CIENCIA   [Problema Español] 

Enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario.Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. PROPOSICIÓN DE LEY A TRAMITAR ANTE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE FORMA QUE SE POSIBILITE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS INVESTIGADORES. 

 

BOPA núm. 570                 de  15 de octubre de 2003                 Pág. núm. 33.179 y siguiente

 

2.8.1 PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO

DE LOS DIPUTADOS

 

6-03/PPPL-000001, Proposición de Ley a tramitar

ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa

a modificación del texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, de forma que se

posibilite la protección social y la contratación

laboral de los investigadores

 

Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de

Empleo y Desarrollo Tecnológico

Orden de publicación de 9 de octubre de 2003

 

A LA COMISIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

 

La Ponencia encargada de la elaboración del Informe relativo a

la Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los

Diputados 6-03/PPPL-000001, relativa a la modificación del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que

se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores,

integrada por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Navarro

Cruz y por los Ilmos. Sres. D. José Luis Blanco Romero, D. Francisco

Ríos Carrégalo, D. Jesús González Suárez y D. Ricardo Alberto

Chamorro Rodríguez, tras estudiar dicha Proposición de Ley,

así como las enmiendas presentadas a la misma, y en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Parlamento,

elevan a la Comisión el siguiente:

 

INFORME

 

A la Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de

los Diputados 6-03/PPPL-000001 (vid. BOPA núm. 472, de 11 de

marzo de 2003), se le han formulado 3 enmiendas (vid. BOPA

núm. 564, de 3 de octubre de 2003), todas ellas calificadas favorablemente

y admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión.

 

La Ponencia acepta la introducción en el texto de la Proposición

de Ley de las siguientes enmiendas formuladas por el G.P. Izquierda

Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía:

 

– La número 1, de adición, consistente en añadir un nuevo

punto, el 3, en el artículo único de la iniciativa, del siguiente tenor:

“Todos los trabajadores por cuenta ajena señalados en el apartado

2 anterior, excepto los comprendidos en la letra k y los que

expresamente fueran asimilados en la letra m, tendrán la obligación,

junto con su empleadores o empresarios, de cotizar por el

Régimen General de la Seguridad Social y el derecho a recibir todas

las prestaciones que este régimen procura, incluyendo pensión

de jubilación y desempleo.”

 

– La número 2, consistente en introducir una disposición adicional

única del siguiente tenor:

 

“El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados antes

de un año un informe que recoja un estudio sobre el número

de investigadores que hayan tenido becas durante más de veinticuatro

meses desde 1992 y las consecuencias económicas que se

derivan por no tener devengos de jubilación y desempleo. Además

deberá establecer mecanismos legales y presupuestarios para paliar

la situación de esas personas.”

 

Introduce, igualmente, como enmienda in voce una nueva

disposición adicional, sería la segunda, a cuya virtud el aumento

de crédito presupuestario a que pudiere dar lugar la presente

Proposición de Ley se entenderá referido a un ejercicio distinto

del actualmente vigente.

 

Por el contrario, rechaza, al menos en este momento, la enmienda

núm. 3, que pretendía otorgar carácter retroactivo a determinadas

previsiones de esta Ley.

 

Los presentes remiten el presente Informe a la Comisión, al

objeto de tratar con mayor detenimiento estos y otros aspectos de

la referida Proposición.

 

Sevilla, 9 de octubre de 2003.

Los miembros de la Ponencia,

Mª del Carmen Navarro Cruz,

José Luis Blanco Romero,

Francisco Ríos Carrégalo,

Jesús González Suárez y

Ricardo Alberto Chamorro Rodríguez.

 

 

 

 

ANEXO

 

TEXTO QUE SE PROPONE

PROPOSICIÓN DE LEY A TRAMITAR ANTE LA MESA DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL, DE FORMA QUE SE POSIBILITE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Y LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS INVESTIGADORES

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La presente iniciativa viene a posibilitar la realización de

contratos laborales, con todos los derechos de la actual normativa,

a las/los becarias/os pre y postdoctorales de formación

de personal investigador.

 

La interpretación sostenida por la Administración central

para excluir de la categoría de trabajadores por cuenta ajena a

los jóvenes investigadores es que siguen formándose y no se les

puede considerar trabajadores por cuenta ajena. Se trata, por el

contrario, de titulados universitarios con una formación suficiente

para desarrollar su actividad investigadora, como queda

demostrado en el informe bibliométrico de la producción científica

del personal investigador en formación y perfeccionamiento

en España. En el mismo, se constata que el 48,8% de los artículos

científicos españoles en revistas internacionales de impacto

están firmados, en primer lugar, por un investigador en

formación o perfeccionamiento (pre o postdoctoral).

 

Aparecen con claridad, además, dos notas distintivas: existe

una dependencia jerárquica y su acceso a los centros de investigación

es por concursos de méritos.

 

La investigación es un proceso realizado en equipo, colectivo;

el modelo del trabajo en solitario es algo que en buena medida

pertenece al pasado. Un departamento sigue unas líneas de

investigación y el actual ‘becario’ forma parte de un engranaje

que coadyuva al resultado final. Por supuesto, al igual que el

resto de investigadores, el profesional ‘becario’ en ese proceso

adquiere nuevos conocimientos y destrezas. El problema que

debe solucionarse ahora es la inseguridad laboral y social con la

que se presta esa actividad.

 

Resulta necesario que las personas que dedican tres o cuatro

años de su vida a la investigación –por no mencionar a las

personas que se han perpetuado en este régimen singular de

‘becarios’– tengan cubiertas sus necesidades por enfermedad

para sí y su familia, hayan devengado derechos para sus futuras

pensiones y cotizado para la prestación de desempleo. De esta

forma, habrá una mínima red de seguridad para trabajar en la

investigación.

 

Aparece como chocante que a estas personas se les niegue la

asistencia sanitaria pública, pero que se presupuesten partidas

del erario público para brindarles pólizas de seguro de mayor o

menor asistencia sanitaria con empresa privadas. Incluso, en

algún caso, la asistencia es para la maternidad del cónyuge.

Así lo han comprendido otros países de nuestro entorno,

como Alemania o Austria, en los que sus investigadores cuentan

con contrato laboral. En otros, como el Reino Unido, a pesar de

no contar con un contrato laboral, el sistema de asistencia y de

relaciones laborales también es diferente.

 

Es hora ya de corregir esta situación, dando categoría de

normal –un contrato laboral– a lo que es normal –el trabajo de

investigación–. En consecuencia, se propone la adición de un

nuevo apartado al artículo 97 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, con la finalidad de incluir en el

Régimen General de la Seguridad Social a los titulados universitarios

que desarrollen una función investigadora tanto en el

terreno público como en el privado.

 

Artículo único.

Se modifica el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley General

de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue:

 

“Artículo 97. Extensión.

1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General

de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena o

asimilados comprendidos en el apartado 1 a, del artículo 7, de

la presente Ley.

2. A los efectos de esta Ley se declaran expresamente comprendidos

en el apartado anterior:

a) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores

de sociedades mercantiles capitalistas, aun cuando sean

miembros de su órgano de administración, si el desempeño de

este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección

y gerencia de la sociedad, ni poseen su control en los términos

establecidos en el apartado 1, en la disposición adicional

vigésimo séptima de la presente Ley.

Excepto que, por razón de su actividad marítimo-pesquera,

corresponda su inclusión como trabajadores por cuenta ajena

en el campo de aplicación del Régimen especial de Trabajadores

del Mar.

b) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de

particulares.

c) El personal civil no funcionario dependiente de organismos,

servicios o entidades del Estado.

d) El personal civil no funcionario al servicio de organismos

y entidades de la Administración Local, siempre que no estén

incluidos en virtud de una Ley especial en otro régimen obligatorio

de previsión social.

e) Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en

los establecimientos o dependencias de las entidades o insti-

tuciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica

competente, se regulará la situación de los trabajadores

laicos y seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos

o dependencias de la Iglesia y cuya misión primordial consista

en ayudar directamente en la práctica del culto.

f) Las personas que presten servicios retribuidos en las entidades

o instituciones de carácter benéfico-social.

g) El personal contratado al servicio de Notarías, Registros de

la Propiedad y demás oficinas o centros similares.

h) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a

Cuerpos o Escalas de funcionarios que no estén sujetos al Régimen

de Clases Pasivas y los altos cargos de las Administraciones

Públicas que no sean funcionarios públicos, así como los

funcionarios de nuevo ingreso de las Comunidades Autónomas.

i) Los funcionarios del Estado transferidos a las Comunidades

Autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente

en Cuerpos o Escalas propios de la Comunidad Autónoma

de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

j) Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen

sus cargos con dedicación exclusiva, a salvo de lo previsto

en el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local.

k) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con

exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de

Garantía Salarial, los consejeros y administradores de sociedades

mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control

de éstas en los términos establecidos en el apartado uno, de la

disposición adicional vigésimo séptima de la presente Ley,

cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las

funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos

por ello o por su condición de trabajadores por cuenta

de la misma.

Excepto que, por razón de su actividad marítimo-pesquera,

corresponda su inclusión como trabajadores asimilados por

cuenta ajena en el campo de aplicación del Régimen especial de

Trabajadores del Mar.

l) Los titulados universitarios que desempeñen la función de

personal investigador, ya sea en entidades públicas o privadas.

m) Cualesquiera otras personas que, en lo sucesivo y por

razón de su actividad, sean objeto, por Real Decreto a propuesta

del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de la asimilación

prevista en el apartado 1 de este artículo.

3. Todos los trabajadores por cuenta ajena señalados en el

apartado 2 anterior, excepto los comprendidos en la letra k y los

que expresamente fueran asimilados en la letra m, tendrán la

obligación, junto con sus empleadores o empresarios, de cotizar

por el Régimen General de la Seguridad Social y el derecho a

recibir todas las prestaciones que este régimen procura, incluyendo

pensión de jubilación y desempleo.”

 

Disposición adicional primera

El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados antes

de un año un informe que recoja un estudio sobre el número de

investigadores que hayan tenido becas durante más de veinticuatro

meses desde 1992 y las consecuencias económicas que se derivan

por no tener devengos de jubilación y desempleo. Además

deberá establecer mecanismos legales y presupuestarios para paliar

la situación de esas personas.

 

Disposición adicional segunda

Las consecuencias económicas que afecten a los Presupuestos

Generales del Estado, derivadas de la aplicación de la presente

norma, surtirán efectos a partir de la aprobación de la

próxima y siguiente Ley de los Presupuestos Generales del Estado,

de modo que puedan tenerse en cuenta estas nuevas obligaciones

económicas.

 

Disposición transitoria

A partir de su entrada en vigor, lo dispuesto en esta Ley será

de aplicación a los titulados universitarios que desempeñen la

función de personal investigador, ya sea en entidades públicas o

privadas, y disfruten en la actualidad de becas predoctorales o

postdoctorales de formación de dicho personal.

 

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial del Estado.

 

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