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Texto del artículo:
Durante la “primavera” libia, los ataques aéreos de la OTAN mataron a decenas de civiles no implicados en los combate, e hirieron a muchos más, la mayoría en sus casas. Hasta ahora, conocemos casi exactamente el número de personas que mataron las tropas y los mercenarios leales a Gadafi pero seguimos ignorando el número de víctimas causadas por la “coalición” occidental que, con permiso de la ONU, estuvo varias semanas disparando sobre edificios y barrios enteros, persiguiendo al más estrafalario y caprichoso de los tiranos árabes.
Un año más tarde, en el informe titulado Libya: The forgotten victims of NATO Strikes, publicado el 19 de marzo de 2012, Amnistía Internacional (AI) pide que sea la propia OTAN quién exponga la verdad a la luz pública, y denuncia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por haberse ni siquiera puesto en contacto con los familiares de las víctimas. AI exige que se proporcione plena reparación a las víctimas y a sus familias: “Resulta sumamente decepcionante que las víctimas y los familiares de los fallecidos por ataques aéreos de la OTAN sigan sin saber qué sucedió y quién fue el responsable”, ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis de AI. “Los altos mandos de la OTAN han subrayado reiteradamente su compromiso de proteger a la población civil. Ahora no pueden dejar a un lado las muertes de decenas de civiles, limitándose a formular una vaga declaración de pesar pero sin investigar adecuadamente esos sucesos mortales”.
La OTAN, se lee en un comunicado de presentación del informe, parece hacer esfuerzos considerables para minimizar el riesgo de causar bajas civiles: entre otras cosas utilizó munición guiada de precisión y solo en algunos casos advirtió previamente a los habitantes de las zonas en el punto de mira. “Pero eso no la exime de investigar adecuadamente los ataques que han causado la muerte o heridas a decenas de civiles, y de proporcionar reparación a las víctimas y a sus familias. Las investigaciones deben examinar si las bajas civiles han sido resultado de violaciones del derecho internacional. De ser así, los responsables deben comparecer ante la justicia”.
Ataques indiscriminados
Según la OTAN, la campaña aérea y marítima llevada a cabo durante siete meses en Libia se compuso de más de 9.700 incursiones aéreas y destruyó más de 5.900 objetivos militares. Las operaciones militares de la OTAN tenían que cumplir las normas del derecho internacional humanitario, obligatorias en los conflictos armados internacionales. Un elemento especialmente pertinente es que la OTAN, en sus campañas aéreas, debe adoptar las precauciones necesarias para evitar, o al menos minimizar, el daño a la población civil. Esas precauciones incluyen:
AI tiene documentados 55 casos de civiles perfectamente identificados, entre ellos 16 menores y 14 mujeres, muertos en ataques aéreos en Trípoli, Zlitan, Majer, Sirte y Brega. Muchas de las muertes fueron consecuencia de ataques aéreos lanzados contra domicilios particulares, en los que ni AI ni otros investigadores han encontrado indicios de que se estuvieran utilizando con fines militares en el momento de los ataques. “Al atardecer del 8 de agosto de 2011, dos casas pertenecientes a las familias Gafez y Al Jaarud fueron atacadas en Majer, al oeste de Misrata. Según los miembros supervivientes de la familia, 34 civiles, entre ellos 8 menores y 8 mujeres, murieron y varios más resultaron heridos en tres ataques diferentes. La familia asegura no haber tenido constancia de la presencia de personas o actividades cerca de sus casas que pudieran explicar los ataques”.
En su última respuesta a Amnistía Internacional, fechada el 13 de marzo de 2012, la OTAN manifiesta que “lamenta profundamente el daño que esos ataques aéreos puedan haber causado”, pero añade que carece de “mandato para llevar a cabo actividades en Libia una vez concluida, el 31 de octubre de 2011, la OPU (Operación Protector Unificado)” y que la “responsabilidad principal” de investigar recae en las autoridades libias. “La respuesta de la OTAN equivale a negarse a asumir la responsabilidad de sus actos. Deja a las víctimas y sus familias con la sensación de que han sido olvidadas y de que no tienen recurso a la justicia”, ha dicho Donatella Rovera.
Además, sigue el informe de AI, la OTAN no tomó ninguna medida para investigar los informes sobre muertes y lesiones de civiles causadas por sus ataques en zonas que habían quedado bajo el control de las nuevas autoridades libias (el Consejo Nacional de Transición) antes del 31 de octubre de 2011 y a las que, por lo tanto, se podía acceder sin peligro. Todos los supervivientes y los familiares de las personas muertas en ataques de la OTAN a los que AI ha entrevistado dijeron que ni la OTAN ni el Consejo Nacional de Transición libio se habían puesto en contacto con ellos.
“La OTAN debe garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre toda denuncia de violaciones graves del derecho internacional cometidas por miembros de la Operación Protector Unificado, y que sus resultados se hacen públicos. Cuando existan pruebas admisibles suficientes, los sospechosos de esas violaciones deben ser procesados”.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 22/03/2012 - Modificar
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