EMPLEO 

[El Problema Español] MEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS. ATAJAR LA 
PRECARIEDAD LABORAL, LIMITAR LA TEMPORALIDAD Y LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
EMPLEO.

Miercoles, 17 de septiembre de 2003

El desempleo, la temporalidad en los contratos, la ausencia de 
regulación en materia de subcontratación, con la precariedad 
y siniestralidad laboral que esto genera, constituyen los problemas 
más graves que hoy afectan a nuestra sociedad.

Las desacertadas reformas laborales realizadas en nuestro país, 
desde la década de los ochenta, han configurado una realidad laboral 
marcada por la desigualdad, la segmentación laboral, la temporalidad 
y la rotación de los empleos.

La calidad del empleo de nuestro país se sitúa de forma 
destacada por debajo de la existente en la actual UE-15:

Tenemos una Tasa de Paro superior a la media comunitaria en más de 5 
puntos.
Nuestro país tiene una tasa de ocupación más de 7 
puntos por debajo de la media.
Duplicamos en temporalidad, uno de cada 3 trabajadores es eventual, y las 
consecuencias de precarización del empleo tienen un carácter 
profundo y estructural.
Los índices de siniestralidad laboral se sitúan a la cabeza 
de los países de la Europa de los quince, con un elevadísimo 
número de personas que pierden la vida en su puesto de trabajo.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se sitúa 24'5 
puntos por debajo del nivel considerado digno por la Carta Social del 
Consejo de Europa, y el coste laboral por hora trabajada en España 
representa el 75% del promedio de la zona euro.
Un gasto social, también, 7 puntos por debajo de lo que gastan 
nuestros socios.
Toda esta degradación laboral y de la calidad del empleo, viene 
teniendo consecuencias especialmente graves en nuestro país.

La temporalidad, la rotación en un mismo empleo y la precariedad 
laboral la padecen más de 4 millones de trabajadores de nuestro 
país, sin contar con los 2 millones de personas sin empleo. Un drama 
que está generando graves desigualdades sociales con una 
distribución de la riqueza cada día más desigual e 
injusta. Tras las grandes cifras se esconden auténticos abusos e 
incumplimientos legales y ausencia de derechos laborales, con exceso 
injustificado de horas extras, destajos; concatenación irregular de 
contratos de un mismo trabajador, como la propia Inspección de 
Trabajo vienen denunciando; salarios no cotizados y discriminaciones 
saláriales, especialmente para las mujeres y los jóvenes; 
economía sumergida, y condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
peligrosas y contrarias a la normativa.

Un ejemplo, cercano y desgraciado, lo es el gravísimo accidente, que 
el pasado día 14 de agosto tuvo lugar en la factoría de 
Repsol YPF en Puertollano, con el trágico balance de 8 trabajadores 
fallecidos y dos gravemente heridos, todos ellos trabajadores 
pertenecientes a empresas subcontratadas. La empresa fue alargando las 
revisiones periódicas de seguridad, realizando estas en 
función de la producción y no de la seguridad, todo ello sin 
justificación alguna, y a pesar de que sus instalaciones 
requerían por su antigüedad una mayor atención, 
constituye la última muestra del calibre de la gravedad del problema 
en nuestro país.

Esto y el elevado número de denuncias y sanciones que se producen 
por incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
obliga a endurecer el aspecto coercitivo de la ley para garantizar el 
cumplimiento, ya que en demasiadas ocasiones las empresas prefieren pagar 
sanciones, si son inspeccionadas, que realizar las inversiones y la 
política de seguridad que exige la norma.

Un gobierno democrático que se digne, no puede quedar de brazos 
cruzados ante esta realidad, y tiene la obligación política, 
moral, social y económica de abordar a fondo los problemas 
estructurales que padece nuestro mercado laboral, emprendiendo una 
acción legal, de carácter global, dirigida a disminuir de 
forma sustantiva y eficaz la temporalidad, atajar la precariedad y la 
siniestralidad laboral; todo ello con medidas concretas y modificaciones 
legales, fruto de un debate a fondo con las organizaciones sindicales y 
políticas de nuestro país, que favorezcan decididamente el 
empleo estable y con derechos en nuestro país, con una 
política con capacidad de una mayor redistribución de la 
riqueza.

No abordar esta realidad, de forma inmediata, supone una gravísima 
irresponsabilidad, y una demostración más de que el Gobierno 
del PP antepone los suculentos beneficios empresariales de una 
minoría, a la seguridad y estabilidad laboral a la que tienen 
derecho los trabajadores de nuestro país.

Como se viene demostrando, la desregulación y flexibilización 
de las condiciones laborales, así como la externalización de 
los costes, con la brutal proliferación de las subcontratas, guardan 
una estrecha relación y resultan determinantes para los 
elevadísimos niveles de siniestralidad que se producen en nuestros 
centros de trabajo. De la temporalidad se pasa a la precariedad y a su vez 
a la inseguridad laboral, con el obsesivo objetivo de maximizar los 
beneficios empresariales.

El empleo ha crecido de manera intensa en los últimos años, 
como consecuencia de una coyuntura económica altamente favorable, y 
el paro, en el terreno formal y estadístico y, se ha reducido 
notablemente, a lo que ha contribuido también la moderada 
evolución de la población activa por la menor presión 
demográfica. La tasa de temporalidad se mantiene desde mediados de 
la década de los noventa en niveles especialmente exagerados.

A pesar de los esfuerzos sindicales en forzar la estabilidad laboral, 
mediante el Acuerdo para la Estabilidad, así como en el marco de la 
Negociación Colectiva, los niveles de abuso de este tipo de 
contratación son excesivos. Y la reducción de la tasa 
insignificante, ya que la temporalidad permanece, en la actualidad, por 
encima del 30%. Todo ello a pesar de las elevadas bonificaciones a la 
contratación indefinida que cada año vienen recibiendo las 
empresas de nuestro país, superior a las 1.800 millones de euros 
cada año.

Es importante señalar también que la tasa de temporalidad se 
ha reducido muy levemente en el sector privado de la economía, pero 
ha aumentado en el Sector Público. Entre 1996 y 2002, la tasa de 
temporalidad en las Administraciones Públicas ha aumentado 4,3 
puntos porcentuales, hasta llegar al 20%.

Además del carácter temporal en la contratación, nos 
encontramos con el fenómeno de la rotación. Intuitivamente, 
podemos observar que, mientras los asalariados temporales que estima la EPA 
representan el 30'6% de la población asalariada, más 
del 92% de los contratos registrados en el INEM son de carácter 
temporal. Así, en los últimos años, a cada trabajador 
temporal le corresponden más de 3 contratos, frente, por ejemplo, a 
dos contratos por trabajador asalariado temporal en 1994.

Con demasiada frecuencia, la rotación en la contratación se 
produce en el marco de grupos de empresas, donde al trabajador se le 
realizan nuevos contratos con aparentes cambios de titularidad, pero en el 
mismo o similar puesto de trabajo, para intentar evitar que, a pesar de 
llevar años desempeñando una tarea estable en el mismo centro 
productivo, alcance la estabilidad del trabajador fijo.

La duración de los contratos tiene mucho que ver con esta 
situación. Aproximadamente, la mitad de los contratos temporales 
tienen una duración inferior al mes y, en los gestionados por las 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT`s), el 48% de los contratos tienen una 
duración inferior a los cinco días.

Las ETT's tan sólo gestionan la precariedad de buena parte de 
la contratación temporal. Estas empresas, en contra de lo que ocurre 
en otros países y negando uno de los objetivos que justificaron su 
legalización en 1994, no canalizan empleos especializados.

La aparente imagen moderna de las ETT's, que se han procurado, 
esconde las formas de explotación más aberrantes.

Por otro lado, vemos como cada día, en empresas y sectores con 
elevados niveles de beneficio, se producen expediente de regulación 
de plantillas, donde se termina incentivando la salida de las empresas de 
trabajadores, mayores de 50 años, que terminan siendo expulsados del 
mercado laboral, en el momento de mayor experiencia y capacidad 
profesional, como viene ocurriendo en Telefónica, RENFE o Repsol. 
Empleos de calidad, posteriormente sustituidos por condiciones precarias, 
rotativas y temporales, cuando directamente no se externalizan, como en el 
caso de Repsol YPF, en Puertollano, empresa que ha externalizado el 50%, a 
más de 60 subcontratas que realizan de las tareas cotidianas de su 
factoría, en los últimos años.

Es necesario, además de un control legal de las contratas y 
subcontratas, actualmente regidas por una norma ineficaz de 1980, limitando 
su abuso e igualando condiciones laborales de los trabajadores la empresa 
principal y la contrata, como se viene demandando sindicalmente, es 
también urgente una regulación legal de las estas formas de 
despido llamadas prejubilaciones.

El gobierno de la derecha ha despreciado sistemáticamente todas las 
iniciativas institucionales y políticas que IU ha llevado tanto al 
Congreso como al Senado, así como las movilizaciones, huelgas y 
protestas realizadas por las organizaciones sindicales, demandando una 
modificación legal de la subcontratación y un cumplimiento de 
la normativa en materia de prevención de riesgos y de accidentes de 
trabajo.



INICIATIVAS PARA EL EMPLEO ESTABLE, EL CONTROL LEGAL DE LA 
SUBCONTRATACIóN Y LA DISMINUCIóN DE LA TEMPORALIDAD Y LA 
PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

Izquierda Unida, reiterando diversas propuestas ya planteadas durante las 
últimas legislaturas y recogiendo diversas iniciativas sindicales, 
plantea todo un conjunto de medidas legales que favorezcan una mayor 
calidad y seguridad en nuestro empleo, a fin de equiparar nuestra 
estructura productiva y de relaciones laborales a los países de la 
UE más avanzados, y garantizar un mejor y más justo 
desarrollo de las posibilidades de crecimiento de nuestro país.

Es evidente de que una forma lógica de garantizar una mayor calidad 
del empleo, hoy resulta más necesaria que nunca una reducción 
legal de la jornada laboral a 35 horas semanal sin menoscabo salarial, 
así se vienen pactando en buena parte de empresas y sectores 
relacionados con la administración pública.



1º Restablecimiento del principio de causalidad en la 
contratación temporal.

Con la supresión legal de todos los contratos temporales que no se 
ajustan estrictamente a las medidas temporales de la empresa.
2º Preferencia legal por los contratos de carácter indefinido.

Con una revisión del régimen jurídico de los contratos 
temporales en orden a establecer la preferencia legal de los contratos 
temporales que no respondan a las necesidades excepcionales de las 
empresas. Con la prohibición legal de la contratación 
temporal en cadena. Creación de un sobrecoste de la 
cotización en el contrato a temporal.
3º Promover una Ley de las contratas y subcontratas.

Garantizando la protección de los derechos de todos los trabajadores 
de las empresas contratistas en materia de condiciones de trabajo, 
seguridad social, derechos de representación, condiciones 
salariales, jornada laboral y seguridad laboral y salud laboral.
Establecimiento de la responsabilidad solidaria entre la empresa principal 
y todas las contratistas y subcontratistas en el cumplimiento todos los 
derechos, en especial los referidos a la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.
Equiparación de derechos de los trabajadores de la empresa principal 
y de las empresas contratistas.
Preferencia de los trabajadores pertenecientes a contratas y subcontratas 
para el acceso al empleo de la empresa principal.
Control administrativo de la subcontratación, mediante el 
establecimiento de la obligación de todas las empresas 
subcontratistas de obtener una autorización previa de la 
Administración, con anterioridad a la realización de la obra, 
y con una validez referida a la obra solicitada. Acreditando el 
cumplimiento de los derechos de los trabajadores que van trabajarán 
en dicha obra. Creando un registro público y conseguir un mayor 
control de estas empresas.
Obligación de que un porcentaje mínimo la plantilla estable.
Aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones salariales, 
indemnizatorias y de Seguridad Social, que se realizan en las obras 
dependientes de la Administración mediante constitución de 
una fianza suficiente para hacer frente a las obligaciones.
Derecho de representación legal de los trabajadores dependientes de 
subcontratas, desde el inicio de la obra.
4º Medidas legales, urgentes, para garantizar un mayor cumplimiento de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo.

Creación de una Fiscalía especial contra la siniestralidad 
laboral, concertada con la Inspección de Trabajo, las Comunidades 
Autónomas, y los representantes de la patronal y de los sindicatos.
Tipificación en el Código Penal como delito, el 
incumplimiento flagrante o reiterativo de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.
Creación de la figura del Delegado territorial de Prevención 
de riesgos.
5º Medidas para la igualdad de oportunidades.

Acción específica de la Inspección de trabajo para 
evitar abusos y discriminaciones laborales y salariales contra la mujer en 
los centros de trabajo. Reforzando la igualdad de salario y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo la incorporación 
de mujeres y jóvenes al empleo estable y con derechos.
6º Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo.

Incremento sustantivo de la Plantilla de Inspectores de Trabajo hasta 
alcanzar durante la próxima la legislatura una ratio de 1 Inspector 
por cada 7000 trabajadores. Con el desarrollo de planes regulares 
concertados con los agentes sociales y CC.AA. Con incremento de las 
actuaciones en los sectores de mayor riesgo de temporalidad y 
siniestralidad laboral.
7º Dignificación del SMI.

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional, durante la 
próxima legislatura al 60% del Salario Medio, tal como recomienda la 
Carta Social Europea. Con un incremento para este año del 10%.


SECRETARIA FEDERAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - IZQUIERDA UNIDA

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