
José Bono, Josep Antoni Duran Lleida (CiU), Gustavo de Arístegui (PP) y Alex Saiz (PSOE) junto al dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang
Esta foto es un poema, un canto a la doble moral de nuestra clase política. Mientras discuten si se legaliza o no un partido porque ha condenado la violencia y para algunos no es de fiar, una delegación del Congreso de los Diputados español se reúne, almuerza, conversa, estrecha la mano de Teodoro Obiang; el dictador ecuatoriano que secuestra ilegalmente, tortura y ejecuta arbitrariamente.
Cuando uno viola derechos humanos pero en su suelo tiene intereses de grandes empresas españolas trasnacionales todo vale.
En Guinea Ecuatorial hay un dictador soportado y sostenido por intereses económicos que no entienden de derechos humanos a la hora de aumentar su margen de beneficios. Esto dice la introducción del informe 2010 de Amnistía Internacional acerca de Guinea Ecuatorial: “Un presunto ataque en febrero contra el palacio presidencial en la capital, Malabo, dio lugar a la detención arbitraria de opositores políticos y otras personas, todas las cuales parecían ser presas de conciencia. Los detenidos fueron torturados con impunidad. Según se afirmó, unos soldados mataron de forma ilegítima al menos a dos personas. Los presos continuaban recluidos en régimen de incomunicación, algunos en celdas de aislamiento, con acceso limitado o nulo a aire fresco y luz del día. Decenas de familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en varias ciudades y centenares continuaban en peligro de correr la misma suerte“.
Esa doble moral es un reflejo del uso que se ha hecho a menudo de las consecuencias del terrorismo de ETA en un país donde se puede analtecer libremente a una dictadura que generó decenas de miles de desaparecidos.
Posdata: Viendo esa foto uno comprende que José Bono no haya retirado de la galería del Congreso de los Diputados los cuadros de los tres presidentes de las cortes franquistas que alcanzaron el cargo gracias al uso de la violencia. Es decir; en nuestro parlamento se exhiben retratos de golopistas que colaboraron en el asesinato de miles de civiles y en el secuestro de la democracia durante cuarenta años. Pero si alguien exhibe una fotografía de un preso de ETA que cumple condena por sus crímenes, lo llevan directamente ante el juez.
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