Secciones: Mundo Insurgente - Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria - Movimiento Obrero/Mundo del TrabajoTítulo: BOLIVIA: LAS PETROLERAS QUIEREN IMPONER SU LEY- Enlace 1 Texto del artículo:
Econoticiasbolivia.com (La Paz, octubre 27, 2004).- Poderosas compañías petroleras han comenzado a tejer una gigantesca campaña de presión y amedrentamiento sobre Bolivia para preservar sus millonarios negocios. De la conjura participan ministros de Estado, empresarios, dirigentes cívicos, las élites dominantes y altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de los organismos internacionales de financiamiento.
Todos, unos de manera abierta y otros con cierto disimulo, trabajan para que aborte la nueva Ley de hidrocarburos, aprobada provisionalmente por el Congreso en su primera de tres estaciones y que impone a las petroleras el pago de más impuestos, aunque en contrapartida les garantiza la propiedad, el uso y el
disfrute de las ingentes reservas de gas y petróleo de Bolivia, las segundas en
importancia de Sudamérica.
Este proyecto de ley, impulsado por el ala izquierdista del Congreso, por los
partidarios del diputado cocalero Evo Morales, no tiene sin embargo nada de
"nacionalizador", menos de "expropiación de reservas y propiedades de las
petroleras", como exigen los sindicatos y organizaciones sociales y populares,
pero igual es rechazado por las transnacionales, que no quieren dejar de ganar,
y menos perder, ni un solo centavo.
La consigna del poder petrolero es no pagar el 50% de regalías ni migrar
obligatoriamente a nuevos contratos, con mayores exigencias y controles, tal
como prevé el proyecto aprobado "en grande" por el Congreso, que sesionó la
pasada semana bajo la presión de miles de campesinos, cocaleros y mineros.
En cambio, las transnacionales quieren mantener todos los privilegios y
ventajas obtenidas al amparo de las leyes promulgadas por el gobierno del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue derrocado hace un año precisamente
por defender, a fuego y metralla, los intereses petroleros. Hoy las petroleras
quieren imponer su ley, mediante la presión, las amenazas y el chantaje,
ablandando el proyecto de ley del Congreso y reduciendo la presión tributaria
hasta un 32%, como plantea en el fondo la propuesta pro petrolera del presidente
Mesa.
PRESIÓN EN AUMENTO
La presión del poder petrolero es intensa. A una semana que el Congreso
desactivara la presión social, con la "aprobación en grande" de la ley y la
autorización para enjuiciar a Sánchez de Lozada y a todos sus colaboradores, el
Secretario adjunto del Departamento de Estado para la región Andina, Charles
Shapiro y el embajador de ese país, David Greenlee, visitaron al presidente
Carlos Mesa para dejarle claramente establecido que no aceptarán una ley que
afecte a las petroleras.
Lo mismo advirtió Marco Aurelio García, el enviado especial del presidente de
Brasil, Luis Ignacio Lula, aunque en un tono más conciliador y diplomático en
defensa de Petrobras, el consorcio brasileño que controla gran parte de las
reservas de gas y petróleo de Bolivia, junto a Repsol, British Petroleum, Total,
Enron, Shell y otras.
Por su lado, altos funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional dijeron lo suyo ante el Congreso y exigieron una ley que viabilice
el millonario negocio transnacional de exportación de gas a Estados Unidos,
México y Argentina.
Todos ellos amenazan con suspender la ayuda económica para Bolivia, cortar los
créditos y aislar en sus montañas al país del altiplano.
"Bolivia se hundirá en el descalabro con la ley aprobada por el Congreso",
repite una y otra vez José Galindo, el ministro de la Presidencia y vocero del
presidente Carlos Mesa, que ha hecho frente común con el poder petrolero,
siguiendo la misma línea del ex presidente Sánchez de Lozada.
Los empresarios y dirigentes cívicos apuntan en la misma dirección. Las élites
que controlan las organizaciones y entidades regionales, donde los sindicatos
están arrinconados, también presionan para que el Congreso, de amplia mayoría
neoliberal, "deje de temblar" ante la presión social y modere los alcances de la
nueva ley, bajando los impuestos a los niveles exigidos por las petroleras.
En las últimas horas la presión ha ido en aumento. La "asamblea de la
cruceñidad", vocero de las élites de Santa Cruz, el departamento más pujante del
país, decretó una paro cívico y amenazó con declarar la resistencia civil y la
autoconvocatoria a una Asamblea Constituyente regional para definir su futuro,
si el gobierno no accedía a sus demandas regionales y el Congreso persistía con
su ley de hidrocarburos.
La Asamblea de la Cruceñidad exige que el Congreso suspenda el análisis de la
nueva ley hasta el 2005 y hasta encontrar un nuevo proyecto que armonice los
intereses de la población con los de las petroleras.
LA ACCIÓN POPULAR
Estas exigencias son rechazadas, sin embargo, por los sindicatos y
organizaciones populares, que demandan no sólo que el Estado cobre más impuestos
a las petroleras, sino que van por la nacionalización del gas y el petróleo.
En contra del poder petrolero, las fuerzas vivas de la ciudad de El Alto ya han
programado un paro para el 15 de noviembre. Las organizaciones sindicales y
vecinales de El Alto exigen la extradición de Sánchez de Lozada, refugiado en
Estados Unidos, la nacionalización del gas y la atención a las demandas de la
Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Central Obrera Regional y la
Federación de Gremiales el pasado año.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora de Defensa del Gas también
alistan nuevas acciones de masas para mediados de noviembre.
Bolivia: ÉLITES CRUCEÑAS AMENAZAN CON PARO Y RESISTENCIA CIVIL
Econoticiasbolivia.com (Santa Cruz, octubre 27, 2004).- La "Asamblea de la
Cruceñidad", el principal bastión de las élites empresariales y cívicas del
departamento de Santa Cruz, amenazó con decretar un paro y declarar la
resistencia civil si persistían los intentos del Congreso para aprobar una ley
de Hidrocarburos contraria a las petroleras y si el gobierno no atendía sus
demandas de autonomía.
La decisión fue asumida anoche por decenas de delegados institucionales que
otorgaron amplias facultades al Directorio Ampliado del Comité pro Santa Cruz,
para que inicie en forma progresiva las medidas de resistencia civil frente al
gobierno y al Congreso. Hasta ahora el paro cívico departamental no tiene fecha
definida.
La Asamblea instruyó a la Brigada parlamentaria cruceña que coordine con las
demás regiones productoras de hidrocarburos, la elaboración de un proyecto de
ley concertado, que armonice los intereses nacionales con los de las petroleras.
Entre tanto, demandaron suspender el tratamiento de la ley en la Cámara de
Diputados.
La reunión regional definió también exigir al Congreso la convocatoria a un
referéndum nacional vinculante departamental sobre autonomías, el que deberá
realizarse el día de las elecciones municipales, como condición previa e
indispensable para participar en la Asamblea Constituyente.
"Se ha ratificado que Santa Cruz no asistirá a la Constituyente, si antes el
gobierno no convoca a un referéndum nacional vinculante por las autonomías",
aseguró el presidente del Comité, Rubén Costas.
La resolución de la Asamblea establece que "si hasta el 30 de noviembre no se
convoca al referéndum nacional por las autonomías, se convocará a una Asamblea
Constituyente Departamental para declarar una región autónoma, aprobar el
estatuto autonómico de Santa Cruz y fijar fecha para la elección de las
autoridades correspondientes". Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 27/10/2004 - Modificar
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