Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 31/1/05 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
31-01-2005
El litoral sur de Valencia crecerá con casi 10.000 nuevas viviendas
2 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
31-01-2005
Paralizados cuatro planes urbanos por motivos ambientales
3 “Heraldo de Aragón”
30 de enero de 2005
Cinco de los principales actores de la política del agua coinciden en que
sin acuerdo no hay avances posibles
4 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
31-01-2005
"Somos el vertedero de Madrid", denuncian los afectados por el deterioro
ecológico
5 EL PAÍS
31-01-2005
Las centrales nucleares pagarán la gestión de los residuos radiactivos que
generen
6 EL PAÍS
31-01-2005
Enresa intenta evitar la vuelta de 400 toneladas de desechos de Vandellòs I
7 EL PAÍS
31-01-2005
La energía nuclear renace en Estados Unidos
8 “Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares”
30 de enero de 2005
Concentración-protesta por la telefonía móvil en Alcalá de Henares
9 Ecologistas en Acción de Guadalajara
26 de enero de 2005
ECOLOGISTAS EN ACCION ANUNCIA UNA DURA OFENSIVA CONTRA LOS PLANES DE
ORDENACION MUNICIPAL INSOSTENIBLES QUE SE PROYECTAN EN NUESTRA PROVINCIA
10 “Colectivo Ecologista de Avilés”
27 de enero de 2005
Excluir del Plan General de Ordenación Urbana nuevas áreas residenciales
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
31-01-2005
El litoral sur de Valencia crecerá con casi 10.000 nuevas viviendas
Oliva y Xeraco, tras años de paralización, también prevén nuevas zonas
urbanizables
EVA BATALLA - Gandia
Los municipios costeros del sur de la provincia de Valencia planean
ambiciosos proyectos urbanísticos que cambiarán notablemente su fisonomía.
Los casos más significativos son los de las localidades turísticas de
Cullera y Tavernes de la Valldigna, que planean construir en su costa casi
10.000 nuevas viviendas. Otras dos poblaciones costeras de La Safor, Xeraco
y Oliva, plantean ahora, tras años de paralización, actualizar y modificar
sus planeamientos urbanísticos, y con ello la posibilidad de ampliar los
metros de costa urbanizados. El Ayuntamiento de Cullera, gobernado por el
tripartido del PP-UV-Bloc, ha dado su visto bueno al plan urbanístico de La
Bega. El proyecto pretende la construcción, en 600.000 metros cuadrados, de
33 torres (de entre 15 y 25 alturas), dos edificios de 42 plantas en primera
línea de la costa y dos hoteles, que albergarán 4.500 nuevos pisos y 2.200
plazas hoteleras. La zona, ubicada entre los últimos edificios de la playa
sur y el margen izquierdo de la desembocadura del río Júcar, era uno de los
pocos espacios de huertas que habían escapado al cemento.
Pero Cullera no es el único municipio que planea edificar en el litoral. A
unos kilómetros al sur, Tavernes de la Valldigna pretende "duplicar" en
menos de dos años los metros urbanizados en su playa. En diciembre el
Ayuntamiento, con el voto mayoritario del gobierno popular que dirige
Eugenio Pérez, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana. Incluyó la
descalificación de un millón de metros cuadrados de suelo agrícola en
primera y segunda línea marítima. Tiene intención de construir 5.000 nuevas
viviendas y varios hoteles, de un mínimo de cuatro estrellas.
A diferencia de Cullera, el programa urbanístico en Tavernes es "menos
agresivo" y reserva una franja de cien metros en primera línea para zona
verde, dice el concejal de Urbanismo, Antonio Bono. Tras esta franja, de
200.000 metros cuadrados, se construirá una segunda trama de viviendas de
tres alturas, y una última línea de "un máximo de 12 alturas". El plan
contempla también al menos tres hoteles y una zona comercial y de ocio, que
"dará un giro al modelo urbanístico", señala.
El caso de Tavernes es el más ambicioso, pero al menos otras dos poblaciones
costeras de La Safor, Xeraco y Oliva, plantean ahora, tras años de
paralización, modificar sus planes urbanísticos, y con ello la posibilidad
de ampliar los metros de costa urbanizados. En Xeraco, el gobierno
socialista que dirige Ferran Bofí, propone la urbanización de 287.000 metros
cuadrados en su playa, preservados hasta ahora como suelo agrícola. Pretende
levantar 1.700 viviendas de baja densidad, y reserva un espacio de 25.000
metros cuadrados para un parque público. En el casco urbano, el nuevo plan
prevé recalificar 283.000 metros cuadrados para zona residencial y otras
1.700 viviendas (el 30% de protección oficial). Su proximidad a la capital
gandiense convierte al municipio en un atractivo destino para jóvenes y
familias que buscan vivienda nueva o segundas residencias. Bofí confía en
presentar el plan para su aprobación definitiva en pleno en febrero. Y si la
Generalitat da el visto bueno, "la previsión es que en 2007 se puedan
iniciar las primeras urbanizaciones".
El tercer caso significativo es el de Oliva, una de las poblaciones del sur
de Valencia con mayor línea de costa, más de 10 kilómetros. El Consistorio,
que preside el PSPV, está ejecutando la urbanización de 265.000 metros
cuadrados en la playa norte. Se trata de viviendas unifamiliares en primera
línea, adosados en segunda y una última franja de cuatro alturas. La
concejal de Urbanismo, Amparo Tercero, explica que estos programas
urbanísticos "estaban aprobados antes de la revisión del plan general", y la
mayoría de la playa está calificada como "urbanizable". El Ayuntamiento
estudia ahora actuar en la zona sur, en unos 800.000 metros cuadrados.
El resto de poblaciones costeras entre Bellreguard y Oliva tiene
prácticamente toda su primera línea urbanizada. En el caso de Gandia, la
única franja que se preserva virgen es la de la playa de l'Ahuir. Sobre este
espacio, de unos 400.000 metros cuadrados, existía desde hace años un
litigio con los propietarios de una finca agrícola colindante. El Ministerio
de Medio Ambiente quiere proteger la franja dunar. La playa de l'Ahuir está
calificada como "urbanizable", pero sujeta a una servidumbre de protección.
Gandia contempla declarar una franja de dunas como "parque público".
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
31-01-2005
Paralizados cuatro planes urbanos por motivos ambientales
EL PAÍS - Valencia
La Consejería de Territorio y Vivienda paralizó el pasado diciembre cuatro
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) por razones medioambientales,
según una nota de la Generalitat. Además, en tres meses las comisiones
territoriales de urbanismo denegaron también la ocupación de 460.000 metros
cuadrados de suelo, informó el consejero Rafael Blasco.
La consejería ha rechazado la propuesta de Loriguilla de implantar
infraestructuras de energía renovables en suelo no urbanizable de protección
forestal. En Llíria, se ha suspendido la modificación del PGOU para el
desarrollo del Sector 28, denominado Coto de Català, con una superficie de
1.130.912 metros cuadrados en el que se levantaría 2.207 viviendas y un
campo de golf. La consejería ha pedido que se justifique que la iniciativa
urbanística no recae en las categorías de protección previstas en la
legislación forestal. En Rótova, mientras, se ha pedido una declaración de
impacto para autorizar las reclasificaciones de suelo que se proponen, y en
Montserrat, la homologación del plan se ha retrasado para pedir un informe
del tráfico. A Vinalesa, con plan aprobado, se le ha pedido un estudio de
accesibilidad del municipio.
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“Heraldo de Aragón”
30 de enero de 2005
AGUA
"El consenso social es posible en todas las obras polémicas"
Cinco de los principales actores de la política del agua coinciden en que
sin acuerdo no hay avances posibles
JOSÉ JUAN VERÓN | El acuerdo sobre Santaliestra ha demostrado que es posible
aunar las voluntades de beneficiarios y afectados para impulsar el futuro de
las obras hidráulicas en Aragón. HERALDO DE ARAGÓN reunió a cinco
protagonistas de este debate para conocer sus opiniones. José Luis Pérez,
presidente del Canal de Aragón y Cataluña; Rafael Romeo, comisario de aguas
de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Alfredo Cajal, director del
Instituto Aragonés del Agua; Javier Sánchez, secretario general de UAGA-COAG
y presidente de la ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de
Aragón; y Ricardo Aliod, profesor de la Escuela de Ingenieros de Huesca y
miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, coinciden en que sólo desde
el acuerdo Aragón podrá avanzar en el futuro.
JAVIER SÁNCHEZ.
El acuerdo sobre Santaliestra ha sido posible después de un trabajo de
cuatro meses y un esfuerzo impresionante por todas las partes, especialmente
de los regantes y del Ayuntamiento de Santaliestra. El objetivo ha sido
conseguir el máximo consenso posible para resolver el problema. Ha tenido
mucho que ver lo aprendido con Yesa, de que esta
solución debe ir unida siempre a un plan de desarrollo de la zona afectada y
tiene que haber una comisión de seguimiento.
JOSÉ LUIS PÉREZ.
Nos jugamos mucho y no renunciamos a nada hasta que no tengamos a cambio
algo concreto y sólo valen realidades. En su momento se optó por la
alternativa de Comunet renunciando a Campo y esto falló. Santaliestra está
adjudicado a una empresa y hoy en día San Salvador optimizado son papeles.
En su momento, plantearemos a nuestros regantes, que son quienes tienen la
última palabra, la posibilidad de renunciar a Santaliestra. Me gustaría
establecer esta consulta en unos meses, aunque sabemos que estos no será
posible en un plazo inferior a dos años.
ALFREDO CAJAL.
Es lógico que los regantes pidan garantías. Se contemplan en la misma
resolución, que no es más que una declaración de intenciones, porque quien
decide no somos nosotros. Estamos caminando en la dirección correcta y pido
un esfuerzo a todas las partes para que cedan en la medida de sus
posibilidades para alcanzar nuevos acuerdos. Es importante para nuestra
tierra que el acuerdo sobre el agua sea un hecho, y creo sinceramente que el
consenso social es posible en todas las obras polémicas. Las
administraciones están escasas de recursos y a Madrid le viene muy bien que
haya una polémica en Aragón para no invertir todo lo que se debe. Si no
conseguimos el acuerdo, volveremos a esas situaciones en las que nada se
logra para esta tierra. Los beneficios son para todo Aragón y ya hemos
dejado de percibir muchos recursos por no haber puesto antes miles de
hectáreas en regadío.
RAFAEL ROMEO.
Hay que felicitar a quien lo ha hecho posible. Por la vía del diálogo se han
salvado conflictos cuya solución que parecía imposible y se ha visto que
posiciones opuestas pueden llegar a un acuerdo. El consenso es la forma de
que se abran todas las puertas y que se allane el camino. No coincido con
Cajal en que al Gobierno le venga bien no invertir; lo que ocurre es que
cuando hay conflicto surgen tantos obstáculos que, al final, es casi
imposible cumplir los objetivos. El acuerdo social es el gran avance de la
Comisión del Agua, que por primera vez ha puesto la otra cara de la moneda,
porque hasta ahora todos los acuerdos que se habían alcanzado en Aragón eran
de tipo político, como el Pacto del Agua. Esa la vía para eliminar los
obstáculos que paralizan las obras. El caso del Matarraña es otro ejemplo de
cómo cuando hay unanimidad, todo se facilita y se acelera.
CAJAL.
Hay obras en el Pacto del Agua no conflictivas que se han paralizado.
PACTO DEL AGUA: ¿Cuál es la ejecución de las obras previstas?
SÁNCHEZ.
No lo sé con exactitud, pero es ínfima.
CAJAL.
No tenemos los datos actualizados, pero es muy escasa. Espero que se ponga
de manifiesto en la próxima Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, que
se reúne el 14 de febrero.
ROMEO.
No voy a entrar en eso, pero hay que tener en cuenta que el proceso hasta
que se pone en marcha una obra es largísimo. Por ejemplo, la Comunidad del
Canal de Aragón y Cataluña lleva un año trabajando en el proyecto de San
Salvador y todavía quedan cerca de dos. Hay que darse prisa en lo que se
quiera hacer, porque también las obras tienen su plazo de caducidad. Por
nuestra parte, tenemos todos los proyectos prácticamente redactados. Lo
importantes es llegar a acuerdos unánimes y ejecutarlos cuanto antes.
SÁNCHEZ.
Los agricultores estamos curtidos por la historia del agua, que es una
discusión eterna entre galgos y podencos. Muchos de los proyectos del Pacto
del Agua, que al final se convirtió en una Carta a los Reyes Magos, vienen
de principios o mediados del siglo XX. La sociedad es ahora más moderna,
pero no debe olvidar la importancia del agua para la sociedad desde el
punto de vista económico, territorial y ambiental. ¿Qué vamos a ser capaces
de hacer ahora que ya no está la excusa del trasvase? La victoria sobre esta
amenaza se quedará en nada si no somos capaces de resolver nuestros
conflictos.
PÉREZ.
Es cierto que el Pacto del Agua tiene actuaciones ralentizadas a pesar de no
ser polémicas. También es verdad que las cosas han cambiado mucho desde 1992
y ahora podemos hacerlo mejor.
RICARDO ALIOD.
La lección más importante es que si ha sido posible el acuerdo unánime en
Santaliestra y no en Yesa, es porque en el primero no ha habido apriorismos.
Todas las variables de la posible negociación han estado sobre la mesa. En
Yesa, las alternativas no tuvieron tiempo de estudiarse. Deberíamos, de una
vez por todas, superar y desbloquear la política del agua, entendida como un
simple debate sobre las piezas de regulación. Esto es un tema pendiente del
pasado que conviene cerrar, porque este desgaste social es estéril, no nos
aporta nada y supone un impedimento para pensar en el futuro. En este
momento, el desafío futuro es el de plantear un uso del agua del agua como
materia prima que sea compatible con sus valores eco-sociales. Es decir,
revertir nuestros ríos a su buen estado ecológico y un esfuerzo por la
calidad del agua.
BISCARRUÉS: ¿Hay optimismo en el futuro inmediato?
SÁNCHEZ.
La experiencia nos indica que si continuamos con las pautas seguidas hasta
ahora, podremos llegar a un acuerdo con cualquier tema que pongamos sobre la
mesa. Siempre contando con que la Administración va a cumplir con su parte.
Algunos afectados nos han contado que lo peor hasta el momento ha sido vivir
durante décadas con una incertidumbre absoluta. Los agricultores ya no
vinculamos el futuro de nuestra actividad con los nuevos embalses, porque
nos hubiéramos pegado un tiro. Nos hemos centrado en un uso eficaz del agua.
Pero hay que tener en cuenta que el agua es un activo para toda
la sociedad.
PÉREZ.
La Comisión del Agua tiene que solucionar un problema de toda la Comunidad,
no sólo de Santaliestra o de nuestro sistema de regadíos. Hay que ir al
problema de fondo y mirar a largo plazo. La Comisión del Agua debe ir
concretando al máximo los derechos concesionales de esta tierra en las zonas
menos impactantes. El éxito se alcanzará cuando esos derechos sean una
realidad. Tengo confianza en la Comisión del Agua y creo que tiene
altas aspiraciones porque lo que estamos buscando es solucionar problemas de
Aragón.
SÁNCHEZ.
Debe analizarse sin apriorismos, partiendo simplemente de que es una obra
incluida en el Pacto del Agua y que es conflictiva. Se pondrán sobre la mesa
todos los detalles y documentos técnicos, y lo que previamente haya avanzado
la Iniciativa Social de Mediación.
CAJAL Posibilidades de acuerdo hay en todo lo que nos planteemos, tenemos
que hablar y negociar. Otra cosa será que las partes no estén dispuestas a
ceder.
ALIOD.
Habrá que poner sobre la mesa todas las posibilidades y alternativas, y
cuantas más, mejor. Sin embargo, los argumentos técnicos no son siempre los
mejores, hay que tener en cuenta los de tipo social. No hay que
encasquillarse en posiciones políticas, sino desapasionar el debate y acotar
sensatamente las expectativas.
PRIORIDADES: ¿Calidad o cantidad?
ALIOD.
Las demandas agrarias son secundarias y la prioridad es la conservación de
la calidad de las aguas. El mundo agrícola esta empezando a asumir esta
responsabilidad, y si sabe coger esta bandera hay muchos beneficios que
ganar. El objetivo del buen estado ecológico de las aguas, al que obliga
Europa, es a mi juicio mucho más complejo que el acuerdo sobre las obras.
PÉREZ.
Eso es. Aparquemos este dichoso tema de los embalses y comencemos a hablar
de cuestiones de interés y de futuro.
ROMEO
La Directiva Marco obliga a lograr un buen estado ecológico en el año 2015,
pero marca una serie de hitos que debemos cumplir para que España no sea
sancionada. Se está trabajando mucho en ello y se dedican muchos recursos
económicos. La directiva también marca un incremento de la participación
social en el agua.
SÁNCHEZ.
Detrás de todo esto se esconde el papel que se quiera dar para los
agricultores en el siglo XXI. ¿Cuántos agricultores queremos que haya en
Aragón? Hay que tener en cuenta los valores que no son puramente económicos,
como la soberanía alimentaria, la fijación de población, etc.
CAJAL.
La mayoría de pueblos de Monegros no tendría agua corriente sin el Canal.
Hay que tener en cuenta el valor social de las obras hidráulicas.
PÉREZ
Comparto que estamos descolocados en el tiempo y que ya no se debe hablar de
regulaciones. Las circunstancias nos han superado. Se tuvo la sensación hace
unos años de que estábamos a las puertas de que se iba a hacer una nueva
revolución hidráulica y se iban a hacer embalses como churros, pero la
situación es otra; se acabó en los años setenta. Los más de 1.200 embalses
que hay regulan cerca del 85 % de lo posible. Quedaron pequeños flecos y eso
es de lo que estamos hablando. Hoy deberíamos estar hablando de gestión. Ese
es nuestro reto, adoptar las medidas de gestión más modernas en cuanto a
técnica, métodos y medidas legislativas, entre las que el banco de aguas
puede ser muy positivo. Acabemos de una vez con estos dichosos flecos y
empecemos a hablar de cosas interesantes; hay más cosas que decir. Por
ejemplo, ahora creo que el Ministerio debería dar ejemplo y empezar por
modernizar sus canales, al igual que se pide a los regantes que se haga.
ALIOD.
Hay un interrogante en el desarrollo de la PAC que debe ser tenido en
cuenta. Hay que tener en cuenta los condicionantes de la agricultura y que
las alternativas para el medio rural no pueden estar sólo en el regadío.
SÁNCHEZ.
Tenemos que recuperar cierta soberanía alimentaria en los sectores
estratégicos. La realidad es que los planes se han ido incumpliendo. Las
organizaciones agrarias nos daríamos por satisfechas con que el crecimiento
del regadío se realizara de forma sostenida, aunque fuera a la mitad del
ritmo de lo que dicen los planes oficiales. En Bardenas faltan cerca de
3.000 hectáreas y en Monegros, mucho más, pero no hay que obsesionarse con
cifras.
CAJAL.
Las reservas alimentarias en Europa no están aseguradas y nadie puede
garantizar hasta dónde llegará la PAC. El mundo rural vive alrededor de la
agricultura, porque también el sector de servicios depende del campo.
PÉREZ.
El debate agrario también está acabado, porque lo que falta es completar los
flecos pendientes de los grandes planes, que ya no se van a repetir, con un
margen para regadío social. Para esto tenemos agua suficiente gracias a las
nuevas tecnologías.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
31-01-2005
Getafe exige una solución ambiental para los problemas de Perales del Río
"Somos el vertedero de Madrid", denuncian los afectados por el deterioro
ecológico
SUSANA HIDALGO - Getafe
La situación medioambiental en el barrio getafense de Perales del Río es
insostenible, según se desprende de un informe municipal. Los vecinos de
esta barriada llevan 25 años padeciendo los olores nauseabundos de varias
depuradoras, instaladas en el límite de Getafe con Madrid. Además, hay que
añadir otra incomodidad: los fangos del Manzanares y de otros cauces. El
Ayuntamiento exige a la Comunidad y a la Confederación Hidrográfica del
Tajo, instituciones con competencia sobre las depuradoras y sobre el río,
que solucionen urgentemente el problema de Perales. Vertederos,
incineradora, plantas de lodos, de segregación de residuos, eras de
compostaje, mosquitos, ruidos de obras... Los 5.046 vecinos de Perales del
Río llevan desde los años ochenta padeciendo los olores de las depuradoras
cercanas, los mosquitos del río Manzanares y la cercanía de distintos cauces
con aguas fecales, según denuncia un informe emitido por el Departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getafe. Los residentes de este barrio
sufren olores nauseabundos que llegan desde el complejo de Valdemingómez
situado a cinco kilómetros; desde Sufi SA, empresa dedicada a tratar los
lodos de la depuradora y desde las dos plantas de tratamientos de aguas
residuales de la Comunidad de Madrid (Butarque y Sur).
Estas infraestructuras están ubicadas en el término municipal de Madrid,
pero pegadas a Getafe. La situación ha hecho que los residentes en Perales
se describan de una manera muy gráfica: "Somos el vertedero de Madrid",
dicen.
A estos problemas arrastrados desde hace años hay que añadir dos nuevas
construcciones que están degradando aún más la zona: las obras de un nuevo
barrio con el que Perales del Río llegará a los 10.000 habitantes en los
próximos años y la construcción de la M-50 y del AVE a Barcelona. En el año
2000, el pleno del Ayuntamiento se opuso a estos trazados, incluso denunció
la situación ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Medio Ambiente.
Pero a pesar de que los malos olores están en Getafe desde hace 25 años, la
situación desde entonces apenas ha variado. "No se puede seguir así. Perales
del Río sufre una situación medioambiental muy agresiva. El 60% de los
recursos del departamento de Medio Ambiente los tenemos destinado a este
barrio", señala el concejal de Urbanismo de Getafe, Santos Vázquez.
Solución definitiva
Por eso, y para buscar una solución definitiva, el Consistorio getafense
quiere una reunión "urgente" con las dos administraciones que tienen
potestad para solucionar el medio ambiente del barrio (la Comunidad de
Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo). El Gobierno regional es
propietaria de las dos depuradoras y la Confederación Hidrográfica del Tajo
tiene la competencia para limpiar el río Manzanares y otros cauces cercanos
a Perales. Además, se está construyendo una nueva depuradora en el entorno
de la Aldehuela.
En teoría, dentro de unos seis meses tiene que entrar en funcionamiento una
nueva depuradora que quitará trabajo a las dos que provocan los olores. "El
problema de las depuradoras pegadas a Perales es que son muy antiguas y
secan los residuos al aire libre. Las modernas hacen este proceso de una
manera hermética", explican desde el Ayuntamiento.
Hay más problemas. En la ribera del Manzanares y pegado a la urbanización
Caserío de Perales hay una serie de agricultores que se dedican a plantar
maíz. "Este tipo de plantaciones requieren de mucha agua, que cuando se
estanca se traduce en malos olores. Hemos pedido a la Consejería de Medio
Ambiente que ayude a los agricultores a sustituir estos cultivos por otros
menos problemáticos", señala Vázquez.
Las explotaciones ganaderas que hay en la carretera que va a Perales del Río
tampoco contribuyen a mejorar el barrio: los orines de los animales se
filtran en el suelo y contaminan el ambiente. Estas situaciones son
herederas de la antigua pedanía que había en la zona y que tradicionalmente
fue una finca agrícola y ganadera.
En primavera y en verano los residentes sufren el que seguramente es el peor
de todos sus padecimientos: los enormes mosquitos que proceden del río
Manzanares. "La acumulación de fangos en el lecho del río incrementa
considerablemente el desarrollo de los mosquitos y disminuye la eficacia de
los tratamientos larvicidas", reza el informe municipal. "Esta situación
supone un grave problema para los vecinos", añade. La limpieza del
Manzanares le corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Ayuntamiento de Getafe fumiga en el lado del Manzanares que corresponde a
su término municipal. "Pero entonces los mosquitos se van al lado del río
que pertenece a Madrid y así no se soluciona nada", dicen desde el
Ayuntamiento. Por eso, es necesario que los dos consistorios hagan campañas
de fumigación conjuntas.
A pesar de todos los problemas medioambientales, los informes de salud
realizados por el Consistorio en Perales no ofrecen datos alarmantes: los
problemas sanitarios son los normales.
Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río,
opina que el Ayuntamiento de Getafe no se puede desentender y que también
tiene que aportar soluciones. "Por ejemplo, las obras de la M-50 han dejado
una escombrera al lado de unas viviendas y Ferrovial tendría que haberla
retirado del todo y convertido en un buen parque. El Ayuntamiento tiene que
presionar a la empresa para que cumpla", concluye Briceño.
Acampada entre chabolas
Los vecinos de Perales del Río llevan años de lucha incansable para intentar
mejorar su barrio. Desde las pasadas navidades están inmersos en un nuevo
reto: conseguir mejorar las condiciones de vida de las 200 personas que
habitan en el poblado chabolista de El Ventorro de la Puñalá.
Este poblado, donde la gente vive en la miseria, está situado justo en el
límite entre Madrid y Perales del Río (Getafe). Los niños van al colegio a
Getafe, pero a la hora de votar los chabolistas de El Ventorro tiene que ir
al municipio donde están realmente censados: Madrid. Pero los residentes se
quejan de que, a la hora de solucionar sus problemas, nadie les hace caso.
Los unos por los otros y la casa sin barrer.
Ahora, la acampada vecinal tiene un fin: llamar la atención de las dos
administraciones. "Queremos que estos vecinos dejen de habitar entre ratas,
así no se puede vivir en el año 2005", denuncia Nicanor Breceño, presidente
de la asociación de vecinos de Perales del Río.
En teoría, el Consitorio madrileño y el getafense han llegado a un acuerdo
para permutar cinco millones de metros cuadrados (500 hectáreas de cada
lado), entre los que estarían incluidos los terrenos que ocupan las chabolas
de El Ventorro.
Cuando el poblado chabolista pase a ser getafense, el Consistorio tiene
previsto construir en el terreno donde están ahora las chabolas un parque,
dentro del ámbito de actuación del nuevo barrio de Perales del Río.
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EL PAÍS
31-01-2005
Las centrales nucleares pagarán la gestión de los residuos radiactivos que
generen
Industria obliga a las eléctricas a poner 90 millones anuales que ahora
abonan los consumidores
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid
El Ministerio de Industria ha decidido que la gestión de los residuos
nucleares debe pagarla quien los produce: las centrales nucleares. Así, a
partir del 1 de abril, las eléctricas tendrán que pagar el 75% los 120
millones que la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) recibe cada
año para almacenar residuos y, en el futuro, desmantelar las centrales.
Hasta ahora ese dinero salía del 0,715% del recibo de la luz, que baja al
0,173%. Que las centrales asuman el coste de los residuos es una vieja
reivindicación ecologista y, según Industria, una forma de que el carbón,
penalizado por el Protocolo de Kioto, compita en igualdad de condiciones con
la energía nuclear. Las eléctricas han acogido con críticas moderadas el
cambio de sistema. El proceloso sector eléctrico se mueve. El decreto de
tarifas aprobado el 30 de diciembre de 2004 ha rebajado la cuota del recibo
destinada a "la segunda parte del ciclo del combustible nuclear", la gestión
de los residuos nucleares. En 2005, el 0,173% del recibo de la luz irá
destinado al tratamiento de los residuos radiactivos. Hasta esa fecha, el
porcentaje del recibo destinado a la gestión era del 0,715%. Así que
Industria ha reducido el 75% la cuota. La factura de la luz subió un 1,75%
con respecto al año anterior, gracias en parte a esa rebaja.
La intención del ministerio es que a partir del 1 de abril las centrales
financien la mayor parte del tratamiento, que supone unos 120 millones de
euros al año. Con la reducción al 25%, el consumidor pagará el equivalente a
la gestión de los residuos durante los tres primeros meses del año.
"La internalización de costes de la energía nuclear es una idea que viene de
lejos y que se ha precipitado por el Protocolo de Kioto. Si el Plan Nacional
de Asignaciones [aprobado el 21 de enero] impone penalizaciones a las
emisiones de CO2, es lógico que las centrales paguen la gestión de los
residuos nucleares que generan y no lo pague el consumidor", explican
fuentes de Industria. Fuentes del Gobierno explican que la forma en que las
eléctricas pagarán la gestión se aprobará con rango de ley en el paquete de
medidas para favorecer la competencia que prepara Economía.
Margen de negociación
Aunque la decisión está tomada (alguien tiene que suplir la reducción
incluida de la tarifa y no va a ser el Gobierno), Industria mantiene que
está negociando. La patronal del sector eléctrico, Unesa, ha criticado el
cambio en el pago de la gestión: "A las empresas no les ha gustado y esperan
que haya margen para negociar, algo a lo que el Gobierno parece dispuesto".
Las empresas más afectadas serán Endesa e Iberdrola, propietarias de más de
la mitad de la potencia nuclear instalada.
La negociación se centra en la forma en imputar a cada reactor cuánto tendrá
que pagar (si se hace según la potencia instalada, residuos generados en el
pasado o en el futuro o el coste de desmantelarlo). Además, Industria ha
dejado abierto qué hará en 2006: si bajar de nuevo la cuota para que las
centrales paguen el 100% de la gestión de los residuos o dejar el 25% en el
recibo de la luz.
"Enresa gestiona también residuos de hospitales y centros con pequeños
aparatos radiactivos, no todos los gastos de gestión y personal son
achacables a las nucleares. Es posible que el Gobierno deje esa parte en la
tarifa", explican fuentes del sector próximas a la negociación.
Enresa es una empresa pública que calcula que tratar los residuos nucleares
de todas las centrales hasta 2070 costará 12.000 millones de euros. El
dinero se destinará a almacenar y tratar los residuos de las nueve plantas
existentes en España suponiendo que la última central cierre en 2028. Desde
1984, cuando se creó Enresa, la empresa ha gastado 3.000 millones de euros.
La mayoría del gasto se producirá a partir de 2025, cuando comience a
desmantelar la mayoría de las centrales.
Las nueve centrales producen un 30% de la electricidad en España y generan
160 toneladas anuales de residuos de alta actividad (que duran decenas de
miles de años). Actualmente, cada central almacena sus residuos. El
Congreso, con acuerdo de todos los grupos, ha pedido al Gobierno que en un
año decida construir un almacén temporal de residuos y acabe con la actual
dispersión.
Enresa espera recibir este año unos 120 millones de euros por la vía de la
tarifa (en 2003 recibió 119,165 millones). Este dinero supone el 97% de los
ingresos de explotación de la compañía. Enresa también recibe dinero de los
hospitales y otros centros con aparatos radiactivos cuando tiene que
almacenar sus residuos de baja y media actividad, que son enviados al centro
que tiene en El Cabril (Córdoba). La empresa acumula el dinero que recibe
anualmente en el llamado Fondo para la financiación de las actividades del
Plan de Residuos Radiactivos, que alcanza los 1.800 millones. Enresa
invierte ese dinero y obtiene un rendimiento de unos 100 millones al año. La
empresa insiste en que con 120 millones al año tiene suficiente para
gestionar todos los residuos que se generen en España.
Igualdad para las fuentes de energía
El argumento para que las nucleares paguen la gestión de sus residuos es
ecologista (quién contamina paga), pero, sobre todo, es económico: que las
distintas fuentes de energía (gas, carbón, hidroeléctrica, eólica, solar)
tiendan a competir en igualdad de condiciones aunque las energías renovables
tienen primas. El presidente de Enresa, José Alejandro Pina, asegura que la
decisión ha sido de Industria pero que es algo lógico: "Es normal que las
nucleares se hagan cargo de sus residuos y no el consumidor".
"Se trata de que todas las energías compitan en igualdad. El kilowatio.hora
nuclear es de los más barato y así lo anuncia siempre la industria nuclear.
Lo es, pero en parte gracias a que las empresas no ponen en sus resultados
la gestión de los residuos, que sale de los consumidores, independientemente
del origen de la electricidad que utilicen", asegura Carlos Bravo,
responsable del tema nuclear en Greenpeace. Los ecolosistas aplauden la
decisión pero piden el abandono de la energía nuclear.
El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Santiago San Antonio, afirma
que las centrales pueden asumir la gestión de los residuos. "El coste del
kilowatio.hora nuclear es de 1,06 céntimos de euro, menor que el de otras
fuentes de energía excepto la hidráulica (que depende de que haya agua en el
pantano)".
Según San Antonio, las centrales seguirían siendo rentables aun pagando la
gestión de sus residuos y el desmantelamiento de las: "En Finlandia, donde
están construyendo una central, han calculado que pagar la gestión de los
residuos puede elevar un céntimo de euro el precio del kilowatio.hora. Si el
precio medio que pagan a las eléctricas la electricidad es de 3,7 céntimos
por kilowatio.hora, eso significa que hay margen".
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EL PAÍS
31-01-2005
Enresa intenta evitar la vuelta de 400 toneladas de desechos de Vandellòs I
R. M. - Madrid
Los residuos nucleares generados por la central de Vandellòs I son un
quebradero de cabeza para la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(Enresa). La central funcionó entre 1973 y 1989 (cuando sufrió un incendio)
a base de uranio metálico, que después de ser usado como combustible no se
puede almacenar en agua, como hacen las centrales españolas.
Las 1.600 toneladas de residuos de alta actividad que generó la central
fueron enviados a la empresa Cogema, en Francia, para ser reprocesados. El
problema es que 400 de esas toneladas tienen que volver en enero de 2011. A
partir de esa fecha, Enresa debería pagar 50.000 euros por día de retraso en
el regreso.
El ingeniero y portavoz de Enresa, Jorge Lang-Lenton, explica que la empresa
comenzó a negociar con Francia hace tres meses para evitar el regreso de
estos residuos: "Es complicado, pero estamos buscando fórmulas para evitar
la vuelta". En total, tienen que volver 84 contenedores con residuos
vitrificados de 150 litros cada uno y 665 metros cúbicos de desechos en
bidones. Es el mayor cargamento nuclear enviado por España al extranjero.
Uno de los problemas es que la mayoría de estos residuos, al derivar de
uranio metálico y no enriquecido, no se pueden almacenar en las piscinas en
las que las centrales españolas almacenan sus residuos. Actualmente sería
imposible acogerlos. Tampoco se pueden almacenar en el almacén de residuos
de baja y media actividad que tiene Enresa.
Entre las opciones contempladas está el cambio de los residuos por agua
pesada con una radiactividad equivalente, que sí se puede almacenar en
España. La empresa francesa prefiere almacenar definitivamente los residuos
a cambio de dinero (mucho dinero) y de nuevos envíos de combustible gastado
para ser reprocesados.
513 millones
Enresa ya ha pagado a la empresa pública Cogema 513 millones de euros por el
tratamiento de los residuos de Vandellòs I (Tarragona) y aún tiene que pagar
51 millones. Con el reprocesamiento se recupera parte del Uranio presente en
el combustible nuclear gastado para volver a utilizarlo.
En 2003, Enresa alcanzó un acuerdo con la empresa británica BNFL parecido al
que intenta conseguir con Francia. Enresa ha pagado 34,5 millones al Reino
Unido para evitar el regreso de 97 toneladas que la central de Santa María
de Garoña envió entre 1971 y 1983. El envío de residuos nucleares al
extranjero "es una opción que puede considerarse abierta, aunque con un
coste elevado y con el problema del retorno a España de los residuos", según
Enresa.
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EL PAÍS
31-01-2005
La energía nuclear renace en Estados Unidos
La Administración de George Bush alienta la construcción de nuevas centrales
después de 30 años sin un nuevo reactor
SANDRO POZZI - Nueva York
La energía nuclear se daba por muerta en Estados Unidos. En tres décadas no
se ha dado ni un permiso para nuevos reactores. Los pocos que han entrado en
funcionamiento en este tiempo lo han hecho gracias a que fueron aprobados
antes del accidente en Three Mile Island (Pensilvania) ocurrido en 1979 y
que pudo acabar en un desastre similar al de Chernóbil. Ahora, 25 años
después, el debate sobre la necesidad de reforzar la energía nuclear
resucita con fuerza y la industria tiene ya un ambicioso plan para ampliar
el número de reactores: cinco nuevos funcionando en 2015, una docena en 2020
y medio centenar en 2050.
Estados Unidos tiene 103 reactores nucleares, que suministran el 20% de la
electricidad. El 51% de la electricidad es generada por plantas de carbón,
el 17% con gas natural, y el resto son centrales hidroeléctricas, eólicas y
solares. El uso de petróleo para generar electricidad es mínimo. EE UU
produce un 30% más de energía de la que se consume. Pero las previsiones
dicen que hará falta más potencia. La Energy Information Administration
(EIA, en sus siglas en inglés) prevé en su último informe un crecimiento de
la demanda del 50% para 2025, lo que obligará a construir "varios
centenares" de nuevas plantas.
El aumento de la demanda, según admite la Casa Blanca, plantea un problema
medioambiental: las emisiones de gases de efecto invernadero proecedentes de
las plantas de carbón. Por eso, el presidente George Bush es contundente:
"La [energía] nuclear es la respuesta a muchos de los problemas". En una
entrevista al diario The Wall Street Journal, Bush la calificó como una
energía "renovable", en un claro desafío a los ecologistas.
A la Administración estadounidense no le preocupa sólo el medio ambiente.
Washington no quiere que los habituales cortes de suministro en California
se extiendan. Samuel Bodman, el hombre designado para el Departamento de
Energía, sentenciaba ante el Senado hace una semana que la energía nuclear
debe formar parte del suministro energético. Su departamento dispone ya de
un programa, Nuclear Power 2010, que contempla la construcción de nuevas
centrales para el final de la década.
El antecesor de Bodman, Spencer Abraham, insiste en que la industria debe
realizar una campaña "agresiva" para resucitar este tipo de energía. Ese
mensaje, según Abraham, es aplicable a todo el mundo.
Así, el segundo mandato de Bush marcará el renacer de las centrales
nucleares. John Rowe, presidente ejecutivo de Exelon, el mayor productor de
energía nuclear en EE UU -con 17 reactores-, no oculta su entusiasmo:
"Siempre es gratificante tener al presidente de tu parte". El Congreso, como
la Casa Blanca, reconoce la necesidad de incrementar las fuentes de energía
que no emiten CO2, como la nuclear.
El debate está tan avanzado que se han autorizado subvenciones para cubrir
parte de los costes de construcción de los reactores de nueva generación.
Éstos son más baratos que los construidos antes de 1979, más eficientes,
simples de operar y más seguros. Las eléctricas se han aliado en consorcios
para hacer frente al desembolso, que tendrá, eso sí, con la ayuda del
Estado.
La industria tiene planes precisos para la construcción de nuevos reactores
en Misisipí, Carolina del Sur, Alabama, Virginia, Idaho e Ilinois. Exelon
lidera el consorcio Nustart, uno de los dos grupos que intentan obtener las
licencias para construir nuevas centrales nucleares.
Exelon quiere instalar un nuevo reactor en Clinton (Ilinois), donde funciona
una planta desde 1987. Entergy, su socia en el consorcio, quiere hacer lo
mismo en Port Gibson (Misisipí). Y ambas, a través de NuStart, en el que
también está integrado la francesa EdF, pretenden abrir dos nuevas
centrales, una en el río Savannah (Carolina del Sur) y otra cerca de las
cataratas de Idaho. Además, planean la construcción de tres centrales más en
lugares sin precisar.
El Departamento de Energía ya les ha concedido 260 millones de dólares (199
millones de euros) para el diseño del nuevo reactor, que está en manos de
General Electric y Westinghouse. Dominion lidera el segundo consorcio junto
a Hitachi y Bechtel, pero recientemente dejó su proyecto original porque se
le estaba complicando mucho la aprobación del reactor. La alternativa que se
plantea es desarrollar una nueva versión del reactor de General Electric. De
momento, la Nuclear Regulatory Comisión (NRC) ha aprobado el diseño de tres
reactores, dos de Westinghouse y uno de General Electric. Y un cuarto está a
punto de recibir la luz verde. NuStart confía en conseguir el certificado
para su primera central nuclear en 2007 y empezar la construcción en 2010.
El banco de inversiones Prudential Equity calcula que los primeros reactores
de nueva generación empezarán a producir electricidad antes de 2015.
La carrera por la construcción de nuevas centrales coincide con un cambio de
actitud de la opinión pública hacia la energía nuclear, según el Instituto
de Energía Nuclear (Nuclear Energy Institute). Las últimas encuestas hablan
de un apoyo del 53%, eso sí, si las centrales no le caen a uno cerca de
casa. Esto contrasta con la oposición que cundió entre los ciudadanos a raíz
del accidente en Three Mile Island y que se acrecentó tras la catástrofe de
Chernóbil (1986).
El problema no es tanto la seguridad ante accidentes sino los residuos
radiactivos, como apunta Paul Gunter, del Nuclear Information and Resource
Service. Uno de los puntos clave para el futuro desarrollo de la industria
nuclear en EE UU está en el polémico almacenamiento geológico profundo en
Yucca Mountain (Nevada). La industria presiona a Washington para que
autorice su apertura. La Casa Blanca apoya el plan, porque, como señaló
Samuel Bodman, el controvertido proyecto en Yucca Mountain "es vital".
La Administración desvía las críticas asegurando que está explorando nuevas
tecnológicas de reciclado del combustible nuclear. Bush obtuvo en las
pasadas elecciones el 51% de los votos en Nevada y el 58% en el condado de
Nye, al que pertenece Yucca, frente al 48% y el 39% de su rival John Kerry,
quien dijo que no autorizaría el cementerio nuclear.
El presidente de la organización ambientalista Sierra Club, Carl Pope,
considera "irresponsable" que Bush se postule a favor de nuevas nucleares:
"La política energética de Bush no promueve la eficiencia energética ni las
fuentes renovables" y afirma que la Casa Blanca "está al servicio de las
grandes compañías energéticas".
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“Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares”
30 de enero de 2005
Concentración-protesta por la telefonía móvil en Alcalá de Henares
Mas de 200 vecinos/as del Barrio del Val de la Ciudad de Alcalá de Henares
han realizado una Concentración-protesta y pacifica ante la entrada del
campo de fútbol, siendo vigilados por la policía nacional y municipal ante
lo que es una situación indignante para estos vecinos/as que es la
instalación de un Equipo Emisor de Telefonía Móvil en la Ciudad Deportiva
Virgen del Val en el Campo de Fútbol de la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Los vecinos de los edificios próximos a esta instalación que se han
manifestado hoy mostraban su malestar e indignación porque durante más de
20 meses se han negado ha esta instalación y han estado realizando reuniones
para no instalar estos equipos de telefonía en sus edificios ya que las
dudas que han planteado era la incidencia o no con el cáncer, y ante la
aparición de noticias con vecinos afectados de cáncer en Mostoles y en la
calle Butrón de Madrid a suscitado una gran alarma social.
La Asociación de Vecinos del Val que han estado asesorando a los vecinos,
han recibido la noticia de esta instalación con verdadero estupor porque
este equipo se encuentra dentro de instalaciones municipales sin licencia y
con un acuerdo por parte de la RSDA y la Compañía de Telefonía.
La AV del Val nos parece que lo que prima son los intereses de la RSDA y la
Compañía de Telefonía dejando a los vecinos en una situación de indefensión
y que en breve si no se toman medidas radiándolos directamente por estos
equipos emisores de telefonía móvil, esperamos que los responsables
municipales no concedan las licencias oportunas y alejen estos equipos
emisores, direccionales y frecuenciales lejos de la población y además de no
poder estar en una zona sensible como recoge el Real Decreto de
Telecomunicaciones, estamos a favor de la tecnología y no en contra pero se
debe aplicar el Principio de Precaución ante la duda aplíquese la máxima de
Salud Ambiental.
Las movilizaciones seguirán realizándose hasta que la instalación se
desmonte y sea ubicada a una zona mas alejada de la población. Los gritos
coreados de estos vecinos/as se han dejado oír por el barrio… Nuestra Salud
lo Primero Carretero, Las Antenas al Monte, No más muertos, etc. En las
fachadas pancartas No al Cáncer, Fuera antena, Deporte Sí Antena Nó…
La FCAVAH quiere refrescar la memoria ante una situación de alarma social
tan importante, que esta situación se repite y es igual que la producida en
la anterior legislatura en la instalación de la antena de radio municipal
del Ágora de Alcalá en Gilitos con la intervención en un pleno municipal de
esta FCAVAH y la AV Presidida por Sr. Ramón Masero, consiguiendo el traslado
del equipo, no queremos demagogia política pero sí una decisión que resulte
beneficiosa para la salud y los intereses de los ciudadanos.
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Ecologistas en Acción de Guadalajara
26 de enero de 2005
ECOLOGISTAS EN ACCION ANUNCIA UNA DURA OFENSIVA CONTRA LOS PLANES DE
ORDENACION MUNICIPAL INSOSTENIBLES QUE SE PROYECTAN EN NUESTRA PROVINCIA
Ecologistas en Acción de Guadalajara pedirá a la Consejeria de Vivienda y
Urbanismo la paralización cautelar de los POM hasta que sea consensuado el
Plan de Ordenación Territorial (POT) del Corredor del Henares, y
solicitaremos que los criterios prioritarios a tener en cuenta en la
planificación urbanística sean los de la Agenda local 21, donde muchos
ayuntamientos se han adherido.
Asimismo, estamos estudiando la posibilidad de elaborar un recurso de
inconstitucionalidad contra la LOTAU, Ley de Ordenacion del Territorio y la
Actividad Urbanistica, Ley 2/1998, de 4 de junio, por entender que atenta
contra los derechos básicos de los ciudadanos, por un lado al destruir el
medio ambiente y por otro por desproteger a los propietarios afectados por
un Plan de Ordenación Municipal.
Denunciamos la situación actual, donde debido al retraso del anunciado POT
del Corredor por parte de la Consejeria de Vivienda y Urbanismo, muchos
ayuntamientos tienen aprobados o finalizados muchos POM sin criterios de
sostenibilidad. Por ello, nuestra petición de moratoria cautelar. Apoyamos y
apostamos una planificación territorial que cumpla los puntos del 1.2 al
1.9, de la Carta de Aarlborg, ratificada por los ayuntamientos que se suman
a la Agenda Local 21 (adjuntamos en fichero adjunto) y solicitamos un cambio
de relaciones entre las grandes promotoras inmobiliarias y los ediles de los
ayuntamientos, velando siempre por la sostenibilidad y los derechos de los
ciudadanos.
Esta campaña que llevaremos a cabo durante todo el año 2005, constara de los
siguientes objetivos:
1.- Reuniones con los responsables provinciales y regionales de urbanismo.
2.- Estudio y posible denuncia de inconstitucionalidad de la LOTAU.
3.- Presentación de alegaciones y movilizaciones vecinales en los Planes de
Ordenación Municipal, que presenten irregularidades, ilegalidades o planteen
modelos insostenibles. (En la actualidad estamos trabajando en el de
Galápagos, Chiloeches y Cañizar)
4.- Organización de Jornadas Regionales sobre Ordenación del Terriotiro y
Planificación Urbanística.
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“Colectivo Ecologista de Avilés”
27 de enero de 2005
Excluir del Plan General de Ordenación Urbana nuevas áreas residenciales
Dentro del proceso de información pública del Plan General de Ordenación
Urbana este Colectivo Ecologista tras estudiar detenidamente el proyecto
presentado, nuevamente insistimos en nuestras alegaciones que son
complementarias a los anteriores documentos presentados en estos tres años
en esta revisión.
1- Pedimos la exclusión dentro del Plan de las nuevas áreas residenciales
denominadas “Gaxín”, “La Magdalena” y las del entorno del “Parque
metropolitano La Carriona” y reducción del área contemplada dentro de “Nueva
puerta de la ciudad”, al ocuparse espacios poco o nada transformados
urbanísticamente, de marcado interés ambiental y paisajístico al tratarse de
áreas de campiña. En el caso de Gaxín se perdería uno de los espacios más
importantes de campiña que aún quedan dentro del municipio.
2- Proponemos que si se demuestra necesario ampliar las áreas residenciales
de baja o mediana densidad éstas se ubiquen en el entorno de Valliniello, lo
cual contribuiría a revaluar este espacio y a subsanar las deficiencias en
accesos, equipamientos o infraestructuras existentes en la zona que tras el
cierre de la cabecera y las baterías pasara a ser una zona menos
contaminada. Esta zona hoy muy degradada no aparece para nada en el futuro
plan a pesar de su elevada potencialidad.
3- A la vez consideramos que se deben declarar como suelo no urbanizable
las áreas de Gaxín y La Magdalena por sus valores naturales y para
salvaguardar zonas de campiña en el municipio.
4- Pedimos la consideración de suelo no urbanizable de los terrenos de Maqua
no ocupados por las instalaciones de la futura depuradora, dado el
desinterés mostrado hasta la fecha por su ocupación industrial y
considerando el futuro beneficio que supondría la recuperación de los
antiguos terrenos de marisma existentes. Por otro lado, se debe considerar
que la Ley de Costas vigente considera como terrenos pertenecientes a la
ribera del mar y por tanto de dominio público a aquellos provenientes de
antiguos rellenos o suelo ganado a la influencia de la mar.
Es necesario un centro de interpretación en la zona de Zeluan por sus
valores naturales por lo debe construirse una Estación Ornitológica en la
zona de la casa de Maqua, catalogada para equipamiento publico y no como
esta previsto para equipamiento hostelero.
6- Con la actual situación portuaria asturiana, creemos una quimera
plantear que el puerto avilesino crezca sobre la margen derecha. Por ello
instamos al Ayuntamiento de Avilés a que plantee a la Autoridad Portuaria
que los avilesinos puedan disfrutar de lo poco que queda de la ría: tanto el
total de la ensenada de Llodero (incluyendo la concesión dada al Astillero)
como los limos que quedan en bajamar frente a la rula. Queremos que nuestro
Ayuntamiento sea realista y valiente en sus propuestas de futuro, y no un
mero compás del afán desarrollista y especulador.
7-No encontramos explicación alguna para considerar una amplia área en El
Estrellín como “espacio natural protegido”, un área altamente degradada por
extracciones de áridos, depósito de residuos y forestaciones con eucalipto.
Proponemos su descalificación a cambio de considerar la catalogación como
protegidas las áreas antedichas de Gaxín y La Magdalena. Consideramos que
aquí serían más compatibles las actividades industriales que en lugares como
Zeluán o Maqua.
8-Manifestamos nuestra preocupación del importante impacto que supondría la
ronda norte que iría de la Maruca hasta la actual circunvalación con un
efecto barrera en la zona de San Cristóbal, tramo que no parece tener una
necesidad real y suponen un importante cantidad de recursos.
9-Plantamos dudas respecto al proyecto de soterramiento de las vías con un
importante coste que podría solventarse con el traslado de la estación de
pasajeros de Renfe a la zona de Versalles y a utilizar la actual línea de
Aceralía para trasladar al Polígono la estación de mercancías, habría otro
ahorro de la nueva línea del puerto.
10-Nos parece insuficiente el proyecto de tranvía y por supuesto precipitado
su abandono. Se debería aumentar el proyecto de recorrido a los concejos
limítrofes, con una línea que vaya desde los Campos hasta Piedras Blancas,
este aumento del presupuesto podría ser compensando con otras inversiones
presupuestadas que carecen a nuestro juicio de prioridad.
Esperamos que el Ayuntamiento de Avilés cambie el PGOU propuesto, porque si
no lo previsto se va cargar lo que queda de naturaleza alrededor de la
ciudad. El multiplicar la superficie donde se puede construir no esta
conlleva el abaratamiento de la vivienda sino una destrucción de espacios
conservados y un aumento de precios vías compensaciones, tal como podemos
ver en las recientes actuaciones realizadas en la ciudad.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 01/02/2005 - Modificar
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