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Secciones: Argentina -  Economía -  Antiglobalización

Título: EL GIRO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA - Por Claudio Katz- Enlace 1 - Enlace 2

Texto del artículo:

www.defensahumanidad.cult.cu

El giro de la economía argentina (I)

El curso neo-desarrollista
Por Claudio Katz

Al cabo de cuatro años de intenso crecimiento comienza a perfilarse un nuevo
modelo de sesgo neo-desarrollista. Este patrón de acumulación combina el
énfasis industrialista que tuvo la sustitución de importaciones (1930-75), con
la estrecha asociación con el capital extranjero que presentó el breve
experimento desarrollista (1958-62). Pero el esquema en gestación presenta,
además, puntos de contacto con el régimen agro-exportador (1930-75) en la
centralidad de la actividad agraria y un parentesco con el curso neoliberal
financiero (1975-2001) en la regresividad social.

El término modelo tiene una acepción de largo plazo si se lo utiliza para
aludir a esos antecedentes. En cambio tiene un significado más acotado si se
alude a ensayos cambiarios, aduaneros o fiscales (tablita de Martínez de Hoz,
convertibilidad y apertura de Cavallo). En el primer sentido, es decir como un
curso estructural de varias décadas, la nueva configuración constituye solo
una tendencia.

El neo-desarrollismo es un proyecto actualmente compartido por todas las
clases dominantes. Pero su comando recae sobre las grandes empresas argentinas
que han internacionalizado su actividad. Estas compañías se han entrelazado
con capitales foráneos, adoptaron un perfil exportador y tienen muchos
negocios en el exterior. No priorizan el mercado interno, la acumulación
endógena, ni la redistribución de ingresos. Propician un rumbo industrialista
que es aceptado por los sectores más poderosos del agro-negocio y también
alentado por las empresas extranjeras, que afianzaron su liderazgo en
numerosas rubros.

Kirchner estimula esta orientación en un marco de nítida recuperación
económica. El PBI ya supera el nivel de actividad que precedió a la crisis y
el auge continuaría durante el 2007. Este avance tiene varios motores, pero ha
sido especialmente estimulado por el viento de cola aportado por el
encarecimiento de los productos básicos que exporta el país. El repunte
productivo obedece, además, a la magnitud de la depresión previa, que
desvalorizó masivamente el capital y la fuerza de trabajo, creando condiciones
óptimas para un rebote de la producción.

El curso de la economía argentina sintoniza con el sendero adoptado por muchos
gobiernos latinoamericanos. En toda la región, la apertura comercial, la
privatización de los servicios públicos y la desregulación financiera de la
década pasada afectaron severamente la competitividad de los capitalistas.
Este impacto induce a un generalizado viraje. ¿Pero cuáles son las
características del nuevo esquema? ¿Qué intereses beneficia y cuáles penaliza?


NEO-DESARROLLISMO INDUSTRIAL

El esquema en curso comparte con la sustitución de importaciones un origen
semejante, ya que ambos brotaron de una crisis de envergadura histórica (1930
y 2001). En los dos casos la clase dominante comandó un giro hacia la
industrialización que derivó en fases de alto crecimiento[3].

Pero el viraje manufacturero actual ya no cubre las simples carencias
industriales que predominaban en los años 30. Irrumpe luego de un dramático
proceso de regresión fabril que desarticuló la estructura productiva.

La reversión de esta demolición ha comenzado con una la recuperación
industrial, luego del mayor dinamismo que tuvieron los servicios durante los
90. Este resurgimiento manufacturero es un resultado directo de la
devaluación, el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad ociosa
precedente y no conduce a reconstruir el viejo tejido industrial centrado en
el mercado interno[4].

El efecto más visible del giro industrialista es la modificación del ciclo
económico. Si la recuperación en curso no se detiene, la periodicidad de una
crisis cada 6 o 7 años (1975-76, 1982, 1989-90, 1995, 2001-02) quedaría
sustituida por otra secuencia de la acumulación.

La revitalización industrial es auspiciada por el gobierno a través de
subsidios a los industriales. Para financiar promociones, desgravaciones y
rebajas de cargas patronales, el fisco autorizará este año exenciones por
14.892 millones de pesos, es decir el 10% de la recaudación. Esta subvención
incrementa en un 12% el auxilio ya concedido en el presupuesto anterior.

El sostén a los industriales es una prioridad para los recursos obtenidos por
el Ejecutivo por encima del superávit fiscal. Como resultado de a los
superpoderes que delegó el Congreso, varios ministros disponen de 20 fondos
fiduciarios para solventar los negocios empresarios[5].

Algunos partidarios del gobierno argumentan que el engrosamiento del superávit
fiscal y la acumulación de reservas permiten al gobierno confrontar con el
establishment. Señalan que la solidez de la caja es indispensable para
neutralizar el poder de fuego de los grupos dominantes, que precipitaron la
hiperinflación de los 80 y la corrida bancaria en los 90[6].

Pero si el presidente estuviera enfrentado con los grandes grupos no les
giraría auxilios tan millonarios. Estas empresas son los destinatarias del
incremento de la inversión pública, que ya se ubica un 50% por encima del
inicio de la crisis en 1998. Es cierto que el estado atesora más fondos que en
pasado, pero la finalidad es afrontar eventuales tormentas financieras. Este
mismo resguardo adoptan todas las economías capitalistas para socorrer al
sistema en las grandes crisis. El propósito de esta protección es salvaguardar
al régimen y no confrontar con sus beneficiarios.


EL MANEJO DE LA DEUDA

La finalidad neo-desarrollista ha guiado también el canje de la deuda y el
pago anticipado al FMI. Ambas medidas incrementaron la autonomía de clase
dominante frente a acreedores, para permitir a los capitalistas locales
manejar la política cambiaria sin presiones externas. Por esta vía se redujo,
además, el control que ejercían los financistas sobre los subsidios estatales
a los empresarios del país.

Esta finalidad patronal es omitida por los autores que presentan ambas
iniciativas como actos de independencia nacional. Evitan aclarar que los
beneficiarios de estas medidas han sido los grandes grupos concentrados y no
el grueso de la población. Qué estas acciones hayan permitido “crecer sin
financiación, deuda u ahorro externo” no es tampoco una peculiaridad
argentina, ya que la misma tendencia se verifica en numerosos países. El
des-endeudamiento con el FMI es tan generalizado que este organismo se ha
quedado sin clientes y busca prestar dinero por cualquier medio[7].

Los oficialistas justifican esta operación con argumentos de ocasión. A veces
recuerdan el carácter fraudulento de la deuda y en otros momentos consideran
que este desfalco pasó a segundo plano con el canje[8]. En todos los casos
siguen la conducta oportunista de la justicia, que ahora investiga el
escándalo del megacanje (2001) sin indagar las irregularidades más recientes.
Los magistrados solo destapan las ollas que no salpican a capitalistas
locales. Hay vía libre para despotricar contra el FMI, pero están bloqueadas
todas las denuncias a los grupos nacionales que lucraron con la estafa de la
deuda.


LA REGULACIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES

La estrategia neo-desarrollista oficial alienta la regulación de los servicios
privatizados, que es reivindicada por muchos analistas como un gran mérito del
gobierno[9]. Kirchner optó en este campo por un curso igualmente alejado del
servilismo menemista y de la re-estatización. Ha evitado la reimplantación de
la propiedad pública porque aspira a transferir una porción de este negocio a
los capitalistas industriales.

La desprivatización del Correo y del espectro radioeléctrico fueron
excepciones prolongadas con el desenlace de la crisis de Aguas Argentinas. El
gobierno solo transfirió la gestión de esta empresa a funcionarios amigos y
burócratas sindicales, cuándo se cayó la concesión y fallaron todas las
tratativas para encontrar nuevos socios. Aquí radica una diferencia importante
de Kirchner con Perón[10].

La política de servicios públicos sigue un lineamiento empírico basado en
renegociar los contratos, para abaratar los costos de los industriales sin
deteriorar la rentabilidad de las compañías privatizadas. Esta orientación
exige discutir caso por caso y recurrir tanto al socorro como a la
penalización de los concesionarios.

Este zigzagueo explica porque el proyecto inicial de establecer un marco
regulatorio único fue sustituido por negociaciones puntuales, que dejan
abiertas todas las opciones. Se ha preservado la división neoliberal del
trabajo -que asegura negocios al sector privado y transfiere pérdidas al
estado- pero se ajustó este principio a la prioridad de subsidiar la
acumulación industrial. Esta política incluye muchos favoritismos en el
otorgamiento de licencias monopólicas (teléfonos), salvatajes de concesiones
(Aeropuertos), rescates de balances turbios (Aerolíneas) y autorizaciones de
mayores tarifas sin contrapartidas de inversión (peajes).

Pero todas las acciones apuntan a reducir costos empresarios y abaratar gastos
salariales. Con este último objetivo se subsidia el transporte ferroviario.
Las empresas ganan fortunas, pero los fondos son aportados más por el estado
que por los usuarios[11]. La meta neo-desarrollista es sostener las ganancias
del conjunto de los industriales, sin crear un bache fiscal y limitando la
renta extraordinaria que percibían los concesionarios.


LA DINÁMICA REGRESIVA

La política social regresiva constituye el punto de mayor continuidad entre el
rumbo económico actual y su precedente neoliberal-financiero. El PBI ya se
ubica en un nivel superior al comienzo de la crisis (1998), pero ningún
indicador social ha recuperado ese plafond. Los defensores del gobierno
reconocen “esta deuda social”, pero elogian el gradualismo de Kirchner.
Afirman que primero ha favorecido la recomposición de los salarios frente al
desmoronamiento padecido durante la depresión[12].

Pero comparan dos situaciones radicalmente opuestas, olvidando que los
salarios del auge y la recesión siempre divergen. Lo que corresponde
contrastar son períodos similares de reactivación y computar, además, tanto
los avances de la productividad como el repunte de los beneficios. Si se mira
este último parámetro salta a la vista el abismo que separa el incremento de
los salarios con el récord de rentabilidad que tuvieron las empresas. En el
2005 el 77% de las compañías que cotizan en Bolsa declararon incrementos muy
significativos y los beneficios de las 500 principales empresas del país
duplicaron los obtenidos dos años antes[13].

Las cifras de la productividad son más contundentes y se ubican en un tope de
los últimos 15 años. Actualmente se fabrican más productos con menos
trabajadores, porque los costos han caído entre un 16% y 30% por debajo del
2001[14]. El modelo bloquea la transferencia de estas mejoras a los salarios,
que en promedio se ubican un 20% por debajo del nivel prevaleciente antes del
inicio de la crisis.

La política económica obstaculiza la recuperación de los sueldos a través de
distintos techos a esta recomposición. Mejora a cuentagotas los salarios
estatales y pacta con la burocracia de la CGT estrictos límites en las
negociaciones colectivas. El año pasado logró acotar los incrementos en estas
tratativas al 19% y encapsuló el salario mínimo cerca de canasta básica (857
pesos). Este piso se ubica a una distancia kilométrica del monto requerido
para solventar la canasta básica familiar (2205 pesos). Para asegurar la
continuidad de este compromiso, Kirchner rescató recientemente a Moyano del
escándalo mafioso de San Vicente.

El gobierno trata de impedir que la rentabilidad sea amenazada por las
demandas de los trabajadores, en un período de reingreso a la normalidad
capitalista. El desahogo creado por la devaluación ha quedado atrás y los
empresarios afrontan la clásica puja competitiva por la reducción de los
costos. Para esta labor cuentan con el respaldo de una política
neo-desarrollista.


INFORMALIDAD, EXPLOTACIÓN Y DESEMPLEO

El esquema regresivo de los salarios afecta más duramente a los trabajadores
informales. Existe un terrible abismo entre el ingreso medio de los
precarizados (391 pesos) y los formalizados (1072 pesos). En el primer
segmento se ubica el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que no
cubre la canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia[15].

El empleo en negro no es una actividad marginal. Se encuentra ampliamente
difundida en ramas de alta rentabilidad (como el agro y la construcción) e
incluye al propio sector público, que mantiene a un 11,7% de sus empleados sin
formalizar.

La preservación de esta dualización del mercado de trabajo es una tendencia
del capitalismo contemporáneo que alienta el nuevo modelo, porque esta
segmentación disuade el aumento de los salarios. La reactivación no ha
reducido la gran polarización que se gestó durante la década pasada. Mientras
que en 1992 el ingreso de los precarizados rondaba el 72% de los formales, en
la actualidad solo cubre 37% de esa suma[16].

Los voceros de Micelli argumentan que esta fractura se atenuará a medida que
aumente el salario mínimo. Pero este avance se concreta a paso de tortuga y no
arrastra a los informales. Con un ingreso universal significativo podría
remediarse inmediatamente este flagelo, pero el gobierno prioriza los
beneficios patronales.

Los precarizados son las principales víctimas actuales de la pobreza. Este
tormento se ha reducido estadísticamente como consecuencia de la reactivación.
Ha decaído del 40,2% (2005) al 31%, pero sin llegar luego de cuatro años de
alto crecimiento al 24 % que promedió en la década del 90. La pobreza -que fue
sinónimo de desempleo durante la depresión de 1998-2002- se ha convertido
ahora en un mal de los asalariados informales, que podría perdurar durante el
largo tiempo[17].

Esta gravitación obedece también a la magnitud del desempleo, que presiona a
trabajar a cambio de ingresos de subsistencia. Los defensores del modelo
afirman que la desocupación bajó desde un pico de 17,8% (2003) al 10,4%
actual. Pero considerando los planes que disfrazan el paro la reducción fue
del 23 % al 12,8%. Estas caídas siguen el patrón habitual de las fases
ascendentes del ciclo, aunque en la actualidad se registra un nivel más
elevado de la subocupación (11,9%).

Existe una evidente dificultad para perforar el núcleo duro del desempleo. La
baja inicial fue rápida porque se concretó absorbiendo la capacidad ociosa de
la industria con poca inversión. Pero actualmente la elasticidad-producto
(aumento de la ocupación por cada punto de crecimiento de la economía) no
reacciona tan favorablemente. La normalización capitalista impone aumentos de
la productividad que conspiran contra la expansión del empleo.

Estas tendencias incrementan a su vez la tasa de explotación. De 14 millones
de asalariados hay 5,3 millones sobreocupados, que trabajan más de 45 horas
semanales y triplican el número de los desempleados[18]. El grueso de los
convenios colectivos firmados durante el año pasado convalida este
padecimiento, ya que incluyen numerosas normas de flexibilización laboral. El
gobierno coquetea con la reversión de contra-reforma laboral de los 90 pero
también limita esta iniciativa, porque sus socios de la UIA exigen
polifuncionalidad, períodos de prueba, pasantías y subsistencia de la
oprobiosa la ley de riesgos de trabajo.

En el caso extremo de la indumentaria la explotación alcanza ribetes de
servidumbre. Se pagan centavos a los trabajadores extranjeros para fabricar
las prendas que se venden en los shoppings. Los burócratas sindicales miran
para otro lado o avalan los atropellos con discursos de empleo a cualquier
precio[19]. Estrujar a la fuerza de trabajo es una necesidad competitiva del
capitalismo neo-desarrollista.


EL CIMIENTO DE LA DESIGUALDAD

Los ricos incrementan su apropiación del ingreso a medida que el aumento del
PBI también amplía la brecha que separa al 10 % más acaudalado del 10% más
empobrecido de la población. Existe una compleja discusión técnica sobre la
evolución de esta fractura. Algunas estimaciones destacan que en el primer
trimestre del 2006 esta distancia se ubicó en 29,2 veces, luego de alcanzar
26,4 (2005) y 24 veces (2003). Otro coeficiente que mide esta evolución (Gini)
indica una mejora, que reflejaría cierto alivio de la alta clase media en un
marco general de polarización[20].

Pero incluso en la medición más favorable el 10% de la población se queda con
la tercera parte de la torta, especialmente luego de una devaluación que
succionó 10 puntos de la participación de los salarios a favor de los
beneficios.[21]. La polarización social es un rasgo de un modelo
neo-desarrollista, hostil al retorno a los menores desniveles de 1974 (10
veces de diferencia entre los ingresos del decil más rico y más pobre) o al
distribucionismo de los años 50 (mitad la participación de ingreso en manos de
los asalariados).

El esquema en curso moderniza la miseria. Permite acceder al celular pero no a
las cloacas, especialmente en el norte del país dónde un tercio de la
población carece de inodoro o desague. Es cierto que el consumo ha resucitado
y se ha convertido en un motor de la reactivación, pero se desenvuelve en
forma segmentada y favorece a los sectores de mayores ingresos en desmedro de
los necesitados.

Los jubilados encabezan el ranking de los afectados por esta polarización
social. El gobierno otorgó moratorias para asegurar una pensión a 8 de cada 10
adultos mayores, pero encubre con asistencialismo la degradación de las
jubilaciones. El 65 % de los retirados cobran un haber mínimo equivalente al
42,5 % del salario medio, un porcentaje muy alejado del 82% móvil que
corresponde a los pensionados.

Todos los incrementos se sancionan en función del calendario electoral,
ignorando retroactividades, acentuando el achatamiento de las escalas y
evitando introducir una fórmula de ajuste futuro. Hasta ahora se han ignorado
varias propuestas legislativas para regular las subas en función de la
evolución del salario y los recursos de la previsión social. Mientras que el
ANSES rebosa de excedentes, el gasto de seguridad social cayó del 7% del PBI
(2001) al 5,4% actual[22].

El gobierno se limita a socorrer a los desprotegidos para evitar el colapso
potencial que ha legado la privatización de las jubilaciones. Kirchner
mantiene el sistema de las AFJP, aunque abrió el corralito que impedía los
traspasos del sector privado al estatal (y viceversa). En los hechos publicita
una libertad de elección que es ficticia, porque nadie puede decidir que
sucederá durante décadas con su ahorro en uno u otro régimen.

El esquema privado es una comprobada estafa de comisiones y malversaciones que
el gobierno acotó por varias razones. En primer lugar, el sistema deja en la
vía a los afiliados que no aportan lo suficiente, obligando al estado a una
sustitución asistencial. En segundo término, el régimen conspira contra las
cuentas fiscales, al sostenerse en una rebaja de aportes patronales que ya le
costó al erario público 80.000 millones de pesos. En tercer lugar, el modelo
neo-desarrollista exige una gran corriente de subsidios estatales a la
industria, que el gobierno apuesta a respaldar manejando una porción creciente
del ahorro de los trabajadores[23].

El gobierno mantiene el régimen de capitalización para evitar un conflicto con
un poderoso lobby financiero que tiene maneja un cuantioso volumen de títulos
públicos, pero trata de ejercer cierto control sobre sus inversiones.

Esta herencia se mantiene en pie también en el área de la salud. La mitad de
la población carece de cobertura médica y se atiende hospitales públicos
colapsados, mientras cuatro grandes empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus y
Omint) controlan el mecanismo de las prepagas y se han quedado con la crema
del sistema (pacientes jóvenes y de altos ingresos). Como este negocio incluye
a muchos funcionarios y burócratas sindicales, nadie apura los cambios.


IMPUESTOS REGRESIVOS

Como ha ocurrido siempre con los proyectos de reforma impositiva, los planteos
progresistas que se formulan desde el llano quedan licuados con el ejercicio
del gobierno. Ya ningún funcionario habla de cambios significativos y solo
evalúan tímidas propuestas. El ensayo neo-desarrollista favorece a los
capitalistas y es incompatible con la equidad impositiva [24].

Como resultado de la reactivación y los gravámenes introducidos durante la
crisis (impuesto al cheque y retenciones) la recaudación ya alcanzó un máximo
histórico. Los ingresos se ubican todavía muy lejos del 30-45% del PBI
predominante en los países avanzados, pero aumentaron del 16,1% (2002) al
23,2% (2006). No está claro aún si en este resultado incluye también una
disminución de la evasión. Los técnicos de la AFIP y los especialistas
privados divergen en esta evaluación[25].

Pero nadie habla de repartir esta mejora en un país dónde los asalariados
aportan el 50% de la recaudación y reciben el 25% de la riqueza. Las
escandalosas exenciones impositivas a la actividad financiera (rendimientos de
títulos públicos, intereses de los depósitos, compra-venta de acciones) no se
han modificado y le restarán 5.500 millones de pesos al presupuesto 2007. Esta
cifra alcanzaría para financiar un aumento inmediato del 20% a los jubilados.
Bajo el sistema actual un rentista no paga impuestos por sus ingresos
financieros, pero un trabajador que gana 3500 pesos mensuales debe tributar.
Tampoco los jueces y las fundaciones afrontan obligaciones impositivas, pero
la clase media está penalizada por un gravamen a los bienes personales que
mantiene el bajísimo piso anterior a la crisis[26].

El año pasado se registró una intensa lucha social contra el reducido tope al
impuesto a las ganancias que afecta a 500 mil asalariados. Un trabajador que a
fines de los años 90 ganaba 11 veces y medio el salario mínimo estaba exento
de esa tasa, pero en la actualidad el mismo gravamen es pagado todos los
asalariados que perciben tres veces y medio ese básico. Se han negociado
ciertos alivios, pero hasta ahora el presupuesto 2007 no contiene ningún
cambio del mínimo no imponible.


AGRO-CAPITALISMO PARA POCOS

El esquema neo-desarrollista apuntala a los capitalistas industriales a costa
de la mayoría popular. Este modelo incluye además un estratégico cimiento en
el sector agrario que rememora el esquema agro-exportador. Pero existe una
diferencia sustancial con ese período: la época dorada de Argentina en el
comercio mundial ha concluido y las ventajas naturales de la Pampa Húmeda ya
no le otorgan al país un lugar privilegiado en la división internacional del
trabajo. Por eso el agro persiste como un pilar básico de la economía, pero
sin las glorias del pasado.

A diferencia de la industria, el PBI de esta área ha crecido en forma
ininterrumpida en los últimos quince años a una elevada tasa del 5,7%, sin
afrontar ningún freno significativo. La devaluación del 2001 incentivó este
avance al generar un nivel de rentabilidad que ya bordea los máximos
históricos y supera los promedios de la convertibilidad[27].

Pero este impulso consolida un esquema basado en la preeminencia de la soja,
la destrucción de los cultivos regionales, el desplazamiento de los campesinos
y la concentración de la tierra. Profundiza la modernización capitalista que
generó un gran salto de producción, con ganancias para pocos y tecnologías que
amenazan la fertilidad de la tierra[28].

Esta modalidad del agro-negocio estimula el mono-cultivo y alienta la
expulsión de mano de obra del campo, que ha decaído del 24% de población
activa (1970) al 8% (2001). Ha impuesto, además, la destrucción de las
estructuras agroindustriales del interior (azucareras, vitivinícolas,
yerbateras) e impulsa la expropiación de los pequeños productores[29]. También
quedó afectada la ganadería que mantiene el mismo plantel de animales de hace
50 años, con bajos niveles de rendimiento por hectárea. Este estancamiento
provoca el brusco encarecimiento de la carne cuándo repunta la demanda local o
extranjera.

El gobierno apuntala específicamente a los grandes grupos del sector
(agrupados en la SRA, CONINAGRO y CRA), en desmedro de los pequeños
productores (FA). Regula precios para favorecer a los pulpos frigoríficos o
cerealeros y descarta todas las iniciativas progresistas de reforma impositiva
o refinanciación de deudas. Esta actitud empuja a los desfavorecidos al
alineamiento con las elites del campo. A pesar de los elevados lucros del
sector, el ruralismo ha retomado su periódica beligerancia contra el gobierno
de turno porque se considera propietario de toda la renta agrícola. No está
dispuesto a compartirla con el resto de la sociedad, especialmente en los
períodos florecientes. Durante todo el siglo XX ha resistido el pago de las
retenciones, que identifica con una inadmisible la interferencia impositiva
del estado a sus beneficios[30].

El conflicto actual se acrecienta, además, por la regulación oficial de
ciertos precios. Como en Argentina se come lo que se exporta, solo la
intervención estatal puede neutralizar el impacto inflacionario que provoca el
encarecimiento internacional de los alimentos exportados.

Este control ha recreado la vieja pulseada que mantuvieron los ruralistas con
todos los ministros de economía. Micelli ha restringido las exportaciones y
aumentado selectivamente las retenciones. No afectó seriamente las ganancias
del campo y tampoco morigeró las quejas de este sector. Estas tensiones
persistirán, en la medida que el ensayo neo-desarrollista apuntale tanto la
re-industrialización como cierto freno de la carestía. Pero los conflictos que
genera el modelo son múltiples y requieren un análisis específico que
abordamos en la segunda parte de este texto.

FUENTE: www.defensahumanidad.cult.cu/artic.php?item=2047

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Las contradicciones del esquema actual
Claudio Katz
Claudio Katz es un joven economista argentino, miembro del EDI (Equipo de Economistas de Izquierda)
20 de Febrero 2007

El giro de la economía argentina (II)



El modelo neo-desarrollista enfrenta múltiples contradicciones. Los funcionarios intentan controlar la inflación para mantener el techo salarial, pero el margen de esta intervención es muy limitado. La carestía es motorizada por la primacía exportadora, el peso de los oligopolios y la baja la inversión. Frente a la amenaza de un freno energético se otorgan concesiones impositivas a las empresas.

El esquema actual comienza a enfrentar las duras reglas de la normalidad capitalista, con un nivel de endeudamiento que afecta la competitividad. La recomposición bancaria reaviva la concentración financiera y las exportaciones primarizadas aumentan junto a importaciones de mayor valor agregado.



Muchos economistas proclaman su confianza planea en el modelo. Estiman que la vieja crisis externa y fiscal que bloqueó otros ciclos del ascenso ha sido superada y consideran que la prosperidad está garantizada por un largo período3. Acostumbrados a evaluar el grado de estancamiento de la economía nacional ha n quedado desconcertados por la intensidad de la recuperación. Del pesimismo inercial han girado a un entusiasmo sin críticas que desconoce los límites del auge actual. Las frecuentes analogías con China constituyen un indicio de esta actitud.

En general se pierde de vista el enorme trecho que faltaría recorrer para recuperar décadas de regresión. Si el PBI continuara creciendo al 8% durante un decenio se alcanzaría en el 2011 un ingreso per capita de 11.000 dólares, un promedio todavía inferior al vigente en Eslovenia, Portugal o Grecia, la mitad de la media de Australia y un tercio del nivel prevaleciente en Dinamarca 4.

Es cierto que el esquema en curso contiene desequilibrios diferentes a los modelos precedentes. Pero la intensidad de estas contradicciones es muy significativa en seis terrenos.

Los motores de la inflación

Un punto particularmente crítico del modelo es la carestía. Luego del impacto inflacionario provocado por la devaluación de 2001, la economía se desenvolvió con incrementos moderados de los precios. Estos aumentos alcanzaron el 8,8% en el 2003 y el 6,1% en el 2004, pero al año siguiente se registró un saltó al 12,3%. En el 2006 el gobierno no pudo evitar una suba del 9,9%, es decir un porcentaje muy elevado en términos internacionales.

El impacto social de la carestía tiende a ser temporalmente variable. Hasta abril del año pasado la canasta básica de indigencia subió por encima de los precios minoristas y golpeó a los sectores más empobrecidos. En la segunda mitad del año esta incidenc ia fue mayor sobre los consumos de la clase media (servicios, colegios privados, expensas, alquileres). También se ha registrado una aguda divergencia entre los precios mayoristas –que desde la devaluación hasta fin del año pasado subieron 195%- y los minoristas, que en el mismo lapso treparon 91%. Esta divergencia anticipa nuevos ajustes en los precios de mostrador.

El efecto real de la inflación está disimulado por un obsoleto cómputo oficial de una canasta de productos que subvalora ciertos rubros (alimentación) y sobrevalora otros (como turismo)5. Como todos los antecesores Miccelli se irrita con las cifras que le disgustan e intenta forzar cambios en la forma de cálculo para disimular la carestía. Pero esta pretensión coyuntural choca con la necesidad de preservar estadísticas internacionalmente confiables, que permitan a los capitalistas decidir inversiones. Esta contradicción suscita permanentes tensiones.

El trasfondo del problema es la tendencia de la inflación a desbocarse como consecuencia de tres procesos combinados: la devaluación, el oligopolio y la baja inversión. Cuándo uno de los tres motores se atenúa, los restantes operan con mayor intensidad. El impacto de la devaluación persiste por la continuada apreciación internacional de las materias primas, mientras los oligopolios acentúan la brecha entre precios mayoristas y minoristas y la insuficiencia de la inversión empuja los costos hacia arriba 6.

El gobierno intenta atenuar esta presión inflacionaria con mecanismos de regulación. Logró cerrar el índice del 2006 por debajo del 10% negociando las cotizaciones de ciertos productos de la canasta (el 20% de estos consumos solo aumentaron 2,5%). Esta intervención es exhibida por algunos oficialistas como un logro contundente, pero se olvida los conocidos antecedentes de estas regulaciones. La experiencia indica que los ministros cuentan con un margen limitado para actuar en este campo. Pueden condicionar muchos precios, pero no afectar la rentabilidad del grueso de los capitalistas durante un período prolongado.

Micelli reproduce el sueño de todos los keynesianos. Aspira a manejar los precios durante la etapa necesaria para corregir los desacoples que generó la reactivación entre el ascenso de la demanda y el retraso de la oferta. Pero en algún momento enfrentará los límites de esta acción. Bajo el capitalismo los controles de precios están necesariamente acotados por la competencia, que impone cierto equilibrio de ganancias entre todos los concurrentes. Como el sistema funciona sin reglas de planificación, no puede operar en el mediano plazo con digitaciones estatales de los precios. Estas variables deben ser fijadas por los capitalistas, en función de sus costos y sus expectativas de ganancia.

El principal objetivo de los controles actuales es garantizar un techo salarial.
Miccelli ha buscado situar el índice por debajo del 10% anual para facilitar la acción de la burocracia sindical en las negociaciones paritarias ya que todo el edificio neodesarrollista se asienta en disuadir la lucha social. El segundo propósito estratégico del control es preservar un tipo de cambio alto para las exportaciones, que está amenazado por el sistemático repunte de los precios internos.

Un bache de largo plazo

Nadie sabe cuál es la tasa necesaria sostener el crecimiento en curso, pero todos los analistas sitúan este nivel en torno al 25-26%. Aunque el porcentaje actual (21-23% del PBI) es superior a las reactivaciones anteriores, no alcanza para mantener el ritmo de la recuperación.

Basta recordar que China invierte el 42% del PBI para crecer al 9% y Corea del Sur el 30% para sostener un ascenso del 6%, para notar cuán insuficiente es la tasa actual si se quiere preservar el repunte post-crisis del 7-8-%. La renovación sustancial de la dotación del capital es indispensable para evitar que esa tasa caiga al 4-5% 7.

El problema no es solo en el monto de la inversión, sino también en su perfil.
Esta variable se encuentra muy concentrada en la oferta exportable y en la construcción.
Este último sector absorbe el grueso de los fondos en desmedro de los bienes durables.
También la reducida inversión extranjera se dirige a los segmentos de exportación que generan poco valor agregado.

La ortodoxia derechista resalta esta limitación y convoca a incrementar las concesiones a los poderosos para incitarlos a invertir (“seducirlos”, “garantizar la seguridad jurídica”, “estabilizar las reglas de juego”). El gobierno evita este discurso, pero trabaja en la misma dirección. Necesita hacer buena letra con el establishment porque el esquema neo-desarrollista depende de los aportes capitalistas. A medida que el modelo confronte con la competencia global, su consistencia dependerá de la disposición de los empresarios locales para radicar dentro del país, los fondos tradicionalmente giraron al exterior.

El nubarrón energético

Otra amenaza que afronta la reactivación es un freno impuesto por las carencias energéticas. La demanda de electricidad ha subido al compás del repunte productivo, agotando las fuentes de aprovisionamiento. Ya se verifican apagones e interrupciones en el transporte de energía, porque la falta de inversión ha estrechado el abastecimiento. El cronograma de mejoras avanza lentamente y la amenaza de un parate energético se prolongaría hasta el 2011.

En el terreno de la electricidad se ha producido una típica desproporcionalidad.
La generación se mantiene estancada frente a un aumento del 36% del consumo en solo cinco años. Las redes de transporte y distribución están saturadas y el cuello de botella es muy agudo en las zonas metropolitanas 8.

Edenor y Edesur invierten poco a la espera de mayores tarifas. El gobierno elude el problema y mantiene intacto el esquema irracional de provisión segmentada que impuso la privatización. Niega la crisis y negocia los ajustes que reclaman las empresas, pero elude tarifazos masivos que encarecerían los costos industriales. Busca introducir formas indirectas de aumento (cargos específicos), que obliguen paulatinamente a los usuarios a solventar las inversiones omitidas por las empresas.

En el sector del petróleo y el gas la situación es más grave. Aquí la falta de inversión ha conducido a una nueva baja de las reservas (8,2 años de consumo frente a los 13 años vigentes a principios de los 90 en el primer caso y 8,6 años frente a 35 años en el segundo). Kirchner improvisa medidas de emergencia. En lugar de recurrir a la nacionalización que se instrumentó en el Altiplano firmó un acuerdo de provisión de gas con Bolivia. Por otra parte, impulsó una escandalosa ley que otorga exenciones impositivas a compañías que no exploran, mientras obliga a tributar a los trabajadores petroleros.

El gobierno aliado a Repsol ni considera la opción de la nacionalización, a pesar del gran sustento latinoamericano que tendría esta medida. Algunos funcionarios argumentan que esta alternativa no es viable, porque desde la privatización la propiedad del subsuelo pertenece a las provincias. Pero incontables leyes se han cambiado para favorecer a los capitalistas y resulta inadmisible que el patrimonio de la nación sea manejado por funcionarios locales asociados con las empresas. La derecha propone afrontar la crisis energética aceptando todos los pedidos de las compañías y culpa a la clase media por los padecimientos de los humildes. Denuncia las encarecidas garrafas que pagan los pobres y propone penalizar el consumo de gas natural en las áreas urbanas. Pero no se le ocurre que lo equitativo es anular los subsidios a las compañías del sector, que operan con bajos costos de producción por garrafa (7 pesos) y altas ganancias de venta (25-32 pesos).

Los costos de la deuda

La deuda ya no ocupa la tapa de los diarios pero continúa afectando seriamente a la mayoría de la población. Es el principal destino del superávit fiscal e impone una gran acumulación de reservas improductivas como garantía de pago. El grueso del excedente logrado por la Tesorería fue derivado en los últimos años a cumplir con los acreedores. Este sobrante bordeó en el 2004 los 3.000 millones de pesos, alcanzó al año siguiente 9300 millones y promedió en el 2006 cerca de 8.800 millones. La deuda sigue pesando duramente sobre el gasto público, como lo prueban los compromisos asumidos por el presupuesto 2007. Se han comprometido con ese destino erogaciones por 13.800 millones de pesos, es decir tres veces más del total asignado a la universidad y 3,5 veces más de lo otorgado a los planes sociales que financia la Nación 9.

También persiste el lucrativo negocio de los banqueros, que en diez meses de especulación con títulos argentinos logran ganancias equivalentes a lo obtenido con la administración de bonos estadounidenses durante 7 u 8 años. La deuda es el cimiento de una nueva relación de Argentina con Venezuela que asegura altos rendimientos a los intermediarios financieros.

Pero el mayor problema se plantea en el mediano plazo. El gobierno apuesta a reducir la gravitación del pasivo mediante una sucesión de cancelaciones, que faciliten la gestión estatal de esta carga al servicio de la clase dominante. Algunos promotores de esta estrategia ya cantan victoria y estiman que la deuda está decreciendo, porque habría decaído del 73% del PBI (2004) al 70% (2005) y luego al 66% (2006)10.

Pero no es sencillo continuar por este camino, especialmente a medida que algunos balances del canje indican que el recorte del pasivo ha sido más reducido que lo esperado y se mantienen pendientes de resolución montos muy elevados de pasivos 11. Ciertas evaluaciones de mediano plazo ilustran las dificultades del desendeudamiento. Si la tasa de interés externa no sube por encima del 5%, se requería un incremento perdurable del 4% anual del PBI -junto a un persistente superávit fiscal del 3%- para reducir significativamente la gravitación del pasivo hasta el 2030. La convergencia favorable de estas tres condiciones durante tantas décadas es poco imaginable 12. En cualquier escenario el condicionante de la deuda seguiría pesando sobre la economía.

Los bancos y el crédito.

La recuperación de los últimos cuatro años se concretó en un marco de estrechez crediticia, como consecuencia del caos legado por la confiscación de los depósitos. Pero una tasa de crecimiento del 8% anual no puede sostenerse sin préstamos. El volumen del crédito que alcanzó el 24% del PBI en la década pasada se ha reducido en la actualidad al 11 %13. La evolución futura de esta restricción es materia de controversia.

Durante el año pasado se registró una notable recuperación del sector financiero. Los bancos duplicaron las ganancias del 2005 y embolsaron 4100 millones de pesos de utilidades. Este sector logró el segundo lugar entre las actividades de mejor comportamiento del período y se espera que una evolución semejante durante el año en curso 14.

El gobierno ha contribuido activamente a este repunte, a través de su impulso al fallo de la Corte que convalidó la pesificación de los depósitos. Por esta vía se legitimó la expropiación de los pequeños ahorristas y quedó legalmente consagrado el socorro fiscal a los bancos. Pero lo que más redujo la convalecencia financiera fue el inesperado crecimiento de PBI. La intensa reactivación achicó radicalmente el plazo habitual de cicatrización de un colapso bancario de la magnitud que presentó en Argentina.

Este continuado crecimiento explica también porque los préstamos se están incrementando a un ritmo del 35-40% anual, en un contexto de bajas tasas y ampliación de los plazos. Como el volumen del crédito es aún pequeño, la recomposición integral del sistema financiero es todavía incierta, en un país con bajo nivel de bancarización de la población 15.

Pero lo más problemático no es la herencia de la crisis, sino la forma en que se reconstruyen las finanzas. Ya se observa una nueva concentración de la estructura bancaria en torno a 11 entidades que absorben el 72% de los préstamos y 90 % de los depósitos. Este nivel de monopolización refuerza una tendencia originada en los 90, cuándo 20 grandes bancos terminaron manejando el 82% de los depósitos. Actualmente menos de una decena de entidades controlan casi todo el sistema, reavivando la concentración que detonó el estallido del 2001.

Las flaquezas del comercio exterior

El gobierno exhibe el aumento de las exportaciones como su gran logro productivo, disimulando que este avance ha sido solventado por la mega-devaluación que padeció la población. Se ha pasado de 27.000 millones de dólares de ventas externas (2002) a 46.500 millones (2006), pero la canasta de bienes comercializados continúa mayoritariamente integrada por productos o manufacturas de origen agropecuario (68% del total).


La mejora de las exportaciones no compensa todavía la escasa la participación del país en el comercio mundial. Esta incidencia alcanza al 0,39%, es decir la mitad de la tajada prevaleciente hace cuarenta años y la séptima parte del porcentaje predominante durante la primera mitad del siglo pasado16.

Las limitaciones del sector externo se verifican también en el aumento de las importaciones que ya bordean los 26.600 millones y crecen más rápido que las ventas externas, con una composición más desfavorable. Mientras que el 70% de las exportaciones son bienes primarios, el 85% de las importaciones están conformadas por productos de alto valor agregado. Con este esquema exportador no se emula el modelo de los países avanzados y tampoco el patrón industrial asiático. Solo se ratifica el bajo nivel de competitividad de la industria argentina.

Por cada tonelada exportada el país recibe 460 dólares, pero paga 1500 dólares por su equivalente importado17. Esta desventaja es muy notoria en la relación comercial con Brasil. A pesar del menor crecimiento y el tipo de cambio apreciado que predomina en el principal socio de Argentina, el nivel de importaciones provenientes desde ese país aumentó de 25 % (antes de la crisis) a 34% (en la actualidad)18.

Argentina ha quedado situada en una compleja situación intermedia en la competitividad global. Cuenta con un mercado interno estrecho y de bajos ingresos promedio, no puede rivalizar con las grandes potencias y tampoco se encuentra en condiciones de disputar terrenos con los países que detentan un gran reservorio de mano de obra barata. Esta limitación obstaculiza la implementación de una estrategia “neodesarrollista hacia fuera” (exportador industrial), y “neo-desarrollista hacia adentro” (industrializar apuntalando el consumo doméstico). La gran ventaja comparativa del país continúa localizada en el vulnerable potencial de su producción primaria.

En este cuadro Kirchner busca mantener el tipo de cambio, como si bastara contraponerse a la convertibilidad para evitar sus efectos. Pero ni siquiera es sencillo preservar la cotización del dólar. El gobierno hace lo imposible para contrarrestar la revalorización del peso comprando divisas e incrementando las reservas, pero el tipo de cambio real sigue cayendo por el reingreso de capitales externos, que constituye otro impacto imprevisto de la recuperación. Este flujo afecta también la paridad cambiaria, confirmando que no se puede contrarrestar la reducida inversión y la frágil competitividad con maniobras monetarias.

El ensayo neo-desarrollista está socavado por seis contradicciones: rebrote de la inflación, estrechez de la inversión, vulnerabilidad energética, gravitación del endeudamiento, restricción crediticia y primarización del comercio exterior. ¿Pero cómo debe analizarse conceptualmente el modelo? Abordamos este problema en la tercera y última parte de este trabajo.



Notas:

1Una versión reducida de este texto aparecerá próximamente en el tercer anuario del EDI
2Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página
web es: www.lahaine.org/katz
3Es la opinión de Frenkel Roberto. “Crecimiento sólido. El debate del nuevo modelo” Página 12, 24-4-06.
4 Página 12, 24-12.06.
5Página 12, 3-06.
6 Hemos analizado este problema en: Katz Claudio. “La inflación del modelo”. Realidad
Económica n 213, julio-agosto 2005.
7 Ferreres Orlando. “De dónde venimos y adónde vamos”. Clarín 1-10-06.
8Clarín, 24-12-06.
9 Clarín, 7-7-06.
10 Clarín, 20-8-06.
11Todavía se negocian 47.400 millones de dólares de compromisos irresueltos y los balances del canje están indicando quitas efectivas muy inferiores al 75% que anunció Lavagna. Esta poda pierde cuantía, si se computa la nueva deuda emitida para cancelar la anterior, el costo de los bonos indexados y los desembolsos adicionales por crecimiento. La Nación, 1-12-06.
12 Schvarzer Jorge, Orazi Andrés “Un escenario de vencimientos que sigue presentando dificultades”. Página 12, 28-5-06.
13 Clarín, 19-10-06.
14 La Nación, 16-1-07.
15 Es la opinión de: Vicens Mario. “Balance auspicioso y mucho por hacer” Clarín, 18-6-06.
16 Página 12, 22-10-06.
17 Clarín.2-12-06
18La Nación, 10-12-06. Muchos analistas estiman que ese desequilibrio se corregirá con el repunte de la economía brasileña que producirá el mega-plan de inversión pública anunciado por Lula. Pero esta iniciativa contempla un objetivo de crecimiento moderado y no será viable si persisten altas tasas de interés.

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