Infancia
IZQUIERDA
UNIDA SOLICITA AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ACTÚE PARA FRENAR LA VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE LOS MENORES INMIGRANTES POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO
IU al Día •
Redacción •
19 de noviembre de 2003
IUALDIA – Madrid, (19-11-2003).-
Gaspar Llamazares remite una carta a Enrique Múgica denunciando la supeditación de Jesús Cardenal a los intereses del Gobierno en materia de Inmigración
Distinguido señor Defensor del Pueblo:
Por la presente, en nombre y representación de Izquierda Unida, queremos manifestarle nuestra preocupación por la vulneración de derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional de protección de los menores que se pudieran derivar de la aplicación práctica de la instrucción de la Fiscalía General del Estado 3/2003, “ Sobre la procedencia del retorno de los extranjeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo. En dicha instrucción se viene a regular la actuación de los fiscales respecto a los menores no acompañados en España a fin de facilitar su expulsión, lo que supone a nuestro juicio la ruptura con el modelo de fiscal consagrado en la Constitución y una quiebra de los principios de legalidad e imparcialidad en su actuación; y a la vez, es un grosero incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño suscrita por España.
Como hemos apuntado, la referida instrucción rompe con los principios de legalidad e imparcialidad para ponerse al servicio de una política gubernamental para con la inmigración, que sólo tiene en cuenta las dificultades económicas y administrativas para cumplir la ley (art. 172 del código civil), dificultades a su vez generadas por la política macroeconómica del Gobierno que acaba con superávit en las cifras (según su interpretación) pero también de forma indiscutible con un superávit en la exclusión y fragmentación social. En definitiva, consideramos que el Fiscal General del Estado ha dictado Instrucción 3/2003 al margen de la legalidad pretendiendo dar cobertura jurídica a la política gubernamental y justificar así un concepto legal de “desamparo” incompatible con el concepto que proclaman tanto la Convención de los Derechos del Niño (art. 20) como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/96 (arts. 13 y 14) que considera que el interés del menor prevalece frente a cualquier otro interés que concurra por legítimo que pudiera ser (art. 2 de la Ley Orgánica), en línea con el mandato de la referida Convención (art. 3.1), y que incluye una inadmisible discriminación por razón de nacionalidad proscrita por el art. 2 de la Convención de los Derechos del Niño.
Esta perdida de imparcialidad del Ministerio Fiscal en una cuestión tan sensible para los derechos de los menores, no debiera quedar impune en nuestra sociedad, y requiere una enérgica y democrática respuesta por parte de Instituciones tales como el Defensor del Pueblo o el Defensor del Menor quien ya se ha pronunciado públicamente en contra de la aplicación de la referida instrucción.
Por todo lo expuesto, en nombre y representación de Izquierda Unida, mediante el presente escrito instamos expresamente al Defensor del Pueblo para que ejercite las acciones legales que estime oportunas en defensa de los derechos de los menores y especialmente de los menores excluidos como son los menores inmigrantes que entran en España buscando posibilidades de vida digna a los que, la lamentable circular del Fiscal General, equipara a jóvenes españoles “que con consentimiento expreso o presunto de sus padres, tengan un trabajo remunerado por cuenta ajena, viven de forma independiente o incluso, habiendo contraído matrimonio, tienen su propia familia” (pag. 7 de la circular).
Igualmente, solicitamos de esta Institución que se adopten las medidas necesarias oportunas para salvaguardar los derechos de los menores a la mayor urgencia frente a la aplicación de la instrucción 3/2003, de una Fiscalía General del Estado incapaz de mantener su imparcialidad e independencia en la defensa de la legalidad entregándose a un Gobierno que sólo sabe dar respuesta a los problemas de los niños y jóvenes, con endurecimiento irreflexivo de las leyes, sin alcanzar a comprender cuanta es su responsabilidad en lo que ellos mismos y sus medios califican de juventud violenta, peligrosa y sin valores y de que modo su política, contribuye precisamente a esa pérdida de valores y a la marginación y exclusión social de muchos niños y jóvenes y especialmente de los que proceden de la inmigración.
Agradeciendo su diligencia en el examen de esta situación y a la espera de su contestación, aprovecho la ocasión para transmitirle el testimonio de mi más alta consideración.
MÁS INFORMACIÓN:
Tomado de http://www.izquierda-unida.es/iualdia/2003/noviembre/19/primera.htm
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