Dame mi tele
JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM
El 15M debería concentrarse simultáneamente delante de las sedes de RTVE y de todas las radios y las televisiones de las comunidades autónomas para reclamar el derecho de acceso. El artículo 20 de la Constitución establece que «la ley garantizará el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación de servicio público». En aplicación de dicho mandato constitucional, la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal (2006) obliga al Consejo de Administración de RTVE a repartir «espacios específicos» en RNE y TVE, con «la disponibilidad de los medios técnicos y profesionales necesarios para su realización ». Y la ley de financiación de RTVE (2009) precisa que RNE y TVE «tienen que dedicar por lo menos doce horas semanales, en horario no residual, a emitir los programas del derecho de acceso».
El derecho de acceso está incluido también en los estatutos de todas las radios y televisiones de servicio público de las comunidades autónomas. Es un mandato constitucional y lo impone la ley pero el PP y el PSOE se niegan a aplicarlo porque no lo necesitan para ocupar, desproporcionada e injustamente, la inmensa mayoría de las informaciones en los medios de comunicación más poderosos. Si cumplieran con su obligación, los «grupos sociales y políticos significativos» tendrían la oportunidad de conectar con las grandes audiencias para difundir sus denuncias, propuestas e iniciativas, de manera que los ciudadanos supieran que hay otras formas de organizar la política y la economía con la solidaridad como fundamento. Democratizar la ley electoral y los medios de comunicación (incluyendo el derecho de acceso al servicio público) es la combinación imprescindible para que cada voto y cada voz valgan lo mismo.
Entre lo que no hizo Zapatero y lo que destroza Rajoy Si en España hay ahora un grupo social al que nadie
le niega su dimensión de significativo, es al 15M. Para su organización y comunicación interna cuenta con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero le están bloqueando dos derechos, para que sus informaciones no puedan llegar a las grandes audiencias sin la deformación de los intermediarios: el derecho de acceso y el derecho a las iniciativas sociales en la radio y en la televisión. La ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) anuncia, pero no asegura, el reparto equitativo de las licencias de radio y de televisión entre los negocios, el servicio público y las iniciativas sociales. En la práctica, benefi cia, con la absoluta impunidad, a los negocios audiovisuales, reduce el servicio público y bloquea las iniciativas sociales. Lo comercial ocupa el setenta por ciento y lo público el treinta por ciento de las licencias estatales y autonómicas, recluyendo a las iniciativas sociales en el ámbito municipal con tremendas limitaciones para su fi nanciación y cobertura. La LGCA entró en vigor, con su publicación en el BOE, el 31-03-2010, y obligaba al gobierno a aplicar «en un plazo máximo de doce meses» un reglamento para determinar «tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Pero Zapatero no lo hizo.
Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo, esa regulación habría facilitado la defensa de los medios de carácter social como Tele K. Al no cumplir el PSOE con su obligación, el gobierno del PP puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer un reglamento que impida defi nitivamente el desarrollo de las iniciativas sociales en radio y televisión. La LGCA sólo tenía tres ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE con la promesa del derecho de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a las emisoras comerciales y la posibilidad de una regulación democrática de las iniciativas sociales. Zapatero impidió la aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la veda para la privatización de las autonómicas. Zapatero no se atrevió a formar el CEMA y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas sociales y Rajoy las aplastará. Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener medios propios de carácter social y el derecho de tener espacios de libre disposición en las emisoras de servicio público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada por el PP, de intentar aislar a lo que moviliza porque crece contagiando.
ver también:
http://waldendos.org/index.php/Sociedad/15M-DAME-MI-TELE.html
Fuente:
http://madrid15m.org/quiosco.html
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 13/06/2012 - Modificar
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