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Título: DOCUMENTO CONFERENCIA MUNDO DEL TRABAJO DEL PCM 24/5/08: Situación económica Comunidad de Madrid y otros...- Enlace 1

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Anticipo del texto:

DOCUMENTO APROBADO EN LA
CONFERENCIA DEL MUNDO DEL TRABAJO
DEL PARTIDO COMUNISTA DE MADRID
CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2008
INDICE
1. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID …………...Pág. 1
2. TESIS POLÍTICAS ………………………………………………………………..…....Pág. 34
3. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN………………………………………...……Pág. 49
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
1
1. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID1
La situación en España
El crecimiento económico en España se apoya en sectores especulativos y muy
básicos: la construcción y los servicios (transporte y consumo interno), mientras que el
sector industrial se encuentra estancado y el valor añadido industrial en valores bajos.
Este modelo de crecimiento está determinando un empleo con un alto grado de
rotación y precariedad del empleo. El paradigma de esta situación es Madrid.
Las políticas del gobierno del PSOE para reducir el déficit exterior se han limitado a
políticas fiscales restrictivas, unos presupuestos públicos que van a crecer poco más
que el PIB en el año 2007, y unas previsiones de superávit fiscal para este y los próximos
dos años (ver nota al pie), que junto con la congelación salarial real que existe
actualmente en España (se puede considerar que los salarios están estancados al nivel
de 1997, en gran parte debidos a los acuerdos de negociación colectiva firmados por
UGT y CC OO con la patronal y auspiciados por el Gobierno) afecta sobre todo a l@s
trabajador@s (asalariad@s) de rentas medias-bajas. Trabajador@s que, a la vez, van a
ser las principales victimas, en términos de reducción de su renta disponible, por la
tendencia alcista de los tipos de interés que ha puesto en marcha el BCE.
Mientras, la reforma fiscal aprobada, que contempla la desfiscalización de las rentas
del capital, y la reducción de la imposición para las rentas más altas, generará mayor
capacidad de consumo de las clases con más poder adquisitivo, mientras se reducen
los ingresos en las arcas públicas, lo que aleja cada vez más la posibilidad de un sector
público fuerte, al menos en educación y sanidad.
Según CC OO, si el gobierno del PSOE prosigue con el aplazamiento, ante las
incertidumbres del precio del petróleo, de las imprescindibles medidas de política
industrial para afrontar los nuevos retos económicos, incrementará los riesgos de futuro
para la economía y la sociedad española (ver nota al pie), sobre todo para l@s
trabajador@s, generando una distribución de la renta más desigual en nuestro país, en
la medida que los escenarios internacionales en relación con la energía empeoren por
el constante incremento de los precios del petróleo.
En definitiva, la situación en España es de mayor riqueza pero también mayor
desigualdad, en el marco de economía claramente neoliberal. No se nos puede
olvidar que España es uno de los 10 países con más personas ricas del mundo, al
mismo nivel que Austria, mientras que el resto de indicadores (desempleo, gasto social,
salarios, etc.) están muy alejados, por ejemplo, de este país y de la media de la Unión
Europea.
Incremento de la desigualdad en nuestro país
La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional
de Estadística ha puesto de manifiesto la creciente desigualdad del crecimiento en
nuestro país. A pesar de que la tasa media anual de crecimiento del PIB ha sido
superior al 3 por ciento en la última década, este crecimiento se esta repartiendo de
forma muy desigual, ya que en 2004 el 19,8 por ciento de la población española
1 Hay que tener en cuenta que la Conferencia del Mundo del Trabajo del PCM se celebró en mayo de 2008, antes de
que saltara la actual crisis económica y financiera.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
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estaba considerada como pobre, es decir, tenia unos ingresos, incluidas las
transferencias sociales recibidas, inferiores al 60 por ciento de la mediana de los
ingresos.
Este dato es similar al del año 2003, en que la población considerada como pobre
supuso un 19,9 por ciento, lo que viene mostrar que el fuerte crecimiento económico
de nuestro país apenas ha reducido las diferencias sociales.
Los últimos datos disponibles, relativos a los años 2003 y 2004, de distribución de la renta
por hogares ponen de manifiesto que el numero de hogares con unos ingresos
superiores a 35.000 euros anuales pasaron a representar un 14,7 por ciento del total de
los hogares en 2003, a un 16,9 por ciento en 2004, pero esto no ha supuesto una
reducción sustantiva de los hogares con menores ingresos, ya que los hogares con
unos ingresos inferiores a 14.000 euros anuales pasaron de suponer el 35 por ciento en
2003 al 34,7 por ciento en 2004. Por su parte, los ingresos del 20 % de la población más
rica de nuestro país han pasado de suponer 5,1 veces los ingresos de los ingresos del 20
por ciento de la población más pobre en el año 2003, a 5,4 veces en 2004.
Los últimos datos disponibles que permiten una comparación entre España y los países
de la UE-15, relativos a 2001, ponen en evidencia como esta creciente desigualdad de
la sociedad española se da en un contexto europeo en el cual nuestro país ya
destaca por ser de los más desiguales (solamente Grecia y Portugal tienen una
distribución de la renta más desigual que la nuestra), que casi llega a doblar las ratio
de países como Dinamarca o Suecia.
La situación de Madrid
El modelo de crecimiento económico en la Comunidad de Madrid, debidamente
alentado e impulsado desde el gobierno de la Sra. Aguirre, sigue las mismas pautas
que en el conjunto del Estado, aunque con rasgos agravantes:
El empleo ha crecido pero en los sectores como la construcción y servicios, donde el
crecimiento económico se basa en la temporalidad del empleo, la rotación, largas
jornadas de trabajo, trabajo sin contrato y bajos salarios, es decir, se basa en la
sobreexplotación de los trabajadores. Resulta significativo también que el sector
público madrileño sea el que más contribuye al incremento de la temporalidad, y en
mayor medida que en el conjunto del estado.
En las actuales circunstancias de precariedad y bajos sueldos se hace prácticamente
imposible el acceso a la vivienda en propiedad (el incremento del alquiler y la escasez
de este tipo de viviendas complica que éste sea una alternativa a la compra). La
subida de los precios de la vivienda – aproximadamente el 185% entre 1997 y 2006 - ha
estado muy por encima de la de los salarios, al tiempo que el gasto público en
vivienda en la Comunidad de Madrid representa la quinta parte de la del conjunto de
España. La consideración de la vivienda como un elemento de especulación, en
detrimento del derecho constitucional a acceder a éste bien de primera necesidad,
se ha visto reforzada por la práctica desaparición de las políticas públicas de vivienda
y, por consiguiente, de la promoción de las viviendas de protección pública.
Las políticas neoliberales del gobierno del PP presidido por Esperanza Aguirre están
imponiendo el desmantelamiento del poco Estado de Bienestar, a través de la
privatización de las empresas y de los servicios públicos (escuela, sanidad pública,
servicios sociales, transportes,…). Otro elemento de la privatización es la cesión de
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suelo público para la construcción de centros educativos, residencias para la
tercera edad, de propiedad y/o gestión privada.
Este proceso supone una transferencia de recursos y fondos de lo público a lo privado,
con el consiguiente encarecimiento de los servicios y un empeoramiento de la calidad
del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores, y además una merma
salarial ya que los servicios públicos son salario diferido (salario que no se cobra en la
nómina sino que se recibe en forma de servicios públicos).
Madrid posee una de las economías más dinámicas y potentes dentro del estado
español. Madrid posee el 1’6% del territorio nacional, el 13’5% de su población, el
14’5% de los activos, el 15% de l@s trabajador@s dependientes, el 25% de los
inmigrantes, el 17’7% del PIB, con un PIB per cápita un 31% por encima de la media
española y una tasa de paro más de 2 puntos por debajo de la media.
Sin embargo, la economía sumergida en la Comunidad de Madrid, tanto por fraude
fiscal como a la Seguridad Social, asciende en 2008 a cerca de 36.800 millones de
euros, lo que representa un 17,7% de la bolsa de dinero negro existente en nuestro país.
La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un
montante de 208.000 millones de euros, según un informe realizado por el colectivo de
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).
Con mayores tasas de actividad, menores tasas de paro y temporalidad, salarios más
altos, su mercado de trabajo puede parecer un oasis en medio del mercado laboral
español; sin embargo, en este ultimo terreno no sería más que un tuerto entre ciegos,
dadas las malas condiciones para l@s trabajador@s dentro de su entorno, la UE-15, en
donde, como sintetizaba Enric Sanchis en un reciente estudio, “la situación del
mercado de trabajo español en el contexto de la Unión Europea (es).. particularmente
grave… tenemos desde hace tres décadas la tasa de paro más alta… la tasa de
actividad se sitúa en las últimas posiciones… la tasa de temporalidad (uno de cada
tres asalariados) no tiene parangón con ningún otro país industrializado… el tejido
social español lleva casi tres décadas, años tras año, soportando el peso de al menos
dos millones de parados…Siendo como somos campeones del paro y la precariedad
laboral, estando también a la cabeza de la UE en desigualdades sociales, a la cola en
gasto social y teniendo a uno de cada cinco españoles por debajo de la línea de la
pobreza”.
Es decir, la bonanza económica de la Comunidad de Madrid no se aprovecha para
converger en parámetros de gasto social con la media Europea
Una situación tanto menos comprensible cuanto que la economía madrileña presenta
un tradicional diferencial al alza con relación a la economía del conjunto del país.
Superada la ralentización relativa de la economía madrileña de los años 2003 y 2004,
en que la variación interanual del PIB madrileño se mantuvo por debajo de la misma
variación en el conjunto del estado, nuevamente la variación interanual del PIB en
2005 parece situar a la Comunidad de Madrid en una posición de liderazgo
económico en el conjunto del Estado.
Sin embargo, diferentes estudios comienzan a señalar un menor crecimiento del PIB
per cápita en la Comunidad de Madrid, que situaría este indicador en el 2 por ciento
en tanto el correspondiente indicador nacional se sitúa en el 3,4 por ciento. Este
diferencial obedece, sin duda, a variaciones demográficas muy intensas, lo que viene
a significar la necesidad de una mayor intensidad de gasto social requerida por esta
variación poblacional.
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Esta situación de bonanza económica2 también se constata cuando analizamos datos
respecto a otras ciudades de la Unión Europea, ya que la Comunidad de Madrid se
encuentra por encima de la media de la Unión aunque muy lejos de otras regiones de
la importancia capitalina que tiene la Comunidad madrileña.
Efectivamente, pese a que el crecimiento medio del PIB per cápita en el periodo 1995-
1999 ha experimentado un crecimiento notable, prácticamente del 7 por ciento lo que
sitúa a la Comunidad de Madrid en el segundo lugar de la tabla en relación con este
indicador, su valor en el año 2000 era de 24.885 euros, muy por encima de la media
española, pero muy por debajo de regiones como Londres con 54.565, la región
capitalina de Bruselas, con 49.191, o Île de France, con 35.876.
Madrid es una Comunidad con grandes desequilibrios internos
Los desequilibrios medidos en términos municipales tienen como indicador objetivo la
Renta Bruta Municipal Disponible (RMBD) per cápita. A través de ese indicador se
perfilan con nitidez la pobreza y la riqueza relativas de las distintas poblaciones de
nuestra Región.
Ciertamente, la renta per cápita de la Comunidad de Madrid se situaba en 2006 en
27.279 euros, por encima de la media española, y de la UE-25. Pero la RBMD per cápita
revela, además, que desde 1998 las diferencias entre el municipio más rico de la
región, Pozuelo de Alarcón, y el más pobre, Madarcos, no han hecho sino
acrecentarse. Así, si en 1998 Madarcos tenía una RBMD ligeramente superior a un
tercio de la de Pozuelo, en 2003, no alcanza el 30 por ciento.
Evolución sectorial del PIB regional %
2000 2001 2002 2003
Agricultura 0,1 0,1 0,1 0,1
Industria 17,3 17,4 17,4 17,7
Construcción 7,7 8,0 8,4 8,7
Total Servicios 74,9 78,4 80,2 82,0
- Sº financieros 10,6 11,6 11,9 -
- Transportes y comunicaciones 8,8 9,5 10,0 -
- Servicios relacionados con la Industria 8,6 8,9 9,0 -
- Otros 46,9 48,4 49,2 -
Servicios + Industria 34,6 35,8 36,4 -
Fuente: Anuario CM 2006.
2 Tener en cuenta la nota 1, en el sentido de que la Conferencia se celebró en mayo de 2008, antes de que saltara la actual crisis.
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Finalmente hay que destacar que la inversión pública en educación (pública +
privada concertada) en Madrid, con un 2,7 por ciento de inversión en relación al PIB,
ocupa el último lugar del Estado, cuyo gasto medio es del 4,4 por ciento, muy lejos de
la media del 6 por ciento de la Unión Europea.
Momento de crisis económica en Madrid
A pesar de todo lo dicho, cierto hasta principios de 2008, los datos que han ido
apareciendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid ponen de manifiesto la
más que certera crisis y desaceleración económica en nuestra región, algo que nadie
parece negar ya a nivel estatal. La evolución alcista del paro desde diciembre pone
en cuestión no sólo el sistema económico desarrollado en la última década, sino todo
el modelo de crecimiento económico y social de nuestra región.
El laboratorio liberal en el que Alberto Ruiz Gallardón convirtió a la Comunidad de
Madrid desde su primer año como presidente de la Comunidad y continuado con
mayor agresividad por Esperanza Aguirre, está suponiendo un descalabro para la
clase trabajadora que no sólo está acusando el desempleo sino que su situación se ve
agravada por la inexistencia de los servicios sociales necesarios para afrontar el duro
camino que comenzamos. Las sucesivas privatizaciones de los servicios más esenciales
como la sanidad, la atención a personas dependientes y en especial la enseñanza,
coloca a la sociedad madrileña en una situación que podríamos calificar de
predemocrática. El Estado (o en este caso la Región) del Bienestar se ha
desmantelado y deja a las capas sociales más débiles aún más desprotegidas,
mientras se acelera el proceso de división y exclusión social.
Esta descripción, lejos de la retórica y de la demagogia, es refrendada por datos que
demuestran el poco efecto de la crisis en determinados sectores sociales. Mientras el
paro aumenta entre amplios sectores de la población la banca aumenta sus
beneficios en un 171% entre 2005 y 2007. Este aumento de los beneficios queda aún
más de manifiesto cuando los incrementos de las comisiones sobre las operaciones
realizadas suben en el mismo período un 75%. Este dato viene a acompañar a la
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reciente información facilitada por el Banco Central Europeo responsabilizando
en gran medida de la “desaceleración económica” a los altos salarios de los directivos
de las grandes empresas y bancos, así como al sistema de cálculo de estos salarios
blindados (relacionados con los beneficios a corto plazo).
Es por tanto evidente que la crisis económica no va a afectar por igual a todos los
sectores, y es más, al hablar de crisis debemos aclarar el discurso y especificar que de
lo que en realidad estamos hablando es del recorte de beneficios de las grandes
empresas, principales generadoras de empleo y recursos económicos. Por tanto, para
que las empresas pierdan lo menos posible, es necesario que los trabajadores sufran
las consecuencias de la contención salarial, de la precariedad laboral y del
desempleo.
Acerca del modelo de desarrollo económico en Madrid: La construcción.
Volviendo a la Comunidad de Madrid. El modelo de desarrollo económico de la última
década se ha fundamentado en la máxima explotación del sector inmobiliario y de la
construcción, convirtiéndolo en un monocultivo del cual se ha colgado el resto de la
actividad productiva de nuestra región. La construcción de grandes infraestructuras
de transporte como las numerosas carreteras, autopistas y autovías, líneas de metro y
de ferrocarril, la sistemática construcción de túneles (cuya máxima expresión es la M 30
en la ciudad de Madrid) han apoyado un modelo de crecimiento urbano basado en
la dispersión de los espacios residenciales.
Este sistema económico, además de las innumerables consecuencias sociales, ha ido
tejiendo una serie de relaciones laborales que han venido a mermar las conquistas
salariales, laborales y sindicales, conseguidas tras más de un siglo de luchas
organizadas. De esta forma, el sector de la construcción ha necesitado de un alto
número de trabajadores, mano de obra antes cualificada y que en la actualidad tan
solo requería la cualificación elemental de “querer trabajar”. La ausencia de una
mano de obra cualificada, generalmente ligada a los trabajadores con mayor
conciencia sindical, ha provocado en parte una elevada tasa de siniestralidad
laboral.
Esta demanda de mano de obra para el sector de la construcción, ha hecho que los
empresarios utilicen a la población migrante (regular o irregular) para hacer posible
enriquecimiento sin límites. Las jornadas laborales exhaustivas, los bajos salarios y las
condiciones de inseguridad en el trabajo, se han cebado especialmente en los
trabajadores inmigrantes. Pese a ello, la fuerte demanda ha hecho que un gran
número de trabajadores del campo, en el entorno de nuestra Comunidad, se
convirtieran en albañiles, ferrallistas, encofradores, carpinteros, pintores, cerrajeros, etc.
sin que por ello hayan visto incrementada su formación. Esta característica del sector
de la construcción en Madrid, no muy distinto del de otras regiones españolas, se ha
venido a agravar con la proliferación de la subcontratación, fenómeno que ante la
alarma producida (debido a las jornadas intensivas, la siniestralidad laboral, la
reducción salarial, etc.) llevó a los sindicatos mayoritarios del sector a emprender una
dura lucha, con huelgas sectoriales incluidas, que culminó con la Ley de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción aprobada en la recién acabada
legislatura. Sin embargo, lejos de haberse solucionado el problema, a las leyes hay que
dotarlas de los medios para hacerlas cumplir, y tanto las empresas del sector como las
administraciones públicas competentes, no terminan de desarrollar la misma.
Otra de las características del modelo de desarrollo puesto en marcha en Madrid es el
de la precarización del trabajo a partir de la figura del trabajador autónomo. Esta
figura ha sido explotada al máximo por los empresarios madrileños, en especial en la
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construcción y en otros sectores industriales y de servicios que requieren de
mano de obra de una alta formación, reduciendo a cero sus obligaciones laborales
para con los trabajadores, impidiendo la necesaria conciencia colectiva y la más
elemental de las identidades con la clase trabajadora. En la pretensión de ser “dueño
de su propio trabajo”, el autónomo ha olvidado su pertenencia a la clase trabajadora,
la necesidad de lucha sindical, la apropiación de los medios de producción, etc. Tal
ha sido la utilización de este curioso “modelo de contratación” que ha tenido que ser
regulado legalmente, apareciendo una nueva figura laboral que es la del “trabajador
autónomo dependiente”; sin embargo, esta regulación, lejos de ser la consecuencia
de la lucha sindical y política, es el resultado de un concienzudo análisis fiscal, puesto
que gran número de empresarios y autónomos “descuidaban” sus obligaciones
fiscales, reduciendo la capacidad recaudatoria autonómica y estatal.
Así descrito el panorama de la economía madrileña, la crisis económica que ahora da
sus primeros pasos no parece ser algo coyuntural sino más bien estructural. El desarrollo
económico basado principalmente en un sector especulativo ha imposibilitado el
desarrollo de otros que pudieran absorber el exceso de mano de obra actual. La
escasa formación de los trabajadores imposibilita la fácil reconversión de los mismos a
otros sectores, por otra parte inexistentes. A esta situación hay que añadir la fuerte
dependencia que el sector servicios tiene del consumo y de la localización de las
sedes empresariales en Madrid (convertida en una suerte de centro empresarial y
administrativo), por lo que la reducción del empleo traerá consigo la caída del
consumo y la caída por tanto del empleo en el sector servicios.
El sector agrícola en la Comunidad de Madrid
Aunque sea un sector pequeño en la Comunidad de Madrid es necesario fijarnos en el
mismo. El modelo agrario dominante está impulsado por la UE y las grandes empresas
transnacionales de la agroindustria y basado fundamentalmente en la producción
para la exportación. En este sentido no cabe la agricultura madrileña, siempre más
específica hacia la calidad que hacia la gran explotación, como ocurre con la huerta
madrileña. La lógica de esta concepción es que cada territorio debe especializarse en
aquellas actividades que le permita tener ventajas comparativas en relación a otras
zonas. El incentivo de la producción agropecuaria a través de subvenciones públicas
promueve que se vendan productos alimentarios en otros mercados por debajo de los
costes de producción en el lugar donde se vende hundiendo las economías locales y
devastando al medioambiente.
La perdida de las pequeñas explotaciones o explotaciones familiares dentro de la C.
de Madrid, por las políticas de subvenciones y no de inversiones, crean la perdida de
empleos tanto de sus pequeños propietarios, a su vez trabajadores de ellas, como de
los trabajadores contratados para su explotación y de sus familias que dejan este
sector dando un nuevo remanente de mano de obra hacia otros sectores,
principalmente a la construcción.
El deterioro de los servicios públicos, las consecuencias
de la privatización de los bienes y servicios del sector público en Madrid
El modelo de desarrollo de Madrid se ha venido apoyando en una progresiva pérdida
de peso del Sector Público, tanto a nivel empresarial como a nivel administrativo, lo
que ha generado la pérdida no solo de gran parte del patrimonio público, al servicio
de lo colectivo, sino también de la pérdida de derechos laborales y de condiciones de
trabajo (incluidas las salariales).
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Esta situación se ha visto acompañada por el desmantelamiento de los servicios
públicos puesto en marcha por Gallardón y rematado por Esperanza Aguirre, una
suerte de Margaret Thatcher a la española pero con una ignorancia
considerablemente mayor. De esta manera, los servicios esenciales como la
educación y la sanidad han sido reducidos a la nada y la cobertura universal se ha
convertido en la cobertura privada universal.
Estamos asistiendo en la comunidad de Madrid a un deterioro sin precedentes de los
servicios públicos. Para poder justificar su objetivo de la privatización, los gobiernos de
las AA.PP están deteriorando los servicios, abandonándolos e incluso cerrándolos y de
esta manera dar las condiciones políticas, económicas y sociales en los últimos años
en nuestro país, confundiendo a la sociedad española en general, y en particular a la
madrileña, al pensar que una prestación de servicios privatizada daría a los
ciudadanos una mejor prestación de servicios y de mayor calidad.
Nunca más lejos de la realidad, ya que, las privatizaciones, por parte de las AAPP,
provoca el abandono sistemático de la calidad del servicio y el deterioro del
patrimonio procedente del bolsillo de los ciudadanos a cambio de una mayor
rentabilidad.
El último periodo de gobierno de Esperanza Aguirre ha pasado de boicotear
veladamente los servicios públicos a pronunciarse claramente a favor de la gestión
privada, con lo que la plusvalía que en forma de salario diferido volvía a los
trabajadores a través de estos servicios, se utiliza ahora para que unos cuantos grupos
económicos generen más riqueza para ellos, aún a costa de producir un
empeoramiento de la calidad de dichos servicios y aumentar la precariedad laboral
en los sectores a los que afecta.
El sector y los servicios públicos
En lo que concierne a sanidad cada vez más se intenta segmentar a la clase obrera,
apartando a sectores de trabajadores con mejores condiciones laborales
(funcionarios, trabajadores de la Comunidad, trabajadores de grandes empresas) de
la sanidad pública, haciendo que la capacidad de respuesta de clase se debilite. Por
otra parte, los nuevos hospitales se construyen bajo el modelo de gestión privada y
cada vez se privatizan más elementos de la sanidad, como los cuidados paliativos, los
laboratorios, etc. Por último, no se hace nada por mejorar lo que queda de la sanidad
pública, a pesar de las reivindicaciones de los trabajadores de la sanidad.
En cuanto a educación, se avanza a pasos agigantados hacia el mismo modelo,
defendiendo la privatización de la formación profesional (hay un continuo goteo de
cierre de ciclos en centros públicos mientras se conciertan con centros privados),
disminuyendo de modo vergonzante las condiciones para abrir una escuela infantil,
privatizando la formación del profesorado, fusionando centros de enseñanza
secundaria y hasta vendiendo colegios públicos como es el caso del colegio “Miguel
Ángel Blanco” de El Álamo. Las inversiones en educación siguen subiendo un año más
por debajo del total del presupuesto general (un 4,20% respecto a una subida general
del 4,49%), lo que supone año tras año que hayamos llegado a un adelgazamiento de
2,4 puntos respecto a 2003. Al mismo tiempo, el aumento del gasto en la concertada
ha sido muy superior al de la enseñanza pública.
Toda esta situación, si no se hace nada para impedirlo va a desembocar en una
escuela pública meramente asistencial, para los alumnos de sectores sociales más
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desfavorecidos, y una escuela concertada a la que asistirán los trabajadores
con mejores condiciones laborales, con lo que se vuelve a agudizar la segmentación
de la clase obrera en trabajadores precarios (emigrantes, jóvenes, etc.) y trabajadores
mejor situados, ya desde la educación de los niños. Por ello es fundamental que las
organizaciones sindicales y los partidos políticos de izquierda se sitúen en contra de
unos conciertos que no son necesarios y sólo buscan destrozar los servicios públicos y
dividir a los trabajadores, y que en ningún caso sean cómplices ni participen en
ningún modelo de concierto. No es congruente que defendamos lo público y al mismo
tiempo concertemos cursos de formación. La formación profesional debe darse desde
el INEM o desde centros públicos de formación profesional y en ningún caso desde los
sindicatos.
También hay que denunciar que el modelo
privatizador no es exclusivo del PP sino que
se está dando en ayuntamientos del PSOE
y de IU los cuales están privatizando los
servicios municipales y cediendo suelo
para centros concertados.
Los sindicatos de clase deben abandonar
el discurso de equilibrio entre las dos redes,
la pública y la concertada, para exigir que
los servicios públicos se den siempre con
gestión pública, porque lo otro se ha
demostrado como estrategia equivocada,
y a la evolución de los acontecimientos nos remitimos.
Procesos de privatización
La privatización de la gestión pública que es la privatización de un bien y un capital
público. Es abaratar a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y a
costa de la calidad en el servicio.
Los procesos de privatización de la administración y la gestión pública, tienen
consecuencias directas que suponen:
1. Trasvase del dinero de los presupuestos públicos hasta el sector privado.
2. Privatización de la propia gestión pública.
3. Destrucción pura y dura del empleo estable y de calidad y disminución de la
calidad del empleo.
La Administración Pública, un bien común que administra el Estado, se convierte en un
recurso susceptible de ser explotado y vendido a particulares (el capital extrae la
plusvalía). La Administración Pública se ha convertido en un suculento recurso para
explotar por las grandes empresas. Grandes empresas transnacionales están
interesadas en sacar tajada para obtener unos beneficios seguros a cambio de una
escasa inversión. En España son grandes constructoras las que están acaparando el
sector servicios, en limpieza, recogida de basuras, jardinería, mantenimiento, ayuda
domicilio, vigilancia y seguridad, conserjería, lavandería, …, gestión de residuos sólidos.
Las grandes empresas constructoras “diversifican” su campo de operaciones. Así FCC3
3 FCC tiene adjudicada por el Ayuntamiento la recogida de basuras del centro de Madrid, durante nueve años por una facturación estimada de 470 millones de euros, (Datos de 2006, según la
empresa) FCC realiza las actividades de recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, limpieza de edificios y mantenimiento de zonas verdes en unos 4000 municipios de Europa, África y
América, donde viven unos 50 millones de personas. En España está presente en 3.420 municipios. (Datos de 2006)
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es empresa matriz de: Castellana de Servicios, SELSA4 entre otras. Ferrovial se
diversifica en: Ferroser, CESPA, CESPA CONTEN, CESPA JARDINERIA, EUROLIMP.
Dragados (ACS) como: Urbaser, CLECE. Ó SACYR Vallehermoso, como: SACYR,
Valoriza. Ò grandes grupos empresariales como EULEN, son las empresas que licitan
para la Administración Pública, y a quienes son adjudicadas las contratas de
Ayuntamientos, Hospitales, Comunidades Autónomas, Diputaciones, etc, como puede
observarse en la tabla siguiente. En el sector sanitario se están implantando diversos
modelos de gestión privada que en Reino Unido por ejemplo han demostrado que no
son precisamente baratos.
Empresa Filial Concesión
ACS Iridium
Urbaser
Dragados SPL
Clece
- Gestión y explotación de las instalaciones deportivas del Canal de
Isabel II 3er depósito de Madrid. 5 años, prorrogables a 10 años.
- Contrato de limpieza viaria en el distrito de Moncloa (Madrid)
- Contrato de limpieza viaria en el distrito de Puente de Vallecas
(Madrid)
- Contrato de limpieza viaria en seis sectores del ayuntamiento de
Arroyomolinos (Madrid)
- Limpieza viaria de la ciudades de Móstoles y Leganés (Madrid)
- Limpieza viaria y recogida en Manzanares (Madrid)
- Rehabilitación y mejoras del parque de los Charcones en Madrid
- Limpieza viaria y recogida de basuras de El Alamo en Madrid
- Prórroga de la explotación del Vertedero de RSU de Pinto in Madrid
Sacyr Itinere
Sufi
- Hospital del Henares (Coslada)
- Hospital Infanta Cristina (Parla)
- Itemosa Intercambiador de Moncloa
- Itepesa Intercambiador Plaza Elíptica
- Henarsa R-2
- Accesos de Madrid R-3 y R-5
- Autopista Madrid Sur R-4
- Aguas de Alcalá de Henares, gestión de las aguas del municipio
- Tratamiento de residuos en La Paloma, Madrid
- Desgasificación del vertedero de Valdemingomez, Madrid
- Gestión de la depuradora Madrid Sur, en Madrid
- Limpieza viaria y recogida de residuos de núcleos urbanos (Boadilla
del Monte, Majadahonda, Madrid Moratalaz)
- Servicio de estacionamiento regulado de Madrid: adquisición,
instalación y mantenimiento de los expendedores y señalizaciones, el
personal de vigilancia, la tramitación de las denuncias y la
recaudación.
- Jardinería y mantenimiento de arbolado ( Fuenlabrada, Madrid y
Alcalá de Henares)
- Mantenimiento de cauces fluviales del río Manzanares.
Metrova
cesa
Metropark - Aparcamientos de alquiler en Madrid.
FCC
- Madrid. Limpieza hermética, con agua reciclada, y mantenimiento
de los contenedores ubicados en las vías públicas (8 años).
- Madrid. Servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos
urbanos de los catorce distritos periféricos de la capital. 10 años de
concesión e incluye la recolección selectiva, en origen, de papel,
cartón, vidrio y pilas, además de residuos generados por grandes
productores.
- Conservación de zonas verdes en Madrid.
- Mantenimiento de las redes de alcantarillado de Madrid.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., FCC Medio Ambiente, S.A., Aqualia, S.A., FCC Versia, S.A., y la marca Ámbito: En esta actividad se incluyen los servicios de recolección,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, limpieza de vías públicas, mantenimiento de redes de alcantarillado, conservación de zonas verdes, tratamiento y eliminación de residuos
industriales, gestión integral del agua, mobiliario urbano, inspección técnica de vehículos, aparcamientos, transporte de viajeros, handling, conservación y sistemas y logística. A finales de 2006
la cartera de servicios ascendía a 22.343 millones de euros.
4 SELSA (SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.) Servicios de saneamiento y limpieza, así como trabajos de red de alcantarillado, construcción de depuradoras y mantenimiento. En
diciembre de 2007 trabajadores de limpieza de colegios y dependencias municipales de Cornellâ estuvieron en huelga para luchar por la mejora de las condiciones de trabajo, con una plantilla
muy corta realizan el trabajo por un salario vergonzoso. Una de las trabajadoras cobra 717 EUROS al mes.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
11
- Depuración del agua en Alcalá de Henares, Rejas (Madrid),
Valdebebas y Viveros.
- Centro de transferencia de residuos industriales en Arganda del Rey
(Madrid).
- Elaboración de combustible alternativo para cementeras en Getafe
(Madrid).
- Planta de F/Q, estabilización y depósito de residuos peligrosos en San
Fernando de Henares y Valdebebas.
La privatización de los servicios prestados por las AA PP (Administraciones Públicas), se
está llevando a cabo de cara a los ciudadanos, en aras de una mejor prestación del
servicio. Sin embargo, esta política de economía liberal, tiene un objetivo claro: que las
empresas privadas adjudicatarias de dicha privatización dispongan de total libertad,
sin ningún tipo de competencia empresarial y/o estatal, para la explotación del
patrimonio público, no teniendo que realizar grandes inversiones económicas, ni
arriesgar capital de sus sociedades empresariales, sin gastos de mantenimiento y/o
conservación.
Los recursos públicos que eran gestionados por la Administración Pública, van a parar
como plusvalía para estas empresas privadas cuyos recursos e intereses son ajenos a
los ciudadanos y cuyo control se escapa de las fronteras de un Estado.
La gestión pública es usurpada por grandes empresas, el control de la gestión escapa
del control democrático. La privatización de la gestión pública en sí, nos lleva a una
reflexión sobre el control de la gestión de los servicios públicos. La actual
Administración Pública tiene una serie de mecanismos mediante los cuales los
ciudadanos controlan la calidad y transparencia de la gestión pública, pero dicho
control no puede ejercerse sobre la gestión privada, puesto que es exógena, y por
otra parte tampoco existen esos mecanismos de gestión o control, ¿tendremos que
crearlos también a cuenta del erario público? ¿volver a crear otra estructura
paralela? ¿legitimaremos así este proceso impuesto por gobiernos e ideologías que se
pliegan a los intereses de las grandes empresas antes que servir a los ciudadanos y
vecinos que los han elegido?
Se subvierte así el sentido de la democracia. La gestión pública es usurpada por
grandes empresas que al final imponen sus condiciones a los gestores públicos. Por
otra parte lejos de ser el ejercicio de la libre competencia nos encontramos con
oligopolios que se reparten la tarta de un mercado con unos rápidos beneficios5.
Las futuras decisiones democráticas son mediatizadas por contratos de concesión
preexistentes. Las Administraciones públicas son capturadas económicamente y con
unos contratos de concesión que, por ejemplo en limpieza viaria, recogida de basuras
y jardinería, pueden oscilar entre los 5 o 20 años, en educación y en sanidad en torno
a 50 años. Está siendo frecuente que superen el curso de una legislatura, hipotecando
pues las decisiones políticas de futuros cargos electos a unas estructuras económicas
impuestas con anterioridad por otros gobiernos, lo cual se convierte en una
disminución real de la democracia.
A corto plazo la privatización del sector público supone la desaparición de multitud de
empleos estables y de calidad, se pone en tela de juicio la función pública, se
destruye la Administración Pública. Respecto al empleo, a corto plazo supone la
desaparición de empleo estable y de calidad, con unas condiciones salariales y de
5 FCC y Urbaser, empresas que compiten para diversas concesiones, participan en TIRSA, para la gestión de residuos sólidos urbanos.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
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trabajo que se recogen en un convenio con la administración. Los empleados
de ser empleados públicos pasan a tener otra relación contractual respecto al
empleador y respecto a la gestión. Cambia cuantitativamente el carácter de la
relación ciudadano-usuario, administración-empleador. Un empleado público debe
responder por sus actos como parte de la administración, pero no así un empleado
que no lo es, que sólo responde ante su empresario, pues su responsabilidad tiene un
pequeño límite ¿Desaparecerá la función pública, con el compromiso de los
funcionarios y los empleados públicos con los ciudadanos, así como la responsabilidad
que se exige de sus actos, desaparecerá la gestión como compromiso con los
ciudadanos, desaparecerá el carácter democrático del control de la gestión?
Y sigue la tendencia en Madrid: precarización, fragmentación, desregulación.
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS.
Las nuevas formas de privatización de los servicios públicos se ven encubiertas en las
contratas. En los dos últimos años y en especial en la comunidad de Madrid, hemos
visto como el sector de la educación, la sanidad, la limpieza publica viaria, la limpieza
de metro o incluso los estudiantes de la universidad complutense se movilizan en
defensa de un servicio público de calidad y de sus condiciones laborales.
A corto plazo el transvase de yacimientos de empleo hacia el sector privado va a
suponer la desaparición de oferta de empleo público en la Administración, y
consiguientemente supondrá la desaparición de empleo estable y de calidad. Afecta
principalmente en la Sanidad Pública y en el sector servicios de la Administración
Local. En Educación la apuesta por los centros concertados va en detrimento de los
Centros Públicos, y por tanto suponen la disminución del empleo público.
De cara a los trabajadores públicos, supone una pérdida de condiciones laborales
adecuadas, aseguradas por las leyes, y del empleo público de calidad para futuras
generaciones, con la desaparición de miles de puestos de trabajo presupuestados y
los incumplimientos del los Convenios Colectivos, la perdida de la Oferta de Empleo,
los recortes en derechos conquistados y hablamos de logros de muchos años de pelea
de los trabajadores públicos, y de una acción sindical enfocada en contra de la
precariedad en el empleo.
Hay otro tipo de privatización más incubierta si cabe, y es la privatización de
determinados servicios que la propia administración tenia, como por ejemplo, la
privatización del mantenimiento, limpieza etc. Dentro de los propios servicios. Dejando
a los trabajadores desprotegidos y con justificación para su despido o rescisión de
contrato en caso de los laborales que prestan servicios en la administración.
La posible subrogación de plantillas enteras de trabajadores a las empresas privadas
adjudicatarias, deja en total desprotección a dichos trabajadores con una mínima
garantía del puesto de trabajo durante un mínimo periodo de tiempo y la
desaparición de sus condiciones de trabajo.
Estas privatizaciones en muchos casos encubiertas en otros los más flagrantes con total
descaro, son un claro ataque al estado de bienestar. Suponen peores condiciones
laborales para l@s trabajador@s que prestan el servicio y un peor servicio para los
usuarios de este. Esto se ve reflejado en las reducciones de plantilla, la falta de medios
materiales para elaborar las tareas, el abandono de las instalaciones etc...
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
13
En el caso de las subcontratas, todo es mas alarmante, ya que podemos llegar a
encontrar un potente mercado negro emergente, sobre todo en el sector de la
construcción, con la fractura de clase que ello supone.
A medio y largo plazo se produce el aumento de la inestabilidad en el empleo,
fragmentación del mercado laboral y desregulación laboral. Expresado en términos de
oferta y demanda, al existir un exceso de demanda sobre los puestos de trabajo va a
suponer en la práctica un descenso de los salarios, así como el empeoramiento de las
condiciones laborales, tanto salarios, horas trabajadas, y por tanto el precio hora
caerá a la baja y al mismo tiempo la explotación en las peores condiciones de los
trabajadores, es decir, 12 horas de jornada diaria por un salario de miseria, sin cumplir
las condiciones mínimas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.
La importancia de la Seguridad laboral (Accidentes mortales de trabajo): En las AAPP,
es un objetivo prioritario, dotando a sus servicios de los medios necesarios tanto
humanos como materiales. Por desgracia, y según hemos podido ver a través de los
medios de comunicación, los accidentes con causa de muerte, en concreto en
piscinas donde su titularidad es privada (colegios, clubes privados, o instalaciones
deportivas construidas por las AAPP, pero cedidas a gestión privada), están motivadas
por la precariedad de plantilla (beneficio económico inmediato, por encima de todo),
y en ocasiones con precaria formación, y que demuestra que, en este aspecto, las
empresas privadas no invierten su dinero en este tema. Incluso las leyes les favorecen.
Se produce una fragmentación de las plantillas privatizadas que se suelen dividir según
diversos servicios, con diversos salarios, diversos convenios, diversos derechos. Este es el
fenómeno que se ha producido en Metro de Madrid, donde para trabajos iguales
existían unas condiciones desiguales entre los trabajadores pertenecientes a contratas
diferentes o a convenios diferentes o contratados en ocasiones diferentes y que
condujo al estallido de una sonora huelga. Desde que se produjo la privatización de
los empleados del Metro, se ha llegado a unas condiciones infrahumanas de trabajo y
de salarios, siempre a la baja.
En cuanto a los trabajadores de estas empresas privadas adjudicatarias, no están
equiparados en derechos y en salarios al resto de trabajadores públicos, ni lo estarán
en el futuro.
Por tanto la clase política, han entendido que la mejor forma de cumplir al servicio del
capitalismo es privatizar todo lo público, obteniendo doble beneficio Político-
Económico: Cumplen con los deseos de los capitalistas y benefician a la economía
liberal.
PRIVATIZACIÓN O MERCANTILIZACIÓN DE TODOS LOS BIENES PÚBLICOS Y COLECTIVOS
Las políticas que tienen como objetivo la “gestión”, el déficit cero, la eficacia y
eficiencia, enmascaran políticas privatizadoras. Estas políticas contraponen los
intereses privados y de grandes corporaciones a los intereses de los ciudadanos y
vecinos y por supuesto de la clase obrera.
La política privatizadora que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid
tiene como objetivo la disminución de la Administración Pública así como el
desmantelamiento de los servicios públicos y del llamado “estado del bienestar”.
La política aplicada en la Comunidad de Madrid se legitima ideológicamente con un
individualismo exacerbado, la competitividad, la preeminencia de lo privado, con un
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
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discurso y acciones encaminadas hacia el desprestigio sistemático de “lo
público” , los valores solidarios, colectivos, y de desarrollo pleno e integral de los seres
humanos. (recuérdese el caso del Severo Ochoa).
Así el capitalismo se ofrece como única vía posible monopolizando el discurso, el
neoliberalismo en su versión conservadora ha tenido como consecuencia la
aplicación de una política que recorta la inversión social, debilitando los logros sociales
que ha conseguido el movimiento obrero y la lucha histórica de las mujeres, el
conocido en Europa como “Estado del bienestar”. Con el desmantelamiento
progresivo de los servicios públicos como sanidad, educación, ayuda a familias,
escuelas de infancia, servicios domiciliarios de apoyo, servicios sociales, vivienda
social, los logros y los derechos sociales están sufriendo un grave deterioro por las
políticas neoliberales y que están auspiciadas desde diversos tratados europeos. Las
políticas europeas de déficit público 0 y de convergencia, se están llevando a cabo a
costa de sacrificar los servicios y prestaciones sociales, descendiendo el gasto público
social, lo que está llevando a un incremento del déficit social.
El engaño de que una gestión privada es una gestión más barata que la gestión
pública. En muchas ocasiones pretenden vendernos que la gestión privada es una
gestión más barata. Barata, ¿a costa de qué? ¿Del control democrático, de la
repercusión social, de la precarización laboral y salarial?
Lo que sí es cierto es que el trasvase inicial repercute en los capítulos presupuestarios
más “caros”, los salariales, y que son férreamente controlados en los presupuestos de
los organismos públicos por la propia administración, y, sin embargo pueden aumentar
el gasto en otros capítulos, sin que “salten” los mecanismos de control, claro está
aunque esto suponga un endeudamiento progresivo que repercutirá sobre los
administrados más pronto que tarde.
Se duplica y en algunos casos se triplica el gasto. Es decir: las AA PP pagarán a las
empresas un canon de beneficios garantizados. Los impuestos no se reducirán, sino al
contrario, subirán ante la necesidad de mantener las estructuras de las AAPP, como
por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid (altos cargos no políticos, de confianza,
compensación de favores, etc.). El uso de esos servicios, con el tiempo, y en un
mercado de economía liberal, tenderá a subir para mantener sus objetivos
empresariales, aparte del pago de las tasas establecidas en cada caso. Por tanto a
largo plazo las privatizaciones suponen un endeudamiento de las administraciones,
que no pueden sustraerse de la gestión privada con la que han contraído relaciones
contractuales y económicas y para las que deberán generar los sobrecostes
(endeudarse, generar más impuestos o subirlos…) para que dichas empresas
obtengan su plusvalía.
En caso de revertir ese servicio privatizado, con sus infraestructuras, etc, la AAPP tiene
que realizar un gasto para poder dejarlas operativas de nuevo, volviendo a salir ese
dinero de los impuestos. En cuanto al patrimonio: el paso de suelo, infraestructuras,
equipos, maquinarias, dotación de material administrativo, telefonía, etc., a mano de
empresas privadas, ya hay múltiples ejemplos, en concreto, el abandono de su
mantenimiento (que les resultaría muy caro).
En cuanto a la protección de datos: los datos de los ciudadanos estarán en mano de
empresas privadas, con lo que esto significa. La ley de protección de datos es taxativa
en cuanto a la utilización de los mismos por entes que no sean las propias AAPP. Pero
disponemos de ejemplos a lo largo de los últimos años, en donde han aparecido
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
15
denuncias por utilización indebida, pérdidas, apareciendo en contenedores de
basura que podían caer en manos de gente sin escrúpulos, etc.
En el caso de servicios sociales, la Sanidad, la enseñanza: Tal y como está sucediendo
con las guarderías, colegios, polideportivos, en los hospitales, tanto en el ámbito de la
CAM, como en el del los Ayuntamientos, sucede lo mismo y en concreto hemos
podido comprobar que en los pliegos de condiciones de algunas Instalaciones
Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Madrid, el uso de las mismas tendrá
diferenciación de tarifas, con lo que provocará la desigualdad, pues el horario de uso,
diferenciará de quién lo pueda pagar, de quién no.
Otras son también las consecuencias a largo plazo como: la precarización laboral que
afectará especialmente a los sectores laborales más frágiles, al empleo de las mujeres,
los jóvenes y los emigrantes, así como las repercusiones sociales de la privatización
como son el aumento de la marginación, la exclusión social y la violencia social que se
produce como efecto dominó como consecuencia de la precarización y el
desmantelamiento de los servicios públicos.
Este desmantelamiento está poniendo de manifiesto la división social en grupos
(retrotrayéndonos a situaciones sociales previas a la Revolución Industrial) y
consolidando una estructura social segregada que garantiza los privilegios de una
clase a costa de los derechos de otras. Las coberturas sociales en cuanto a
desempleo, formación laboral, integración socio-laboral, etc. se quedan reducidas a
lo meramente caritativo, enfrontando a unos trabajadores con otros en un falso
debate de identidad nacional o de derechos naturales.
En consecuencia, el sector público no puede configurarse como un colchón de cara
ala crisis económicas porque ni existe ya como tal, ni tiene el marco legal necesario
para enfrentarse al sector privado. Por otro lado, los servicios públicos están muy lejos
de ser un amortiguador de las desigualdades producidas por el sistema de desarrollo
económico de Madrid y de la crisis en particular.
Frente a estas “secuelas”, ¿asumiremos la totalidad de la sociedad, o la administración
pública los costes de las políticas privatizadoras, con medidas que mitiguen estos
efectos? o ¿elaboraremos medidas coercitivas y/o punitivas sobre los resultados
asociales de tales políticas? ¿Qué haremos los comunistas?
POR LA DEFENSA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. NO A LA PRIVATIZACIÓN.
La defensa y extensión de los servicios públicos debe ser un eje transversal dentro de
nuestro discurso en el sindicato, así como la implementación de medidas para el
control de las contratas y las subcontratas por las partes tanto sociales como
gubernamentales.
Además, se debe impedir en la medida de lo posible la excesiva fragmentación de las
contratas, donde se llega a encontrar casos como que 7 empresas distintas explotan
un mismo centro de trabajo con los impedimentos y problemas que conllevan para la
organización de l@s trabajador@s en los comités de empresa.
No podemos entender que organizaciones “supuestamente de izquierdas”, pueden
privatizar servicios públicos, sea IU o PSOE, ambos privatizadores allí donde gobiernan.
Estos deben tener nuestro más enérgico rechazo ya que entendemos que defender el
servicio público debe de ser prioritario por: la calidad de los servicios, porque es de
todos y debe ser para todos y no para que se lo lleven unos pocos.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
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La pasividad de los Sindicatos mayoritarios en cuanto a la falta de lucha por la
defensa del empleo público, junto con el consentimiento de contratos precarios,
(horas, fines de semana, temporales, tiempo de producción etc.) La sistemática y
continua perdida de poder adquisitivo del empleado público con el 2% de aumento
salarial, llegando a acumular en los últimos 10 años cerca del 40% de perdida de
poder adquisitivo e incluso sin cláusula de revisión salarial y las ultimas huelgas
producidas por servicios afectados sin que estos sindicatos unifiquen estas
movilizaciones junto con los de todos los servicios públicos afectados, es asombrosa,
provocando la confusión, desmotivación y abandono de lucha de los trabajadores.
Es palpable el incremento de subvenciones producidas a dichos sindicatos a través de
garantías sindicales, liberaciones, dinero para formación, locales sindicales etc. Y al
mismo tiempo, dichos sindicatos se financian más por este tipo de subvenciones que
por la cuota sindical de sus afiliados. ¿Qué perro muerde la mano que le da de
comer? La desconexión de los lideres sindicales con las asambleas de trabajadores, se
ve reflejada en la firma de convenios impuestos a estos sin consulta previa;
provocando a un más si cabe la desconfianza de los trabajadores sobre en los
representantes sindicales, favoreciendo a los gobiernos de la administración y
patronal, con la mal llamada PAZ SOCIAL, a cambio de unas falsas aras del interés
general y perjudicial a la clase obrera.
En estos últimos años estamos asistiendo a la desintegración del sindicalismo de clase,
pasando a ser estos sindicatos a empresas de servicios, en lugar de instrumento de
lucha de los trabajadores.”
La privatización y la mujer trabajadora
Uno de los grupos más sensibles a la privatización son las mujeres porque a medio y
largo plazo el aumento en la inestabilidad en el empleo, así como el empeoramiento
de las condiciones laborales supone un varapalo hacia los sectores más débiles del
mercado laboral. Porque las mujeres a pesar de una mejor formación, no consiguen ni
iguales salarios ni acceder a puestos mejores en sus carreras profesionales. Muchas
optan por el empleo público, hartas de que les den con la puerta en las narices, o
denigrantes entrevistas de trabajo o de aceptar trabajos por debajo de su formación.
Las políticas privatizadoras afectan de forma importante a las mujeres: como
consecuencia directa descienden los yacimientos de empleo estable y de calidad, se
produce la destrucción de los servicios públicos y la contraposición de lo individual
contra lo colectivo.
La privatización repercutirá negativamente sobre las mujeres trabajadoras ya que no
se creará empleo público y por tanto se dificultará el acceso de la mujer al mercado
laboral. Porque ¿acaso la empresa privada va a ofrecer una oportunidad a la mujer?
No lo hace hasta ahora, y es en la Administración Pública donde las mujeres pueden
optar de forma paritaria, esto es en igualdad de condiciones a la de sus compañeros
varones. La administración pública establece un proceso en virtud de la valía y los
méritos. En el sector privado el acceso al empleo depende de criterios “particulares”
establecidos por un “empleador” privado. En el sector privado las mujeres trabajan en
los sectores más precarios y/o peor pagados y/o en categorías inferiores. Por ejemplo,
en el sector servicios, las mujeres copan los puestos de trabajo en limpieza de edificios
y locales y son casi la totalidad en ayuda a domicilio, oficios más penosos y peor
pagados. En cambio su presencia minoritaria en limpieza viaria.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
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¿Son menos capaces? Que lo explica sino que el acceso no se produce por
mérito y capacidad sino según el “criterio” de empleadores privados. Que lo explica
sino la persistencia en las mentes de los empleadores de un modelo patriarcal según el
cual la mujer está más capacitada para determinados empleos. Tampoco ese
empleador ni la sociedad asumen las cargas familiares, de las que se
desresponsabilizan, considerándolas propias de la esfera privada y particular de cada
mujer.
El neoliberalismo establece sus paradigmas a través de la política cultural e ideológica,
donde la condición de la mujer en la sociedad, viene elegida libremente por cada
individuo mujer, aunque el mismo neoliberalismo exalte el papel de madre como eje
vertebrador de la familia y como reproductora de los valores: orden, honradez,
sumisión, lealtad, subordinación a la autoridad, a la vez que establece una
concepción centrada en valores como el individualismo, la competitividad, la
preeminencia de lo privado, frente a los valores solidarios, colectivos, y de desarrollo
pleno e integral de los seres humanos.
De esta forma el neoliberalismo prepara a las familias para que asuman gratuitamente
los costes derivados de la mercantilización de todos los bienes públicos y colectivos, su
privatización y prepara el terreno para la incorporación de las mujeres al trabajo
parcial, a comisión, a destajo y/o domicilio.
La realidad acaba siendo obstinada y como consecuencia la mujer acaba
aceptando un empleo precario, o por debajo de sus capacidades, o bien se retira del
mercado laboral “pagado” y realiza las labores no remuneradas pero de sostén social.
En la comunidad de Madrid, según los datos abandonan su empleo un número
importante de mujeres entre los 25 y 35 años de edad. Los gastos y los tiempos de
desplazamiento, la ausencia de plazas públicas de educación infantil6, y en su defecto
los altos costes de las guarderías privadas, el menor sueldo de las mujeres respecto a
los varones o la precariedad laboral, suman más factores de desigualdad real.
En el mercado laboral la mujer participa en condiciones de desigualdad. Y la falta de
apoyo social retroalimenta la estructura patriarcal. La mujer acaba por convertirse en
mano de obra de reserva. Como hemos visto los procesos de privatización llevan a
procesos de precarización del empleo así como el deterioro de los servicios públicos y
una dejación de funciones por parte de la Administración en la Comunidad de
Madrid.
Como consecuencia las leyes de conciliación y las leyes en apoyo de las mujeres se
encuentran con una realidad donde es muy difícil llevarlas a cabo. Solo podrán
llevarse a cabo para sectores muy concretos y regularizados (por convenios y leyes
laborales).
Tendremos pues una discrepancia, distintas realidades de las mujeres trabajadoras y la
imposibilidad de llevar a la práctica las políticas de igualdad que sólo revestirán un
carácter formal, imposibles de poner en práctica en una realidad que responde a un
mercado laboral fracturado y desregularizado, en parte como consecuencia de las
políticas privatizadoras.
6 En la Comunidad de Madrid hay un déficit permanente de las plazas públicas de educación infantil de carácter no obligatorio de 0 a 3 años. El Gobierno de la
Comunidad de Madrid con su política y su legislación favorece la creación de las mismas en el sistema privado, con menor calidad, pero con mayor costo para los
padres y que subvenciona con fondos públicos a través del cheque escolar.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
18
EL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ya se ha indicado en la introducción que el mercado laboral denota una situación de
relativo privilegio para l@s trabajador@s madrileñ@s en relación a las medias
nacionales, con mayor actividad y ocupación, menor temporalidad y paro, mayores
salarios. Esto es una realidad indiscutible (al menos hasta la actual crisis) pero también
lo es que esa situación se ha ido deteriorando de forma evidente.
En la evolución de los parados, la incidencia del deterioro es más clara; para el
periodo 2001-2006, en términos absolutos, los parados han subido un 5’5% mientras que
el total nacional han disminuido en un 7%; la evolución de la tasa de paro muestra de
nuevo ese deterioro de la buena posición de la CAM, esa tasa ha bajado un poco
más que 1 punto porcentual en Madrid y casi 2’5 puntos en la media nacional.
En la evolución de los asalariados y su ocupación, lo que se ha ido deteriorando es la
relación industria-construcción, dentro del imparable aumento de los servicios; en
términos absolutos, los asalariados de la industria disminuyen un 10% y los de la
construcción aumentan el 41%, 13 puntos más que los de los servicios.
En cuanto a la temporalidad, y a la precariedad (precariedad más paro)7, de nuevo
los síntomas de deterioro, en este caso tanto en términos absolutos como relativos al
total nacional, son evidentes. En la CAM l@s trabajador@s en esta situación han
aumentado en cifras absolutas un 52’5%, mientras que en España lo han hecho
solamente un 19’5%, aunque la CAM todavía mantiene una tasa inferior a la nacional
(35’5% frente a 42%). Por sectores, la tasa de temporalidad es muy elevada en la
agricultura, 67%, elevada en la construcción, 46’5%, más soportable en los servicios,
27’5%, siendo la menor la de la industria, 21%, precisamente el único sector de
actividad que pierde ocupados y asalariados, conjuntamente con la construcción
debido al estallido de la burbuja inmobiliaria.
Finalmente, dos apuntes adicionales que muestran la consolidación de la precariedad
en Madrid: el sector público es el que más ha contribuido a los incrementos de la
temporalidad (los empleos indefinidos durante el periodo han disminuido un 4% y los
temporales han aumentado un 77’5%, mientras que en la media nacional esas cifras
son, aumento de 8% de los indefinidos y de 35% de los temporales), pasando del 12’5%
al 30%.
Unos 1’3 millones de asalariados (un 50 % de l@s trabajador@s madrileñ@s) sufren el
encadenamiento de contratos temporales (un 36’5%) y el paso intermitente del paro al
contrato temporal.
EMPLEO
En la Comunidad de Madrid la tasa media de crecimiento anual del Producto Interior
Bruto, digamos la riqueza de la región, es de un 3,4 % aproximadamente según
CC.OO., basados en los dos sectores con mayor dinamismo: la construcción y los
servicios de consumo.
Según los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) del INE, desde 2001 en
Madrid se ha producido un importante aumento de la población activa y ocupada,
de manera que la población en edad de trabajar en el tercer trimestre de 2006
alcanzaba las 5.009.800 personas, creciendo en un 13 % en los últimos cinco años.
7 Datos para el periodo 2001 a 2006.
Conferencia Mundo del Trabajo del Partido Comunista de Madrid (PCM) 2008
19
Mientras, la población activa ha crecido a un ritmo mayor, un 27,5 % debido a la fuerte
incorporación de la mujer al mundo laboral, probablemente ligado entre otras cosas a
la necesidad, cada vez mayor, de dos sueldos para mantener a la familia, más que al
esfuerzo institucional por la emancipación de la mujer. De hecho, de las 3.164.200
personas activas en Madrid en 2006, 1.403.200 eran mujeres, 372.400 más que en 2001
(un 15% más), aunque su tasa de actividad sigue siendo 10 % menor que la media y un
20 % que la de los hombres.
Por tanto ha crecido el empleo, pero basado en un sector que ha crecido
desmesuradamente y de forma coyuntural, como la construcción, y un sector servicios
que crece en gran medida por el efecto llamada que ejerce la capital del país,
atrayendo a grandes empresas, bancos y multinacionales, que a su vez arrastran a
muchas otras empresas, entre otras cosas por el modelo de subcontratación
imperante.
Empleo temporal y precario
En la Comunidad de Madrid, el desempleo se ha reducido desde el 2001 de forma
poco significativa y con menor intensidad que en el resto de España. De hecho, en
febrero de 2007 había en Madrid 220.750 parados aproximadamente (algo más del 6
% de la población activa madrileña), de los cuales el 76 % se correspondía a
trabajadores del sector servicios.
Aún así, el paro de nuestra región es de 6,1 % frente al 8,1 % del resto del país,
afectando sobre todo a las mujeres. De hecho, según la EPA, en el tercer trimestre de
2006 se contabilizan 2.597.100 personas asalariadas en Madrid, 598.700 personas más
que en el 2001.8
El más de medio millón de nuevos trabajadores están ocupados en un 79 % en los
servicios, un 12 % en la construcción y un 8 % en la agricultura. Por contra, el empleo en
8 Según los últimos datos del INE, la tasa de paro en Madrid está en el 8,39 % para el tercer trimestre de 2008. Miles de parad@s:
CAM 2005TI 2005TII 2005TIII 2005TIV 2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII 2008TIII
Miles 251,2 211,9 189,1 182,7 185,8 221,7 192,7 210,5 212,5 202,4 196,2 209,4 243,8 294,5 282,7
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20
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