Secciones: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria - Prensa / Medios comunicaciónTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología 7/12/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 EL PAÍS
06-12-2004
La Cumbre Mundial del Clima arranca con un nuevo horizonte después de Kioto
2 “El Periódico”
6 de diciembre de 2004
La falta de transporte público dispara en Badalona la emisión de CO2
3 EL PAÍS
06-12-2004
España apuesta por cumplir
4 EL PAÍS – Catalunya
05-12-2004
El retraso en programas de medio ambiente pone en peligro subvenciones
europeas para el AVE
5 EL PAÍS – Catalunya
06-12-2004
Los expertos del Congreso de Turismo advierten de que la presión urbanística
ha saturado el litoral
6 EL PAÍS
06-12-2004
La temperatura media puede subir 5,8 grados
7 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
05-12-2004
Partidos, ecologistas y asociaciones cívicas se movilizan en La Safor contra
la construcción de tres macrourbanizaciones
8 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
05-12-2004
¿Quién teme al auge del golf?
9 “Levante”
5 de diciembre de 2004
El Xúquer i la teoria de l´aquari
10 EL PAÍS
06-12-2004
Hacia un sistema de I+D+i más dinámico y eficaz
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EL PAÍS
06-12-2004
La Cumbre Mundial del Clima arranca con un nuevo horizonte después de Kioto
La reunión de Buenos Aires aborda la aplicación del protocolo, que entra en
vigor en febrero
ALICIA RIVERA (ENVIADA ESPECIAL) - Buenos Aires
Los representantes de 189 países se reúnen a partir de hoy en Buenos Aires
en la Cumbre Mundial del Clima, que por primera vez se celebra con el
Protocolo de Kioto listo para entrar en vigor. El reto de su cumplimiento,
una ardua tarea para casi todos los países -incluida España-, obligados por
el mismo a contener sus emisiones de gases de efecto invernadero, destacará
en la conferencia. Pero el debate sobre el problema del calentamiento global
asume en esta cumbre un nuevo horizonte al abordar los pasos a dar más allá
de las primeras obligaciones de Kioto. Para los expertos, la cumbre de
Buenos Aires es el principio de una nueva etapa, con la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto. Un gran protagonismo tendrá también la adaptación a los
efectos del cambio climático. La cumbre, denominada 10ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP-10, en sus siglas inglesas abreviadas), se desarrolla hasta el día 17 y
en los últimos días se celebrará la fase de alto nivel, con participación de
numerosos ministros.
"Además de la preparación para la entrada en vigor del Protocolo de Kioto,
la conferencia de Buenos Aires evaluará los progresos hechos con la
convención [de cambio climático], desarrollará un marco para la cooperación
internacional acerca de la adaptación a los impactos negativos del cambio
climático y abordará las cuestiones relativas al apoyo a los países en
desarrollo", anticipa la secretaria de la convención.
El Protocolo entrará oficialmente en vigor el próximo 16 de febrero, 90 días
después de hacerse efectiva la ratificación de Rusia, que ha completado el
mínimo necesario de países adheridos.
Entusiasmo
"La principal diferencia entre esta conferencia y las últimas será el buen
humor: en Nueva Delhi y en Milán [donde se celebraron las cumbres de 2002 y
2003, respectivamente] campeaba la incertidumbre sobre el futuro del
Protocolo de Kioto", ha declarado a EL PAÍS, desde Buenos Aires, el
diplomático argentino Raúl Estrada Oyela, que presidió la negociación del
protocolo. "Yo confiaba en su entrada en vigor", continúa, "pero ahora todos
sabemos que rige a partir de febrero y por eso hay entusiamo. Es, además, la
hora de prepararse para implementarlo, lo que requiere dedicación y
esfuerzo".
Junto al entusiasmo que muchos auguran para esta cumbre, planean también las
dificultades que entraña su cumplimiento para la mayoría de los países.
Incluso en la UE, que ha asumido el papel de liderazgo mundial en este
proceso, los niveles de emisiones están en muchos casos muy lejos de los
objetivos fijados.
El protocolo, que han ratificado ya 129 países, fija objetivos de reducción
o contención de emisiones de gases de efecto invernadero para los países
desarrollados de manera que, en el plazo 2008-2012, éstas sean en conjunto
un 5,2% inferiores a las de 1990. "Su entrada en vigor supone una victoria
de la apuesta de Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático",
comenta Teresa Ribera, directora de la Oficina Española de Cambio Climático.
Sólo cuatro países industrializados no han ratificado el acuerdo: EE UU,
Australia, Liechtenstein y Mónaco. Los dos primeros han declarado que no
piensan hacerlo, y entre ambos -sobre todo por el peso de EE UU- suman más
del 30% de los gases emitidos por el mundo desarrollado. EE UU participa en
la COP-10 como miembro de la convención de cambio climático, aunque se
mantiene firme en su rechazo de "los objetivos concretos cuantificados y los
calendarios".
En esta cumbre emerge oficialmente el debate acerca de las medidas a tomar
después de 2008-2012. Los expertos exploran diferentes enfoques, como
establecer objetivos que tengan en cuenta las emisiones per cápita en lugar
de emisiones por países, considerar los sectores económicos, establecer
calendarios flexibles o combinar varias opciones.
Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente), resalta
la importancia de plantear, primero en la UE, pero también en el debate
multilateral, el principio de equidad del reparto de los esfuerzos para
hacer frente al problema del clima. "España es el país que más incumple el
Protocolo de Kioto en la UE, pero las emisiones españolas per cápita son un
20% inferiores a la media comunitaria", recuerda.
De cara al futuro, está volviendo la atención hacia la convención, que es la
base de la protección del planeta frente al cambio climático inducido por
las actividades humanas. Para muchos podría servir de soporte no sólo para
futuras acciones, sino tal vez también para buscar incentivos y nuevos
caminos que permitan ir incorporando al proceso a EE UU y a países en vías
de desarrollo como India y China. Esto no significaría una alternativa al
Protocolo de Kioto, advierten los expertos, sino una forma de reforzarlo y
de potenciar la participación del máximo de países en el esfuerzo, que debe
ser global para hacer frente a un problema que lo es.
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“El Periódico”
6 de diciembre de 2004
La falta de transporte público dispara en Badalona la emisión de CO2
MANUEL CABELLO. BADALONA
Badalona ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera
el 43% en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2003, cuando el
protocolo de Kioto señala que el incremento máximo en España debía ser sólo
del 15%. La edil de Medio Ambiente, Muntsa Niso, achaca esta situación al
uso excesivo del coche particular, debido al déficit de transporte público
que sufre la ciudad. Este dato figura en la memoria ambiental presentada
este fin de semana por el ayuntamiento.
La media de vehículos en Badalona es de uno y medio por cada familia
(formada por tres miembros). Para que la ciudad pudiera absorber las
emisiones de CO2 que produce sería necesario reforestar una superficie
equivalente a 68 veces la extensión de Badalona, es decir, un frondoso
bosque de 1.496 kilómetros cuadrados. El dióxido de carbono es el principal
causante del efecto invernadero y del recalentamiento de la Tierra.
ESFUERZO
El informe destaca el esfuerzo de los ciudadanos por reducir el consumo de
agua, ya que los badaloneses gastaron en el 2003 una media diaria de 114
litros, cuatro menos que en el 2002. La ciudad también está por debajo de la
media metropolitana en residuos: 1,21 kilos de basura al día por persona,
frente a 1,49 en el resto del área metropolitana.
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EL PAÍS
06-12-2004
España apuesta por cumplir
A. R. / S. C. - Madrid
España, que, según los acuerdos para cumplir el Protocolo de Kioto, no puede
superar un aumento del 15% de sus emisiones de 1990 para el plazo 2008-2012,
está ya en el 40% de incremento, siendo el país de la UE que más se aleja de
sus compromisos. Pero el Gobierno del PSOE "ha hecho una apuesta decidida
por el cumplimiento de las obligaciones del protocolo y la normativa
comunitaria correspondiente", recordó Arturo Gonzalo Aizpiri en vísperas del
comienzo de la cumbre de Buenos Aires. En los últimos seis meses se han
puesto en marcha varias medidas para lograrlo, explicó. Entre las más
urgentes, de cara al mercado de emisiones de la UE, estaban pendientes las
referidas a los cupos de emisión por sectores.
Ahora, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado
el Plan de Asignación de Emisiones, que detalla los derechos de emisión
gratuitos concedidos a 927 instalaciones industriales hasta 2007. El
Gobierno aprobará el plan definitivo en el último Consejo de Ministros del
año. Según el plan aprobado, la mayor parte de los derechos gratuitos de
emisión de gases (84,5 millones de toneladas anuales de un total autorizado
de 168,2 millones) corresponderá, como estaba previsto, a las compañías
eléctricas. Lo más destacado del listado aprobado ya es que pone de relieve
la apuesta del Gobierno por la utilización del gas natural para producir
electricidad en detrimento del carbón, más contaminante.
En cuanto a la actuación de cara a la cumbre de Buenos Aires, Teresa Ribera,
directora de la Oficina Española de Cambio Climático, destaca la labor
emprendida en los últimos meses de cooperación con los países de América
Latina, formando una red de oficinas del clima que se presentará
oficialmente en esta conferencia.
La delegación española, integrada por 40 personas, estará presidida por la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con una representación de alto
nivel del Ministerio de Industria y Energía. También estarán representantes
de cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Aragón y País Vasco),
que han aceptado la invitación de Medio Ambiente a todas las comunidades.
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EL PAÍS – Catalunya
05-12-2004
El retraso en programas de medio ambiente pone en peligro subvenciones
europeas para el AVE
La Comisión amenazó con eliminar ayudas por la falta de definición de las
zonas que proteger
FRANCESC ARROYO - Barcelona
Las ayudas europeas para la construcción del tramo de alta velocidad entre
Figueres y Perpiñán estuvieron a punto de perderse debido a que el Gobierno
catalán no había completado la designación de los lugares que proteger en la
red Natura 2000. Una carta de la Dirección General de Energía y Transportes
notificó al Gobierno central que las ayudas serían "congeladas" y que se
perderían si no llegaban los informes a tiempo. El Ministerio de Fomento
notificó los hechos al Departamento de Medio Ambiente, que pisó el
acelerador para enderezar el entuerto. Es la primera vez que la
Administración comunitaria equipara la importancia de los asuntos
medioambientales con las grandes infraestructuras. "Es importante que
Bruselas se tome en serio los asuntos relacionados con el medio ambiente, lo
que es lamentable es que no se lo tomara en serio el Gobierno de CiU. Por
culpa de sus retrasos hemos estado a punto de perder las subvenciones para
una obra tan importante para Cataluña como la conexión del AVE con Francia",
explicó el director de Medio Natural, Ramon Luque. Luque reconoció que se
habían producido dificultades, pero explicó que el Gobierno catalán ha
negociado con urgencia y ha conseguido que Bruselas desista, al menos de
momento, de paralizar las subvenciones a la alta velocidad. "Creo que los
hemos convencido de que estamos en el buen camino", aseguró Luque.
En los antípodas se situó el ex consejero de Medio Ambiente Ramon Espadaler:
"No tenemos nada que reprocharnos. La red Natura 2000 consta de dos partes,
la alpina, que fue entregada a Bruselas en 2001 y la mediterránea, que
estaba casi lista cuando se produjo el cambio de Gobierno. Si no había
llegado a Bruselas hay que achacarlo al tripartito". Luque, en cambio,
asegura que lo no entregado no era sólo lo relativo a la parte mediterránea:
"Faltaba también lo relativo a las zonas estépicas y a las aves y varias
partes más".
El Gobierno catalán ha tenido que correr para dar a Bruselas una respuesta
convincente, sobre todo porque, además, las comunicaciones no son siempre
directas. Aunque Luque dirigió de inmediato una carta a la comisaria Margot
Wallstrom, los documentos han tenido que ser tramitados a través del
Ministerio de Medio Ambiente, ya que los gobiernos autónomos no tienen
representación directa en la Comisión Europea. Para colmo de dilaciones, la
primera carta, desde la Dirección de Energía y Transportes, se hizo al
ministerio responsable de las obras del AVE, Fomento. Todo esto ha
complicado las cosas, pero al final, explicó un portavoz del Ministerio de
Medio Ambiente, Bruselas "ha admitido los calendarios y compromisos enviados
por la Generalitat y ha accedido a no congelar las ayudas a la alta
velocidad". El único ministerio que ignoraba cómo estaban las cosas era el
de Fomento.
Tres semanas de plazo
La carta de Energía y Transportes era contundente: daba un plazo máximo de
tres semanas para resolver la cuestión, y añadía: "En ausencia de reacción
de las autoridades en dicho plazo, lamento decirle que la financiación de
dicho proyecto [el tramo Figueres-Perpiñán de la línea de alta velocidad] en
2004 quedaría gravemente comprometida". El texto enviado por Medio Natural a
la comisaria, que al final ha servido para desatascar el asunto, explica el
calendario, con la redacción de los proyectos concluida, y precisa la
voluntad del Gobierno catalán de incluir en la Red Natura 2000 un aumento
"de 194.574 hectáreas terrestres y 42.566 marinas". Esto equivale a incluir
en la red el 6,1% del territorio. Como dato comparativo: el total de las
edificaciones existentes suponen una ocupación del 4% del territorio, según
se ha puesto de manifiesto esta semana en las jornadas organizadas en
Barcelona por el Observatorio de la Vivienda.
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EL PAÍS – Catalunya
06-12-2004
Los expertos del Congreso de Turismo advierten de que la presión urbanística
ha saturado el litoral
La construcción de viviendas en la costa creció el doble que el número de
habitantes
LLUÍS PELLICER - Barcelona
Transcurridos 50 años de la llegada del primer grupo de viajeros alemanes,
buena parte del sector turístico se ha dado cuenta de que la presión
urbanística ha vulgarizado el paisaje de estas poblaciones. El modelo
urbanístico no sólo es insostenible desde hace décadas, mantienen los
expertos que participan en el Congreso de Turismo de Cataluña, sino que
también ha dejado a estas poblaciones sin suelo para actividades
productivas. La construcción de viviendas en 20 años ha crecido el doble que
la población censada y hoy hay 54 campos de golf más que hace 14 años. "El
Plan Estratégico de Turismo anunciado por la Generalitat debe basarse en la
limitación del crecimiento urbanístico", concluyó la geógrafa de la
Universidad de Girona (UdG) Rosa Maria Fraguell en las jornadas previas al
Congreso de Turismo de Cataluña, que este mes definirá el nuevo modelo
turístico catalán.
Fraguell se refirió al crecimiento de las segundas residencias. Entre 1981 y
2001 el número de viviendas construidas aumentó casi el doble que la
población. El litoral catalán -salvo Barcelona- pasó de tener 622.246
habitantes censados a 849.877, lo que supuso un incremento del 36%, mientras
que el número de viviendas alcanzaba las 665.133, el 60,5% más. El ritmo de
construcción siguió en 2002, cuando sólo en la Costa Brava se edificaron más
de 8.000 viviendas, según otro estudio de la UdG.
De este conjunto de viviendas, el 52,5% son segundas residencias, medidas a
partir del volumen de viviendas no principales. La proporción es aún más
alta en la Costa Brava (64,6%) y la Costa Dorada (71,3%).
Muchas de las segundas residencias han crecido alrededor de instalaciones
turísticas como campos de golf o estaciones náuticas. En 1988, en Cataluña
había nueve campos de golf, de acuerdo con datos del Instituto de
Estadística de Cataluña (Idescat). Hoy ya hay 63 y se está estudiando la
construcción de 5 más. "Es cierto que las instalaciones dedicadas al golf
han racionalizado el uso del agua, pero muchos están vinculados a proyectos
de urbanización", explicó el doctor en Geografía Humana de la UdG Joan
Nogué. Estos campos representan, a su juicio, una "artificialización del
paisaje que los rodea".
Los puertos deportivos también han cambiado la imagen de las playas. En 10
años, el número de puertos se ha incrementado el 30% pasando de los 34 que
había en 1993 a los 45 de 2003, señalan datos del Idescat. "Son obstáculos
para las corrientes marinas, que cambian su rumbo y acaban por comerse las
playas", explicó Nogué.
Las ponencias académicas del congreso han reclamado el freno a las políticas
de expansión de las viviendas y han reclamado un nuevo sistema de
financiación municipal para que los ingresos municipales no dependan de la
concesión de licencias de obras.
Los alcaldes de la zona comprendida entre Lloret de Mar (Selva) y Calella
(Maresme) anunciaron la construcción de dos palacios de congresos, un gran
complejo deportivo, un parque temático y nuevas zonas de hoteles. La llegada
de gobiernos de izquierdas tras las últimas elecciones paralizó varios de
estos proyectos, pero el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier (CiU),
mantiene su intención de construir un puerto en su localidad, a pocos
kilómetros del de Blanes. "No se pueden construir más. Dicen que hay
demanda. Pero con la situación actual no podemos trasladar la masificación
al mar", remachó Nogué.
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EL PAÍS
06-12-2004
La temperatura media puede subir 5,8 grados
A. R. - Madrid
La temperatura media del planeta será a finales de siglo entre 1,4 y 5,8
grados centígrados más alta que ahora, según los resultados científicos más
recientes acerca del calentamiento de la tierra, presentados por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, de Naciones Unidas). Ese
amplio rango de temperatura de las predicciones se debe a la incertidumbre
respecto a las cantidades de gases de efecto invernadero que se emitirán, es
decir, si se reducen mucho, la temperatura media subirá 1,4 grados, y si no,
serán casi seis. Además, los científicos advierten de que resultarán
seriamente afectados los patrones meteorológicos, los recursos de agua, los
ciclos estacionales, los ecosistemas y los fenómenos climáticos extremos,
como sequías, inundaciones o huracanes.
Para empezar a hacer frente a este problema se aprobó, en 1997, el Protocolo
de Kioto. El acuerdo establece los niveles máximos de emisiones consentidos
en 2008-2012 a cada país desarrollado (la media es 5,2% inferior al nivel de
1990), así como los mecanismos que facilitan su cumplimiento, el sistema de
sanciones y las condiciones de control.
La entrada en vigor del documento significa que a partir del 16 de febrero
de 2005, "33 países industrializados estarán legalmente obligados a cumplir
los objetivos cuantitativos para reducir o limitar sus emisiones de gases de
efecto invernadero", recuerda el secretariado de la Convención de Cambio
Climático.
Además, será legal el sistema internacional de mercado de emisiones (que
permite la compra-venta de cupos de emisión entre los países
industrializados). A la vez entrará en fase de plena operación el llamado
Mecanismo de Desarrollo Limpio (por el que un país desarrollado que ponga en
marcha en uno en desarrollo un proyecto para reducir las emisiones, se
apunte en su contabilidad la reducción lograda). Otro elemento esencial del
protocolo es el Fondo de Adaptación, fijado en 2001 y que ahora empezará a
prepararse para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los
efectos negativos del cambio climático.
Impactos
Los impactos del calentamiento global preocupan mucho a los países en vías
de desarrollo y destacan en la agenda de la cumbre de Buenos Aires.
El diplomático argentino Raúl Estrada lo resume así: "Esperamos que esta
conferencia pueda señalar cómo se organizará la cooperación internacional
para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático. Los países
desarrollados tienen los recursos para prevenir las consecuencias de los
eventos climáticos extremos y la capacidad para reparar rápidamente los
daños materiales, pero los países en desarrollo aún deben obtener el
conocimiento y los medios para hacerlo".
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
05-12-2004
Entre el golf y el turismo rural
Partidos, ecologistas y asociaciones cívicas se movilizan en La Safor contra
la construcción de tres macrourbanizaciones
EVA BATALLA - Gandia
Los defensores ven abierta una puerta para erradicar la despoblación, una
alternativa económica y una vía para potenciar un turismo rural, que no
acaba de encontrar su hueco y proyección. Para los detractores, supondrá "la
pérdida de identidad" de los pueblos, un medio de obtener ganancias
"rápidas" con la venta de terrenos: "la destrucción de recursos ambientales,
agrícolas y paisajísticos". Los proyectos de construcción de tres zonas
residenciales y cuatro campos de golf en la comarca de La Safor, -en
Alfauir, Rótova, Villalonga y Palma de Gandia-, enfrentan a los
ayuntamientos que los respaldan con asociaciones cívicas, grupos ecologistas
y partidos políticos que se oponen. El debate se ha intensificado en el
último mes, después de que dos de los proyectos hayan sido publicados y
expuestos para la presentación de alegaciones. Los colectivos críticos han
iniciado movilizaciones para paralizar las nuevas urbanizaciones.
"Nuestro municipio tiene poco más de 400 habitantes. Carecemos de una serie
de servicios mínimos, como Policía Local, pediatra, matrona o atención para
los mayores. Con la actividad agrícola es imposible subsistir. ¿Qué
alternativas tenemos?". Providencia Martínez, alcaldesa de Alfauir, del
PSPV, lanza esta reflexión a quienes cuestionan su apoyo al proyecto de una
empresa que prevé construir 640 viviendas unifamiliares, un campo de golf y
un hotel entre Alfauir y Rótova.
El plan podría suponer, sólo en Alfauir, la llegada de 2.000 nuevos
habitantes. Un incremento demográfico que para la alcaldesa "no acabará con
la identidad" de la localidad. "En el municipio tenemos a diez familias
inglesas totalmente integradas. El Boletín de Información Municipal se
traduce al inglés. Participan en las fiestas locales, son parte del pueblo,
no unos agregados. ¿Por qué tendría que cambiar nuestras personalidad con
nuevos vecinos?", señala.
Alfauir es una pequeña localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Gandia. Su
perfil es similar al de muchas poblaciones de interior. Despoblación, éxodo
de jóvenes, y una actividad económica sustentada en la agricultura, poco
rentable y sin continuidad generacional. Cuenta entre sus atractivos con el
convento de Sant Jeroni de Cotalba, declarado Bien de Interés Cultural.
Precisamente una de las críticas al plan urbanístico es la posible afección
a este edificio, en cuyo entorno ya se ha dispuesto un polígono industrial.
Hace unos años Alfauir fue uno de los municipios del valle del Vernissa que
recibió ayudas de la Unión Europea (2,4 millones de euros) para el
desarrollo rural. La primera edil es propietaria de una residencia rural en
el municipio. Pero este tipo de alternativa turística no acaba de despegar.
"Hay que ofrecer actividades", señala Martínez, "nosotros tenemos montañas
pero no tenemos medios ni recursos para mejorar las sendas". Para la
alcaldesa socialista no hay duda, el proyecto abre unas prometedoras
expectativas de desarrollo y futuro para Alfauir.
De la misma opinión es el alcalde de Villalonga, Juan Ros, del PP. Una
promotora proyecta la construcción de dos campos de golf y 5.000 viviendas
en este municipio. Pero a diferencia de Alfauir, Villalonga no responde al
estereotipo de municipio del interior. Supera los 4.000 habitantes, y la
agricultura no es su principal actividad. Una empresa de pastelería
industrial y una fábrica de cerámica emplean a gran parte de la población.
Villalonga dispone de una de las mayores rentas per cápita de la comarca.
Además, en este término se encuentra la ruta del Racó del Duc y las montañas
del Circo de La Safor, un reclamo para senderistas y espacio paisajístico de
referencia. A ello hay que sumar que en su término se encuentra el acuífero
Solana-Almirant-Mustalla, que suministra agua potable a gran parte de La
Safor y es uno de los surtidores del parque natural de Pego-Oliva. El Grup
d'Estudis Medioambientals de La Safor y el Grupo Ecologista
Samaruc-Ecologistes en Acció han alertado que la construcción de 5.000
nuevas viviendas en Villalonga (15.000 nuevos consumidores) puede perjudicar
la capacidad y calidad del agua del acuífero.
Propietarios de terrenos agrícolas en Villalonga, donde está proyectada la
urbanización y los campos de golf, han empezado ya a vender parcelas. Los
precios alcanzan, según el propio Ros, los 24.000 euros por hanegada. El
alcalde niega que se esté favoreciendo la "especulación" y justifica que el
proyecto abre nuevas expectativas para el desarrollo turístico. "¿Cuál será
nuestro futuro si falla la industria?", afirma.
La visión del Ayuntamiento de la población vecina de Potries es totalmente
diferente. El alcalde de esta pequeña localidad, el nacionalista Damià
Oliver, considera que la construcción de "un nuevo pueblo" para casi 20.000
habitantes en la zona comportará una "despersonalización" de las poblaciones
del entorno. Advierte de que habrá que solucionar los accesos viarios,
garantizar el suministro de agua y solventar la depuración de aguas
residuales.
Los proyectos de Villalonga, Alfauir y Rótova se encuentran en exposición
pública. Agrupaciones sociales, culturales y políticos de La Safor reclaman
la paralización de los proyectos. Para la recién creada Plataforma pels
Pobles de La Safor, las nuevas urbanizaciones ponen en peligro "el
crecimiento razonable y sostenible de los núcleos rurales", la "gestión
responsable de los recursos naturales", y la identidad de la comarca.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
05-12-2004
¿Quién teme al auge del golf?
J. J. PÉREZ BENLLOCH
El gobierno autonómico ha anunciado una ley reguladora e impulsora de los
campos de golf en el País Valenciano. Los argumentos que aduce son
difícilmente rebatibles. Hay una demanda creciente de estas instalaciones
deportivas; su rentabilidad está constatada, como revela su abundancia y
aumento incesante; regenera espacios degradados, revalorizando los paisajes
y dinamizando social y económicamente el entorno; en nuestro caso, además,
puede descongestionar la franja litoral y contribuir al desarrollo de las
zonas interiores, respetando y aun promoviendo la flora y fauna autóctonas,
y muy especialmente los usos agrícolas. No son éstas todas sus ventajas,
pero nos parecen suficientes para justificar el proyecto.
Se objetará, obviamente, que no hay agua bastante, pues existen opciones
preferentes sobre los caudales disponibles. A lo cual, el Gobierno razona
que los campos de golf no aumentarán el déficit hídrico, pues vendrán al
mundo con su propia agua debajo del brazo, que no se regarán a costa del
consumo agrario ni podrá echarse mano de las aguas trasvasadas, si es que
algún día se realiza el PHN. Tampoco se quiere que sirvan de pretexto para
llevar a cabo vastas iniciativas urbanísticas. Unas auditorías ambientales
periódicas velarán para que se cumplan las previsiones. En fin, que no se ha
dejado nada al albur.
A mayor abundamiento, la proliferación propuesta de campos de golf no es, ni
mucho menos, consecuencia del censo de aficionados y practicantes, ni del
deseo de democratizar este deporte haciéndolo más accesible a todas las
clases y fortunas, aunque no se soslaye esta finalidad. La causa decisiva de
este planteamiento a gran escala es la necesidad de buscarle un complemento
al sector turístico, saturado de sol, playa, bocata y botellón, atrayendo
clientela más rentable y desestacionalizada. Al mismo tiempo, abrir nuevos
horizontes lucrativos al negocio inmobiliario y de la construcción,
beneficiario lógico de esa nueva demanda potencial que en buena parte se
afincará en esta reserva gerontológica que se propicia.
Sin embargo, a nadie debe chocar que en algunos segmentos sociales -la
izquierda, los ecologistas, la gente de bien, etcétera- aliente la
desconfianza y teman que a la sombra el cultivo de la cespitosa y de los
palos de golf se prolongue el saqueo y la degradación que han arruinado el
paisaje litoral. Si llevamos años confiscando de su entorno natural
algarrobos y olivos milenarios para trasplantarlos en jardines ridículos o
pretenciosos, ¿quién garantiza que no se vayan al traste paratas y
abancalamientos, oteros y secarrales que son todavía referentes de un país y
territorio que pudo ser? ¿La ley, el empresariado, los políticos? Mucho
habrán tenido que cambiar para aventar la codicia y complicidad que
ampararon tanto desmán urbanístico como luce por doquier.
Hemos anotado una desconfianza y no debemos soslayar una constatación. Nos
referimos al deslumbramiento que para ciertos gobernantes valencianos ha
podido significar el denso despliegue de campos de golf, y no sólo en la
región andaluza, donde se reproducen como hongos. "Son nuestras fábricas",
ha declarado a este respecto el consejero de Turismo de la Junta de
Andalucía. Ya se comprende, pues apenas tienen otras en la región, ni es la
industria su vocación más notable. Pero no es tal el caso valenciano, donde
sí hay, con sus achaques a cuestas, un sector industrial dinámico y
exportador, por el que debiera mirarse más el ejemplo del norte, de
Cataluña, donde la prosperidad va de consuno con el equilibrio sectorial.
Pero ahora prima más mirar hacia el sur, que no resulta sospechoso.
Bromas aparte, diríase que el Consell tiene la industria como subalterna en
el plano de sus preocupaciones. Tan es así que la Consejería de Empresa,
Universidad y Ciencia parece ser un departamento virtual, como su mismo
titular. ¿Qué planes tiene? ¿Acaso se conformará en ir cavando los hoyos y
fabricando los palos de ese enorme colador golfista que propende ser el País
Valenciano? Para eso no se necesita mucha I más D más I. El temor que nos
suscita esta súbita querencia por el golf es, precisamente, que polarice
nuestras energías y expectativas, como todo monocultivo.
MANÍACOS
He recibido un mensaje en el telefonillo móvil. Decía algo así como "no
consumas cava catalán". No he sido el único destinatario y tampoco me
sorprende este recuelo de campaña a la vista de las prédicas que airea una
TV de Valencia. Están exaltados. A lo mejor se sosegaban si alguien tuviese
la paciencia y oportunidad de divulgar la balanza comercial y el trenzado
económico entre ambas autonomías. ¿Cuál de las dos perdería más si se
bloqueasen los intercambios? Un desastre compartido. Pero la ignorancia es
muy atrevida. Sin embargo, acataré la orden: estas fiestas cambiaré el cava
por un blanco seco del Priorato. El tinto, valenciano. Brindis por los
maníacos.
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“Levante”
5 de diciembre de 2004
El Xúquer i la teoria de l´aquari
GRACIELA FERRER *
Els sectors pro-transvasament del País Valencià, entre ells l´empresari
alacantí Andrés Martínez, màxim promotor del transvasament Xúquer-Vinalopó,
sostenen per al Xúquer la teoria de l´aquari. Diuen que el riu no té un
problema de quantitat d´aigua, sinó de qualitat. Que no hi ha dèficit hídric
i que amb solucionar els problemes de depuració de les aigües i de
vessaments incontrolats serà suficient per a aconseguir una bona qualitat
mediambiental del Xúquer. Poca aigua, però neta, amb l´objectiu de burlar
les condicions de la Unió Europea i la Directiva Marc de l´Aigua. Volen
deixar un Xúquer virtual, més prop d´un parc temàtic que del riu més
important dels valencians i les valencianes.
Sembla que la nova cultura de l´aigua no siga per alguns més que una
declaració ressonant a la que s´apunten per a buidar-la de contingut.
Mentre, el riu Xúquer, el segon riu en importància del Mediterrani espanyol,
es l´únic que segueix sense tindre assignat un cabal ambiental adequat.
En efecte, per al Ter i el Llobregat el Pla de Cabals de la Generalitat
Catalana ha fixat uns cabals mínims en desembocadura de 5,5 metres cúbics
per segon per al Ter, i de 4,3 per al Llobregat. Aquests cabals representen,
per al Ter, el 21% del seu cabal mitjà en règim natural, i per al Llobregat,
el 20%.
Per a l´Ebre el Pla Hidrològic de Conca estableix per a la zona de
desembocadura un cabal ecològic de 100 m3/s. No obstant, fa anys que està
assumit per tots els sectors la xifra de 135 m3/s, que representa el 25% del
cabal mitjà, i en l´actualitat està discutint-se com elevar sensiblement
aquesta xifra.
El Segura, un riu tremendament degradat i contaminat, té una assignació
significativa de cabal ambiental en el seu Pla de Conca, que és de 4 m3/s.
Aquesta reserva equival al 19,5% del cabal natural mitjà del riu en la
desembocadura.
Per contra, la situació del Xúquer, és molt diferent. El Pla Hidrològic de
Conca fixa en 0,6 m3/s el cabal mínim des de l´embassament de Tous fins a la
presa de la Sèquia Reial a Antella. Això és tot el que la normativa vigent
li assegura al Xúquer, deixant desprotegits els últims 60 km de llit que no
tenen assignat un cabal ecològic. Per això el fet de que el Xúquer estiga
desconnectat del mar, resulta completament legal. Fins l´extrem que en els
últims 10 anys més de la meitat dels dies el cabal del riu en desembocadura
ha segut de zero. I això malgrat que tot el Baix Xúquer, des de Tous fins al
mar, està proposat com a lloc d´interès comunitari (LIC).
Ara la Comissió Europea obliga a fixar cabals ambientals a tots els rius i
alguns, en el seu atreviment, pretenen assignar al Xúquer un cabal irrisori,
fins i tot inferior al del propi Segura, demostrant una sensibilitat
completament allunyada de la Nova Cultura de l´Aigua. Al·leguen que amb un
fil d´aigua, sempre que no faça pudor i que en el puguen viure uns quants
peixets, ja és suficient. Però la Comissió Europea sabrà distingir entre un
riu i un aquari i exigirà que per a fixar els cabals ambientals dels rius
s´apliquen normes i criteris científics i internacionals. No és casual que
tots els cabals mínims ambientals fixats per als rius mediterranis oscil·len
entre un 20 i un 25%.
Però ara el Xúquer té, per primera vegada en molts anys, una veu organitzada
que el defense des de la societat valenciana. La Plataforma Xúquer Viu que
té el recolzament de desenes d´organitzacions, d´una trentena d´ajuntaments
i de milers de ciutadans i ciutadanes que el recolzen a títol individual,
està fermament decidida a aconseguir la recuperació integral del riu.
En el Xúquer s´ha d´abordar de manera urgent l´establiment de cabals
ambientals, que hauran de respectar les característiques pròpies del riu, i
utilitzar uns paràmetres semblants als que s´han seguit per a la resta de
rius mediterranis. Per tant, qualsevol proposta de determinació de cabal
ambiental que s´allunye d´aquestes consideracions, seria inacceptable per a
la comunitat científica estatal i comunitària. Per això Xúquer Viu
reivindicarà davant de l´administració i la societat valenciana un cabal
ecològic no inferior a 15 m3/s que representa el 26% del seu règim natural.
L´administració haurà d´escollir estar amb els defensors de la vella cultura
de l´aigua, que ha tingut com a màxim exponent el derogat transvasament de
l´Ebre o amb la nova cultura de l´aigua que s´oposa a un transvasament
insostenible.
Una vegada conegudes totes les xifres, la paralització definitiva de les
obres d´aquest transvasament, últim residu del derogat transvasament de
l´Ebre, es fa completament inevitable des del punt de vista ambiental,
econòmic i social. La societat valenciana no acceptarà que interessos
econòmics de sectors molt poderosos condemnen al segon riu del Mediterrani
espanyol a una mort segura o la ficció d´un aquari virtual.
xuquerviu@hotmail.com
* Signen també Roger Pons i Paco Sanz, de la Plataforma Xúquer Viu.
xxxxx
EL PAÍS
06-12-2004
Hacia un sistema de I+D+i más dinámico y eficaz
SALVADOR ORDÓÑEZ
Creo necesario empezar diciendo que estoy convencido de que el sistema
ciencia-tecnología español necesita un gran esfuerzo inversor y, aunque en
los Presupuestos Generales del Estado para 2005 el incremento de la parte
pública haya sido notablemente inferior a las expectativas, se trata de una
promesa electoral cuyo cumplimiento es prioritario. Los presupuestos
definitivos han mejorado la cifra, aunque sin llegar a lo inicialmente
esperado, pero quiero recordar que nuestro compromiso se extiende a toda la
legislatura.
Sin embargo, y sin por eso minimizar su importancia, conviene recordar que
la necesidad de más recursos públicos está lejos de ser el único problema
del sistema ciencia-tecnología-empresa español. Hay otros asuntos, tanto o
más importantes, sobre los cuales también urge actuar. En especial, su grave
e histórica dificultad para integrar a las empresas en la I+D+i y, como
consecuencia, sus serias deficiencias para convertir los resultados
científicos en beneficios económicos y sociales. Hasta ahora, todos los
intentos de resolver este problema han fracasado. Algo grave, pues eso
significa que la sociedad obtiene escasos beneficios de la actividad
científica y de los recursos dedicados a ella, que se convierten más en un
gasto que en una inversión, cuando debía ser al contrario.
Por eso, creemos que se debe abrir un gran debate social sobre el
funcionamiento del sistema ciencia-tecnología-empresa. Un debate que permita
analizarlo en profundidad y discutir soluciones con el mayor grado de
participación y consenso posibles. Dicho debate debiera culminar en un Pacto
de Estado, que defina un marco, estable y sostenible, pero no sólo para la
investigación científica, sino para todo el sistema; porque la ciencia no
puede tratarse como algo desligado del quehacer económico, sino como una
parte de un mecanismo mucho más amplio (el sistema
ciencia-tecnología-empresa), cuyo fin es el progreso económico y social, la
competitividad de nuestras empresas y la calidad de vida de los españoles.
De 1964 a 2002, casi 40 años -y calculado en moneda constante-, España
aumentó más de 33 veces su inversión en I+D (10 millones de euros en 1964 y
7.193 millones en 2002). Grosso modo y en moneda corriente, en la etapa
democrática, los gobiernos de UCD hicieron crecer la inversión 3,8 veces,
los del PSOE 6,7 veces y los del PP más de dos veces (falta computarles dos
años). En relación al PIB, en 1981 el I+D representaba un 0,43% y en 2002 es
un 1,03%. Un esfuerzo económico cuyos efectos sobre la producción científica
han sido indiscutibles, puesto que España ha pasado de casi no tener ciencia
a ocupar un lugar aceptable en el contexto internacional.
Pero hay cosas importantes que no han funcionado. Al iniciarse la
democracia, el esfuerzo público (Administración más universidades) aportaba
un 42% de los recursos y las empresas un 58%. En 2002, un cuarto de siglo
después, las cifras respectivas (redondeadas) eran 45% y 55%; es decir, no
se ha avanzado nada en la participación de las empresas en el sistema.
Peores aún son los datos referentes a patentes y dependencia tecnológica: en
1980 la tasa de dependencia era de 4,80; algo más de veinte años después, en
2003, dicha tasa había aumentado más de ocho veces y alcanzaba 40,14 (la
tasa de dependencia es la demanda de patentes por no residentes dividida por
la de residentes).
En resumen: se ha logrado un notable progreso en la producción científica,
pero no se ha conseguido aumentar la participación de las empresas en el
sistema, y se ha fracasado estrepitosamente en evitar que la dependencia
tecnológica siga creciendo.
Así pues, algo no funciona. La política científica y tecnológica española se
fundamenta desde 1986 en la Ley de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica (Ley de la Ciencia) y el Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de 1988, ambos creados
por gobiernos del PSOE. Ese modelo se desarrolló durante casi 20 años y su
máxima expresión se alcanzó con la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por el PP, en 2000. El fracaso de dicho ministerio, pese a todas
las esperanzas y buenas intenciones puestas en él, evidencia -a mi juicio-
el agotamiento de un modelo y la necesidad de reformarlo. Eso es lo que
pretendemos hacer: replantear la política científica española para resolver
las deficiencias estructurales del sistema ciencia-tecnología-empresa. Para
ello, al menos hay que abordar en profundidad los siguientes asuntos:
- Convertir la política científica y tecnológica en una política de Estado
estable, sostenible y consensuada al más alto nivel, mediante un Pacto de
Estado.
- Incrementar notablemente el aporte de recursos al sistema.
- Potenciar los mecanismos de transferencia de los resultados de la
investigación y crear otros, nuevos, que fomenten la asociación en proyectos
comunes de la parte investigadora y empresarial, como las spin-off y los
semilleros de empresas.
- Establecer un mecanismo estatal estable y eficaz de prospección,
evaluación y financiación de toda la investigación científica y tecnológica,
mediante la creación de una agencia.
- Definir una carrera investigadora digna y segura, pero exigente en
eficacia y competitividad.
- Revisar y perfeccionar los programas de movilidad del personal científico.
- Desburocratizar y abrir más el sistema, creando una cultura de gran rigor
científico, pero menos academicista y más abierta a la sociedad y las
empresas.
- Apostar decididamente por la comunicación y divulgación científica y
tecnológica, para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad.
- Replantear las posibles funciones, utilidad y cometidos de los principales
elementos del sistema, como OPI, universidades, centros tecnológicos,
parques científicos, etcétera.
- Propiciar activamente un mejor equilibrio territorial del I+D, impulsando
la creación de nuevas infraestructuras científicas y tecnológicas en las
zonas desfavorecidas.
- Establecer mecanismos eficaces de información y coordinación entre las
distintas administraciones.
- Rediseñar e incrementar la participación española en programas y proyectos
internacionales.
Realizar todo esto no es asunto fácil, pero décadas de experiencia
demuestran que, si no se acomete la tarea, parte importante del dinero
público dedicado al sistema ciencia-tecnología-empresa será un mero gasto,
cuando nuestra obligación es que sea una inversión estratégica.
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 07/12/2004 - Modificar
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