Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía AlimentariaTítulo: AFEMA Revista de Prensa sobre ecología, 23/11/04 Texto del artículo:
Índice de contenidos
1 “Europa Press”
22 de noviembre de 2004
Más de 500 ciudades de todo el mundo discutirán en Buenos Aires sobre el Protocolo de Kioto, en paralelo a la COP-10
2 “La Vanguardia”
22 de noviembre de 2004
El sector del transporte español es de los más dañinos para el medio
ambiente de Europa
3 “madridiario.es”
21/11/2004
La ciudad registra una entrada de 430.000 vehículos en un día laboral
4 EL PAÍS – País Vasco
19-11-2004
Los ecologistas consideran que la 'Supersur' es inviable económicamente y no
desviará el tráfico de la A-8
5 “ABC”
22 de noviembre de 2004
CEOE presenta hoy a Solbes su plan de inversión privada en infraestructuras
6 “Cinco Días”
22 de noviembre de 2004
Dos proyectos compiten en España para negociar derechos de C02
7 “El Correo”
21 de noviembre de 2004
La batalla de los molinos
8 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
22-11-2004
L'Albufera necesita 300 hectómetros para descontaminarse, según Xúquer Viu
9 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
21-11-2004
Xúquer Viu pide acatar el fallo del TS y paralizar el trasvase
10 EL PAÍS – Andalucía
22-11-2004
Un granadino paga la mitad que un sevillano por consumir la misma cantidad
de agua
11 “Colectivo Ecologista Riojano”
22 de Noviembre de 2004
EL CER RECLAMA AL GOBIERNO DE LA RIOJA QUE RECONSIDERE SU
PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CATALAN DE CRIA EN CAUTIVIDAD DEL VISON EUROPEO
12 EL PAÍS – Comunidad Valenciana
22-11-2004
Industria prohíbe copiar un expediente en exposición por ser "propiedad
intelectual"
13 EL PAÍS – Andalucía
22-11-2004
La gestión descentralizada de los parques nacionales es la norma en el resto
de Europa
14 EL PAÍS – Andalucía
21-11-2004
La Unesco exige control urbanístico en Ronda para ser Reserva de la Biosfera
15 EL PAÍS – Comunidad de Madrid
22-11-2004
Los ecologistas reforestan parte del arrasado monte Abantos
16 “Ecoportal.net”
22 de noviembre de 2004
Educación Ambiental y Ciencias Sociales
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“Europa Press”
22 de noviembre de 2004
Más de 500 ciudades de todo el mundo discutirán en Buenos Aires sobre el
Protocolo de Kioto, en paralelo a la COP-10
Alrededor de 550 ciudades de todo el mundo estarán presentes entre los días
6 y 17 de diciembre en Buenos Aires, en el marco de la campaña 'Ciudades por
la Protección del Clima' (CCP), para abordar la problemática del cambio
climático y el Protocolo de Kioto.
Creada por el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales, la CCP se
reunirá en paralelo a la décima conferencia de las partes (COP10) de la
Convención contra el Cambio Climático de la ONU, que también se celebrará en
Buenos Aires en esas fechas, según recoge el Boletín del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El encuentro de la ONU contará con la participación de jefes de Estado y
será escenario de discusiones sobre la entrada en vigor del Protocolo de
Kioto, que ha celebrado la adhesión de Rusia recientemente. En el evento
paralelo de la CCP, las ciudades discutirán por su parte sobre Mecanismos de
Desarrollo Limpio para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Según señaló la gerente técnica de la CCP, Margarita Parra, el control del
calentamiento global del planeta 'es un problema mundial', pero las
soluciones 'locales' pueden contribuir a la reducción en la emisión de estos
gases contaminantes.
Parra recordó que las ciudades asistentes 'ya están trabajando por integrar
en el ámbito local medidas de prevención y soluciones en el combate contra
la contaminación urbana'. En el encuentro en diciembre, los municipios
mostrarán estas soluciones locales, y las medidas que puedan contribuir a la
reducción de la contaminación y al intercambio de experiencias.
Una de las participantes será la brasileña Porto Alegre, que según la ONU
tiene la mejor calidad de vida de todo el país. La ciudad posee una media de
14,9 metros cuadrados de área verde por cada habitante y cerca de 46 metros
cuadrados de Parques Naturales, además de una reserva ambiental dentro de
los límites de la ciudad.
Parra apuntó que el encuentro de la ONU en Argentina, será 'muy importante',
por la entrada en vigor el próximo año del Protocolo de Kioto. Con la
adhesión rusa se cumplen los requisitos del Protocolo, que exigen que al
menos 55 países que reunan el 55% de las emisiones mundiales ratifiquen el
acuerdo.
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“La Vanguardia”
22 de noviembre de 2004
El sector del transporte español es de los más dañinos para el medio
ambiente de Europa
Los medios de transporte españoles son, después de los griegos y
portugueses, los menos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y
social de toda la Unión Europea. Los costes externos que ocasionan estos
medios de transporte, es decir, aquellos que originan y que no están
contemplados en sus tarifas, sino que los cubren directamente los ciudadanos
vía fiscal o presupuestaria, superan los 58.100 millones de euros, lo que
equivale al 9,56 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Así lo revela un estudio de la universidad alemana de Kalsruhe en
colaboración con la consultora suiza Infras AG, y en el que participa
también la española Renfe, tras evaluar el coste en accidentes,
contaminación atmosférica y acústica, cambio climático, congestión en las
ciudades y otros efectos urbanos de los distintos medios de transporte de
los 15 países de la Unión Europea (el informe se realizó antes de la
ampliación), así como de Noruega y Suiza.
Este estudio, presentado en Bruselas el pasado 6 de octubre, pone de
manifiesto que el transporte por carretera (camiones, automóviles privados,
motocicletas y autobuses) ocasiona unos costes a los bolsillos de los
consumidores de 48.295 millones de euros, lo que representa un 7,93% del
PIB. Los gastos que ocasionan al medio ambiente son multimillonarios, además
de los que causan por siniestralidad, a mucha distancia de los que ocasiona
el transporte aéreo (9.320 millones de euros) y, sobre todo, del
ferrocarril, medio de transporte que apenas si genera un coste externo de
445 millones de euros, según señaló Santos Núnez, adjunto a la gerencia de
medio ambiente de Renfe, quien presentó el estudio junto al gerente, Manuel
Pérez del Campo.
Los autores del informe apuestan claramente por este medio de transporte en
toda Europa con el fin de evitar la degradación que día a día se está
ocasionando al medio ambiente y que, en un futuro no muy lejano, tendrá
graves consecuencias.
En este contexto, piden que se adopten medidas para rebajar el uso del
transporte por carretera porque el coste medioambiental es 'insostenible' y
proponen soluciones del tipo de implantar peajes para automóviles, sobre
todo en las zonas urbanas, así como una tasa en función de los kilómetros
recorridos por los camiones pesados en las carreteras europeas en las que se
tengan, además de los costes producidos por accidentes, los derivados de la
contaminación atmósferica, el cambio climático y el ruido.
Los países que tienen unos medios de transporte más sostenibles desde el
punto de vista medioambiental son Suecia, Finlandia, Suiza y Noruega, así
como el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Francia. En todos estos casos, los
costes externos que ocasiona el conjunto de los medios de transporte están
por debajo de la media europea, que se sitúa en el 7,93% del PIB, con un
coste estimado de 650.000 millones de euros.
El transporte por carretera origina un 83,7% del coste total, mientras que
el aéreo causa un 14%, y el ferrocarril, sólo un 1,9%. 'Las cifras dadas
deberían hacernos pensar cuánto tiempo se pueden mantener estas políticas de
insostenibilidad', señala Pérez del Campo.
La mayor parte de los costes que ocasiona el transporte por carretera tiene
que ver con su alta siniestralidad, así como con la contaminación
atmosférica que genera.
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“madridiario.es”
21/11/2004
La ciudad registra una entrada de 430.000 vehículos en un día laboral
Madrid soporta el 60% de los costes producidos por los atascos de tráfico en
toda España
Efe
Madrid soporta alrededor del 60 por ciento de los costes provocados por los
atascos de tráfico en las ciudades españolas de más de 200.000 habitantes,
seguida de Barcelona, que concentra aproximadamente el 17 por ciento del
total. Así consta en un estudio publicado recientemente por Francisco Muñoz
de Escalona, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), donde además se pone de manifiesto que Madrid registra
una entrada de aproximadamente 430.000 vehículos en un día laborable.
Según el informe de Muñoz Escalona, la congestión del tráfico urbano que se
produce los días laborables en las grandes ciudades españolas representa un
coste anual superior a los 1.500 millones de euros, por la pérdida de tiempo
que provoca a los usuarios, así como por el aumento del consumo energético y
del deterioro ambiental. La metodología utilizada por este experto establece
una proporcionalidad entre el número de habitantes de las ciudades y los
costes per cápita de la congestión del tráfico, de manera que cuanto mayor
es una ciudad, cada habitante soporta un mayor gasto por los atascos.
El estudio, titulado "La congestión del tráfico urbano", se basa en datos
poblacionales de 1996, y en él se advierte de que la mayor parte del coste
de la congestión del tráfico urbano se deriva del tiempo que los usuarios
pierden en los atascos. Así, el 90,5 por ciento de los costes totales se
corresponderían al tiempo perdido por los ocupantes de los vehículos,
mientras que los relacionados con el mayor gasto energético y la
contaminación coparían el 9,5 por ciento restante.
Ante los "altos costes" derivados de la congestión del tráfico urbano, el
autor de la investigación propone fomentar un "cambio paulatino pero
drástico" en los hábitos de los propietarios de vehículos privados mediante
la potenciación del transporte colectivo. A este respecto, apunta que los
vehículos de uso privado soportan más del 85 por ciento del coste de los
atascos.
Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico revelan que el parque
nacional de vehículos ha crecido en sólo una década más de un 38 por ciento,
hasta alcanzar el pasado año los 25,2 millones, mientras que el censo de
conductores ha aumentado en este periodo el 24,5 por ciento, hasta 20,3
millones de usuarios. Según datos recabados por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de
Industria, la congestión del tráfico en el conjunto de la Unión Europea (UE)
tiene un coste equivalente al 0,5 por ciento de su Producto Interior Bruto
(PIB), y podría doblarse al final de la década.
Al margen del coste económico, el IDAE alerta sobre otras consecuencias de
la congestión del tráfico, como la contaminación, el empobrecimiento de la
calidad de vida, y los accidentes de tráfico, que en toda la UE representan
el 2 por ciento del PIB. Respecto a la contaminación, este organismo oficial
establece que un coche emite a la atmósfera por cada litro de combustible
consumido entre 2,3 y 2,6 kilos de dióxido de carbono (CO2), el principal
causante del efecto invernadero.
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EL PAÍS – País Vasco
19-11-2004
Los ecologistas consideran que la 'Supersur' es inviable económicamente y no
desviará el tráfico de la A-8
A. URIONA - Bilbao
Ekologistak Martxan, la plataforma que agrupa a los principales grupos
ecologistas vascos, sostiene que la Supersur -la nueva autovía de pago
proyectada en torno a Bilbao- no desviará el tráfico actual de la A-8 y
carece de informes de viabilidad económica. Este colectivo ha elaborado un
documento en el que analiza la mayor inversión en una infraestructura
pública viaria prevista en Euskadi, presupuestada en 1.120 millones de euros
y cuyas obras se pretenden comenzar en 2006. El proyecto se encuentra ahora
en fase de estudio de las 184 alegaciones presentadas.
Los ecologistas señalan que el 94% de los vehículos que transitan
actualmente por la A-8, que sufre una media de ocho horas diarias de
congestión, lo hacen para desplazamientos entre municipios o en el área
metropolitana y el tráfico de paso -el que pretende desviarse a la Supersur-
supone sólo el 6%. Agregan que el proyecto no detalla la demanda de coches y
camiones, "fundamental para evaluar el interés social y la viabilidad
económica".
Ekologistak Martxan critica que el proyecto, al que ya se ha opuesto el
consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, no relacione el aumento de
vehículos en los accesos a Bilbao con fenómenos como el crecimiento de
chalets en el área metropolitana -se han construido más de 3.500 viviendas
unifamiliares entre 1981 y 2000- y el aumento de las grandes superficies,
que actualmente generan un movimiento diario de 38.500 vehículos. "Hay un
importante problema de planificación territorial", indica su texto.
Ante ello, los ecologistas proponen esperar a la evolución del tráfico en el
corredor del Txorierri, la autovía abierta hace un año que cierra una
circunvalación de 33 kilómetros en torno a Bilbao, "que está por debajo de
su capacidad máxima", el traslado del transporte de mercancías al sistema
ferroviario y establecer figuras como el peaje por el acceso a Bilbao o el
vehículo compartido.
Plantean además una política territorial que prohíba nuevas grandes
superficies comerciales, la limitación de las viviendas unifamiliares y la
obligación de que los futuros polígonos industriales tengan acceso
ferroviario.
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“ABC”
22 de noviembre de 2004
CEOE presenta hoy a Solbes su plan de inversión privada en infraestructuras
La patronal quiere garantizar la construcción de dotaciones básicas para
España y mantener la actividad del sector a partir de 2006, fecha en la que
empezarán a reducirse los fondos de la UE
CEOE tiene previsto presentar hoy al vicepresidente segundo y ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el plan de inversión privada en
infraestructuras públicas diseñado por Seopan, la patronal de grandes
constructoras integrada en la confederación y presidida por Enrique Aldama,
según fuentes del sector, informa Ep.
El plan, como adelantó ABC, incluye un conjunto de proyectos ferroviarios,
hidráulicos y viarios que las empresas consideran necesarios y susceptibles
de ser financiados con capital privado. De esta forma, la patronal pretende
garantizar la construcción de dotaciones básicas para España y mantener la
actividad tanto del sector de la construcción como del conjunto del tejido
productivo cuando a partir de 2006 recorten los fondos procedentes de la UE.
El horizonte de ejecución del proyecto, diseñado para el periodo 2006-2012,
arranca en el ejercicio en que está previsto el primer descenso de recursos
comunitarios.
El plan que el presidente de la CEOE, José María Cuevas, y el de Seopan,
Enrique Aldama, expondrán hoy al vicepresidente económico incluye
fundamentalmente proyectos de nuevas autopistas, líneas de ferrocarril y
desaladoras.
Fórmulas de financiación
Además, los empresarios sugieren distintos modos de financiación, más allá
de los tradicionales del cobro de peaje y el denominado «modelo alemán»,
incidiendo en sistemas de colaboración público-privada.
Entre los proyectos, destaca una línea ferroviaria para transporte de
mercancía que cruce la Península de Norte a Sur y enlace con los Pirineos, y
que se construiría aprovechando trazados ya existentes.
El objetivo es que el Gobierno tenga en cuenta los proyectos y el
ofrecimiento de financiación en la elaboración del Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte (PEIT) que presentarán el próximo mes de
diciembre. CEOE y Seopan ya presentaron su plan a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez quien, en su reciente intervención en el Foro ABC, tildó
la propuesta de «magnífica iniciativa».
Adecuación desigual a Fomento
Álvarez confesó en ese mismo Foro que si bien «muchos de los puntos
propuestos por la patronal encajan con los planteamientos del Ministerio,
otros no tanto, dado que suponen la implantación de un peaje en supuestos en
que Fomento no lo contemplaba o incluso proponen proyectos que no forman
parte de los que su Departamento baraja.
No obstante, la ministra de Fomento aseguró que la iniciativa de la patronal
de la construcción sirve para que Ministerio y empresas acuerden avanzar
juntos en la búsqueda de «soluciones novedosas para financiar» obras
públicas ante el nuevo escenario presupuestario.
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“Cinco Días”
22 de noviembre de 2004
Kioto
Dos proyectos compiten en España para negociar derechos de C02
Miguel Rodríguez / MADRID
El comercio en España de derechos de emisión de dióxido de carbono es casi
un hecho. A poco más de un mes para que entre en vigor el mercado europeo de
intercambio de derechos, ya hay dos proyectos españoles para crear una
plataforma de negociación líquida y transparente.
El pasado viernes el Consejo de Ministros adjudicó a Iberclear, el
depositario central de valores, el Registro Nacional de derechos de emisión;
una base electrónica donde debe constar la titularidad de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las operaciones que
se produzcan con ellos, como pueden ser la compra venta entre empresas.
Este paso era el primero para hacer realidad el comercio de derechos de
emisión, uno de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kioto para
flexibilizar la limitación de emisiones.
Este registro y la asignación de los derechos a un número determinado de
empresas son los principales aspectos que regula el Real Decreto que se
aprobó en agosto. Lo que la legislación no especifica es cómo se produce el
comercio de esos derechos.
De momento ya hay dos proyectos de plataformas para el comercio transparente
de derechos, que competirán por atraer volumen de negocio de empresas de
gran tamaño, pero también de pequeñas y medianas -en total 1.066-, clave
para hacer viable el Protocolo de Kioto.
'En este mercado se define por ley el registro, pero la negociación se deja
en manos de los partícipes', explica Javier Tordable, director general de
SendeCO2. Ésta es una de las plataformas para la negociación de derechos de
emisión de dióxido de carbono que espera estar funcionando para el 1 de
enero de 2005. Se trata de un sistema de negociación electrónico a través de
Internet para que las empresas puedan intercambiar sus derechos de emisión
de manera igualitaria, segura y líquida.
Con el proyecto de Tordable compite la Bolsa de Barcelona, que anunció el
mes pasado la promoción de otra plataforma de negociación, impulsada por la
Generalitat de Catalunya. El proyecto, según reconocen en la Bolsa, se
encuentra aún en un estadio muy embrionario.
Pero mientras se van dibujando las plataformas para la negociación, quedan
aún aspectos relevantes por concretar sobre su funcionamiento y, lo que es
más importante, sobre quién debería supervisarlas.
Como una inversión
El reglamento prevé que los derechos podrán ser objeto de transmisión entre
personas jurídicas y físicas. Es decir, que aunque inicialmente se trata de
que las empresas que contaminan menos vendan sus derechos a las que
contaminan más, nada impide, a priori, que un particular compre y venda
derechos como inversión.
'Aún no está claro si es un valor que se transmite en un sistema organizado
de negociación y, por tanto, bajo supervisión de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores', explica Tordable. En el Ministerio de Medio Ambiente
reconocen que esta materia rebasa su competencia y entra en la de Economía.
Desde la CNMV afirman que de momento no se ha avanzado en este aspecto. 'En
cuanto comience el registro habrá que delimitar las reglas del juego para
comerciar con los derechos', afirman en Medio Ambiente.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS: ¿Qué es un derecho de emisión?
P ¿Qué son los derechos de emisión de gases de efecto invernadero?
R Es el derecho subjetivo a emitir, desde una instalación, una tonelada
equivalente de dióxido de carbono durante un periodo determinado. Se trata
de un activo transmisible entre empresas, las cuales recibirán un número
determinado de derechos por cada periodo, que alcanzan entre tres y cinco
años. La Administración central asigna los derechos, según los compromisos
en materia de emisión de gases adoptados por España internacionalmente.
P ¿Qué beneficios tiene el que las empresas puedan comerciar con sus
derechos?
R Es un mecanismo para flexibilizar la limitación de emisiones. Si a una
empresa se le asignan unos derechos y contamina menos, podrá vender esos
derechos sobrantes a otra compañía que necesite contaminar más. Al final es
como un premio para aquella que logre contaminar lo menos posible.
P ¿El mercado de emisiones es sólo español?
R En absoluto. La ratificación del Protocolo de Kioto la hizo la Unión
Europea en su conjunto. El mercado de emisiones de gases de efecto
invernadero que empieza en enero de 2005 es un mercado para toda la Europa
comunitaria. El Protocolo de Kioto prevé el funcionamiento de un mercado
internacional de emisiones para el año 2008. El mercado europeo servirá para
adquirir experiencia de cara a esa fecha.
P ¿Qué ventajas tiene estar en un mercado europeo?
R La asignación de derechos de emisión de gases que tiene España es de
160,28 millones de toneladas, y sin embargo la petición de los sectores
implicados -eléctricas, cementeras, etc.- es de 169,83 millones de
toneladas. Hay por tanto déficit, lo que significa que las compañías
españolas podrán comprar derechos de emisión a empresas de otros países para
alcanzar esas necesidades de contaminación.
La necesidad de dar liquidez
Las Bolsas de emisiones se multiplican. Además de los proyectos españoles,
Deutsche Börse y Euronext preparan sus propias plataformas de negociación de
derechos. En Londres y Chicago funcionan desde hace tiempo estos
mercados.¿Es necesaria una plataforma de negociación? Los promotores de
estos proyectos opinan que es la manera de crear un mercado justo y
transparente. Sin una Bolsa donde coticen los derechos, las grandes empresas
comerciarán entre ellas. Pero en una plataforma de negociación, una pequeña
empresa no contaminante podrá convertir en dinero sus derechos. Una Bolsa de
derechos de emisiones permite, en primer lugar, que exista liquidez, con lo
que cualquier actor, por pequeño que sea, puede vender y comprar derechos.
En segundo lugar permite una formación transparente de precios. El mercado
tiene vocación internacional, fundamental para que las grandes puedan
comprar derechos en el extranjero.
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“El Correo”
21 de noviembre de 2004
VIZCAYA
La batalla de los molinos
Instituciones, ecologistas y grupos vecinales mantienen un encarnizado
debate sobre la instalación de la central eólica de Ordunte
I. MINGO / J. GARCÍA/BARAKALDO
No son los molinos contra los que luchó Don Quijote, pero los 57
aerogeneradores que se prevé instalar en los montes de Ordunte han
soliviantado a vecinos de Las Encartaciones y el norte de Burgos, a grupos
ecologistas e, incluso, han generado tensión entre el Gobierno vasco y la
Diputación. El proyecto, que ha sido recurrido en Madrid y Bruselas, está a
la espera de que el Ejecutivo autónomo le dé su visto bueno definitivo.
GOBIERNO VASCO
«Un paso necesario»
El parque eólico de Ordunte está contemplado en el Plan Territorial
Sectorial de la Energía elaborado por el Gobierno vasco. En este documento,
el Ejecutivo señaló la sierra de Ordunte como un emplazamiento apto para
acoger una central de esas características.
Pese a la creciente oposición al proyecto, el Gobierno no ha variado su
postura y sigue considerandolo como «un paso necesario» para conseguir que
Euskadi produzca en 2012 el 12% de su electricidad de forma limpia. En su
mano está dar luz verde a la iniciativa.
DIPUTACIÓN
«Un proyecto de dudoso encaje»
Bien distinta es la postura de la Diputación, que, a través del servicio de
Montes, ha presentado alegaciones al proyecto. Un informe de la institución
foral pone en duda la viabilidad del parque de Ordunte por el impacto que su
construcción tendría sobre la flora, el régimen hidrológico y la calidad de
las aguas, así como sobre la fauna y el paisaje.
Según el citado documento, el proyecto de los aerogeneradores «podría ser
incompatible» con las directivas de conservación de aves silvestres y de los
hábitats naturales de la UE. «Esta infraestructura es de dudoso encaje con
los objetivos y fines de la red Natura 2000 en la que está incluida». Por
ello, piden más estudios sobre los efectos que acarreará la central.
AYUNTAMIENTO DE CARRANZA
Miedo a una sequía «permanente»
El futuro parque se instalaría en el término municipal de Carranza y el
Consistorio encartado, como principal afectado, también se opone a la
industria eólica. Miembros del equipo de gobierno local han confirmado que
el Ayuntamiento ha presentado alegaciones, aunque, por el momento, no ha
querido concretar el contenido íntegro de las mismas.
Al parecer, su línea argumental sigue los pasos de la Diputación: piden más
estudios y están preocupados por los recursos hídricos. Y es que los
carranzanos temen que el pueblo, muy castigado por la falta de agua, se
sumerja en una sequía «permanente».
VALLE DE MENA (BURGOS)
Adiós al turismo y al desarrollo rural
El Ayuntamiento del Valle de Mena se ha opuesto desde el principio a que 57
aerogeneradores sean instalados en el vecino municipio de Carranza.
Consideran incluso que, tal y como está planteado el proyecto, 14 de los
molinos serán izados sobre terreno burgalés y no sobre Vizcaya. Por ello,
han pedido al Gobierno central que desautorice al Ejecutivo vasco al
entender que este último se ha excedido en sus competencias. Asimismo,
muestran una gran preocupación por la destrucción del paisaje, lo que
«acabará con el turismo y el desarrollo rural de la zona».
MOVIMIENTO POPULAR
Un plan «bárbaro»
Desde que se originó el conflicto, numerosas asociaciones culturales,
deportivas y ecologistas han denunciado la «barbaridad» que supone el
proyecto. Se han recogido miles de firmas a uno y otro lado de los montes y
los ecologistas de Karrantza Naturala han recurrido incluso a Bruselas para
paralizar la iniciativa. También los organizadores del Maratón Alpino
Galarleiz alertan del riesgo de que la entrañable prueba deportiva, que
atrae cada año a 1.500 participantes y sus familias, desaparezca para
siempre por los molinos.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
22-11-2004
L'Albufera necesita 300 hectómetros para descontaminarse, según Xúquer Viu
La descontaminación de L'Albufera de Valencia pasa por incrementar
"considerablemente" el volumen de agua que actualmente llega a la laguna, en
concreto entre 300 y 500 hectómetros cúbicos al año. Ésta es una de las
conclusiones más relevantes del Fòrum Xúquer i Albufera Vius que se ha
celebrado este fin de semana en los locales de CC OO de Valencia.
Según los datos aportados por los participantes en la jornada del sábado,
L'Albufera de Valencia se encuentra actualmente en un estado de degradación
extrema. "La pérdida de agua ha sido espectacular. En la actualidad, llega
menos de un tercio del agua que la laguna recibía hace 25 años, y, la mismo
tiempo, la carga contaminante se ha multiplicado sin que se hayan puesto en
marcha medidas para su regeneración", recoge el documento elaborado a modo
de conclusiones. En el evento han participado un centenar de personas en las
distintas actividades programadas. Los debates de ayer, cuyas conclusiones
se harán públicas hoy, versaron sobre la derogación del trasvase del Ebro,
la calidad del agua de los ríos y las directivas europeas y el Plan
Hidrológico Nacional.
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EL PAÍS – Comunidad Valenciana
21-11-2004
Xúquer Viu pide acatar el fallo del TS y paralizar el trasvase
Valencia
La plataforma Xúquer Viu instó ayer a la Administración a paralizar las
obras del trasvase Júcar-Vinalopó de forma inmediata y, por ende, a cumplir
la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula los artículos del Plan
Hidrológico del Júcar (PHJ) que autorizan derivar agua para regadío al Turia
o el Vinalopó.
Un portavoz del colectivo achacó el fallo del Supremo a la "política
hidrológica nefasta", informa Efe. El representante de Xúquer Viu consideró
que es el "momento oportuno" de replantearse una política del agua
insostenible en Castilla-La Mancha. La plataforma denunció la
sobreexplotación de los recursos hídricos de la Comunidad Manchega desde que
en 1998 se aprobara el PHJ.
Xúquer Viu organizó ayer en Valencia el Fórum Permanente Xúquer i Albufera
Vius, en el que se analizaron las condiciones necesarias para establecer
cauces ecológicos en los ríos y lagos valencianos. Una de los temas del
debate versó sobre los caudales ecológicos del Júcar. En este apartado los
ponentes, entre los que se encontraba el presidente de la CHJ, Teodoro
Estrela, aconsejaron recuperar la calidad medioambiental del río mediante el
establecimiento de un caudal de agua compatible con el Vinalopó. Mientras,
representantes de asociaciones ecologistas y de la CHJ analizaron en otra de
las conferencias conferencias los caudales ecológicos y de calidad del agua
para L'Albufera y destacaron la situación límite del lago debido a la
contaminación vertidos. Los ecologistas abogaron por importar agua desde el
pantano de Tous a L'Albufera, entre 170 y los 250 hectómetros cúbicos
anuales.
Por otra parte, el coordinador regional de Ecologistas en Acción en
Castilla-La Mancha, Miguel Angel Hernández, manifestó su satisfacción por
que el Tribunal Supremo (TS) haya puesto "coto al trasvase Júcar-Vinalopó"
en una sentencia, si bien mostró su preocupación porque introduzca en ella
un planteamiento que puede llevar al "desmantelamiento" de la unidad de
gestión del agua.
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EL PAÍS – Andalucía
22-11-2004
Un granadino paga la mitad que un sevillano por consumir la misma cantidad
de agua
Un informe de Medio Ambiente evidencia la disparidad de precios en Andalucía
TEREIXA CONSTENLA - Sevilla
A igual consumo, ocho precios. Un hogar sevillano paga el doble que uno
granadino por consumir la misma cantidad de agua. La factura de una vecina
de Huelva, que paga 0,7 euros por metro cúbico gastado, se parece más a la
de una extremeña (0,76) que a la de una gaditana (0,56). Un estudio
comparativo de la Secretaría General de Aguas de la consejería de Medio
Ambiente evidencia la heterogeneidad en los precios y la calidad del
suministro de agua urbana. Según este informe, la provincia de Sevilla es la
única de Andalucía donde el coste medio del agua es superior a la media
española. Sevilla es la provincia donde los usuarios urbanos pagan más (0,87
euros por metro cúbico), mientras que Granada se sitúa en el otro extremo
(0,42 euros por metro cúbico). Las demás oscilan entre los 0,51 de Jaén, la
segunda tarifa más baja, y los 0,70 de Huelva, la segunda más elevada.
El trabajo de la Secretaría General de Aguas, un organismo dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente, ofrece tarifas medias de cada provincia, a
partir de las cifras obtenidas en casi todos los municipios de la comunidad
autónoma. Se han tomado como referencia datos de 2001, aunque desde la
Secretaría General de Aguas sostienen que los precios han variado tan
levemente que se mantienen los mismos resultados. Según este trabajo,
Sevilla es la única provincia andaluza donde el coste medio del agua urbana
supera la media española (0,81 euros por metro cúbico).
Los precios más elevados, según el documento, se concentran en las capitales
de provincia y sus áreas de influencia, además del litoral. "Los sistemas
supramunicipales con más de 100.000 habitantes presentan precios medios
situados en la horquilla de 0,6 euros por metro cúbico a 0,8", señalan,
mientras que por debajo de los 100.000 habitantes la tarifa es inferior a
los 0,5 euros por metro cúbico.
Pero no sólo los precios difieren. En el estudio se hace hincapié en los
evidentes efectos de estas desigualdades en la calidad del servicio.
"Algunos de estos desequilibrios son fácilmente identificables por los
ciudadanos (tiempo de respuesta para resolución de averías, sabor y/u olor
del agua que se consume, estado de los ríos o las costas) mientras que otros
son más complicados de percibir", señalan en el informe en alusión al estado
real de las infraestructuras o la situación económica de las empresas y
organismos encargados del abastecimiento.
De hecho, comparan la calidad del servicio en el área metropolitana de
Sevilla, donde cualquier avería en la red se soluciona "habitualmente con
rapidez, sin que el ciudadano se entere y, sobre todo, sin que peligre su
abastecimiento", con un fallo similar en el Condado de Jaén, que condena a
los vecinos a permanecer varios días sin suministro y a recurrir a
"alternativas francamente incómodas (camiones cubas o nuevos pozos)".
La heterogeneidad de los precios y la desigual calidad en el servicio cobran
especial interés ahora que la Directiva Marco de Aguas (DMA), de la Comisión
Europea, obligará a modificar los actuales criterios de gestión, pero
también repercutirá en un incremento de tarifas con el objetivo de que el
precio pagado por el usuario se aproxime al coste real. Las tarifas
andaluzas revelan, según el estudio, un "carácter altamente subvencionado",
si bien desde Medio Ambiente se subraya que el "ajuste" del precio "debe
estar ligado necesariamente a criterios de calidad y de mejora en el
servicio público".
Para lograr que la gestión del ciclo integral del agua gane en eficiencia,
el documento alude también a la importancia de las actuaciones en aguas
residuales (infraestructuras de depuración y saneamiento) "para que los ríos
dejen de ser sumideros de vertidos".
Las directrices comunitarias obligarán, por otro lado, a homogeneizar la
calidad del agua para consumo humano. El estudio alude a más de 100 casos de
problemas de abastecimiento a poblaciones generados por contaminación en la
última década. Numerosas poblaciones andaluzas tienen problemas "asociados
fundamentalmente a la contaminación difusa de origen agrario o a la
salinización de los acuíferos". Uno de los episodios más recientes afectó a
unas 20.000 personas en Jaén, que permanecieron sin agua más de 10 días por
la contaminación de las aguas de un pantano con el herbicida Perbutilacina,
que se emplea en olivos.
xxxxx
“Colectivo Ecologista Riojano”
22 de Noviembre de 2004
EL CER RECLAMA AL GOBIERNO DE LA RIOJA QUE RECONSIDERE SU PARTICIPACION EN
EL PROGRAMA CATALAN DE CRIA EN CAUTIVIDAD DEL VISON EUROPEO
La semana pasada se anunció la cesión a la Generalitat Catalana de varios
visones europeos para crear un centro de cría en cautividad, por parte del
Gobierno de La Rioja. El CER, en relación con este proyecto, quiere
manifestar lo siguiente:
. Este proyecto supone el reconocimiento del fracaso del Gobierno de La
Rioja por conservar el visón europeo y su hábitat. A lo largo de los últimos
años su población ha sufrido un grave retroceso en La Rioja debido a la
expansión del visón americano y a la
destrucción de las riberas de los ríos riojanos en especial durante el año
pasado (cuestión denunciada por el CER en su día). El Gobierno de La Rioja
tan solo se ha limitado a editar publicidad y a contarnos la excelencia de
su política ambiental, cuando esta hace aguas en una de las especies
animales que tiene un mayor riesgo de extinguirse en todo el continente.
. Al mismo tiempo, el Gobierno de La Rioja evidencia una falta de interés
por el medio ambiente al permitir el expolio por parte de la Generalitat
Catalana de nuestras especies animales amenazadas. El CER quiere aclarar a
los ciudadanos riojanos que el visón europeo tan solo ha existido en
Navarra, País Vasco, Burgos y La Rioja. Por lo tanto, llevarse visones
europeos de este ámbito territorial a otra región diferente y muy distante,
parece que tiene otros objetivos diferentes a la conservación del visón
europeo.
. El CER reclama al Gobierno de La Rioja que reconsidere su decisión
evitando la expoliación de nuestro patrimonio natural. Creemos que no existe
en este momento la necesidad de criar en cautividad esta especie, en todo
caso la protección urgente e integral
de su hábitat en La Rioja. Además debemos añadir que existen
infraestructuras públicas como el centro de la Fombrera o la piscifactoría
de Brieva donde se puede realizar esta cría en cautividad, en caso de ser
necesaria También creemos que sería más interesante traer recursos
económicos y humanos a La Rioja, que llevarse visiones europeos a Cataluña.
. Creemos que a pesar de que la cría en cautividad del visón europeo tenga
algún éxito, el hábitat del visón europeo está tan deteriorado que será
prácticamente imposible su reintroducción en el mismo, salvo que la política
ambiental del Gobierno de La Rioja de un
giro de 180º.
. Dado el alto riesgo de extinción que tiene esta especie diferentes
organizaciones de las anteriores provincias del Alto Ebro tenemos previsto
realizar una rueda de prensa en Vitoria, donde se explicará más
detalladamente nuestra postura y las actuaciones que
tenemos intención de llevar a cabo para evitar la sustracción de estos
ejemplares de visón europeo de su medio natural.
En Logroño, 22 de Noviembre de 2004.
Más información tfno. 610 06 95 71
xxxxx
EL PAÍS – Comunidad Valenciana
22-11-2004
Industria prohíbe copiar un expediente en exposición por ser "propiedad
intelectual"
S. NAVARRO - Alicante
Los servicios territoriales de la Consejería de Industria en Alicante han
esgrimido la ley de la Propiedad Intelectual para prohibir al representante
legal de una colectivo cívico reproducir la documentación de un proyecto en
exposición pública. La decisión de Industria se ha produjo a raíz del
intento de Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del
País Valenciano, de fotografiar los documentos de un proyecto relativo a la
cantera de Fontcalent expuesto al público en la sede de los servicios
territoriales de Industria. El objetivo del ecologista era obtener una fiel
reproducción del expediente para presentar las alegaciones en materia de
impacto ambiental. "Me dijeron que, en aplicación de la Ley de Propiedad
Intelectual, estaba prohibido fotografiar la documentación y me invitaron a
abandonar las dependencias", afirma Arribas". "Presenté la oportuna
reclamación, ya que en base a la Ley 30/92, un proyecto que se somete a
información pública es de dominio público, pudiendo ser reproducido
libremente su contenido", añade.
El ecologista también denunció los hechos al Síndc de Greuges. La respuesta
del Síndic se limitó al informe del director territorial de Industrial sobre
la denuncia del representante de Ecologistas en Acción. El mencionado
informe incluye otro elaborado por el área jurídica de la Consejería de
Industria que esgrime el artículo 10 del Real Decreto 1/ 1996 que aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para justificar el veto a
fotografiar un expediente en período de exposición al público. En ese punto
la norma dice: "Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se
invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: f) los proyectos, planos,
maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería". En
consecuencia, los servicios jurídicos de Industria sostiene que las persona
que desee comparecer, en el caso de los períodos de información pública,
podrán tener acceso a los proyectos que forman parten del expediente, "pero
no podrán ser reproducidos por ningún medio sin permiso del autor".
Protección abusiva
Los ecologistas discrepan de la argumentación de Industria y han vuelto a
formular una nueva queja al Síndic de Greuges. Ecologistas en Acción del
País Valenciano considera que otorgar el rango de propiedad intelectual al
expediente de explotación conjunta de las canteras de Fontcalent y calificar
esos documentos como "parte de un proyecto de obra arquitectónica y de
ingeniería" es claramente "abusivo" y contradice el espíritu de la Directiva
2003/4/ CE de la Unión Europea y del convenio de Aarhus -tratado
internacional suscrito por la UE y España que estable el derecho preferente
del ciudadano a obtener información en proyectos públicos- que regulan la
interpretación restrictiva de los motivos de denegación de información
ambiental. "Traer a colación ese articulado de la Ley de Propiedad
Intelectual es inadecuado y un auténtico contrasentido en un marco de un
trámite de información pública alejado de cualquier sentido comercial o de
explotación comercial", recoge el segundo escrito de queja de los
ecologistas remitido al Síndic.
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EL PAÍS – Andalucía
22-11-2004
CRÓNICA EN VERDE
La naturaleza compartida
La gestión descentralizada de los parques nacionales es la norma en el resto
de Europa
JOSÉ MARÍA MONTERO - Sevilla
Las principales organizaciones ecologistas de ámbito nacional han escogido
duros calificativos a la hora de valorar la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional que otorga a las comunidades autónomas, en exclusiva, las
competencias de gestión en los parques nacionales. A juicio de Ecologistas
en Acción, SEO-Birdlife y WWF-Adena, el fallo del Constitucional supone un
"golpe mortal a la red de parques nacionales y un claro retroceso que sólo
viene a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades autónomas". En
definitiva, concluyen estos colectivos, el nuevo criterio "no aporta nada
nuevo ni positivo a la conservación de la biodiversidad de estos espacios".
En idénticos términos se han expresado profesionales implicados en tareas
ambientales, como es el caso de los ingenieros técnicos forestales. El
colegio oficial que los agrupa considera la sentencia como "una mala noticia
para la conservación de la naturaleza en España", ya que ceder la gestión de
los parques nacionales a las comunidades autónomas supone "exponerlos a
mayores presiones sociales y económicas locales". No es de extrañar, por
tanto, que este colectivo defienda el modelo de cogestión que venía
funcionando hasta ahora, por considerarlo "el más lógico". Incluso sostienen
que este modelo ha hecho posible una buena gestión de estos territorios
"independientemente del color político del gobierno de la nación".
Con todo, han sido precisamente los conflictos entre administraciones de
distinto signo político los que en su día llevaron a la Junta a buscar el
arbitrio del Tribunal Constitucional, ya que la pretendida cogestión estaba
siendo administrada con notable cicatería desde Madrid.
También resulta paradójico el argumento de las presiones locales como factor
que puede alterar la conservación de los parques ya que, invirtiéndolo,
también podría defenderse que las comunidades autónomas conocen mejor los
problemas de sus propios territorios y son más sensibles, por pura cercanía,
a las inquietudes que manifiestan todos aquellos colectivos relacionados de
alguna manera con estos territorios excepcionales. Sin embargo, este factor
tiene un notable peso en buena parte del movimiento ecologista andaluz, que
no perdona al Gobierno autonómico el haber sido tolerante con actuaciones
como la de Costa Doñana, la macrourbanización que originó una contundente
reacción en defensa del cercano parque nacional y que acabó por descartarse.
Pero quizá lo más llamativo de estas reacciones, vista la serenidad con la
que el Ministerio de Medio Ambiente ha acogido la sentencia y la lógica
satisfacción que ha expresado la Junta, es que se producen al hilo de una
interpretación jurídica que los propios ecologistas sabían que, tarde o
temprano, acabaría por imponerse. Ya en 1992 un informe, redactado por
expertos juristas a petición de varias asociaciones ecologistas
representadas en los patronatos de parques nacionales, anunciaba, de alguna
manera, el modelo que ahora consagra el Constitucional y que, por otra
parte, era ya común a la mayoría de los países europeos.
Aquel informe, que recobra plena vigencia diez años después de publicarse en
la Revista de Administración Pública, afirmaba, con clara contundencia, "que
el modelo español, que reserva en exclusiva al Estado la declaración y
gestión de los parques nacionales, no tiene precedente en los estados
federales o políticamente descentralizados integrantes de la Comunidad
Europea". Estas competencias, precisaba el documento, "corresponden a los
estados federados, comunidades o regiones autónomas, allá donde han sido
constituidos, de forma exclusiva o compartida".
Incluso en el caso de que estas atribuciones fueran compartidas entre las
dos administraciones, central y regional, es común que prevalezca el
criterio de esta última, y a este respecto se citaba el caso de Alemania,
donde, en lo que respecta a los parques nacionales, el Gobierno central
comparte algunas atribuciones con los länders (iniciación e instrucción del
proceso declarativo), aunque, a la hora de la verdad, "la administración
federal se limita a la tutela de los intereses propios de la federación,
entre los que se encuentra la verificación de los requisitos que, para la
declaración, imponen las normas básicas".
La sentencia del Constitucional no anula una cierta labor de tutela que
seguirá correspondiendo al Gobierno central. De esta manera, el Ministerio
de Medio Ambiente continuará encargándose de aprobar el Plan Director de los
Parques Nacionales de España, en el que se recogen los principios básicos de
conservación, y que se diseñará de acuerdo a la opinión del Consejo de la
Red de Parques Nacionales, en el que estarán representadas las comunidades
autónomas. Se mantienen, asimismo, los patronatos, en los que hay
representación de las diferentes administraciones, y tampoco sufre
modificaciones el proceso de declaración, que sigue dependiendo del
Parlamento de la Nación.
Estrecha vigilancia
Los ecologistas están decididos a mantener una estrecha vigilancia sobre la
gestión que, a partir de ahora, ejercerán las comunidades autónomas en los
parques nacionales, aun cuando estén convencidos de que el nuevo modelo
entorpecerá esta labor, ya que es "menos abierto, menos participativo, más
opaco y mucho más sensible a las presiones de los agentes locales". De hecho
consideran que los patronatos de estos espacios, en los que tienen voz y
voto, se convertirán, merced a la sentencia del Constitucional, "en meros
testigos y convidados de piedra de las decisiones que adopte cada
autonomía".
No opina del mismo modo la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que
ha reclamado esta labor fiscalizadora. Narbona se ha mostrado convencida de
que "numerosas organizaciones sociales, y en particular los ecologistas,
seguirán cumpliendo un papel de vigilancia, control social e impulso a
través de los patronatos".
La ministra también ha otorgado un voto de confianza a los diferentes
gobiernos autonómicos, convencida de que estarán "a la altura de sus nuevas
responsabilidades". En concreto, y a modo de aviso para navegantes, se ha
referido al mantenimiento de los criterios que ahora se incluyen en el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales, en lo que se refiere,
expresamente, a la exclusión de determinadas actividades en estos
territorios, "como, por ejemplo, las que tienen que ver con el urbanismo o
la caza".
Andalucía, a través de su consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha
hecho valer su dilatada experiencia en la protección del patrimonio natural,
que supone "la gestión de una superficie, catalogada como protegida, sin
comparación en Europa".
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EL PAÍS – Andalucía
21-11-2004
La Unesco exige control urbanístico en Ronda para ser Reserva de la Biosfera
La Sierra de las Nieves puede quedar fuera del proyecto de protección
bético-rifeño
CECILIA JAN - Málaga
Cuando se habla de desarrollo sostenible, vienen a la cabeza conceptos como
turismo rural o empresas agroalimentarias. Pero un circuito de fórmula 1 con
un hotel de lujo, dos campos de golf y 800 chalés suenan mucho a desarrollo
y poco a sostenibilidad. Así lo cree Javier Castroviejo, presidente del
comité El Hombre y la Biosfera (MAB, en sus siglas en inglés), que evalúa la
situación de las reservas de la biosfera declaradas por la Unesco en España.
El problema es que estos proyectos urbanísticos se sitúan en una de estas
reservas, Sierra de las Nieves, que está incluida en la propuesta de la
Junta para crear una reserva transfronteriza con Marruecos.
"No se puede incluir Sierra de las Nieves en una reserva internacional con
estas actividades dentro", aseguró Castroviejo, en referencia a los
proyectos de Los Merinos sur (el hotel y las instalaciones aledañas al
circuito de fórmula 1 privado Ascari, que ya funciona) y norte (dos campos
de golf y 800 chalés), ambos en el municipio de Ronda.
Este doctor en Biología se refería a la propuesta impulsada por la
Consejería de Medio Ambiente, para crear la reserva de la biosfera
bética-rifeña, que abarcaría zonas de Málaga, Cádiz y el norte de Marruecos
con un rasgo en común, la presencia endémica del pinsapo.
La propuesta, apoyada en principio por el comité MAB, choca ahora con las
opiniones de varios de sus miembros. Tras visitar recientemente la localidad
malagueña, advirtieron de que, de prosperar los proyectos de Los Merinos,
emitirían un informe negativo a la Unesco, que podría suponer una
modificación de los límites de la reserva de la biosfera. "Sería la primera
vez que ocurre en España", lo que "afectaría a la imagen de una zona que
vive del turismo asociado al medio ambiente", alerta Castroviejo.
Dos son los principales problemas que aprecia el comité MAB: el mal "ejemplo
de desarrollo sostenible", uno de los conceptos que trata de proteger la
Unesco con este programa; y la posible contaminación de los acuíferos que
abastecen a varios pueblos de la zona. Según Pedro Arroyo, experto en agua
del comité, tanto coches -el polvillo de los frenos contiene metales
pesados- como campos de golf -necesitan tratamientos químicos- "pueden
producir agentes muy contaminantes para el agua".
Para Castroviejo, aún hay tiempo para rectificar, ya que el informe sobre
Sierra de las Nieves -con una extensión de 93.930 hectáreas, que incluye un
parque natural de 20.163 hectáreas- no habrá de presentarse hasta 2005, al
cumplirse 10 años de su declaración como reserva de la biosfera. "Compete a
las autoridades andaluzas y a las locales
[abarca 10 municipios de la Serranía de Ronda y parte de Ronda]", opina,
aunque de momento ha obtenido "escasa respuesta".
La desinformación parece mutua, ya que la consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves, asegura que se ha enterado de la polémica por los medios de
comunicación, y que no sabe "las causas por las que han hecho esas
declaraciones". Sin embargo, Coves niega con rotundidad que el proyecto de
reserva transfronteriza corra algún riesgo.
Ignacio Trillo, delegado de la Consejería en Málaga, alega que "la reserva
de la biosfera es una figura lo suficientemente flexible como para plantear
diferentes escalones de protección", y como ejemplo, cita que la propia
ciudad de Sao Paolo, en Brasil, está dentro de una. Cuando en 1995 se
declara la reserva en Sierra de las Nieves, "no se tiene en cuenta que esos
terrenos son urbanos según el plan general de 1993", explica. Por tanto, ese
urbanismo "no sería compatible con la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía de 2002, pero sí con la reserva de la biosfera", opina.
Éste parece ser el quid de la cuestión, según coinciden ecologistas y
concejales del Ayuntamiento de Ronda. Para Juan Terroba, de Ecologistas en
Acción, una cosa es que se lleven a cabo proyectos de desarrollo sostenible
en los terrenos, que están en la zona más exterior de la reserva, y otra, lo
que está proyectado en Los Merinos. "Hay un urbanismo muy agresivo,
promovido por el Ayuntamiento", denuncia. Incluso hay una investigación
abierta en el Juzgado de Ronda, ya que la fiscalía aprecia indicios de
prevaricación.
Sin embargo, la concejal delegada de Medio Ambiente del municipio, Isabel
María Barriga (PA), asegura que "están entre la espada y la pared". "El PGOU
de 1993 establece que esas actuaciones se pueden hacer en ese terreno, por
lo que si un promotor nos pide la licencia urbanística, no se la podemos
negar si cumple los requisitos", afirma. La propia Barriga califica el
proyecto de Los Merinos norte como "una barbaridad", que su corporación "no
ve clara por el momento". "Es demasiado grande, no creo que los recursos
hídricos den para tanto", opina la concejal.
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EL PAÍS – Comunidad de Madrid
22-11-2004
Los ecologistas reforestan parte del arrasado monte Abantos
Diversos colectivos ecologistas de la sierra de Madrid plantaron ayer 250
árboles y 3.000 bellotas de roble en las laderas del monte Abantos, cuya
vegetación resultó parcialmente destruida en 1999 a causa de un incendio,
según explicó ayer a Europa Press Francisco Felipe, uno de los promotores de
esta iniciativa.
La reforestación ciudadana, en la que participaron alrededor de 300
personas, muchas de ellas niños, permitió la plantación de diferentes
especies árboreas, entre las que se encontraban 150 robles, 30 saúcos y
varias decenas de majuelos y espinos cervales.
De la misma forma, se plantaron especies protegidas en la región, como el
manzano y el cerezo silvestre. Felipe destacó que con esta iniciativa,
impulsada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono
(ARBA), el Entorno Escorial y el Foro Ciudadano Escurialense bajo el lema
"Ayuda a recuperar nuestro monte", "se pretende contribuir a la educación
ambiental de la ciudadanía y colaborar activamente a la recuperación del
bosque autóctono en el monte Abantos con el arbolado que le es propio".
En su opinión, la repoblación, mayoritariamente realizada con bellotas del
roble melojo, puede suponer "una experiencia piloto útil para la
Administración con vistas a los planes oficiales de reforestación en la zona
quemada" y aprovecharse para "sembrar el germen de una participación
ciudadana en acciones ambientales positivas poco facilitada normalmente
desde instituciones oficiales".
El área reforestada se sitúa en el ámbito conocido como solana del
Barrancón, en la pista asfaltada que une el Tomillar con La Penosilla,
contiguo al cordel del Valle y a la parte alta del prado de la Era.
La técnica de plantación con la que se realizó la reforestación no es
agresiva, según los impulsores de la iniciativa, ya que los organizadores
trataron de "respetar la cubierta vegetal existente" y procuraron "no
interferir en las reforestaciones oficiales realizadas o en curso".
xxxxx
“Ecoportal.net”
22 de noviembre de 2004
Educación Ambiental y Ciencias Sociales
Joel Sangronis Padrón
Profesor UNERMB
Es ya añeja la frase aquella de: "la justicia es algo demasiado importante
para dejarla únicamente en manos de los abogados". Igual se podría decir de
la salud pública y los médicos o del amor por la patria y los militares, sin
embargo, en nuestras universidades el área de conocimiento que por su propia
naturaleza debería de ser más multidisciplinar, o mejor aun, más
transdisciplinar, esto es, la Educación Ambiental, sigue manejándose como un
coto exclusivo de los Biólogos y la Biología.
Debo aclarar que nada tengo en contra de los Biólogos o de los Licenciados
en Educación mención Biología, a lo que me refiero es al despropósito que en
pleno siglo XXI significa pretender mantener el decimonónico error de
considerar a la Ecología y el Ambiente apenas como un apéndice o una suerte
de rama menor de la Biología.
La Educación Ambiental no es una forma moderna de la didáctica de las
ciencias naturales, por el contrario, es un movimiento andragógico que
integra conocimientos ecológicos, filosóficos, políticos, económicos y
sociológicos a objeto de modificar relaciones de producción, estructuras
económico-sociales y patrones culturales (individuales y colectivos) a los
fines de resituar a los miembros de la sociedad industrial contemporánea en
un nuevo contexto histórico ambiental global.
Hasta ahora la Educación Ambiental se ha enfocado con una visión
reduccionista, técnica y operativa de la problemática ambiental sin
detenerse a considerar el alcance y la complejidad que las interacciones
humanas tienen en esta situación. La Educación Ambiental, tal y como hasta
ahora ha sido planteada, tiene como objeto de estudio el medio no
antropizado, es decir, la naturaleza no intervenida por el quehacer humano
(fotosíntesis, ciclos del agua o del carbono, cadenas alimentarias), lo que
a todas luces es un contrasentido.
¿Como hablar del ciclo del carbono sin hacer referencia a la revolución
industrial y a las emisiones de gases invernadero por parte de las
sociedades ricas del mundo? ¿Como hablar de la destrucción de las selvas
tropicales sin explicar los fenómenos de la pobreza y la injusta
distribución de la riqueza en el mundo?
No se trata de excluir a las ciencias naturales de la Educación Ambiental,
sino de integrarlas correctamente con una visión holística y dialéctica.
El problema de la degradación ambiental es un problema exclusivamente
humano, de la sociedad humana, en tanto que está comprobado que solo el ser
humano contamina. Lo lógico parecería entonces que en su estudio y en la
búsqueda de soluciones se incluya e involucre a quienes por vocación y
formación estudian los procesos y características de dicha sociedad, esto
es, Sociólogos, Licenciados en Educación mención Ciencias Sociales,
Antropólogos, Politólogos, etc.
Para entender la problemática ambiental contemporánea y a su vez generar
cambios paradigmáticos en la sociedad que detengan los procesos de
degradación de nuestro hábitat deben de estudiarse aspectos históricos,
culturales, políticos y económicos además de los puramente biológicos, el no
hacerlo así implica asumir una percepción sesgada, reduccionista y
distorsionada de dicha problemática y de sus posibles soluciones.
La ubicación epistemológica de la Educación Ambiental dentro de las ciencias
naturales no es sino la consecuencia lógica de abordar la problemática
ambiental desde la perspectiva del viejo paradigma mecanicista newtoniano.
Abordar la Educación Ambiental desde una perspectiva estrictamente biológica
implica otorgarle una neutralidad ideológica que está lejos de tener.
La problemática ambiental no es ideológicamente neutral ni ajena a los
intereses políticos y económicos que actualmente rigen al mundo. Para que la
Educación Ambiental sea válida y efectiva tiene que comenzar por cuestionar
esa supuesta neutralidad axiológica de la crisis ambiental. He aquí la
importancia insoslayable de las Ciencias Sociales en la Educación Ambiental.Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/11/2004 - Modificar
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