Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología 20/12/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “El Periódico”
19 de diciembre de 2004
'Línea 900' denuncia el robo de agua subterránea en Murcia
2 INFORMACIÓN DE ALICANTE
18-12-2004
El gobierno autonómico solicitará a Medio Ambiente la transferencia de las cuencas del Júcar y Vinalopó, entre otras, lo que dejaría sin contenido la sentencia del Supremo que anula el trasvase
3 INFORMACIÓN DE ALICANTE
18-12-2004
Fabrican en Brasil y Sudáfrica las tuneladoras del trasvase
4 “Diario de Sevilla”
17 de diciembre de 2004
La comisión del plan para recuperar el Guadaíra se reunirá en enero
5 LEVANTE
17-12-2004
Aniversario
6 “Amigos de la Tierra y Greenpeace”
20 de diciembre de 2004
Real Decreto que va a permitir la contaminación irreversible de nuestra
agricultura y de nuestros alimentos por organismos modificados genéticamente
7 “La Vanguardia”
20 de diciembre de 2004
Organizaciones agrarias y la OCU advierten de que el consumidor no sabe si
compra transgénicos
8 “Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón”
19 de diciembre de 2004
El Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo acuden en defensa de
las montañas aragonesas
9 “Levante”
20 de diciembre de 2004
Basuras, ese sucio objeto del deseo
10 “La Voz de Galicia”
20 de diciembre de 2004
«Se trata de un cambio positivo para Galicia»
11 “Estrella Digital”
20 de diciembre de 2004
La ministra de Fomento presentará su plan de infraestructuras al consejo de
ministros del jueves
12 “Área de Medio Ambiente de IU de Andalucía”
18 de junio de 2004
EL IMPACTO DE LOS CAMPOS DE GOLF
13 “La Vanguardia”
30 de julio de 2004
Antenas de telefonía móvil y salud: la polémica continúa
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“El Periódico”
19 de diciembre de 2004
'Línea 900' denuncia el robo de agua subterránea en Murcia
• La 2 revela la existencia de redes organizadas de captación y venta
BARCELONA
Línea 900 vuelve a insistir en un tema polémico: el mal uso que se hace del
agua en Murcia en Con el agua de todos, reportaje en el que se denuncia el
robo organizado del agua de 26 acuíferos de la cuenca del Segura.
Aunque la mitad de las 192.000 hectáreas de cultivos murcianos dependen de
las aguas subterráneas, no existe un control estricto: hay 2.100 pozos
pendientes de inscripción y la gestión de la Confederación Hidrográfica del
Segura en los últimos años está bajo sospecha. Además, un informe del fiscal
de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habla de un
"cartel o grupo económico", que ha organizado "una red ilegal de captación
de aguas públicas".
El informe de la Fiscalía constata que un total de 22 empresas agrícolas,
constructoras y promotores de urbanizaciones de lujo, con campo de golf
incluido, "ostentan el cuasi monopolio de la ilegalidad, con el
consentimiento y colaboración de funcionarios públicos" de la anterior
cúpula de la Confederación. Estas empresas habrían obtenido, a través de 500
pozos ilegales, el caudal equivalente a lo previsto en el derogado trasvase
del Ebro.
Línea 900 recorre diversas fincas y manantiales y descubre los casos más
emblemáticos de robo de agua y la existencia de una red de canalizaciones
particulares que el mercado negro del agua ha creado, en ocasiones
financiada por administraciones públicas, y que permite exportar agua ilegal
por toda la región.
"Estos casos hacen pensar que, más que de agua, lo que padece Murcia es un
déficit de democracia y de Estado de derecho que investigue y acabe con
estas ilegalidades", afirma en el programa el hidrogeólogo Francisco
Turrión.
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INFORMACIÓN DE ALICANTE
18-12-2004
El gobierno autonómico solicitará a Medio Ambiente la transferencia de las
cuencas del Júcar y Vinalopó, entre otras, lo que dejaría sin contenido la
sentencia del Supremo que anula el trasvase
F. J. B.
El pleno del Consell acordó ayer solicitar al Gobierno la planificación
hidrológica de las aguas que discurren íntegramente por el territorio de la
Comunidad Valenciana, lo que llevaría a al Generalitat a asumir
íntegramente, entre otros, la gestión de ríos como el Segura -éste se
compartiría con Murcia y Albacete-, Júcar y Vinalopó. De esta forma quedaría
sin contenido la polémica sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado los
artículos del plan de cuenca del Júcar que dotan de agua al futuro trasvase
Júcar-Vinalopó y, lo que es más grave en estos momentos, suprimen el
abastecimiento de agua potable a la provincia desde la Mancomunidad de
Canales del Taibilla.
El conseller-portavoz, Esteban González Pons, explicó tras la reunión del
Ejecutivo, que esta decisión se ha tomado porque el Consell «no quiere que
la sentencia del Supremo modifique la actual situación hidrológica en el
interior de la Comunidad». Pons añadió que tampoco quieren que el fallo
perjudique a los usuarios del agua de la Comunidad Valenciana, lo que ya
llevó al Consell a plantear un «incidente de nulidad» ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia, algo que harán también los usuarios el lunes en
Madrid.
Para el portavoz del Consell, el argumento que utiliza la sentencia para
anular esos artículos es que el Gobierno «se ha excedido en su ámbito
competencial, invadiendo el ámbito de una comunidad autónoma al regular la
cuenca del Júcar». Por ello, lo que pretende recordar ahora el Consell es
«recordar que esa competencia la teníamos asumida» y señalar que la
Comunidad Valenciana, cuando negoció con el Gobierno central el plan
hidrológico de la cuenca del Júcar, al ser llamado y participar, «consideró
en todo momento que estaba ejerciendo la competencia de la que es titular»,
subrayó González Pons. «Por lo tanto, no se sintió desposeído de la
competencia respecto de la planificación hídrica del interior de la
Comunidad Valenciana», manifestó.
Pons aseveró que, «por si la sentencia del Tribunal Supremo hubiera dejado
alguna duda, el Consell pretende con este acuerdo reasumir la competencia
hídrica en el interior de la Comunidad, y se lo comunica al Gobierno para
que modifique las normas que corresponda. En concreto, el pleno acordó
solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la adopción inmediata de las
medidas necesarias para «restituir en su plena integridad y vigor» las
disposiciones normativas del plan hidrológico de cuenca anuladas por la
sentencia del Tribunal Supremo del 20 octubre pasado en lo referido a las
aguas que discurren íntegramente dentro del territorio valenciano. Una
medida que de aceptar el Ministerio de Medio Ambiente debiera realizarse por
la vía del Decreto-Ley. La misma fórmula que la ministra Narbona utilizó
para derogar el 13 del PHN que contemplaba la construcción del trasvase del
Ebro. Pons reclamó también a Aragón que cambie el eslogan de su Expo por
«Agua y solidaridad» en vez de «Agua y desarrollo sostenible».
Aclaración
Por otro lado, el Supremo admitió ayer a trámite la aclaración de sentencia
solicitada por el Consell y Aguas del Júcar al fallo que deja sin efecto el
plan de cuenca del Júcar.
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INFORMACIÓN DE ALICANTE
18-12-2004
Fabrican en Brasil y Sudáfrica las tuneladoras del trasvase
Las constructoras que se adjudicaron los tramos que acumulan un retraso de
nueve meses recurren a estos países por estrategia económica y técnica
F. J. B.
El consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, aseguró ayer
que la empresa pública va a cumplir los plazos fijados para concluir las
obras del trasvase -primavera de 2007 según las fechas oficiales-, aunque
todavía no haya comenzado la construcción de los siete túneles en los 42
kilómetros de trazado de los tres tramos cuyas actas de inicio de obras se
firmaron el pasado marzo. La empresas constructoras han recurrido a
tecnología y costes de Brasil, Sudáfrica y Australia para la fabricación de
esta maquinaria especial cuya llegada está prevista para principios de 2005.
La falta de maquinaria específica -en concreto tuneladoras- ha bloqueado
durante los últimos nueve meses el comienzo de las obras en tres de los
tramos más complicados del trasvase Júcar-Vinalopó; la construcción de
varios kilómetros de túneles con un presupuesto de adjudicación de cien
millones de euros. Los trabajos debían haberse iniciado el pasado mes de
marzo con unos plazos de ejecución que oscilaban entre agosto de 2006 y
enero de 2007, que van a tener que corregirse ahora al alza, por lo que la
canalización no estará lista hasta, al menos, principios de 2008.
Los tramos afectados son el segundo, «Cuesta», el tercero, «Los Machos» y el
cuarto, «Navalón», que tienen un total de 42 kilómetros de longitud con
siete túneles y representan más de la mitad del trazado entre el embalse de
Cortes de Pallás y Villena.
Aunque el nivel medio de ejecución del proyecto del Júcar-Vinalopó alcanza
en estos momentos el 25%, con puntas del 60% en el tramo de
Cortes -impulsión del agua a un depósito de 600.000 metros cúbicos desde
donde comenzará el trasvase- y del 90% en el tramo sexto -canalizaciones en
Villena-, la empresa Aguas del Júcar no ha movido todavía un metro cúbico de
tierra en cuatro de los siete tramos. En concreto los que corresponden al
depósito de San Diego -adjudicado por 40 millones de euros a la ute
Sacyr-Cleop el pasado marzo- y la construcción de 42 kilómetros de túneles
por cien millones de euros y que deben realizar OHL-Los Serranos -16
kilómetros-; Necso -14,5 kilómetros-; y Ferrovial y Sedesa, que tienen que
soterrar 11,5 kilómetros, en concreto los comprendidos entre los túneles
cinco, seis y siete, según el proyecto. Todas las obras se adjudicaron en
enero y las actas de replanteo e inicio se firmaron a finales de marzo, por
lo que los trabajos debían estar ya a buen ritmo.
Recurso
Por otro lado, las comunidades de regantes afectadas por la sentencia del
Supremo que anula el artículo del Plan del Júcar que dota de cuadales al
trasvase tienen previsto presentar hoy el recurso de «incidencia de nulidad»
ante el Tribunal Supremo. Los futuros usuarios siguen así los pasos del
Consell que el miércoles planteó su batalla jurídica. Falta ahora la
reacción del Ministerio de Medio Ambiente.
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“Diario de Sevilla”
17 de diciembre de 2004
La comisión del plan para recuperar el Guadaíra se reunirá en enero
Días después de que se presentara una queja ante Chamizo, la Consejería
reúne un órgano que no se convocaba desde hace cuatro años
N. JIMÉNEZ / AGENCIAS
La comisión de seguimiento del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora
del río Guadaíra se reunirá en el mes de enero, cuatro años después de su
última convocatoria. La consejera de Medio Ambiente de la Junta, Fuensanta
Coves, anunció ayer la reunión de este órgano, aprobado por unanimidad en el
Parlamento de Andalucía en 1994 dentro del programa para la recuperación de
la cuenca, y admitió su inactividad: "Es verdad que hace mucho tiempo que no
se reúne". La consejera rechazó de plano las críticas de las organizaciones
ecologistas y defendió que la Junta ha cumplido "con su parte del trato" al
poner en marcha las depuradoras previstas.
No obstante, la titular de Medio Ambiente, tras inaugurar la II Feria de la
marca Parque Natural de Andalucía, también explicó que queda por poner en
marcha la depuradora de Paradas y que algunas otras (que no precisó) han
dejado de funcionar una vez que han sido transferidas a los ayuntamientos.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz registró el pasado día 13 una
queja de la plataforma Salvemos el Guadaíra formada por colectivos
ecologistas y vecinales por la situación en la que se encuentra el programa
previsto para la recuperación del río Guadaíra, al entender que diez años
después "no ha cumplido con la mayor parte de las obras e inversiones
previstas".
La plataforma recordó que dichas obras enmarcadas dentro del Programa
Coordinado de Recuperación y Mejora del Guadaíra tenían un plazo de
ejecución de siete años, desde 1996 a 2003, pero "el grado de realización
tanto dentro del proyecto Guadaíra Blanco como del Guadaíra Verde, es muy
bajo". De hecho, aún no se ha iniciado ni una sola actuación de la parte
verde, referente a la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la
cuenca.
Por su parte, el secretario de Agua de la Consejería de Medio Ambiente y
próximo director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas,
tras presentar en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las
conclusiones de unas jornadas, calificó como "mala" la situación del río
Guadaíra y señaló que "sigue teniendo problemas graves de pérdida de
calidad". "Si bien es cierto añadió, que las actuaciones llevadas a cabo han
resuelto prácticamente la depuración de los núcleos urbanos".
Sin embargo, también dijo que aún queda un esfuerzo "importante" por parte
de las industrias para que adapten sus instalaciones y no haya vertidos que
afecten al río.
Por ello, indicó que la Junta, como responsable de liderar el programa de
recuperación convocará en enero la comisión de seguimiento del Plan para que
todos los agentes sociales y administraciones hagan "un esfuerzo para, de
una vez por todas, terminar lo que nos queda".
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LEVANTE
17-12-2004
CON GUSTO
Aniversario
EMILI PIERA
Me cuentan que el polígono industrial de Cullera, en la partida de La
Raconà, no ha podido hacerse, con los accesos a punto, a falta del tablero
del puente, porque los propietarios de los terrenos sueñan ventas fabulosas
con fines inmobiliarios. El monocultivo del atobón. Una de las causas del
fuerte arraigo logrado en estas tierras por el PP es la misma estructura de
la propiedad agrícola, muy dividida, lo que permite contentar a muchos
mediante la supresión de toda cautela ambiental y el mayor desenfado
constructor. Estamos aviados: ninguna economía puede sostenerse sobre el
pelotazo y los viejales europeos (o madrileños) amontonados en la costa en
plan liquidación de existencias.
Hace ahora un año, nació la plataforma Xúquer Viu. Fue en La Gallera de
Alzira, tras algún prolegómeno en un hotel de Valencia. Xúquer Viu ha
logrado visibilidad y movilización, algunos miles de firmas, demostrar que
se fijó un caudal arbitrario para La Albufera, que Pepe Bono saqueó el Júcar
(que no tiene caudal ecológico) con el consentimiento de Zaplana y que el
río se estiró -como se atrevió a decir el muy cauteloso Moragues, el jefe de
la CHJ- para que cupieran todos los afanes. También ha estimulado la
vigilancia europea. Como decía Voltaire, antes de hacer una barbaridad,
piensa que Europa te mira y Europa, que nos vuelve a condenar por cazar
pajarillos con pegamento, ha dicho que nuestra costa está sobrecargada y que
el PHN «dista mucho de ser sostenible».
Parece bastante y no es poco, pero como recordó el profesor Pedro Arrojo el
camino será difícil. Y lo ilustró con una parábola evangélica: a Jesús lo
aplaudieron mientras multiplicó panes y peces y convirtió el agua en vino,
pero lo crucificaron apenas esgrimir que había que amar al prójimo. Mientras
los populistas prometen el agua que no existe, una política basada en la
gestión de la demanda sólo puede fundarse en la laboriosa construcción de
consensos.
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“Amigos de la Tierra y Greenpeace”
20 de diciembre de 2004
Real Decreto que va a permitir la contaminación irreversible de nuestra
agricultura y de nuestros alimentos por organismos modificados genéticamente
Estimados amigos,
Nos ponemos en contacto con vosotros porque el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación está a punto de aprobar un Real Decreto que va a
permitir la contaminación irreversible de nuestra agricultura y de nuestros
alimentos por organismos modificados genéticamente (OMG).
El texto supuestamente debería regular la coexistencia de los cultivos
modificados genéticamente (MG) con los cultivos convencionales y ecológicos.
Pero en lugar de proteger de la contaminación genética los cultivos no
transgénicos, legaliza la presencia constante de material transgénico en
cultivos y productos convencionales y ecológicos. El modelo de coexistencia
que maneja, además de ser entendida desde un punto de vista estrictamente
económico sin tener en cuenta consideraciones ambientales, agrarias o
sociales, permite la contaminación hasta 0,9%. Esto por supuesto significa
que a la larga, toda la cadena alimentaria estará contaminada, cuando lo que
debería conseguir la coexistencia es la protección de la agricultura y la
alimentación libre de transgénicos. Otro punto muy grave es que no establece
ningún régimen de responsabilidad, por lo que las empresas que desarrollan y
comercializan los OMG seguirán sin la obligación de responder por los casos
de contaminación y otros daños.
Es probable que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación intente
que el Consejo de Ministros apruebe este Proyecto de Real Decreto tal y como
lo conocemos a primeros de 2005. Si queremos frenar esta iniciativa, hay que
actuar muy rápidamente.
Os proponemos mandar URGENTEMENTE una carta a las ministras de Agricultura y
de Medio Ambiente en nombre de vuestra organización o en el vuestro propio
(a poder ser antes de noche buena). En los archivos adjuntos encontraréis
dos borradores de carta: una para organizaciones, otra para envío
individual. Las podéis utilizar textualmente o modificar según os parezca.
En los encabezados figuran las direcciones postales y de correo electrónico,
podéis elegir lo que consideréis más conveniente.
Aunque el problema lo está generando el Ministerio de Agricultura, es muy
importante que el Ministerio de Medio Ambiente reciba copias porque, por su
postura más cautelosa sobre los transgénicos, podría ayudar a parar este
nefasto proyecto. Por favor, informad a Liliane Spendeler
lspendeler@terra.es de las cartas que mandáis para que podamos utilizar como
argumento político el rechazo de numerosas organizaciones de la sociedad
civil a los planes del MAPA.
ES MUY IMPORTANTE UN ENVIO MASIVO DE CARTAS PARA QUE TENGA EFECTO; POR LO
MENOS PODEMOS FRENAR LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO Y GENERAR UN AMBIENTE DE
DIÁLOGO AL RESPECTO.
Tenemos a vuestra disposición el Borrador de Real Decreto.
Sentimos avisaros con poquísimo tiempo.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y por la difusión de
este mensaje a otras organizaciones o personas de vuestro entorno.
Un cordial saludo,
Liliane Spendeler, Amigos de la Tierra, lspendeler@terra.es
Juan-Felipe Carrasco, Greenpeace, jfcarras@es.greenpeace.org--
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“La Vanguardia”
20 de diciembre de 2004
Organizaciones agrarias y la OCU advierten de que el consumidor no sabe si
compra transgénicos
XAVIER ALDEKOA - BARCELONA
Casi ocho meses después de la entrada en vigor de la normativa sobre
etiquetado de alimentos manipulados genéticamente, apenas hay en el mercado
ningún producto marcado como transgénico. Organizaciones de defensa del
consumidor, sindicatos agrarios y organizaciones ecologistas denuncian falta
de control y lagunas en la normativa que impiden su cumplimiento efectivo.
Estas entidades aseguran que hay motivos de peso para pensar que alimentos
transgénicos llegan a nuestro plato sin que su etiqueta informe de ello. La
normativa, en vigor desde el 18 de abril, obliga a informar en la etiqueta
de los alimentos si éstos contienen elementos manipulados genéticamente.
Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
advierte de que actualmente "el consumidor no sabe si consume alimentos con
derivados transgénicos o no".
Una de las causas principales del mal funcionamiento de la normativa apunta
a los propietarios de los cultivos transgénicos. Estos agricultores no
tienen la obligación de informar si sus cosechas son transgénicas o no, por
lo que la pista de los transgénicos se pierde en uno de los primeros pasos
de la cadena de producción. Además, ante la desconfianza que los
transgénicos provocan en los consumidores -un sondeo de la OCU refleja que
más del 60% de los encuestados se niega a comprar alimentos transgénicos- a
los propietarios no les interesa informar sobre el origen transgénico de sus
cultivos ante el temor de que, al delatarse, sus ventas se vean resentidas.
El tercer punto clave de la mala aplicación de la normativa, según los
sindicatos agrarios y organizaciones ecologistas, reside en los
insuficientes controles por parte de la Administración, que no analizan
todas las fases de la cadena.
Andoni García, responsable de seguridad alimentaria de la Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos (COAG), dice que "hubo descontrol por completo de
los terrenos de cultivo con transgénicos en España y ahora nadie sabe dónde
están".
El responsable en Seguridad Alimentaria de Unió de Pagesos, Antoni
Casademont, coincide plenamente con su compañero del COAG y advierte del
incumplimiento de la legislación de la UE. Ambos expertos en seguridad
alimentaria coinciden en que la solución a la situación de descontrol actual
pasaría por, según explica García, "acentuar todos los controles de la
cadena, porque en este momento son totalmente insuficientes", opinión que
comparte el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Josep
Maria Mújica.
Sin embargo, no todos los estamentos de la cadena de producción tienen una
visión tan pesimista de la situación. Para Ignacio García, presidente de la
patronal de supermercados Asedas, los problemas de aplicación de la
normativa no se traducen en que haya productos derivados de transgénicos sin
etiquetar. "Que no se encuentren productos etiquetados como transgénicos no
quiere decir que la normativa no se cumpla, puede ser que no haya un rastro
suficiente de transgénico en el producto (cuantificado en un 0,9% de
cualquier ingrediente), que el alimento se elaborara antes de la entrada en
vigor de la normativa o simplemente que el producto no tenga transgénicos".
Así refleja su visión sobre la situación Pere Puigdomènech, biólogo
especialista en transgénicos.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura, organismo encargado de
coordinar los controles de seguridad que llevan a cabo las administraciones
de las comunidades autónomas, aseguran no tener constancia de que no se esté
cumpliendo el reglamento y alegan que "sólo se puede proceder sobre
denuncias concretas, hasta el momento inexistentes, aunque el actual
Gobierno tiene la total voluntad de hacer cumplir la normativa".
Actualmente, en España se importan anualmente seis millones de toneladas de
soja -de la que se calcula que el 66% es transgénica-, tres millones de
toneladas de maíz transgénico y se cultivan entre 60.000 y 70.000 hectáreas
de maíz modificado genéticamente. Estos dos productos son dos protagonistas
asiduos de nuestra mesa ya que aproximadamente dos terceras partes de los
alimentos que ingerimos, como el chocolate o las patatas fritas, llevan
derivados de soja y de maíz. Según Unió de Pagesos, la gran mayoría del maíz
y la soja importada -aproximadamente un 80% del total- se convierte en
piensos para el consumo animal, y alrededor de un 20% está destinado al
consumo humano.
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“Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón”
19 de diciembre de 2004
El Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo acuden en defensa de
las montañas aragonesas
Tras comprobar que el Gobierno de Aragón abandona a su suerte (a la de la
especulación urbanística) a las montañas aragonesas, la Plataforma en
Defensa de las Montañas de Aragón consigue el amparo de los diputados
españoles y europeos.
El pasado 4 de noviembre el Gobierno de Aragón rechazaba en las Cortes
aragonesas la creación de una Ley de la Montaña que regulase este frágil y
maravilloso paisaje. Unos días antes, el mismo organismo había rechazado
crear un Plan de la Nieve que marcase las pautas que debe seguir este
sector. Estos graves hechos negaban la protección de nuestras montañas y las
dejaban en manos de la codicia del modelo promovido por la empresa Aramón
(formada por el propio Gobierno de Aragón y la entidad financiera Ibercaja).
Un modelo basado en grandes estaciones de esquí masificadas y de baja
calidad con el necesario acompañamiento de grandes urbanizaciones en zonas
de alta montaña, acabando de esa manera con valiosos y únicos paisajes de
montaña.
Pero la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón no está dispuesta a
ver como nuestras montañas son arrolladas por el modelo Aramón. Ya hemos
visto, impotentes e incrédulos, el desastre ocurrido en Aramón-Formigal. Y
no estamos dispuestos a permitir que ese modelo desastroso sea implantado en
el resto de montañas de Aragón: para esta primavera Aramón quiere hacer lo
mismo en Ardonés-Castanesa (Benasque con Cerler) y Javalambre (Teruel).
Por ello, hemos dado a conocer este grave desastre a los diputados españoles
y los frutos empiezan a verse ahora. Se ha presentado una Proposición No de
Ley en el Congreso de los Diputados que será votada en breve y que
significará la aprobación de la Carta de las Montañas, un documento que se
marca como objetivo "el establecer los principios, directrices y
recomendaciones para el diseño de políticas integrales capaces de garantizar
la protección de las montañas (preservar sus valores naturales,
paisajísticos y culturales) como única vía para garantizar la equidad, el
bienestar y el desarrollo equilibrado de sus habitantes, satisfaciendo, a la
vez, las aspiraciones, intereses y expectativas espirituales, recreativas,
éticas, científicas, intelectuales y vitales del conjunto de la sociedad."
Aprobada esta Carta de las Montañas, desastres como el de Aramón-Formigal no
podrán repetirse, por mucho que el Gobierno de Aragón mire para otro lado.
También se han mantenido reuniones de trabajo (en una visita realizada a
Bruselas los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre por una delegación de
la Plataforma)con los distintos grupos del Parlamento Europeo, especialmente
con los grupos Liberal, Socialista y, sobre todo, con Los Verdes (en sus
diferentes acepciones). Esas reuniones se han centrado en eurodiputados
españoles, franceses e italianos, encontrando una gran receptividad y
preocupación que se ha transformado en el inicio de las medidas necesarias
para salvaguardar las montañas aragonesas. Puede que el desastre de
Aramón-Formigal se haya consumado, pero si Aramón quiere repetir esta
primavera esa manera de actuar en Benasque, Castanesa o Javalambre se
encontrará con importantes impedimentos por parte del Parlamento Europeo.
Para más información:
Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón
www.ecologistasaragon.org/nieve
Paco Iturbe 976 392441 / 600 649447 / amaibon@comunired.com
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“Levante”
20 de diciembre de 2004
Basuras, ese sucio objeto del deseo
CRUZ SIERRA
Las empresas constructoras y de servicios medioambientales que operan en
territorio valenciano han reactivado de nuevo lo mejorcito de su arsenal de
armas e instrumentos para participar en adjudicaciones públicas. El
Ayuntamiento de Valencia ha vuelto a convocar concurso para la adjudicación
de los servicios de recogida y tratamiento de basuras y eso es una
oportunidad que nadie se quiere perder. Apenas existen contratos para este
sector, las posibilidades de hacerse con uno son escasas y el abanico de
oportunidades, limitado. Así que ha llegado la hora para las empresas
especializadas de dar todo lo que tienen por una adjudicación. Sin ahorrar
un duro en estudios, informes, viajes, ofertas, exposiciones, reuniones y
comidas... todo por un negocio seguro, a medio-largo plazo, sin competencia
y sin altibajos.
En realidad, al menos en Valencia, no se ha producido una sola convocatoria
de concurso de basuras que haya transcurrido con normalidad y acabado en una
adjudicación pacífica y conforme a los participantes. Es tal la avidez que
despierta entre los interesados que éstos no pierden ocasión de
zancadillearse en su camino hacia la adjudicación. Las estrategias se montan
y se desmontan, las alianzas se estrechan o se rompen. La fiebre del
concurso de basuras ataca a todos y se contagia de UTE en UTE hasta hacer
perder los papeles a la mayoría. Los adjudicadores también hilan fino.
Escrutan el mercado, reciben ofertas, pactan, tejen y entretejen las
condiciones y los pliegos de condiciones. Y finalmente, adjudican al mejor
postor, que no significa necesariamente al mejor gestor. Y si no salen las
cuentas, declaran desierto el concurso y vuelta a empezar hasta que
salgan...
Es el tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU)
precisamente uno de los grandes fracasos de gestión de todos los gobiernos
del PP, incluido el actual. Saturada y desmontada la escueta herencia
recibida en esta materia de sus antecesores socialistas, Zaplana, Olivas y
Camps no han sido capaces de construir una política sólida sobre el difícil,
pero no irresoluble, problema de la eliminación de los residuos urbanos.
Durante años, Valencia ha tenido que pagar un coste altísimo por exportar
sus basura a distantes plantas de tratamiento, desde Requena hasta Girona.
Se han colmado y cerrado vertederos sin que se les haya buscado repuesto. Se
han redactado planes de RSU y posteriormente, cual papel mojado han sido
arrojados a la basura.
No existe una política efectiva sobre esta cuestión. El conseller del ramo,
Rafael Blasco, prefiere dirigir sus energías hacia el siempre vistoso y
rentable negocio de la vivienda olvidando otros asuntos mucho más
complicados desde el punto de vista político. Si le sobra tiempo lo emplea
en el golf, pero no le hablen de residuos, ese asunto tan feo. No ha llegado
todavía el político valenciano con el valor suficiente para arremangarse y
bajar a la arena a convencer, presionar, y si hiciera falta a imponer a los
ayuntamientos (para eso sirven las mayorías absolutas, señor Camps), la
construcción de plantas de tratamiento de residuos. Con los ecoparques,
excelentes de cara a la galería, se quedaron a mitad de camino.
No están solos los políticos en el grupo de responsables de que la Comunidad
Valenciana se encuentre en el furgón de cola en cuanto a tratamiento de
residuos se refiere. Las empresas han hecho del enfrentamiento, la intriga y
el juego sucio la pauta de comportamiento en esta materia. Están cercanos
algunos movimientos ciudadanos -ecologistas, progres, vecinos en general-,
de poblaciones valencianas que, imbuidos de espíritu ciudadano, han plantado
sólidas barreras a la instalación de vertederos en sus términos municipales.
Ninguno de ellos sabía, o quería saber, que sus actuaciones habían estado
inspiradas pero sobre todo financiadas por empresas competidoras de la que
ellos pretendían alejar de su pueblo.
En la Valencia del siglo XXI, la misma que despeja el terreno para que
Calatrava levante hacia el cielo sus vasos retorcidos, donde los trenes
veloces y las autopistas de pago surcan el territorio autonómico y la red
internet forma parte de la vida ciudadana, todavía soportamos un problema
medieval que los gobiernos no saben resolver. En el resto de Europa ya lo
tienen solucionado, pero nuestros gobernantes y empresarios se ven
impotentes para ello. Vaya historia, en la era del I+D no sabemos cómo
deshacernos de las bolsas de basura. Así, ¿cómo vamos a competir con China?
El Consorcio se mueve...
... Luego existe. Desde que Fernando Huet fuera nombrado director general
del Consorcio Valencia 2007, una espesa capa de calma y silencio ha caído
sobre lo que antes fuera una casa de grillos, dicho sea con todas las
consideraciones hacia José Salinas. Fuentes del Consorcio explican al
Tranvía que la actividad es frenética en la casa y que las decisiones se
suceden a toda velocidad. Los 22 jóvenes y eficaces profesionales que allí
trabajan, un equipo formado en la etapa de Salinas, no cesan en su
actividad. Por esta causa, el director, el honorable Huet, necesitado de un
profesional de confianza que le apoye en la espiral de trabajo, acaba de
contratar al que será su mano derecha o número dos, un experto en
infraestructuras para que le eche un cable en el día a día.
El nuevo directivo del consorcio se llama Jorge Gisbert y procede del Puerto
de Valencia, donde es director de Infraestructuras desde hace seis años.
Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria, ha pedido al Consorcio
que le permita conservar a Gisbert todavía unas semanas más, hasta enero. El
objetivo es que Gisbert se ponga al tanto, cuanto antes, de todos los
resortes y mecanismos del Consorcio, por si acaso. Tal vez dentro de un año,
una vez apaciguados los ardores políticos en el seno de la entidad y puestas
en marcha las obras que conduzcan la Copa del América hacia el éxito, Huet
decida volver a casa. Es decir, a Cyes, donde le espera un relevante papel
en el protocolo de sucesión abierto en la constructora, un papel ahora
abandonado por el servicio al Estado. Será el momento para que los socios
del Consorcio decidan el nombre de su sustituto y, por si acaso fuera
necesario, Huet deja con Gisbert a un tipo preparado para lo que le haga
falta.
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“La Voz de Galicia”
20 de diciembre de 2004
EL PROTOCOLO DE KIOTO EN GALICIA
«Se trata de un cambio positivo para Galicia»
RAQUEL MONTÓN, RESPONSABLE DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GREENPEACE
El beneficio medioambiental derivado del cumplimiento de Kioto ¿compensará
el coste que tendrán que asumir las empresas gallegas?
El coste de no actuar es muy superior al de la toma de medidas. El cambio
climático va a perjudicar no sólo al medio ambiente, sino a la economía de
todas las sociedades, incluida la gallega. Afrontarlo significa que las
empresas que más CO2 producen (como las centrales térmicas) tendrán que
sustituir esas actividades por otras más limpias. Por ejemplo, la energía
eólica, de la que Galicia está en cabeza en España, se beneficiará de Kioto,
porque forma parte de la solución necesaria. El beneficio social, incluido
en términos de empleo, es mayor con las energías limpias que con las sucias.
¿No es excesivo que mientras que en el conjunto de España las asignaciones
implican un recorte de las emisiones del 1%, en Galicia la reducción se
eleve al 31%?
Meirama y As Pontes son dos de las centrales térmicas más contaminantes de
España y de Europa. Quemar carbón es la actividad que más CO2 emite. Endesa
y Fenosa lo sabían, pero no hicieron nada. No es justo es que otros sectores
tengan que hacer un mayor esfuerzo para que Endesa y Fenosa sigan con su
actividad como si nada.
El cierre de fábricas tradicionales coincidirá con el nacimiento de una
industrial medioambiental, ¿compensará la generación de riqueza y empleo?
La industria eólica daba ya empleo a 17.000 personas en España en el año
2000, con una tasa prevista de cecimiento del 11% anual. Durante esta década
se sumarán otras 34.000 personas. Por no hablar de otras energías como la
solar o la biomasa, también intensivas en empleo. El cambio será positivo
para las regiones líderes como Galicia.
¿Tiene sentido aplicar Kioto de forma tan estricta, cuando otros países ni
siquiera lo han firmado?
Kioto es una necesidad pero también traerá beneficios a las empresas. El
Protocolo de Kioto ha sido ratificado por 130 países, incluidos todos los de
la UE. Sólo EE. UU. y Australia, que sí lo firmaron pero no lo han
ratificado, han quedado aislados del resto del mundo, pero muchas de sus
empresas quieren reincorporarse para no verse perjudicadas al no poder
participar en el comercio de emisiones de Kioto.
¿Es Kioto la solución definitiva? ¿Qué otros pasos hay que dar?
Kioto es sólo el primer paso. La solución definitiva será aquella que sitúe
las emisiones en un nivel tan bajo como para asegurar que la temperatura
media del planeta no aumente más de dos grados, límite a partir del cual el
cambio climático sería muy peligroso. En la práctica, tal reducción
implicará sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y
eficiencia energética. Ese cambio llevará varias décadas, pero tiene que
comenzar ya.
xxxxx
“Estrella Digital”
20 de diciembre de 2004
La ministra de Fomento presentará su plan de infraestructuras al consejo de
ministros del jueves
Álvarez pretende que el proyecto esté aprobado antes de fin de año
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, presentará al consejo de
ministros del próximo jueves, día 23, el Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte (PEIT) que su Departamento diseña desde el
pasado mes de junio. El objetivo de Álvarez es que el Gobierno apruebe el
PEIT antes de fin de año, para después remitirlo al Congreso y Senado,
someterlo a un análisis medioambiental y a un gran debate público, que
podría durar varios meses.
El diseño de un nuevo plan de infraestructuras constituye uno de los
primeros compromisos adquiridos por la ministra a su llegada en abril al
Ministerio. Su objetivo último es articular una programación de inversión en
infraestructuras "racional, eficaz y a largo plazo para evitar el peligro de
atender a urgencias y necesidades coyunturales".
Así, tras siete meses de trabajo, Fomento presentará al jueves al Gobierno
un conjunto de inversión en dotaciones de infraestructuras de transporte,
para un horizonte temporal a largo plazo y las distintas fórmulas
establecidas para su financiación, incluidas las de origen privado.
De hecho, Fomento acogió favorablemente el plan de infraestructuras
elaborado por la patronal CEOE por un importe de 23.350 millones de euros y
que, entre otras actuaciones, incluye un programa de autopistas y la
construcción de una vía de tren exclusiva para mercancías financiada
mediante método concesional.
Hasta el momento, el Ministerio ha avanzado que el nuevo PEIT, que
sustituirá al Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 puesto en
marcha por el ex ministro Francisco Alvarez-Cascos, incluirá las actuaciones
previstas en el Plan Galicia y las recogidas en el plan de carreteras que
Fomento prevé abordar en el conjunto de la legislatura por una inversión
extrapresupuestaria de 4.000 millones de euros.
Protagonismo del ferrocarril
El Departamento que dirige Álvarez ha subrayado también en distintas
ocasiones que el ferrocarril contará con especial protagonismo en el plan,
que procurará compatibilizar la inversión en nuevas líneas de Alta Velocidad
con la inversión en ferrocarril convencional y elevar la inversión en
seguridad y mantenimiento. Además, el Ejecutivo pretende dotar al plan con
un sistema de seguimiento para evaluar el cumplimiento de cada uno de sus
objetivos y adecuarlos a las eventuales circunstancias que puedan producirse
en el futuro.
Para la elaboración del PEIT Fomento asegura haber recibido las sugerencias
de las comunidades autónomas a través de la ronda de contactos que el
secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, llevó a cabo
durante los meses de verano con los responsables de la materia de todas las
regiones.
xxxxx
“Área de Medio Ambiente de IU de Andalucía”
Rafael León y Horacio Lara
18 de junio de 2004
EL IMPACTO DE LOS CAMPOS DE GOLF
IMPACTOS AMBIENTALES
a) Elevado consumo de suelo: un campo de golf de 18 hoyos con un campo de
prácticas necesita entre 45 y 80 hectáreas. A ésto se une, cuando el campo
de golf se asocia a una urbanización residencial, el consumo de agua para el
llenado de piscinas privadas y el riego de jardines particulares.
b) El mejor emplazamiento para los campos de golf se encuentra,
evidentemente, en las cercanías de las grandes aglomeraciones urbanas
(grandes ciudades y áreas turísticas masificadas). No obstante, en función
de esa elevada superficie que necesitan, es difícil que ya encuentren en
estas zonas terreno suficiente. Por ello, en la actualidad apetecen ubicarse
en zonas naturales escasamente urbanizadas o en zonas agrícolas.
Esto hace que generalmente se localicen en las proximidades de espacios
naturales protegidos (ya sea por la normativa ambiental o por la
planificación urbanística) y de zonas con una buena calidad ambiental y con
un nivel más o menos aceptable de conservación.
Esto supone, especialmente si tenemos en cuenta que habitualmente los campos
de golf se asocian a operaciones inmobiliarias sin las cuales su
rentabilidad y atractivo resultan dudosos, un cerco a estos espacios
naturales que poco a poco ven alteradas sus relaciones ecosistémicas con su
entorno.
c) El acondicionamiento del terreno para instalar un campo de golf conlleva:
Tala de árboles y matorrales, con pérdida de la riqueza y diversidad
florística, que lleva implícita también una merma importante en la cantidad
y diversidad de la fauna presente en el terreno original.
Modificación sustancial de la estructura y de la microbiología del suelo, al
sustituirse el terreno original por una capa de grava destinada a favorecer
el drenaje.
Modificación del drenaje natural del terreno, que incrementa las
escorrentías y reduce la capacidad de retención de agua del subsuelo. Esto
supone un despilfarro de agua ya que generalmente no se da ningún tipo de
aprovechamiento a estas aguas de escorrentía.
d) Uso intensivo de fertilizantes químicos y no orgánicos. Esto da lugar a
la salinización y progresiva esterilización del suelo, así como a la posible
contaminación de acuíferos y aguas superficiales (nitrificación)
e) Elevado consumo de agua (entre 360.000 y 500.000 m3/año para un campo de
18 hoyos), en competencia directa con otros usos (agrícola y urbano)
f) Acciones para evitar la “molestia” que supone la fauna para la práctica
del golf o para el buen mantenimiento de las calles y los greens.
Un argumento muy utilizado por los promotores de campos de golf en Andalucía
es que mejoran el medio ambiente, pues sustituyen terrenos más o menos
áridos por extensas zonas verdes. Este argumento es tremendamente falaz,
pues la biodiversidad siempre será mayor y el funcionamiento de esas áreas
áridas siempre será más natural que el de un campo de golf, que no deja de
constituir lo que se ha dado en denominar “el desierto verde”.
IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Al golf se le supone un carácter dinamizador y diversificador de la
actividad económica, y en concreto de la “industria” turística.
Así, se argumenta que el golf:
Constituye, al menos en teoría, un factor que incide positivamente en la
diversificación de la oferta de "sol y playa", que ha constituido
tradicionalmente la base del sector turístico en Andalucía.
Factor para una relativa desestacionalización del sector turístico, al
concentrarse la demanda sobre todo en temporada baja.
Elevado poder adquisitivo y nivel de gasto de los “turistas del golf”.
Impulso al sector inmobiliario.
No obstante, la proliferación de campos de golf forma parte de una
estrategia de los promotores turísticos y sobre todo ¡inmobiliarios! para la
captación de lo que se ha dado en denominar “turistas de calidad”, eufemismo
que esconde un modo de elitismo turístico, deportivo y social, que pone los
mejores espacios al servicio de unos pocos, relegando al resto a ciudadanos
de segunda categoría.
Pero, además, los nuevos campos de golf que se pretenden instalar en
Andalucía, lo hacen en su mayoría bajo un modelo que esta asociado a la
urbanización residencial. Esto da lugar a la progresiva “privatización” del
campo de golf para los residentes (eventuales o permanentes) de esas
promociones inmobiliarias en las que el promotor suele ser el mismo que el
que promueve el campo de golf.
Bajo este modelo, al principio un elevado porcentaje de los usuarios de los
campos de golf son turistas, pero a medida que se consolida la urbanización
esta relación se va invirtiendo hasta llegar en la mayoría de los casos a la
cesión del campo por parte del promotor a los compradores de los inmuebles.
Además, es inherente a este modelo, la consolidación de estas urbanizaciones
como un mundo ajeno a su entorno geográfico y social. Los diferentes
servicios que necesitan los residentes, en especial los comerciales, se
localizan en el interior de las urbanizaciones y son promovidas, por lo
general por el mismo promotor del campo de golf y del producto inmobiliario.
De este modo, el impacto positivo del modelo sobre la socioeconomía del
municipio que lo acoge acaba siendo prácticamente nulo.
Por otra parte, estas urbanizaciones suponen para los municipios en los que
se ubican una necesidad de incrementar notablemente una serie de servicios
municipales (recogida de R.S.U. abastecimiento y saneamiento de agua,
alumbrado público, etc.) cuya prestación puede acabar suponiendo una pesada
carga para los Ayuntamientos.
CONCLUSIONES
Como hemos visto los impactos ambientales de los campos de golf son
notables. Además de la pérdida de biodiversidad que conllevan hay que
insistir en el elevado consumo de agua y territorio que suponen.
En el caso del consumo de suelo, esto es especialmente grave en un
territorio como el litoral donde una multitud de usos compiten por un
espacio ya tremendamente saturado y ocupado por usos urbanos y, en
determinados ámbitos, por la agricultura ecológica.
Igualmente grave es en el caso del agua, ya que en Andalucía este es un
recurso tremendamente limitado, especialmente cuando una multitud de usos,
con un consumo creciente, también entran en competencia por el uso de los
recursos hídricos.
Por otra parte, la proliferación del golf y de las urbanizaciones
residenciales y promociones turísticas asociadas, junto al tradicional
turismo de sol y playa, amenazan con convertir la economía del litoral
andaluz en un “monocultivo” turístico, lo que supondría una gran
incertidumbre económica de cara al futuro por las fluctuaciones propias de
un sector muy inestable en función de cuestiones de carácter geopolítico y
económico-social.
Por lo tanto, no se trata de oponerse al desarrollo del sector turístico en
general, ni al turismo del golf en particular. De lo que se trataría sería
de ordenar el sector en el marco de una economía diversificada y teniendo en
cuenta las limitaciones que impone la escasez de suelos y la disponibilidad
de recursos hídricos.
En definitiva se debe regular y limitar la creación de campos de golf en el
marco de la ordenación territorial de Andalucía (competencia ¿ ‘olvidada’ ?
del Gobierno Andaluz) y no, como ocurre en la actualidad, en función de
decisiones municipales que, casi siempre en última instancia, responden a
intereses especulativos de promotores inmobiliarios a los que se suman los
Ayuntamientos con una gran cortedad de miras.
Además sería imprescindible regular mediante normativa de la Junta de
Andalucía la construcción y funcionamiento de los campos de golf, para
garantizar entre otros los siguientes aspectos:
- Reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas.
- Minimización del Impacto ambiental de su construcción y mantenimiento.
- Respeto al paisaje.
- Minimización del consumo de agua y obligatoriedad de consumir aguas
residuales depuradas.
- Máximo respeto a la flora y la fauna autóctona.
Por otra parte, serían precisos estudios rigurosos destinados a evaluar el
impacto ambiental, territorial y socioeconómico de este tipo de
instalaciones por provincias o por comarcas, para tratar de evaluar la
capacidad máxima de acogida para estas instalaciones en los diferentes
ámbitos territoriales.
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“La Vanguardia”
30 de julio de 2004
Antenas de telefonía móvil y salud: la polémica continúa
La evidencia científica de la repercusión en la calidad de vida
Los valores límite de densidad de potencia actuales no aseguran una adecuada
protección para los efectos biológicos
UMTS no está apta para salir al mercado aún con las enormes incertidumbres
sanitarias que tenemos ahora
Existe la percepción social de que la normativa estatal se ha elaborado
teniendo en cuenta los intereses particulares de las operadoras de telefonía
móvil
Ante la oficial inocuidad de las antenas, científicos, médicos e
investigadores independientes están demostrando con sus estudios e
investigaciones que las antenas de telefonía móvil repercuten en la salud
del ser humano. Fatiga, depresión, alteraciones cognitivas e insomnio son
algunos de los efectos que producen las emisiones de las antenas. Un
reciente estudio realizado por científicos de prestigio internacional como
Goméz-Perretta y Oberfeld sitúa el límite para las emisiones en los 0,0006
microvatios por centímetro cuadrado. Ésta es la segunda parte del reportaje
Antenas de telefonía móvil y salud.
TOÑI HERRERO ALCÁNTARA
“Ni los valores límite de densidad de potencia actuales ni la distancia de
seguridad [que marca la legislación española] aseguran una adecuada
protección para los efectos biológicos”, asegura Pedro Belmonte, de
Ecologistas en Acción. Esta ONG trabaja específicamente en CEM (campos
electromagnéticos) y contaminación electromagnética desde 1997.
Y es que los valores límite de potencia actuales se sitúan en los 450
microvatios por centímetro cuadrado para estaciones base de telefonía móvil
900 MHz y 900 microvatios, para las de 1800 MHz. La distancia de seguridad
se marca en los 5-10 metros. Además “no es cierto que se aplique el
principio de precaución. Los valores máximos planteados en la recomendación
y la normativa estatal están en función de los posibles efectos térmicos
(calentamiento del cuerpo). No se aplica el principio de precaución sobre
los posibles efectos biológicos, con niveles de emisión miles de veces
inferiores”, afirma.
Valores muy inferiores
Conferencias internacionales como la de Salzburgo (Junio 2000) han propuesto
el valor máximo de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, planteado
también por la Declaración de Alcalá que ha sido adoptado por la normativa
de Castilla La Mancha. Pero, según señala Rubén Sánchez, portavoz de la
Federación de Consumidores en Acción (FACUA), “reducir los niveles de
emisión costaría mucho más. Por ello la norma se ha hecho a la medida de las
operadoras”. Para Sánchez, el hecho de que haya informes en los dos sentidos
únicamente significa que “si hay duda, se ha de aplicar el principio de
precaución. Y si una parte de la comunidad científica señala unos niveles
más bajos, éstos son los que se deberían de tener en cuenta”. Así en “países
europeos como Italia, Suiza o Bulgaria tienen valores límite miles de veces
inferiores a los propuestos en la normativa española, para evitar los
posibles riesgos biomédicos”, señala Claudio Gómez-Perretta, doctor en
Medicina y Jefe de Sección del Centro de Investigación del Hospital
Universitario La Fe de Valencia. Gómez-Perretta es además coautor del
Estudio epidemiológico Hispano-Austriaco del posible efecto sobre la salud
por la exposición crónica de radiofrecuencias provenientes de las estaciones
base de telefonía móvil.
Estudio epidemiológico
Realizado en La Ñora (Murcia), el informe ha sido dado a conocer
recientemente. En él se insta a rebajar este valor límite hasta los 0,0006
microvatios por centímetro cuadrado. “Este estudio demuestra que la
exposición a microondas de la red de telefonía móvil GSM incrementa
significativa y considerablemente el padecimiento de fatiga, tendencia
depresiva, desordenes del sueño, problemas cardiovasculares, dificultades de
concentración, desordenes de la piel, pérdida de apetito”. Y en menor grado
pero con OR (riesgo relativo) siempre por encima de 1,32 se producen
cefaleas, nauseas, problemas de audición, irritabilidad, vértigo,
alteraciones visuales. El OR que es un número que cuantifica el número de
veces de probabilidad de que se produzca un daño con respecto al riesgo
cero.
“Superar los 0,0006 microvatios por centímetro cuadrado de radiación
electromagnética proveniente de estaciones base de telefonía móvil significa
en nuestro estudio un incremento considerable de los síntomas estudiados,
que repercuten en la calidad de vida.”
El estudio ha sido realizado Gerd Oberfeld, del departamento de Salud
Pública de Salzburgo (Austria); Enrique Navarro, del departamento de Física
Aplicada de la Universidad de Valencia; Ceferino Maestu, presiente de la
Fundación Europea de Bioelectromagnetismo (FEB) y Manuel Portoles y Claudio
Gomez-Perretta, del Hospital Universitario de La Fe en Valencia. En la
investigación han participado 97 personas que vivían en La Ñora y Jabalí
Viejo (Murcia) elegidas al azar. Se trata, según Gómez-Perretta, del “único
estudio que ha llegado a relacionar daño con dosis de exposición”. Según
Belmonte, “se necesita más presupuesto para la investigación y más
investigación independiente no controlada por las grandes operadoras de
telefonía móvil”.
Preocupación social
Éste es un tema que inquieta a la sociedad. Y esta preocupación social viene
determinada por varios motivos, según destaca el miembro de Ecologistas en
Acción. Por un lado los despliegues de las redes de telefonía móvil GSM
antes de que hubiera un instrumento normativo estatal de control y
prevención de la salud pública. A ello se suman las “abundantes
irregularidades, ilegalidades e incumplimiento de la normativa urbanística a
la hora de instalar antenas estaciones base y otras infraestructuras de
telefonía móvil así como el desinterés o desidia de determinados poderes
públicos, municipales, regionales y estatales”. Para el representante de
Ecologistas en Acción “existe la percepción social de que la normativa
estatal se ha elaborado teniendo en cuenta las intereses particulares de las
operadoras de telefonía móvil, sin tener en cuentan las alegaciones
presentadas por investigadores en bioelectromagnetismo, asociaciones de
vecinos, medioambientales, colectivos de abogados, etc”. Ello frente a la
existencia de legislación de otros países con valores límite de exposición
miles de veces inferiores a la normativa española y a la normativa de
algunas comunidades autónomas con valores de exposición cientos o miles de
veces inferiores a la normativa estatal. “A las operadoras les interesa que
los consumidores creamos que la telefonía móvil no es peligrosa. Dicen que
cumplen la normativa pero están haciendo lo que ya hacían antes”, comenta
Sánchez.
Acciones a tomar
El doctor Gómez-Perretta, amenazado con la apertura de un expediente grave
si continuaba trabajando en este campo, lamenta la pasividad y poco interés
por parte del Gobierno y políticos en general, quizás “más interesados en la
economía y el paro que en temas desquiciantes para ellos porque desconocen o
consideran muy incómodos o difíciles de conjugar”. Estando en la oposición
el PSOE demostró interés, reconoce el doctor; ahora, está por ver. “Con el
Gobierno del PP se han defendido los intereses de las operadoras y no de los
ciudadanos”, remarca el portavoz de FACUA. “Creemos que el nuevo Gobierno
deberá plantear un punto de inflexión”. De momento, el pasado 29 de julio,
miembros de Ecologistas en Acción e investigadores sobre campos
electromagnéticos pidieron al director general de Salud Pública, Manuel
Oñorbe, una reforma de la normativa estatal sobre telefonía móvil
comunicaciones para solucionar “la proliferación caótica de las antenas
estaciones base de telefonía móvil”. Los ecologistas han solicitado que la
reforma contemple la aplicación efectiva del principio de precaución para
los posibles efectos biosanitarios y del principio ALATA (la mínima emisión
técnicamente posible).
Para asegurar la salud de los ciudadanos en el uso de la telefonía móvil, a
la vista del comentado trabajo epidemiológico, “la legislación debería no
sobrepasar la exposición residencial por antenas por en cima del nivel
0,0006 microvatios por centímetro cuadrado, que es el valor de corte donde
empiezan a incrementarse el riesgo relativo por encima de 1”, apunta
Gómez-Perretta. La vía de actuación es el cambio de la normativa que haga
compatible el desarrollo de las redes de telefonía móvil con los mayores
criterios de prevención sobre los impactos ambientales y de salud pública,
como han hecho otros países de Europa. Y es que no se trata sólo de
enfermedad sino también de calidad de vida.
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