Pinochet camino de Nuremberg

Mario Amorós
Cambio 16

Augusto Pinochet, uno de los personajes más siniestros del siglo que agoniza, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. En una decisión histórica, el 8 de agosto la Corte Suprema de Chile anuló su fuero como senador vitalicio y dejó expedito el camino para que el juez Juan Guzmán Tapia decrete en las próximas semanas su procesamiento por el asesinato de 72 personas en el operativo militar conocido como la caravana de la muerte. Salvo que los exámenes médicos demuestren que padece locura o demencia senil, o que las insistentes presiones de los militares y de la derecha logren imponer una ley de "punto final", el tercer milenio puede amanecer con un juicio que se convertiría en una suerte de proceso de Núremberg de la dictadura chilena.

Como reconoció el 6 de agosto Eric Schnake, dirigente del socialdemócrata Partido por la Democracia, en una entrevista en el diario La Tercera, la Concertación (coalición de democristianos y socialistas que gobierna desde 1990) y la derecha pactaron respetar la impunidad de Pinochet al negociar la transición.

Así, desde el final de la dictadura, en marzo de 1990, el lema oficial en materia de derechos humanos, acuñado por el presidente Patricio Aylwin, rezaba: "Justicia en la medida de lo posible". El propio dictador se encargó de aclarar el 14 de octubre de 1989 qué era "lo posible": "El día que toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho". En consecuencia, como señaló el abogado Roberto Garretón a finales de 1997, de las cinco mil acciones judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos abiertas desde 1973 "sólo en doce casos se dictó sentencia condenatoria".

Todo empezó a cambiar el 12 de enero de 1998, cuando la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, presentó la primera querella contra Pinochet. Nueve meses después agentes de Scotland Yard arrestaron al senador vitalicio en Londres a petición de la justicia española. "Aquello debilitó el blindaje jurídico y político de impunidad que él mismo se otorgó", destaca la abogada Carmen Hertz, quien forma parte de la acusación en el caso caravana de la muerte.

El 2 de marzo, después de 503 días detenido en la capital británica, el anciano general retornó a su país, donde siete abogados de derechos humanos solicitaron aquel mismo día al juez Juan Guzmán Tapia, instructor de las 157 querellas presentadas contra Pinochet, que anulara su inmunidad parlamentaria por el caso caravana de la muerte. El 5 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago concedió el desafuero, confirmado ahora en última instancia por la máxima instancia judicial chilena.

El fallo de la Corte Suprema ha suscitado un hondo malestar en los cuarteles. Una hora después de que fuera público, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, generales Ricardo Izurieta, Jorge Arancibia y Patricio Ríos, y el general director de Carabineros, Manuel Ugarte, visitaron a Pinochet en su domicilio para expresarle su apoyo. Ya hace unos meses Izurieta expuso la posición de las Fuerzas Armadas ante lo que llaman "el desfile de oficiales por los tribunales", al afirmar que éstas son "solidarias con quienes, arriesgando sus vidas, afrontaron la subversión directa y valerosamente. No es éticamente aceptable juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de guerra y el odio impuesto por los enemigos de Chile". Hoy más de setenta oficiales chilenos están procesados por su responsabilidad en los crímenes contra la humanidad cometidos durante los 17 años de pinochetismo.

También la derecha, cuyos principales dirigentes ocuparon importantes cargos durante la dictadura, ha criticado el desafuero del senador vitalicio porque entiende que se le somete a un juicio "político" y ha condicionado su imprescindible apoyo parlamentario a las reformas para culminar la transición a que se garantice al ex dictador un "retiro digno de la vida política". Es decir, su impunidad.

Después de la anulación del fuero parlamentario de Pinochet el caso caravana de la muerte regresa a la competencia de Guzmán Tapia. En las próximas semanas este magistrado ordenará que se realicen a Pinochet los exámenes de salud mental pertinentes. Pero su hijo Marco Antonio ya ha anunciado que éste se negará porque quiere defender su inocencia ante la justicia, por lo que en ese caso Guzmán Tapia podría ordenar su detención preventiva hasta que acepte someterse a tales pruebas.

Al mismo tiempo, el juez podría decretar una toma de declaración indagatoria a Pinochet y, si éste se niega a ser interrogado, podría decretar su procesamiento. Un procesamiento que, por otra parte, tienen previsto solicitar en breve los siete abogados de la acusación. "Pinochet puede ser condenado incluso a cadena perpetua. Las cárceles de Chile están llenas de personas mayores que él y más enfermas. No podemos aceptar que vengan a implorar argumentos morales quienes siempre han actuado como inmorales", asegura Eduardo Contreras, otro de esos letrados.

El escritor chileno Pablo Azócar narra en Pinochet. Epitafio para un tirano que en 1978 la justicia italiana condenó a un policía llamado Eugenio D'Alberto por haber proferido "una ofensa imperdonable" a algunos de sus superiores ya que había dicho que eran incorrectos los modales de "varios Pinochets" de la policía de Chienti y Aguilla. Según Azócar, aquel tribunal dictaminó que el término Pinochet "indica no sólo que uno ejerce como jefe de una organización, sino que el gobierno de tal organización adopta métodos de naturaleza autoritaria y represiva".