La CGT, frente a una Constitución Europea del capital, apuesta por una Carta de Derechos Sociales de las personas, universal, vinculante, e igualitaria, en la cual el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de los derechos estén tanto social como institucionalmente garantizados.



Una Carta de Derechos Sociales que sea el resultado de un proceso de democracia participativa y de autogestión orientado a la satisfacción progresiva de las necesidades humanas y de la sostenibilidad de la vida.

Una Carta de Derechos Sociales que se constituya en derecho fundamental para la libertad plena de las personas.

Una Carta de Derechos Sociales en la que todo derecho reconocido debe defenderse y salvaguardarse frente al capitalismo del mercado globalizado, frente a la prioridad de la competitividd, frente a la búsqueda exclusiva de la productividad, frente al criterio de la máxima rentabilidad, frente a la continua deslocalización y segregación de las actividades productivas, frente a los expedientes de regulación de empleo, frente a la privatización de los servicios sociales, frente a la creciente y constante precarización de la vida humana.

La Constitución Europea, sin embargo, asume como “natural” que la sociedad siga estando subordinada a la economía, negando de esta forma que el modelo económico es una decisión política e impidiendo que las personas y los pueblos opinen y decidan acerca de ese modelo. Identifica democracia y capitalismo, es decir, a las personas y a los pueblos sólo se nos deja el papel de expresar, y ejercer con nuestro voto, la “libre elección” de consumidores en la siempre injusta libertad de mercado. Como hito en el proceso de construcción europea, la Constitución consagra un modelo social devaluado:

No existe un reconocimiento claro de los servicios públicos esenciales y realiza un reconocimiento a la baja de los derechos sociales reconocidos en cada Estado miembro.
Los pueblos, sus ciudadanos y ciudadanas, no han tenido la capacidad ni jurídica, ni política, de hacer oír sus propuestas acerca de una Constitución que va a regular las relaciones entre los pueblos (los Estados) de la Unión y las relaciones entre la Unión y el resto del mundo.
El “comercio libre” es la razón última de esta Constitución, un comercio que es y se realiza siempre entre los ricos. La biodiversidad, la no sobreexplotación de los recursos y los ecosistemas, la diversidad cultural, la identidad de los otros pueblos, los derechos humanos... son convertidos en objeto de comercio y acumulación, al servicio del interés privado. En contrapartida, la legislación europea construye muros legales y policiales que otorgan un trato indigno a los inmigrantes de los países pobres, e impide el derecho a la libre circulación de las personas.
La Unión Europea utiliza la PAC (Política Agraria Común) como instrumento de la globalización para la liberalización del comercio, en contra de la soberanía alimentaria de los pueblos, potenciando medidas de carácter proteccionista que bloquean el acceso de los productos de los países pobres al mercado europeo.
La dependencia del bloque hegemónico imperialista, EEUU, es evidente en el capítulo de seguridad y defensa. Los estados miembros quedan obligados a mejorar progresivamente sus capacidades militares, es decir invertir millones de euros en capacidad de destrucción con los consiguientes detraimientos de partidas sociales, así como se legitima el eje euroatlántico de la OTAN.
Por todo ello la CGT, frente a la Constitución Europea del mercado, frente al poder “invisible” de las multinacionales, de las transnacionales y del capital financiero, sostiene la necesidad urgente de que la ciudadanía europea levante su voz en pro de una Carta de Derechos Sociales, que dignifique la vida humana, que promueva socialmente la responsabilidad de atender a quien necesita cuidados (por edad, discapacidad, enfermedad), que asuma que sólo en base a la igualdad y a unas relaciones justas se puede sostener y profundizar en la libertad de las personas y de los pueblos.