Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 4/1/05 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “Izquierda Unida”
4 de enero de 2005
IU SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO COMPATIBILIZANDO EL DERECHO DE LAS Y LOS TRABAJADORES
2 “El Norte de Castilla”
2 de enero de 2004
El Gobierno estudia la viabilidad de la reapertura del tren Vía de la Plata
3 “La Voz de Galicia”
4 de enero de 2005
Bruselas retrasa un año más la finalización del tren Vigo-Oporto
4 “Grupo Ecologista Cóndor”
3 de enero de 2005
Los aparcamientos subterráneos no solucionan el problema del tráfico
5 EL PAÍS
03-01-2005
IU pide la clausura inmediata de la nuclear de Garoña y un plan de cierre de todas las centrales
6 EL PAÍS – País Vasco
03-01-2005
Navarra culmina su mapa eólico tras instalar parques durante 10 años
7 “Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds”
22 de Diciembre de 2004
Ahorro en prevención de riesgos para la salud laboral, la salud pública y la prevención y gestión de daños al medio ambiente
8 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
03-01-2005
La CHJ propone la desalación para frenar la explotación de los pozos
9 “Ecologistas en Acción de Almería”
3 de enero de 2005
Citado a declarar como testigo, Antonio Oliver, en la causa penal que se sigue contra el Senador D. Juan Miguel Peña Linares y otras personas
10 EL PAÍS – Andalucía
03-01-2005
62 detenciones en Cádiz por delitos contra el territorio
11 EL PAÍS
03-01-2005
La UE impone el control de todos los pasos de producción de los alimentos
12 EL PAÍS – Cataluña
03-01-2005
Agricultura obligará a censar los cultivos con semillas transgénicas
13 “Cinco Días”
3 de enero de 2005
Aenor cambia el proyecto de norma de RSC por una guía para empresas
14 Bolivia - El Diario
3 de enero de 2004
FUTURO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
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“IU Federal”
4 de enero de 2005
IU SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO COMPATIBILIZANDO EL DERECHO DE LAS Y LOS TRABAJADORES
IU Federal considera que la reducción de gases de efecto invernadero en relación con el cumplimiento del Protoclo de Kioto y el Plan Nacional de Asignación de los derechos de emisión es un hecho que no puede demorarse. Por ello considera que el Gobierno Central debe comprometerse a cumplir la reducción en la emisión de gases en el plazo de 2008 a 2012.
IU está claramente a favor del desarrollo sostenible, y se declara defensora del protocolo de Kioto, pero ve con preocupación la puesta en marcha del Plan de Asignación de los Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero que afecta a diferentes empresas de nuestro país. Tanto es así que su puesta en marcha puede obligar a cerrar o sancionar a muchas empresas cuya actividad económica está relacionada con la generación eléctrica derivada de la industria del carbón, como es el caso de la central térmica que Endesa tiene en la localidad turolense de Andorra que ha tenido que reducir su emisión en un 31% desde el pasado 1 de enero de 2005. Estas empresas deberían adecuar sus instalaciones a la implantación de nuevas tecnologías para controlar su emisión de gases y poder continuar con su actividad.
Desde IU se considera que hay que abordar la reducción de emisiones desde un sistema que permita afrontar los cambios repercutiendo ello lo más mínimo en los trabajadores de las empresas y zonas afectadas. Creemos que hay que adoptar criterios de sostenibilidad asegurando proyectos de desarrollo limpio, garantizando el empleo, el mercado laboral y minimizando el impacto negativo que el cumplimiento del protocolo puede crear en las empresas afectadas.
IU anuncia que se movilizará en defensa de compatibilizar los derechos de los trabajadores, con el objetivo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero con alternativas de desarrollo. Por ello propone la activación de procesos de cambio de los actuales sistemas de producción y consumo, desde la participación de los trabajadores y otros agentes sociales, de hacerlo con criterios de justicia social y solidaridad, desde la cooperación y el compromiso de salvaguardar y proteger el bienestar de los trabajadores, haciendo de ésta una oportunidad par ala adaptación de las empresas españolas al cumplimiento de Kioto.
Concha Denche
Secretaría Federal de Medio Ambiente de IU
T 677924670
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“El Norte de Castilla”
2 de enero de 2004
El Gobierno estudia la viabilidad de la reapertura del tren Vía de la Plata
El PSOE reclama un convenio entre el Gobierno central y la Junta para volver a poner en servicio el tramo con Salamanca
El estudio, anunciado por Miguel Alejo, no cuenta con partida específica en los presupuestos Generales del Estado
ALBERTO FERRERAS/ZAMORA
Han pasado veinte años desde que, el uno de enero de 1985, se cerrara el tramo Palazuelo-Astorga del Tren de la Vía de la Plata. En su día fue el Gobierno socialista de Felipe González el que decretó su cierre y, aunque José María Aznar prometió reabrir la línea y volver en tren a Benavente si ganaba las elecciones, tampoco en los ocho años de su Gobierno se hizo nada por la reapertura.
Ahora, con el PSOE de nuevo en el Gobierno las cosas siguen igual aunque, al cumplirse los veinte años del cierre, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha anunciado, por boca del delegado del Gobierno en la Comunidad, Miguel Alejo, que encargará un estudio de viabilidad e impacto ambiental sobre la reapertura de esta línea ferroviaria. La plataforma pro TAV de Zamora, que reivindica la reapertura del Tren de la Vía de la Plata en todo su trazado, ha acogido con satisfación el anuncio del delegado del Gobierno, que realizó en una reunión mantenida con la plataforma, según ha informado su portavoz y presidente de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Zamora (Adeza), Manuel Crespo.
El estudio, que no cuenta con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado del 2005, es un primer paso de cara a la reapertura, según ha comunicado Miguel Alejo a la plataforma pro TAV de Zamora. El portavoz de la plataforma entiende que la reapertura no puede limitarse al tramo Zamora-Salamanca, sino que debe continuar entre Salamanca y Cáceres y, posteriormente, en dirección a Astorga.
Por su parte, el diputado nacional del PSOE Jesús Cuadrado ha confirmado que la reapertura de la Vía de la Plata no cuenta con partida presupuestaria alguna este año por parte del Gobierno central. Pese a ello, se muestra a favor de que se abra el tramo Zamora-Salamanca y que sea la Junta de Castilla y León la que impulse esa reapertura.
En opinión de Cuadrado, la Junta y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero deben firmar un convenio para abrir este tramo ferroviario, algo a lo que «el Gobierno ya ha mostrado su disposición».
Reabrir la línea cuesta 24 millones, 4,8 de ellos para suprimir pasos a nivel
La reapertura del tramo entre Zamora y Salamanca del tren de la Vía de la Plata requiere una importante inversión debido a que la infraestructura se encuentra muy deteriorada por los veinte años sin uso. El foro por el tren de la Vía de la Plata considera sin embargo que el coste es perfectamente asumible si se tiene en cuenta los beneficios que puede reportar el
transporte de viajeros y mercancías entre ambas ciudades.
Una estimación de la plataforma del TAV de Zamora estima el coste de la reapertura de este tramo en 24 millones de euros, de los que 4,8 millones se corresponderían al coste de eliminación de los pasos a nivel, ya que para reabrir la línea será necesario que todos los cruces de carreteras y caminos se hagan a través de pasos elevados o subterráneos.
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“La Voz de Galicia”
4 de enero de 2005
Bruselas retrasa un año más la finalización del tren Vigo-Oporto
La UE descarta que el corredor funcione en el 2009, como prevén los gobiernos español y luso
El plazo de ejecución de la obra, para la que todavía no hay proyecto, supera los tres años
Miguel Á. Rodríguez | Vigo
La UE no se fía de los plazos fijados para la conexión ferroviaria entre Galicia y Portugal. La última publicación de la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea retrasa un año las previsiones de los gobiernos español y portugués y sitúa esta nueva línea ferroviaria de velocidad alta en el horizonte del año 2010.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex presidente luso Pedro Santana rubricaron su compromiso con el tren que unirá Vigo y Oporto en la última cumbre hispano-lusa celebrada el pasado octubre en Santiago. Entonces se fijó el 2009 como fecha para la entrada en servicio de este corredor. La Comisión de Transportes de la UE constata ahora un desfase de un año entre el anuncio de los dos Estados y la previsión oficial comunitaria.
El 29 de noviembre del 2004, la comunidad de trabajo Galicia-norte de Portugal advirtió sobre la importancia estratégica de este enlace ferroviario e instó a los gobiernos español y luso a cumplir el objetivo del 2009. Sin embargo, la UE no sólo certifica ahora una demora de al menos doce meses, sino que añade además que la conexión entre Vigo y la frontera portuguesa será la parte del recorrido ferroviario gallego entre A Coruña y Oporto que sufra un mayor retraso.
En la actualidad, el ministerio de Fomento carece todavía de un proyecto de trazado entre Vigo y Portugal, y ni siquiera ha resuelto técnicamente la salida del tren desde la estación central viguesa hasta el municipio de O Porriño.
El itinerario propuesto por Vigo, con el respaldo político de la Xunta, sugiere enterrar las vías en toda la ciudad y construir una salida sur en túnel desde la estación de Urzaiz hasta la avenida de Madrid, donde se levantaría una segunda estación.
Desde este punto, y de nuevo de forma subterránea, se continuaría la línea hasta O Porriño, donde el tren saldría de nuevo a la superficie para continuar por un corredor paralelo al actual hasta Valença de Miño, localidad portuguesa donde se abrazarán el proyecto luso y el español.
Si el Gobierno español quiere «llegar a tiempo» con su tren hasta territorio portugués, las obras de la nueva línea desde Vigo a Tui deberían comenzar en el año 2006, ya que su plazo de ejecución ronda los tres años y medio, de acuerdo con las estimaciones oficiales.
Lisboa-Oporto, para el 2013
Cuando esto suceda, y de acuerdo con los plazos de la UE, Portugal ya tendrá resuelta su conexión por AVE entre Lisboa y Madrid, a través de Valladolid. Según las mismas previsones, el enlace ferroviario entre Lisboa y Oporto no funcionará hasta el 2013.
La premura del gobierno luso podría restar operatividad a la línea Vigo-Ourense-Madrid. Para ésta, el Gobierno apuesta por el corredor de Cerdedo, pero sigue sin definir un proyecto que habría de ser ejecutado en un tiempo récord para su conclusión en el 2010.
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“Grupo Ecologista Cóndor”
3 de enero de 2005
Los aparcamientos subterráneos no solucionan el problema del tráfico
A raíz de las polémicas que vienen surgiendo alrededor del aparcamiento de la Rambla, en la capital almeriense, así como sobre otros más proyectados por el Ayuntamiento de Almería, desde el Grupo Ecologista CÓNDOR se señala que, a pesar de todo, los aparcamientos subterráneos no solucionan el problema del tráfico rodado por las ciudades, ya que su efecto es todo lo contrario, al levantar expectativas de mayor facilidad de aparcamiento la gente se anima más a coger el automóvil y el colapso aumenta.
Es por ello que hacen un llamamiento a nuestros políticos para que sean más sensatos y razonen sus programas políticos, pues algunos prometen soluciones que perjudican más que benefician, como este caso de los aparcamientos subterráneos en el centro de Almería, ya que el efecto de la construcción de dichos aparcamientos subterráneos va a ser un aumento en el número de vehículos que van ha circular por las calles del centro con la certeza de encontrar un sitio donde aparcar, aunque sea pagando.
La construcción de estos aparcamientos en la zona centro, y el consiguiente aumento del número de vehículos que se concentrarán en esta zona va ha suponer una serie de perjuicios como un aumento del tráfico, un aumento de la contaminación ambiental, ya que a más coches más contaminación, un aumento de la contaminación acústica, un aumento en el consumo de combustibles e incluso mayor número de atascos que a su vez no harán sino potenciar los efectos negativos que acabamos de enumerar ( contaminación ambiental y acústica, y mayor consumo de combustibles ).
Todo esto se podría evitar si nuestros políticos en el Ayuntamiento de Almería dedicaran sus esfuerzos y parte del presupuesto a conseguir un buen servicio de transporte urbano, aumentando su flota para conseguir un mayor número de recorridos y que estos se pudiesen efectuar en un menor periodo de tiempo. Y además se restringiera y se suprimiera la circulación de vehículos en determinadas zonas de la ciudad.
Con todo esto, el Grupo Ecologista CÓNDOR pretende hacer recapacitar a nuestros políticos, a todos los ciudadanos y en particular a los comerciantes del centro que son los que están intentando promover estas actuaciones y que entiendan que la construcción de parkings en la zona centro no sirve de nada ya que el caos circulatorio solo se podría solucionar con un buen servicio de autobuses urbanos que evitara que la gente tuviese que coger el coche para el menor desplazamiento y con la concienciación general de todos los ciudadanos de usar el transporte público que al final sale más barato que pagar un parking.
Sin embargo desde el Grupo CÓNDOR si ven aceptable la creación de aparcamientos subterráneos en aquellas áreas urbanas en las que la densidad de edificación no permita aparcar a los vehículos de sus propios vecinos. Aspecto que nos hace tocar otro tema relacionado con el aparcamiento, y es que se está edificando muy densamente debido a la presión que los constructores hacen a nuestros políticos municipales.
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EL PAÍS
03-01-2005
IU pide la clausura inmediata de la nuclear de Garoña y un plan de cierre de todas las centrales
EFE - Madrid
El Grupo parlamentario de Izquierda Verde (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds) ha presentado en el registro general del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide que se proceda a la clausura, con carácter inmediato, de la nuclear de Garoña (Burgos), así como a diseñar un plan de cierre para todas las centrales españolas.
El texto, preparado para su debate en la comisión de Industria del Congreso, indica que se debe encarar la elaboración de "un calendario para el cese de la producción de energía mediante fisión nuclear".
Asimismo, la proposición no de ley advierte de que planteamientos como el almacenamiento temporal centralizado de los residuos nucleares, como el que ha pedido el Congreso, no son la vía de resolución para este problema.
"Es evidente que tenemos un problema de almacenamiento de residuos, cuando los estamos enviando a otros países pagando cantidades tales como 34,5 millones de euros en el caso de los residuos generados por la central nuclear de Garoña", señala el grupo en la exposición de motivos de la proposición.
Otro ejemplo citado por el grupo parlamentario es el de Francia, país donde "se almacenan actualmente 900 toneladas de vidrios de alta actividad, y de 16.000 toneladas de bidones con residuos de media actividad, provenientes de la central nuclear de Vandellòs I".
Según los datos presentados por Izquierda Verde, el coste de almacenar todos los residuos nucleares asciende hoy por hoy en España al orden de los 100 millones de euros anuales, lo cual, en opinión del grupo, se encuentra "muy lejos de ser asumido íntegramente por sus productores".
Además, añade el grupo parlamentario, las previsiones de Enresa plantean que el coste de los residuos aumentará "espectacularmente" entre 2025 y 2035, periodo en el cual el coste podría superar la cifra de 300 millones al año.
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EL PAÍS – País Vasco
03-01-2005
Navarra culmina su mapa eólico tras instalar parques durante 10 años
MIKEL MUEZ - Pamplona
Navarra ha culminado su despliegue eólico cuando se cumplen diez años de la colocación de los primeros molinos en el parque de la sierra de El Perdón, la primera instalación de una entonces desconocida EHN. El parque de Falces, impulsado también por esta empresa, será el último. Está a punto de acabarse. Con él, Navarra culminará su despliegue eólico, que recorre su geografía con 31 parques, 25 de ellos promovidos por EHN en solitario o con socios como las firmas Dersa, Caja Navarra e Iesa, y seis construidos por Eólica Navarra.
El mapa eólico navarro suma 1.143 aerogeneradores, 900 megavatios y el 55% del consumo eléctrico anual de una comunidad que pronto alcanzará los 600.000 habitantes.
Excepto algunas opiniones de naturalistas contrarias a la proliferación de los molinos, que han crecido en tamaño y potencia, preocupados por las afecciones a la avifauna y el entorno, la energía eólica contó desde el primer momento con el decidido apoyo social e institucional. Gracias, como ha recordado el consejero delegado de EHN, Esteban Morrás, a una política de transparencia informativa y a un trabajo previo de descarte de emplazamientos insostenibles por sus afecciones, los municipios afectados y sus habitantes recibieron con entusiasmo la construcción de los parques, que han supuesto un atractivo turístico y una destacada fuente de ingresos.
3.600 empleos directos
Al valorar los diez años de la colocación de sus primeros molinos, llevada a cabo el 22 de diciembre de 1994, EHN ha recordado que no sólo se han sustituido energías sucias por otras limpias y renovables, sino que se ha creado un emergente sector industrial. De la tecnología danesa de Vestas, a la que hubo que recurrir en los orígenes cuando se constituyó en Navarra la firma Gamesa Eólica, se ha pasado a la creación y exportación de tecnología propia. Gamesa Eólica, cuya sede de I+D y tres de sus plantes radican en Navarra, es hoy el segundo fabricante mundial de aerogeneradores. Cinco empresas radicadas en la comunidad foral distintas aportan tecnología punta al sector: EHN, hoy propiedad de Acciona al 100%; Enotecnia, Gamesa Eólica, Ingeteam y M. Torres, empresa que posee cinco parques experimentales en Navarra.
La salida del capital público de EHN ha puesto punto y final a una aventura energética que ha creado 3.600 empleos directos y da trabajo a un sector de gran proyección internacional.
El Gobierno navarro elabora actualmente las bases de su nuevo plan energético 2005-2010, que no permitirá más parques, aunque sí la sustitución de viejos molinos por máquinas más potentes. Al desarrollo energético le ha acompañado el desarrollo de otras energías alternativas como la solar, con la mayor planta productora de España, ubicada en Tudela; biomasa, biodiésel y minicentrales hidroeléctricas.
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“Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds”
22 de Diciembre de 2004
Ahorro en prevención de riesgos para la salud laboral, la salud pública y la prevención y gestión de daños al medio ambiente
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Es de común acuerdo que el coste económico que supondrá el nuevo reglamento REACH se ve ampliamente compensado por los elevados ahorros en prevención de riesgos para la salud laboral, la salud pública y la prevención y gestión de daños al medio ambiente. Así, por ejemplo, en el ámbito de la UE se estima que el valor económico de algunas enfermedades laborales asociadas al riesgo químico puede alcanzar los 50 billones de euros en un periodo de 30 años, los costes sociales asociados a alergias, muchas asociadas a sustancias químicas, se estima en 45 billones de euros cada año (1 de cada 3 europeos sufre o sufrirá alergias, el 10% de los niños sufren asma). Los costes ambientales a nivel de la UE (contaminación de aire, aguas, suelo, especies...) aún no se han calculado, pero se sabe que para muchos parámetros son inestimables.
Todas estas cifras contrastan con la última estimación presentada por el Consejo Nórdico de Ministros que calcula que una versión mejorada de REACH (más requisitos informativos y el informe de seguridad para todas las sustancias) los costes directos no superarán 4 billones de euros en 11 años.
Para valorar el impacto de REACH para España, será preciso conocer además del coste de inversión real para la industria española, una estimación de cuánto cuesta no tener REACH, es decir, cuál es el gasto público y privado en sanidad pública, prevención de riesgos laborales y protección ambiental como consecuencia de un insuficiente nivel de información y prevención frente a las sustancias químicas.
¿Cuántas son y cuánto cuesta a la sanidad pública las enfermedades asociadas a sustancias químicas (cáncer, enfermedades respiratorias, dérmicas, del sistema nervioso, daños cerebrales y a otros órganos; daños reproductivos –un % de los casos de las disfunciones reproductivas que recurren a otras técnicas reproductivas se deben a las sustancias químicas-; daños transgeneracionales –disruptores endocrinos, teratogénesis...)?
Teniendo en cuenta que se calcula que en España no se registra el 83% de las enfermedades laborales ¿cuántas de las anteriores se estima son de origen laboral (registradas y no registradas?
¿Cuál es el coste de inversión privada y pública para medir, controlar y gestionar la contaminación química en el aire, agua, residuos, suelos (Plan Nacional de residuos Peligrosos, Plan Nacional de Suelos Contaminados, Plan Nacional de PCBs, depuración de aguas, gestión de lodos...)?
¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto a la propuesta actual de REACH?
¿Va el gobierno a proponer mejoras al texto de REACH para garantizar la máxima protección de personas y naturaleza frente al riesgo químico como por ejemplo ampliar los requisitos informativos, garantizar la sustitución progresiva de las sustancias altamente peligrosas, etc.?
En caso afirmativo, ¿Cuáles?
En caso negativo, ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 22 de Diciembre de 2004
Joan Herrera Torres
Portavoz del GP. Izquierda Verde-IU-ICV
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
03-01-2005
La CHJ propone la desalación para frenar la explotación de los pozos
El organismo podrá cambiar el caudal del Vinalopó por otros aportes
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dictado una resolución en la que condiciona la concesión a la mercantil Aguas Municipalizadas de Alicante -entidad que gestiona el abastecimiento humano de los municipios de L'Alacantí- de más aportes procedentes de los pozos del sistema subterráneo del Vinalopó a la generación de nuevos caudales, provenientes de la desalación o reutilización de aguas depuradas. De esta forma, la CHJ admite parcialmente las alegaciones presentadas por el colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano, contrario a aumentar los recursos de los acuíferos del sistema del Vinalopó y partidario de sustituirlos por los caudales que ya produce la desaladora de Agua Amarga, en concreto 18 hectómetros cúbicos al año, cifra que se duplicará con la prevista ampliación de la instalación.
El expediente para renovar la concesión a la mercantil está pendiente de su ratificación por el comisario de Aguas. En su propuesta inicial, la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante pretendía incrementar de 32 a 45 hectómetros cúbicos la extracción de los acuíferos del Vinalopó para el abastecimiento de Alicante, Petrer, Monforte del Cid, Villena, Novelda, Cañada, San Vicent del Raspeig y Sant Joan d'Alacant.
El estudio de demandas y recursos brutos subterráneos presentado por Aguas de Alicante a la CHJ recoge que los derechos de aprovechamiento de aguas de los 22 acuíferos del Vinalopó ascienden a 29.511.980 metros cúbicos, más otros 2.500.000 metros cúbicos procedentes de los pozos de San Juan y San Agustín, lo que supone un total de 32.011.980 metros cúbicos. La empresa aspira a aumentar este volumen hasta los 45.090.700 en el año 2010. La mercantil considera que las nuevas captaciones no dañarán los 22 acuíferos que conformarían la unidad única de explotación, ya que su equilibrio sostenible quedaría garantizado con los nuevos recursos procedentes de los trasvases Júcar-Vinalopó y del Ebro, según argumentó antes de la derogación de esta última transferencia.
La propuesta de Aguas de Alicante fue inicialmente informada favorablemente por el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Confederación. La hipotética concesión sería por un plazo de 25 años, con un volumen máximo de 19 hectómetros cúbicos. Este mismo departamento, tras estudiar las alegaciones de Ecologistas en Acción del País Valenciano, ha modificado su primer informe y ha dictado una nueva resolución que rebaja la concesión en un hectómetro cúbico y advierte de que la Confederación podrá sustituir en cualquier momento los aportes de los acuíferos por otros caudales, entre ellos la desalación. Los ecologistas basaron sus alegaciones en la sobreexplotación de los acuíferos donde se ubican los pozos para los que la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante solicita la nueva concesión.
El portavoz en Alicante del colectivo ecologista, Carlos Arribas, anuncia que volverán a presentar nuevas alegaciones, antes de que el comisario de Aguas resuelva definitivamente el expediente, porque, a su juicio, la mercantil argumenta la extracción de nuevos caudales de los acuíferos sobre la base de los aportes del trasvase Júcar-Vinalopó y del Ebro, "y ambos proyectos están en suspenso", precisa el ecologista. El primero suspendido por una sentencia del Tribunal Supremo y el segundo, derogado por el Gobierno central. Los ecologistas también denuncian la "escasa beligerancia" de la comunidad de regantes del Vinalopó a la pretensión de Aguas de Alicante de aumentar las extracciones, "ya que ellos son los principales perjudicados de la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca", matiza Arribas. Ni los regantes ni la Junta de Usuarios del Vinalopó ha presentado alegaciones a la demanda de Aguas de Alicante.
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“Ecologistas en Acción de Almería”
3 de enero de 2005
Citado a declarar como testigo, Antonio Oliver, en la causa penal que se sigue contra el Senador D. Juan Miguel Peña Linares y otras personas
El Juzgado de Instrucción número 1, con carácter previo al envío de la causa al Tribunal Supremo ha citado a declarar como testigo, en los próximos días, al Secretario Provincial de la COAG, Antonio Oliver, quien ha manifestado a los medios de comunicación que existe una trama político-empresarial para recalificar terrenos forestales.
Ese mismo está también citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1, como imputado por un presunto delito contra el medio ambiente, el ex Secretario Provincial de COAG, Eduardo López Vargas, el cual también tiene otra causa penal pendiente en el Juzgado de Instrucción número 3, Diligencias Previas 2539/2001, por no haber obedecido la orden de parar los desmontes por parte de los agentes de la autoridad. El juicio se celebrará previsiblemente antes del verano.
La Consejera de Medio Ambiente y el Senador, Juan Miguel Peña Linares, han faltado a la verdad al manifestar públicamente que la querella presentada por Ecologistas en Acción contra el Senador, su cuñada y otros 38 infractores, está archivada.
Tanto el Senador, Juan Miguel Peña, como la Consejera de Medio Ambiente, han coincidido en manifestar que se va a reanudar el expediente sancionador porque ya ha sido archivada la querella contra él. Podemos estar ante una maniobra para eludir las responsabilidades penales en que haya podido incurrir el Senador.
En efecto, en caso de que la Consejería de Medio Ambiente sancionara administrativamente al Senador, ya no podría ser sancionado en vía penal por los mismos hechos. La Consejería de Medio Ambiente ha tenido cuatro años para sancionar al Senador y no lo ha hecho, que no pretenda sancionarlo ahora para liberarlo de sus posibles responsabilidades penales. El expediente administrativo sancionador, si existe, debe paralizarse hasta que concluyan las causas penales.
No dudamos que el Senador Juan Miguel Peña Linares haya vendido ya su finca pero en la fecha en que Ecologistas en Acción, el 23 de octubre de 2004, obtuvo una nota simple del Registro, la finca seguía en los libros del Registro de la Propiedad a nombre del Senador.
La fecha en que haya vendido la finca el Senador es indiferente a los efectos de la responsabilidad en que haya podio incurrir. Lo importante es que fue él y otros, quienes en el verano del 2000 destruyeron los montes y las ramblas, crearon taludes de 15 metros, destruyeron especies protegidas y pusieron en peligro la red de alta tensión.
Si Juan Miguel Peña, sabía que los terrenos no eran aptos para uso agrícola intensivo, no se explica como los ha vendido a precio de terrenos aptos para instalar invernaderos. Se pueden dar dos hipótesis, que Juan Miguel Peña haya ocultado al comprador que en esos terrenos no se pueden instalar invernaderos o bien que haya dado garantías al comprador de que aunque los instale no le va a pasar nada. La realidad es que en esa finca se han instalado invernaderos ilegales, se ha construido un enorme almacén y una gran balsa, a finales del presente verano, ante la pasividad de la Consejería de Medio Ambiente que está obligada a precintar los invernaderos y a demoler los edificios construidos.
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EL PAÍS – Andalucía
03-01-2005
62 detenciones en Cádiz por delitos contra el territorio
F. J. ROMÁN - Cádiz
La policía autonómica adscrita a la fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Cádiz realizó en el año 2004 un total de 62 detenciones e imputaciones por delitos contra la ordenación del territorio, 11 menos que el año anterior.
Según el balance ofrecido por la Dirección General de Política Interior del Gobierno andaluz, las actuaciones han estado referidas "en gran parte" a edificaciones ilegales construidas por particulares en entornos de especial valor paisajístico, como parques naturales o zonas de dominio marítimo terrestre, en primera línea de playa.
En todos los casos, según el informe, el promotor desarrolló obras "sin los requisitos urbanísticos exigidos por las corporaciones o en contra de las normas de protección ambiental". La policía también actuó sobre supuestos de falsedad documental y estafa relacionados con la venta de construcciones.
Por zonas, en el Campo de Gibraltar, el mayor número de actuaciones se registró en Tarifa. En la bahía de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Sanlúcar fueron las localidades donde se detectaron mayor número de construcciones ilícitas. En la sierra de Grazalema, se produjeron detenciones en Algodonales y Prado del Rey.
Envío al fiscal
Desde su entrada en funcionamiento, en 2003, esta unidad ha detenido en la provincia de Cádiz a 135 personas entre promotores, constructores o técnicos y directores de obra. En su informe, la Junta advierte que la intención de estas actuaciones "trasciende al procedimiento administrativo y tiene vocación de depurar las responsabilidades por delitos contra la ordenación del territorio".
En los últimos dos años, la policía autonómica ha instruido 76 atestados que han sido remitidos a la fiscalía. En todos los casos, la orden de intervención fue dictada tras el incumplimiento de las órdenes administrativas de paralización de obras.
En Chiclana el Ayuntamiento ha anunciado una política urbanística "muy rigurosa", después de legalizar 10.000 viviendas construidas en terrenos rústicos sin licencia.
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EL PAÍS
03-01-2005
La UE impone el control de todos los pasos de producción de los alimentos
La norma permitirá seguir el proceso desde la materia prima hasta el plato del consumidor
EMILIO DE BENITO - Madrid
El 1 de enero entró en vigor la norma europea de seguimiento de la cadena alimentaria. La Administración podrá saber todos los pasos que hayan formado parte de la cadena de producción, desde la semilla o la granja hasta la elaboración antes de llegar al plato de los consumidores. El sistema implica la identificación de todos los fabricantes de alimentos y aditivos y suministradores de materias primas o elaboradas. Ello no implica que todos deban figurar en la etiqueta, sino que cada manipulador deberá guardar un registro de lo que compra o vende y a quién lo hace. La norma es la trasposición de una directiva europea de enero de 2002, y su objetivo es facilitar las herramientas para actuar lo más rápidamente posible en caso de producirse una crisis alimentaria, según ha explicado a los sectores implicados la directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, María Neira.
Para la implantación de la norma, cada industria que participe en la elaboración de un producto deberá guardar -de manera que resulte fácilmente consultable- un registro con el nombre de sus proveedores y de sus clientes, así como los productos que les compra, en qué partidas los utiliza y a quién se venden.
"Se trata de un sistema de trazabilidad de puerta de entrada y puerta de salida", explicó Neira. Ello quiere decir que cada eslabón de la cadena alimentaria será responsable de contar con la información sobre los pasos anterior y posterior al suyo, pero no resulta obligatorio que lo tengan de todo el proceso.
La norma afecta a todos los eslabones que intervienen en la elaboración de un alimento, desde la compañía que transforma restos vegetales o animales para elaborar un pienso con el que se va a alimentar un animal hasta la planta que procesa cualquiera de los aditivos utilizados, sean éstos artificiales o naturales.
Piensos y sustancias
Se refiere a los "alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo", indica el reglamento.
El proceso consta de tres partes. En primer lugar, el seguimiento (trazabilidad) que se efectúa hacia atrás, que permitirá, a partir de un producto intermedio o final, obtener de forma ágil la información relevante asociada a dicho producto, hasta llegar al origen de las materias primas, según explica la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (www.aesa.msc.es). Cada empresa deberá guardar un registro con el nombre y dirección de los proveedores, la mercancía recibida con todos los datos necesarios para su identificación (fabricante, lote, registro sanitario si procede), así como el número de unidades, fecha de duración mínima (caducidad), de recepción o tiempo que ha estado en el almacén.
El seguimiento del proceso permitirá vincular los productos que entran en una empresa con los que salen. Será necesario tener en cuenta las divisiones, cambios o mezclas de lotes o agrupaciones, así como el número de puntos en los que es preciso establecer registros o nexos con el sistema de autocontrol ya dispuesto (muchas empresas alimentarias siguen un sistema denominado de puntos críticos en los que se hace un control para evitar mezclas o contaminaciones).
Aspectos relevantes en este sentido serán la identificación de los productos obtenidos por las operaciones desarrolladas en la empresa, y también qué sustancias se han usado, número de unidades de venta producidas, o qué procesos se han llevado a cabo y cuándo.
Por último, el seguimiento hacia delante permitirá conocer dónde se ha distribuido un determinado producto. De esta manera, a partir de una materia prima será posible conocer el producto final del que ha formado parte. Se deberán tener en cuenta en cada empresa el nombre y dirección de los clientes, las mercancías distribuidas y la fecha de salida del establecimiento. Este sistema se añade al de etiquetado de transgénicos. Los alimentos que contengan productos modificados genéticamente deberán indicarlo siempre en su etiquetado.
"Con esta herramienta, aumenta la seguridad de los consumidores y se hace más fácil la gestión de cualquier crisis alimentaria", afirmó Neira.
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EL PAÍS – Cataluña
03-01-2005
Agricultura obligará a censar los cultivos con semillas transgénicas
Un tercio del maíz proviene de semillas modificadas genéticamente
MIQUEL NOGUER - Barcelona
Más control para los cultivos transgénicos. El Gobierno catalán publicará antes del mes de marzo un decreto pionero en España para censar la actual proliferación de plantaciones con semillas modificadas genéticamente, básicamente de maíz. El nuevo decreto obligará a informar de la siembra de este tipo de semillas. Además, se establecerán perímetros de seguridad entre los sembrados transgénicos y los convencionales. Un tercio de la producción de maíz en Cataluña procede de semillas modificadas genéticamente. El maíz transgénico es la única semilla de este tipo autorizada para ser cultivada en la Unión Europea. Al ser completamente legal y no tener efectos nocivos demostrados, nada impide que cualquier agricultor pueda sembrarlo en sus cultivos. Sin embargo, existe un conflicto de intereses entre estos agricultores y los que se inclinan por el cultivo tradicional o por el biológico, que no permite el uso de pesticidas ni semillas transgénicas. En los últimos años algunos agricultores han visto como su producción biológica no podía comercializarse porque su maíz se había visto contaminado por el de explotaciones vecinas, de origen transgénico.
Para evitar estas situaciones, el Departamento de Agricultura ultima estos días el contenido de un decreto que, según sus impulsores, no busca tanto limitar el cultivo de transgénicos como proteger la agricultura tradicional. El cultivo de maíz suma 48.000 hectáreas en el conjunto de Cataluña y tiene una producción anual que se acerca a las 700.000 toneladas.
El director general de Producción Agroalimentaria, Salvador Puig, quiso dejar claro en una conversación con este diario que el decreto "no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, sino con la protección de aquellos agricultores que deciden utilizar semillas tradicionales o que optan por la agricultura biológica sin pesticidas".
Entre las medidas de protección que recogerá el decreto se encuentra la del perímetro de seguridad que deberán respetar quienes planten maíz transgénico. Éstos deberán dejar un mínimo de 25 metros entre el límite de su plantación y el de cualquier otro terreno donde se siembre maíz. "Con esta distancia creemos que se puede evitar el riesgo de cruce de especies durante la polinización".
En este punto la Administración y el sindicato Unió de Pagesos mantienen discrepancias, ya que este último considera que el perímetro de seguridad debería tener una anchura de 200 metros.
El responsable del área de Agricultura Ecológica de Unió de Pagesos, Salomó Torres, considera que la nueva legislación protegerá al sector que él representa, ya que evitará los casos de cultivos de maíz biológico contaminados por semillas transgénicas. Torres afirma que sus reivindicaciones se basan en que "la libertad de quienes cultivan transgénicos acaba donde comienza la libertad de los que no quieren hacerlo".El objetivo de los agricultores que plantan maíz transgénico no es tanto el de cambiar las propiedades del producto como de evitar los efectos de las diferentes plagas que afectan el crecimiento de la planta. El maíz transgénico que se está plantando en la actualidad está preparado para evitar alguna de estas plagas, como la del insecto taladro. Éste agujerea de tal forma el tallo de maíz que una ráfaga de viento puede romperlo por la mitad echando a perder el grano. La agricultura convencional combate este insecto con pesticidas, algo que los agricultores pueden evitar en gran medida utilizando semillas modificadas genéticamente.
Las propiedades de estas semillas hacen que sean especialmente valoradas en las zonas más ventosas, como el valle del Ebro y el Empordà. Esto explica que la mayor parte del maíz transgénico que se cultiva en España se concentre en estas zonas, en Aragón y en el sur de Navarra. Paralelamente al proyecto legislativo del Departamento de Agricultura, el ministerio homónimo está preparando una normativa similar, algo que permitiría saber cuál es la superficie total cultivada en España.
El nuevo decreto debe estar listo para el inicio de la campaña del maíz, cuya siembra comienza en marzo. El año pasado, Agricultura ya envió una carta a los 14.000 productores de maíz recomendándoles tomar precauciones en caso de plantar semillas transgénicas.
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“Cinco Días”
3 de enero de 2005
Aenor cambia el proyecto de norma de RSC por una guía para empresas
Las empresas no se sienten aún preparadas para asumir una norma de responsabilidad social corporativa (RSC), y el proyecto de Aenor se ha tenido que modificar para editar una guía (de menor rango). Esta decisión se ha tomado tras una igualada votación que ha puesto de relieve las diferencias entre ONG y sindicatos con empresas y patronales.
Después de trabajar durante más de cuatro años en la elaboración de una Norma de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el Comité Técnico de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) ha decidido dejar en vía muerta este proyecto y sustituirlo por la elaboración de una guía para empresas, un formato de menor rango que la Norma.
Esta decisión se ha tomado tras una votación realizada el pasado día 20 en la que, tras un empate, el voto del presidente del comité inclinó la balanza hacia la guía. Este equilibrio de fuerzas ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio que existen entre las ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, con las empresas y patronales. En el ámbito universitario también hay disparidad de opiniones, aunque la mayoría de los representantes se decantan por la norma.
El argumento esgrimido para cambiar el proyecto inicial de elaborar una norma es la falta de preparación del tejido empresarial español. 'Se necesita alcanzar el consenso entre todas las partes y las empresas todavía no se sienten preparadas para abordar una situación como esta', comenta José Luis Tejera, responsable de este área en Aenor. Y añade: 'El mundo empresarial no quiere una norma. Ninguna de las empresas que integran el Comité ha votado a favor de la norma; todas prefieren una guía'. Entre estas compañías figuran SCH, BBVA, Ferrovial, Telefónica, REE, Abengoa, Repsol y Dragados, entre otras.
Tejera también señala que esta decisión se enmarca dentro de la tendencia internacional que se está produciendo para elaborar guías que orienten a las empresas. 'En ISO se está formando un grupo de trabajo en el que participan unos 40 países y que persigue crear una guía de ámbito general', comenta.
Las ONG no se muestran de acuerdo con esta decisión y consideran que se ha perdido una gran oportunidad de avanzar en la RSC. También se acusa a la patronal CEOE de bloquear el avance de la norma Aenor, cuyo borrador número 19 (el último que se hizo) quedó aparcado en el verano de 2003.
La patronal niega que haya presionado y bloqueado la elaboración de la norma. 'Todas las empresas que están en el comité de trabajo han votado en contra porque creemos que aún no hay masa crítica suficiente', señalan fuentes de CEOE.
'Queremos hacer algo realista, que esté consensuado entre las partes. Y los primeros borradores de Aenor se hicieron con una escasa presencia empresarial que luego se ha ido equilibrando', comenta Roberto Suárez, de CEOE. La patronal no excluye que, más adelante, se pueda elaborar una norma, pero de momento creen que lo prioritario es 'definir bien el concepto y extender la práctica de la RSC en la sociedad española', puntualiza Suárez.
En un documento de la patronal se recuerda que 'existe una larga tradición de contribuciones adicionales e iniciativas que algunas empresas libremente emprenden más allá de su contribución básica', y se apunta que ahora el reto 'no es tanto el establecimiento de un baremo de medir único y exigente, como proporcionar instrumentos flexibles que permitan una evolución realista de estas prácticas en el tejido empresarial español sin dañar su propia competitividad'. 'Se trata de decidir entre una actuación que se enfoque exclusivamente en un número muy reducido de empresas que, por otra parte, no demandan instrumentos rígidos, o actuaciones dirigidas a un entorno más amplio. La inmensa mayoría del entramado empresarial español esta compuesto por pymes a las que una imposición adicional, directa o indirecta, podría afectar negativamente en su capacidad para competir', añade.
Las ONG están ahora en proceso de reflexión sobre el procedimiento y el posicionamiento de las partes en este debate sobre si es preferible la norma o la guía, según reconoce Carlos Cordero, de Amnistía Internacional. Otras fuentes vinculadas con el tercer sector creen que en la votación del pasado día 20 se han producido errores en la convocatoria y en el procedimiento.
Las ONG y sindicatos que participan en el comité de trabajo de Aenor consideran que un documento normativo 'debe ser tomado como una herramienta de gestión y de carácter voluntario'. Y añaden: 'Entendemos que generar otro documento de naturaleza distinta al de norma, no aportaría ninguna herramienta nueva para a la gestión de la RSC y además podría poner en peligro la confianza en el proceso de normalización español'.
En un documento elaborado por Setem, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Economistas sin Fronteras, CC OO e Ingeniería sin Fronteras, se explica que la norma 'permite comparar objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos en empresas, entre ellas, entre sectores y entre regiones, en los aspectos básicos de la gestión de RSC'.
También argumentan que este formato 'identifica requisitos concretos que se han de satisfacer, no orientaciones o consejos como hacen las guías'.Y que puede ser 'empleada como una herramienta de evaluación, verificación, auditoria y escrutinio, ya sea de forma interna, por la empresa, o de forma externa, por otro agente'.
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Bolivia - El Diario
3 de enero de 2004
FUTURO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
En pocas líneas trataremos de explicar la razón de ser de los ferrocarriles. Entre los años 1959 y 1996 (37 años), el transporte ferroviario bajo administración del Estado, no obstante sus deficiencias estructurales, de equipo e instalaciones, contribuyó al bienestar del país. Sus tarifas no eran comerciales; por ejemplo el trigo de la ayuda americana ingresaba al país pagando una tarifa que no cubría el costo del combustible, y en ciertas circunstancias, transportaba gratuitamente para sindicatos, Fuerzas Armadas y ministerios.
A mediados de la década de los 60, dimos un salto cualitativo, de la tracción a carbón y leña que heredamos de los ingleses, pasamos a la tracción diesel, adquirimos vagones con capacidad de 4 ton., readaptamos talleres de mantenimiento e introducimos nuevas telecomunicaciones; en síntesis, los bolivianos fuimos capaces de modernizar nuestros ferrocarriles con base en mucho sacrificio colectivo.
Es tan evidente esta afirmación, que en este momento locomotoras, vagones y telecomunicaciones a las que hacemos referencia, están trabajando al mando de los "capitalizadores". El diseño de la estructura vial no se ha modificado y no hubo la expansión que establece el contrato de Concesión; por el contrario, en la Red Andina (2.274 kms) más del 70% está a punto de desaparecer. En la Red Oriental, un tren de pasajeros de Santa Cruz a Puerto Suárez (643 kms) demora más de 25 hrs, cuando lo normal son 12 hrs. Por estas y otras razones, fruto del proceso capitalizador, podemos hacer muchas preguntas, pero formulamos sólo dos: ¿la Capitalización cumplió sus objetivos?, ¿el ferrocarril tiene aún un rol que cumplir?
Respondiendo a la primera, afirmamos que la Capitalización no cumplió sus objetivos, fue el instrumento para destruir al sistema ferroviario. Los actuales gobernantes saben que así es; sin embargo, mal asesorados, dictan medidas disponiendo la reposición de servicios, justamente en uno de los sectores técnicamente más conflictivos, nos referimos al ramal Oruro-Cochabamba-Aiquile, cuya estructura vial está seriamente dañada. Además este ramal, en agosto de 2000, fue revertido al Estado por sus "altos costos de operación", no obstante quienes opinaban así -los chilenos-, en septiembre de 2003, aceptaron nuevamente hacerse cargo, no sabemos bajo qué condiciones.
En lo referente a la segunda pregunta respondemos: el ferrocarril en Bolivia tiene un futuro promisor, siempre y cuando no lo dejemos desaparecer en manos extranjeras. Por nuestra ubicación geográfica en Sudamérica, sabemos que somos el paso forzoso entre el Atlántico y el Pacífico. La ruta Aiquile-Santa Cruz es parte sustantiva del Corredor Santos (Brasil) - Arica (Chile) y/o Matarani (Perú), es además, indiscutiblemente, la ruta más corta y más directa entre ambos océanos. Es esta una de las razones para que el Brasil, en el siglo pasado, hubiese contribuido a la construcción del Ferrocarril Corumbá (Puerto Suárez) - Santa Cruz; a su vez ha estado enteramente a su cargo el estudio técnico y diseño final de ingeniería del Proyecto Aiquile - Santa Cruz (388 km).
Estos antecedentes nos están recordando que el Brasil tiene necesidad de salir al Pacífico utilizando al ferrocarril como el medio más competitivo. Esa necesidad, por hoy, está concentrada en el Estado Matogrosso Sur, por ser la región más grande en producción y comercialización de soya y productos terminados, siendo a su vez un centro grande de acopio.
En algún momento esa producción, calculada en más de 20 millones de toneladas anuales, por razones de flete y distancia tiene que salir a ultramar por el Pacífico. Ese probable tráfico de carga hace del Corredor Ferroviario Transcontinental Central un punto de convergencia continental. La frustración puede venir por la falta de visión política del Gobierno, pues teniendo en sus manos los instrumentos jurídicos y técnico-económicos para aclarar y definir el tema de la tramposa Capitalización no lo hace, lo que impide la aparición de nuevos inversores con propósitos muy ajenos a los empleados por los chilenos.
Ramón Claure Calvi
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