Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 6/2/05 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
5-02-2005
Admitida a trámite una querella contra Emilio Botín por presunto delito
ecológico
2 “Plataforma contra las Olimpiadas de Madrid 2012”
5 de enero de 2005
Las olimpiadas, cuanto más lejos, mejor
3 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Los campos de golf son reclamo común para levantar grandes urbanizaciones
4 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Los promotores plantean reclasificar 50 millones de metros en Alicante
5 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Acicate social para los alcaldes, desastre natural según los vecinos
6 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
5-02-2005
Los usuarios del Júcar-Vinalopó deben 21,6 millones por la obra
7 EL PAÍS – Andalucía
5-02-2005
La ministra de Medio Ambiente apoya los parques eólicos marinos
8 “Greenpeace”
5 de febrero de 2005
GREENPEACE ADVIERTE DEL RIESGO DE QUE GIBRALTAR SE CONVIERTA EN TALLER DE
REPARACIÓN DE SUBMARINOS NUCLEARES
9 EL PAÍS – Cataluña
6-02-2005
El Gobierno catalán reactiva el plan de energía eólica
10 EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
"San Sebastián no irá por libre en la gestión de las basuras"
11 EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
"La biometanización necesita vertederos o una incineradora"
12 EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
Guipúzcoa carece de una solución para sus basuras a dos años del cierre del
vertedero que almacena el 50% de todos sus desechos
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
5-02-2005
Admitida a trámite una querella contra Emilio Botín por presunto delito
ecológico
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, Ricardo
Rodríguez Fernández, ha desestimado el recurso interpuesto por el presidente
del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y por el consejero
delegado del mismo banco, Alfredo Sáenz Abad, contra su decisión de admitir
a trámite la querella contra ellos por presunto delito ecológico en la
ciudad financiera de la entidad, en el municipio madrileño de Boadilla del
Monte (Madrid).
El juez les investiga por haber ordenado la construcción, sin los
preceptivos permisos, de un pozo cuya agua es utilizada para regar el campo
de golf existente en el complejo, y ya ha solicitado diversa documentación a
la Confederación Hidrográfica del Tajo para aclarar los hechos denunciados.
En su recurso, Botín y Sáenz aludían a los "intereses espúreos" perseguidos
por el querellante, el abogado Francisco Franco Otegui, que es accionista
del banco y ha impulsado otros procedimientos judiciales contra el banquero,
como es el "caso de las jubilaciones" que se juzga actualmente en la
Audiencia Nacional.
Según el instructor, este motivo no es suficiente para inadmitir una
querella. También señalaba Botín que, en todo caso, la responsabilidad por
el uso inadecuado del pozo de riego debería corresponder a la empresa
Centros de Equipamiento Zona Oeste SA (CEZOSA), que es la que explota la
instalación.
El juez señala en su auto que "es público y notorio" que los terrenos sobre
los que se han realizado las presuntas actividades delictivas pertenecen al
SCH, presidido por Botín, por lo que debe desestimar este motivo de su
recurso, "sin perjuicio de la comprobación del capital social y consiguiente
averiguación de la pertenencia y adscripción del Consejo de Administración
de la mercantil referida".
A lo anterior se añade la condición de Franco Otegui como accionista del
SCH, "ya que en tal condición sí puede resultar perjudicado por cuanto, de
existir una sentencia condenatoria del querellante por los hechos imputados,
se derivaría una responsabilidad civil que, sin duda, satisfaría el SCH y,
en consecuencia, todos y cada uno de los accionistas del mismo", incluido el
letrado, "que vería menguados sus beneficios".
En una providencia dictada el pasado viernes, el juez Rodríguez solicita a
la Confederación Hidrográfica del Tajo que certifique si para regar el campo
de golf construido en la ciudad financiera se está utilizando agua potable o
reciclada y, en este último supuesto, el origen de la misma y si su uso es
contrario a la regulación.
También pide el número de pozos existentes en el complejo financiero e
información sobre los expedientes sancionadores abiertos por obras en el
recinto.
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“Plataforma contra las Olimpiadas de Madrid 2012”
5 de enero de 2005
Según cuentan, las Olimpiadas de 2012 serían para Madrid como el gordo de la
Lotería
Las olimpiadas, cuanto más lejos, mejor
Según nos cuentan, las Olimpiadas de 2012 serían para Madrid como el gordo
de la Lotería. El problema es que participar en el sorteo nos va a costar
más de 6.000 millones de euros y, en cambio, nadie sabe de cuánto va a ser
el premio ni cómo se va a repartir. Mucho riesgo para un juego tan caro,
¿no? Pero además, ¿están las cosas como para invertir más de un billón de
pesetas en preparar unos Juegos Olímpicos? Presupuesto no hay más que uno, y
si se gasta en instalaciones deportivas de dudosa utilidad y en
infraestructuras faraónicas, habrá que recortar por otro lado:
polideportivos de barrio, vivienda protegida, sanidad, transporte público...
Los medios de comunicación se limitan a repetir las previsiones económicas
del gobierno: unos beneficios limpios de 6.000 millones de euros y la
creación de 220.000 puestos de trabajo. Pero si echamos un vistazo a lo
ocurrido en anteriores olimpiadas veremos que este cuento de la lechera hace
aguas por todas partes. "Barcelona 92 fue todo un éxito", se nos dice,
¿quién se atrevería a dudarlo? Y sin embargo...
La verdad de Barcelona 92
- Las Olimpiadas de Barcelona supusieron una inversión de un billón de
pesetas y sólo generaron 33.000 puestos de trabajo temporales en la
construcción y unos 20.000 en hostelería cuya duración fue, exactamente, de
21 días, lo mismo que las Olimpiadas. En el resto de los sectores, nada de
nada.
. Entre 1988 y 1992 los precios crecieron un 1% más que en el resto de
España y en 1992 llegaron a crecer un 3% más. Naturalmente, el precio de la
vivienda se puso por las nubes, mientras los propietarios de suelo y las
empresas constructoras y promotoras que habían apoyado alegremente la
organización de los Juegos hacían
su agosto.
. Aunque nos han repetido mil veces que Barcelona 92 fue un éxito, nadie
sabe qué ha sido del billón de pesetas limpio que supuestamente iba a "ganar
la ciudad" (porque, naturalmente, jamás se explica quiénes son exactamente
los que se embolsarán ese supuesto beneficio). En cambio, sí sabemos que las
administraciones han tenido que gastar otro buen montón de dinero público
para evitar la ruina de inversiones anteriores o para salvar de la quiebra a
sectores privados como el hotelero, al que se había empujado a crecer en
exceso para las Olimpiadas.
Optimismo injustificado
Un informe del gobierno australiano sobre los Juegos de Sidney 2000 advertía
de que las previsiones para estos grandes eventos siempre son demasiado
optimistas y que, en rigor, no parecía haber muchas posibilidades de obtener
beneficios. Hasta el diario The Economist ha pedido a Londres que retire su
candidatura de las Olimpiadas argumentando que saldrá muy caro y que, en
realidad, no hay nada que ganar. Y aunque aún es pronto para analizar los
resultados de las Olimpiadas de Atenas, ya sabemos que el gobierno griego ha
gastado 2.500 millones de euros más de lo previsto, y eso sin contar las
obras del aeropuerto, las carreteras de circunvalación...
¿Quién sale ganando?
Pero entonces, ¿por qué?, ¿a quién le interesa? Si tenemos en cuenta que ya
hay más de 100 grandes empresas patrocinadoras dispuestas a cofinanciar
Madrid 2012, entenderemos que son siempre las grandes compañías privadas las
que salen ganando. ¿Qué mejor que un espectáculo que despierta la simpatía y
genera el consenso para ocultar oscuros tejemanejes urbanísticos y
cuantiosos contratos con poderosas constructoras?
Problemas ambientales
Por mucho que insistan en el supuesto beneficio ecológico de unos Juegos
Olímpicos, de todos es sabido que el principal problema medioambiental al
que se enfrenta Madrid es la proliferación incontrolada y mal planeada de
urbanización e infraestructuras, que no puede más que agravarse con la
preparación de un evento de estas características. Lo que no es más que una
recalificación en beneficio de promotores y constructoras de una zona de
suelo industrial en desuso al este de Madrid se presenta como una operación
de regeneración ecológica que, por cierto, incluirá, además de miles de
viviendas, un campo de golf de 60 hectáreas, como si todo lo que lleva
hierba fuera ecológico. También se insiste en que estos van a ser unos
Juegos Olímpicos sin coche. Sin embargo, los responsables de la candidatura
destacan una y otra vez cómo la construcción y mejora de numerosas vías
convertirán el anillo olímpico en "un ámbito de gran accesibilidad". De
hecho, está prevista la construcción de 93 nuevos kilómetros de autopistas y
autovías urbanas (nuevos accesos al aeropuerto de Barajas, ejes de conexión
M-40–M-50, vías colectoras de la M-40, soterramiento de la M-30, etc.). Y
eso que Madrid es ya la región urbana europea con más cantidad de kilómetros
de carreteras de gran capacidad en relación al número de habitantes de toda
Europa.
¿Cuánto cuesta?
La inversión total es de 6.000 millones de €, de los cuales:
Remodelación de La Peineta 160 millones de € -130
polideportivos de barrio
Centro Acuático 150 millones de € -136
centros de mayores y de día
Centro de Tenis 141 millones de € -295
bibliotecas
Canal Remo y Piragüismo 71 millones de € -8 veces más de
lo que ha dedicado el Ivima a vivienda protegida en 2004.
Y, ¿quién paga?
Todos pagamos. La subida en 2005 del uso de las instalaciones deportivas
municipales llega en algunos casos al 60%. El billete de 10 viajes para
metro y autobús sube un 13%. La tasa por suministro de agua se incrementa en
un 15%. Desaparecen las bonificaciones para el Impuesto de Bienes Inmuebles,
que llega en muchos casos a duplicarse. Y ¿qué decir de la vivienda? Los
expertos calculan subidas de entre el 35% y el 40% para los pisos del barrio
de Canillejas y en torno al 50% en Usera. Naturalmente, por mucho que
intenten disfrazar estas brutales subidas de "revalorización" que a todos
beneficia, quien tiene una única vivienda en propiedad sabe que el único
efecto que se deja sentir cuando suben los precios es que sube también el
IBI.
Patrocinio empresarial
Cuarenta y cinco empresas constructoras e inmobiliarias patrocinan la
campaña de promoción de las Olimpiadas. Aportan 90.000 euros de media cada
una a la oficina de Madrid 2012 y, desde luego, esperan conseguir a cambio
una suculenta tajada.
www.otromadrid.org
La Plataforma contra las Olimpiadas de Madrid 2012 la forman, por ahora:
Asociación cultural Expresiones (La Piluca), Laboratorio Urbano, Áreaciega,
Ecologistas en Acción, Vecinos de La Elipa, Asociación Cultural Ladinamo,
Estrella, Raíles Verdes, Asamblea de biológicas de la UCM
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Los campos de golf son reclamo común para levantar grandes urbanizaciones
S. N. - Alicante
El fenómeno de la nueva edificación en zonas del interior responde al modelo
de urbanizaciones con campo de golf incluido. En 2002, la Comunidad
Valenciana era la tercera Comunidad de España en número de campos de golf,
con 22 instalaciones: 13, en Alicante, seis, en Valencia y tres en
Castellón. La oferta valenciana sólo la supera Cataluña, con 60 campos de
golf y Andalucía, con 55.
Sin embargo, la estadística valenciana podría experimentar un vertiginoso
ascenso de prosperar las iniciativas en marcha. La Confederación
Hidrográfica del Júcar admite en su página web que ha recibido 85 peticiones
para autorizar el uso de agua para otros tantos proyectos en el conjunto del
territorio valenciano.
En este capítulo se lleva la palma la Vega Baja, una comarca donde se
levantan innumerable urbanizaciones ya consolidadas. En la zona hay al menos
dos proyectos que son objeto de investigación judicial por supuestos delitos
contra la ordenación del territorio. Uno de ellos es el que ha rechazado
Territorio y Vivienda en un monte público de Albatera. El segundo, el
complejo del campo de golf de Algorfa.
El fenómeno de las grandes urbanizaciones a la sombra de un campo de golf
también presenta un pico significativo en la Marina Alta. En esta comarca
funcionan en la actualidad dos campos de golf, uno ubicado en Dénia y un
segundo en Xábia. No obstante, en los últimos meses, los promotores han
presentado proyectos en los términos de Pego, Ondara, Dénia, Sella y la
pequeña localidad de Sanet i Negrats. La avalancha de propuestas, con una
media de 1.500 viviendas, que en el caso de la última localidad implicaría
multiplicar por 10 su censo actual de apenas 500 habitantes, ha llevado a
las entidades cívicas de la comarca a constituir una plataforma para
canalizar el rechazo a estos nuevos proyectos urbanísticos.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Los promotores plantean reclasificar 50 millones de metros en Alicante
Una treintena de proyectos solicitan 150.000 segundas residencias
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
Colonizada, palmo a palmo, la costa y, en algunos casos, inclusive el
prelitoral, los promotores han puesto su punto de mira en el interior de la
provincia de Alicante. De norte a sur, apenas hay un término exento de
proyecto para recalificar suelo rústico, adquirido a bajo precio, para
edificar. De prosperar la treintena de iniciativas de mayor envergadura,
unos 50 millones de metros cuadrados, en muchos casos en plena huerta,
pasarían a albergar urbanizaciones de segunda residencia. El parque de
viviendas se incrementaría en 150.000, dirigidas a compradores de países la
Unión Europea. La fiebre urbanizadora que soporta el interior de Alicante se
remonta a finales de los noventa. La figura del agente urbanizador, recogida
en la todavía vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de
la Comunidad Valenciana, ha dado alas a los promotores. La norma permite al
promotor acaparar grandes extensiones de suelo rústico, adquirido a bajo
precio -entre 2 y 5 euros el metro cuadrado-, e impulsar Planes de Acción
Integral (PAI). El primer paso es el inicio de un expediente de
reclasificación del suelo. Iniciativa que los ayuntamientos, en general,
asumen si reparos.
De esta forma se han planteado ofertas no exentas de paradojas burocráticas
que, cronológicamente, en el caso de la provincia de Alicante, van desde la
iniciativa de un promotor, militante del PP de Callosa d'En Sarrià, para
urbanizar en pleno valle de Guadalest, hasta la curiosa oferta del Grupo
Ballester, que exhibe como reclamo publicitario el cartel del cantante Julio
Iglesias ante el Ayuntamiento de Benigembla. Ballester propone ceder al
municipio una montaña de 6 millones de metros cuadrados y 900. 000 euros a
cambio de la reclasificación de un millón de metros de suelo rústico para
levantar una urbanización con 1.500 viviendas y campo de golf en el valle.
El primer proyecto alentado por el alcalde, Juan Bautista Balaguer -quien
firmó un convenio con el promotor antes incluso de modificar el PGOU- ya ha
sido autorizado por la Consejería de Territorio y Vivienda. En breve,
320.000 metros cuadrados de la partida Ferraget acogerán una urbanización de
1.500 viviendas que triplicará la actual población del municipio de
Guadalest. En el municipio contiguo de Benimantell, en la partida de
Ondarella, Territorio y Vivienda también ha autorizado otro proyecto que
recalifica 270.000 metros cuadrados para levantar unas 250 viviendas. La
propuesta de la promotora vinculada a Julio Iglesias ha sido aprobada
inicialmente por la corporación, con lo votos a favor de los cinco ediles
del PP y dos del PSPV. El pleno que ratificó el convenio se celebró entre la
sonora protesta de un centenar de vecinos, informa Amanda Ortolá.
En los últimos cuatro años, las gerencias de Urbanismo de la mayoría de
municipios alicantinos han asistido a un permanente desfile de expedientes
para recalificar suelo rústico. Los proyectos más destacados por su
envergadura son los siguientes: Benasau, un millón de metros cuadrados en
plena huerta), al que el Ayuntamiento no ha respondido; Orxeta, un millón de
metros cuadrados en plena huerta, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento;
La Vall de Gallinera, 47.000 metros cuadrados en la partida la Solana; La
Vila Joiosa y Finestrat 1,5 millones de metros cuadrados en la partida
L'Almisserà, en fase de exposición pública; Biar, un millón de metros
cuadrados, pendiente de la ratificación de Territorio y Vivienda; San Joan
d'Alacant, 1, 5 millones de metros cuadrados en la partida Fabraquer, en la
franja prelitoral. El Ayuntamiento de San Joan aún no se ha pronunciado
sobre las ocho ofertas recibidas. La iniciativa supondría quintuplicar el
censo de la población. La lista se completa con actuaciones similares en
Sant Vicent del Raspeig, Agost, Rojales, Sella,Xixona y San Miguel de
Salinas.
A parte de las iniciativas en fase de tramitación en los Ayuntamientos, la
Consejería de Territorio y Vivienda ha rechazado por su negativo impacto
ambiental dos propuestas de reclasificación: en Villena 66.000 metros
cuadrados para construir 228 viviendas y un campo de golf, y otra en
Albatera, de 1,1 millones de metros cuadrados, para construir 1.440
viviendas y un campo de golf en un monte público. El departamento de Rafael
Blasco mantiene paralizados otros dos proyectos a la espera de una segunda
declaración de impacto ambiental: la Asonada Norte, en la costa de Orihuela,
de un millón de metros cuadrados para 3.150 viviendas y campo de golf,y el
plan de Los Llirets, en Benidorm, de 1,4 millones de metros cuadrados y mil
casas con campo de golf.
A lo largo de 2004, Territorio y Vivienda ha tramitado otros cinco proyectos
a los que exige correcciones o medidas compensatorias para obtener la
declaración favorable de impacto ambiental. Es el caso del proyecto de la
Serreta, en La Nucia, que prevé reclasificar 2,7 millones de metros
cuadrados para construir 3.600 viviendas y un campo de golf. Territorio y
Vivienda ha impuesto la regeneración del barranco y ha exigido el
cumplimiento de la normativa sobre suministro de agua y la construcción de
vivienda protegida. El segundo caso, el proyecto Río Algar, en Altea, prevé
reclasificar 1,6 millones de metros cuadrados para 5.750 casas y un campo de
golf. Territorio y Vivienda ha aprobado la declaración de impacto ambiental
a cambio de la regeneración del río Algar, la creación de un parque y la
protección de 4,6 millones de metros cuadrados en la sierra de Bernia.
El ímpetu urbanizador no sólo pretende dejar su huella en el interior, sino
que aún acosa a los escasos tramos vírgenes del litoral, entre ellos, el
enclave de la Llobella, en Benissa, único espacio sin construir en el
litoral entre Calp y Xàbia. El proyecto lo ejecutará el Ayuntamiento.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
6-02-2005
Acicate social para los alcaldes, desastre natural según los vecinos
S. N. - Alicante
Desde la óptica estricta del mercado, la avalancha de proyectos para
edificar en el interior está más que justificada. Los promotores no son
ajenos a la incesante demanda de vivienda de segunda residencia,
especialmente de compradores de los países más potentes de la Unión Europea.
Al crematístico argumento de los promotores se suman, sin ambages, los
alcaldes de las poblaciones afectadas. Los primeros ediles sostienen que las
nuevas urbanizaciones relanzarán las deprimidas economías locales. El
argumento esgrimido por los alcaldes es que el suelo rústico, casi siempre
destinado a cultivos en proceso de abandono, ya no rinde. Las urbanizaciones
se presentan como nuevo motor para reactivar la vida de sus poblaciones.
Aunque esa regla cuenta con dos excepciones. En Gata de Gorgos, el
socialista José Diego, ha paralizado un proyecto de reclasificación en la
Solana, y la alcaldesa de Dénia, la también socialista Francisca Viciano,
mantiene en suspenso las licencias en la costa. Ambos anteponen el principio
del crecimiento urbano sostenible al interés privado.
Los vecinos y propietarios, en general, también rechazan este modelo de
crecimiento. Éstos últimos, como en el caso de Bensau y Orxeta, llegan
incluso a acusar a los primeras autoridades locales de animarles a vender el
suelo a los promotores.
Al frente de empresarios y políticos locales se opone el de los colectivos
cívicos y ecologistas. Los colectivos cívicos rechazan el acicate social y
económico: "Los proyectos están fuera del sentido común y al margen de las
necesidades socioeconómicas de las poblaciones", comenta Dimas Montiel,
miembro de la plataforma contra los campos de golf de la Marina Alta. Los
ecologista refuerzan esa tesis y además abundan en el negativo impacto
ambiental de las futuras urbanizaciones si llegan a materializarse. Carlos
Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano,
asegura: "Todos estos proyectos son consecuencia del normativa urbanística
de la comunidad, la LRAU, que permite recalificaciones masivas de terreno y
al mismo tiempo desvirtúa y vacía de contenido los planeamientos urbanos".
Arribas añade: "A este paso los espacios naturales derivarán en parques
urbanos".
La postura de Territorio y Vivienda también es nítida: "Estamos poniendo
freno a la ocupación de suelo descontrolado en la provincia de Alicante",
afirma Rafael Blasco. "Sólo se autorizan ocupaciones de suelo que cumplen
las garantías ambientales", añade. El consejero resalta la puesta en marcha
del Fondo de Equidad Territorial para acentuar los mecanismos de control de
ocupación del suelo.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
5-02-2005
Los usuarios del Júcar-Vinalopó deben 21,6 millones por la obra
El convenio del proyecto se reabre para incluir la desalación
S. V. / E. M. - Valencia / Alicante
Los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó deben a la sociedad pública Aguas
del Júcar, SA, que ejecuta la obra, un total de 21.641.593,78 euros por las
actuaciones de los últimos años. El consejo de administración de la entidad,
en el que los usuarios están representados, acordó que saldarían la deuda
hasta el pasado 31 de enero. Ese día, certificaron el pago de 18.782,51
euros. "Hay un incumplimiento reiterado del convenio", critica Aguas del
Júcar. El convenio de Aguas del Júcar con los beneficiarios del trasvase,
que se unieron en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y
Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, se formalizó el 13 de julio de 2001.
Los usuarios se comprometieron a pagar el 32,61% del proyecto de la
transferencia, un total de 75 millones de euros -el resto lo aportan el
Estado y la Unión Europea-. A pesar de que la Junta Central logró un crédito
sindicado con nueve entidades financieras en marzo de 2003, hasta ahora no
había realizado ninguna aportación a Aguas del Júcar, controlada por el PP
durante la pasada legislatura. El pasado septiembre, los usuarios pidieron
que las facturas de cada año se saldaran a 31 de enero, una solicitud
aceptada por el consejo de administración, junto al compromiso de que a
finales del pasado mes ingresaran el total de las certificaciones
pendientes, por 21.660.376,29 euros (IVA incluido).
La deuda de la Junta Central se trató de nuevo en el consejo de Aguas del
Júcar el pasado 21 de enero, en el que los usuarios del trasvase aseguraron
el pago "salvo situación excepcional", indican fuentes de la empresa. Sin
embargo, el pasado 31 de enero, los usuarios del Vinalopó entregaron una
carta de pago por 18.782,51 euros, que corresponden a la primera
certificación de las obras en el tramo I del trasvase -el ingreso lleva
fecha del 2 de febrero-. El resto de la deuda sigue pendiente, lo que para
Aguas del Júcar supone "un incumplimiento reiterado del convenio". Entre las
facturas pendientes se incluyen aportaciones al proyecto básico, anterior a
la firma del convenio, por cantidades superiores a la entregada.
El presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, considera
que "este primer pago es una prueba fehaciente" de que se liquidará "todo"
con el crédito habilitado, según confirmó ayer, "a pesar de las dudas" en
torno al proyecto en los últimos meses, que comenzaron a despejarse en la
reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "El convenio no
se invalida por el hecho de retrasarnos en el pago, aunque se nos cobren
intereses", según Martínez, quien remitió a principios de año una carta a la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para que aclarara en qué
situación quedaba el proyecto Júcar-Vinalopó tras la sentencia del Tribunal
Supremo que anuló la transferencia. Los usuarios no han recibido
respuesta -el ministerio espera aclaraciones del alto tribunal-, a su juicio
"una razón de peso" que alteró el escenario del convenio. "La deuda se ha
generado básicamente en 2004" y está prevista en el presupuesto de este año
de la Junta Central.
La reunión en Alicante con el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, dejó
satisfechos a usuarios y regantes, ante la posibilidad de "abrir el convenio
para mejorar los volúmenes y alcanzar los objetivos previstos", comentó
Martínez. El convenio incorporará agua de desalación y depuradoras, y se
calculará de nuevo la financiación, con la intención de evitar subidas a los
regantes. Moragues aseguró que el Gobierno "jamás" ha planteado reducir los
80 hectómetros cúbicos de transferencia, aunque la comisión que ha revisado
el proyecto concluyó que son factibles una media de entre 12 y 62
hectómetros, a los que se añadirán recursos de desaladoras y
depuradoras.Moragues de desplazó a Alicante para "aclarar malentendidos" y
asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente "jamás" ha querido reducir los
80 hectómetros cúbicos previstos en el Plan de Cuenca del Júcar para
trasvasar al Vinalopó. "Conseguir esa cifra todos los años es muy difícil,
por eso debemos añadir nuevos recursos", dijo Moragues, quien recordó cómo
desde la década de los años ochenta la aportación media entre las dos
cuencas ha sido de 52 hectómetros. El trasvase se completará con depuración
y desalación. "Estas soluciones tecnológicas son más viables y fiables que
esperar a las precipitaciones", dijo Moragues.
"La propuesta, que se ha aceptado con alegría por todos, es abrir el
convenio para añadir nuevos recursos", dijo el presidente de la CHJ, que se
refirió tanto a las posibles transferencias del Júcar como a la
reutilización y depuración de aguas residuales o desaladoras. "Estamos ahora
mejor que antes del lunes", dijo convencido Martínez en referencia a la
inquietud que causó el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de
desvincular los usos urbanos costeros del trasvase. Moragues explicó que
tanto el campo como las localidades del Mitjà y Alt Vinalopó se abastecerán
del Júcar y en la costa, si se requieren recursos, habrá desaladoras. "El
agua de mar es más barata que aquella que no llega", dijo Moragues.
"Buscaremos que para los regantes se mantenga el precio y para los usos
urbanos sea asumible", comentó Martínez. La financiación queda "pendiente"
de estos ajustes.
Por su lado, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, reprochó,
también en Alicante, a la Generalitat el retraso en la modernización de
regadíos y las obras del postrasvase en el Vinalopó. Pla exigió al Consell
que "haga su parte" en el trasvase. El portavoz del Consell, Esteban
González Pons, reiteró que la Generalitat intentará "con toda la generosidad
que sea posible" que este trasvase y el del Ebro, ya derogado, se lleven a
cabo. En relación con el programa AGUA, el Consell denunció que su
aprobación "es un fraude de ley" porque altera las previsiones del PHN sin
haber sido sancionado por las Cortes.
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EL PAÍS – Andalucía
5-02-2005
La ministra de Medio Ambiente apoya los parques eólicos marinos
Narbona aboga por generar "mucha más energía renovable"
PEDRO ESPINOSA - Cádiz
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apoyó ayer el desarrollo de
los parques eólicos marinos en España como una alternativa idónea para
reducir el consumo de combustibles contaminantes. La posición de la ministra
contrasta con el rechazo social en la comarca gaditana de la Janda, donde
hasta tres empresas se han interesado por levantar instalaciones de este
tipo. Narbona explicó que España es un país "con un extraordinario
potencial" para reducir el consumo de combustibles contaminantes, "que
generan el cambio climático y perjudican la salud", y abogó por aprovechar
sus recursos naturales para producir energía limpias. Por este motivo, cree
que es necesario que se trabaje por conseguir "mucha más energía renovable"
de la que se tiene actualmente. En este contexto, situó los parques eólicos
marinos y afirmó que el Ministerio siempre respaldará y considerará
prioritaria "cualquier energía limpia que no contamine".
Algunos de los proyectos más desarrollados para ubicar un parque eólico
marino en España se encuentran en la provincia de Cádiz, concretamente en la
costa de Trafalgar. Sin embargo, los ayuntamientos afectados, Barbate, Vejer
y Conil, gobernados por PP, PSOE e IU, y los pescadores, entre otros
colectivos, los rechazan por entender que perjudicaría sus intereses
económicos y mermaría los recursos pesqueros.
Narbona realizó estas declaraciones tras firmar con la Junta de Andalucía y
18 ayuntamientos de la provincia de Cádiz un convenio para coordinar hasta
23 proyectos de abastecimiento de agua por una inversión total de 119,2
millones de euros que garanticen el suministro en una zona donde residen
900.000 personas.
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“Greenpeace”
5 de febrero de 2005
GREENPEACE ADVIERTE DEL RIESGO DE QUE GIBRALTAR SE CONVIERTA EN TALLER DE
REPARACIÓN DE SUBMARINOS NUCLEARES
Greenpeace denuncia que el Sceptre sería al menos el décimo submarino que
atraca en Gibraltar desde la guerra de Irak
Ante la reiterada presencia de submarinos nucleares en Gibraltar la
organización ecologista Greenpeace manifiesta su preocupación porque estas
escalas se repitan cada vez con más frecuencia, convirtiendo el Peñón en una
especie de astillero para submarino nucleares averiados.
El Estrecho de Gibraltar es una zona de intenso tráfico marítimo, y los
buques nucleares añaden un riesgo inaceptable ante la posibilidad de un
accidente o de un escape y suponen un riesgo inadmisible para la población
civil y el medio ambiente. Además el riesgo no se limita al Estrecho, ya que
los submarinos nucleares atraviesan en una u otra dirección el Mar
Mediterráneo.
Greenpeace ha denunciado que el Sceptre sería al menos el décimo submarino
nuclear que atraca en Gibraltar desde que comenzó la guerra de Irak. En
concreto, Greenpeace tiene conocimiento de la presencia en Gibraltar de los
siguientes submarinos, todos ellos de propulsión nuclear y capaces de
transportar armas nucleares:
· Febrero 2003. Durante los preparativos de la invasión de Irak son
fotografiados dos submarinos nucleares norteamericanos en la bahía.
· Abril 2003. Submarino británico HMS Turbulent, de la misma clase
que el Tireless.
· Junio 2003. Submarino norteamericano USS Hampton.
· Octubre 2003. Nuevamente el HMS Turbulent en Gibraltar.
· Mayo 2004. Submarino británico HMS Trenchant.
· Mayo 2004. Submarino británico HMS Sovereign.
· Julio 2004. Submarino norteamericano USS Albany.
· Julio 2004. Submarino británico HMS Tireless
La organización ecologista advierte que este listado puede ser incompleto, y
pueden haber llegado aún más buques nucleares.
Greenpeace ha organizado desde su página web (www.greenpeace.es) una
ciberacción en la que los ciudadanos pueden solicitar al Ministro de
Exteriores y al Embajador del Reino Unido en España la salida inmediata del
HMS Sceptre de Gibraltar.
“La presencia de estos submarinos, con reactores nucleares y armas atómicas
a bordo, en nuestros mares o en los puertos someten a la población y al
medio ambiente a riesgos graves e innecesarios. Por ello demandamos que se
prohíba la circulación de estos buques por el Mediterráneo, así como su
presencia en cualquier puerto, incluido Gibraltar”, ha declarado Juan López
de Uralde, Director de Greenpeace.
Para más información: Juan Lópezde Uralde, director ejecutivo de Greenpeace
España, 609.42.09.07
Prensa Greenpeace: Asensio Rodríguez, 609.50.39.74
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EL PAÍS – Cataluña
6-02-2005
El Gobierno catalán reactiva el plan de energía eólica
El proyecto permitirá alcanzar una producción mínima de 1.500 megavatios en
2007
ÁLVARO CORCUERA - Barcelona
Más de una década después de que se pusiera en marcha el primer parque
eólico de Cataluña en Roses (Alt Empordà), el Gobierno de la Generalitat
presentó ayer un "ambicioso" proyecto de implantación de este tipo de
energía renovable. El plan, dado a conocer por el consejero de Trabajo e
Industria, Josep Maria Rañé, y por el subdirector del Instituto Catalán de
Energía, Ignasi Nieto, permitirá alcanzar una potencia mínima de 1.500
megavatios (equivalente al consumo de unas 850.000 familias) en 2007,
objetivo fijado por la Generalitat para esta legislatura. "Este plan nos
permitirá recuperar el liderazgo en producción de energía eólica, porque hay
otras comunidades que nos han pasado por delante", aseguró Rañé, en
referencia a la baja producción de este tipo de energía en Cataluña, donde
tan sólo hay siete parques que generan 94 megavatios, de los más de 6.200
que se producen en España.
La Generalitat ha autorizado 29 parques eólicos, que generarán 915
megavatios. De ellos, dos ya se están construyendo: Serra de Rubió (Anoia),
con una potencia de 49,5 megavatios, y Tortosa (Baix Ebre), con 48,1. Un
tercero, de 29,9 megavatios y localizado también en Tortosa, comenzará a
levantarse este año. Otros 52 proyectos, que suman una potencia de 1.200
megavatios, están pendientes de la autorización administrativa.
La mayoría de estos proyectos estaban previstos desde hace años. Sin
embargo, no se ha avanzado en su construcción, ya que no tenían garantizada
la conexión a la red eléctrica para evacuar la energía producida. "Nos hemos
encontrado con proyectos autorizados de más de 800 megavatios, pero ni las
evacuaciones estaban claras ni todos los promotores estaban de acuerdo",
resumió Nieto.
A diferencia de otras zonas de España, el mapa eólico catalán presenta una
complicación: la diversidad de promotores para un mismo parque, cuando, por
ley, sólo puede haber una línea y un punto donde volcar la energía
producida. Ello había sido un obstáculo insalvable para las empresas
promotoras, incapaces de llegar a acuerdos para compartir costos, según
fuentes de la Generalitat.
Rañé aseguró ayer que, después de hablar con las partes
implicadas -promotoras y eléctricas, Red Eléctrica Española y los municipios
afectados-, la Generalitat "ha desencallado el problema". La clave para
desbloquear el plan ha sido, según el Gobierno, la apuesta por compartir
infraestructuras y la señalización de los puntos de conexión a la red.
Además el consejero aseguró que la Generalitat no descarta intervenir si
"una empresa con autorización no quiere construir la central", para impedir
que los planes queden paralizados.
Los proyectos de implantación de los parques se han agrupado en seis áreas
geográficas (Terra Alta, Baix Ebre, Les Garrigues, Alta Anoia, Conca de
Barberà y Alt Empordà) que cumplen tres requisitos fundamentales: están en
zonas donde sopla el viento, el impacto ambiental es el mínimo posible y
tienen garantizado un punto de evacuación a la red electrica.
El plan presentado ayer no pretende sólo alcanzar los 1.500 megavatios
fijados por la Generalitat para esta legislatura, sino que, según el
Gobierno, "crea las condiciones para llegar al objetivo de 3.000 megavatios
de energía eólica en 2010". Se logre o no, no será suficiente para cumplir
con el 12% de energía renovable que recomienda la Unión Europea. Las
energías limpias suponen hoy apenas el 2,5% en Cataluña.
Parques eólicos en el mar
Siguiendo el ejemplo de Dinamarca, país líder en la implantación de parques
eólicos en el mar, Nieto defendió la idea de que Cataluña disponga de este
tipo de instalaciones en el futuro. El subdirector del Instituto Catalán de
Energía reconoció que, según los estudios que se han llevado a cabo, "el
delta del Ebro el único lugare" donde se pueden colocar molinos.
Nieto explicó que la profundidad máxima para instalar un molino en el mar ha
de ser de 20 metros, por lo que la mayor parte del litoral quedaría
descartada al quedar dicha profundidad demasiado cerca de la costa, lo que
causaría un gran impacto medioambiental.
Según los estudios preliminares, el parque eólico que podría construirse en
el delta del Ebro generaría 400 megavatios. Los molinos se instalarían a lo
largo de entre cinco y ocho kilómetros de costa. Nieto admitió que su
elevado coste, del "50% más que los construidos en tierra", aconseja
priorizar éstos. Rañé, por su parte, puntualizó que para que el proyecto del
delta prospere se han de hacer antes muchos estudios, entre ellos
medioambientales, y se ha de contar con la autorización del Gobierno
central, que tiene competencias sobre la costa.
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EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
ENTREVISTA: ODÓN ELORZA Alcalde donostiarra
"San Sebastián no irá por libre en la gestión de las basuras"
M. O. - San Sebastián
Pregunta. ¿Qué tiene que pasar para resolver el problema de las basuras?
Respuesta. Reconozco que las mancomunidades y la Diputación tienen una
amplia mayoría para desarrollar su proyecto de incineradora sin que yo pueda
hacer administrativamente casi nada por impedirlo. Sólo espero una relectura
del Plan de Residuos y analizar a fondo una solución distinta a la
incineradora. Pido una oportunidad para el diálogo y que se abra un estudio
serio sobre la biometanización de las basuras.
P. ¿Y si no logra acuerdos para impulsar la biometanización?
R. Soy consciente de que si las mancomunidades perseveran en el error de la
incineradora y la Diputación tramita el expediente urbanístico, el gobierno
de la ciudad sólo podría presentar alegaciones y mostrar de forma civilizada
y democrática su oposición. Somos conscientes de que en la fase final la
concesión de la licencia de actividad es un acto reglado, con lo cual el
alcalde no podría negarse a concederla so pena de incurrir en prevaricación.
P. ¿Por qué la biometanización?
R. La apuesta de muchas ciudades españolas y europeas va por la vía de la
biometanización y el compostaje, todo ello tratando de reducir al máximo el
rechazo utilizando sistemas de valorización energética, como la pirólisis,
la gasificación, la combustión en cementeras o el depósito de esos
materiales estabilizados en vertederos. Hoy hay proyectadas 24 plantas de
biometanización en España. Además, hemos llegado a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Barcelona para estudiar otras fórmulas de valorización
energética que no sean la incineración.
P. Le han criticado que la biometanización genera olores.
R. He visitado ocho plantas y eso es falso. No hay olores fuera de las
instalaciones. También me han acusado de pretenden llenar Guipúzcoa de
vertederos malolientes. Eso es actuar de mala fe, porque sólo irá a esos
depósitos un material tratado previamente, por tanto inerte y que no provoca
olores.
P. Más críticas. ¿Por qué ha propuesto como emplazamiento Aritzeta si antes
no valía para la incineradora?
R. No es la ubicación más adecuada. Son más interesantes las otras dos:
Zubieta y otra tercera que mantenemos en secreto para no enseñar todas las
bazas. Si es el precio a pagar para que no sea incineradora, sino una planta
de biometanización, yo estoy dispuesto a pagarlo.
P. ¿Si las mancomunidades y la Diputación rechazan la biometanización,
estaría dispuesto el Ayuntamiento a gestionar en solitario las basuras de la
ciudad?
R. No, sería una barbaridad. Cada localidad no se puede resolver su
problema. San Sebastián no puede ir por libre.
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EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
ENTREVISTA: LUIS MARÍA OYARBIDE Diputado de Desarrollo Sostenible
"La biometanización necesita vertederos o una incineradora"
M. O. - San Sebastián
Pregunta. ¿Cómo se ha recibido en la Diputación la propuesta del alcalde?
Respuesta. Estamos dispuestos a estudiarla y trasladarla a las
mancomunidades para que la valoren y determinen si tiene encaje en el Plan
de Residuos de Guipúzcoa. Siempre hemos estado abiertos a conocer otras
propuestas en detalle.
P. ¿Qué pasos habría que dar para llegar a un entendimiento?
R. Hemos hecho todo lo posible, desde incorporar a San Sebastián a la
comisión de seguimiento hasta esperar que Elorza nos presentara su solución.
Todos tenemos que hacer esfuerzos, pero la Diputación ha demostrado su
voluntad de acuerdos.
P. ¿Por qué se oponen a la biometanización?
R. La propuesta del alcalde es una solución parcial para tratar los
residuos. No conocemos la solución global que plantea, cómo resuelve el
problema de los materiales que rechaza la planta de biometanización, si van
a un vertedero o a una incineradora.
P. ¿Por qué es peor la biometanización que la incineración?
R. La biometanización no cierra el problema de las basuras. En la gestión de
los residuos, sólo hay dos soluciones de cierre: la incineración o el
vertedero. Toda planta de biometanización necesita un vertedero o una
incineradora para recibir todos los rechazos que deja la biometani-zación.
Hoy no hay otras alternativas.
P. ¿Sería posible una solución intermedia, biometanización más incineración?
R. Esta opción fue descartada porque no aporta mejoras sustanciales para
justificar los esfuerzos que conlleva: mayor ocupación de terreno, costes
más elevados,... En cualquier caso, estamos dispuestos a reestudiar esas
cuestiones.
P. ¿Es negociable la propuesta del alcalde donostiarra?
R. Se valorará con buena voluntad.
P. ¿Siguen las mancomunidades firmes en su idea de construir una
incineradora?
R. Sí. Apuestan por reciclar y compostar el 42% de las basuras y llevar el
resto a una incineradora.
P. ¿No se ha replanteado la incineración en el seno de San Marcos?
R. No me consta.
P. ¿Si se llega al bloqueo absoluto, se plantea la Diputación tramitar el
expediente de la incineradora en contra de la voluntad de Elorza?
R. Eso es posible, pero la Diputación siempre ha preferido el acuerdo. Pero
si no se encuentran soluciones y el problema se hace más acuciante, no
podremos quedarnos de brazos cruzados.
P. ¿Podría trasladarse la incineradora a otro emplazamiento como Zubieta si
con ello se aumentan los consensos?
R. Zubieta es una de las ocho ubicaciones válidas. Si la acepta la
corporación donostiarra, la Diputación no pondrá pegas al respecto.
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EL PAÍS – País Vasco
6-02-2005
Una situación insostenible
Guipúzcoa carece de una solución para sus basuras a dos años del cierre del
vertedero que almacena el 50% de todos sus desechos
M. ORMAZABAL - San Sebastián
Guipúzcoa no sabe qué hacer con las 400.000 toneladas de basuras que genera
cada año. Esta ingente producción de residuos urbanos valdría para llenar
dos veces el estadio de Anoeta. Hoy se almacenan en cuatro vertederos cuya
vida útil se acaba. ¿Qué pasará entonces, el próximo año, por ejemplo,
cuando se cierre definitivamente el basurero de San Marcos, que recibe más
del 50% de los desechos de la provincia? Es un aviso muy peligroso para
350.000 guipuzcoanos (los habitantes de San Sebastián y nueve municipios de
su entorno), que a finales de 2006 no tendrán dónde depositar sus residuos
domésticos.
La situación es insostenible, como han repetido tanto los ayuntamientos,
agrupados en mancomunidades, como la Diputación. La cuenta atrás comenzó
hace mucho tiempo. Al constatar que los principales vertederos se hallaban
al límite de su capacidad, la institución foral emprendió la redacción de un
Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado finalmente en
diciembre de 2002 y luego ratificado por todas las mancomunidades. Dicho
plan apuesta por minimizar la generación de basuras, elevar al 40% la tasa
de reciclaje, alcanzar las 22.000 toneladas anuales de compostaje y, en
último término, tratar los desechos restantes mediante su "valorización
energética" (incineración).
Tras fracasar el proyecto de construir una incineradora en Urnieta, dada la
fuerte contestación vecinal y del propio Ayuntamiento, las mancomunidades y
la Diputación encargaron un estudio sobre ocho ubicaciones. De entre ellas,
en julio de 2004 se eligió la parcela de Aritzeta, en San Sebastián, como la
idónea para albergar la planta que quemaría las basuras de toda la
provincia, salvo las de los municipios del Txingudi (Irún y Hondarribia),
que acordaron construir su propia incineradora. Esta última planta, con
capacidad para quemar 52.000 toneladas, podría entrar en funcionamiento en
2008.
Para el resto del territorio, la incineradora de Aritzeta, que ocupará una
superficie de 7,5 hectáreas, prevé recibir 275.000 toneladas anuales durante
sus 20 años de actividad máxima. Tanto mancomunidades como Diputación
consideran que las incineradoras dotadas de tecnologías modernas son
"totalmente seguras para el medio ambiente y la salud" y están "recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud" para eliminar los residuos
domésticos. Estas instituciones tienen a todos los colectivos ecologistas y
a los partidos EB y Aralar en contra. El alcalde donostiarra, Odón Elorza,
también se opone en redondo a poner en marcha lo que ha denominado como "un
gran artefacto con una enorme chimenea que despide dioxinas y furanos" en
los terrenos de Aritzeta, a dos kilómetros del centro de la ciudad. Tras
realizar un "cursillo intensivo" sobre el tratamiento de residuos y visitar
ocho incineradoras y otras tantas plantas de biometanización, Elorza ha
solicitado que se estudie a fondo esta última opción, consistente en separar
la basura orgánica y fermentarla en unos grandes digestores para obtener un
biogás rico en metano que sirve para generar electricidad. El rechazo de
materia orgánica resultante -un 70% según la Diputación o un 50% según el
alcalde-, llamado "biorresiduo estabilizado", se envía a vertederos o a una
incineradora.
Los detractores de la biometanización sostienen que genera muchos olores en
el entorno, ocupa más suelo y produce un mayor impacto visual que una
incineradora y no admite usos residenciales en sus proximidades. Quienes se
oponen a la incineración, entre ellos un numeroso colectivo de médicos,
aseguran que este sistema incide gravemente en la salud de la población
cercana.
Cualquiera de las dos opciones requiere de cuatro a seis años para su puesta
en funcionamiento, un plazo que los guipuzcoanos ya no se pueden permitir.
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segunda parte:
1 "Ecologistas en Acción de Andalucía"
6 de febrero de 2005
DOCUMENTO BASE DE CONSTITUCIÓN DE LA “MESA ANDALUZA POR LA SUSTITUCIÓN DE
LAS FUMIGACIONES AÉREAS”
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"Ecologistas en Acción de Andalucía"
6 de febrero de 2005
DOCUMENTO BASE DE CONSTITUCIÓN DE LA “MESA ANDALUZA POR LA SUSTITUCIÓN DE
LAS FUMIGACIONES AÉREAS”
MONTILLA 29 DE ENERO DE 2005
La “Mesa Andaluza por la Sustitución de las Fumigaciones Aéreas”
Reunidos en Montilla, hoy sábado 29 de Enero representantes de Productores
Ecológicos, Ecologistas en Acción-Andalucía, representantes de asociaciones
integradas en Plataformas contra las fumigaciones aéreas y personas a título
individual procedentes de Sierra de Segura, Alpujarras y Valle de Lecrín,
Campiña de Córdoba, Sierra Morena, Axarquía, Sierra Sur de Jaén y Castril,
como afectados por diversas causas constituyen la “Mesa Andaluza por la
Sustitución de las Fumigaciones Aéreas”. El objetivo de esta mesa será
promover en Andalucía Sistemas de protección de cultivos agroecológicos que
siendo respetuosos con el medio, sean compatibles con la Agricultura
Ecológica y la población rural. El presente, se configura como documento
base de partida donde se expone la problemática existente y propuestas para
un futuro más sostenible en Andalucía.
Las Fumigaciones Aéreas del olivar en Andalucía
Las actuaciones promovidas por las Administraciones Públicas para el control
de la mosca del olivo a través de fumigaciones aéreas con insecticidas
químicos como el dimetoato poseen cada día más inconvenientes que ventajas
debidos a los cambios que se están produciendo en el mundo rural, estando en
contradicción con gran parte de las normativas de derechos sociales y
medioambientales tanto europeas, como nacionales e incluso regionales.
El programa de fumigaciones aéreas en Andalucía afecta a 900.000 has de los
1,4 millones de has existentes donde se realizan entre 2 y 3 tratamientos
anuales con un gasto aproximado total de 200.000 litros de pesticidas al año
(fundamentalmente dimetoato- insecticida organofosforado tóxico para el ser
humano e importante impacto negativo sobre el medio ambiente) y un coste
aproximado de 2.400.000 euros
Las repercusiones sobre el medio ambiente, la salud de las personas que
habitan las zonas fumigadas, los cultivos ecológicos, la ganadería, la
apicultura, el turismo rural, etc., son evidentes, han sido reconocidas por
la UE y obligan a que realicemos una importante reflexión para poder hacer
compatibles todos los intereses legítimos.
Por qué el sistema aéreo es el menos indicado para el objetivo marcado
La única “ventaja” del sistema aéreo es la rapidez en el intento de control
de la plaga.
Para que se pueda producir un tratamiento se deben de cumplir las
condiciones climatológicas ideales de estabilidad atmosférica y viento
inferior a 2 m/s. Estas condiciones no son cumplidas estrictamente, sobre
todo en las zonas de orografía accidentada, carentes de anemómetros y con
sistemas de vientos locales complejos y variables a lo largo del día.
Para realizar un tratamiento, deben de ser las ATRIAs (a través de sus
técnicos de control de poblaciones de las plagas) las que planifiquen
adecuadamente las fechas y horas de fumigación e informen a las poblaciones
de los efectos del dimetoato sobre la salud de las personas y los cultivos
(períodos de carencia). Esto último muchas veces no se hace y hasta ahora
viene sucediendo en algunas zonas que, debido a la falta de pilotos y
aeroplanos, las fumigaciones se hacen fuera del tiempo. Así ocurrió a
finales de Noviembre de 2001 en Encinasola, con la campaña de recolección
comenzada, cuando se habían detectado poblaciones altas de mosca en el mes
de Septiembre. Además, la creación de las ATRIAS no es todo lo transparente
que debiera porque en algunas zonas la mayor parte de los agricultores no
sabe que han sido incluidos en éstas y el sistema de autocontrol de las
propias ATRIAs a través de las Delegaciones de Agricultura y la empresa
estatal TRAGSA, deja mucho que desear a decir por las incidencias que se
producen y no salen a la luz pública.
Debido a la altura que obliga la orografía del terreno a volar a las
avionetas teóricamente hasta 30 m, la velocidad de las mismas (160 Km/h), y
el posible viento, se pueden producir “derivas” del insecticida de más de
150 m, por lo que la normativa existente obliga a dejar una distancia de
seguridad de 100-150 m de las zonas que no deben ser fumigadas y que son las
siguientes:
- Núcleos poblados
- Cursos de agua, embalses, zonas de marismas y lagunas
- Espacios o parajes naturales protegidos
- Masas forestales
- Zonas de huertas
- Zonas de olivar ecológico
Ello supone que no se prohíbe fumigar, y de hecho se fumigan, viviendas
habitadas aisladas en el medio rural (muy abundantes en algunas de las zonas
tratadas). Pero además, las fumigaciones no cumplen las mencionadas
condiciones. En bastantes áreas de las zonas tratadas, la orografía fuerza a
las avionetas a volar realmente hasta más de 50 m, con lo que la distancia
de seguridad de 100 a 150 m es aquí insuficiente.
Todos los Parques Naturales que poseen olivar son fumigados cada año. Los
pilotos no tienen en cuenta los cauces de arroyos o canales, ni la ganadería
que pasta en algunos olivares en esas fechas, ni las zonas arboladas que se
encuentran entre los olivares, ni las huertas y otros cultivos entre los
olivos (intercalados o en parcelas limítrofes) que son incluso más
importantes que los olivos en algunas áreas. Las ATRIAs para tratar
exclusivamente la mosca del olivo de sus asociados están fumigando
sistemáticamente muchas parcelas sin olivar y otros cultivos, tanto de sus
asociados como de otros empresarios, próximos o intercalados a los olivos
incluidos en el plan de tratamiento. La población y los agricultores no son
informados de que el dimetoato puede llegar a ser fitotóxico a las
concentraciones de las fumigaciones aéreas y muy tóxico para el ser humano,
tanto por contacto directo como por ingestión de hortalizas y frutas criadas
entre olivares, que son cosechadas y puestas a la venta sin respetar ningún
período de carencia (plazo de seguridad).
En la campaña de 2004 ha habido personas intoxicadas en varias zonas
tratadas (alteraciones nerviosas y reacciones alérgicas inmediatamente
después de haber sido sobrevoladas por avionetas fumigadoras) pero con los
mecanismos instituidos les es prácticamente imposible demostrarlo
oficialmente incluso a pesar de disponer de los partes médicos
correspondientes. Las avionetas han creado un nuevo tipo de tensión social
(entre partidarios y detractores, sean o no agricultores).
En algunas de las zonas tratadas es ya importante la actividad de turismo
rural, sobre todo informal, que está siendo afectada negativamente por las
fumigaciones aéreas.
Si la normativa se cumpliese estrictamente, sólo se podría tratar con
avionetas en zonas de campiña con olivar intensivo en grandes explotaciones
o en masas compactas ya que de otra forma es objetivamente imposible evitar
daños colaterales.
Debido al marco de plantación irregular de los olivares, especialmente en
zonas con pendientes, con el sistema de fumigaciones aéreas más del 35% del
insecticida no cae sobre el olivo sino sobre el suelo, lo que produce un
impacto importante sobre la biodiversidad edáfica en el momento de la
fumigación y con las posteriores lluvias. En las zonas con pendientes, la
estructura parcelaria es muy irregular y se intercalan entre zonas de
matorral y arroyos que también son fumigadas, con lo que la fauna también
recibe el impacto visiblemente. En éstas zonas, la orografía obliga a volar
a veces hasta más de 50 m del suelo, con lo que más del 25% del producto se
puede quedar en suspensión en el aire y llegar muy lejos de la zona donde
teóricamente debiera haber caído. Además, son muy abundantes los olivareros
que siguen fumigando desde tierra a pesar de que también lo hace la
avioneta. Estos condicionantes rompen los principios marcados por la
sostenibilidad como son el “Residuo 0” y “Riesgo 0”.
La eficacia de las fumigaciones aéreas para el control de la mosca en años
con veranos suaves y poblaciones altas de mosca han demostrado que no son
eficaces, como el caso del verano de 2001: en algunas zonas con 4 ó 5 vuelos
se produjo un índice de picada de más del 35%.
Si bien las administraciones públicas suelen exponer en sus documentos el
tratamiento aéreo como más sostenible que los terrestres, esta afirmación se
basa en el postulado erróneo de comparar los gastos de insecticida en el
caso aéreo, con una fumigación terrestre en la totalidad de superficie de
olivar por parte de los agricultores. Esto no sería correcto debido a que
los agricultores han modernizado en gran medida sus sistemas de control de
plagas utilizando el sistema de “parcheo” que consiste en fumigar la parte
sur de uno de cada 16 olivos, por lo que para hacer la comparación
correctamente habría que dividir por 16 los gastos contemplados para
fumigaciones terrestres. Si hacemos esta comparación podremos ver que los
gastos de producto pueden llegar a ser incluso menores en los tratamientos
terrestres dependiendo del marco de cultivo del olivar en cuestión.
La peligrosidad de estos tratamientos es muy alta también para los pilotos
debido a las formas tan accidentadas de los terrenos a fumigar y a que el
dimetoato puede provocar desorientación, habiéndose producido accidentes
mortales como el del pasado verano de 2004 en la Sierra de Cádiz.
El Dimetoato
El dimetoato es un plaguicida de la familia de los organofosforados, que son
responsables de casi el 80% de las intoxicaciones por plaguicidas que
requieren atención médica y soporta la cifra del 1 % de mortalidad por
intoxicaciones accidentales (Barranco y col., 1999). A esta misma familia
pertenece también el triclorfón.
Los organofosforados aparecieron como alternativa a los organoclorados,
plaguicidas como el tristemente famoso DDT, que presentan una baja toxicidad
pero que permanecen durante mucho tiempo sin destruirse, tanto en el medio
ambiente como en el interior de los animales, ya que se acumulan en los
tejidos adiposos (las grasas) y permanecen durante mucho tiempo1. Por el
contrario, los organofosforados se destruyen con relativa facilidad, aunque
esto depende del medio donde esté (Tabla 1). El plazo de seguridad del
dimetoato es de unos 60 días según la etiqueta del producto (Oñate, 2001) y
presentan un alto grado de toxicidad, que analizaremos a continuación.
Tabla 1. Vida media2 del dimetoato en diferentes medios
MEDIO TIEMPO (Días)
Suelo condiciones aeróbicas 2
Suelo condiciones anaeróbicas 22
Medio acuoso (PAN) 68
Medio acuoso, pH 2-7 (OMS) Relativamente estable
Medio acuoso, H 9 (OMS) 12
Interior vegetales 2-5
Fuentes: OMS, 2003. PAN, 2003.
El dimetoato es además una plaguicida sistémico, es decir, es absorbido por
las plantas e introducido en el sistema vascular de los vegetales, actuando
tanto en los insectos chupadores como sobre las personas que ingieren el
alimento, aunque éste sea previamente lavado (López, 2003); a este respecto,
en un estudio de la OMS se detectó dimetoato en 358 alimentos de las 6391
analizados (más del 5%) a pesar de no ser supuestamente un plaguicida
persistente (OMS, 2003), ni todas las muestras recibir este pesticida. La
Organización Mundial de la Salud lo clasifica en la Categoría 11 en función
de su toxicidad, es decir, "moderadamente peligroso" (LD50 ratas: 310
mg/kg3) por vía respiratoria, digestiva y a través de la piel.
Efectos del dimetoato sobre la salud
Los compuestos organofosforados presentan como efecto tóxico característico
la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, es decir, que impiden el
funcionamiento normal de las células nerviosas (neuronas) provocando la
muerte en animales en dosis letales. Estos compuestos en general y el
dimetoato en concreto presentan una serie de síntomas por intoxicación que
pueden aparecer de forma aislada o secuenciada.
En primer lugar, una exposición al producto puede producir una intoxicación
aguda debida al contacto por cualquiera de las vías de absorción
(principalmente por vía respiratoria) y que da lugar a una serie de
manifestaciones (llamadas "manifestaciones colinérgicas"), que incluyen
vómitos (síntomas muscarínicos), contracciones musculares involuntarias,
temblor, debilidad (síntomas nicotínicos), mareo, desvanecimiento, parálisis
respiratoria (afección del sistema nervioso central). Además pueden
presentarse daños graves en los tejidos por los que es absorbido el tóxico,
como en las vías respiratorias (necrosis laríngea, pulmonar, etc); estas
manifestaciones se dan en las primeras horas de contacto con el dimetoato
(Barranco y col, 1999).
Entre el día siguiente y el cuarto día, puede darse el llamado síndrome
intermedio debido a la persistencia de la inhibición de la
acetilcolinesterasa, pues aunque el tóxico desaparezca, sus efectos
continúan activos y que se manifiesta por una insuficiencia respiratoria d e
aparición brusca (debilidad del os músculos pulmonares) afectando también a
algunos nervios craneales (regulan la actividad de músculos involuntario s)
y a los músculos flexores proximales de la nuca y las extremidades
(debilidad en la nuca y extremidades).
De una a tres semanas más tarde se puede producir el síndrome tardío, que se
presenta en forma de calambres, sensación de quemadura y dolor sordo o
punzante en pantorrillas, tobillos y pies, debilidad en músculos de las
extremidades inferiores, disminución de sensibilidad en extremidades
inferiores y en menor medida en las superiores; también puede presentar
parálisis que afecta a todos los miembros.
La exposición crónica puede derivar en dermatitis, estomatitis, asma
bronquial, polineuropatía, depresión, pérdida de la capacidad para la
concentración y reacciones esquizoides. Además, se han observado otros
síntomas del tipo necrosis traqueobroncoidal, edema agudo de pulmón,
pancreatitis aguda, necrosis centrolobulillar, fallo hepático fulminante,
necrosis estomacal, disfunción renal, fiebre, hiperglucemia y leucocitosis
(Organización Panamericana de la Salud/OMS, 1998). Un resumen de los
síntomas principales se ofrece en la Tabla 2.
Tabla 2. Resumen de los efectos del DIMETOATO sobre la salud humana.
Intoxicación Síndrome Toxicidad
Intoxicación aguda Síndrome Intermedio Neuropatía retardada
Toxicidad Crónica
Inicio 0 h 24-96 h 8-21 días Largo Plazo
Posibles efectos Síndrome colinérgico: dolor de cabeza, mareo,
palidez, calambres, debilidad, parálisis, confusión, somnolencia,
convulsiones, coma. Insuficiencia respiratoria. Debilidad y parálisis
nervios craneales. Debilidad muscular. Calambres, disminución sensibilidad
en extremidades, debilidad músculos, atrofia muscular, parálisis
Otros posibles efectos a largo plazo (efectos estocásticos) Defectos
de nacimiento, disminución en la capacidad reproductiva, cáncer, alteración
hormonal
Fuente: Barranco y col., 1999. González, 1999.
El dimetoato está incluido en la lista de plaguicidas señalados por el
Comité de Expertos en Disrupción Endocrina de la Unión Europea como
sospechoso de disrupción endocrina (Ole a, 2001), que son sustancias que
alteran el funcionamiento hormonal normal del organismo; en la página web de
la "Pesticide Action Network" se recopilan algunos datos sobre los efectos
del dimetoato que apuntan a efectos sobre la capacidad reproductora
(reducción de la misma en ratones y conejos), a capacidad para alterar el
ADN (declarado de efectos mutágenos por la Organización Mundial de la Salud
en 1989), teratogenicidad (defectos de nacimiento en experimentos en gatos y
perros, así como un a posible relación entre defectos en niños en la región
agrícola de Rancagua (Chile» y cáncer (clasificado como posible carcinógeno
humano por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU) (Pesticide Action
Network, 2002).
Por último, hay que señalar que el dimetoato, al degradarse en el medio
ambiente o en el cuerpo humano, puede dar lugar a compuestos más peligrosos
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