Volante y afiche elaborado por el Comité por la libertad de Rodrigo Morales.

En enero de 2000, Morales solicitó el “indulto presidencial” con el patrocinio del Comité de Derechos del Pueblo (CODEPU), pero el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no se lo otorgó. El actual presidente, Ricardo Lagos Escobar, hasta el día de hoy no ha resuelto indultarlo y ni siquiera ha respondido las decenas de cartas enviadas por la familia de Morales a la oficina de partes de la presidencia, desde hace más de dos años.

Su caso es silenciado por los medios de comunicación y tampoco está en la agenda de los organismos de derechos humanos y partidos políticos, salvo la Organización de Derechos del Pueblo (ODEP) y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), que han realizado algunas gestiones por su libertad.

Rodrigo sufre hoy el olvido y la desidia de organizaciones de derechos humanos y políticas como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Juveniles (CODEJU), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), la Asociación Americana de Juristas, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, el Partido Comunista y el Partido Humanista, que a pesar de haber sido informados desde un primer momento de su situación, hasta ahora no han expresado su solidaridad ni han iniciado ninguna campaña en su favor. Olvido inexplicable para él, sus familiares y amigos.

El “caso Carreño” y las Fiscalías Militares

Rodrigo Morales fue detenido en junio de 1990, acusado de ser “jefe de la zona suroriente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)” y participar en 1987 en el secuestro del coronel de ejército Carlos Carreño (Operación Príncipe), entre otros cargos. Fue torturado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), quienes le interrogaron.

El “caso Carreño” fue instruido por la Segunda Fiscalía Militar para investigar el secuestro, pero se extendió a determinar infracciones a la Ley Antiterrorista y a la Ley de Control de Armas y Explosivos. En primera instancia, la Fiscalía Militar solicitó una condena de más de 26 años: 13 años por “secuestro terrorista”, 8 años por “asociación ilícita terrorista”, 5 años y 1 día por “maltrato de obra a carabinero en servicio causando lesiones graves” y 61 días por “maltrato a carabineros sin causar lesiones”. La sentencia de segunda instancia, con fecha 31 de julio de 1991, redujo la pena -por todos los delitos- a 15 años y 1 día, siendo absuelto de la “asociación ilícita”.

 

Rodrigo Morales y su compañera Viveka Inostroza en una visita especial en el “Patio Palmeras” de la ex Penitenciaría (2002).

La Segunda Fiscalía Militar inició un nuevo proceso por infracción a la Ley Antiterrorista y a la Ley de Control de Armas, intentando juzgar dos veces los mismos delitos. A petición de la defensa, encabezada por el abogado Hugo Gutiérrez, el “nuevo proceso” fue trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, la Corte Suprema designó al ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño -padre de un ex agente de la CNI-, quien condenó a Morales a cuatro penas de 541 días cada una por: “porte ilegal de armas”, “tenencia ilegal de armas”, “tenencia de explosivos” y “transporte de explosivos”. Sin embargo, para enojo de los militares, se le absolvió de la “asociación ilícita”, por segunda vez.

Los militares intentaron, por todos los medios, probar su participación en otros secuestros: el del subdirector del diario La Nación, Sebastiano Bertolome, en diciembre de 1984; el del coronel de ejército Häeberle, en septiembre de 1986; y el del cabo de carabineros Obando en abril de 1986, sin resultados.

En 1994, Rodrigo Morales no solicitó el indulto que otorgó el presidente de la República, Patricio Aylwin, a los presos políticos de la dictadura, pues además de los procesos incoados en la Segunda Fiscalía Militar, el ministerio de Interior había presentado un requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado contra todos los miembros del FPMR detenidos con posterioridad al 11 de marzo de 1990. Rodrigo encabezaba esa lista, lo que le impedía ser indultado mientras el proceso no fuera resuelto o no existiera una condena.

“Lo que corresponde es el indulto”

El 19 de marzo de 1994, Rodrigo Morales se fugó de la cárcel de calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Hasta allí habían sido llevados los últimos presos políticos en espera del indulto presidencial y el “extrañamiento”. Para Rodrigo, no existía ninguna posibilidad de que su situación judicial se solucionara. El futuro que le esperaba era “inaugurar la Cárcel de Alta Seguridad”. Recién un año después de su fuga, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el requerimiento al comprobar las torturas a que fue sometido por efectivos de Dipolcar.

El 30 de octubre de 1999 fue detenido nuevamente, esta vez por el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) y efectivos de la 43ª Comisaría de Peñalolén, mientras caminaba con su hijo de 10 años en Américo Vespucio y Los Presidentes. En las dependencias de la comisaría, se les interrogó. Rodrigo Salvador, su pequeño hijo, permaneció más de cuatro horas en manos de la policía y efectivos de Dipolcar, siendo interrogado sobre las “actividades subversivas” de su padre, lo que le significó un schock nervioso, debiendo ser tratado por profesionales de CINTRAS.

María Salas Moraga, madre de Rodrigo señala: “me he cansado de escribirle al presidente, a su señora, al ministerio de Justicia, desde noviembre de 2000, hace más de dos años, y salvo pequeñas notas no me han contestado por qué no se indulta a mi hijo, a pesar que él es un preso político de la dictadura. Le he solicitado audiencias a Lagos para exponerle la situación de mi hijo, y nada. El Seremi de Justicia me informó, en una carta, que mi hijo cumple en noviembre de 2009 el tiempo que le permite postular a beneficios, lo que es injusto. Lo que corresponde es el indulto, porque mi hijo luchó contra la dictadura”.

Rodrigo Morales permaneció detenido en el Módulo "C" de la Penitenciaría de Santiago por más de dos años junto a narcotraficantes y estafadores, enfrentando una absurda discriminación al no ser considerado “reo subversivo” como los prisioneros del CAS, lo que impedía su trasladado. Sus familiares y amigos debían soportar constantes vejaciones por parte de personal de Gendarmería en la visita a los “módulos especiales”.

 

En la Cárcel Pública de Santiago, durante la huelga de hambre de 43 días (1991).

“Al gobierno le falta coraje”

Rodrigo Morales se encuentra hoy en el CAS junto a los demás presos políticos. Sus visitas son los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Gendarmería, especialmente el Departamento de Seguridad, ha puesto problemas para que las visitas sean ese día. “Esgrimen ‘razones de seguridad’, sin explicar nada, lo que es absurdo”, dice Morales. El régimen interno prohíbe ingresar luego de las 3 de la tarde, sin embargo, no se permite más de cinco familiares y dos amigos, sólo dos veces por mes. El mismo reglamento rige para los demás presos políticos.

Viveka Inostroza, su compañera, manifiesta: “El trato en el CAS es mucho mejor que el que existe en los módulos. Hoy, Rodrigo está junto a sus compañeros, pero es irracional que no se le permita recibir más visitas. ¿Cuál es el problema de que ingresen más personas? Las rejas son las mismas, los funcionarios también, es un absurdo. El encargado del Departamento de Seguridad no quería permitir que sus visitas fueran los sábados. Tuvimos que solicitar la visita a la Dirección General de Gendarmería”. Agrega: “Existe mucho de negligencia en la situación que enfrenta Rodrigo. Sus abogados, Hugo Gutiérrez y Boris Paredes, salvo pequeños trámites, no han puesto toda su fuerza en conseguir su libertad. Las organizaciones de derechos humanos tampoco han manifestado su solidaridad a pesar de múltiples solicitudes. Al Partido Comunista, al que le hemos pedido ayuda desde 1999 hasta ahora, simplemente pareciera no interesarle. Diversos parlamentarios recibieron fotocopias del caso y se les pidió intervenir, pero no lo han hecho: Sergio Aguiló, Jaime Naranjo, Isabel Allende, Carlos Montes, Nelson Ávila, Fanny Pollarolo, Jorge Lavanderos. Es un completo absurdo que sea la UDI quien señale que está dispuesta a liberar a 13 presos políticos, y que el que encabece la lista sea Rodrigo. ¿En qué están las organizaciones de derechos humanos a las que hemos solicitado apoyo?”.

Rodrigo Morales afirma: “Soy un prisionero político de la dictadura y como tal me corresponde el beneficio de las Leyes Cumplido, es decir, el indulto presidencial. La Concertación, al asumir el poder, contrajo el compromiso de liberar a todos los presos políticos de la dictadura. No lo cumplió, y tampoco ha resuelto los casos posteriores al 11 de marzo de 1990. Muchos permanecen encarcelados por más de 10 años sin ser condenados, con dobles procesamientos y, además, juzgados por fiscalías militares, lo que no corresponde. El gobierno no ha cambiado las leyes instauradas por la dictadura que permiten juzgar a civiles por fueros militares. El propio jurista Francisco Cumplido señaló que los presos políticos no debieron ser juzgados por la Ley Antiterrorista, sin embargo, el gobierno no ha hecho nada al respecto”. Rodrigo se encuentra en calidad de reo rematado, por lo que el indulto solo depende de la firma del presidente. Las cuatro condenas de 541 días, aplicadas por la justicia civil, están prescritas. Sobre su situación procesal explica: “La pena que me impuso la Justicia Militar por el secuestro del coronel Carreño fue rebajada, el año pasado, por la Corte Marcial, de 15 años y 1 día a 10 años. De los cinco ministros, los dos integrantes civiles (tres pertenecen a las FF.AA. y de Orden. N.d.R.), estaban por rebajarla aún más, pero los militares no lo permitieron. Si el gobierno hubiese intervenido, estaría libre... No es lógico que yo cumpla condena por supuestos delitos que fueron en su momento indultados por Aylwin. Por acciones legítimas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, y por las cuales nadie está cumpliendo hoy ninguna pena. ¿Por qué debo cumplir con cárcel por hechos que fueron justos y que ayudaron a que la dictadura dejara el poder que ejercía reprimiendo, torturando, asesinando y desapareciendo al pueblo?.

El indulto es una alternativa pero el gobierno prefiere esconder la cara. No estoy implicado en lo que la Concertación denominó ‘hechos de sangre’, por lo que me corresponde el beneficio en el país. El año 1990, cuando fui detenido por primera vez, la Dipolcar me sometió a torturas, lo que fue comprobado por la Corte de Apelaciones, y significó que fuera levantado -en 1995-, el requerimiento del ministerio del Interior por Ley de Seguridad Interior del Estado. El Padre Alfonso Baeza de la Pastoral Social está al tanto de mi situación, lo mismo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones extranjeras. Diputados europeos están más preocupados de mi situación y la de los demás presos políticos que los organismos chilenos. Ricardo Lagos aun no responde la solicitud de indulto, y han pasado dos años y tres meses desde que comenzó su mandato. Ni siquiera se ha dignado a responder las decenas de cartas que han mandado mi familia y amigos. ¿Cuando resolverán la situación de los presos políticos del CAS que debieran estar libres y que aún no pueden acceder a beneficios carcelarios? ¿Por qué no se han traspasado a la justicia civil sus causas y procesos?”.

Rodrigo no es el único prisionero político de la dictadura que enfrenta el olvido y la desidia de las organizaciones de derechos humanos y el gobierno: Abraham Larrea Zamorano y Jorge Espínola mantienen condenas por hechos contra la dictadura, y permanecen encarcelados sin que esos procesos hayan sido indultados. Roberto Bastías y Sergio Olivares Vásquez, permanecieron recluidos luego que las fiscalías militares y navales dictaron condenas en su contra por procesos de la dictadura. Ellos esperaron más de 10 años una “condena”, y aun deben firmar o dormir en el Patronato de Reos sin que el gobierno se pronuncie por el indulto. “El indulto es un acto de justicia, afirma Rodrigo Morales, pero al gobierno le falta coraje”.