Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 EL PAÍS
4-02-2005
Una auditoría revela que las empresas públicas no cumplen leyes ambientales
2 “Expansión”
4 de febrero de 2005
Las eléctricas gastan en enero el 14% de sus emisiones de CO2
3 EL PAÍS
4-02-2005
La política de transportes y las acacias del Retiro
4 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
4-02-2005
El Gobierno anima al Consell a pagar el trasvase Júcar-Vinalopó
5 “Ecologistas en Acción de Cádiz”
4 de febrero de 2005
Ecologistas en Acción denuncia un sondeo en el acuífero de Grazalema para
abastecer a Puerto Serrano mientras proliferan los campos de golf en la
campiña
6 “Diario del Alto Aragón”
4 de febrero de 2005
Un juicio decidirá el futuro de Yesa
7 EL PAÍS – Andalucía
4-02-2005
Comienza el estudio epidemiológico con los ex empleados de la FUA de Andújar
8 “Greenpeace”
4 de febrero de 2005
Lanzamiento de la campaña de desarme nuclear de Greenpeace
9 EL PAÍS - Andalucía
4-02-2005
Iberdrola consigue la autorización definitiva para la térmica de Arcos
10 EL PAÍS – Andalucía
4-02-2005
La estación de esquí de Sierra Nevada no podrá ampliarse, según la ministra
de Medio Ambiente
11 EL PAÍS – Andalucía
04-02-2005
El Ayuntamiento de Cazalilla desafía la ley y lanza una pava desde el
campanario para cumplir con una polémica fiesta
12 “Ecoestrategia”
3 de febrero de 2005
EL GOBIERNO ESPAÑOL RATIFICA EL CONVENIO DE AARHUS
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EL PAÍS
4-02-2005
Una auditoría revela que las empresas públicas no cumplen leyes ambientales
AENA y GIF copan las vulneraciones cometidas antes de 2002, según el
Tribunal de Cuentas
F. M. - Madrid
El cumplimiento por las empresas públicas de las obligaciones legales
relacionadas con el impacto medioambiental al promover obras fue "bastante
deficiente" entre 1998 y 2002, si bien desde 2000 mejoró al trasponerse
directivas comunitarias, según un informe del Tribunal de Cuentas. Entre las
obras públicas que vulneraron dichas exigencias destacan la ampliación del
aeropuerto de Madrid Barajas y la línea del AVE Madrid-Lleida. El informe
concluye que, en general, los proyectos de las empresas estatales sometidos
a evaluación de impacto medioambiental que incluían medidas protectoras,
correctoras o compensatorias, "no se ha acreditado debidamente que se hayan
adoptado todas las medidas propuestas y exigidas en las correspondientes
declaraciones de impacto ambiental".
Otra crítica que formula el tribunal es que los gastos medioambientales
realizados por las empresas estatales "se han limitado en la mayoría de las
ocasiones a los originados por la elaboración de los estudios de impacto
ambiental previos a la aprobación de los proyectos". El informe añade que
las empresas no realizaron "otros gastos de naturaleza medioambiental que
consten de una manera diferenciada como destinados a la aplicación de
medidas protectoras, correctoras y compensatorias".
Prueba tal opacidad el hecho de que las cuentas anuales de 2002 de las
empresas estatales no recogen, con carácter general, información detallada
de los aspectos medioambientales. Por ello, el Tribunal de Cuentas
recomienda que "las empresas estatales antes de la aprobación definitiva de
sus proyectos de obras, ampliaciones y modificaciones deberían someterlos en
todos los supuestos a la consideración del órgano medioambiental
competente".
En este sentido, el informe cita a la empresa Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), que debe solicitar la declaración de impacto
ambiental para todas las obras que realice en los aeropuertos. Sin embargo,
de 18 importantes proyectos en otros tantos aeródromos, "sólo tramitó el
expediente de impacto medioambiental que corresponde a las obras de
ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas".
El informe destaca que las cuenta de AENA no proporcionan información sobre
cumplimiento de las previsiones de gastos por tal concepto. "En todo caso,
AENA no cumplió la obligación de constituir el fondo para el plan de
aislamiento acústico de las viviendas con un mínimo de seis millones anuales
hasta la finalización de las obras", añade.
AENA es también objeto de reproche por no haber enviado a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente
documentación diversa (programa de suelos contaminados, recuperación
medioambiental e integración paisajística, medidas de compensación sobre la
cuenca de los ríos Jarama y Henares, entre otras).
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) recibe críticas sobre las
obras de la línea de AVE Madrid-Lleida. El informe constata que no había
nada que objetar del trazado elegido, siempre que la construcción cumpliese
las medidas protectoras, correctoras y de integración medioambiental
aprobadas por Medio Ambiente. El programa de vigilancia ambiental preveía la
remisión de informes para acreditar su cumplimiento. Sin embargo "el GIF no
ha remitido el programa de vigilancia medioambiental por lo que no se ha
podido comprobar si su contenido se ajustaba al condicionado de la
declaración de impacto".
La Dirección General de Política Ambiental requirió información al GIF sobre
niveles sonoros previstos, ubicación de vertederos y otros posibles
trazados. "El GIF no ha aportado ningún informe o documentación para
acreditar cómo fue atendida esta solicitud". Y se citan omisiones sobre
reconocimientos de yacimientos arqueológicos, protección de fauna o
reducción de ruidos.
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“Expansión”
4 de febrero de 2005
Las eléctricas gastan en enero el 14% de sus emisiones de CO2
Los datos del primer mes de vida del Plan Nacional de Asignación (PNA) de
emisiones contaminantes no son muy alentadores. La fuerte demanda energética
en enero ha disparado la utilización de las centrales térmicas, que utilizan
gas, carbón y petróleo para producir electricidad. Como consecuencia, esas
plantas han lanzado a la atmósfera más de diez millones de toneladas de
dióxido de carbono (CO2), cantidad que equivale al 14% de los derechos de
emisión que tienen las generadoras eléctricas de la Península para todo
2005.
A ese ritmo, el sector emitiría 120 millones de toneladas de CO2 en el
ejercicio, cuando tiene 75 millones de toneladas asignadas en el PNA. Los
propietarios de las centrales (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico, Viesgo y Gas Natural) deberán comprar a otras compañías los
derechos para realizar emisiones por encima de ese límite. Así lo exige un
directiva europea que pretende facilitar el cumplimiento del Protocolo de
Kioto, tratado que plantea objetivos de reducción de gases contaminantes a
los países que lo firmaron.
Coste
Cada tonelada de CO2 vale entre 5 y 10 euros en el mercado de derechos de
emisión, por lo que el coste para el sector se situaría este año entre 225 y
450 millones de euros, si las térmicas siguen con la actividad de enero. La
tarifa de la luz de 2005 elaborada por el Ministerio de Industria recoge un
impacto de 52 millones por la compra de derechos de emisión. En el mercado
mayorista de generación, donde compiten las centrales, ya se ha notado el
impacto del CO2, unido al coste de los combustibles. El precio medio se
situó en 44 euros por megavatio hora, frente a los 36 euros que preveía
Industria. Esta subida afecta a las comercializadoras que compran energía a
las centrales para revenderla al cliente final. También podría repercutir en
la fijación de la tarifa de la luz de los próximos años.
Las previsiones de Medio Ambiente también quedan rotas. Arturo Gonzalo
Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, lanzó la voz de alarma en un foro celebrado en Soria.
Según Aizpiri, si se mantiene la sequía, que ha reducido la producción de
las centrales hidráulicas, las emisiones de 2005 se dispararán por el
aumento de las horas de funcionamiento de las plantas térmicas.
Sequía histórica
Fuentes del sector eléctrico advierten de que España afronta el ejercicio
hidroeléctrico ‘más seco de los últimos setenta años'. Aunque llueva en los
próximos meses, 'los embalses no van a ganar mucha agua'. Las reservas de
agua de las eléctricas están al 41% de su capacidad.
En enero, la producción hidráulica en la Península cayó un 56% respecto al
mismo mes del año anterior. Las nucleares, que tampoco emiten CO2, generaron
un 2,5% más. Las térmicas de ciclo combinado de gas crecieron un 125%, las
plantas de fuel produjeron un 87% más y las de carbón, un 20% más.
Según estimaciones del sector, las plantas de fuel han agotado en un mes el
27% de sus derechos de emisiones de CO2 en 2005.
La única esperanza del Gobierno y las empresas es que el consumo se
ralentice en los próximos meses. Normalmente, la demanda baja en primavera y
vuelve a subir en verano, por la puesta en marcha de los aparatos de aire
acondicionado.
Otro factor incierto es la producción de los parques eólicos, que generan
electricidad con la fuerza del viento.
El Ministerio de Industria prevé que el consumo eléctrico suba un 4,6% en
2005. La subida en enero alcanzó el 15%.
Lejos de Kioto
El impacto de las eléctricas en el total de emisiones de CO2 de España es
significativo, ya que a ese sector le corresponde alrededor del 20% del
total. Según datos provisionales, las emisiones de ese gas contaminante
crecieron un 3% en España en 2004, por lo que ya rondan los 400 millones de
toneladas de CO2. El objetivo al que se comprometió el país en el Protocolo
de Kioto consiste en situar sus emisiones en 331 millones de toneladas en
2012.
El PNA intenta forzar una reducción de los gases de efecto invernadero al
establecer límites a las industrias contaminantes. El Gobierno quiere
también aplicar medidas de disminución de emisiones en el sector de
transporte y en los hogares.
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EL PAÍS
4-02-2005
La política de transportes y las acacias del Retiro
El autor defiende la elaboración de una ley marco reguladora del transporte
terrestre que deje terreno a comunidades y ayuntamientos para elegir su
propio camino.
ELOY GARCÍA, catedrático de Derecho Constitucional.
Decía don Manuel Azaña que en Madrid era peligroso decir tonterías porque
terminaban arraigando más que las acacias del Retiro. Y algo de eso ha
sucedido con el transporte a raíz de la errónea lectura que de la sentencia
del Tribunal Constitucional de 1996 sobre la Ley de Ordenación de
Transportes de 1987 efectuara en su día el ministro Arias-Salgado: a fuerza
de repetir que el juez de la Constitución negaba al Estado título
competencial para legislar en transporte para todo el territorio nacional,
una barbaridad jurídica ha terminado convirtiéndose en dogma de fe
indiscutible al que el Gobierno se aferró las dos últimas legislaturas. La
cosa no dejaría de ser una anécdota si no fuera porque sus graves
consecuencias empiezan a sentirse. O ¿es posible ignorar que la polémica que
divide a la opinión sobre las ciudades favorecidas por el trazado del AVE
tiene mucho que ver con la inexistencia de una norma que sobre principios
previamente consensuados aclare cómo proceder y qué criterios aplicar a cada
caso? ¿Puede y debe un Gobierno o un solo equipo ministerial asumir la
responsabilidad política de decidir sin más el discurrir del AVE? ¿O
corresponde al Parlamento acordar los principios en razón a los que el
Ejecutivo tome la decisión concreta?, máxime si con ello se comprometen
inversiones plurianuales que van mucho más allá de la vigencia anual del
presupuesto, se implican fondos europeos que hay que negociar como paquetes
regionales y se condiciona para el futuro la organización de nuestra
economía, el crecimiento de nuestra renta y riqueza y su justa distribución,
a que alude el artículo 131 de la Constitución.
Las cosas discurrirían de otro modo si se hubiera caído en cuenta que la
inconstitucionalidad de la ley de 1987 lo era en buena medida por motivos
formales, lo que -como sucede habitualmente- debiera haber dado lugar a la
elaboración de una nueva ley que, sustituyendo la anterior, diera
cumplimiento al mandato constitucional. Porque una cosa es que el Estado
pueda legislar o no con carácter general para una materia, y otra, la forma
en que deba hacerlo, el título constitucional que utilice al efecto. Lo que
significa que las competencias de las comunidades y el respeto a la
autonomía municipal no se encuentran reñidas con la aprobación de una norma
de principios que imponga el marco en que debe desenvolverse el transporte
en el conjunto de la economía española. Algo que, por lo demás, prevé
expresamente el artículo 150.1 de la Constitución. Pero optar por la
solución del 150.1 supone también crear el mecanismo para afrontar
legalmente tres acuciantes problemas. Uno, la definición de las reglas de
juego que deben presidir nuestro mercado de transportes: diferenciar
infraestructura de servicios, precisar los criterios a seguir por Estado,
autonomías y municipios para disponer de fondos a invertir en las primeras y
crear un agencia independiente que garantice el equilibrio intermodal y
asegure la imparcialidad en los concursos de adjudicación de concesiones.
Dos, hacer frente al desafío del "paradigma de la sostenibilidad":
establecer peajes de acceso a las ciudades, barreras al transporte privado y
al contaminante, mecanismos que permitan a nuestras ciudades pasar de una
política de tráfico a una política de transporte; un reto nacido de los
acuerdos de Kioto que la ministra Narbona no pudo afrontar hace unos meses
por falta de soporte legal. Tres, determinar los principios reguladores de
la financiación del transporte en las conurbaciones urbanas, poniendo fin a
una situación insólita en el mundo que permite que en este asunto en España
reine la arbitrariedad más absoluta: un compromiso expresamente recogido en
el programa electoral socialista para esta legislatura. Y el instrumento
adecuado para hacer frente a todo esto debe consistir en una ley marco que
por ser una ley de principios que no entra en detalles, desde un consenso
previo deja a comunidades autónomas y a municipios suficiente terreno libre
para elegir su propio camino. Por eso, ahora que se acaba de aprobar el Plan
Estratégico de Infraestructuras de Transportes, ahora que se inicia un nuevo
periodo de sesiones en el que frente a la demagogia de la reivindicación
permanente urge oponer la racionalidad de la necesidad real, parece llegado
el momento de acabar con una tontería tan arraigada como las acacias del
retiro y proceder a dictar una ley marco reguladora del transporte
terrestre: una figura legislativa todavía no ensayada.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
4-02-2005
El Gobierno anima al Consell a pagar el trasvase Júcar-Vinalopó
S. V. - Valencia
El Ministerio de Medio Ambiente afirmó ayer que vería "con muy buenos ojos"
la participación económica de la Generalitat en el trasvase Júcar-Vinalopó,
en respuesta al anuncio del consejero de Infraestructuras, José Ramón García
Antón, que el martes se comprometió a ayudar a los usuarios si es necesario
ante la supresión en el proyecto de los abastecimientos a la costa,
sustituidos por desalación.
El ministerio animó al Consell a concretar esta oferta "en un convenio" para
proceder "ahora mismo" a su firma, al tiempo que reiteró que con una
transferencia media de 20 hectómetros cúbicos anuales los regantes no
tendrán problemas para afrontar el pago del agua, según destacó un portavoz.
García Antón sostiene que la eliminación de los consumos costeros de
L'Alacantí y la Marina Baixa, cuyas poblaciones participan en la
financiación del proyecto, deja "indefensos" a los regantes y altera la
financiación del proyecto. "Ante esa irresponsabilidad, hemos dicho que les
respaldamos", asegura el consejero. El Consell no ha fijado ninguna
aportación ni la forma en que la materializaría. Según el consejero, "se
buscarán fórmulas" para una posible contribución, de modo que el trasvase
sea viable y los regantes "no paguen más".
La obra tiene un coste cercano a los 220 millones de euros y la financian el
Ministerio de Medio Ambiente, la Unión Europea y los futuros usuarios, que
han obtenido un crédito sindicado por 75 millones de euros, de los cuales 30
los pagarán los regantes y 45 las poblaciones que consuman agua del
trasvase. Ante la decisión del Gobierno de cubrir las necesidades de la
costa con las desaladoras previstas en el programa AGUA, y reservar los
recursos disponibles -tras la revisión del proyecto se prevé una media de
entre 12 y 62 hectómetros cúbicos- a la agricultura y los consumos urbanos
del medio y alto Vinalopó, los usuarios y la Generalitat exigen que se
cumpla el plan de la cuenca del Júcar, que prevé un máximo de 80 hectómetros
cúbicos.
El Gobierno insiste en que la modernización de los regadíos de la Acequia
Real del Júcar es una condición previa al trasvase que, además, es
determinante para garantizar su viabilidad, y reprocha a la Generalitat el
retraso en las actuaciones que le competen. "Con la ejecución de estos
proyectos sí que ayudarían a los regantes", afirman fuentes de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Su presidente, Juan José Moragues, se
entrevistará hoy con los usuarios del Vinalopó para transmitirles
"tranquilidad" y analizar los próximos pasos del proyecto.
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“Ecologistas en Acción de Cádiz”
4 de febrero de 2005
Ecologistas en Acción denuncia un sondeo en el acuífero de Grazalema para
abastecer a Puerto Serrano mientras proliferan los campos de golf en la
campiña
Sra. Delegada de la Consejería de Medio Ambiente
Cádiz a 4/2/2005
Ecologistas en Acción denuncia el inicio de un sondeo de gran profundidad
junto al río Bocaleones, término de Zahara de la Sierra, en la zona conocida
como puente de Los Palominos. Este sondeo está siendo realizado por la
empresa ARPO, contratada por la Secretaría General de Aguas dependiente de
la propia Consejería de Medio Ambiente. El sondeo tiene como finalidad
bombear 50 l/sg (1.576.800 m3/año) para abastecer a la localidad de Puerto
Serrano. El sondeo pretende llegar a los 150 metros de profundidad.
Como usted sabrá, el valle del río Bocaleones es una de las zonas más bellas
del Parque Natural Sierra de Grazalema, dependiendo totalmente del río tanto
para la supervivencia de los ecosistemas fluviales y riparios, como para el
riego a las centenarias huertas de este valle. Por eso no entendemos que sea
la Consejería de Medio Ambiente quien contrate estas obras, y usted quien
las autorice incumpliendo la normativa medioambiental.
En el Plan Rector de Uso y Gestión del este parque natural se estipula en el
apartado 1-II, Áreas de Manejo Extensivo, que se prohíben todas las
actividades no ligadas directamente al desarrollo de las actividades
preferentes, que son las de aprovechamiento silvopastoril, y aclara que si
alguna se declara de interés público, debe contar con el informe de la Junta
Rectora y la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Pues bien, la
Junta Rectora se reunió el pasado mes de diciembre y ni siquiera fue
informada de este proyecto, por lo que su autorización es nula de pleno
derecho. El apartado 2 incluye además como usos prohibidos “las actuaciones
que interfieran o alteren la red natural de drenaje”. No hay ninguna
garantía que esta extracción de agua no termine por alterar el caudal de los
ríos de la zona.
El Atlas Hidrogeológico de la provincia de Cádiz evalúa los recursos de la
subunidad Zafalgar-Labradillo, donde se está realizando el sondeo, en 10,8
hm3, y especifica que “La recarga de esta unidad tiene lugar exclusivamente
a partir de la infiltración del agua de lluvia, mientras que el drenaje se
efectúa fundamentalmente a través de los manantiales situados en el extremo
septentrional (Bocaleones)”. En concreto, al Bocaleones drenan una media de
8,4 hm3/año y al Chorreadero 2,3 hm3/año. Queda claro pues que cualquier
extracción, máxime de la envergadura que se pretende, puede afectar a los
manantiales de Bocaleones, pues reducirá sus aportes subterráneos. El Plan
Hidrológico del Guadalete estipula que las extracciones máximas del acuífero
de Grazalema será del 25% de la recarga, lo que supondría en la subunidad
Zafalgar-Labradillo unos 2,7 hm3/año. El sondeo en curso pretende extraer
1.576.800 m3/año, es decir, el 58% de los recursos hídricos explotables de
este acuífero.
Pero lo más grave es que ustedes se han saltado los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental que estipula la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental. Dicha ley obliga, en el Anexo Segundo apartado 39, a tramitar un
Informe Ambiental, con su correspondiente fase de información pública a las
“captaciones de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica
si el volumen anual alcanza o supera 1,5 millones de m3”, como es claramente
este caso. Sin embargo, usted autorizó el pasado 17 de enero las obras para
realizar este sondeo sin haberse cumplimentado este requisito legal de suma
importancia, pues es donde se debe evaluar la incidencia ambiental de las
obras y, sobre todo, de las extracción de este enorme volumen de agua de un
acuífero muy sensible que alimenta a uno de los ríos más emblemáticos del
parque natural y a una de las escasas zonas de huertas tradicionales que se
conservan.
No ponemos en duda que a Puerto Serrano le haga falta agua, pero no deja de
ser curioso como se vienen autorizando campos de golf en la sierra
(recientemente uno en Arcos, hay en trámite otro en Prado del Rey, y varios
más previstos, entre ellos uno en el propio Puerto Serrano), campos que
consumen cada uno cerca del millón de metros cúbicos de agua, y se pretenda
justificar un sondeo tan lejos de esta localidad y en un lugar tan valioso
desde el punto de vista ecológico y paisajístico, argumentando que no hay
agua en las cercanías de Puerto Serrano.
Por todo lo dicho solicitamos la paralización inmediata de las obras, y que
sean sometidas al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, donde se
analicen todos los impactos previsibles, y se estudien otras soluciones
alternativas, que haberlas haylas más cerca de Puerto Serrano y con menos
coste económico y ambiental.
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“Diario del Alto Aragón”
4 de febrero de 2005
Un juicio decidirá el futuro de Yesa
La Audiencia de Madrid rechaza el último recurso presentado por la Abogacía
del Estado para impedir la vista
Artieda dice que “a los responsables del proyecto sólo les queda esperar el
día en que se sentarán en el banquillo”
Para la Asociación Río Aragón, el recrecimiento del embalse a cualquier cota
“tiene los días contados”
Luisa PUEYO. Jaca. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el último
recurso interpuesto por el abogado del Estado para impedir la celebración
del juicio contra los seis ex altos-cargos del Ministerio de Medio Ambiente
acusados de varios delitos por las irregularidades cometidas en la
tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.
Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento de Artieda, que precisó que es la
Sección Séptima de lo Penal del citado tribunal la que, en un auto fechado
el 30 de noviembre de 2004 y notificado a este Consistorio el pasado 20 de
enero, ha rechazado el último recurso interpuesto por la Abogacía del Estado
en la fase de instrucción de la querella criminal contra los seis ex-altos
cargos.
El recurso del abogado del Estado, indican en el Ayuntamiento artiedano,
“tenía como objetivo, como todos los que con anterioridad fueron
interpuestos y rechazados, impedir la investigación criminal y, con ello, la
continuación del procedimiento penal hasta la celebración del oportuno
juicio penal”. “En este caso concreto-añaden-, el abogado del Estado
perseguía que la Audiencia decretara la inexistencia de delitos y el archivo
definitivo de las actuaciones”.
Tras el rechazo del recurso, “a los responsables del proyecto de
recrecimiento de la presa de Yesa sólo les queda esperar al día en que hayan
de sentarse en el banquillo para ser enjuiciados, lo que próximamente será
determinado por la sección de la citada Audiencia que se encargará del
enjuiciamiento de la causa”, indican.
Por su parte, la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa habla
de “nuevo avance judicial” contra esta obra hidráulica, y de que está “todo
dispuesto para que sus responsables se sienten en el banquillo”. Indica
asimismo que “los continuos intentos de paralizar la acción de la justicia
han sido rechazados uno tras otro”, en referencia a anteriores recursos
interpuestos por el abogado del Estado ante el Juzgado de Instrucción número
19 de Madrid que instruía esta causa hasta que se decretó la apertura de
juicio oral. Éste “se celebrará próximamente, una vez que sea fijada la
fecha por el juez”, recuerda el colectivo, que insiste en que el
recrecimiento de Yesa “está acorralado judicialmente, pues la gravedad de
los delitos imputados a sus responsables así lo demuestra”, de manera que
“todo hace prever una condena de los imputados, lo que arrastrará a una
anulación del proyecto”.
Añade que, mientras, el Gobierno de Aragón, la CHE (Confederación
Hidrográfica del Ebro) y el Ministerio “miran hacia otro lado, intentando
negar lo evidente: que el recrecimiento de Yesa tiene los días contados.
Parece que, como en Santaliestra, felizmente descartado, sólo las sentencias
judiciales les abren los ojos” para “dialogar y estudiar alternativas”, algo
“lamentable” porque con Yesa “se podría estar avanzando en soluciones
consensuadas como las presentadas por la Fundación Nueva Cultura del Agua”.
“El acuerdo de Santaliestra debería servir de ejemplo. Siempre hay
alternativas que pueden solucionar los conflictos, y lo razonable es
estudiarlas y debatirlas, algo que la Comisión del Agua, en el caso de Yesa,
no hizo. Cerró en falso el problema y, de no rectificar ese grave error, una
vez más serán los Tribunales los que digan la última palabra”.
Como se recuerda, los querellados por el Ayuntamiento de Artieda son Carlos
Escartín, director general de Obras Hidráulicas, Dolores Carrillo, ex
directora de Calidad y Evaluación Ambiental, y Carlos Vázquez, ex secretario
técnico. Durante la instrucción en el Juzgado número 19 de Madrid, la
Fiscalía amplió sus implicaciones a Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, y
a dos ingenieros de este organismo, José Luis Uceda y Ángel Núñez.
Finalizada la investigación judicial en fase de instrucción, el Consistorio
artiedano presentó en 2004 el escrito de acusación contra Escartín, Carrillo
y Vázquez por un delito continuado de prevaricación -el primero como autor y
los demás, como cooperadores necesarios- y otros de prevaricación en
concurso medial, riesgo catastrófico y, en grado de tentativa, delitos
contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente.
Por todos ellos se piden 3 años de prisión y varios de inhabilitación. A
Escartín se le imputa asimismo un delito de falsedad en documento público,
por el que se piden 6 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía, en su
escrito de acusación imputa a Escartín, Sancho, Uceda y Núñez los delitos de
prevaricación (por los que pide 12 años de inhabilitación) y riesgo
catastrófico (pide un año y 8 meses de cárcel), y a Carrillo, uno de
prevaricación.
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EL PAÍS – Andalucía
4-02-2005
Comienza el estudio epidemiológico con los ex empleados de la FUA de Andújar
G. D. - Jaén
La Consejería de Salud ha fijado con los ex trabajadores de la Fábrica de
Uranio de Andujar (Jaén) el inicio de estudios epidemiológicos para
determinar la relación causa-efecto entre las enfermedades que padecen y el
haber estado expuestos durante 22 años a la manipulación del uranio sin
medidas de protección. Desde que la fábrica cerró sus puertas en 1992, han
perdido la vida más de 50 de los 126 antiguos empleados, la mayoría de ellos
por cáncer. Estas revisiones, que incluirán una exploración física y pruebas
complementarias, comenzarán a realizarse en los próximos días en el hospital
San Cecilio de Granada.
Estos estudios forman parte del cuyo compromiso asumido por la Consejería de
Salud el pasado mes de noviembre, aunque entonces también se hizo efectivo a
los familiares de los antiguos empleados, tal y como reclamaron éstos. Salud
comunicará personalmente a cada trabajador los resultados de su estudio e
informará colectivamente a estas personas de las conclusiones globales de
dichas revisiones. Igualmente, la Consejería continuará informando a los ex
trabajadores de forma continuada sobre cualquier otro aspecto que pueda
interesarles relacionado con su salud.
Mientras tanto, la asociación de ex trabajadores sigue a la espera de la
reclamación presentada en noviembre ante el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para exigir una indemnización de 12 millones de euros por la
enfermedad laboral que sufren. La reclamación la presentaron 48 trabajadores
y 32 viudas de antiguos empleados de esta industria, dedicada a la obtención
de uranio de minas situadas en distintos enclaves de Sierra Morena.
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“Greenpeace”
4 de febrero de 2005
Lanzamiento de la campaña de desarme nuclear de Greenpeace
GREENPEACE ALERTA DE QUE LA AMENAZA DE LAS ARMAS NUCLEARES CADA VEZ ES MAYOR
Y PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL UN COMPROMISO FIRME CON EL DESARME NUCLEAR
La organización ha presentado hoy en Gernika, declarada por la UNESCO Ciudad
por la Paz, la campaña para el desarme nuclear que llevará a cabo en 2005,
año en que se conmemora el 60 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y
Nagasaki
Con motivo de la celebración el próximo mes de mayo de la Conferencia de
Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, Greenpeace ha alertado de
que la amenaza que representan las armas nucleares no ha disminuido desde el
final de la guerra fría sino que cada vez es mayor. La presencia, una vez
más, de un submarino nuclear averiado fondeado en Gibraltar es un ejemplo
del inaceptable riesgo al que estamos sometidos. Por ello Greenpeace pone en
marcha una campana en favor del desarme nuclear.
Desde que en 1970 entrara en vigor el Tratado de No Proliferación (TNP) por
el que las potencias nucleares -Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China
y Rusia- acordaban deshacerse de sus arsenales y evitar que nuevos países se
hicieran con armas nucleares, los avances hacia el desarme nuclear han sido
muy escasos. Tres países más disponen de armas nucleares -India, Pakistán e
Israel- y varios más suscitan dudas, mientras aumenta la preocupación por
que este tipo de armamento pueda caer en manos de terroristas. Los esfuerzos
se centran en impedir que países como Corea del Norte o Irán lleguen a
poseer armas nucleares y en fortalecer los controles para evitar que éstas
caigan en “manos equivocadas”. Pero, según Greenpeace, si las potencias
nucleares no cumplen con sus propios compromisos de desarme la consecuencia
es, como estamos viendo, que cada vez más países están o quieren estar en el
“club de la bomba atómica”.
“Es un escándalo que el año en que se cumplen 60 años de los bombardeos de
Hiroshima y Nagasaki aún no se haya tomado en serio el objetivo de conseguir
un futuro libre de armas nucleares y que se utilicen excusas como la guerra
contra el terrorismo para justificar pasos atrás” -ha declarado Juan López
de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace.
La próxima Conferencia de Revisión del TNP, que se celebra cada cinco años,
tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de mayo. En la anterior, que tuvo
lugar en 2000, se acordó un programa de 13 pasos prácticos hacia el desarme
nuclear, entre ellos lograr la entrada en vigor del Tratado para la
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, reducir el papel de las armas
nucleares en las políticas de seguridad y mejorar los mecanismos de
verificación. Sin embargo, los avances han sido muy escasos y las potencias
nucleares, con Estados Unidos a la cabeza, parecen decididas a consentir,
cuando no promover, retrocesos. En opinión de Greenpeace, la Conferencia de
Revisión no debe renegociar ni debilitar esos 13 pasos prácticos sino, por
el contrario, reforzarlos, incluyendo un acuerdo para comenzar
inmediatamente a negociar un plan de acción para la eliminación total de las
armas nucleares.
“Los gobiernos de todo el mundo, y no sólo los de las potencias nucleares,
tendrán oportunidades en 2005, empezando por la revisión del TNP, para
avanzar de modo efectivo hacia el desarme nuclear. También el Gobierno
español tiene su parte de responsabilidad y Greenpeace le pide que se
comprometa firmemente con ello. Desde Greenpeace animamos a todos los
ciudadanos a sumarse a esta petición a través de nuestra página
www.greenpeace.org/desarme y que se dirijan al presidente del Gobierno para
exigir este compromiso” -ha afirmado Eva Suárez-Llanos, responsable de la
Campaña de Desarme de Greepeace. Además, en esa página web los cibernautas
pueden encontrar información sobre las consecuencias de la explosión de una
bomba atómica, informes para los gobiernos participantes en la Conferencia
de Revisión y otras propuestas para actuar a favor del desarme nuclear.
Greenpeace pide a las ciudades que digan no a las armas nucleares
Como parte de su campaña, Greenpeace apoya el trabajo de la red
internacional de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace) promovida por el
alcalde de Hiroshima para la eliminación de las armas nucleares. Barcelona,
Cádiz y Gernika-Lumo forman parte de esta red junto a más de 680 ciudades de
más de 100 países, que contará con una representación en Nueva York con
motivo del comienzo de la Conferencia de Revisión del TNP para pedir a los
delegados de los Estados miembros del Tratado un compromiso para un plan de
desarme que culmine en el 2020.
La red de Alcaldes por la Paz quiere alcanzar la cifra de 1.000 ciudades el
próximo mayo. Para contribuir a ello, el Teniente Alcalde de Gernika, Imanol
Zubizarreta, ha anunciado en el acto de presentación de la campaña de
Greenpeace que su ayuntamiento promoverá la red dirigiéndose a los regidores
de los municipios vascos a través de EUDEL. El alcalde de Barcelona, Joan
Clos, que no ha podido estar presente en el acto, ha enviado una declaración
a favor del desarme nuclear y se ha comprometido también a promover la red
de Alcaldes por la Paz, especialmente a través de la organización “Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos”. Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Rosa
Aguilar, ha hecho llegar un mensaje a Greenpeace en el que expresa el
compromiso de su ciudad con la búsqueda de la paz y su decidido apoyo al
trabajo de la red de Alcaldes por la Paz, a la que Córdoba va a adherirse de
inmediato.
“Animamos a todos los alcaldes y alcaldesas a seguir este ejemplo y sumarse
a los esfuerzos del alcalde de Hiroshima para acabar con la amenaza de las
armas nucleares. A través de ellos, los representantes de los gobiernos que
revisarán el TNP sabrán, cuando se reúnan el próximo mes de mayo, que
millones de ciudadanos les están observando” -añadió López de Uralde.
Para más información: Juan López de Uralde, director de Greenpeace, 91 444
14 00 y Eva Suárez-Llanos, Responsable de la campaña de desarme, 618 548 190
Prensa Greenpeace: Mamen Illán – 91 444 14 00 ó 626 99 82 48
Actualmente 188 países son parte del Tratado, es decir, todos menos Israel,
Pakistán e India, además de Corea del Norte que se retiró en 2003; es el
acuerdo de desarme más universal.
Ver la propuesta completa de Greenpeace en
http://www.greenpeace.org/desarme/informes.htm
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EL PAÍS - Andalucía
4-02-2005
Iberdrola consigue la autorización definitiva para la térmica de Arcos
F. P. M. - Cádiz
La compañía eléctrica Iberdrola salvó ayer el último escollo que tenía por
delante para inaugurar en breve la central térmica de ciclo combinado de
1.600 megawatios que ultima en Arcos de la Frontera (Cádiz, 28.000
habitantes). La compañía recibió la Autorización Ambiental Integrada (AAI)
de la Consejería de Medio Ambiente.
La delegada provincial de Medio Ambiente en Cádiz, Isabel Gómez, garantizó
que las medidas exigidas a esta compañía son "muy estrictas" y que los
controles en adelante serán "muy exhaustivos". La Junta instalará cuatro
cabinas de vigilancia que efectuarán análisis periódicos sobre los supuestos
riesgos contaminantes.
La plataforma en contra a las térmicas y el PP acusaron a la Junta y al PSOE
de "tener un doble lenguaje" y de "engañar a los ciudadanos" después de
haberse opuesto radicalmente antes de las pasadas elecciones municipales a
la instalación de térmicas.
El coordinador provincial de IU en Cádiz, Antonio Roldán, afirmó ayer que la
concesión de la Autorización Ambiental Integrada a la central térmica
"evidencia" que cuando se rompió el pacto de gobierno local "llevaba razón
IU en que el PSOE no estaba haciendo todo lo posible para paralizar la
central".
Por otra parte, el grupo del PSOE en el Parlamento andaluz rechazó una
propuesta que pedía la suspensión de la tramitación del parque eólico
marítimo frente a las costas de Trafalgar. PP e IU calificaron de
"hipócrita" la actitud de los dirigentes socialistas con este conflicto.
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EL PAÍS – Andalucía
4-02-2005
La estación de esquí de Sierra Nevada no podrá ampliarse, según la ministra
de Medio Ambiente
El traspaso de competencias sobre los parques nacionales comienza en marzo
RAFAEL TROYANO - Granada
La ministra de Medio Ambiente confirmó ayer en Granada que a finales del
próximo marzo su departamento abordará el traspaso de competencias a las
comunidades autónomas sobre la gestión de los parques nacionales. El
proceso, "tranquilo", según Cristina Narbona, terminará antes de que
finalice el año. La ministra acabó con las espectativas de ampliación del
dominio esquiable de la estación de Sierra Nevada, rodeada de terrenos
protegidos. La inminente aprobación del Plan de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Sierra Nevada lo impedirá, según Narbona. El pleno del Patronato
del Parque Nacional de Sierra Nevada, reunido ayer en Granada bajo la
presidencia de la ministra y la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves, conoció los avances en la redacción del Plan de Usos del espacio
protegido, que estará listo próximamente. En ese plan se limita
definitivamente el área esquiable de la estación de esquí a su actual
dimensión. La ministra afirmó que "es muy importante el enfoque se está
dando a la actividad del esquí, ya que en el futuro habrá menos nieve y lo
inteligente es irse preparando para un futuro adaptado al cambio climático".
Que no aumente el dominio esquiable, "es una medida inteligente en la que
coinciden las administraciones y los grupos en defensa del medio ambiente",
concluyó.
Narbona anunció que antes de que acabe el año estará completado el trasvase
de competencias a la Junta de Andalucía, que gestionará en solitario el
parque, como ha establecido en una reciente sentencia el Tribunal
Constitucional. La ministra y la consejera calificaron de "modélica" la
gestión actual conjunta de los parques nacional y natural, y prometieron una
transición tranquila. De hecho, el modelo de gestión conjunta de los parques
granadinos, "se exportará a otros lugares de España", incluyendo Doñana.
A finales de marzo, el ministerio convocará la comisión técnica que deberá
estudiar el trasvase de la gestión. El proceso será "tranquilo y dialogado",
para dotar de competencias y recursos económicos a las respectivas
consejerías de Medio Ambiente. El pleno de Patronato aprobó además un
convenio con la Universidad de Granada por el que se le cede al parque el
edificio que albergó el Parador de Turismo, en la parte alta de Pradollano,
la urbanización de la estación de esquí. Tras una profunda reforma, acogerá
un gran centro de visitantes además del dedicado a la observación del cambio
climático. Esa es la propuesta de la Junta, aceptada por el Ministerio, que
convertirá a Sierra Nevada en uno de los puntos de una red mundial de
observación.
La ministra anunció además que todos los ayuntamientos del parque recibirán
sus subvenciones correspondientes y lamentó el sistema de concesión del
anterior Gobierno del PP, que ha provocado los retrasos en los pagos que la
semana pasada denunció el PP en la provincia de Granada.
Nuevas fincas
El Parque Nacional centrará sus inversiones, este año, en la restauración
forestal y la adecuación para el uso público de las dos grandes fincas que
acaba de incorporar al patrimonio público del espacio protegido: la umbría
de San Jerónimo y la dehesa de San Juan, ambas situadas en las cumbres.
Por otro lado, Narbona se felicitó por que se haya rechazado definitivamente
la construcción del canal del río Castril, en el norte de la provincia, que
iba a trasvasar agua entre comarcas. La ministra prometió a los regantes de
Baza y Huéscar una próxima reunión para buscar soluciones a los riegos de la
zona. Fuentes del ministerio indicaron que el canon que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir hubiera tenido que aplicar a los agricultores
por el uso del agua del canal hubiera superado el que ahora pagan por la
elevación de agua desde el pantano del Negratín. La subida es parte de la
solución que el ministerio ha propuesto como alternativa al canal desechado,
pedido por los regantes.
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EL PAÍS – Andalucía
04-02-2005
Una tradición que vuela
El Ayuntamiento de Cazalilla desafía la ley y lanza una pava desde el
campanario para cumplir con una polémica fiesta
RAQUEL HERNÁNDEZ - Jaén
Como viene siendo habitual en los últimos años, Cazalilla, un pueblo de la
provincia de Jaén que no llega al millar de habitantes, volvió a ser
protagonista de la noticia por una pava, la pava de la discordia. Cerca de
un millar de personas procedentes de localidades vecinas como Mengíbar,
Villanueva de la Reina, Espeluy, Bailén o Linares se acercaron ayer tarde
hasta la Plaza de la Constitución de la localidad para poder vivir en
directo una de las tradiciones más arraigadas en la comarca: la Fiesta de la
Pava. Ésta consiste en lanzar una pava desde el campanario de la Iglesia,
con una altura aproximada de 15 metros. La fiesta se remonta a principios de
siglo XIX cuando dos familias enfrentadas durante años sellaron la paz con
la boda de sus hijos, un 3 de febrero, día de San Blas y patrón de la
localidad. Como muestra de alegría soltaron desde el campanario una pava.
Una tradición que se mantiene desde entonces y que augura buena suerte a
quien consiga atraparla y que también deberá responsabilizarse de su cuidado
hasta que el animal muera por causas naturales.
Mientras que para los vecinos la fiesta es una tradición que hay que seguir
manteniendo porque "no se hace daño al animal", la Asociación Nacional para
la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) considera que "es una
utilización antinatural del animal" y por lo tanto prohibida por la Ley
11/2003 de Protección Animal de Andalucía.
Ya el año pasado la denuncia de los ecologistas consiguió que la Junta
multase al Ayuntamiento con una sanción administrativa de 2.001 euros, hecho
que no ha impedido que la fiesta se vuelva a celebrar este año. Incluso los
vecinos se han ofrecido a pagarla entre todos. "Si hace falta el dinero lo
sacamos de nuestros bolsillos", afirma Francisco Espinosa, un vecino de
Mengíbar. Como el cazaleño Gabriel Cuenca, Espinosa ronda los 70 años de
edad y ambos consideran que la polémica "se ha exagerado mucho". "La pava
planea con las alas y nunca cae al suelo porque siempre hay alguien que va a
por ella. Hay que reconocer que antiguamente sí se le hacía daño porque se
le arrancaban las plumas que eran símbolo de suerte, pero hoy se tiene mucho
cuidado y no se deja que nadie la toque", afirman los dos hombres.
Ahora, y según han anunciado los responsables de la ANPBA, el Ayuntamiento y
su alcalde, el socialista Juan Balbín, se enfrentarán a una denuncia por la
comisión de un presunto delito de prevaricación. "Es gravísimo que el
Ayuntamiento haga burla de la legalidad vigente, dando a la ciudadanía el
mensaje de que las leyes pueden ser vulneradas impunemente", declaró Alfonso
Chillerón, presidente de la asociación ecologista.
Durante las dos últimas semanas, el Ayuntamiento ha recogido firmas por toda
la comarca para exigir que la Fiesta de la Pava pueda seguir celebrándose
sin ningún tipo de amenaza. Muchos incluso llegan a apelar a uno de sus
vecinos, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, natural de
Cazalilla. "Mientras Gaspar siga en la Junta no hay multa", se escuchaba
ayer en la plaza del pueblo.
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“Ecoestrategia”
3 de febrero de 2005
EL GOBIERNO ESPAÑOL RATIFICA EL CONVENIO DE AARHUS
El Gobierno español ya ha depositado ante la Secretaría de las Naciones
Unidas el instrumento de ratificación último requisito formal para la
entrada en vigor del Convenio sobre el Acceso a la Información, la
Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia
en Materia de Medio Ambiente en el Estado Español, conocido como el Convenio
de Aarhus.
El Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público
en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio
Ambiente, más conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa
en donde se firmó el 25 de junio de 1998, es un Convenio Internacional
adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE o UNECE en sus siglas en inglés).
El Convenio parte del reconocimiento de que “en la esfera del medio
ambiente… la transparencia del proceso de toma de decisiones garantiza un
mayor apoyo del público”. Asimismo “un mejor acceso a la información y una
mayor participación del público en la toma de decisión permitirá tomar
mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente”, al tiempo que se
“contribuye a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales,
a dar la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las
autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta”.
Este Convenio promueve una serie de mecanismos para garantizar la
participación en los asuntos ambientales, exigiendo la remoción de los
obstáculos que la dificulten. Se presenta como la normativa más avanzada en
lo que a democracia participativa en materia de medio ambiente se refiere y
sus implicaciones, como su propio título refleja, alcanzan al acceso a la
información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materia de medio ambiente mejorando sustancialmente toda la
normativa vigente al respecto.
Aarhus está en vigor desde el 30 de octubre de 2001 para los más de 20
países ratificantes. La mayoría de las naciones comunitarias lo han firmado
y ratificado excepto Austria, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia
y Reino Unido. Tampoco lo ha hecho como tal la Comunidad Europea, aunque se
prevé que lo haga en febrero de este año. Otros Estados, como Canadá,
Estados Unidos, Israel y Rusia no lo han firmado.
El Convenio trata de incidir en las relaciones entre los ciudadanos y las
autoridades públicas para procurar que la transición hacia un modelo de
crecimiento sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental, como social
y económico, sea lo más participativa y democrática posible.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 05/02/2005 - Modificar
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