Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 8/1/05 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “El Correo”
8 de enero de 2005
Partidos, sindicatos y agentes sociales se manifestarán contra la 'Y' vasca
en Bilbao
2 “Faro de Vigo”
8 de enero de 2005
La patronal pide a Fraga que recapacite tras descalificar la exigencia sobre
el AVE de Vigo
3 “Aviladigital.com”
8 de enero de 2005
Renfe cierra cinco estaciones de ferrocarril en la provincia
4 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
08-01-2005
No sin mi coche
5 “Levante”
8 de enero de 2005
El Bloc pide que Fomento incluya el tren en el Plan Estratégico de
Infraestructuras
6 “ABC”
8 de enero de 2005
Las lanzaderas del AVE obligan a las empresas de autobuses a recortar sus
servicios
7 “DiariodelBierzo.com”
7 de enero de 2005
El PSOE reitera a UGT su compromiso de reducir gradualmente el peaje de la
Autopista León-Astorga
8 “ABC”
8 de enero de 2005
Rivas ratifica que la línea del AVE transportará también mercancías
9 EL PAÍS
08-01-2005
Siete años de auge inmobiliario
10 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
08-01-2005
La sentencia del Júcar, oportunidad o problema
11 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
08-01-2005
El fiscal pide juzgar ya el caso del río Segura tras rechazar su nulidad
12 “Diario Vasco”
8 de enero de 2005
Irun Herria lamenta que el Gobierno municipal no quiera un referendum sobre
incineración
13 “El Diario Montañés”
7 de enero de 2005
La coordinadora contra las centrales térmicas ve en Revilla una «nula
preocupación ambiental»
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“El Correo”
8 de enero de 2005
Partidos, sindicatos y agentes sociales se manifestarán contra la 'Y' vasca
en Bilbao
C. B./BILBAO
La Red por un Tren Social, integrada por una veintena de organizaciones
sociales, sindicatos y partidos políticos, ha convocado una manifestación
para el próximo 29 de enero en Bilbao contra de la 'Y' vasca. La plataforma,
compuesta por ELA, LAB, EHNE, HIRU, CGT, ESK, STEE-EILAS, Eguzki,
Ekologistak Martxan, Kalapie, Gezia, Lurra Deialdia, EKA, EAE-ANV, Batasuna,
Aralar, Ezker Batua, Angiozar Batzarra y Zutik, rechaza el tren de alta
velocidad «que se pretende imponer» al entender que se trata de un proyecto
«para unos pocos». En este sentido, las agrupaciones apuestan por «una red
ferroviaria social».
A su juicio, las instituciones implicadas en el proyecto «siguen sin
facilitar el debate social necesario para informar debidamente a la
ciudadanía». Para los convocantes, la manifestación, que partirá de la plaza
Moyua a las 16.30 horas -el recorrido todavía no se ha confirmado, aunque lo
más probable es que discurra por la Gran Vía- «es una de las pocas
herramientas de participación viables y visibles» que tiene la sociedad
«para poder participar en la toma de decisiones». Según la plataforma, «del
resto de Europa llega cada vez más información sobre el fracaso del modelo
de alta velocidad para el transporte ferroviario y sobre la necesidad de una
nueva apuesta a favor de otros modelos ferroviarios más sociales».
La Red en favor de un tren social recalcó que el proyecto de la 'Y' vasca
«favorecerá a unos unos pocos, pero resultará inservible para otras muchas
personas y zonas». Así, durante la manifestación gritarán «no al TAV» y
exigirán la apertura de un debate participativo sobre el proyecto.
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“Faro de Vigo”
8 de enero de 2005
EL TITULAR DE LA XUNTA TILDÓ DE "LOCALISTA" LA PETICIÓN Y CONSIDERA QUE "SE
ESTÁ PERDIENDO EL TIEMPO EN PEQUEÑOS DETALLES"
La patronal pide a Fraga que recapacite tras descalificar la exigencia sobre
el AVE de Vigo
J.P./ N.M. / VIGO/ Santiago
La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio de Vigo mostraron
ayer su sorpresa ante las descalificaciones de Manuel Fraga a la exigencia
de la patronal, partidos y sindicatos de contar con un tren de alta
velocidad para Vigo y el sur de Galicia exclusivo para pasajeros, en vez del
mixto -de menor velocidad y uso compartido con el tráfico de mercancías-,
que pretende implantar Fomento. El presidente de la Xunta tachó de
"localismo" la petición, opinó que "se está perdiendo el tiempo en pequeños
detalles", y calificó de "irrelevante" el debate. Empresarios y Cámara
replicaron a Fraga que es "de capital importancia" que el tren sea sólo para
viajeros, y reclaman que la Administración autonómica así lo defienda ante
el Ministerio.
"Lo único que pedimos es que se cumpla una promesa del anterior Gobierno
central incluida en el Plan Galicia, en la que se nos prometía un AVE en
2010 que conectará Vigo con Madrid en dos horas y media", manifestó ayer el
presidente de la Confederación de Empresarios, José Manuel Fernández
Alvariño. Veinticuatro horas antes, el presidente de la patronal gallega,
Antonio Fontenla, exigía un AVE de mayor velocidad que la prevista hacia
Vigo y A Coruña, las dos ciudades con más habitantes de Galicia.
Fraga explicó que el "sistema ideal" es que existan "unas líneas de alta
velocidad y otras, llamadas convencionales, para mercancías". Sin embargo,
afirmó que la exigencia de los empresarios provoca que "los localismos
vuelvan", y agregó posteriormente, en referencia a las cuestiones
localistas, que no les da "ninguna importancia". "El AVE se hará, si dios
quiere; nosotros lucharemos por él hasta el final, se hará en serio y se
hará útil para toda Galicia. Lo demás son ganas de buscarle tres pies al
gato", sentenció, y tachó de "irrelevante" el debate.
La patronal, sin embargo, discrepa abiertamente. "Claro que es relevante, es
relevantísimo", objetó Alvariño, quien dijo "no entender" las declaraciones
de Fraga. "No queremos soluciones a medias. No estamos hablando de
localismos, sino defendiendo a Galicia, porque hablamos de un tren mixto
para las dos mayores ciudades gallegas, que aportan la mayor masa de
viajeros". Y avisó: "No vamos a permitir que el Gobierno conecte Vigo con
Madrid en tres horas, porque de ser así el AVE no sería competitivo con el
aeropuerto. Esa media hora es fundamental". Por otra parte, los empresarios
recuerdan que su petición es "consecuente con el compromiso incluido en el
Plan Galicia", y pidió a Fraga que defienda la demanda ante Fomento.
La conexión ferroviaria actual con la Meseta, a través del río Miño, podría
ser utilizada en el futuro, según proponen a renglón seguido los
empresarios, para transportar mercancías. "Si tenemos ya ese corredor, ¿por
qué no canalizar por allí las mercancías y permitir así que la futura
variante de Cerdedo sea de uso exclusivo para viajeros?", se preguntó
Fernández Alvariño.
"De sentido común"
El presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, también dijo no
comprender las manifestaciones de Fraga. "En la vida tiene que imperar el
sentido común y la lógica, y éstas dicen claramente que Vigo debe contar con
un AVE exclusivo para pasajeros que una la ciudad con Madrid en dos horas y
media", expresó, y mostró su desacuerdo con la opinión del titular
autonómico. "Con todos mis respetos para el presidente de la Xunta, el
asunto es de capital importancia", enfatizó, para enfatizar: "El desarrollo
de una ciudad y todo su entorno no es un localismo". Por otra parte, destacó
que "el tráfico y la masa de pasajeros del sur de la provincia y el norte de
Portugal justifican el AVE sólo para pasajeros".
García Costas confía en que Vigo cuente finalmente con el AVE comprometido y
en que la Xunta "va a defenderlo ante el Ministerio de Fomento". "Manuel
Fraga siempre ha sido una persona sensata, que defiende a Galicia, y estoy
convencido de que en este caso también va a ser así", observó.
Por otra parte, los responsables de la Confederación de Empresarios se
reunirán próximamente con los técnicos de UGT para conocer con detalle cuál
sería la repercusión, en tiempos de viaje, de construir una línea mixta de
AVE de Ourense a Vigo a través de Cerdedo. Fomento reconoce que el tren no
alcanzará los 250 kilómetros por hora mínimos para ser considerado de alta
velocidad, pero asegura que circulará a más de 200 km/h. Sin embargo, los
estudios que elaboró en su día el sindicato establecen que el tráfico de
mercancías obliga a reducir la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora,
mientras que la media quedaría situada en 110. Esto motivaría que la
duración del trayecto se duplicase. Por contra, si la variante de Cerdedo es
utilizada sólo por viajeros, el convoy podría llegar a los 350 km/h de
velocidad máxima.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio
Fontenla, defendió el miércoles un AVE "igual en toda Galicia" y con las
mismas prestaciones que los del resto de España. Fontenla advierte de que el
éxito de la alta velocidad dependerá del tráfico de pasajeros que absorba,
un flujo que aportan fundamentalmente Vigo y A Coruña.
El Plan de Infraestructuras de Fomento sólo contempla un corredor exclusivo
de viajeros en el tramo entre Ourense y Santiago, mientras que la variante
de Cerdedo y el trayecto desde la capital gallega hasta la ciudad herculina
sería de uso compartido. Los empresarios exigen que en los proyectos del
ministerio quede reflejado que las conexiones con las dos ciudades excluirán
el tráfico de mercancías. En el caso concreto de Vigo, éstas se canalizarían
a través del corredor existente, por la orilla del Miño hasta la capital
ourensana.
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“Aviladigital.com”
8 de enero de 2005
En La Cañada, Navalperal, Las Navas, Mingorría y Velayos
Renfe cierra cinco estaciones de ferrocarril en la provincia
Patricia García Robledo
La empresa Renfe ha cerrado cinco estaciones de ferrocarril en la provincia
de Ávila, tres de ellas con parada de pasajeros -Las Navas del Marqués, La
Cañada y Navalperal de Pinares- y dos sólo de mercancías -Mingorría y
Velayos-. Esta medida, adoptada por la puesta en marcha de un sistema de
control centralziado del tráfico,afecta no sólo a los nueve trabajadores de
estos edificios, sino a más de 200 usuarios que utilizan este transporte a
diario.
"Ávila no puede consentir el cierre de las estaciones de localidades tan
importantes como La Cañada, Navalperal o Las Navas del Marques, en donde
cada día una media de más de 200 personas acuden a coger el tren con el
objetivo de desplazarse a Madrid, Ávila u otros municipios" por motivos
laborales o personales, señaló Santiago Jiménez, portavoz de Izquierda Unida
en la Diputación de Ávila.
El máximo representante de Comisiones Obreras de Ávila, Ricardo del Val,
destacó el cierre de otras dos estaciones en Mingorría y Velayos, que si
bien no cuentan con paradas en el transporte de pasajeros, sí cuentan con
personal.
Merma de servicios
IU criticó que el cierre de estos edificios “ha supuesto una merma del
servicio y el origen de infinidad de peligros para los viajeros". Entre
ellos, citó que los usuarios del ferrocarril deben esperar a la intemperie
la llegada del tren, y carecen de acceso a informaciones como retrasos en el
servicio o paradas; igualmente, tienen que cruzar las vías sin conocer si se
acerca o no un tren.
Por ello, el portavoz de IU en la Institución Provincial solicitará a los
ayuntamientos afectados, a los viajeros, a los trabajadores de Renfe y a la
Diputación de Ávila que trabajen de forma conjunta “para evitar la pérdida
de unas instalaciones necesarias para las políticas de asentamiento de la
población”.
En opinión de IU, la clausura de estos edificios “supone una maniobra de
Renfe para ir disuadiendo a los viajeros poco a poco de ir utilizando este
medio de transporte, en lugar de fomentarlo”, y criticó que se piense en
“grandes infraestructuras, destinadas sólo a sectores privilegiados”, como
el Tren de Alta Velocidad, mientras las administraciones son incapaces de
mantener la red convencional.
Tomar medidas
El secretario de Comisiones Obreras de Ávila, Ricardo del Val, manifestó que
la organización sindical “tomará medidas” acerca de esta decisión de Renfe,
motivada por la puesta en marcha de un nuevo sistema de control centralizado
del tráfico ferroviario, que permite prescindir del control que se realizaba
antes desde las estaciones de ferrocarril.
“Se negoció el cierre de estas estaciones con la empresa, pero finalmente no
se llegó a un acuerdo”, puntualizó Del Val. El cierre de las estaciones
afecta a nueve trabajadores, “que serán recolocados en vacantes en la
provincia, salvo dos o tres que a lo mejor deben reubicarse en puestos fuera
de Ávila”.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
08-01-2005
No sin mi coche
Ana Casuso Romero - Madrid
El jueves salí con unos amigos a celebrar la Navidad. Concluida la cena, ya
de madrugada, y dado que había renunciado a llevarme el coche para poder
tomar una copa, me aposté en la Castellana para parar un taxi que me llevara
de regreso a casa.
Tras dos horas de infructuosa espera y dispuesta a empezar a recorrer a pie
los 20 kilómetros que separan mi casa del lugar donde me encontraba, se me
ocurrió llamar a un amigo de los de "no sin mi coche" con la esperanza de
encontrarlo en un sarao cercano y, apelando a nuestra sólida y acérrima
amistad, rogarle que me llevara a mi casa.
Aunque no estaba de juerga, mi voz debió sonarle tan angustiosa que,
haciendo honor al dicho de que "quien tiene un amigo tiene un tesoro", mi
amigo se levantó de la cama, vino a recogerme y me depositó, ya en fase de
crionización, en mi casa.
No me cabe duda de que muchos madrileños se habrán encontrado en la misma
situación que yo estas navidades, lo que no dejo de preguntarme es cómo se
las habrán apañado para llegar a casa. Mi amarga experiencia demuestra que,
si bien el alcalde ha conseguido que, de momento, muchos ciudadanos se
conciencien del problema de la conducción bajo los efectos del alcohol, la
erradicación definitiva de este problema pasa por el fomento, promoción o
creación de vías alternativas de desplazamiento que permitan a los
madrileños prescindir del coche cuando quieran tomar una copa.
¿No se ha elevado el número de controles policiales como medida disuasoria
en la, tan cacareada, campaña de Navidad? Pues amplíen igualmente los
itinerarios/líneas o servicios públicos en horario nocturno, de manera que
la vuelta a casa no se convierta en una misión imposible.
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“Levante”
8 de enero de 2005
El Bloc pide que Fomento incluya el tren en el Plan Estratégico de
Infraestructuras
Europa Press, Valencia
El secretario general del Bloc, Enric Morera, consideró ayer «prioritaria»
la ejecución del proyecto de línea ferroviaria Gandia-Oliva-Dénia y reclamó
al ministerio de Fomento que incluya el desarrollo de este proyecto en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), indicaron fuentes
del partido en un comunicado.
Morera recordó que el PEIT fue presentado recientemente por la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, y tildó de «totalmente insuficiente la partida
presupuestaria irrisoria de 600.000 euros incluida en los Presupuestos del
Estado para 2005, puesto que solamente permite la realización de estudios y,
en ningún caso, la licitación y inicio de las obras».
El responsable nacionalista lamentó que, tanto la conselleria de
Infraestructuras y Transportes, como el ministerio de Fomento, «se olviden
año tras año del proyecto de conexión ferroviaria entre Gandia, Oliva y
Dénia con una clamorosa ausencia de inversiones presupuestarias y desidia
hacia las actuaciones necesarias para poner en marcha este proyecto
ferroviario».
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“ABC”
8 de enero de 2005
Las lanzaderas del AVE obligan a las empresas de autobuses a recortar sus
servicios
T. CÁRDENAS. CÓRDOBA/
No todo han sido ventajas. Las nuevas lanzaderas del AVE entre Sevilla y
Córdoba que entraron en funcionamiento el pasado día 29 se están ya cobrando
sus primeras víctimas. Las empresas de autobuses que cubren este mismo
trayecto están empezando a resentirse de esta fuerte competencia y a sufrir
sus primeras consecuencias.
Este es el caso de la firma Alsina-Graells que se ha visto obligada a
recortar dos de los doce servicios de ida y vuelta que realiza entre estas
dos capitales andaluzas. Y el problema sólo ha empezado a dar la cara, pero
amenaza con crear una conflictividad de mayor calado que puede obligar a
recortar aún más los servicios de esta empresa. De hecho, las lanzaderas aún
no transporta un gran volumen de viajeros y su ocupación en estos primeros
días de rodaje apenas si supera los 50 en cada trayecto; una cifras ínfinas
si se tienen en cuenta las 237 plazas de que disponen.
Vacaciones navideñas
El nuevo tren ha echado a andar en plenas vacaciones de Navidad cuando su
clientela potencial, es decir los trabajadores que viven en Córdoba y
trabajan en Sevilla o viceversa y los estudiantes, se encuentra en su
mayoría de vacaciones.
Lo peor para las empresas de autobuses está por llegar una vez hayan pasado
estas fiestas y los nuevos trenes cubran de verdad sus expectativas. Las
estimaciones de Renfe pasan por recibir unos 1.000 viajeros diarios, unos
250.000 anuales.
En esta tesitura, las empresas de transportes afectadas por este nuevo
servicio auguran un horizonte preñado de negras amenazas.
Fuentes de Alsina no ocultaban a este periódico su malestar por la
«competencia desleal de Renfe», teniendo en cuenta los recursos públicos de
los que se surten la compañía ferroviaria. No es lo mismo, aseguran estas
fuentes, una empresa que tiene que mantenerse con sus propios ingresos que
otra que tira con pólvora ajena.
Financiación
«No se comprende cómo se puede financiar esos trenes a los precios que
cuesta el viaje», se quejan en esta empresa, recordando que ellos tienen que
amortizar con sus propios medios la flota de autobuses que diariamente sale
a la carretera.
Y no se trata sólo de economizar y ahorrar dinero, sino de ganar tiempo y
molestias. Un autobús que hace el trayecto entre Córdoba y Sevilla tarda una
hora y cuarenta y cinco minutos, mientras que las lanzaderas lo hacen en
menos de la mitad. En cuarenta y cinco minutos, salvan el trayecto y con una
puntualidad extrema, que se ha convertido en lema y una de las grandes
ventajas del AVE. Los autobuses en cambio no pueden correr a más de cien
kilómetros por hora ni sortear fácilmente los inconvenientes de una
carretera.
«Lo justo sería competir en igualdad de condiciones y no con el dinero de
todos», critican en la empresa que asegura, asimismo, que no existía una
demanda tan fuerte que hiciera necesario este nuevo servicio de la compañía
ferroviaria. «Entendemos que los trabajadores pidan viajar a Sevilla o
Córdoba más barato, pero esa no es la cuestión», añade.
En la empresa Socibus que realiza desde Córdoba seis salidas a Madrid, las
lanzaderas han creado también cierto recelos. Los nuevos trenes no le afecta
directamente, pero sí sigue sufriendo las consecuencias de los AVE a la
capital de España con los que tiene también que competir.
Fuentes de esta empresa atribuyen en gran medida a los trenes de alta
velocidad el estancamiento del número de viajeros que está sufriendo estas
firmas de transportes. Los balances no se mueven y las cifras de clientes no
crecen, señalan en la empresa, desde hace dos años cuando lo habitual
hubiera sido que hubiera registrado al menos una subida del 5 por ciento.
Aunque reconocen que el perfil del cliente que utiliza el autobús no se
corresponde con el del que recurre al AVE para sus desplazamientos a la
ciudad de la Villa, al final, aseguran estas fuentes, pasa factura.
Redes viarias
Con todo, otro factor al que se achaca este estancamiento es a la mejora de
la redes viarias que induce a muchos viajeros que antes tomaban el autobús a
decantarse por su vehículo privado para trasladarse a Madrid.
Sea como fuere, el AVE se ha llevado por delante las perspectivas de futuro
de estas empresas. «Es muy fácil jugar con los precios baratos cuando se
está utilizando el dinero de todos», critican estas mismas fuentes.
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“DiariodelBierzo.com”
7 de enero de 2005
El PSOE reitera a UGT su compromiso de reducir gradualmente el peaje de la
Autopista León-Astorga
El secretario provincial de los socialistas y el de Transportes del
sindicato coinciden "en la importancia de que el Tren de Alta Velocidad
llegue a León en 2008 para continuar a Galicia a través de Ponferrada en los
plazos previstos".
El Sindicato de Transportes de UGT ha mantenido este viernes una reunión con
el secretario provincial del PSOE, Miguel Martínez, para tratar temas de
interés de ambas organizaciones en la provincia. Así, por lo que se refiere
a la autopista de peaje León-Astorga, el secretario de Transportes de UGT,
José Manuel Vidal, ha manifestado que el PSOE de León "sigue manteniendo su
compromiso de reducir gradual y paulatinamente éste, de manera que los
transportistas y los ciudadanos en general lo puedan apreciar lo más pronto
posible y así se lo plantearán al Ministerio de Fomento para que cuanto
antes sea una realidad, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias
existentes".
Por otra parte, sindicato y partido político han coincidido en "la
importancia del Tren de Alta Velocidad para nuestra provincia, creyendo muy
importante que en el 2008 llegue a León para continuar a Galicia a través de
Ponferrada en los plazos previstos, por lo que lucharemos para que esta
infraestructura suponga un avance significativo para las infraestructuras en
nuestro ámbito geográfico", ha señalado Vidal.
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“ABC”
8 de enero de 2005
Rivas ratifica que la línea del AVE transportará también mercancías
G. A. M. G./
TALAVERA. En su última comparecencia ante los medios de comunicación, el
alcalde, José Francisco Rivas, reconoció que la línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura lo será también de mercancías, lo que para la primera
autoridad local es una mejora del proyecto inicial que iba a ser una línea
rápida de carácter internacional Lisboa-Madrid-París.
La reacción del PP no se ha hecho esperar, y ayer emitía una nota en la que
resaltaba que la presencia de transporte de mercancías en líneas de alta
velocidad, por razones obvias de seguridad en el tráfico, limita la
movilidad de los trenes de altas prestaciones. También señalan que se han
contravenido los acuerdos y compromisos del Gobierno Aznar con Portugal al
transformar la vía extremeña en una línea mixta. Es decir, que el AVE
Madrid-Extremadura nada tendrá que ver con el AVE Madrid-Sevilla.
La oposición resalta también que esta línea mixta sólo se observa en el caso
de Castilla la Mancha y Extremadura, sin que hasta la fecha sus dirigentes
políticos se hayan manifestado sobre lo que supone un trato discriminatorio
para ambas regiones. El PP llama a la «rebeldía ciudadana» frente al
Gobierno central que «con la complicidad del presidente de Castilla la
Mancha y el alcalde de Talavera, quiere dejarnos sin AVE y perjudicar un
poco más el futuro de nuestra tierra».
La polémica en Extremadura también se ha enconado en los últimos días. El
PSOE de esa región también juzga que el convertir la proyectada línea de
alta velocidad en otra que igual sirva para transportar viajeros que
mercancías, es una mejora sobre el plan elaborado por Álvarez Cascos.
Hay que recordar que en una reciente rueda de prensa, el secretario local
del PSOE y senador, José Miguel Camacho, y la diputada regional de este
partido, Nieves Arriero, aseguraron tajantemente que en el plan elaborado
por la ministra, el proyecto de tren de alta velocidad que debe pasar por
Talavera no sufría modificación ni merma respecto al primer plan previsto.
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EL PAÍS
08-01-2005
Siete años de auge inmobiliario
El autor analiza los efectos en el conjunto de la economía española de la
fuerte expansión del sector de la construcción en los últimos años, aunque
advierte de que ese impulso no será eterno
JULIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
En 2004 se cumplieron siete años de duración de la última etapa de auge
inmobiliario en España. En el ejercicio de 2004 destacó, una vez más, la
fuerte expansión de la demanda y de los precios de venta de las viviendas en
España posteriores a 1997. El importante aumento previsto por
Atasa -organización en la que se integra la mayoría de las tasadoras
existenes en España- en 2004 del número de tasaciones (16,5%) implica la
realización de alrededor de 1.350.000 tasaciones de viviendas en dicho
ejercicio. El aumento interanual del 17,2% de los precios de las viviendas
en España en el tercer trimestre de 2004 fue el más intenso de los
experimentados por los países de la OCDE.
El auge inmobiliario posterior a 1997 ha tenido lugar en un amplio número de
países desarrollados. El sesgo del crecimiento de la economía española a
favor de la construcción, además de reforzar la presencia general de este
sector, ha contribuido al fuerte aumento de la demanda interna y al
importante déficit de balanza de pagos. Se ha calificado suelo como
urbanizable residencial en España en una cuantía espectacular durante la
citada etapa de auge. Los ayuntamientos han avanzado en la consecución de
suelo para la construcción de viviendas protegidas. No se ha fomentado, en
general, desde dichas administraciones ni la calificación de suelo ni la
generación de un clima general favorable para el desarrollo de nuevas
actividades productivas, lo que ha contribuido al debilitamiento de la
oferta.
- Incidencia internacional del auge inmobiliario. Un trabajo del Fondo
Monetario Internacional publicado en las Perspectivas económicas de
septiembre de 2004 subrayó la simultaneidad de los intensos aumentos de los
precios de las viviendas en numerosos países occidentales a partir de 1997.
El auge de 1997-2004 se ha diferenciado de los precedentes sobre todo por su
duración y por la intensidad alcanzada por la construcción residencial. Los
mayores aumentos de precios de las viviendas coincidieron con los descensos
más significativos de los precios de las acciones. En el septenio que
terminó en 2004 Irlanda fue el país de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) que registró el mayor aumento de los precios
de las viviendas, el 187%, seguido por España, donde el aumento acumulado
ascendió al 149%.
Sobre los precios de las viviendas han actuado factores comunes en un amplio
número de países desarrollados. Entre los mismos destacan los bajos tipos de
interés y las óptimas condiciones generales de financiación, que han
explicado en torno al 40% del aumento de dichos precios. El resto del
crecimiento tiene su origen en factores de carácter nacional, entre los que
destacan el grado de desarrollo de los mercados hipotecarios y la diferente
elasticidad de la oferta de nuevas viviendas.
Donde los aumentos de los precios de las viviendas han sido más intensos los
crecimientos registrados no han podido ser explicados en exclusiva por los
fundamentos (renta permanente, coste de capital, aumento del número de
hogares, oferta de financiación hipotecaria, precio de las acciones). Un
hipotético endurecimiento de la política monetaria provocaría, a través del
aumento de los tipos de interés, un impacto negativo sobre la demanda de
vivienda.
- 2004: una economía transformada respecto de 1997. En contraste con el
episodio precedente de 1985-1991, la mayor duración del reciente auge ha
permitido desarrollar plenamente en España la producción de nuevas
viviendas. Se ha iniciado un promedio anual de casi 545.000 nuevas viviendas
en 1998-2004. El aumento medio anual del número de hogares ha sido de
281.000 en el mismo periodo de tiempo. En 2004 el total de iniciaciones
superará ligeramente las 650.000, frente a las 323.000 de 1997. El impacto
directo e inducido del crecimiento del sector de la construcción, del que la
edificación supone más del 65% del valor de los trabajos realizados, ha
favorecido que el crecimiento medio del PIB en España, el 3,3% en el
septenio citado, superase en 1,7 puntos porcentuales al de la eurozona.
Dicho crecimiento fue del 6% en el sector de la construcción, con lo que
este sector ha explicado el 25% del aumento del PIB en el periodo citado.
La economía española de 2004 refleja en su composición y comportamiento el
notable diferencial de crecimiento de la construcción respecto del resto de
la economía después de 1997. Dicho sector ha ganado dos puntos en
participación en el empleo y cuatro puntos en lo relativo a participación en
el valor del PIB entre 1997 y 2004. Destaca en especial la ganancia de cuota
del crédito inmobiliario (incluye los créditos a comprador, constructor y
promotor de viviendas) en el crédito al sector privado de las entidades de
crédito, desde el 39,6% del último trimestre de 1997 hasta el 53,6% del
tercer trimestre de 2004. Por otra parte, la balanza de pagos por cuenta
corriente presentó en 1997 un superávit del 2% del PIB. En 2004 el saldo de
dicha balanza se habrá situado en el entorno del -4,5% del PIB.
El espectacular crecimiento del suelo urbanizado (Instituto Geográfico
Nacional, EL PAÍS, 27-12-2004) y la amplitud del número de viviendas
iniciadas ponen de manifiesto que las restricciones a la oferta no han
debido ser globalmente significativas en España durante el periodo
analizado. Lo anterior no excluye la presencia de limitaciones a la oferta
en algunos mercados locales, en especial en aquellos en los que se han
producido retenciones significativas de suelo calificado. La inflación de
los precios de las viviendas experimentada en España después de 1997 ha sido
sobre todo una inflación de demanda. Las excepcionales condiciones de
financiación han facilitado unos aumentos de precios de las viviendas que
han superado ampliamente a los de la renta familiar y a los de los
alquileres.
La ausencia de restricción exterior derivada de la integración de la peseta
en el euro ha aportado margen de maniobra a la economía española. Esta
circunstancia y el que el Banco Central Europeo sea ahora la autoridad
monetaria imposibilita la adopción de planes estabilizadores ante un déficit
de balanza corriente como el de 2004. No tiene, pues, mucho misterio la
amplia duración del presente auge inmobiliario en España. No existe la
peseta, no hay problema de financiación del déficit corriente. Una parte
significativa y creciente de los créditos inmobiliarios citados los financia
el euromercado, en el que se colocan importantes volúmenes de emisiones de
las entidades de crédito españolas. El débil crecimiento de la eurozona
favorece el mantenimiento de los bajos tipos de interés a corto plazo en
dicha área económica.
- Las consecuencias económicas de las políticas locales. Los continuos
aumentos de los precios de las viviendas estimulan la expansión de la
demanda interna de la economía a través del consumo privado. En los tres
primeros trimestres de 2004 la demanda interna creció en España en un 4,6%.
El PIB creció un 2,6% y la producción de mercancías (sector primario,
energía e industria) no pasó del 2% de aumento. En tales circunstancias el
déficit exterior, especialmente el de mercancías, es consecuencia, entre
otras variables, del mayor aumento de la demanda interna sobre la oferta
interior. Las mayores dificultades de acceso a la vivienda son la
consecuencia más negativa de los altos precios de las viviendas alcanzados.
La política de vivienda dominante en el septenio 1998-2004 fomentó la
sobrecalificación municipal de suelo como urbanizable residencial. Dicha
política perjudicó sustancialmente un uso racional del territorio, al forzar
la normativa de 1998 y 2000 a que sólo el suelo protegible por cualquier
circunstancia específica sería no urbanizable. Las contundentes sentencias
del Tribunal Constitucional de años anteriores han desprovisto a la
Administración central de competencias significativas en materia de suelo,
donde la responsabilidad básica corresponde a ayuntamientos y autonomías.
La construcción de nuevas viviendas y la implantación de nuevas actividades
productivas requieren de suelo calificado. Los ayuntamientos están
colaborando, en general, a la aportación de suelo a coste razonable para la
construcción sobre el mismo de viviendas protegidas. No cabe, pues, culpar a
los ayuntamientos de las subidas del precio de las viviendas. Estas
administraciones han calificado sobradamente suelo como urbanizable
residencial. Sin embargo, el celo municipal y autonómico en calificar suelo
con destino, a lo que los franceses denominan parques de actividad
productiva, está muy por debajo del correspondiente a la construcción de
viviendas protegidas.
El que el prolongado auge inmobiliario venga acompañado de un fuerte déficit
comercial no puede, pues, sorprender. La expansión inmobiliaria ha dado
lugar a que numerosos propietarios de suelo antes agrícola o industrial
hayan obtenido unos ingresos de capital sustanciales. Los ayuntamientos
también han recibido unos espectaculares ingresos derivados de los nuevos
desarrollos inmobiliarios.
A pesar de tales loterías las situaciones resultantes no son necesariamente
positivas ni para las localidades donde ello sucede ni para el conjunto de
la economía española. Mas de 3,5 millones de nuevas viviendas han sustituido
después de 1997 en España a numerosas producciones de todo tipo,
especialmente agroindustriales. El déficit corriente de balanza de pagos
refleja, entre otros aspectos, buena parte de los cambios acaecidos en la
economía española en los siete años citados de notable expansión
inmobiliaria, que han tenido algo de una fiesta continua y prolongada para
dicha economía, fiesta que no será perpetua.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
08-01-2005
La sentencia del Júcar, oportunidad o problema
ANTONIO ESTEVAN
La sentencia del Tribunal Supremo anulando una buena parte de los artículos
con contenido sustantivo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar puede
ser, si se sabe administrar, una excelente oportunidad para el País
Valenciano, porque le puede librar en poco tiempo del Plan de Cuenca
vigente, que es gravemente lesivo para los intereses valencianos.
En primer lugar, hay que aclarar que la sentencia no supone ni el más mínimo
riesgo o motivo de preocupación para los usuarios actuales del agua, ya sean
urbanos o agrarios. Algunos medios de Valencia y Alicante han vaticinado un
panorama caótico de sed y de ruina si se llegase a ejecutar la sentencia. La
realidad es que tales augurios carecen de fundamento, y su difusión debería
haber sido más meditada, pues ha causado una alarma injustificada,
especialmente entre los agricultores.
El Supremo ha anulado los artículos del Plan del Júcar que afectan a cuencas
internas de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha, porque en el
momento en que aprobó el Plan, el gobierno estatal carecía de competencias
de planificación y gestión hidrológica en estas cuencas. No se ha
pronunciado directamente ni sobre los usos del agua ni sobre las
infraestructuras existentes. Esto significa que todas las asignaciones de
agua actualmente vigentes pueden ser mantenidas en el futuro por las
administraciones que sean competentes en cada cuenca, si así lo deciden.
Mientras se reordenan las competencias, proceso que puede durar años, hay
múltiples mecanismos (convenios, encomiendas de gestión, etc.), mediante los
cuales se pueden mantener los actuales envíos de agua entre diferentes
cuencas.
Distinto es el caso de aquellas infraestructuras que todavía no están
construidas, y que están destinadas a transportar recursos cuya autorización
formal ha sido suspendida por la sentencia. El ejemplo más evidente es el
trasvase Júcar-Vinalopó. Las obras deberían de paralizarse de inmediato,
dado que la sentencia anula el respaldo legal que les otorgaba el Plan.
Aunque la propaganda dominante repita lo contrario, la cancelación del
trasvase Júcar-Vinalopó resultaría muy conveniente para los intereses
valencianos y alicantinos. En particular, para los agricultores del Medio
Vinalopó, a los que el desarrollo turístico de la costa alicantina ha dejado
sin agua. Existen alternativas que resolverían sus problemas con verdadera
garantía, y a un coste mucho menor, que un trasvase que fue planificado
contando con el agua del Ebro para reponer en la Ribera el agua del Júcar
trasvasada al Vinalopó. Ahora, sin trasvase del Ebro, los estudios de la
Comisión Técnica del Júcar-Vinalopó están demostrando una vez más algo que
es desde hace años un secreto a voces: el Júcar no sólo no tiene recursos
para trasvasar al Vinalopó, sino que la sobreexplotación de los acuíferos de
La Mancha lo ha convertido en un río netamente deficitario. La aplicación de
la sentencia obligaría a las autoridades a reconocer públicamente la
situación tal como es, y a poner en marcha verdaderas soluciones para el
Medio Vinalopó.
Pero al margen de sus efectos sobre este trasvase, el principal valor de la
sentencia reside en que puede facilitar la revisión anticipada del Plan del
Júcar, en un contexto político y jurídico totalmente distinto a aquel en el
que se produjo su aprobación. Ahora está vigente la Directiva Marco del Agua
europea, que establece unas exigencias de protección ambiental, de
eficiencia económica y de transparencia de costes desconocidas hasta hoy en
la política hidráulica española. Con la Directiva en vigor, ya no será
posible dejar el bajo Júcar sin un caudal mínimo, ni dejar L'Albufera a
expensas de los retornos de cualquier calidad que le puedan llegar, ni
conducir a la extinción a especies piscícolas como la Loina del Júcar, ni
tantos otros desastres que se han producido bajo el amparo del Plan actual.
Y menos aún existiendo ahora un movimiento social en ascenso -Xúquer Viu-,
firmemente decidido a defender el Júcar y L'Albufera, y al cual la Directiva
le asegura el derecho a la participación activa en la planificación y en la
gestión de la cuenca.
La cuestión central, la verdadera oportunidad histórica que brinda la
sentencia al favorecer la revisión anticipada del Plan de Cuenca, es que
habrá que replantear desde su base el estatuto del Júcar y sus acuíferos en
La Mancha. La peregrina idea de que "el agua es de donde llueve" no tiene
cabida en la Directiva Marco del Agua. El principio de unidad de cuenca no
permite que la ubicación en cabecera de una cuenca otorgue derecho alguno
para un uso privilegiado del agua superficial o subterránea que circula por
la misma, en detrimento de las condiciones ambientales y de los usos aguas
abajo. El ciclo del agua es único, y todos los usuarios deben respetarlo por
igual.
Ahora, la sentencia del Supremo brinda una ocasión de oro para abordar la
difícil pero irrenunciable tarea de replantear el Pacto del Agua de Zaplana
y Bono de 1997, que legitimó a través del Plan la esquilmación del principal
río valenciano a su paso por La Mancha, repartiendo unos caudales que no
existían. Si la revisión del Plan no se aborda sin demora, se seguirán
ejercitando año tras año los acuerdos del Pacto, transformándolos en
derechos cada vez más consolidados. Conforme vaya pasando el tiempo, más
difícil una revisión transparente y equitativa.
Se entiende que la Generalitat se esté empleando a fondo para que no se
llegue a ejecutar la sentencia, evitando que se precipite la revisión del
Plan. El momento político le resulta muy poco propicio para controlarla, y
para evitar que salga a la luz todo lo que se esconde en un Plan que es un
fiel reflejo de la política del gobierno anterior, tan ardientemente
defendida desde el Consell.
Ahora, el futuro del Júcar y L'Albufera están en manos del PSOE y el PSPV,
en su doble condición de partido de gobierno estatal y de principal partido
de la oposición valenciana. Si se mantiene la construcción del trasvase
Júcar-Vinalopó, y si el Plan del Júcar sigue en vigor durante unos años más,
la recuperación del río y de L'Albufera será prácticamente imposible. No
sólo se afianzaría la esquilmación de los acuíferos, sino que la poca agua
que aún llegase a Valencia se encontraría con un trasvase cuya tubería
admite varias veces más caudal que el autorizado en el proyecto. Las
demandas de abastecimiento de las urbanizaciones de Alicante, que registran
un crecimiento vertiginoso, tendrán prioridad legal sobre los riegos de la
Ribera, e incluso, en situaciones de escasez, sobre los caudales
ambientales. Cualquier garantía para el bajo Júcar establecida a través de
las normas de explotación del trasvase sería papel mojado en cuanto los
ayuntamientos, apremiados por unas demandas explosivas, hicieran valer sus
derechos. Ni siquiera valdría la pena renegociar con Castilla-La Mancha el
Pacto de 1997: toda el agua que se pudiera recuperar acabaría en las
urbanizaciones de Alicante.
El PSOE y el PSPV se encuentran en este asunto ante una responsabilidad
histórica: la de encabezar, con determinación, el proceso de regeneración de
la política del agua que necesita urgentemente el País Valenciano. Y en este
proceso no caben ni el trasvase Júcar-Vinalopó ni el mantenimiento del Plan
del Júcar y el Pacto del Agua de 1997.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
08-01-2005
El fiscal pide juzgar ya el caso del río Segura tras rechazar su nulidad
Cuatro ex cargos de la Confederación y siete empresarios, procesados por
vertidos tóxicos
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
El fiscal ha rechazado el recurso de nulidad de las actuaciones judiciales e
indefensión planteado por la defensa de los ex directivos de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que, junto a siete empresarios,
están procesados por vertidos al río. Ricard Cabedo, fiscal del caso, en un
escrito remitido a la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en
Elche, insta a las partes a trasladar esas cuestiones al tribunal juzgador y
pide que se fije la fecha del juicio. El representante del ministerio
público, en un escrito remitido el pasado día 3 a la sección 7ª de la
Audiencia de Alicante, considera que no es ahora el momento procesal
apropiado para que los imputados planteen la nulidad de las actuaciones
judiciales ni su supuesta indefensión. Para Cabedo, las partes han de
trasladar esas peticiones al tribunal como cuestiones previas en el momento
en que se inicie la vista oral.
La instrucción del caso por vertidos tóxicos al cauce se remonta a hace tres
años, cuando Francisca Martínez, titular del entonces Juzgado de Instrucción
6 de Orihuela - esta oficina judicial ha sido reconvertida en Juzgado de Lo
Penal- abrió de oficio una investigación por supuesto delito ecológico en el
Segura, al comprobar la magnitud y consecuencias de los vertidos
industriales que soportaba el cauce a su paso por la comarca de la Vega
Baja. A la causa se sumaron más tarde el colectivo Comisión Pro-Río y
Ecologistas en Acción del País Valenciano.
La juez instructora cerró el sumario a principios de 2003. Los cuatro
responsables de la Confederación (los dos ex presidentes, Juan Cánovas y
Antonio Nieto, y los dos ex comisarios de aguas, José Alemán y Luis Pérez)
imputados declinaron responder a las preguntas de la magistrada.
En febrero de ese año, la juez decretó apertura de juicio oral contra los
cuatro directivos y los siete empresarios. Los procesados se enfrentan a
penas de hasta cuatro años de cárcel, según la petición inicial de la
acusación particular. El ministerio público sólo acusa a los industriales y
exculpó a los cargos públicos "al no apreciar" delito.
El juzgado oriolano envió el sumario a la sección 7ª de la Audiencia de
Alicante, con sede en la ciudad de Elche, órgano que ha de juzgar los
hechos. La causa, debido a un error de clasificación, estuvo aparcada
durante varios meses en las dependencias de la Audiencia. La denuncia de
unas de las partes sobre el supuesto extravío de las diligencias alertó a
los responsables de la sección y el sumario fue rescatado del archivo de las
dependencias judiciales, donde permaneció diez meses. El rechazo del
ministerio público a la solicitud de nulidad de las actuaciones judiciales
ha reactivado jurídicamente el caso, ahora sólo pendiente del señalamiento
de la vista oral.
Ecologistas en Acción insta a la Audiencia a que resuelva con "urgencia" ese
trámite para que el caso no acumule más demoras. Esta parte también espera
que el Gobierno retire la asistencia letrada a los ex directivos de la
Confederación, al haber perdido su condición de cargos públicos.
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“Diario Vasco”
8 de enero de 2005
Irun Herria lamenta que el Gobierno municipal no quiera un referendum sobre
incineración
Critican que argumentara que «el referéndum es para cosas serias»
DV./IRUN
Irún Herria ha querido valorar lo sucedido en los últimos días en torno al
tema de la incineradora. «Hemos visto cómo se rechazaba una moción que
reclamaba un referéndum para tomar la última decisión para la instalación de
la citada incineradora. Cómo el Gobierno municipal argumentaba que el
referéndum se convoca para cosas serias; ¿acaso la salud no es una cosa
seria?, ¿el riesgo que asumen con la instalación no es lo suficientemente
serio como para consultar a las personas que lo vamos a sufrir?»
Irun herria cree detectar miedo a que los ciudadanos no quieran asumir ese
riesgo, «a que el secretismo con el que lo han llevado se les vuelva en
contra».
«Por otro lado», continúa la plataforma, «hemos visto cómo se abstenía la
mayor parte de la oposición. Mientras en otros estamentos defienden la
consulta popular para sacar adelante sus planes, no lo hacen en el caso de
la incineradora».
La declaración de Irun Herria finaliza con la pertinente felicitación a
Txingudi Bizirik por llevar a delante una consulta popular, «algo que por
responsabilidad le corresponde realizar al Ayuntamiento», insiste. Irun
Herria mostró también total predisposición a colaborar con Txingudi Bizirik
«para que los irundarras podamos dar nuestra opinión y luego exigir que se
cumpla».
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“El Diario Montañés”
7 de enero de 2005
La coordinadora contra las centrales térmicas ve en Revilla una «nula
preocupación ambiental»
AGENCIAS/SANTANDER
La Coordinadora contra la Térmica de Caelgese aseguró ayer que en Cantabria
«no cabe» ninguna de las tres centrales térmicas de gas que podrían
instalarse en la región y que además no han sido incluidas en las
previsiones de Red Eléctrica Española hasta 2007.La coordinadora criticó al
presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel revilla,por sus recientes
declaraciones sobre estas instalaciones.
«Calificar el trámite ambiental de las térmicas como el más duro de la UE
pone de manifiesto la escasa o nula preocupación ambiental de la máxima
autoridad de Cantabria, actitud que ha venido manifestando durante años al
frente de la Consejería de Obras Públicas y ahora al frente del Gobierno».
«El señor Revilla no parece entender que el llamado desarrollo sostenible
significa, entre otras cosas, que debemos promover un modelo de desarrollo
que nos permita seguir viviendo de modo saludable, con trabajo, pero también
con un medio ambiente adecuado, para quienes ahora vivimos y para quienes
vendrán después», indicó la organización.
Efectivamente «no hay fábricas sin energía», apuntaron, «la energía que se
consume en Cantabria se genera en torno al 50 por ciento en nuestra tierra y
el otro 50 por ciento viene básicamente de Asturias y Castilla y León», pero
explicaron que esta circunstancia se da en la mayoría de comunidades
autónomas, «unas producen más y otras consumen más».
Señalaron que al presidente regional «no le basta con justificar falsamente
la necesidad de energía, sino que está promoviendo que Cantabria se
convierta en exportadora, pues de llevarse a cabo la instalación de las
térmicas en Sniace, Solvay y Buelna a Cantabria le sobraría la mayor parte».
La Coordinadora aseguró haber solicitado en dos ocasiones, y sin ningún
éxito, una entrevista al presidente regional para tratar este asunto.Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 08/01/2005 - Modificar
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