M E N T I R A S   Y   M E D I O S

15 de noviembre del 2003

Carlotti, el liquidador de empresas, y el Gobierno español van de la mano

Irene Amador

En días pasados, los periódicos oficiales del reino se hacían eco, algo escandalizados, del despido "sin previo aviso" de la conocida presentadora Rosa María Mateo. Sin duda es un hecho lamentable que define a los gestores de Antena 3, y hasta el insigne columnista Eduardo Haro Tecglen dedicó unas líneas a su agraviada colega. Lo que, sin embargo, no ha llamado la atención de los periodistas --salvo honrosas excepciones--, es que del mismo modo infame se ha despedido a otros 214 trabajadores y trabajadoras de la cadena privada, cuyo anonimato, al parecer, no les da derecho a un titular en la prensa. Todos han sido injustamente despedidos, víctimas del más despiadado terrorismo empresarial. Algunos de ellos estaban en la lista negra de Carlotti (el liquidador de empresas que también orquestó la "reducción de plantilla" de Tele 5) por haberse rebelado, por manifestar públicamente su disconformidad con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) --y, por ende, con la política del PP--, por ser honestos y combativos, buenos trabajadores y buenos compañeros.

Pero los "capos" de Antena 3 no han incluido a Rosa María Mateo en la lista negra por haber gritado en las manifestaciones junto a sus compañeros de trabajo: "No al ERE", "No a los despidos de Antena 3", "Ya se ve el empleo del PP", "Lo llaman democracia y no lo es", "Ni un voto más al Partido Popular"... y tantos y tantos otros gritos que con fervor e indignación han acompañado a los candidatos madrileños durante su patética campaña electoral. Rosa María Mateo no estaba junto a sus compañeros, pero así son los empresarios: no te despiden solo cuando molestas, sino también cuando sobras. Que sirva de lección a los que callan.

El sábado 8 de noviembre, otro titular debería haber encabezado las páginas dedicadas a cubrir esta noticia: "El prevaricador Zaplana aprueba el ERE de Antena 3". Días antes, la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid había dictado una resolución en la que comunicaba públicamente la ausencia de razones para aceptar el ERE, y advertía al ministro de que si lo aprobaba podía ser acusado de prevaricación. Este dato fundamental fue sistemáticamente omitido en los comentarios periodísticos sobre la decisión ministerial. Y es un dato clave para comprender el contexto en el que los trabajadores --en Antena 3 y en el resto de las empresas-- nos insertamos: impunidad, impunidad e impunidad para los que detentan el poder económico y el político, que al fin y al cabo es el mismo, son los mismos.

Pero Zaplana no podrá olvidar la orla infamante, el nimbo de pancartas con el lema "No a los despidos de Antena 3", que aureoló su rostro cuando participó en un programa en directo de la cadena privada, mientras pronunciaba sus falsas promesas electorales y hablaba del empleo que crea el PP. Imagen memorable para los anales televisivos. Tampoco olvidará la procesión de trabajadores y trabajadoras que a gritos lo acompañó hasta el despacho de Carlotti, donde permaneció varias horas, prometiéndole seguramente --¿a cambio de qué?-- que aprobaría los injustos e injustificados despidos. Tampoco lo olvida la empresa: desde entonces, un ejército de "seguratas" vela por la tranquilidad de los amos.

Las convocatorias de huelga general han tratado de ser boicoteadas una y otra vez por la dirección de la cadena, con grabaciones previas a los días de huelga, intentos de traslado a otras sedes, etc. Todo ello fue contestado por la asamblea de trabajadores y trabajadoras, que llegó a tomar literalmente un plató y a impedir la grabación de un programa.

Los gritos espontáneos que surgieron en las manifestaciones de protesta contra el ERE, ilustran muy bien la escandalosa situación en la que se insertan los injustificados despidos. Ante las barreras --literales-- de los efectivos policiales del delegado Ansuátegui, los trabajadores y trabajadoras de Antena 3 gritaban: "La policía defiende a los ladrones" y "Queremos la pasta de Buruaga". En efecto, la policía defendía y defiende a quienes han participado en el expolio de la cadena privada y han entregado al incalificable Ernesto Sáenz de Buruaga un cheque de seis millones de euros. ¿Cómo calificar el hecho de que una gestión nefasta se premie tan generosamente, mientras que el esfuerzo cotidiano y entusiasta de los trabajadores y trabajadoras se pague con el despido y con el desalojo policial?

El 22 de octubre, la dirección de Antena 3 llamó a las huestes de Ansuátegui para que sacaran por la fuerza a los empleados que mantenían una asamblea permanente en la cafetería. La tarde anterior, en una votación secreta realizada durante una jornada de huelga, con las urnas en la calle, los trabajadores habían dicho NO a la propuesta de la empresa: 254 despidos, con una miserable indemnización de 45 días de sueldo por año trabajado y 6.000 euros lineales. El NO había ganado a pesar de que una legión de directivos, cumpliendo órdenes, habían salido a la calle para votar.

El presentador de las noticias de las 21.00, Matías Prats, no pestañeó siquiera cuando dio paso a la información del día. Segundo a segundo, fue siguiendo dócilmente las pautas dictadas por sus amos. El informativo se realizaba minutos después de que sus compañeros fueran desalojados por la fuerza y tuvieran que recorrer, con las manos en la nuca, un camino jalonado de antidisturbios con cascos y porras, algunos llorando y otros gritando "Lo llaman democracia y no lo es". Pero al señorito Prats no se le movió la corbata ni se le alteró el rictus, porque seguramente su cacareado sentido de la democracia estaba en sintonía con la situación que se vivía a pocos metros de su poltrona hereditaria. Y además no corría ningún peligro: una legión de agentes de seguridad privados custodia las puertas de acceso a la redacción y al plató de informativos.

A la luz de estos hechos, los periodistas e informadores de Antena 3 deberían reflexionar --supongo que más de uno lo habrá hecho-- sobre las informaciones que se vierten al público. La policía detiene o desaloja a los "violentos". Pero, ironías del destino, el 22 de octubre los "violentos" eran los trabajadores de Antena 3 reunidos en asamblea, en lucha por su puesto de trabajo, que por obra y arte de la "democracia" habían dejado de ser periodistas e informadores para convertirse en aspirantes a terroristas.

Unos días después se hizo pública una resolución de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid en la que dictamina que no existe una situación económica negativa que justifique la solicitud de un Expediente de Regulación de Empleo, y advierte al Ministerio de Trabajo de que la aprobación de dicho ERE podría considerarse prevaricación (Zaplana está acostumbrado: no es la primera vez que el adjetivo prevaricador se añade a su apellido). Una ventana se abría a la esperanza.

Pero el mercado bursátil reaccionó favorablemente al desalojo policial, al ERE y a la injusticia laboral: el mismo día de su debut en la Bolsa, las acciones de Antena 3 subieron de forma inusitada. Tal vez fueran estas las razones que llevaron al prevaricador Zaplana a aprobar el ERE, que gracias a su magnanimidad se vio reducido en un número insignificante de trabajadores (de 254 a 215), dato que los periódicos del reino se apresuraron a resaltar en titulares. No se resaltó, en cambio, el hecho escandaloso de que la aprobación del ERE era contraria al propio dictamen de la Consejería de Madrid y de varias consejerías autonómicas.

La catadura moral de los directivos de Antena 3 se puso de manifiesto en todo su esplendor durante la huelga de hambre de un compañero del comité de empresa: los desmedidos servicios de seguridad de la cadena impidieron que fuera introducida una cama portátil para que descansara. Entonces los compañeros de escenografía llevaron un colchón a la sede del comité de empresa, pero Carlotti debió de pensar que eran demasiadas comodidades, así que fue el propio director de escenografía quien recogió y se llevó el colchón sobre su lomo, como la acémila que demostró ser.

Unos días más tarde, la empresa promulgó la ley seca coincidiendo con una propuesta de homenaje al compañero en huelga de hambre, a celebrar en la cafetería. Y no solo se impuso la ley seca (algo, por otra parte, muy apropiado en un contexto mafioso), sino que se emitió una nota amenazando con "consecuencias laborales" a quienes tuvieran la osadía de participar en el homenaje. Ya puestos, en la puerta de Antena 3 podrían colgar un cartel que advirtiera, como en algunos autobuses mexicanos: "Prohibido entrar con aliento alcohólico"; sería una forma de librarse de la clase directiva.

La última asamblea de Antena 3, a raíz de la aprobación del ERE, se celebró en la calle, cortando el tráfico, ya que los "capos" no dejaron entrar a los trabajadores despedidos, a los que no habían tenido el valor de avisar, porque para eso, para hacer el trabajo sucio, tienen contratado un ejército de seguratas. Para no perjudicar aún más a los que se habían quedado sin trabajo, se desconvocó la huelga indefinida, aceptando el vil chantaje: "paz social" a cambio de 12.000 euros lineales para cada despedido. Han pasado varios días y la "paz social" --custodiada por una legión de guardias de seguridad-- se mantiene; sin embargo, la empresa, que tanta agilidad demostró al despedir a sus empleados sin avisarlos, todavía no ha ingresado en la cuenta de los despedidos los 12.000 euros prometidos (mientras que la indemnización aceptada por el Ministerio de Trabajo --3.000 euros-- fue ingresada el 8 de noviembre, cuando aún no habían transcurrido veinticuatro horas desde el dictamen).

En Antena 3, aparentemente, vuelve a reinar la normalidad. Pero la indignación por las agresiones sufridas, el haber compartido entusiastas jornadas de lucha, el debate político y social, la rabia ante la impunidad con que los verdaderos violentos --los violentos uniformados-- nos desalojaron por la fuerza de nuestro lugar de trabajo..., todo eso ha dejado un poso en el que germinarán nuevas protestas, nuevas movilizaciones. La lucha sigue. No ha hecho más que empezar.