CONCENTRACIÓN URGENTE POR COLOMBIA:  Lunes, 9 de febrero de 2004, 19 horas.
Ministerio de Asuntos Exteriores.  Plaza de la Provincia s/n  - Madrid  * ¡STOP URIBE¡ *  NO AL TERRORISMO DE ESTADO

Compañer@s:

Estamos invitando a todos a mostrar la solidaridad con el pueblo colombiano. Como much@s ya sabran el proximo lunes 09 de febrero, el
presidente colombiano, Alvaro uribe Velez estará en el parlamento europeo, viene en busca de más fondos para la aumentar la guerra, para
oprimir al pueblo que lleva muchos años luchando por la consecución de la paz con justicia social. Para asesinar sindicalistas, campesin@s,
jovenes estudiantes, defendosres de derechos humanos, activistas comunales, y a tod@s l@s que vaya en su contra.

Anexo convocatoria y carta que será entregada al parlamento europeo y que irá firmada por las organizaciones participantes. Si alguna
organización quiere unirse al llamamiento. Si alguna organización quiere unirse al llamamiento informe al email: osp@urbs.org  y/o a este
remitente: ccplancol@nodo50.org 

¡Salud!
*CONCENTRACIÓN*

En protesta por la invitación

a Álvaro Uribe Vélez,

actual presidente de Colombia

para asistir a una Sesión Solemne del Parlamento Europeo

*Lunes, 9 de febrero*

*A las 19 horas.*

*Ministerio de Asuntos Exteriores*

*Plaza de la Provincia s/n **Madrid*

*/_ _/*¡STOP URIBE¡

NO AL TERRORISMO DE ESTADO

_____________________________________________________________________

PARTICIPAN: Campaña Contra el Plan Colombia, Plataforma de Ciudadanos
por la República, OSPAAL, PCPE, Plataforma Bolivariana de Solidaridad
con Venezuela, Organización Comunista Octubre, Asamblea Internacional
de
Jóvenes por la Paz en Colombia.

Al Parlamento de la Unión Europea

Señores Parlamentarios:

Las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestra más
enérgica protesta por la invitación cursada al actual presidente de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez para que asista a una sesión solemne del
Parlamento Europeo, pues consideramos que esta invitación no debe
hacerse a gobernantes que, como el señor Álvaro Uribe Vélez, violan los
derechos humanos, exterminan a la oposición, son impulsores de la
guerra
y atentan contra la democracia..

Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente de Colombia con un escaso 22%
del total del electorado colombiano, en unas elecciones en las que el
índice de abstención sobrepasó el 55 %. Desde hace 17 meses gobierna su
país de manera autoritaria.

Álvaro Uribe tiene un negro pasado relacionado con el paramilitarismo
que data de la época en que fue gobernador de Antioquia, en esa época
que fue el principal impulsor de las CONVIVIR.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez expresa aquellos sectores del poder
que se orientan por la solución militar, afianzados en el apoyo de los
Estados Unidos expresado en el Plan Colombia y en la política
antiterrorista. El gobierno del Señor Uribe ha definido como política
central “La Seguridad Democrática”, dirigida a una salida militar al
conflicto social y armado que vive el país.

A partir de esta política y con pretexto en su necesidad se viene
implementando de manera acelerada una legislación que, con el señuelo
del antiterrorismo, REDUCE las libertades y derechos que han sido
consagrados en la Constitución política nacional. Estamos ante el
establecimiento de un sistema de gobierno autoritario y militarista.

Una de sus primeras tareas como presidente, de las que se siente
orgulloso, fue la creación de un cuerpo de un millón de informantes a
sueldo, reclutados entre la población civil de Colombia, con el objeto
de que los colombianos se vigilen y denuncien unos a otros. Es la
vinculación de los civiles al conflicto armado, mediante el programa de
“soldados Campesinos”, redes de informantes y pago de recompensas. Se
delega la función estatal de la seguridad en manos de civiles.

El gobierno colombiano, con Álvaro Uribe a la cabeza, niega el
Principio
de Distinción, aumentando el riesgo de la población civil. Como lo han
señalado diversas organizaciones de paz y derechos humanos, la
distinción entre combatientes y no combatientes en un conflicto armado
interno es la base del Derecho Internacional Humanitario que el estado
colombiano se ha comprometido a respetar. En igual sentido se ha
pronunciado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han otorgado
funciones judiciales a las Fuerzas Armadas, acusadas de graves
violaciones a los derechos humanos y de convivencia con los grupos
paramilitares. Estas funciones permiten las detenciones sin orden
judicial, la intercepción de las líneas telefónicas y las
comunicaciones, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones
arbitrarias. En Colombia se llevan a cabo detenciones masivas de
población y se mantiene a los detenidos encarcelados, sin acusaciones
fundadas, o con total desconocimiento de los cargos que se les imputan.
Ha habido un incremento de las detenciones masivas arbitrarias de
líderes populares y de miembros de la oposición política. Esto se
agrava
con la aprobación del Estatuto Antiterrorista, que autoriza las
detenciones sin orden judicial y otorga funciones de policía judicial a
la fuerza publica y que tiene como fin golpear a las organizaciones
sociales y ONG defensoras de derechos humanos. con el prurito de que
son
aliadas naturales de la guerrilla.

Trece defensores y defensoras de Derechos Humanos y 72 sindicalistas,
29
lideres comunales y 23 lideres campesinos han sido asesinados o
desaparecidos durante el año 2003 y lo que llevamos de este año. Han
aumentado las amenazas contra familiares de dirigentes sindicales y
defensores de Derechos humanos y hay un progresivo desmantelamiento del
Estado Social de Derecho.

Las organizaciones sociales y políticas, los defensores de derechos
humanos, los grupos de juristas y académicos tanto nacionales como
internacionales han expresado su protesta en procura del derecho de
defensa, de las garantías ciudadanas y del debido proceso pues el
Estatuto Antiterrorista repite un antiguo estatuto de seguridad de la
administración Turbay Ayala de infausto recuerdo que, en su tiempo,
permitió toda clase de abusos contra los luchadores y luchadoras
populares. Una vez más, hoy se repite la receta y, con el pretexto de
la
Seguridad Democrática, se cercenan los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

El gobierno de Uribe aumenta los impuestos para sufragar los gastos de
guerra y aplica al país una salvaje política de privatizaciones,
mientras tanto no ha cumplido la mayoría de las recomendaciones de la
Unión Europea referentes a la situación de los Derechos Humanos en
Colombia.

Finalmente, en ausencia de una política de paz, se ha montado una
comedia de negociación con los grupos paramilitares. Según el libreto
de
esta farsa asesorada por los Estados Unidos, el gobierno ha establecido
unas mesas de conversaciones con los paramilitares, incluyendo un cese
de hostilidades, la posibilidad de una amnistía para sus unidades, la
suspensión de los procesos para sus jefes, la financiación de los
grupos
en la etapa de los diálogos. De esta manera se pretende legalizar a los
cuerpos paramilitares cuyos integrantes, en forma mayoritaria, se
incorporarían a los proyectos de “Seguridad Democrática” que están
organizándose: soldados campesinos, soldados profesionales, grupos de
informantes o cooperantes. Esta es la esencia de la alternatividad
penal: perdón y olvido, tesis que la mayoría de los colombianos
rechazan
porque claman por una paz sin impunidad, una paz no sobre la base del
perdón y olvido sino con justicia y reparación.

Insistimos en la búsqueda de una solución política al conflicto armado.
Un paso inicial sería el de los Acuerdos Humanitarios: intercambio de
secuestrados o retenidos por la guerrilla por presos políticos y
acuerdos que permitan el desarrollo regional y el respeto a la
población
civil. Se hace urgente la creación de un marco de confianza que permita
establecer unas negociaciones que acaben no solo con la guerra sino con
las terribles desigualdades sociales que son la causa ultima y el
origen
de la violencia y la marginalidad.

Los ciudadanos europeos y no europeos residentes en Europa y las
organizaciones que suscribimos esta carta protestamos porque creemos
que
nuestro Parlamento, el ámbito supremo de representación de la voluntad
de los ciudadanos de Europa no puede recibir a un personaje con los
antecedentes mencionados.

Solicitamos a la Unión Europea que muestre nuestro más profundo rechazo
a Álvaro Uribe Vélez y a su política guerrerista y discriminatoria, que
no facilite sus maniobras dentro del territorio de la Unión Europa que
buscan el apoyo a su política y la obtención de fondos para su
aplicación.

Solicitamos a la Unión Europea que promueva y exija la negociación de
un
Acuerdo Humanitario que conduzca a la liberación de prisioneros y
retenidos, que acabe con las listas negras y que impulse las
condiciones
para unas negociaciones sinceras que permitan llegar a acuerdos que
terminen de una vez por todas con esta guerra fraticida. Este debe ser
el papel de la Unión Europea.

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