Desde hace tiempo el Movimiento Antiglobalización viene denunciando el deterioro constante y sistemático de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, provocado por la presión de una globalización capitalista que exclusivamente defiende los intereses del poder financiero y de las grandes multinacionales. Se recortan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los estados desarrollados para incrementar los beneficios empresariales, y se impide el desarrollo de los países del tercer mundo para asegurarse una mano de obra en condiciones de esclavitud. Además los gobiernos ejercen un control sobre la vida política y social recortando las libertades para impedir que se cuestione la estrategia capitalista, y bajo la falsa excusa de combatir el terrorismo, especialmente desde el 11 de septiembre, se justifican atrocidades como la masacre del pueblo afgano, el genocidio palestino, el cerco que sufre la población inmigrante o la criminalización de todos los movimientos que cuestionan el sistema.

Nuestro país es una buena prueba de todo ello al ser uno de los campos experimentales de las políticas más conservadoras en Europa. La precariedad laboral, como instrumento básico del sistema para alimentar los beneficios empresariales, agravada por las diversas reformas laborales nos han llevado a una situación aberrante donde más del 30% de los trabajadores y trabajadoras están sujetos a contratos temporales (porcentaje que se multiplica en el caso de mujeres y jóvenes), generando una situación de debilidad frente al poder empresarial. Se ataca al sistema público de pensiones con reformas que endurecen las condiciones para tener acceso y se reducen las prestaciones, con el objetivo de incrementar el mercado de los planes de jubilación privados dando satisfacción nuevamente al poder financiero. En las administraciones públicas se privatizan servicios básicos para beneficiar al sector privado, la última prueba de ello es el proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, se recortan derechos y salarios de los empleados públicos para lograr el equilibrio presupuestario, y se reducen las plantillas para luego contratar en precario a través de empresas de servicios. La Ley de Extranjería, que amenazan con volver a reformarla, condena a miles de personas a una situación de máxima explotación y marginación al serles negados los más elementales derechos. Se promueve una Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a Batasuna cuyas consecuencias serán un profundo recorte de las libertades, y lo que se persigue es a todos los movimientos alternativos para impedir que se cuestione este sistema injusto e insolidario.

Todos estos abusos son continuamente denunciados y se convocan movilizaciones ciudadanas contra la política del Gobierno, supeditada a las ansias especuladoras capitalistas, que arremete contra los sectores más débiles. El Movimiento Antiglobalización ha asumido, desde su Asamblea Estatal de noviembre de 2001 en Zaragoza, la necesidad de una Huelga General. Los motivos para esta convocatoria sobran desde hace mucho tiempo, pero ahora parece que puede convertirse en una realidad al anunciar el Gobierno una nueva agresión a la parte más débil de la sociedad: las personas desempleadas.

El Gobierno del PP ha puesto encima de la mesa una reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo. Los aspectos más importantes de esta reforma son: modificación del subsidio para el régimen especial agrario que busca su progresiva eliminación, supresión de los salarios de tramitación en el caso de los despidos declarados improcedentes, redefinir el concepto de empleo adecuado desligándolo de la formación y categoría profesional obligando a aceptar cualquier trabajo, limita la protección por desempleo de los fijos discontinuos y emigrantes retornados, establece la no cotización por desempleo a los colectivos afectados por el contrato de inserción y compatibiliza la prestación de desempleo con un salario para favorecer exclusivamente a los empresarios. Estos recortes no tienen justificación alguna cuando existe un superávit en el presupuesto del INEM por encima de los tres mil millones de euros, y castiga a los más débiles con especial incidencia en mujeres y jóvenes por estar sometidos a una mayor precariedad. El verdadero objetivo es nuevamente la transferencia de rentas a favor del capital, y reducir los costes empresariales asegurando una mano de obra barata y sin derechos.

Con esta nueva vuelta de tuerca algunas organizaciones que no percibían la necesidad de una contestación contundente a la política económica y social de la derecha están dispuestas a convocar una huelga general en el mes de junio. Desde el movimiento antiglobalización no sólo apoyamos esa convocatoria sino que colaboraremos para que sea un éxito con la participación de todos los sectores que hemos trabajado porque esta respuesta fuera posible. Es imprescindible defender nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras y estudiantes. La huelga general tiene que venir precedida de grandes movilizaciones ciudadanas para extender el conflicto, y es necesario darle continuidad después de la huelga. Una huelga general no puede ser el punto final, tenemos que entenderla como el inicio de un gran proceso de contestación a las continuas agresiones del Gobierno. El motivo no es únicamente la reforma de la protección por desempleo, hay muchas otras cuestiones que debemos combatir: la reforma del mercado de trabajo, los recortes de las prestaciones sociales, las privatizaciones de los servicios públicos, la Ley de Calidad de la Enseñanza y la de Formación Profesional que acabará con la escuela pública, una jornada laboral que todavía está muy lejos de las 35 horas semanales reivindicada, la Ley de Extranjería o la Ley de Partidos Políticos que supondrá un recorte impensable de las libertades. Tampoco podemos olvidar que la mayoría de las políticas se definen en el ámbito de esa unión de mercaderes en la que se ha convertido la Unión Europea, por lo tanto es necesario seguir trabajando para que exista una contestación al mismo nivel y en la que puedan participar de forma conjunta los ciudadanos y trabajadores de toda Europa.

La Huelga General tiene que superar los ámbitos tradicionales del trabajo asalariado llamados a secundarla. Debe mostrar el rechazo social, laboral y político. Enfrentarse a los efectos del capitalismo global supone movilizarnos como trabajadores y trabajadoras asalariados, pero también como estudiantes, jubilados, consumidores, inmigrantes, ecologistas, además de visualizar el papel del trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres, como especialmente perjudicadas por la falta de recursos sociales. Esta Huelga General sólo puede ser el inicio de un gran proceso de movilizaciones sociales.