Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología, 22/12/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “La Opinión de Murcia”
20 de diciembre de 2004
Cerdá amenaza con llevar el programa de TVE 'Línea 900' ante los tribunales
2 “La Verdad”
20 de diciembre de 2004
Indignación por un programa de La 2 que dice que «el agua de todos va a unos pocos»
3 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
21-12-2004
La poca frecuencia de paso de las unidades y la cobertura insuficiente de
las líneas disuaden a los clientes de Alicante
4 “Levante”
22 de diciembre de 2004
El Gobierno central insiste en que no tiene previsto soterrar el AVE en
l'Horta
5 “Expansión”
22 de diciembre de 2004
Bruselas obliga a España a extender el plan de Kioto a más industrias
6 “Cinco Días”
22 de diciembre de 2004
Endesa, Industria y los efectos del Protocolo de Kioto
7 “Estrella Digital”
22 de diciembre de 2004
España es el país de la UE que más se aleja de los objetivos del protocolo
de Kioto
8 EL PAÍS
21-12-2004
España paga al Reino Unido para evitar la vuelta de 97 toneladas de residuos
nucleares
9 EL PAÍS – Andalucía
20-12-2004
La telefonía móvil UMTS se frena por la oposición al despliegue de nuevas
antenas
10 “PLATAFORMA UNITARIA ANTILÍNIA DE 400 kV. NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ”
17 de diciembre de 2004
ACTE de la passada reunió a Cistella
11 “El Punt”
20/12/2004
Una cinquantena d'entitats i col·lectius es reparteixen la «defensa» del
territori gironí
12 Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
21 de diciembre de 2004
Ante los proyectos de nuevos grupos térmicos de ciclo combinado, alimentan
dos a gas en el centro de la región
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“La Opinión de Murcia”
20 de diciembre de 2004
Polémica
Cerdá amenaza con llevar el programa de TVE 'Línea 900' ante los tribunales
El consejero de Agricultura califica de "calumnioso" el espacio sobre el
mercado negro del agua en la Región que la cadena pública emitirá esta tarde
El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, está dispuesto a llevar a
los tribunales al programa de TVE 'Línea 900', que hoy emitirá un espacio
dedicado al robo del agua en la Región. Esta emisión será la segunda entrega
dedicada a la cuenca del Segura y, según la página web del programa, recoge
fuertes críticas a los regantes y a la anterior cúpula de
la Confederación Hidrográfica del Segura, a la que acusa de dar "su
consentimiento" a las actuaciones de las empresas que actúan de forma
ilegal. Por su parte, el secretario general de la Presidencia, José Antonio
Ruiz Vivo, que el viernes había remitido sendos correos electrónicos a la
dirección de TVE, quejándose del perjuicio que causaría el programa,
insistió ayer con un nuevo mensaje, anunciando que el Ejecutivo piensa
acudir a los tribunales.
Línea 900 ya emitió hace algo más de un año otro programa dedicado a las
roturaciones ilegales y a la ampliación de regadíos, que dio lugar a una
protesta formal ante TVE, por "el deterioro de la imagen de la Región" que
causó, según recordaba Cerdá. En aquel momento, la anterior dirección de la
cadena pública se comprometió a emitir una segunda entrega del programa, con
la finalidad de "equilibrar" las denuncias y las críticas de los
ecologistas. Sin embargo, al conocer el avance de la segunda entrega de
'Línea 900', el titular de Agricultura aseguró que va a proponer al Consejo
de Gobierno de la Comunidad "que llevemos a los tribunales al programa" para
pedir responsabilidad a TVE.
Cerdá recordaba ayer que en el programa anterior "lo que aparecía como
ampliación de regadíos era en realidad el polígono industrial del Mula" y
acusaba a los autores del espacio de "demonizar" a la agricultura regional
con acusaciones generalizadas y de "calumniar a la Región sin motivo". Cerdá
sostiene que si hay ilegalidades en la gestión del agua deben
denunciarse ante los tribunales y señaló que, en concreto, en el caso de la
finca El Chopillo, "el juez la ha devuelto. Lo que tiene que hacer el fiscal
Valerio (del TSJ de Madrid, que elaboró el informe sobre el mercado negro
del agua), si hay un delincuente, es ponerlo delante del juez". Por su
parte, Ruiz Vivo, dijo que "vamos a ver lo que dice el programa y
tomaremos medidas", considerando que "sería un grave ejemplo de manipulación
de una televisión que está bajo el Gobierno socialista". El viernes, había
remitido dos mensajes a la dirección de TVE , y ayer envió otro correo
electrónico al director TVE, Juan Menor, advirtiéndolo de que el contenido
del programa será estudiado por los servicios jurídicos y de que no descarta
acciones legales por "la manipulación y el deterioro" de la imagen de la
Región.
'Con el agua de todos' podrá verse en La 2
El programa 'Línea 900' que hoy emitirá la La 2 de TVE, a las 20.40 horas,
bajo el título 'Con el agua de todos', contiene fuertes críticas al uso del
agua que están haciendo en la Región las empresas denunciadas por el fiscal
del TSJ de Madrid, a las que se refiere como "un cártel que ha perpetrado
una red ilegal de captación de aguas públicas". Según se avanza a través de
la página web del espacio que dirige Jaume Codina, "22 empresas agrícolas,
constructoras y promotores de urbanizaciones de lujo con campos de golf han
obtenido el caudal equivalente a lo previsto en el trasvase del Ebro", a
través de "500 pozos ilegales", con el "consentimiento y colaboración de
funcionarios de la anterior cúpula" de la Confederación. Se alude también a
la finca El Chopillo como uno de los casos más emblemáticos del robo del
agua y a las denuncias contra regantes de Mula y de Lorca, acusando a estos
últimos de desviar hacia Águilas y Pulpí el equivalente a la mitad del agua
que reciben del trasvase Tajo-Segura". Intervienen el consejero de
Agricultura, el presidente de la Confederación y el hidrogeólogo Francisco
Turrión.
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“La Verdad”
20 de diciembre de 2004
Indignación por un programa de La 2 que dice que «el agua de todos va a unos
pocos»
Organizaciones agrarias, Comunidad Autónoma y agricultores denuncian la
manipulación que hace 'Línea 900' y afirman que «está insultando a la
Región»
Robos de agua, mercado negro, mafias, pactos de silencio, tuberías ilegales,
organismos públicos y funcionarios bajo sospechas, campos de golf y
urbanizaciones irregulares, agricultores tiroteados por investigar... Todo
ello montado en torno «al negocio del agua».
El programa Con el agua de todos, emitido ayer por el espacio Línea 900 del
segundo canal de Televisión Española, lanzó duras acusaciones sobre la
gestión que de este recurso se hace en la Región. El reportaje televisivo
despertó indignación en organizaciones agrarias, Comunidad Autónoma y
regantes, quienes incluso se mostraron dispuestos a denunciar en los
tribunales lo que consideran «un insulto y una humillación».
Piensan en acudir al juez
Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de
Murcia (Fecoam), advirtió de que «ese programa es un insulto a todos los
murcianos». Críticas similares se escucharon durante la clausura ayer del
III Congreso de Coag-Ir, donde se debatió sobre la emisión del programa.
Allí, tanto el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, como el reelegido
presidente de Coag, Pedro Lencina, hicieron público su malestar y no
descartaron iniciar acciones legales contra Televisión Española.
Durante el programa se asegura en repetidas ocasiones que «el agua para
todos va a beneficiar a unos pocos», mediante apertura irregular de pozos,
desvíos ilegales de agua y ventas en el mercado negro.
El programa Con el agua de todos da por hecho además que una funcionaria de
la Confederación Hidrográfica del Segura, fallecida en accidente, se
disponía a entregar en la Fiscalía de Madrid las pruebas «de una trama
mafiosa, compuesta por 22 empresas, que explota 500 pozos ilegales». Según
el reportaje, la mujer murió cuando viajaba a la capital para aportar los
documentos.
El espacio televisivo da voz a representantes de los regantes murcianos,
como Francisco del Amor, y de la Comunidad Autónoma, como el consejero de
Agricultura, quien no se mostraba muy satisfecho con el uso que Línea 900 ha
hecho de sus declaraciones.
«Es difícil encontrar un acto de manipulación más clara y más burda», señaló
Cerdá: «Es una campaña orquestada y consentida por la dirección de TVE, que
tenía quejas formales del Gobierno regional contra ese programa».
Los casos de robo más emblemáticos
El programa de Línea 900, titulado Con el agua de todos, describío, siempre
según su versión, «algunos de los casos más emblemáticos del robo del agua
en Murcia: La finca del Chopillo, que con unos pozos atenta contra el
manantial de la Fuente de Architana y, con otros, toma agua pública del
Pantano del Cenajo; el pozo del Corral de Comba que ha dejado seca la Fuente
del Río Mula, o los aguatenientes de Lorca que se llevan de la zona
hacia Pulpí, en Almería, y Aguilas, el equivalente a la mitad del volumen de
agua que reciben del trasvase Tajo-Segura».
Además, el programa sostiene que ha puesto «al descubierto la red de
canalizaciones particulares que el mercado negro del agua ha creado, en
ocasiones financiadas por administraciones públicas, y que permite exportar
agua ilegal por toda la región».
Para reforzar estas sospechas, el hidrogeólogo Francisco Turrión aseguró que
estos casos «hacen pensar que más que déficit de agua, lo que padece Murcia
es un déficit de democracia, un déficit de Estado de derecho que investigue
y acabe con estas ilegalidades».
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
21-12-2004
El 'via crucis' del autobús urbano
La poca frecuencia de paso de las unidades y la cobertura insuficiente de
las líneas disuaden a los clientes de Alicante
REBECA LLORENTE - Alicante
Las constantes obras urbanas, el abuso del vehículo particular en detrimento
del transporte público, y la indisciplina viaria convierten a Alicante en
una ciudad sumida en un continuo caos circulatorio que ha empeorado sus
condiciones medioambientales, según los ecologistas.
Para reducir el impacto del coche privado, colectivos cívicos y grupos
conservacionistas exigen al Ayuntamiento una mejora del servicio de la red
de autobuses municipales que no goza de buena reputación entre sus usuarios.
La elevada frecuencia de paso de las unidades y la cobertura insuficiente de
las líneas son dos de las principales razones que ahuyentan a la clientela.
Casi 33 millones de pasajeros utilizaron hasta octubre el autobús público de
la ciudad, según datos facilitados por Subús, mercantil que explota el
servicio TAM (que conecta la ciudad con su comarca) desde 1998. La cifra
representa un aumento del 1,6% de los usuarios de las líneas de
Masatusa -autobuses urbanos de color rojo-, y los pasajeros de la
Alcoyana -unidades interurbanas de color azul-. Sin embargo, estos datos
ilustran la "escasa" aceptación que tiene este servicio entre los
ciudadanos, según interpreta el concejal socialista en el Consistorio
alicantino, Domingo Martín. Para Ecologistas en Acción, que el número de
usuarios haya crecido el 1,6% significa que la ciudad "da pasos hacia atrás"
en la utilización del transporte público. Un dato sintómatico sobre la
aceptación de este transporte dado que el colectivo de usuarios potenciales
se ha disparado a causa de los inmigrantes.
Frente al tímido crecimiento del empleo del transporte público, Alicante es
la tercera provincia española con mayor número de matriculaciones de
vehículos. En el caso concreto de su capital, el 95% de los coches circula
con un único pasajero.
Estos condicionantes convierten a Alicante en una ciudad intransitable,
castigada por una caótica circulación con atascos permanentes que repercuten
en la calidad del transporte público. La lentitud del tráfico rodado
acarrea, por tanto, que los autobuses circulen a una velocidad comercial
media de 13 kilómetros a la hora, dato facilitado por la empresa. "El tiempo
que emplea el autobús hasta alcanzar cualquier punto de destino es el mismo
que emplearía un peatón a pie", ironiza el concejal socialista. Además,
añade, el trayecto de las líneas de autobuses apenas ha variado desde que se
diseñaron hace más de 15 años, sin atender al espectacular crecimiento de la
ciudad.
Este periódico trató sin éxito de localizar algún estudio oficial sobre la
movilidad urbana en Alicante. Hay que retroceder siete años atrás para
encontrar El Informe sobre las deficiencias del Transporte Público Urbano de
Alicante, elaborado por la Plataforma Ciudad Habitable en 1998. Entonces,
las conclusiones de este estudio ya alertaban de las clamorosas carencias de
un transporte público que disuade a los potenciales clientes de utilizarlo.
Estos déficits lejos de mejorarse se han enquistado, según Javier Cobela,
uno de los autores del estudio y miembro de Ecologistas en Acción.
La organización denuncia que la mayoría de las líneas circulan entre las
6.00 y las 22.30, desatendiendo la franja horaria nocturna, a excepción de
fines de semana. El informe considera que la frecuencia de paso no es
suficiente para atender la demanda. Así, agrega el estudio: "En determinadas
líneas y horarios, el elevado número de pasajeros produce aglomeraciones por
encima del número máximo de plazas por vehículo". Esta situación puede
resultar "peligrosa" para el usuario. En hora punta, la imagen de autobuses
atestados hasta la cabina del conductor es idéntica siete años después.
El continuo incumplimiento en el horario del paso previsto del bus deriva en
una "total falta de fiabilidad" y, por tanto, en un servicio "de baja
calidad". "En ocasiones se producen aglomeraciones en un autobús retrasado,
seguido inmediatamente por otro de la misma línea que circula casi vacío".
La velocidad comercial experimentó un descenso desde 1988, con valores por
encima de los 15 kilómetros a la hora. En la actualidad, registran una
velocidad por debajo de los 12 kilómetros a la hora en el caso de las líneas
urbanas.
Una lenta opción
Lunes, 8.30 horas. Una decena de usuarios del autobús impacienta en la
parada del barrio Altozano-Conde Lumiares de Alicante. En plena hora punta,
dos autobuses repletos hasta la cabina del conductor pasan como una
exhalación ante la imposibilidad de acoger más usuarios. La situación acaba
por desesperar a los peatones, que ya suman la veintena. ¡Esto es una
vergüenza. Todos los días estamos igual!, exclama enojada una mujer de
mediana edad. Cinco minutos después llega otro autocar. Los usuarios suben y
comienzan a recriminar al conductor por la tardanza, que roza los 25 minutos
de espera.
Esta escena se repite diariamente en muchas de las líneas del autobús, único
medio de transporte público de Alicante, a excepción del sector del taxi y
del tranvía, cuya implantación es residual (sólo transcurre por la costa).
Fuentes del Grupo Subús informaron de que en lo que va de año, sus oficinas
recabaron un total de 699 quejas de usuarios. Una cifra insignificante, toda
vez que desde octubre de 2003 y hasta el mismo periodo de este año, sus
líneas transportaron a 33 millones de usuarios. No obstante, desde el Grupo
Subús apuntaron que todo servicio público es puede y debe ser mejorado.
El colectivo Ecologistas en Acción advierte de que "la alternativa del
autobús pierde atractivo cuanto más tiempo se emplea en los
desplazamientos". Una de las causas de la lentitud de los autocares es el
indisciplinado uso del coche. "Esta situación entorpece el tránsito del bus,
afectando a su regularidad y a su velocidad". Además, a esto se suma el
incumplimiento sistemático de la disciplina viaria, donde los vehículos
particulares no respetan los carriles-bus, estacionan en las paradas de las
líneas y en doble fila, extremo que dificulta la fluidez del transporte
público.
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“Levante”
22 de diciembre de 2004
El Gobierno central insiste en que no tiene previsto soterrar el AVE en
l'Horta
Morlán echa un jarro de agua fría al afirmar que las alternativas se
refieren a Valencia
Vicente Aupí, Valencia
El tramo de alta velocidad ferroviaria que actualmente se construye entre
Xàtiva y Valencia no se soterrará en ningún punto de la comarca de l'Horta,
según dio a entender ayer el secretario de Estado de Infraestructuras,
Víctor Morlán en el transcurso de una visita a Valencia. Morlán, numero dos
del ministerio de Fomento, afirmó ayer que creía que «ya había quedado
claro» que el trazado del AVE únicamente se soterrará en Valencia.
La declaración del representante del departamento que dirige Magdalena
Álvarez supone, de nuevo, un jarro de agua fría para las aspiraciones de
diversos municipios de l'Horta Sud, después de que desde el PSPV se haya
asegurado en las últimas semanas que están en estudio algunas alternativas
para extender el soterramiento más allá del término municipal de Valencia e
implantarlo en puntos del itinerario en los que las obras no están lo
suficientemente avanzadas para impedir las modificaciones necesarias.
Morlán explicó ayer que, efectivamente, Fomento analiza junto a técnicos del
ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) varias alternativas, pero
precisó que se refieren al acceso a Valencia propiamente dicho. En concreto,
el ministerio trabaja en la definición del paso sobre la autovía V-30, que
discurre junto a las marginales del nuevo cauce del Turia.
El tramo Xàtiva-Valencia del AVE y su trazado íntegramente en superficie
fueron aprobados durante la última legislatura del PP en el Gobierno, en la
que se llevó a cabo una buena parte de la ejecución de la plataforma. Tras
la llegada del PSOE al gobierno central la pasada primavera, arreciaron las
reivindicaciones populares exigiendo el soterramiento en las zonas del
trazado con mayor impacto ambiental, lo que obligó al propio líder
socialista valenciano a interceder ante el Gobierno central para buscar una
solución.
Tras varios encuentros con el ministerio en los que también intervinieron
algunos de los alcaldes de municipios afectados, llegó a asegurarse que era
viable el soterramiento en algunos puntos del trazado todavía no ejecutados,
pero la declaración de ayer del secretario de Estado, realizada ante todos
los medios de comunicación, vuelve a echar un jarro de agua fría a los
ayuntamientos de la comarca. De hecho, hace tan sólo unos días se reunió con
Morlán en Madrid, para tratar este asunto, el secretario general del PSPV en
l'Horta Sud, Josep Santamaría.
El PEIT se presentará el jueves
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presentará al Consejo de
Ministros del próximo jueves, día 23, el Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte (PEIT) que su departamento diseña desde el
pasado mes de junio. El objetivo es que el Gobierno apruebe el PEIT antes de
fin de año, para después remitirlo al Congreso y Senado, someterlo a un
análisis medioambiental y a un gran debate público. Este proceso, según
dichas fuentes, puede llevar varios meses.
El plan incluye un conjunto de inversiones para un horizonte temporal a
largo plazo y las distintas fórmulas establecidas para su financiación,
incluidas las de la iniciativa privada. De hecho, Fomento acogió
favorablemente el plan de infraestructuras elaborado por la patronal CEOE
por un importe de 23.350 millones de euros y que, entre otras actuaciones,
incluye un programa de autopistas y la construcción de una vía de tren
exclusiva para mercancías financiada mediante método concesional entre
Algeciras y la frontera francesa.
Sin embargo, el plan de la CEOE, a pesar de que prevé inversiones en
desaladoras en el capítulo de Medio Ambiente, deja fuera a la Comunidad
Valenciana en lo relativo a infraestructuras de transporte.
El ministerio ha avanzado que el nuevo PEIT incluirá el plan de carreteras
que está previsto abordar la legislatura.
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“Expansión”
22 de diciembre de 2004
Bruselas obliga a España a extender el plan de Kioto a más industrias
La Comisión Europea exige que se incluyan en el comercio de emisiones las
calderas y hornos de la industria química y agroalimentaria, lo que el
Ministerio abordará en 2005 con una asignación adicional al reparto ya
decidido.
El Gobierno se verá obligado a ampliar el número de instalaciones
industriales afectadas por el Plan Nacional de Asignación (PNA) de
emisiones –previsto para cumplir el Protocolo de Kioto– como consecuencia de
una petición de la Comisión Europea.
Bruselas considera que en el comercio de emisiones deben incluirse las
instalaciones energéticas de más de 20 megavatios. El gabinete de Cristina
Narbona entendió como tal las cogeneraciones que superan esta potencia
conectadas a la red, sujetas al régimen especial de generación (con primas)
y que venden la energía producida a la red.
Se trata de la industria química, agroalimentaria, textil o automovilística
que, por su actividad, no están sujetas al comercio de emisiones, pero se
incluyen en el plan de Kioto por sus cogeneraciones.
Bruselas cree que este concepto debe ser más amplio y que en el plan español
hay que incluir calderas, hornos y turbinas de más de 20 megavatios, que
estas industrias usan para su autoconsumo.
“No nos sorprende. Seguimos pensando que nuestro criterio es adecuado y la
definición de la UE excesiva, pero si la Comisión nos lo pide, lo aceptamos.
Sobre esas plantas hay poca información disponible”, señala a EXPANSIÓN el
secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo.
La UE puso este mismo pero al plan francés, que tuvo que ampliar su plan en
800 instalaciones –no había contemplado las cogeneraciones–. Gonzalo dice
que, en el caso español, “es un número pequeño de instalaciones, que
representan entre un 3% y un 5% de las toneladas asignadas”. Esto supondría
un reparto adicional de entre 5 y 8,3 millones de toneladas de dióxido de
carbono.
Listado de instalaciones
Bruselas aprobará el plan español condicionado a la ampliación del listado
de instalaciones. El Gobierno ha logrado convencer a Bruselas en otros dos
peros: la inversión limpia en el exterior y la asignación individualizada,
sobre la que hoy acaba el periodo de alegaciones para las empresas.
La condición impuesta por Bruselas no impedirá que el Ministerio de Medio
Ambiente envíe el plan de Kioto al Consejo de Ministros, en cuanto reciba el
visto bueno de la UE. “No retrasa la vigencia del plan español, pero deberá
completarse después”, dice Gonzalo.
¿Cómo? A través de una enmienda del PSOE en el Senado al proyecto de ley de
comercio de emisiones, que incluirá “una asignación adicional suficiente
[para las instalaciones que la UE pide incluir en el PNA], lo que no resta
derechos a la actual”, de cara a la puesta en marcha de la bolsa de CO2 en
2005.
¿Beneficia o perjudica la decisión de la UE a las empresas? “Obliga a más
instalaciones a entrar en el comercio de emisiones. Para unas puede ser un
engorro; para otras es una oportunidad de ahorro energético y de tener una
posición vendedora de derechos en el mercado”, dice Gonzalo.
La aprobación de la UE estaba prevista hoy, pero la apretada agenda de los
ministros de Medio Ambiente hará que el tercer paquete de PNA se apruebe por
procedimiento escrito. Una fecha posible es el 27 de diciembre.
Fuentes de la Comisión admitieron ayer problemas con la traducción de los
planes, lo que retrasaría el visto bueno a los primeros días de 2005.
“Entonces, lo llevaríamos al primer Consejo de Ministros del año, el 14 de
enero. Sería por retrasos administrativos de la Comisión”, apunta Gonzalo.
Las empresas ultimaban ayer sus alegaciones. Del contraste de información
con las autonomías también pueden salir otros ajustes del número de plantas
afectadas.
España, el país más incumplidor
Un informe presentado ayer por la Comisión Europea confirma que España es el
Estado de la UE que más se aleja de los objetivos de Kioto. España se desvía
un 30,4% del límite de emisiones con el que se ha comprometido (elevar un
15% sus emisiones entre 2008 y 2012, frente a 1990); Portugal se desvía un
24,8% e Irlanda, un 21,1%. Son los tres últimos de la clase. Los alumnos más
destacados son Letonia, Lituania y Estonia, que se desvían más de un 50% de
los objetivos, pero porque los cumplen sobradamente.
En este contexto, España quiere plantear los objetivos a largo plazo
postKioto en base a emisiones per capita, baremo con el que sale mejor
parada. Por otra parte, Bruselas completó ayer la bolsa de CO2, que se
pondrá en marcha el 1 de enero de 2005, con la creación de un registro
electrónico que seguirá los cambios de propiedad de los derechos de emisión,
informa Efe.
EL VISTO BUENO DE LA COMISIÓN POR FASES
Julio 2004
Bruselas aprobó los planes de Alemania, Reino Unido, Austria, Dinamarca,
Irlanda, Holanda, Suecia y Eslovenia.
Pidió ajustes a los tres primeros, que después aprobó.
Octubre 2004
Bruselas dio su bendición total a Bélgica, Estonia, Letonia, Luxemburgo,
Eslovaquia y Portugal.
Francia y Finlandia fueron aprobados con condiciones.
Diciembre/Enero 2005
Ahora va a aprobar los planes de España, Malta, Chipre, Hungría y Lituania.
Quedan pendientes en un cuarto paquete Italia, Grecia, Polonia y República
Checa.
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“Cinco Días”
22 de diciembre de 2004
Endesa, Industria y los efectos del Protocolo de Kioto
Carmen Monforte
Tras su nombramiento como secretario general de la Energía, Antonio
Fernández Segura se encontró con dos arduas tareas: elaborar un Plan
Nacional de Asignación (PNA) de derechos de CO2 para dar cumplimiento a la
directiva europea sobre mercado de emisiones y negociar un nuevo Plan del
Carbón para después de 2006. Fernández Segura tuvo claro desde el principio
que ambos planes iban asociados y los quería negociar en paralelo. Sin
embargo, al final, la confluencia casi milimétrica de los dos (hoy acaba el
periodo de alegaciones del PNA y el ministerio firma un acuerdo sobre el
carbón con los sindicatos mineros y la patronal del sector, Carbunión) ha
acarreado a Industria serios inconvenientes.
El ministerio que dirige José Montilla ha acusado abiertamente a Endesa (que
niega la mayor) de haber encendido los ánimos de los sindicatos en las
reuniones que ha mantenido con ellos para informarles sobre los efectos que
va a tener sobre sus centrales de carbón la aplicación del plan de
asignación. La eléctrica consume el 40% del carbón nacional y las
previsiones del PNA apuntan a una reducción progresiva de la generación con
este combustible de 6.000 horas a 4.000 horas anuales.
El reparto individual de los derechos de emisión de CO2 se dio a conocer el
pasado 19 de noviembre. Tras el primer reparto global de julio, que dejó
aparentemente satisfechas a las empresas y abría una tregua en la guerra
abierta desde finales de 2004 entre las eléctricas, las nuevas asignaciones
fueron un auténtico jarro de agua fría para Endesa.
Al ver las correspondientes a cada planta, los responsables de la primera
eléctrica española, cuyas centrales térmicas emitieron entre 2000 y 2002
algo más del 50% del dióxido de carbono del sector mientras sólo recibía un
47% de los derechos globales (86,4 millones de toneladas frente a unas
emisiones previstas oficialmente de 94 millones), se vieron ante el dilema
de enfrentarse abiertamente al Gobierno o negociar discretamente durante el
periodo de alegaciones.
El pulso
En una primera reunión con Fernández Segura, que pide con insistencia a las
empresas del sector 'que reduzcan la presión mediática', Endesa obtuvo un
aplazamiento de la fecha límite para las alegaciones, que en principio
duraba sólo una semana. Sin embargo, el hostigamiento de las zonas mineras,
tras el cual Industria ve la sombra alargada de Endesa, ha provocado la
irritación de altos cargos del ministerio. Hasta tal punto, que José
Montilla llegó a convocar al presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, a
una reunión, cuyo contenido no se ha desvelado.
El pulso entre el ministerio y la empresa tiene dos vertientes: una política
y otra empresarial. Desde el punto de vista político, Manuel Pizarro, uno de
los presidentes de empresas privatizadas nombrados por el PP, se ha situado
en el punto de mira. Con la irritación que ha provocado la supuesta actitud
de la eléctrica en la batalla del carbón a altos cargos energéticos de
Industria, alguno ha llegado a sugerir un recambio en la presidencia de la
compañía.
Desde la óptica empresarial, Endesa, que nunca sospechó que resultaría tan
perjudicada en términos relativos por el plan definitivo de asignación, está
dispuesta a llegar hasta el final del proceso, pues es la empresa europea
que más derechos deberá pagar. No tanto por las consecuencias económicas de
la compra de derechos a corto plazo, pues mantener el actual nivel de
emisión le costará 50 millones de euros, como por los efectos a largo plazo.
Además, Endesa y el resto de las eléctricas que producen con carbón, Fenosa,
Viesgo y, sobre todo Cantábrico, denuncian que la apuesta que el Gobierno
hace por el gas ha llegado tan lejos que el próximo año (así lo fija el
decreto de tarifas) se otorgarán derechos a ciclos combinados que no
llegarán a funcionar, lo que beneficiará especialmente a Gas Natural.
Segura pide discreción
El secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, ha pedido a
las empresas del sector que reduzcan la 'presión mediática', especialmente,
con las negociaciones sobre el plan de asignación y el plan sobre el futuro
de la minería del carbón.
Acuerdo con los sindicatos mineros
El ministro de Industria, José Montilla, firma hoy con la Federación
Minerometalúrgica de CC OO, FIA-UGT y la patronal del sector, Carbunión, un
acuerdo sobre la situación actual y previsiones de la minería del carbón en
España. Según los sindicatos, el acuerdo recogerá el compromiso del Gobierno
de garantizar los niveles de consumo de carbón autóctono establecidos en el
actual plan de la minería, de manera que no se vea afectado el sector minero
por la aplicación del Protocolo de Kioto. De esta manera, se pretende
garantizar el cumplimiento de los contratos de compra de carbón nacional con
independencia del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones aprobado, e
incluye el compromiso de negociar entre las partes implicadas para acordar
un nuevo plan para 2006-2012. Montilla ya explicó recientemente el Congreso
que la reducción de emisiones contaminantes 'no afectará a la producción de
carbón nacional'. Sin embargo, las empresas eléctricas, que presentan hoy
sus alegaciones al PNA, recuerdan que el carbón nacional (lignitos) sólo se
puede utilizar mezclado con los de importación por el alto nivel de azufre
que tiene. Por otro lado, pese a que hoy se presentan las alegaciones,
Bruselas, evalúa y aprueba hoy el plan de asignación español, según informó
la semana pasada el Ministerio de Medio Ambiente.
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“Estrella Digital”
22 de diciembre de 2004
España es el país de la UE que más se aleja de los objetivos del protocolo
de Kioto
El Ejecutivo comunitario alerta de que si no se adoptan las medidas
necesarias, nuestro país superará en un 30% la previsión de emisiones de CO2
España es el país de la Unión Europea que más se aleja de los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 para cumplir el protocolo de Kioto de lucha
contra el cambio climático, que obliga a la UE a recortar un 8% las
emisiones para el periodo 2008-12 respecto a los valores de 1990, según un
estudio de la Comisión hecho público ayer.
De acuerdo con el reparto pactado entre los antiguos quince Estados
miembros -ya que los nuevos tiene objetivos individualizados-, a España le
correspondería limitar el aumento de emisiones a un 15%. Pero las cifras del
Ejecutivo comunitario demuestran que, si no se aplican nuevas medidas, el
incremento durante el periodo de referencia será del 45,4%, es decir, un
30,4% por encima del objetivo, de acuerdo con proyecciones basadas en los
datos de 2002.
Un total de 12 Estados miembros se situan por encima de los objetivos,
aunque sólo en España, Portugal e Irlanda la diferencia es superior al 20%.
Les siguen Austria, Italia, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Bélgica, Países
Bajos, Eslovenia y Luxemburgo. Los únicos antiguos Estados miembros que se
encuentran en la buena vía para respetar sus compromisos son Francia,
Alemania, Suecia y Reino Unido.
En contraste, todos los nuevos socios cumplen sobradamente su objetivo de
reducción: Letonia (que está un 58,3% por debajo de su límite de emisiones),
Lituania (55,4%), Estonia (50,4%), Polonia (28,7%), Hungría (27,4%),
Eslovaquia (23,4%), y República Checa (20,9%). Chipre y Malta están
excluidos de los recortes.
El estudio considera que, con estos datos, la Unión Europea y la mayoría de
sus Estados miembros podrían alcanzar sus objetivos de reducción para el
periodo 2008-12. A fecha de 2002, las emisiones se han reducido un 2,9% en
la UE-15 y un 9% en la UE-25.
Medidas adicionales
Las últimas proyecciones sugieren que el recorte de emisiones en la UE-15 en
2010 alcanzará el 8,6%, teniendo en cuenta las políticas nacionales
existentes, las medidas adicionales cuya planificación está muy avanzada y
los planes de 6 Estados miembros para reducir emisiones en países en vías de
desarrollo y obtener así créditos adicionales, según establece el propio
protocolo.
Estos pronósticos no tienen en cuenta algunas medidas importantes
adicionales que se pondrán en marcha en los próximos meses, como el mercado
de derechos de emisión que la UE pondrá en marcha el 1 de enero de 2005, o
la utilización de pozos de carbono para compensar las emisiones.
No obstante, los progresos registrados en materia de reducción de emisiones
en el sector de la energía, la industria, la agricultura y los vertidos
podrían quedar anulados por el aumento en el sector del transporte.
Durante el año 2002, las emisiones debidas al transporte se situaban casi un
22% por encima del nivel de 1990. "Este estudio da argumentos para ser
optimistas, porque establece que tanto la UE a Quince como los nuevos
Estados miembros están en la buena vía para alcanzar sus objetivos de Kioto.
Esto es capital si la UE quiere continuar a la vanguardia para hacer frente
al desafío planetario del cambio climático", declaró el comisario de Medio
Ambiente, Stavros Dimas. El informe recuerda también, destacó Dimas, que la
reducción de emisiones ha sido "insuficiente".
"Si queremos tener éxito en la puesta en práctica de las nuevas reducciones
que son necesarias, hace falta poner en marcha de una manera eficaz tanto de
las políticas y medidas que ya existen como las complementarias que están ya
planificadas", concluyó.
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EL PAÍS
21-12-2004
España paga al Reino Unido para evitar la vuelta de 97 toneladas de residuos
nucleares
El Gobierno británico almacenará indefinidamente material de Garoña a cambio
de 34 millones
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid
El Reino Unido albergará indefinidamente residuos nucleares de alta
actividad generados por la central de Garoña (Burgos) entre 1971 y 1983. La
planta envió 97 toneladas de residuos a la planta de Sellafield hace 20 años
para ser reprocesados. Tenían que volver en 2008, pero como en España no
existe un almacenamiento centralizado para estos desechos, la empresa
pública que gestiona los residuos, Enresa, ha decidido pagar 34,5 millones
al Reino Unido para que los custodie. El Gobierno británico ha alcanzado
acuerdos similares con Japón, Suecia, Alemania e Italia por los que prevé
ingresar 927 millones de euros. Entre 1971 y 1983 la central de Santa María
de Garoña (Burgos) envió 500 barras de combustible nuclear gastado al centro
de tratamiento de residuos de Sellafield, en el Reino Unido. Los
cargamentos, procedentes de las primeras recargas de la central, salían
periódicamente desde la planta. Iban en camiones hasta San Sebastián o a
puertos franceses y de allí partían en barco hacia el Reino Unido. La
central nuclear, propiedad de Nuclenor, envió en este periodo 500 barras de
cuatro metros de alto de combustible gastado. Endesa e Iberdrola son las
propietarias de Nuclenor. Las centrales nucleares utilizan uranio como
combustible. Al ser bombardeado con neutrones, el uranio libera energía y se
convierte en plutonio.
El total del material enviado (las barras encerradas en cilindros metálico
de protección), tenía un peso de 97 toneladas. Las centrales españolas
producen actualmente 160 toneladas al año de residuos de alta actividad, que
duran miles de años. Las 500 barras enviadas por la central de Garoña
suponen un tercio de lo que la central ha almacenado desde 1983 y un 5% del
total almacenado en las nueve centrales españolas.
El contrato firmado entre Nuclenor y la empresa pública británica BNFL
(British Nuclear Fuels) incluía que el material radiactivo volvería a España
en 2008. En el Reino Unido el combustible gastado recibió un tratamiento
conocido como reprocesado. "El tratamiento permite recuperar parte del
uranio que no ha sido gastado en la central, plutonio y un residuo que no
tiene uso", explica Jorge Lang Lenton, ingeniero y portavoz de Enresa.
Un problema de regreso
La vuelta de los residuos a España suponía un problema. España almacena los
residuos nucleares de alta actividad en las propias centrales nucleares.
Enresa sólo tiene un almacén para los residuos de baja y media actividad,
los procedentes de la minería, la medicina... Según Lang Lenton, almacenar
el residuo en la central de Garoña sería "posible pero complicado".
"Necesitaríamos un almacén temporal centralizado, algo que, en el mejor de
los casos, no estará listo antes de 2010". Y admite: "Nos hemos quitado un
problema".
En 2003, Nuclenor y Enresa renegociaron con BNFL para extender el contrato.
Al final, y a cambio de 34,5 millones, BNFL guardará el material. Enresa ha
pagado un tercio de la cantidad. El contrato incluye pagos hasta 2008. Un
portavoz de Nuclenor explica el acuerdo: "El uranio y el plutonio recuperado
se quedan en el Reino Unido hasta que Nuclenor encuentre un comprador. En
principio tenían que volver en 2008". Este uranio recuperado y los óxidos de
plutonio pueden servir de combustible para un tipo de central que no existe
en España. "Estamos negociando con la Empresa Nacional de Uranio (Enusa)
para venderlo en el mercado del uranio", según este portavoz.
Además del uranio y del plutonio, del reproceso queda un deshecho radiactivo
de alta actividad, con una vida activa de miles de años. "Ese resto tenía
que regresar a España en 2008, pero gracias al acuerdo suscrito, nunca
volverá", según el portavoz de Nuclenor. El acuerdo por el que BNFL se hace
con los residuos se renovará automáticamente cada 10 años.
El Reino Unido ha suscrito acuerdos similares con países como Japón,
Alemania, Italia, Suiza y Suecia, según publicó la semana pasada el diario
británico The Guardian. Londres admitía en un comunicado que por esta vía
pretendía ingresar 927 millones de euros que destinaría a la
descontaminación de instalaciones nucleares. Lang Lenton destaca que el
Reino Unido tiene gran tradición nuclear, por lo que el anuncio del Gobierno
"no ha generado las críticas que hubieran aparecido en España".
De las 500 barras enviadas por España, BNFL ha tratado la mitad de ellas y
está a punto de tratar el resto. La empresa alberga además otros residuos
nucleares españoles. Antes de 1984, la central de José Cabrera, en Almonacid
de Zorita (Guadalajara), también envió partidas de combustible nuclear
gastado.
El contrato que firmó la central de Zorita no incluía la vuelta de los
residuos, según Lang Lenton. Éste explica que los contratos de envío al
extranjero han cambiado: "Antes, los países que reprocesaban el material, se
quedaban con el residuo a cambio de disponer del el uranio y el plutonio
resultante. Después, obligaban a recibir el material de vuelta y finalmente
a pagar por todo el proceso".
El último envío de material radiactivo de alta actividad desde España se
produjo en 1995. El combustible gastado en la central de Vandellós I fue
enviado a la empresa Cogema, en Francia, para su procesado. Cogema almacena
actualmente 900 toneladas de vidrios de alta actividad y 16.000 toneladas de
bidones con residuos de media actividad. El contrato incluye que el material
debe volver a España en 2010 e incluye "elevadas penalizaciones económicas
por incumplimiento de tal fecha", según Enresa. Lang Lenton explica que los
residuos volverán a España: "No hay la más mínima posibilidad de que se
queden. Es la alta política".
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EL PAÍS – Andalucía
20-12-2004
Exceso de comunicación
La telefonía móvil UMTS se frena por la oposición al despliegue de nuevas
antenas
JOSÉ MARÍA MONTERO - Sevilla
Repartidas por toda España hay unas 30.000 antenas de telefonía móvil que,
sin embargo, no son suficientes para garantizar los servicios de la nueva
generación de teléfonos UMTS, capaces de soportar videoconferencias o
facilitar la navegación por Internet a alta velocidad.
Las operadoras afirman que, en el plazo de cuatro años, habría que instalar
entre 15.000 y 20.000 nuevas antenas para cubrir estos servicios, y que
difícilmente podrán cumplirse estas previsiones si se mantiene la oposición
social a este tipo de instalaciones y, sobre todo, se multiplican las trabas
administrativas a las que han de someterse.
Lo cierto es que el desarrollo de esta tercera generación de móviles se ha
ralentizado por este motivo, ya que cada vez son más las voces que se alzan
reclamando mayores cautelas ambientales. Ecologistas en Acción ha llegado a
proponer una moratoria en tanto no se neutralicen los posibles riesgos
sanitarios de estas nuevas fuentes de contaminación electromagnética, para
lo que sería imprescindible "una reforma en profundidad de la normativa
estatal sobre esta materia, con una disminución drástica en los niveles de
emisión".
División científica
La comunidad científica sigue dividida en lo que se refiere al impacto
sanitario de este tipo de instalaciones, pero continúan publicándose
estudios que advierten de posibles efectos nocivos en las personas, por lo
que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han decidido aplicar, de
forma estricta, el principio de prevención, reforzando las limitaciones
impuestas por la normativa estatal.
De esta manera, en todo el país se aplican entre 500 y 600 normas y
ordenanzas referidas a esta materia, aun cuando los tribunales, a iniciativa
de las propias operadoras, han dejado sin efecto algunas de estas
disposiciones.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias tratan de entender
la difícil situación a la que se enfrentan las operadoras, pero también
consideran que este problema podría resolverse, en parte, elaborando los
denominados "mapas de antenas", en los que se fijaran criterios para
compartir instalaciones. Ésta, sin embargo, no es una idea que guste a las
empresas del sector, ya que la distribución de las diferentes redes es un
factor competitivo al que no quieren renunciar.
Así las cosas, y en tanto se alcanza algún acuerdo de ámbito nacional, las
operadoras que ya se han embarcado en los servicios UMTS vienen aplicando
nuevas estrategias para sortear el rechazo de algunos ciudadanos y
colectivos.
En primer lugar, han delegado en sus suministradores de red (grandes
multinacionales como Ericsson o Siemens), o en las empresas instaladoras
subcontratadas, el mal trago de la negociación con ayuntamientos y
comunidades de vecinos, evitando así un desgaste similar al que sufrieron
cuando se implantó la telefonía GSM. También han apostado por nuevos diseños
de antena que, literalmente, se mimetizan en un entorno urbano, y que nada
tienen que ver con los clásicos mástiles cargados de parafernalia
electrónica.
Las antenas UMTS pueden tener el aspecto de una chimenea, un anuncio
luminoso o una farola, y su tamaño puede reducirse hasta el extremo de pasar
desapercibidas integradas en algún elemento constructivo.
"Estas estrategias de ocultación y camuflaje", denuncia Ecologistas en
Acción, "buscan desorientar y hacer ignorar a los ciudadanos la existencia
de focos de contaminación electromagnética y, así, disminuir la preocupación
social por el despliegue de las redes de telefonía móvil". Además, se está
produciendo un despliegue de microantenas y picocélulas a baja altura sobre
las calles, "originando una emisión muy directa sobre los peatones y
edificios cercanos". Ni siquiera en estos casos, añade este colectivo, "se
cumplen las tímidas recomendaciones planteadas en la normativa estatal sobre
la disminución de niveles de emisión en zonas sensibles como centros de
enseñanza, hospitales o parques y jardines".
La salud no es el único argumento que esgrimen los que se oponen a esta
proliferación de antenas. También hay factores que tienen que ver con la
disciplina urbanística o la seguridad, ya que muchos de estos dispositivos
se han instalado sin la preceptiva licencia municipal cuando, en algunos
casos, suponen el establecimiento, sobre azoteas de edificios habitados, de
estructuras con varias toneladas de peso. Tampoco se han respetado en
algunos casos unos mínimos criterios estéticos, de manera que los mástiles
causan un notable impacto paisajístico en determinadas zonas rurales y
también en entornos urbanos de valor histórico-artístico.
Una opción con un coste elevado
El tratamiento de material radiactivo en el extranjero "es una opción que
puede considerarse abierta, aunque con un coste elevado y con el problema
añadido del retorno a España de los residuos derivados de dicho
tratamiento", según el Quinto Plan Nacional de Residuos, aprobado por el
Enresa en 1999.
El Plan, elaborado por el Empresa Nacional de Residuos, Enresa, considera
que España debe asumir los residuos que genera. El portavoz de Enresa, Jorge
Lang Lenton, asegura que la exportación de residuos radiactivos de alta
actividad a cambio de dinero es "poco probable". "Estaríamos abiertos a esta
posibilidad, pero es casi imposible que varios países lleguen a acuerdos de
este tipo", añade.
Enresa asegura que el pago de 34,5 millones a la empresa británica BNFL para
que custodie el residuo resultante de tratar 500 barras de uranio
procedentes de Garoña es un caso excepcional. "Hablamos de un caso único, de
un combustible que se envió antes de 1983".
Cada envío de material radiactivo es actualmente un quebradero de cabeza
para los encargados de organizarlo. Las protestas de ecologistas y vecinos
suelen acompañar al convoy de los residuos durante todo el trayecto. El 7 de
noviembre pasado, un ecologista que se había encadenado a la vía férrea en
protesta por el paso de un convoy con material nuclear murió en Francia
arrollado por el tren que transportaba los residuos.
En 1984, tras el envío de material radiactivo desde Garoña al Reino Unido,
los ecologistas denunciaron que los envíos atravesaban 323 municipios del
norte de España.
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“PLATAFORMA UNITARIA ANTILÍNIA DE 400 kV. NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ”
17 de diciembre de 2004
ACTE de la passada reunió a Cistella
La PLATAFORMA UNITARIA ANTILÍNIA DE 400 kV "NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ"
reunida el passat divendres 17 de desembre de 2004, al Local Social de
Cistella, Alt Empordà.
Representació de les entitats i veïns que hi varen assistir: Col.lectiu
antilínia de l'Alta Garrotxa, Anna deNavata, Patric de Maià de Montcal,
Paloma de La Selva, Marga de Gironella (Cistella), Laia de Saneras
(Cistella), Josep Xargay, Miguel A. Sibecas (Vilanant), Pitu Puig
d'Avinyonet, Ignasi Batet Trias, Josep Espigulé (Vilafant) del' Ass. "Amics
del Manol", Núria Salleras, Volker Herrmann, Jaume Figueres Regas, Marta
Ball.llosera Font de "Salvem L'Empordà", Santi "La Llémena, E.P.", Fransisco
Rojas, Josep Mª Ricart "Antilínia de les Gavarres", Salvador Palangues
Cistella Can Rostall, Quim Gironella Vilà, Maite Gironès Malagelada,
representant de la Comissió Tècnica "Salvem L'Empordà", Manel Cornellà de
Vilanna-Bescanó, Salvador Jover, Joan Martí de Foixà (Baix Empordà), Jaume
Oliva de "NON à la THT" (Catalunya nord), Rali Dunkel de Vilanant (Alt
Empordà),Danae García, Tavi de "Salvem L'Empordà" i Juli Morell (Tècnic del
Video de Salv. Empordà).
Resum dels acords presos segons l'ordre del dia:
1- S'escolleix un moderador de la reunió i secretari/a per l’acta.
2- Resum dels acords i iniciatives presos a la Contra Cimera contra la
imposició de la línia de 400.000 volts, realitzada al Vallespir (Arles de
Tech) el passat dissabte 27 i diumenge 28 de novembre de 2004.
3- Curt debat sobre dubtes i aclariments.
4- Propostes (4 comissions: 1-accions, 2-xerrades i argumentacions,
3-difusió informativa, 4- econòmica).
5- Convocatòria per a tots els presents i demés implicats a la propera
reunió que es farà a Figueres el proper dissabte 22 de gener de 2005 a la
Sala Ictineu, plaça triangular i carrer de Sant Pau, a les 10:30h.
A la Contra Cimera contra la imposició de la línia de 400.000 volts,
realitzada al Vallespir (Arles de Tech) el passat 27/11/04, entre altres
coses:
A- s´ha determinat i redactat el text per crear l'adhesió a una futura
Federació Europea d'associacions d'antilínies afectats.
B- s'ha engegat el procés d'una futura lluita jurídica preventiva, aplicant
el principi de precaució i el dret preventiu de persones afectades,
caçadors, rebanys de bestiars, etc.
C- s'ha tingut molt en compte el Jurament de Montferrer, en el que 14 pobles
afectats de l'Alt Vallespir han jurat a través dels seus representants, els
alcaldes, que cap d'ells negociarà ni en particular ni en grup cap mena de
traçat de la línia de 400.000 volts.
D- El Col.lectiu "NON à la THT" i el Consell dels Pirineus Orientals es
planteja de fer un Referendum sobre la línia de 400.000 volts a la Catalunya
nord.
S'aclareix rectificant l'acte anterior de la reunió de l'ADTN-O a la Màkia
del passat 16 d'octubre de 2004, que l'Assemblea en Defensa de les terres
nord-orientals (l'ADTN-O) continua funcionant tal i com ha estat creada, és
a dir com a paraigües de totes mobilitzacions ecologistes al Principat de
Catalunya per a coordinar la informació i poder donar suport en tots els
llocs afectats i agredits del territori.
En canvi la creació arran d'aquesta assemblea a la Màkia de la Plataforma
unitària antilínia de 400.000 volts "NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ" (NO M.A.T.)
no substitueix l'ADTN-O sinó que en forma part com d'altres mobilitzacions
sobre agresions mediambientals i vol ser una coordinació operativa de tots
els grups antilínia del Principat de CAT.
- Salvem L'Empordà recorda que han fet un llistat de pobles afectats, estant
fent xerrades, passes del video "NO MAT", alguns alcaldes han fet mocions en
contra de la línia (Albanyà, Cistella, Maçanet de Cabrenys, Avinyonet de
Puigventós), en canvi altres es mantenen a favor de la línia (Figueres, Sant
Llorenç de la Muga, Ciurana).
Es recorda que si algu vol un vídeo traduit en català de la Campanya a la
CAT nord sobre la línia de 400kv el pot demanar a Salvem L'Empordà
<info@salvem-emporda.org> 972 670531.
- Els alcaldes de l'Alt Empordà diuen que no coneixen ni l'avant projecte ni
el projecte definitiu de la línia (ENCARA NINGÚ HA TINGUT ACCÉS AL DRET
CÍVIC D'ESTAR INFORMAT PER A ON PASSA LA LÍNIA DES DE BESCANÓ FINS A LA
FRONTERA!!).
- A més ja s'està oferint als Ajuntaments d'aquí (CAT sud) un preu
d'indemnitzacions per KM de línia que agradeix el territori. En canvi a la
Catalunya nord tot i que els helicòpters sobrevolen els pobles que han fet
el JURAMENT DE MONTFERRER per si necessiten alguna piscina o alguna altra
cosa a canvi de la línia, han dit que "LA TERRA NO ESTÀ PER A VENDRE".
- Algú pregunta com és que ERC demana un referendum a la CAT nord i no ho fa
a la CAT sud.
- Es pregunta moltes vegades sobre els arguments en contra de la línia de
400kv i la seva no necessitat pel TGV, que son contestat d'aquesta manera:
- Si no s'ha fet passar la línia de 400kv ni pel País Basc, ni per Lurón, ni
per Baqueira Beret perquè ara es diu que és necessària pel TGV a Catalunya.
- Es recorda el mapa d'infraestructures per energia elèctrica presentat per
Loyola de Palacios al 2003 senyalitzant que les línies van cap a Nord
d'Àfrica (Argèlia i Marroc) a on es volen posar noves centrals nuclears en
un futur, quan s'hagin desconstruides les d'Europa occidental.
- 4 mossos d'Esquadra vigilant una torra d'alta tensió contra possibles
atemptats durant 6 mesos han mort de càncer de leucèmia.
- Tots els científics francesos que estaven en contra de la línia de 400kv
han estat apartats.
- Els estudis que demostren els greus efectes secundaris en les persones i
el mediambient de les radiacions dels camps electromagnètics generats per
les línies d'alta tensió, com la de 400.000 volts, han estat realitzats per
països com Suècia, Rússia i Canadà.
- La creació d'una comissió tècnica de la Plataforma unitària antilínia de
400kv "NO a la M.A.T." que informarà en tots els terrenys i pobles afectats
pel pas de la línia.
- Es recorda que la propera Cimera franco-espanyola es farà als inicis del
2005 a Barcelona (a on es podria aprofitar per fer mobilitzacions en contra
de la línia de 400kv), tractarà entre altres temes, el traçat definitiu de
la línia (tot i que el PLÀ ESTRATEGIC D'ENERGIA, segons el pacte del Tinell
ha de demostrar si la línia és necessària pel TGV, i aquest s'ha d'engegar a
partir de gener de 2005).
Es demana agilitat i una coordinació ràpida per la Campanya antilínia de
400kv a l'Alt Empordà i arreu del Principat de Catalunya “No a la M.A.T.”,
per això es demana als assistents d'apuntar-se en 4 comissions obertes de
treball que es reuniran prèviament a la propera reunió de la PLAT NO MAT que
es farà a Figueres el 22 de gener de 2005, per a presentar-hi propostes:
1) Comissió d'accions: Bea Joan Marc 606797203, Silvia
<lliuronadiuqueno@wanadoo.es>, etc.
2) Comissió Tècnica (informació i argumentació) i Jurídica
<ciuranageli@wanadoo.es>, Marta Ball.llosera Font <info@salvem-emporda.org>
972670531, Patric <vpatric@jazzfree.com> 972590591, etc.
3) Comissió de difusió (coordinació de la informació interna i difusió
informativa als mitjans): Marta 972546453 <lafosforera@terra.es>, Josep Mª
<panedes@terra.es>696290139, Paloma <galupchi@pangea.org>, etc.
La propera reunió d'aquesta comissió es farà la Sala de
l'IAEDEN<iaeden@sinix.es>, a Figueres, a les 17:00h, el proper dissabte 17
de gener de 2005.
4) Comissió econòmica (per a subvencionar adhesius "NO ala MAT", etc.):
Pitruc 972 505098 i 627481374, etc.
Finalment es convoca a tots els assistents i demés implicats en la Campanya
contra la línia de 400.000 volts a la propera reunió LA PLATAFORMA UNITARIA
ANTILÍNIA DE 400KV "NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ" es farà a Figueres el proper
dissabte 22 de gener a la Sala Ictineu, plaça triangular i carrer de Sant
Pau, a les 10:30h del matí.
PLATAFORMA UNITARIA ANTILÍNIA DE 400KV "NO A LA MOLT ALTA TENSIÓ",
Cistella.
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“El Punt”
20/12/2004
Una cinquantena d'entitats i col·lectius es reparteixen la «defensa» del
territori gironí
Els últims deu anys, la proliferació de moviments ciutadans contraris a
grans i petits projectes ha estat continuada
PURI ABARCA . Girona.- Una cinquantena d'entitats ecologistes i plataformes
es reparteixen la feina de vetllar per la salvaguarda dels valors ambientals
del territori a les comarques gironines. De col·lectius de defensa del
territori, n'hi ha hagut sempre des de la transició democràtica -en els
inicis, amb mostres de protesta sovint reprimides per les forces policials-,
però els últims deu anys, la proliferació de moviments contraris a projectes
de grans infraestructures, urbanitzacions, polígons industrials i noves
activitats de moda, com els camps de golf, ha estat continuada. El discurs
de les administracions és que aquests moviments són, en certa mesura, un
contrapès necessari, però la realitat és que, en la majoria de casos,
representen una pedra a la sabata per al govern.
Des de fa uns deu anys, després d'un període d'un cert adormiment dels
moviments ciutadans -un cop passats els anys d'arrencada de la democràcia-,
els col·lectius que es declaren defensors d'un punt del territori o un altre
sorgeixen de manera continuada -ara ja agrupen centenars de persones-. Des
d'opositors a projectes de gran magnitud, com ara la Coordinadora Antilínia
de les Gavarres -encara pendent de processos judicials- i la No a la Molt
Alta Tensió -contra el nou projecte de línia de 400.000 volts-, fins a
nombrosos i, en alguns casos puntuals, salvem contraris, sobretot, a noves
urbanitzacions o infraestructures viàries.
Els col·lectius es queixen, sense excepció, d'una falta d'informació i una
nul·la col·laboració dels governs. «Munten infraestructures per decret i
després es queixen que la gent es revolta», afirma Josep M. Ricart, de la
Coordinadora Antilínia de les Gavarres. Pel secretari de Planificació
Territorial de la Generalitat, Oriol Nel·lo, els moviments haurien d'estar
disposats a «dialogar i dir que sí de vegades i no basar-se només en
l''aquí, no'».
Més de trenta anys de protestes
Les accions massives de protesta contra la contaminació del Ter per les
indústries, el 1976 -la protesta més important va ser l'agost d'aquell any a
Torroella de Montgrí-, la campanya ciutadana per a la preservació dels
aiguamolls de l'Empordà, entre el 1976 i el 1983, any de la declaració del
parc natural -amb escenes de llibre de fotografia històrica com les
plantades davant de les màquines que treballaven per urbanitzar la zona- i
el moviment per evitar la urbanització de la zona del Crit, a Mont-ras,
també als anys setanta, van posar els fonaments del fil ecologista a les
comarques gironines.
Els últims anys, l'atenció mediàtica s'ha centrat sobretot en Salvem
l'Empordà, per les seves intervencions intentant aturar nombrosos processos
urbanístics; Salvem les Valls, pel polèmic projecte de l'eix Vic-Olot per
Bracons, i l'Assemblea de Defensa de les Terres Nord-Orientals, contra la
línia de 400.000 volts Sentmenat-Bescanó-Baixàs.
El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Salvador Milà (ICV) diu:
"Les plataformes són un mitjà rellevant per promoure els processos de
participació ciutadana en la formulació de projectes i també per accedir a
la informació ambiental. S'ha de crear un clima de confiança entre la
Generalitat i la ciutadania i això solament es pot aconseguir amb processos
de participació transparents i plurals. El Departament de Relacions
Institucionals i Participació Ciutadana promou la legislació per fer-ho
possible i també hi ajudarà la nova llei d'avaluació estratègica ambiental.
L'administració ha d'adoptar decisions finals de manera raonada i donant
resposta a les aportacions dels processos de participació. Igualment, cal
demanar que les plataformes, que s'han caracteritzat per un treball molt
exhaustiu d'investigació i de formulació d'alternatives, siguin receptives
als resultats dels processos d'informació i diàleg i capaces de modificar
opinions quan això resulti raonable".
El ex conseller de la Generalitat,Felip Puig (CDC) diu:
"Els moviments socials temàtics expressen la voluntat real de la ciutadania
més activa de participar i influir en les decisions polítiques. Aquest ha
estat un fenomen molt important a Catalunya, si bé és cert que manifesta els
primers símptomes d'estancament a mesura que les institucions incorporen més
i millors mecanismes de diàleg i participació. Dit això, cal que els líders
els moviments admetin mancances i insuficiències en la seva actuació: de
vegades han prioritzat excessivament la confrontació institucional a la
col·laboració; d'altres, sense voler-ho, han esdevingut instruments al
servei d'interessos partidistes o particulars (efecte Nimby), i sovint,
també, han demanat un protagonisme que no s'adeia amb la seva
representativitat real. En tot cas, cal continuar avançant per consolidar
millors canals de col·laboració i de codecisió entre institucions i societat
civil organitzada".
El secretari general del Departament de Política Territorial de la
Generalitat, Oriol Nel·lo (CpC) diu:
"La confrontació territorial és un fenomen present a tota l'Europa
occidental. Podríem pensar que en un territori cada vegada més integrat, on
és fàcil desplaçar-se i viure, el lloc tendeix a perdre importància, però és
al contrari. La imatge que transmet un lloc és cada cop més important per
instal·lar-s'hi i la preocupació per allà on vius augmenta. A més, tots
plegats tenim una sensibilitat molt més aguda sobre el nostre entorn. El
conflicte és inherent a la nostra societat i no necessàriament negatiu. Però
es tracta que els conflictes ens deixin avançar. Cal una nova actitud de
l'administració, però també nous moviments ciutadans, que passin del
«salvem» al «volem». Si ara són, sobretot, reactius, locals, monotemàtics i
presumptament apolítics, haurien de ser propositius, coordinats amb
l'entorn, abraçar més temes i entendre que el que fan és política en
majúscules".
El portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Sergi Nuss diu:
"El moviment ecologista està arribant als seus 30 anys d'història. Fins fa
ben poc les nostres reivindicacions eren escoltades com a queixes d'una
minoria sorollosa, per posar traves al progrés. Avui, però, està canviant el
concepte de progrés i els fruits de la trajectòria de conscienciació
ambiental es comencen a veure. Els moviments que sorgeixen a cada moment
som/són la veu de la necessitat de redefinir el que entenem per qualitat de
vida. Abans, que una carretera passés pel poble era un senyal d'avenç. Ara,
aconseguir que un municipi deixi de ser territori de pas o que s'aturi un
projecte per duplicar la superfície urbanitzada és bàsic per conservar una
mínima identificació amb el lloc d'on una persona prové o viu. Un medi
ambient de qualitat és un dret bàsic i així ho recull la Constitució,
defensar-lo no és més que demostrar que la cultura del treball, els diners i
les possessions no ho són tot".
xxxxx
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
21 de diciembre de 2004
Ante los proyectos de nuevos grupos térmicos de ciclo combinado, alimentan
dos a gas en el centro de la región
Ante los proyectos de nuevos grupos térmicos de ciclo combinado, alimentan
dos a gas en el centro de la región. Hemos trasladado al Gobierno Regional y
los partidos que lo componen, nuestra total oposición a un aumento de la
potencia instalada en la región en nuevas centrales del tipo que sean.
Hay que recordar que en la actualidad tenemos en la región 3.811 MW de
capacidad de producción, de los que 2690 térmicos de carbón (71%), 775
hidráulica, 124 cogeneración, 222 renovables (biomasa y cólica). Se tiene
previsto los siguientes grupos térmicos de gas; Aboño con 1200 Mw., Lada con
400 Mw., Soto Ribera con 800 MW todos ellos con proyectos avanzados ( han
sido sometidos a la larga burocracia de presentar los estudios). Ahora el
Gobierno Regional saca de la chistera la posibilidad de dos nuevos grupos de
400 Mw. cada uno en la zona central. Estos nuevos grupos solo esta previstos
sustituir en dos casos por grupos antiguos, en Lada III con 150 Mw. y Soto
Ribera I con los mismos MW... Pero además dArtículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 22/12/2004 - Modificar
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