Secciones: Venezuela Bolivariana - Prensa / Medios comunicaciónTítulo: Embajada venezolana expresa preocupación por circulación reiterada de informaciones erróneas y tergiversadas
sobre situación en Venezuela- Enlace 1 Texto del artículo:
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Anticipo del texto:
Nota
Aclaratoria
Embajada venezolana en España expresa su
preocupación
por circulación reiterada de informaciones erróneas y
tergiversadas
sobre situación en
Venezuela
·
Se
invisibilizan las acciones de violencia cometidas por grupos de extrema
derecha y la complicidad de algunos alcaldes de oposición (ver punto 10),
mientras se intenta culpar de la violencia a grupos de base chavista o al
propio gobierno.
·
Se
oculta el escaso apoyo social que tienen las actuales protestas contra el
gobierno.
·
Se
intenta transmitir una imagen de desgobierno y de caos generalizado que no
se corresponde con la realidad.
·
Se
invisibilizan o descalifican los esfuerzos que viene haciendo el gobierno
desde diciembre para promover espacios de encuentro con la oposición en
asuntos de Estado.
·
No se
informa de la acción ordenada y proporcionada de las fuerzas de orden
público, cuya instrucción es el respeto irrestricto a los derechos
humanos. Tampoco de las acciones de las instituciones del Estado para
prevenir y castigar los posibles casos de abusos por parte de algunos
funcionarios policiales.
·
Se
relativiza o tergiversa el apoyo de los organismos y países de la región
al gobierno legítimo y democrático de Venezuela y a sus esfuerzos
por el diálogo y la paz.
Preocupados por la
reiteración de informaciones erróneas acerca de los recientes
acontecimientos de violencia acontecidos en algunas regiones del país, la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España
desea expresar lo siguiente:
- El pasado 14 de abril de 2013 el candidato chavista
Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales al
imponerse al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, por el 1,5%
de los votos.
- El 8 de diciembre de 2013 pasado se celebraron
elecciones municipales. La oposición planteó las mismas como un
plebiscito sobre la gestión del Presidente Nicolás Maduro. Con una
participación histórica, las fuerzas chavistas se impusieron en estas
elecciones, ganando en un 70% de los municipios y ampliando su ventaja
electoral 11,5%.
- Inmediatamente a las elecciones el gobierno del
presidente Nicolás Maduro convocó a los alcaldes y gobernadores
opositores a una reunión, para trabajar en conjunto en los asuntos
fundamentales para el Estado. A esta primera reunión se sumó la
coordinación con todos los alcaldes y gobernadores opositores para
impulsar el Plan de Pacificación Nacional, así como otras reuniones de
coordinación a nivel del Consejo Federal de Gobierno.
- Decepcionados por estos resultados electorales y la
posibilidad de que la oposición se incorporara a algún tipo de trabajo
con el gobierno, el 23 de enero de 2014, los dirigentes opositores
Leopoldo López (Movimiento Voluntad Popular) y María Corina Machado
(Movimiento Vente Venezuela), llamaron públicamente a sus
partidarios a participar en una operación que denominaron “La
Salida”, consistente en tomar las calles hasta lograr que sea depuesto
el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
- Las acciones de violencia no tardaron en sucederse.
Comenzaron el 6 de febrero con el ataque de un grupo opositor a la
residencia oficial del gobernador del estado Táchira –donde se ubica
un centro de rehabilitación de niños con discapacidades.
- El 12 de febrero López y Machado arengan a sus
partidarios para que realicen actos violentos. Este día resultan
asesinadas tres personas y 66 heridos. Los partidarios de López y
Machado causaron destrozos a la sede principal del Ministerio Público,
el Tribunal Supremo de Justicia, estaciones del Metro y en diferentes
instalaciones y servicios públicos. Las acciones violentas continuaron
de forma focalizada en algunos puntos del estado Carabobo (Valencia),
estado Miranda (fundamentalmente en el Municipio Chacao), así como los
estados fronterizos con Colombia: Zulia (Maracaibo) y Táchira
(especialmente en San Cristóbal), además de algunas zonas de clase
media-alta del Distrito Capital (específicamente en Caracas).
- En sus acciones, estos grupos opositores violentos
han utilizado continua y reiteradamente armas de fuego, bombas
incendiarias y objetos contundentes; han levantado barricadas y empleado
tácticas terroristas, como la colocación de cables de acero o nylon
atravesados en las vías públicas (ocasionando lesionados y, al menos, el
degollamiento de un motorista), como parte de sus estrategias para
generar zozobra, caos y pérdida de vidas.
- Hasta el 8 de marzo estas acciones de violencia han
dejado el lamentable saldo de 21 personas fallecidas, entre los que se
cuentan civiles, partidarios y detractores del gobierno, así como
funcionarios policiales. Además, otras 50 personas han perdido la vida
como consecuencia del continuado cierre de calles con barricadas.
Además, al menos 318 personas han resultado heridas en diversos
altercados, incluyendo a 81 miembros de los cuerpos policiales.
Igualmente, han sido cuantiosos los daños materiales sufridos en los
asaltos a infraestructuras públicas, incluyendo escuelas y
hospitales.
- Sin embargo, en Venezuela no existe un estado de
violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero, los
episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18
municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los municipios. En las
últimas jornadas estas acciones se focalizaron en tan solo 6 municipios
(1,7%).
- Las acciones violentas se han venido reduciendo,
tanto por la acción ordenada y ajustada a la Ley de los organismos de
orden público del gobierno, como por el propio reclamo de la
ciudadanía afectada por el bloqueo de calles y accesos a
urbanizaciones, así como por la acumulación y quema de basuras. Llama la
atención que ni los alcaldes opositores, ni los cuerpos policiales
bajo su control, han colaborado en el mantenimiento del orden y que, por
el contrario, protegen a los grupos violentos que están operando en
su jurisdicción. Tal como quedó en evidencia con el asesinato por parte
de policías de Chacao de una joven detective del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), cuando este cuerpo detuvo para
averiguaciones a un indiciado en múltiples acciones de violencia
detenido in fraganti.
- De hecho, según el estudio realizado por la encuestadora
International Consulting Services (ICS), un 85,4% de la
opinión pública venezolana se posiciona en desacuerdo con estas
protestas, mientras más de un 90% respalda la participación de todos
los sectores sociales (incluyendo opositores y empresarios) en las
iniciativas de diálogo nacional impulsadas por el presidente Nicolás
Maduro en el marco de la constitución.
- Destacados líderes de la oposición han venido
manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia,
exigiendo que se detenga y que las instancias que agrupan a la
oposición se deslinden con claridad de estos hechos y favorezcan el
diálogo con el gobierno.
- Las instituciones del Estado han ejercido una labor
escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que establece la
Ley, para controlar la violencia y preservar el orden. Tras los
numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de
marzo, han resultado detenidas 1.322 personas, que han sido presentadas
de inmediato ante los tribunales. De estas, a 1.103 se le han
aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha
dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen privadas de libertad
por incurrir en flagrancia en delitos de alteración del orden público,
lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre otros. La
Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de
libertad son estudiantes.
- Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual
rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad
del Estado. La Fiscal ha sido enfática respecto a que se están
investigando todas las denuncias contra efectivos de seguridad respecto
a torturas u otro tipo de violaciones a derechos humanos. De hecho,
según informó la Fiscal General de la República el 7 de marzo, 15
miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran privados
de libertad por encontrarse incriminados en situaciones de abusos y/o
violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de derechos
humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las más activas
recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el
esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.
- Varios ciudadanos de nacionalidad española o doble
nacionalidad española/venezolana se han visto implicados en hechos de
violencia. En todos los casos el gobierno está coordinando su
actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en
orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible,
dentro del respecto a la legislación venezolana y a los acuerdos
suscritos entre ambos países. Sobre el caso del ciudadano español
Wilmer Carballo de 43 años, la fiscalía informó que murió el 24 de
febrero en el sector Fundación de Cagua, municipio Sucre del estado
Aragua, tras recibir un disparo. El Ministerio Público comisionó a los
fiscales 32º de Aragua y 3º de Táchira, Rolando García y Nelson Montero,
respectivamente, a fin de dirigir la investigación para esclarecer su
fallecimiento.
- El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha
expresado públicamente y en reiteradas oportunidades su más enérgico
rechazo al empleo de la violencia, así como a cualquier recurso
ilegal o inconstitucional por parte de cualquier sector político. Así
mismo, ha exigido la actuación ejemplar y sin distingo de las
instituciones de justicia. Igualmente, ha expresado en reiteradas
ocasiones la necesidad de que cualquier delito cometido por funcionarios
policiales en el transcurso de sus actuaciones sea castigado de
inmediato.
- El pasado 26 de febrero se celebró, a convocatoria
del Presidente Maduro, la Conferencia Nacional por la Paz y
Convivencia, en la que participaron representantes de distintos
sectores políticos (incluyendo diputados y alcaldes de oposición),
empresariales (Fedecámaras, Fedeindustria, empresas Polar, entre otros),
mediáticos, estudiantiles, sindicales y religiosos. Esta Conferencia
está en pleno desarrollo. Se han creado comisiones específicas,
comenzado a operar las de política y economía, además del encuentro
de partidos políticos. Éstos son espacios para formular acuerdos de
trabajo ágiles en las materias concretas que afectan la vida de la
ciudadanía.
- El patrón de los actuales acontecimientos de
violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de
2002, cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas
tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que
justificasen un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
- Resulta preocupante que la mayoría de los medios de
comunicación privados venezolanos (más del 60% de los medios en
Venezuela son privados y tienen 90% de la audiencia nacional) y los
medios internacionales más influyentes insistan en silenciar, minimizar
y/o descalificar las manifestaciones masivas a favor de la paz y en
apoyo al gobierno nacional, así como las declaraciones de
personalidades, incluyendo dirigentes opositores, que llaman a la
sensatez, a la no violencia y al diálogo.
- La cobertura informativa presenta las acciones de
violencia como manifestaciones pacíficas, las actuaciones apegadas a la
Ley de los órganos del orden público como acciones represivas del
gobierno; al tiempo que se maximizan las problemáticas existentes en el
país, sin mencionar las políticas desarrolladas por el Estado para
atenderlas y otros datos de contexto que permiten entender el respaldo
popular a la gestión del gobierno (desempleo de sólo 7%, más de 500 mil
viviendas sociales entregadas en los 2 últimos años, aumentos anuales
del salario mínimo por encima de la inflación, fortalecimiento de los
servicios públicos de educación, salud, alimentación o el incremento del
número de estudiantes universitarios de 400 mil a 2 millones 600 mil y
de pensionados de 300 mil a 2 millones 500 mil, etc.).
- Se ha llegado al extremo no sólo de tergiversar
declaraciones de autoridades, hacer montajes de videos y/o
fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como fotografías de
lamentables sucesos acecidos en otros países para criminalizar a un
Gobierno constitucional, cuyos esfuerzos en materia de derechos humanos
gozan del reconocimiento de organismos e instituciones
internacionales.
- Contrario a las reseñas de algunos medios de
comunicación, no se ha cercenado en ningún momento la libertad de
expresión en Venezuela, donde ésta es protegida por la Constitución y
las leyes. Basta ver las primeras páginas de los más de 300 diarios
venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio
privadas, ver los más de 60 canales de televisión privados o los más de
100 canales que se ven por suscripción (televisión de pago), para darse
cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en
Venezuela.
- La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla
junto a más de 100 canales por suscripción que se pueden ver en
Venezuela, fue suspendida por hacer apología a la violencia (lo cual
está prohibido en la legislación venezolana, así como en el Artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la censura
está prohibida por el artículo 58 de la Constitución, aunque existe la
responsabilidad ulterior, tal y como sucede en la práctica totalidad de
democracias avanzadas.
- Existen notorios elementos de prueba para afirmar que
estos actos violentos son incentivados, organizados y financiados con
apoyo del exterior, especialmente desde círculos de poder en
Estados Unidos.
- El gobierno venezolano agradece los pronunciamientos
de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el
Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado
también su respaldo al gobierno constitucional y la exigencia de respeto
de la soberanía, así como a los principios de no injerencia en los
asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y la
autodeterminación de los pueblos. Igualmente se agradecen los
pronunciamientos de países hermanos latinoamericanos, que como la
presidenta chilena Michelle Bachelet, han expresado su rechazo a
"acciones violentas que buscan desestabilizar a un gobierno
democráticamente elegido", agregando: "cuando
entremos al gobierno lo que vamos a hacer es ofrecer apoyo al gobierno y
al pueblo de Venezuela para realmente buscar los cauces democráticos, de
paz social, para que los propios venezolanos puedan buscar ese
camino".
- La Organización de Estados Americanos (OEA), en su
declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica totalidad de sus
miembros (29 de un total de 32 países) entiende que en Venezuela se está
confrontando un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y
constitucional. Esta declaración refleja un cambio en América Latina
que es importante que se interprete correctamente en España, por cuanto
es el reflejo de una región independiente, resueltamente democrática,
que no acepta violaciones a su soberanía y que respeta y confía
plenamente en la institucionalidad democrática
venezolana.
- Como lo denunció el canciller, Elías Jaua, ante la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela lleva más de un mes
sometida a un asedio a través de grupos entrenados para la
violencia, que intentan camuflarse tras el legítimo derecho a la
protesta, así como mediante una campaña de desinformación que pretende
justificar este intento de ruptura del orden constitucional y de la
convivencia democrática de los venezolanos.
- El gobierno venezolano seguirá actuando, de acuerdo a
la Constitución y las leyes, para cumplir con sus responsabilidades
en la preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y la
salvaguarda de los derechos humanos.
Prensa Embajada
venezolana en España.- 10 de marzo de 2014.
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