Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología 19/12/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “IU-CLM de Illescas”
18 de diciembre de 2004
Denuncia de las actuaciones irregulares realizadas en la Vía Pecuaria
conocida como Camino de Yeles
2 “Levante”
19 de diciembre de 2004
El clima de mañana
3 “Greenpeace”
18 de diciembre de 2004
DECEPCIONANTE FINAL EN LA CUMBRE DEL CLIMA
4 EL PAÍS
19-12-2004
La cumbre del clima culmina con un acuerdo tibio abierto a futuras medidas
5 EL PAÍS
19-12-2004
Narbona destaca el compromiso de España contra el cambio climático
6 EL PAÍS
19-12-2004
Kioto desata la batalla entre Industria, los sindicatos y un frente
empresarial liderado por Endesa
7 EL PAÍS
18-12-2004
La Cumbre del Clima concluye con un acuerdo de mínimos y tras tensas
negociaciones
8 EL PAÍS – Cataluña
19-12-2004
Una nueva línea de Renfe unirá el Vallès con el Baix Llobregat
9 EL PAÍS
18-12-2004
A propósito de la huerta inmobiliaria
10 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
19-12-2004
Una cadena humana reivindica en Cullera el futuro del río Júcar y la
supervivencia de L'Albufera
11 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
19-12-2004
Protesta en Cullera contra el trasvase Júcar-Vinalopó
12 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
18-12-2004
Partidos de izquierda apoyan un manifiesto para recuperar el Júcar
13 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
18-12-2004
Vecinos de Tetuán denuncian ante el fiscal el futuro túnel que enlazará con
la M-30
14 “La Nueva España”
18 de diciembre de 2004
La patronal elogia ahora la política de obra pública de Areces y critica al
PP
15 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
18-12-2004
Sanción al Ayuntamiento de Madrid por vertidos ilegales al Manzanares
16 EL PAÍS – Andalucía
18-12-2004
Sierra de Grazalema: 20 años de parque natural
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“IU-CLM de Illescas”
18 de diciembre de 2004
Denuncia de las actuaciones irregulares realizadas en la Vía Pecuaria
conocida como Camino de Yeles
Las organizaciones de Izquierda Unida de Castilla - La Mancha de Illescas y
otras poblaciones de la comarca de La Sagra, Toledo, han denunciado en la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Autonómico, desde el pasado 8 de
noviembre de 2004 las actuaciones equivocadas que se están realizando en
nombre de la Ruta de Don Quijote.
Delegación Provincial de Medio Ambiente
Servicio de Medio Natural
C/ Marques de Mendigorría, 4
45071- Toledo.
Illescas, a 8 de noviembre de 2004.
Asunto: Denuncia actuaciones realizadas en Vía Pecuaria conocida como
Camino de Yeles, en el termino de Illescas, actuaciones que favorecen el
tráfico rodado y ponen en peligro a los ciudadanos que pretender hacer los
usos legítimos previstos por la Ley.
D. Félix Ruiz Gómez, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº _____, con
domicilio a efectos de notificaciones y citaciones en Illescas (Toledo),
___________-, actuando en su propio nombre y derecho y en representación de
la Asamblea Local de Izquierda Unida en esta localidad, ante La Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Toledo comparece y como mas procedente sea
en Derecho,
EXPONE:
Que hace unos días, se han realizado trabajos en la Vía Pecuaria conocida
como Camino de Yeles, en el término del municipio de Illescas. Los trabajos
se han realizado en el tramo comprendido entre la vía del tren y el futuro
cementerio municipal, habiendo consistido la actuación realizada hasta la
fecha en la pavimentación con gravilla compactada (..hasta la fecha sin capa
asfáltica). Según informaron trabajadores, esta obra era realizada por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de las actuaciones
programadas en la “Ruta de D. Quijote”.
Conforme con lo previsto en nuestra legislación, tanto la estatal Ley 3/95,
de 23 de marzo, de vias pecuarias como la autonómica Ley 9/2.003, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, las Vías Pecuarias y Cañadas deben ser
consideradas como espacios no urbanizables especialmente protegidos,
destinadas al tránsito ganadero y otros usos rurales, así como a los usos
compatibles y complementarios entre los que se consideran los de carácter
agrícola así como el paseo andando, la práctica del senderismo, la cabalgada
y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados,
inspirándose siempre en el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Para ello es
imprescindible preservar las vias pecuarias y cañadas de la urbanización e
impedir el tráfico generalizado de vehículos a motor (sólo está permitida la
circulación de vehiculos agrícolas) que impedirían el uso legítimo de las
vías pecuarias. Recordamos que la Ley 9/2.003, en su art. 27, prohibe
expresamente la pavimentación y asfaltado de vias pecuarias.
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, como titular de estos bienes
de dominio público, la defensa y protección de las Vías Pecuarias y tomar
las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos los usos legítimos
previstos por la Ley.
La Vía Pecuaria conocida como Camino de Yeles, en el municipio de Illescas,
viene siendo utilizada en los últimos tiempos cada vez con mayor frecuencia
por coches, motocicletas y quads, que circulan a gran velocidad.
Las actuaciones realizadas en los últimos días, al parecer por la propia
Junta de Comunidades, pavimentando con gravilla compactada la vía pecuaria,
está dando lugar a un peligroso incremento de la circulación de coches y
motocicletas en esta vía pecuaria, poniendo en peligro a los ciudadanos que
pretendemos hacer un uso legítimo de la Vía Pecuaria, ya sea conduciendo
ganado, paseando andando, o en bicicleta. Las actuaciones realizadas impiden
a los ciudadanos realizar los usos previstos por la Ley de Vías Pecuarias
sin someterse a un grave peligro.
A la vista de todo ello, se requiere a la Consejería de Medio Ambiente para
que a la mayor brevedad posible (por la seguridad de los ciudadanos) se
tomen las medidas oportunas que impidan el tráfico rodado generalizado de
vehículos motorizados por la Via Pecuaria conocida como Camino de Yeles,
garantizando a los ciudadanos que puedan pasear andando, en bicicleta o
conduciendo ganado, en condiciones de seguridad, por ser estos los usos
legítimos primordiales y compatibles previstos por la Ley.
Igualmente, se requiere a los responsables de la Consejería de Medio
Ambiente, para que exijan las responsabilidades oportunas a las personas
responsables que hubieran ordenado las actuaciones realizadas en esta Vía
Pecuaria con las graves consecuencias expuestas.
Finalmente, dada la presión urbanística que se está padeciendo en el
municipio de Illescas, con antecedentes de graves irregularidades con
ocupación de vías pecuarias ya denunciadas ante esa Consejería, se requiere
de la Consejería de Medio Ambiente una actuación decidida de protección y
defensa de las Vías Pecuarias, ordenando los trabajos de deslinde y
amojonamiento de las Vías Pecuarias, y garantizando que los ciudadanos
podamos hacer un uso legítimos de las mismas, en condiciones de seguridad,
como bien de dominio público no urbanizable y especialmente protegido.
En Illescas, a día 8 de Noviembre de 2004.
Fdo.: Félix Ruiz Gómez.
Asamblea Local de Izquierda Unida de Illescas.
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“Levante”
19 de diciembre de 2004
El clima de mañana
VICENT TORRES - Consultor ambiental
Alo largo de estas dos últimas semanas (del 6 al 17 de diciembre) se ha
celebrado una larga reunión en Buenos Aires, donde 189 países se planteaban
las medidas a tomar ante el cambio climático que ya (casi) nadie discute.
Ésta era la X Cumbre Mundial sobre el clima, pero la primera a punto de la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto (el próximo 16 de febrero), después
de su ratificación por Rusia, y a pesar de la negativa del gobierno Bush a
ratificarlo. El compromiso de Kyoto obliga a todos los países a controlar
sus emisiones de efecto invernadero, con objetivos de reducción o de
minimización del crecimiento a fecha fija. Algunos países (realmente pocos)
han hecho sus deberes, mientras que otros (sobre todo Estados Unidos y
Australia, responsables del 30% de las emisiones mundiales) se han negado a
hacerlos, o sencillamente han pasado de sus compromisos. En la Unión
Europea, la previsión era de alcanzar en 2012 niveles algo inferiores a los
de 1990. España destaca por la desviación respecto a sus objetivos. Algunos
países tenían que reducir sus emisiones, pero se permitía a España
incrementarlas en un 15%. Sin embargo, ya en 2003 se ha alcanzado un
crecimiento del 40% respecto a 1990. Ahora vienen las lamentaciones, y el
intento de renegociar los objetivos, para evitar las sanciones o la
obligación de comprar derechos de emisión a los países que superen sus
objetivos. ¿Era posible haber cumplido los objetivos pactados? ¿Cuáles son
las consecuencias de no haber hecho nada por cumplirlos?
Se podría haber hecho mucho. Si bien se admitía que España tenía derecho a
aumentar sus emisiones, ya que partía de un nivel inferior de desarrollo y
de emisiones, y era previsible un crecimiento económico más rápido, se
entendía que este crecimiento podía hacerse introduciendo las tecnologías
más avanzadas de ahorro energético y de prevención de emisiones. Esto no ha
sido así. La industria española, salvo contadas excepciones, tiene mayor
consumo energético por unidad de producto; la dependencia de las energías
fósiles es la mayor de Europa; las energías renovables son casi
despreciables (salvo parcialmente la eólica), a pesar de tener el mayor
nivel de insolación de Europa (Alemania, sin sol, produce más energía
eléctrica solar que España); la gran cantidad de viviendas construidas en
las últimas décadas han ignorado los principios más elementales del ahorro
energético, por lo que ya gastamos más energía en refrigeración que en
calefacción; somos el país de Europa más dependiente del transporte por
carretera (y vulnerable a la crisis del petróleo); esa dependencia ha sido
agravada por las inversiones públicas a lo largo de la última década,
centradas en autovías y trenes de alta velocidad, e ignorando la
modernización y promoción del ferrocarril. En resumen: no hemos aprendido de
los países más desarrollados de Europa, que están esforzándose por
introducir nuevas tecnologías que los hagan menos dependientes de los
combustibles fósiles, lo cual, en definitiva, es lo que les permite reducir
las emisiones (aunque el crecimiento del transporte por carretera anula
muchos de los avances en otros terrenos). Lo peor del incumplimiento de los
compromisos españoles no es, pues, el riesgo de sanciones, sino la pérdida
de competitividad (por utilización de tecnologías obsoletas) y la mayor
dependencia del petróleo (que será cada vez más escaso y más caro). Aunque
el tripartito catalán ha introducido unas interesantes normas para la nueva
construcción, y el Ministerio de Medio Ambiente propone una serie de medidas
(que otros ministerios todavía no acaban de asumir), la clave viene dada por
el Ministerio de Fomento, donde la continuidad con las políticas suicidas de
la era Álvarez Cascos resulta desesperante (más autovías y AVE), y que va a
más por la presión de la patronal del hormigón, SEOPAN.
En la Conferencia de Buenos Aires, los Estados Unidos han estado en su
papel: si bien ya no niegan que algo está pasando con el clima, se niega a
imponer objetivos a sus empresas. No en balde el grupo más influyente del
entorno de Bush es el lobby petrolero y energético, los máximos emisores.
Esta actitud recuerda la reflejada en una interesantísima película de este
año, que quizás ha pasado un poco desapercibida. Se trata de El día de
mañana, que ya está disponible en su videoclub, si se la perdieron en el
cine (la publicidad es desinteresada). En esta película se encuentran los
habituales efectos especiales, el previsible romance juvenil y la epopeya
del superpadre al rescate (ingredientes imprescindibles del cine
norteamericano, pero en este caso no excesivamente chirriantes). Algunas
escenas de la película plantean implicaciones políticas verdaderamente
sabrosas, pero hay también una línea de explicación científica sobre los
riesgos de cambio climático catastrófico, y de los mecanismos de su
generación, que ya son más que evidentes: la fusión de los hielos del
Hemisferio Norte, la alteración de la salinidad del Atlántico, y la
paralización de la corriente del Golfo, actual regulador térmico que suaviza
las condiciones climáticas de Europa. Claro, es una película, y se produce
en semanas, lo que en tiempo geológico serían décadas.
Pero este mecanismo de cambio climático es un riesgo serio, considerado, por
ejemplo, en un reciente informe para el Pentágono, titulado Un escenario de
cambio climático brusco y sus implicaciones para la seguridad nacional de
los Estados Unidos. Como se intuye, la finalidad de este informe no era
contribuir a prevenir el cambio, sino ayudar a tomar decisiones políticas y
militares que permitan controlar recursos considerados críticos para los
Estados Unidos. Bush lo declaró confidencial, ya que admitía el cambio
climático, pero saltó rápidamente a la red, y está disponible en nuestra
página web de Terra Crítica, en su versión inglesa (Abrupt Climate Change) y
en un resumen en castellano (Informe Yoda).
Para el sur de Europa el escenario descrito es de una mayor sequía e
inestabilidad climática. Asombra la imprevisión de los que quieren construir
más presas, que nunca se podrán llenar, y trasvases de excedentes que nunca
existirán, y que aceptan un incremento disparatado de las necesidades
hídricas, en lugar de ahorro de recursos. Igual no tendremos petróleo ni
para desalar. Aunque no nos obligara Kyoto, existen buenas razones para
cambiar radicalmente nuestro modelo de desarrollo insostenible. Antes del
día de mañana.
www.terracritica.org
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“Greenpeace”
18 de diciembre de 2004
DECEPCIONANTE FINAL EN LA CUMBRE DEL CLIMA
Greenpeace ha manifestado hoy su decepción ante los resultados de las
conversaciones en la cumbre sobre cambio climático, y su indignación con
Estados Unidos y Arabia Saudí por su táctica de obstruir y retrasar la
conclusión de acuerdos deliberadamente. Este acuerdo significa que las
discusiones sobre las futuras reducciones de gases de efecto invernadero no
avanzarán durante el año próximo, y no aseguran que los países que más
riesgos corren por los impactos del cambio climático consigan la ayuda que
necesitan de los países industrializados.
“Esperamos que todos hayan tomado nota de las tácticas de intimidación y
bloqueo de EE. UU. en estas negociaciones. Por este motivo tenemos un
acuerdo que apenas mantiene el proceso en marcha” - ha declarado el portavoz
de Greenpeace, Steve Sawyer- “Este acuerdo implica que no existirá, durante
los próximos doce meses, el avance que necesitamos en las negociaciones
sobre las futuras reducciones de emisiones, y las medidas de adaptación
distan mucho de ser las adecuadas. ”
En el acuerdo inicial se contemplaban una serie de reuniones informales para
hablar del futuro del régimen climático. Ante la insistencia de EE.UU. estas
reuniones se redujeron a un “seminario”. Los EE.UU. exigían que la agenda de
esta reunión no incluyera ninguna discusión sobre las futuras reducciones de
emisiones, ni que fuera referente en las próximas negociaciones. Estas
exigencias finalmente fueron aceptadas para poder seguir adelante, aunque
con un seminario informal.
Arabia Saudí apoyó a los EE.UU. durante toda la reunión y además,
obstaculizó los avances imponiendo condiciones sobre la disponibilidad de
ayuda financiera para la adaptación de los países en vías de desarrollo.
Exigían a cambio compensaciones derivadas de la pérdida de sus ingresos
procedentes de la venta de petróleo, debido a que sus economías se verán
afectadas si el mundo empieza a abandonar el consumo de combustibles
fósiles.
“Es indecente que Arabia Saudí se pelee por unas migajas mientras los países
menos desarrollados del mundo tienen que enfrentarse a inundaciones, sequías
y catástrofes” -añadió Sawyer- “Tratar de negociar con EE.UU. es peligroso.
Intentan impedir cualquier diálogo y no son capaces de negociar con
honestidad. Son ilegítimos con la ciencia, su negativa a aceptar la
responsabilidad sobre los impactos causados en los países en vías de
desarrollo es inmoral y sus argumentos de negociación son absurdos.
Avanzaremos realmente para poder atenuar el cambio climático si lo hacemos
sin EE.UU.”
Las negociaciones del año que viene reunirán por primera vez a los países
que han ratificado el Protocolo de Kioto, EE.UU. sólo podrá asistir como
observador mientras no lo ratifique.
Para más información: Raquel Montón – 626 99 82 45
Prensa Greenpeace: Mamen Illán 626 99 82 48
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EL PAÍS
19-12-2004
La cumbre del clima culmina con un acuerdo tibio abierto a futuras medidas
La reunión de Buenos Aires aprueba un plan de trabajo sobre adaptación al
calentamiento
ALICIA RIVERA (ENVIADA ESPECIAL) - Buenos Aires
Tras una negociación que duró toda la noche, los 189 países presentes en la
cumbre del clima de Buenos Aires alcanzaron el acuerdo de empezar a discutir
el año que viene las medidas futuras ante el cambio climático. La
formulación tan trabajosamente alcanzada no especifica una agenda así, pero
tampoco la prohíbe expresamente, lo que permitió dar su consentimiento a la
UE, la más empeñada en poner sobre la mesa cuanto antes la cuestión de qué
hacer a partir de la próxima década para afrontar el calentamiento global y
sus efectos. El segundo acuerdo de la cumbre es el Programa de Buenos Aires
sobre Adaptación y Medidas de Respuesta, para canalizar las ayudas
destinadas a que los países en desarrollo se adapten al calentamiento del
planeta.
En vísperas de la entrada en vigor el Protocolo de Kioto (el próximo
febrero), la cumbre mostró que las estrategias internacionales ante el
cambio climático no se detienen aunque vayan a trompicones, más lentas de lo
que muchos desearían y con la notable ausencia de EE UU en el compromiso por
reducir emisiones. El acuerdo alcanzado ayer fija la cita para celebrar un
seminario en mayo de 2005 que "promueva el intercambio informal de
información sobre actuaciones relacionadas con la mitigación del cambio
climático y el desarrollo de respuestas efectivas y apropiadas", y sobre
programas de los gobiernos asumidos en sus compromisos bajo la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Para la UE, aun siendo un acuerdo modesto, abrió la puerta para ir
planteando el problema de cómo hacer frente al calentamiento más adelante.
EE UU salió satisfecha de la cumbre, con un seminario sin agenda específica
sobre planes de futuro ni conclusiones vinculantes ante la próxima
conferencia.
"El seminario es una oportunidad de que todos los países de la convención
discutan la globalidad" afirmó el diplomático argentino Raúl Estrada,
artífice de la propuesta y su difícil negociación. En cuanto a si se tratará
en él de futuro, comentó: "La convención no está para el pasado, sino para
el presente y el futuro". Estaba satisfecho.Los ecologistas de Greenpeace y
WWF coincidieron en culpar a EE UU y a Arabia Saudí por los, según ellos,
pobres resultados de la cumbre. Pero WWF matizó: "Aunque el resultado está
lejos de ser ideal, hacemos una llamada a los países participantes en esas
conversaciones informales para que tracen un plan claro de reducción de las
emisiones", y alabó la postura combativa de la UE. Para Greenpeace, el
acuerdo significa que "los debates no progresarán mucho el año que viene y
no garantizan que los países que están en mayor riesgo por los impactos del
clima tengan la ayuda que necesitan del mundo desarrollado".
El rechazo a cualquier contenido de compromiso ha sido rotundo en las
posiciones de Estados Unidos, un país aferrado a su programa nacional.
Antiguos aliados suyos en las negociaciones clima, como Canadá, Japón o
Nueva Zelanda, se colocaron en esta cumbre cerca de la UE.
Las negociaciones se han complicado mucho al unirse en un paquete el
seminario y el bloque de medidas para la adaptación al cambio climático.
Éste incluye las especificaciones que deben cumplir los proyectos de los
países que aspiren a recibir ayuda y financiación en esta partida, e
interesa mucho a los países en desarrollo. Pero Arabia Saudí lanzó su
pretensión de incluir en la adaptación el reconocimiento de que también los
países exportadores de petróleo tienen derecho a recibir ayuda, ya que si se
consume menos crudo en el mundo por la contención de emisiones, sus ingresos
se verán afectados. La UE considera inaceptable financiar la diversificación
económica de esos riquísimos países.
Ayer, cuando los delegados de unos 40 países salieron de la sala de
negociación restringida y se anunció el acuerdo, se pensó que ya era sólo
una cuestión de trámite para aprobarlo en la sesión plenaria. Pero pasó el
tiempo y todo siguió congelado. Algunas alarmas empezaron a filtrarse: no se
había alcanzado un acuerdo definitivo pese a las declaraciones de Estrada,
lo pactado tenía lagunas importantes, la UE estaba en una posición firme y
podría incluso llegar a la ruptura de las negociaciones.
Tres horas pasaron antes de que comenzara el plenario y entonces estalló el
conflicto, esta vez de la mano de India, inmediatamente apoyada por Arabia
Saudí y varios países del mismo círculo, así como China. India proponía
incluir la prohibición expresa de que los seminarios conduzcan a compromisos
obligatorios para los países en desarrollo.
Con un retraso de seis horas se alcanzó el acuerdo, que también desbloqueó
el plan de adaptación. El párrafo quedó así: "Los informes del seminario
estarán disponibles para las partes y su consideración mediante el
secretariado de la convención, teniendo en cuenta que este seminario no abre
ninguna negociación que conduzca a nuevos compromisos". Los países
petroleros recibirán asistencia sobre diversificación, pero no
compensaciones.
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EL PAÍS
19-12-2004
Narbona destaca el compromiso de España contra el cambio climático
A. R. - Buenos Aires
"El presidente Rodríguez Zapatero asumió en su discurso de investidura, de
forma explícita, el compromiso de cumplir los objetivos del Protocolo de
Kioto, como una de las prioridades de su mandato", recordó en la cumbre de
Buenos Aires la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien moderó
uno de los cuatro paneles de debate del tramo ministerial, el dedicado a
Mitigación del cambio climático, políticas e impactos. "La tarea no es
fácil", continuó Narbona, "porque España está muy alejada de dichos
objetivos; pero hemos comenzado a adoptar medidas concretas, intentando
recuperar el tiempo perdido durante los últimos anos".
Con un aumento de las emisiones de más del 40% sobre el nivel de 1990, año
base del protocolo, España supera en un 25% su objetivo fijado en el acuerdo
interno de la UE para el cumplimiento del tratado. Narbona acentuó en su
intervención la dimensión equitativa de los esfuerzos para transformar el
actual modelo de energía en uno sostenible, haciendo énfasis en el uso de
energías renovables y en tecnologías de mitigación.
En el panel moderado por Narbona estuvieron los representantes de Colombia,
Francia, Kenia, Nueva Zelanda, Polonia y Arabia Saudí.
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EL PAÍS
19-12-2004
Guerra subterránea en la minería del carbón
Kioto desata la batalla entre Industria, los sindicatos y un frente
empresarial liderado por Endesa
SANTIAGO CARCAR - Madrid
En las galerías de la minas han chocado dos trenes. Los planes del Gobierno
para cumplir con el Protocolo de Kioto, que apuestan por reducir la quema de
carbón para producir electricidad a favor del gas natural, menos
contaminante, han topado con la oposición abierta de un frente de empresas,
encabezado por Endesa, la compañía eléctrica más grande del sector y la
mayor consumidora de carbón.
El Gobierno está convencido de que Endesa, apoyada por otras eléctricas
(Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), también dependientes del carbón,
está encendiendo los ánimos de los sindicatos mineros, justo cuando el
Ejecutivo negocia en Bruselas un nuevo Plan del Carbón para más allá de 2006
y cuando trata de evitar problemas por las ayudas que el anterior Gobierno
del PP concedió a las empresas mineras a partir de 2003 (alrededor de 600
millones de euros) pese a que habían cambiado los reglamentos comunitarios.
Están en juego 11.430 empleos (la mitad de ellos en Asturias), y 47 empresas
del sector minero. Por ello, los nervios están a flor de piel. El
enfrentamiento es duro y la chispa que ha contribuido a encender los ánimos
ha sido el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, que determina cuánto
pueden contaminar en el periodo 2005-2007, sin penalizaciones económicas,
cerca de mil instalaciones industriales del país, incluidas las centrales
eléctricas de carbón.
Tan duro es el enfrentamiento que el secretario general de la Energía ha
llegado a emplazar públicamente a Endesa a que haga públicos los documentos
que hizo llegar en su día al Ministerio de Industria respecto a los efectos
del Plan de Asignaciones de Kioto. Esos documentos demuestran, en opinión
del departamento que dirige José Montilla, que Endesa maneja un doble
discurso. Catastrófico y duro cuando habla con los sindicatos, pero realista
e incluso optimista cuando valora en documentos internos las consecuencias
de aplicar los planes gubernamentales.
Porque esos papeles internos de Endesa (la empresa eléctrica asegura que han
sido elaboradas por el Grupo de los Cuatro, Endesa, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico y Viesgo), que obran en poder de Industria, demuestran que
la compañía que preside Manuel Pizarro, aunque tenga que comprar derechos de
emisión en sus centrales de carbón, seguirá ganando un buen dinero. Y ello
por dos razones, porque esas centrales térmicas de carbón están ya
amortizadas y porque el carbón es y seguirá siendo un combustible mucho más
barato que el gas natural, por el que han apostado todos los Gobiernos desde
hace años para asegurar el suministro energético.
El documento del grupo de empresas que encabeza Endesa, enviado a Industria
en septiembre (antes de que se aprobara la asignación final de emisiones, 88
millones de toneladas anuales para el sector eléctrico), recoge que "la
generación con carbón mantendrá su posición como tecnología de generación
térmica en base, al ser más competitiva que los ciclos combinados [que
utilizan gas]". "Basándose en la experiencia histórica", prosigue, "se puede
afirmar que la generación [eléctrica] con carbón, incluyendo el coste de los
derechos [que tendrían que comprar las centrales si superan los límites de
emisión previstos por el Gobierno] será de media un 21% más barata que la
producción de electricidad en una central de ciclo combinado". Según el
documento, "la generación con carbón tendrá una ventaja en costes frente al
gas del 24% durante todo el periodo (2005-2007)".
En esa guerra de comunicados, interpelaciones públicas, documentos
explicativos e incluso amenazas (Endesa ha anunciado que puede llegar a
impugnar ante los tribunales el Plan de Asignación de Emisiones), la
inquietud ha prendido entre los sindicatos mineros y, por extensión, en
aquellas zonas del país que dependen de la minería. Los sindicatos UGT y CC
OO, que han llegado a calificar al Plan Nacional de Asignación de Emisiones
de "tumba" para la minería, han advertido de que habrá movilizaciones
sociales de calado en caso de que los planes para cumplir con Kioto afecten
al sector minero. En un contexto de inquietud en otros sectores de
actividad, como los astilleros, lo último que desea el Gobierno es abrir un
enfrentamiento con los mineros.
Endesa, que rechaza de plano que esté agitando las aguas de la inquietud en
el sector para mejorar sus posiciones empresariales, considera lógico que la
compañía haya mantenido contactos con las organizaciones sindicales. "Es de
sentido común", asegura un portavoz de la compañía, "que los sindicatos
manifiesten su inquietud por el futuro de sus puestos de trabajo a la
empresa, pero hablar de un problema no es sublevar a nadie".
Tras el debate entre Endesa e Industria aparece también una guerra
empresarial que en los últimos meses ha hecho correr ríos de tinta. La pugna
enfrenta desde hace meses a las empresas eléctricas con un parque de
centrales más antiguo (Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), que
consumen carbón, con Iberdrola y Gas Natural, empresas que han invertido en
centrales de gas, el combustible por el que apuesta el Ejecutivo.
Sencillamente, Endesa y las empresas que consumen carbón consideran injusto
que sus centrales térmicas tengan menos derechos de emisión gratuitos que
las centrales, más modernas y menos contaminantes, sus competidores.
El Plan Nacional de Asignación prevé que, ya en 2006, la producción
eléctrica de las centrales limpias, de gas, supere a la de carbón (61.499
gigawatios por hora frente a 52.697 gigawatios por hora). Las emisiones
previstas de centrales de carbón disminuyen de 55,4 millones de toneladas en
2005 a 43,6 en 2007. Si emiten más, tendrán que comprar derechos.
El ministro de Industria, José Montilla, terció en la guerra el pasado
miércoles y aseguró en el Congreso que "el PNA no establece ninguna relación
directa con el consumo de carbón nacional, y por lo tanto, no afectará a la
producción".
Los documentos
S. C. - Madrid
Los documentos enviados por Endesa a Industria recogen el impacto que podría
tener en las cuentas de las empresas superar el techo de emisiones previsto
en los planes del Gobierno para sus centrales de carbón. Según esos
documentos, incluso pagando derechos de 8,4 euros por tonelada de gas
emitida en exceso sobre la asignación aprobada, "las centrales de carbón son
más competitivas que los CCGT (centrales de ciclo combinado)". En suma, no
habría razones económicas para no consumir carbón, cerrar minas y despedir
trabajadores. Industria aclara, además, que la asignación de derechos por
instalación no determina las horas que debe funcionar una central concreta.
Algo que sólo dependerá de decisiones empresariales y de gestión. Más si se
tiene en cuenta que cada empresa puede compensar horas de funcionamiento
entre sus instalaciones. Según Industria, incluso aunque las empresas se
ajustaran a los derechos asignados estrictamente, eso no tiene por qué
influir en el consumo de carbón nacional, cuyo consumo ha disminuido entre
1996 y 2003 un 7%, mientras las importaciones (más baratas) han crecido un
135% en el mismo periodo.
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EL PAÍS
18-12-2004
La Cumbre del Clima concluye con un acuerdo de mínimos y tras tensas
negociaciones
El compromiso es la celebración de un seminario en 2005 en el que se
intercambiarán informaciones
AGENCIAS - Buenos Aires
La décima Cumbre del Clima ha concluido esta madrugada en Buenos Aires con
un acuerdo de mínimos alcanzado por las delegaciones, especialmente de la
Unión Europea, Estados Unidos, Arabia Saudí y la presidencia argentina. Por
el momento, la cumbre ha logrado el compromiso para la celebración de un
seminario en mayo de 2005 de expertos gubernamentales en el que se
intercambiará información sobre políticas y medidas y sobre la forma en que
se ayudará a los gobiernos a afrontar el cambio climático. Este seminario,
que podría celebrarse en Bonn (Alemania), tendrá un acta que trascribirá
todo lo que se debata y se publicará en Internet, pero no se informará a la
Convención. Además, en el seminario podrán participar las organizaciones no
gubernamentales y científicos. "Este ejercicio no es para contraer
compromisos ni iniciar conversaciones nuevas", ha señalado el jefe de la
delegación argentina, Raúl Estrada.
La última negociación se alcanzó entre las delegaciones de la UE y EE UU que
han venido manteniendo un tira y afloja para ver si se incluían o no el
debate sobre post-Kioto y los regímenes futuros de reducción de emisiones.
Tras arduas y largas negociaciones, se llegó un acuerdo en los dos temas más
polémicos: seminarios y adaptación.
"EEUU no cree en el Protocolo de Kioto, pero aceptó participar en un
ejercicio de intercambio de información, y eso es un buen paso para
comenzar, y por otro lado, está tomando medidas para absorber carbono",
según Estrada.
Los productores de petróleo
La Conferencia ha aprobado un Programa de Buenos Aires sobre adaptación en
el que se incluyen acciones que llevar a cabo en países desarrollados y en
vías de desarrollo. Entre las medidas incorporadas destacan la recolección
de información, diseño de modelos regionales, metodología para determinar
vulnerabilidades, análisis y evolución de éstas y medidas de respuestas y
búsqueda y transferencia de tecnologías para responder a las
vulnerabilidades, entre otras.
Estrada ha explicado que los países productores de petróleo no han demandado
dinero para realizar su diversificación económica, sino que piden el
reconocimiento del principio de que es posible que las medidas de mitigación
les afecten en un futuro. "La OPEP no se repliega nunca, hace maniobras...
Nadie se replegó, todos salimos bien", ha dicho el diplomático argentino.
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EL PAÍS – Cataluña
19-12-2004
Una nueva línea de Renfe unirá el Vallès con el Baix Llobregat
El servicio de cercanías enlazará la estación de la UAB con Martorell
FRANCESC ARROYO - Barcelona
El Ministerio de Fomento sacará en breve a concurso el estudio informativo
sobre la reforma del sistema de los trenes de cercanías de Barcelona. Una
revisión que el Gobierno catalán y el Ayuntamiento barcelonés consideran
clave para el futuro del transporte público metropolitano. Renfe, con más de
100 millones de pasajeros anuales en sus cuatro líneas, es el principal
elemento de enlace entre el núcleo central y la periferia metropolitana. La
elaboración del informe coincidirá con la puesta en marcha de la línea 5,
que arrancará en primavera y unirá la estación de la UAB con Martorell; es
decir, el Vallès con el Baix Llobregat. El Gobierno catalán tiene entre sus
objetivos declarados el traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías.
Lo que no está definido es el modo y el cuándo de ese traspaso. Desde el 1
de enero, con la entrada en vigor de la nueva ley ferroviaria, Renfe queda
dividida en dos empresas diferentes: la propietaria de las vías, túneles,
estaciones y señales y la que mueve trenes por esas infraestructuras pagando
un canon por ello. Esto hace posible que, además de Renfe, cualquier otro
operador ferroviario reclame el paso por esas vías y lo obtenga a cambio de
abonar el canon correspondiente.
Una empresa que podría optar a prestar ese servicio es Ferrocarrils de la
Generalitat. Pero la entrada como compañía diferenciada de Renfe no es algo
que satisfaga al Ejecutivo catalán. Buena parte de las líneas comparten vías
con otras e incluso con otros servicios, como los regionales y de largo
recorrido, y esto se mantendrá al menos hasta que funcione la línea de alta
velocidad. Por tanto, el Gobierno catalán vería con muy buenos ojos la
gestión conjunta de los trenes de Cercanías; eso sí, transfiriendo la
capacidad de decisión y las inversiones a Cataluña. Para ello es
imprescindible el estudio del sistema que sacará a concurso Fomento y la
cuantificación de las inversiones que se deben realizar.
El Gobierno catalán ha definido en varias ocasiones, y en ello coincide con
el alcalde de Barcelona, Joan Clos, las líneas de Cercanías como el "metro
de la región metropolitana". Una línea que considera clave al respecto es la
que será denominada C-5 (Cercanías 5). Esta línea discurrirá entre el Baix
Llobregat (Martorell) y el Vallès (Cerdanyola), en ambos sentidos, y evitará
que los ciudadanos que van de uno a otro lado tengan que dar una vuelta
completa (véase el gráfico adjunto). Además, incorporará dos nuevas
estaciones: Sant Cugat y Rubí. La nueva línea circulará por las vías ya
existentes y hoy utilizadas exclusivamente por trenes de mercancías, salvo
en el tramo Cerdanyola-Universidad Autónoma, que ya es utilizado por trenes
de pasajeros. A partir de la primavera (la fecha exacta aún está por
decidir) los trenes de la línea 4 que ahora mueren en la Universidad
prolongarán su recorrido hasta Martorell y volverán empleando el mismo
camino. La frecuencia de estos trenes será de uno cada media hora.
Actualmente circulan sólo en días laborables, pero a partir de la entrada en
funcionamiento de esta línea lo harán también los días festivos, aunque la
frecuencia para estas jornadas aún se halla en fase de estudio.
Buena parte de estos trenes tendrán el origen en L'Hospitalet, pero algunos
proceden de Sant Vicenç de Calders, por lo que en realidad efectúan un
recorrido circular, ya que tendrán doble parada en Martorell: como estación
de paso entre el origen y Barcelona y como final y origen de la nueva línea.
Será para el área metropolitana, lo que el tranvía número 29 era para la
Barcelona antigua, una línea de casi circunvalación, que puede ser tomada en
ambos sentidos de la marcha y evita los rodeos.
El pasado año, los servicios de Cercanías transportaron más de 110 millones
de pasajeros. En el primer semestre de 2004, la suma de las cuatro líneas es
de 57,7 millones de pasajeros. Las líneas 1, 2 y 4 son las más utilizadas.
La primera, más conocida como del Maresme, que tiene el final en
L'Hospitalet aunque algunos trenes llegan hasta el aeropuerto, ha
transportado este año entre enero y junio 16,3 millones de pasajeros. La
C-2, que discurre por el Vallès y las comarcas costeras al sur de Barcelona,
ha movido 18,7 millones de pasajeros en el primer semestre de 2004. Una
cifra casi idéntica a la de la C-4 (18,8 millones) que va de Manresa a Sant
Vicenç, cruzando por el Vallès, Baix Llobregat, Anoia y Penedès. La C-3, con
apenas 3,9 millones de pasajeros necesita una revisión. Una de las
dificultades es que discurre por un terreno en buena parte montañoso, entre
el Vallès y Vic. Renfe tiene previsto desdoblar íntegramente la vía hasta la
estación de La Garriga, con lo que lograría incrementar las frecuencias.
El Gobierno catalán desearía que el traspaso de Cercanías se hiciera cuando
estos problemas estuvieran en vías de solución y las inversiones del
Gobierno central, comprometidas. Parte de estos problemas derivan del éxito
del servicio, tras las reformas hechas en los años noventa, y de las
transformaciones demográficas, con la eclosión de personas que han fijado
sus residencias en la segunda corona metropolitana y que han optado por el
transporte público ante la evidencia de que uno de los problemas más serios
de la movilidad de Barcelona son sus accesos, colapsados casi diariamente en
las horas punta.
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EL PAÍS
18-12-2004
A propósito de la huerta inmobiliaria
El autor afirma que en Murcia es donde más cara se paga el agua, donde más
se evitan las pérdidas y donde se hace un uso ejemplar de la misma, acorde
con la Directiva Europea.
ANTONIO CERDÁ CERDÁ
El pasado domingo, 21 de noviembre, EL PAÍS publicó un reportaje titulado La
huerta inmobiliaria, en el que determinadas voces vertían ataques y
acusaciones sobre mala gestión del agua en la Comunidad de Murcia,
despilfarros, supuestos robos, mercados negros y demás artillería pesada que
redundan en el descrédito de la imagen de Murcia en el exterior, imagen que,
en su día, fue sintetizada en el eslogan "Murcia, la huerta de Europa".
Estos ataques ya fueron virulentos cuando se tramitaba el Plan Hidrológico
Nacional y los murcianos esperábamos como agua de mayo el trasvase del Ebro.
Ahora se repiten otra vez con parecidos argumentos, medias verdades y
generalizaciones que convierten en sospechoso a todo quisque y olvidan la
auténtica realidad: que en esta región es donde más cara se paga el agua,
donde más se evitan las pérdidas y donde, en definitiva, se hace un uso
ejemplar de la misma, acorde con la Directiva Europea del Agua.
Hemos vuelto a leer en la prensa las mismas acusaciones de antaño, una y mil
veces respondidas con datos concluyentes por el Gobierno regional. Una de
estas acusaciones es que la Ley del Suelo ha dejado sin protección 15.000
hectáreas de espacios naturales con fines especulativos. Falso. La realidad
es como sigue: la citada ley redujo la superficie protegida en 14.879
hectáreas al adaptar los límites de los espacios naturales a los propuestos
como Lugares de Interés Comunitario (LIC). De éstas, 6.305 hectáreas se
corresponden con zonas de cultivos agrícolas de limoneros, frutales,
invernaderos etc., algunos con más de 20 años de existencia. Son zonas, por
tanto, que carecen de valor ambiental y desde el punto de vista de la flora
y fauna naturales. A terrenos forestales corresponden 7.764 hectáreas,
algunos de ellos son montes públicos, ya protegidos por la Ley de Montes. El
resto, 810 hectáreas, están calificadas como humedales, sin catalogar o
improductivas. Esta explicación quedaría corta si no añadimos lo siguiente:
con la Ley 4/92, elaborada por un Gobierno del PSOE y en vigor a fecha
31-12-1999, las hectáreas protegidas eran 77.847. La delimitación de estas
superficies se realizó de manera un tanto arbitraria en un despacho, sobre
un mapa, teniendo en cuenta las curvas de nivel, pero sin pisar el terreno
en cuestión. Por el contrario, el Gobierno del PP multiplicó por tres la
superficie protegida por la Ley 4/92, teniendo en cuenta los LIC (164.075
hectáreas) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (205.031
hectáreas). Eso sin contar los LIC marinos (otras 180.837 hectáreas). Todo
ello nos lleva a concluir que el auténtico avance en la protección y
conservación del medio ambiente se ha llevado a cabo desde que gobierna el
PP en la Región de Murcia.
Sin embargo, responsables políticos del PSOE insisten en el meollo de la
acusación. El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura
declaraba en este reportaje que "el cultivo de viviendas es uno de los
principales problemas que tendrá que afrontar la región", a sabiendas de que
el consumo humano representa un porcentaje significativamente inferior al
consumo agrícola de agua, que alcanza el 80%. También aludía a la existencia
de unas 25.000 hectáreas de regadío más que en 1986. ¿Otra vez los regadíos
ilegales? Nada de eso. El citado aumento de las hectáreas de regadío dentro
de los perímetros regables del trasvase Tajo-Segura se justifica por la
evidente mejora en la gestión del agua lograda por el Gobierno del PP, que
ha conseguido pasar de una media de 250 hectómetros cúbicos trasvasados
durante la etapa socialista, a una media de 507 hectómetros cúbicos (algunos
años se llegó a los 600 hectómetros cúbicos), todo ello sin hipotecar los
embalses de cabecera y trasvasando solamente los excedentes. Aun así, de las
192.000 hectáreas contempladas en el Plan de Cuenca y por tanto autorizadas
por ley, sólo se riegan 160.000, porque no hay agua para más. Recientemente
se celebró en Murcia el XXV aniversario del trasvase Tajo-Segura, una
infraestructura que ha demostrado su eficacia durante todo este tiempo y ha
permitido que nuestra región sea lo que es hoy día en materia agrícola. Lo
que algunos creen haber descubierto recientemente, la denominada "nueva
cultura del agua", es algo que se viene practicando en las aguas trasvasadas
desde el Tajo a la Región de Murcia desde hace 25 años. Aquí se mide
escrupulosamente el agua, se paga seis o siete veces más cara que la media
en toda España y se utiliza eficazmente.
A los que critican que en Murcia "quieren el agua para hacer campos de golf"
habría que explicarles que en la Región de Murcia el riego de estos campos
se hace con recursos no convencionales, bien reutilizando aguas depuradas o
las procedentes de desalación. El Gobierno regional siempre velará por que
pueda coexistir nuestra agricultura de alto valor comercial y el desarrollo
turístico. Para ello los nuevos desarrollos urbanísticos que surjan en la
región, sobre todo en el litoral, deberán asegurarse sus propias fuentes de
suministro de agua, mediante la construcción de pequeñas desalinizadoras, y
conseguir nuevos caudales a través de la reutilización y depuración.
Por último, respecto a la existencia de pozos ilegales, mercados negros del
agua y demás irregularidades denunciadas por técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Segura con extracciones de hasta 200 hectómetros cúbicos,
hay que decir que la propia Confederación Hidrográfica ha reconocido
recientemente (diario La Verdad, 30-11-2004) que no tiene forma de conocer
los daños para el dominio público hidráulico que hayan podido causar las
supuestas extracciones ilegales de agua en la cuenca. Añade, además, este
organismo que no se responsabiliza de ningún dato o cifra que hayan
trascendido públicamente de las diligencias practicadas por el fiscal de
Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las cuales se
siguen ahora en los tribunales murcianos. Es necesario que la justicia se
pronuncie de una vez sobre estos casos. Que los posibles infractores de la
ley tengan el merecido castigo, pero que se deje de cuestionar el buen hacer
del colectivo de los agricultores murcianos, que son, a fin de cuentas, los
que salen perjudicados. Ninguna de estas acusaciones puede poner en
entredicho lo más esencial: la cultura milenaria (que no nueva) de los
murcianos para saber aprovechar el agua hasta la última gota y que se
traduce actualmente en la modernización de los regadíos, que llega hasta el
80%, y en el aprovechamiento de más de 80 hectómetros cúbicos de aguas
depuradas. De otra cosa puede que no, pero de ahorro y buen uso del agua sí
que podemos dar ejemplo a otras regiones.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
19-12-2004
Una cadena humana reivindica en Cullera el futuro del río Júcar y la
supervivencia de L'Albufera
XAVIER ESPANYA - Alzira
Varios centenares de personas (más de 800 según los organizadores)
convocadas por la plataforma Xúquer Viu se apostaron ayer en un puente de
Cullera y abrazaron de forma simbólica el río Júcar formando una cadena
humana para reivindicar su supervivencia junto a la del lago de L'Albufera
porque, en su opinión, se encuentran "en grave peligro" si se consuma el
proyecto de trasvase al río Vinalopó.
A la concentración acudieron también alcaldes, ediles y dirigentes del PSPV,
Bloc, Esquerra Unida, ERPV y Els Verds del País Valencia, además de
representantes de las mancomunidades de La Ribera Alta y Baixa. Mostró su
solidaridad el sociólogo Josep Vicent Marqués, que formó también parte de la
cadena humana.
Los convocantes colgaron dos pancartas en los pretiles del puente más
próximos a la desembocadura del Júcar en las que se reflejaban sus
principales reivindicaciones. Pel Xúquer y l'Albufera vius y No al
transvasament, rezaban.
Las aguas que circulan bajo este último puente de piedra contienen unos
elevados índices de salinización según denunció el dirigente de Els Verds
del País Valencia Joan Francesc Peris. La intrusión marina que se produce
durante los tres últimos kilómetros del río está perjudicando los cultivos
de huerta próximos al parque natural de L'Albufera, lago que según Peris
"está en peligro de muerte". Peris reclamó a la ministra de medio ambiente
Cristina Narbona que aplique los "mismos criterios de sostenibilidad que
sirvieron para anular el trasvase del Ebro, para que el del Júcar al
Vinalopó no se realice".
Por su parte el presidente de la mancomunidad de municipios de La Ribera
Baixa, Antoni Cuñar (EU), insistió en el escaso caudal de agua y la carencia
de excedentes que a su juicio hacen que el trasvase al Vinalopó sea
"inviable". El alcalde de Sueca, el socialista Salvador Gil, resaltó el
acuerdo de la ejecutiva comarcal de proponer al partido "un debate interno
con el fin de reflexionar sobre la idoneidad del trasvase". Gil hizo
hincapié en que los socialistas de la Ribera Baixa respaldan las
reivindicaciones de la plataforma Xúquer Viu.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
19-12-2004
Protesta en Cullera contra el trasvase Júcar-Vinalopó
Varios cientos de personas secundaron ayer la convocatoria de la plataforma
Xúquer Viu y acudieron al Pont de Pedra, en Cullera, para participar en una
simbólica cadena humana que "abrazó" el Júcar en reivindicación de su
supervivencia y la del lago de L'Albufera. A la protesta se sumaron alcaldes
del PSPV, EUPV, el Bloc Nacionalista Valencià, Els Verds del País Valencià y
ERPV de la comarca de La Ribera. Los manifestantes, que colgaron en la zona
pancartas en las que se leía Pel Xúquer y l'Albufera vius y No al
transvasament, reclamaron la paralización, como ha ocurrido con el del Ebro,
del proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
18-12-2004
Partidos de izquierda apoyan un manifiesto para recuperar el Júcar
El documento rechaza el trasvase al Vinalopó y la sobreexplotación del río
EL PAÍS / AGENCIAS - Valencia
Los partidos Esquerra Republicana del País Valencià, el Bloc, Esquerra
Unida, Els Verds, Esquerra Ecologista y la plataforma Xúquer Viu presentaron
ayer el manifiesto que bajo el lema Compromís pel Xúquer i l'Albufera
ofrecerán hasta el 21 de enero a formaciones políticas y asociaciones para
su adhesión. Estos partidos defenderán la recuperación del Xúquer y de
L'Albufera desde las instituciones en las que están representados. Entre
otros, el manifiesto considera "compromisos irrenunciables" la recuperación
integral del río y su entorno, detener la sobreexplotación de los acuíferos,
luchar contra la transferencia de aguas y reducir los vertidos a L'Albufera.
El eurodiputado verde David Hammerstein mostró su satisfacción por que "el
proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó está herido y la Comisión Europea
responsable de su aprobación tiene serias dudas sobre la viabilidad
medioambiental". En la misma línea, el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz,
dijo que el trasvase es "inviable" y aseguró que la Comisión Europea bloquea
los fondos asignados "porque no se cumplen las condiciones de sostenibilidad
ambiental". Antonio Estevan, por la Fundación Nueva Cultura del Agua,
recalcó que la Comisión no aportará financiación "hasta que se aclaren las
dudas", y se declaró "muy sorprendido" de que el Gobierno envíe informes a
Bruselas para garantizar la viabilidad del trasvase al Vinalopó, "cuando eso
es lo que estudia la comisión técnica" que se reúne en la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) para fijar un caudal ecológico para el río.
El Gobierno explicará en Bruselas en enero varios informes sobre el
proyecto. Fuentes de la CHJ afirman que la financiación no está bloqueada y
que se facilitará a la Comisión la información exigida. Ésta pidió una
reunión en octubre y la tardanza en recibir una respuesta por parte del
Gobierno ha causado malestar en Bruselas, que quiere ver cumplidas y
aseguradas las condiciones medioambientales impuestas al trasvase antes de
cofinanciar la obra, que ya recibe fondos europeos a través de otros
programas.
El portavoz de L'Entesa, Carles Arnal, reclamó "más pedagogía para que todo
el mundo se entere de que del agua del Vinalopó no se beneficiarán
precisamente los agricultores". El secretario general del Bloc, Enric
Morera, reclamó al PSOE que dé "un paso valiente" y denuncie un modelo
turístico "totalmente insostenible". La coordinadora general de EU, Glòria
Marcos, destacó la ausencia del PSPV. El diputado nacional de ERPV, Agustín
Cerdà, criticó la "política de todo por el ladrillo" del Consell.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
18-12-2004
Vecinos de Tetuán denuncian ante el fiscal el futuro túnel que enlazará con
la M-30
El nuevo trazado incluye la construcción de un muro que tapa el histórico
viaducto de Amaniel
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid
Una veintena de vecinos de Tetuán, respaldada por el grupo municipal de IU,
ha llevado ante la Fiscalía de Madrid uno de los proyectos vinculados a la
reforma de la M-30: la construcción de un túnel de 1.300 metros para acceder
a esa vía desde Tetuán. Los residentes presentaron ayer su denuncia ante el
ministerio fiscal y en ella acusan a la Concejalía de Urbanismo de un delito
contra la ordenación del territorio y otro contra el patrimonio histórico.
El proyecto de obra incluye la construcción de un muro delante del antiguo
acueducto de Amaniel, del siglo XIX, que quedará así parcialmente oculto. El
Ayuntamiento ya tuvo que rectificar hace seis meses el proyecto de obra
inicial, que preveía demoler el histórico acueducto. La portavoz de IU, Inés
Sabanés -que ayer acompañó a los vecinos al juzgado-, denunció entonces que
la construcción del túnel iba a acabar con un monumento que goza de la
máxima protección en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).
El gobierno dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón entonó el mea culpa, alegó
que los técnicos no se habían percatado de que ese acueducto estuviese
protegido y cambió el proyecto.
El nuevo trazado ha salido ya a concurso y será adjudicado a mediados del
próximo enero. La obra comenzará en febrero, durará dos años y costará 73,5
millones. El túnel, de 1.284 metros, arrancará en la calle de Sor Ángela de
la Cruz, discurrirá bajo la del Marqués de Viana, atravesará bajo tierra el
parque de Agustín Rodríguez Sahagún y saldrá a la superficie en la calle de
Villaamil; después el nuevo viario seguirá 600 metros más hasta la glorieta
del Valle del Arce, ya próxima a la avenida de la Ilustración (el nombre que
recibe la M-30 en su tramo norte).
A mitad de Marqués de Viana, en la confluencia con la calle del Matadero,
habrá una segunda boca del túnel. Esa entrada, que antes de la modificación
del proyecto quedaba justo a la altura del acueducto y ahora se ha
adelantado, tendrá su rampa frente a la entrada del colegio Juan Ramón
Jiménez.
Lo que los vecinos denuncian ahora, con el apoyo de IU -que va a presentar
en breve su propia demanda por la vía contencioso-administrativa, además de
acudir al Defensor del Pueblo y a la Comunidad- es que el nuevo proyecto de
obra, aunque respeta el acueducto (ubicado al final de Marqués de Viana), lo
oculta detrás de un muro de 10 metros, "en una situación absolutamente
incoherente con su valor patrimonial".
Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo alegan que la construcción de ese
muro es necesaria. Y lo es porque la reordenación que se va a acometer en
toda la zona incluye desplazar unos 60 metros hacia el oeste el actual paseo
de la Dirección, que atraviesa Marqués de Viana. Este paseo quedará elevado
sobre el resto del terreno, porque en ese punto la calle de Marqués de Viana
se hunde creando una especie de vaguada que conecta con el parque de Agustín
Rodríguez Sahagún (ver gráfico).
"Milagros no hacemos"
Para salvar ese desnivel y evitar que se produzcan "derrames" del terreno
que dañen el acueducto, se va a construir el muro, que además reforzará los
cimientos del monumento para protegerlo del túnel. "Estamos de acuerdo en
salvar el acueducto, pero milagros no podemos hacer. Si hay que protegerlo
hay que levantar ese muro", explican los técnicos.
Los vecinos, por el contrario, sostienen que la cosa se solucionaría dejando
el paseo de la Dirección donde está, y añaden que su desplazamiento vulnera
el Plan General de Ordenación Urbana. Ése es el motivo por el cual la
denuncia presentada ayer acusa también al gobierno municipal de un delito
contra la ordenación del territorio. "Al cambiar de lugar el paseo están
realizando una modificación del Plan General. Eso requeriría someter el
proyecto a un periodo de información pública", afirma Daniel Álvarez,
coordinador de IU en Tetuán. Y añade: "Exigimos que se cumpla ese trámite
para poder presentar alegaciones. La principal, que el túnel no es
necesario. Si quieren gastarse millones de euros, tenemos una larga lista de
cosas que el distrito necesita más".
Los técnicos de Urbanismo sostienen que la obra no sólo no vulnera el PGOUM,
sino que garantiza su cumplimiento. "El Plan General remite a una ficha para
esa área que dice expresamente que el paseo de la Dirección hay que
desplazarlo 60 metros, y eso es lo que está en el proyecto de obra", asegura
José María Ortega, director de Desarrollo de Infraestructuras del
Ayuntamiento. La remodelación de Marqués de Viana obligará asimismo a
expropiar o demoler varias edificaciones levantadas en los márgenes de
Marqués de Viana "en contra de lo establecido por el Plan General", según
Ortega. Eso permitirá ensanchar la calle, que pasará de 30 a 40 metros, y
ampliar aceras. "Será un bulevar arbolado", dice.
Los residentes están preocupados también por el futuro que le espera al
rastrillo de Tetuán, que todos los domingos toma la calle del Marqués de
Viana. Mientras duren las obras los puestos serán trasladados a la avenida
de Asturias. Después, nadie se compromete a que vuelvan a su sitio. "Es un
mercadillo emblemático, el segundo de Madrid después del Rastro. No pueden
llevárselo", protestaba ayer Adolfo Ferrero, vecino del barrio, frente a la
sede de la fiscalía en los juzgados de la plaza de Castilla. En Urbanismo
indican que la decisión la tomará la junta del distrito.
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“La Nueva España”
18 de diciembre de 2004
La patronal elogia ahora la política de obra pública de Areces y critica al
PP
Martínez denuncia «falta de entusiasmo» ante el avance del plan de El Musel,
en alusión a la dirección popular
Oviedo, L. G.
La asamblea de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) examinó
ayer, como cada año, la marcha del sector regional. Y esta vez el balance
fue en parte distinto al de otras ocasiones cuando la patronal se detuvo a
evaluar la política de obra pública del Gobierno del Principado: si en
asambleas anteriores fueron habituales los reproches al Ejecutivo de Vicente
Álvarez Areces, ayer Serafín Abilio Martínez, presidente de la patronal
mostró explícitamente la «felicitación» del gremio por los niveles de
licitación (tramitación de obras) alcanzados en 2004, al tiempo que criticó
la actitud del PP ante la muy reciente aprobación de las ayudas europeas al
proyecto de ampliación del puerto de El Musel.
Los últimos acontecimientos en torno a la obra de El Musel, con 580 millones
de euros que durante cuatro años amplificarán la actividad del sector del
ladrillo y el cemento en Asturias, marcó el clima de un cónclave que los
constructores siempre comparten con representantes del Gobierno asturiano.
Ayer acudieron al encuentro el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía; la de Vivienda,
Laura González, y varios directores generales. También, el presidente de la
Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexac.
«En cuanto a licitación se han cumplido todos los compromisos en todos los
frentes, por lo cual nuestra felicitación», dijo Serafín Abilio Martínez, y
destacó la muy reciente tramitación de tres obras singulares: el Hospital
Central de Asturias, el desdoblamiento de la AS-18 Oviedo-Gijón (ambas del
Principado) y la ampliación de El Musel.
«Es la mayor obra que de haya hecho en Asturias y sus resultados finales
representan de manera clara y contundente una de las condiciones para hablar
del futuro económico de esta región», añadió el presidente de la CAC sobre
la intervención en el puerto. Y añadió: «Esto llegó (la aprobación de las
ayudas de la UE a la obra gijonesa); es una realidad, y no lo hemos pedido
todos, hubo alguien que se escondió o que se manifestó en contra. No es
entendible. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por apoyar públicamente
el éxito de esta operación, de esta realidad necesaria para Asturias».
Abilio Martínez evitó aclarar expresamente a quién o quiénes dirigía esa
crítica, pero, como dio a entender a continuación, se refería al PP. «Hubo
primero manifestaciones que hemos podido leer y después otra actitud de
silencio atípica cuando se produce un hecho como este. Una obra como la de
El Musel requeriría una reacción de bastante más de entusiasmo». A finales
de la pasada semana, dirigentes del PP habían cuestionado el compromiso del
Gobierno de Vicente Álvarez Areces, con la obra de Gijón.
Los constructores, además, reiteraron al Principado su oferta de participar
en la financiación de infraestructuras u obras medioambientales, «para
generar más actividad». El consejero González Buendía echó las cuentas de la
actividad que en licitación ha generado este año la Administración regional:
454 millones de euros.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
18-12-2004
Sanción al Ayuntamiento de Madrid por vertidos ilegales al Manzanares
La Confederación Hidrográfica impone una multa de 12.000 euros
ESTHER SÁNCHEZ - Madrid
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha sancionado con 12.000 euros
al Ayuntamiento de Madrid por verter aguas residuales al río Manzanares con
valores contaminantes superiores a los permitidos. Uno de los vertidos se
produjo desde la estación depuradora (EDAR) de Butarque, en Madrid, y otro
desde la EDAR sur, en Getafe. La denuncia partió de la CHT el 22 de octubre
de 2003 tras realizar un control rutinario. El Ayuntamiento de Madrid admite
que la Confederación detectó en una muestra tomada en la depuradora de
Butarque que el agua que se estaba vertiendo al Manzanares no cumplía las
condiciones impuestas por este organismo. "Pero fue únicamente una muestra
de las 11 realizadas", aclara un técnico del Ayuntamiento. La razón de esta
anomalía, según indican fuentes del Consistorio, se debió a que en ese
momento estaba averiado uno de los decantadores que se emplean en el proceso
de limpieza de las aguas.
El Ayuntamiento interpuso un recurso contra el expediente sancionador
abierto por la CHT al considerar que una sola muestra con los parámetros
contaminantes más altos no significaba que se hubiera producido un vertido
de aguas residuales al río. "Además, es necesario tomar muestras durante 24
horas, no una sola", explica un técnico del Ayuntamiento.
Situación puntual
En el caso de la depuradora sur, el Consistorio indica que el vertido se
debió a que en la planta se produjo una situación puntual anómala debido a
una avería. "Uno de los elementos de la instalación funcionaba
incorrectamente. Pero tanto en un caso como en otro se le comunicó a la
Confederación inmediatamente", afirma el técnico. Al mismo tiempo, explica
que el proceso de depuración es biológico, no mecánico, y que un caso
esporádico de mal funcionamiento no implica que el fallo sea general.
A pesar de estas alegaciones, la CHT ha considerado que los hechos están
probados y ha impuesto al Ayuntamiento una sanción de 12.000 euros, 6.000
por cada infracción. "Las alegaciones que presentó el municipio no
desvirtúan los hechos, por lo tanto, se multa el incumplimiento de la
autorización para vertido de aguas", indica un portavoz de la CHT. El
municipio tiene permiso para evacuar agua al río desde estas depuradoras,
pero cumpliendo ciertos requisitos de calidad.
Ahora el Ayuntamiento puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el plazo de dos meses desde el momento en el que se les
notifique. Desde el Ayuntamiento aseguran que hasta la fecha noArtículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 19/12/2004 - Modificar
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