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros
de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, «urdieron
un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y
tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles las
adjudicaciones de los contratos por RENFE».
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