Economía

¿CAÑONES O MANTEQUILLA? NO A LA GUERRA

 

(Secretaría Federal de Economía de IU, 1 de abril de 2003)

 

 

HOY DÍA, LA MAYOR GARANTÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ES EL CONSENSO MULTILATERAL, LA ESTABILIDAD INTERNACIONAL Y LA PAZ.

 

 

§        Ya antes de perpetrarse la agresión contra Irak, la economía mundial atravesó momentos delicados sin signos claros de recuperación en las economías más avanzadas. Desde mediados del año 2001 se producían evidentes señales de estancamiento en las principales potencias económicas, que también empezaban a transmitirse a las llamadas economías emergentes, y los posteriores acontecimientos del 11 de septiembre provocaron una situación de incertidumbre generalizada que acentuaron el deterioro económico del panorama mundial. 

 

El año 2002 no fue menos complicado y a principios de 2003 existían muchas dudas sobre la supuesta recuperación de la economía mundial. Hoy, la principal fuente de incertidumbre se centra en las consecuencias de la agresión contra Irak, sin olvidar la crisis de confianza que padece el mundo financiero (en palabras de los analistas económicos) provocada por escándalos contables en diversas empresas multinacionales.

 

§        Los costes económicos directos e indirectos de la agresión contra Irak pueden ser muy elevados porque la economía mundial no ha superado una situación que se viene debatiendo entre una profunda desaceleración y la recesión. Es absurdo pensar que la actividad militar del eje anglo-sajón sirva para alimentar una auge económico en la economía norteamericana.

 

El conflicto armado ya está pesando sobre la actividad económica de EE.UU., el motor de la economía mundial. El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan ha resaltado que las empresas están reduciendo la contratación laboral y el gasto en inversión, y el indicador de confianza de las familias se encuentra en los niveles más bajos desde 1993.

 

El aumento del gasto militar y las bajadas de impuestos (a los rendimientos del capital y a las rentas más elevadas) son una combinación explosiva que va a disparar aún más el déficit público. Esta política, aún siendo expansiva (“keynesianismo de derechas”), se produce en un contexto de elevada incertidumbre (sobre la duración y resultados de la agresión) que ya de por sí acumula efectos económicos adversos: negativas expectativas para la inversión y el consumo privados, impactos negativos en el turismo, en el sector asegurador o en el sector del transporte.

 

Como comenta Nordhaus (prestigioso economista de la Universidad de Yale), EE.UU. “entra en la guerra muy preparado militarmente pero no económicamente”, afirmando que la Administración Bush no ha realizado ningún cálculo público serio de los costes de esta agresión. A las cifras billonarias ya presupuestadas, hay que sumar los gastos adicionales aún sin cuantificar. Nordhaus se refiere a los gastos que se derivarán de financiar una fuerza de ocupación y mantenimiento de la paz (entre 17.000 y 45.000 millones de dólares anuales según sus estimaciones), los gastos de reconstrucción en Irak (entre 25.000 y 100.000 millones de dólares) y el coste de la asistencia humanitaria (entre 1.000 y 10.000 millones de dólares).

 

Según Nordhaus, un escenario (probable) de “guerra” larga y que afecte a la producción de crudo, podría elevar el coste hasta los 1,6 billones de dólares.

 

§        Es preciso considerar la posibilidad de que la agresión a Irak origine una crisis del suministro mundial de petróleo. En el escenario más negativo de las estimaciones que realizan los analistas, el precio del barril del crudo podría triplicarse hasta alcanzar los 75 dólares, provocando una inevitable recesión en la economía mundial. Sin llegar a ese extremo, Nordhaus considera que si la “guerra” se alarga y complica (aún sin ningún impacto considerable en el precio del petróleo) se producirá una profunda desaceleración en el crecimiento económico.

 

§        En la UE la situación económica no es más alentadora y las incertidumbres sobre la evolución de la economía americana se trasladan a Europa. El Comisario Solbes ha reconocido que la desaceleración económica va a ser más larga de lo previsto y la situación de la economía alemana alimenta los temores a una recesión.

 

El motor europeo, Alemania, alcanzó en 2002 un crecimiento medio del 0,2%, su peor registro desde la recesión de 1993, y sólo la aportación positiva del sector exterior ha logrado evitar una recesión; pero la apreciación del euro ya está afectando negativamente a las exportaciones y la demanda interna continua aletargada, con el paro creciendo y el consumo y la inversión en niveles reducidos.

 

Huelga comentar que los efectos del “conflicto bélico” sobre la economía de la UE van a depender en gran medida de la extensión y duración del mismo. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE están preocupados por el impacto de la evolución del precio del petróleo sobre la inflación y no ocultan previsiones macroeconómicas muy pesimistas que incluso podrían anticipar una recesión en la zona euro en el primer semestre de este año.

 

En todo caso, la propia Comisión Europea admite que la economía de la UE se encuentra hoy en peores condiciones que las existentes cuando estalló la Guerra del Golfo en 1991. Los indicadores de confianza de los consumidores y empresarios son más reducidos, la evolución de la producción industrial mucho peor, y las tensiones en los mercados financieros mayores.

 

La agresión contra Irak ha fracturado la política exterior de la UE, cuestiona en gran medida el proceso de Ampliación y ennegrece el panorama económico deteriorando las expectativas.

 

Panorama sombrío al que sumar la incapacidad de Europa para coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y orientarlas hacia el crecimiento económico y el empleo. La política monetaria común no se ha relajado lo suficiente para hacer frente al deterioro previsible y esperado de la actividad económica y del empleo que se manifestaba desde 2001, y el Pacto de Estabilidad ha impedido utilizar la política fiscal de forma anticíclica. Ahora, el clima de incertidumbre y el deterioro de las expectativas que genera la ocupación militar de Irak agudizan aquella incapacidad.

 

En el reciente Consejo Europeo de Bruselas, Europa continua apostando por la estrategia de Lisboa (más y mejores empleos y mayor cohesión social), pero vuelve a insistir en las reformas laborales como solución a la incertidumbre política y al prolongado deterioro económico que sufre la UE. El primer daño colateral para Europa de la intervención militar puede ser que acabe por cuestionarse el modelo social europeo.

 

§        La economía española también se ha visto afectada por la desaceleración económica mundial: en 2002 creció un 2%, la tasa más baja desde la recesión de 1993, y la tasa de paro se elevó hasta el 11,4% de la población activa (frente al 10,5% de 2001).

 

Todos los costes económicos de la intervención militar contra Irak que puedan estimarse (los estrictamente directos y los indirectos derivados de la incertidumbre que actúan además en un contexto económico nada boyante), afectarán a la economía mundial, a la Europea y a España de forma particular y determinante.

 

Esto es así porque nuestro país presenta diferenciales negativos importantes en materia económica y social dentro de la UE. Una profunda desaceleración o una posible recesión en el ámbito mundial derivadas de la intervención militar, podría significar:

 

o       Una importante destrucción de empleo derivada de una caída en la actividad económica. El empleo en nuestro país es muy frágil, como demuestra la elevada tasa de precariedad laboral (31% de la población asalariada).

 

o       Mayor desempleo en la economía con la tasa más elevada de toda la UE (en febrero, 11,9% en España frente al 7,9% de la UE).

 

o       Mayores pérdidas de renta si se encarece la factura del petróleo, por nuestra mayor dependencia energética.

 

o       Mayores pérdidas en competitividad empresarial por el elevado diferencial de inflación que soportamos.

 

o       Mayores pérdidas de renta por la también mayor importancia relativa que el sector turístico significa en nuestra economía.

 

o       Menor actividad económica implica menores ingresos públicos (ya mermados estructuralmente por las reformas fiscales), un aumento del déficit público y una presión a la baja sobre el gasto público, si se quieren cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria. ¿Piensa el gobierno mantener el criterio nominal de déficit cero que recogen las cuentas públicas para 2003?

 

Irán apareciendo gastos públicos no programados que complicarán el virtuosismo del gobierno en materia presupuestaria, por más contabilidad creativa que se siga aplicando. Por un lado, parte de los derivados de la catástrofe del Prestige que la UE no va a financiar, según ha comunicado. Por otro lado, el impacto presupuestario de la agresión contra Irak.

 

IU ya ha registrado en el Congreso una pregunta al gobierno para que explique si va a presentar un crédito extraordinario para hacer frente al gasto del apoyo logístico de la “guerra” en Irak, incluido el destinado a la presencia de España en la operación “Libertad Duradera”.

 

o       De lo anterior, es fácil deducir potenciales mayores presiones sobre el gasto social si el gobierno continua con su obsesión de cuadrar las cuentas públicas al margen de la realidad económica y social de nuestro país. Y esto puede suceder cuando España ya es el país de toda la UE que menos recursos dedica a protección social por habitante. Recordemos los datos de Eurostat referidos a 2000: España dedica el 60% del promedio comunitario a gasto social por habitante y el 20,1% del PIB, frente al 27,3% comunitario.

 

§        Por último, pero no menos importante, no podemos olvidar el denominado Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), encuadrado dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que pretende privatizar y liberalizar los servicios, afectando también a los prestados por el Sector Público.

 

El proceso se va gestando rodeado del más absoluto secretismo y es preocupante que la orientación conservadora y liberal en lo económico que impregna a la construcción europea deteriore la idea de Servicio Público, e impida promover un verdadero debate sobre las características y objetivos de los llamados Servicios de Interés General, que deben escapar de la regulación del mercado. La UE, cuyos miembros actúan en este proceso de manera conjunta (representados por la Comisaría de Comercio), junto con EE.UU. y otros países del G-8, impulsan decididamente el AGCS como el modo más idóneo para conseguir que sus respectivas multinacionales se apoderen de un sector de negocio muy “apetitoso” que representa el 50% de la economía mundial.

 

Queremos reproducir aquí el contenido de la Proposición no de Ley presentada por nuestro Grupo Parlamentario Federal (12 de marzo de 2003):

 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que:

 

1.- Se considere que los servicios públicos, que permiten atender a las necesidades sociales básicas de la población, no pueden ser sometidos a las leyes del mercado y que por su propia naturaleza no deben ser liberalizados ni privatizados.

2.- Se excluyan del AGCS los servicios públicos tales como la educación, sanidad, agua, comunicaciones, electricidad, transporte y seguridad de forma que no puedan quedar sujetos a la competencia del mercado internacional.

3.- Se suspendan las negociaciones actuales sobre liberalización de servicios, con el fin de poder evaluar los impactos sociales, económicos y de género que implican tanto el nivel actual de liberalización como el propuesto para el futuro.

4.- Las negociaciones del AGCS se rijan por los principios de control democrático, transparencia y acceso a toda la documentación.

5.- Se proteja debidamente el derecho de acceso para todos los ciudadanos a los Servicios Públicos, tanto en el Norte como en el Sur.

6.- Se preserve el derecho de cada país a regular la prestación de los Servicios Públicos y a elaborar aquellas normas cuyo propósito sea, entre otros, el de alcanzar objetivos sociales y medioambientales y de mantener los servicios de sanidad y educación públicos.

7.- Se ponga fin a las presiones ejercidas sobre los países en desarrollo y sobre el medioambiente, como consecuencia de la liberalización de los servicios.

8.- Se garantice un sistema de servicios sociales de calidad, basado en la solidaridad y en la gestión colectiva.”


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