Secciones: Formación / Educación - Documentos, opinión, debateTítulo: Revista Crisis 12 (enero 2007) del Colectivo Baltasar Gracián por la reconstrucción Enseñanza Pública en España - Religión en la escuela, de entrada no.- Enlace 1 - Enlace 2 - Enlace 3 Texto del artículo:
CRISIS* 2007
"Por la reconstrucción de la Enseñanza Pública"
Boletín de reflexión del Colectivo Baltasar Gracián
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{Crisis. (Del lat. Crisis) f. 1. Mutación considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el enfermo.|| 2. Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales.|| 3. Juicio que se hace de una cosa después de haberla examinado cuidadosamente.(DRAE). ... ... Cada uno de los capítulos en que Baltasar Gracián divide el Criticón.}
Número 12 Enero 2007
Sumario:
Editorial
Informes sobre la educación en España. Una lectura comprensiva
Colectivo Baltasar Gracián
Religión en la escuela, de entrada no
José Luis Gª Siguero
Sobre la eficacia real de las medidas compensatorias (y 2)
Mª José Navarro
"Privatizing Education"
Michael Perelman en Monthly Review, 10.
Reseña por Mª José Navarro
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Contenido del Editorial y del artículo Religión en la escuela, de entrada no:
EDITORIAL
LA LOE EN DESARROLLO
Entre las críticas de muy diversa índole que se han hecho a la LOE, ha habido gran coincidencia en señalar la excesiva ambigüedad e indefinición de muchos de sus apartados. La justificación para esta ambigüedad, según los autores de la Ley, era la búsqueda prioritaria del máximo consenso político y social en torno a ella, dejando para posteriores desarrollos la negociación de los puntos con mayor disenso.
En su momento señalamos los serios peligros que esa táctica entrañaba de cara al resultado final de los propósitos con que se presentaba la nueva Reforma. Advertíamos que todo lo que faltaba de decisión y concreción se vería expuesto después a los vaivenes de presiones, intereses e interpretaciones de todo tipo, que no podían sino redundar en nuevas hipotecas para recortar aún más el bajo vuelo de la Ley.
No ha hecho falta esperar demasiado para ver comprobadas en la realidad tales premoniciones.
Después de mostrar en los presupuestos el firme compromiso de subvencionar la Educación Infantil, contraído con los centros concertados, todo un rosario de nuevas medidas y normativas para desarrollar la LOE ha empezado a ocupar la escena. Para calmar a una derecha cada vez más envalentonada por las concesiones hechas en el trámite parlamentario, el primer y significativo paso de lo que está por venir se ha dado en un tema nada baladí desde el punto de vista democrático: la inadmisible presencia del adoctrinamiento religioso en la escuela y la intromisión de la Iglesia en la educación. El gobierno y su nueva ministra no han hecho al respecto sino desdecirse, una vez tras otra, de la primera declaración de intenciones, para, finalmente, ceder en toda la línea a las exigencias confesionales. Sobre la peripecia histórica y el decepcionante último capítulo de un asunto tan crucial, trata el artículo “Religión en la escuela, de entrada no”, que aparece en este número de nuestra revista Crisis, a la vez que se recogen otras voces críticas frente a la “solución” ministerial.
En efecto, ante el pronunciamiento, hasta cierto punto audaz, del propio Consejo Escolar de Estado, las primeras propuestas parecían querer revertir el estatuto de privilegio de que goza la asignatura de “Religión” (católica), fruto de unos Acuerdos con el Vaticano que son contradictorios incluso con la Constitución y con los postulados de cualquier Estado no confesional. Si bien se la mantenía dentro del currículo, como oferta obligada para los centros y de libre demanda por los alumnos o sus padres, se trataba, cuando menos, de eliminar los elementos de coacción que se habían venido prolongando hasta aquí, dejándola ahora fuera del horario lectivo común y sin obligación “alternativa” para quienes optaran por no recibir instrucción religiosa en la escuela. A día de hoy, la Iglesia puede estar más que satisfecha, aunque añore las prebendas sin traba concedidas por los gobiernos del PP. La “Religión” se mantiene como materia evaluable, cuenta como cualquier otra para pasar curso, tiene como alternativa una “Historia y Cultura de la Religión” y, para quienes se empeñen en no aceptar ninguna de esas dos posibilidades, queda en manos de cada centro determinar el carácter y contenido de otra obligación equivalente.
Mucho menor ha sido el éxito de las propuestas de los profesores, que, sin embargo, siguen siendo el colectivo más profundamente implicado en la enseñanza. Al cabo de un año de la firma del Acuerdo Básico de los sindicatos con el MEC, que supuso, de paso, un importante aval a la LOE a cambio de ciertas promesas de mejora en salarios y condiciones laborales, los mismos sindicatos han tenido que salir a la calle para exigir su cumplimiento. Una vez sacada adelante la ley, las promesas siguen aparcadas. Tras ser retirado el primer borrador de Estatuto de la Función Pública Docente, que el ministerio había elaborado sin contar siquiera con los representantes oficiales del profesorado, sus contenidos siguen generando división sin ofrecer soluciones a los problemas que verdaderamente preocupan a los interesados.
Mucho más grave resulta, para el porvenir del sistema público de educación, lo que se empieza a apuntar, tanto por acción como por omisión, en cuanto al desarrollo de la propia ley. Cuando, a poco de ser aprobada la LOE, se recibe el jarro de agua fría del informe de la OCDE Education at a Glance, que deja al descubierto los resultados negativos de las últimas reformas y los retrocesos reales que niegan de raíz las supuestas bondades pregonadas por sus responsables, como mínimo habría que replantearse los males de fondo para poder ponerles remedio eficaz.
Nada de eso encontramos en los primeros apuntes que, en vistas al desarrollo de la LOE, se hacen desde el equipo ministerial. Tal como aparece en el apartado dedicado a nuestro país en el citado Informe (y que nosotros analizamos y completamos ahora con otros datos de la UE y del propio MEC en el documento “Informes sobre la educación en España. Una lectura comprensiva”), los gravísimos índices de fracaso escolar y abandono prematuro de la formación postobligatoria, reflejados a su vez en una caída general de todos los indicadores educativos en los últimos cinco años, exigen medidas correctoras de emergencia, y no la “continuidad” de la que se reclama la nueva Reforma.
Sobre el existente galimatías de medidas compensatorias, de apoyo, de diversificación, de presunta garantía social (donde las situaciones “especiales” empiezan a ser las más “generales”), que se viene arrastrando con escaso provecho y que la LOE quiere multiplicar, publicamos la segunda parte del artículo “Sobre la eficacia real de las medidas compensatorias”. Mientras tanto, los problemas estructurales no se quieren tocar. Bienvenidas sean las nuevas inversiones en medidas como el programa PROA de refuerzo escolar, la “sexta hora” en Primaria, la extensión de centros bilingües y las bibliotecas escolares, pero con ellas sólo se puede aspirar, en el mejor de los casos, a mejorar mínimamente las condiciones de los centros y a reparar algunas de sus carencias más sobresalientes, sin que de su incidencia quepa esperar efectos determinantes sobre el curso negativo global de la enseñanza pública.
Sin corregir la inercia imprimida a las enseñanzas básicas hacia niveles de menor exigencia y formación, sólo cabe esperar el mantenimiento o, incluso, el aumento del fracaso escolar real. La configuración de un sistema educativo con escasos vasos comunicantes, y que, en lugar de facilitar la continuidad de la formación, conduce en todos sus niveles hacia vías terminales, seguirá propiciando el abandono prematuro de nuestros escolares y el descenso progresivo de los índices de titulación.
En este sentido, las tímidas propuestas de corrección sobre la mesa no llegan a modificar sustancialmente las cosas. El reconocimiento de un nivel de cualificación a la Iniciación Profesional, en sustitución de los Programas de Garantía Social, permitirá tal vez, al reducido grupo hasta ahora integrados en ellos, el acceso a los Ciclos formativos de Grado Medio, pero se mantiene la absurda frontera entre éstos y los de Grado Superior, que niega a la inmensa mayoría la posibilidad de continuar su formación. En el caso del Bachillerato, dada la insuficiente preparación que proporciona para continuar estudios universitarios, la idea manejada, de ofrecer a los alumnos con mayores dificultades el cursarlo en tres años, en nada nos hace avanzar, si se trata de hacer en tres años lo mismo que ahora se hace en dos (generalizando las normas vigentes en los estudios nocturnos, por la particular situación de sus alumnos), cuando lo que la situación demanda es ampliar y mejorar su currículo, de cara a lograr los objetivos prescritos.
Por lo escuchado recientemente a representantes del Ministerio de Educación, son temas menores los que van a ocupar la agenda del último tramo de la legislatura. Según parece, evitando la reedición de pasados conflictos, se trata ahora de poner de relevancia los avances logrados con medidas que, si no de mucha trascendencia, sean más visibles de cara a la galería. Entre ellas están la obvia de adecuar la formación del profesorado a las nuevas estructuras de los estudios universitarios, impulsar la autonomía de los centros y sus proyectos educativos como contrapeso a los poderes autonómicos, animar preocupaciones comunes como la “convivencia escolar”, poner en marcha los desarrollos más formales de la LOE y hacer un seguimiento de las normativas que las Comunidades Autónomas deben elaborar para su concreta aplicación.
A estas alturas, con todas las fuerzas políticas volcadas en la preparación de las ya cercanas convocatorias electorales, mucho nos tememos que los gestos de mera propaganda y el recurso a la fácil demagogia vayan a sustituir cualquier intento serio de reorientación de la enseñanza para superar las graves deficiencias que denuncian todos los indicadores comparativos con los países de nuestro entorno y nivel de desarrollo.
En nosotros está, en los sectores y colectivos honestamente interesados en la defensa de la educación como bien público, impedir que se pase página con tal frivolidad, y que tantos esfuerzos e ilusiones queden reducidos a lamentar, una vez más, la última ocasión perdida.
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RELIGIÓN EN LA ESCUELA, DE ENTRADA NO
José Luis GARCÍA SIGUERO
Durante los últimos meses del año 2006, hemos asistido a un nuevo capítulo de la historia de las formas de presencia de la religión católica dentro de la escuela española. El Gobierno, en el cumplimiento de sus competencias, está procediendo al desarrollo de la L.O.E., y la manera como parece que se solventará el asunto en esta ocasión, recuerda demasiado a los anteriores planteamientos, que tan insatisfechos tenían a los sectores laicistas de la sociedad española
El ciudadano español ha visto cómo su sistema democrático, desde que echó a andar y año tras año, ha sido socavado en sus fundamentos, una y otra vez, con reformas legales, consensos entre partidos de muy oscura gestación y otros procedimientos que, unidos a la colaboración de los medios de comunicación, han escamoteado a la discusión pública asuntos determinantes para su fortalecimiento. En esta tarea, han colaborado casi todos los sectores del panorama político parlamentario, incluida la izquierda, y los sindicatos tradicionalmente mayoritarios, que han renunciado a la lucha en aspectos que eran esenciales para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La consecuencia directa de esta situación ha sido el crecimiento entre los españoles de una sensación de impotencia en cuanto a la posibilidad de construir un verdadero sistema democrático. A esto hay que añadir que las nuevas políticas dirigidas por organismos supranacionales, cuyos centros de decisión se sitúan lejos de lo tangible, nos están quitando muchos de los derechos cívicos y políticos que, hasta ahora, nos parecían incuestionables.
El tema de la presencia de la religión en la escuela española ilustra de forma palmaria este modo de practicar la política por parte de los poderosos, y, por tanto, no puede ser considerado como un asunto más o menos puntual, sino como un síntoma de un problema de concepción del estado democrático. La Iglesia Católica ha conseguido permanecer dentro del Estado español como un poder al margen de la discusión democrática y, en no pocas ocasiones, al margen del orden constitucional (al menos de hecho). Las causas de su enorme poder recorren toda nuestra historia. Es necesario recordar que esta asociación civil apoyó el golpe de estado de 1936, que tras la victoria de los alzados, contribuyó a la persecución de los defensores del orden constitucional republicano de una forma cruel y sistemática, y que, para “rematar la faena”, se responsabilizó durante la dictadura franquista de realizar funciones de vigilancia de la población, a fin de eliminar cualquier movimiento democrático de resistencia política o sindical.
La peculiar transición española a la democracia tuvo que realizar “necesarias concesiones” para poder caminar, o al menos así es como nos “han vendido la moto”, y por ello no se tocó “demasiado” el poder que la Iglesia había acumulado durante la dictadura franquista.
Desde el momento en que llegó “la victoria”, la instrucción católica de niños y jóvenes, dentro y fuera de la escuela, se extendió por todo el territorio nacional sin excepción. La omnipresencia de obispos y sacerdotes en la vida pública era permanente; incluso, tenían atribuciones legales que les permitían controlar el ejercicio de los derechos civiles de los españoles (a la hora de buscar trabajo, salir al extranjero, etc.).
La clase de religión era obligatoria en todos los centros educativos, el adoctrinamiento en esta materia, junto con la asignatura de Política, debía servir para fortalecer el espíritu nacional entre las nuevas generaciones, por utilizar el léxico de la época.
Tras la muerte del dictador, arrancó la “transición” y, con ella, la esperanza de que pudiésemos alcanzar un sistema político que funcionase democráticamente, pero las luchas de los trabajadores, y de la población en general, siempre se vieron enfrentadas con los planes de los gobernantes de impedir que se fuese demasiado lejos por este camino. Para ello contaban con la inestimable ayuda del Vaticano y de la Iglesia Española. Que esta asociación de piadosos quería funcionar al margen de la nueva legalidad lo indica el hecho, ofensivo y prepotente, de que la revisión del famoso “Concordato”, entre el Estado del Vaticano y el Estado Español, se firmara a los pocos días de que se aprobara en referéndum la Constitución Española. Si se supone que este acuerdo debía enmarcarse dentro del nuevo marco legal, ¿por qué quisieron demostrar tan palpablemente que su redacción se había hecho antes de aprobada la Constitución? Muy probablemente, querían hacer una demostración de poder para establecer de forma rotunda un texto que modificaba de facto algunos artículos de la Carta Magna y que, además, atentaba contra uno de los principios de toda democracia, la igualdad de los individuos ante la ley, pues se privilegiaba definitivamente a la Iglesia y se eliminaba todo peligro de que el nuevo sistema político caminase hacia un Estado laico. Tal como dice Francisco Delgadoi, el laicismo no es una ideología, sino que “es la devolución de la potencia pública a todos sus individuos, sin distinción. Es una base potencial que sustenta la democracia. Para algunos autores es la base de la democracia”.
La tortuosa historia de la regulación de la asignatura de “Religión” en el horario escolar, así como las materias “alternativas” a ella asociadas, es una demostración palpable de cómo se intenta mantener situaciones injustas e irracionales a costa de violar, de forma más o menos disimulada, los principios democráticos definidos en la propia Constitución. El primer gobierno de UCD introdujo la asignatura de Ética como materia alternativa, que era evaluable y se impartía en las mismas condiciones que la asignatura confesional; se trataba de cumplir con la recién aprobada Constitución. El asunto causó cierta conmoción, pues estábamos en una situación en la que incluso todavía había capillas en algunos centros educativos. El primer gobierno del PSOE eliminó el carácter evaluable de la alternativa, a la que pasó a denominar “Sociedad Cultura y Religión”; era un paso adelante, pero insuficiente para las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Los contenidos de esta alternativa sufrieron múltiples cambios, dado que el Tribunal Supremo sentenció en varias ocasiones en contra de lo legislado y que incluso, en algunos casos, se llegó a cambiar la denominación de este extraño ente, al que no se podía denominar asignatura, y no sabemos bien si materia.
La raíz de todo el problema, sobre el papel, estaba en que no se podía discriminar a los alumnos que acudían a clase de religión confesional, cosa que ocurriría si en “la alternativa” se impartieran contenidos que pudiesen mejorar la calificación en otras asignaturas. El tema se iba a complicar mucho, dado que las comunidades autónomas, con las transferencias de educación ya realizadas, se decidieron por distintas soluciones para solventar el problema, a lo que había que añadir que la indeterminación del asunto provocaba que continuamente cada centro e, incluso, cada profesor, optara por hacer lo que le apeteciese o, simplemente, por no hacer nada, mientras que la inspección prefería no entrar en el tema. ¿Y todo esto para qué? Para que los alumnos que no fueran a religión permaneciesen como rehenes de este estado de cosas. En efecto, la Iglesia necesita que los que no quieran recibir su adoctrinamiento lo pasen lo suficientemente mal como para que sus clientes cautivos no se lo piensen y se sigan apuntando en las clases de sus proselitistas. En juego está el mucho dinero que reciben sus allegados vía salarios y el poder que tienen los obispados sobre ellos, y el estar, además, con capacidad de decisión dentro del sistema educativo público, pues los profesores de “Religión” tienen plenos derechos a la hora de pertenecer a los órganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados.
Considerando el asunto con seriedad, tenemos que concluir que la situación era realmente insostenible. La Ley de Calidad que salió del gobierno del PP, que no llegó a implantarse en este punto, pretendía acabar con ese absurdo estado de cosas, volviendo a un planteamiento muy similar al de los tiempos de la UCD: haciendo de “la alternativa” una asignatura evaluable y consiguiendo que se impartiese en las mismas condiciones que la de “Religión”.
La victoria del PSOE en las últimas elecciones abrió la posibilidad de que se introdujesen criterios de racionalidad en el funcionamiento de la vida pública. El equipo que formaba la nueva cúpula dirigente no parecía estar demasiado lastrado por compromisos históricos y, pensábamos, podría afrontar muchas tareas legislativas necesarias para la modernización del Estado; además, esa había sido la línea fundamental de su campaña electoral. La salida de las tropas españolas de Irak o la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner dos ejemplos, parecían señalar que la apuesta por las libertades civiles era definitiva. En asuntos de educación, la determinación del gobierno del PSOE de paralizar la implantación de la LOCE, manifiestamente contraria a la enseñanza pública, hizo que algunos tuviésemos esperanzas de que se afrontase el tema de la Religión en la escuela de una forma más racional. No creíamos que la nueva ley se atreviese a tocar el tema fundamental de la escuela concertada, que tanto daño hace a la escuela pública, pero sí pensábamos que, al menos, se llegaría a una situación en la que nadie tuviese que sufrir daños por el hecho de que algunas personas quisieran asistir a clases de proselitismo religioso. En uno de los primeros borradores que dieron lugar a la L.O.E., se situaba a la Religión fuera del currículum, y, si bien no creíamos que se fueran a decidir por echar a la Iglesia del sistema educativo, como sería lo racional, sí pensábamos que, al menos, se liberaría a los alumnos de una obligación generada por el ejercicio del dudoso derecho de unos pocos. Traducido a términos concretos, pensábamos que los alumnos que no se matriculasen en Religión podrían quedarse en sus casas, pues esa “asignatura” se pondría fuera del horario escolar, aunque fuera dentro de los centros públicos, o, al menos, en primeras y últimas horas de la jornada escolar. Pero el gobierno socialista ha optado por una solución en la que mantiene todo el absurdo que hasta ahora hemos disfrutado, e incluso lo amplía, pues, según la nueva reglamentación, a fin de mantener a la asignatura confesional, tendrán que sincronizarse los horarios de tres o más profesores. La situación quedará de la siguiente manera: los alumnos podrán optar por asistir a clase de “Religión” o por no hacer nada; en el primer caso, también deberán optar por asistir a clases de religión confesional (normalmente católica) o por estudiar historia de las religiones, y, en el segundo caso, tendrán que estar acompañados por algún profesor que los vigile.
El altísimo poder de la Iglesia se nos escapa a los que no estamos cerca de los círculos dominantes, pero los últimos acuerdos sobre financiación de la Iglesia, el buen clima sobre la extensión de los centros concertados (en su mayoría religiosos), y el mantenimiento del Concordato con el Vaticano, pese a su manifiesta inconstitucionalidad, son todos índices de la magnitud del problema en que nos encontramos.
En fin, que, aunque uno cree que ya está curado de espanto, siempre ocurren cosas que nos sorprenden; el encaje de bolillos que esta “solución rocambolesca” atestigua, indica que de nuevo el PSOE claudica ante la Iglesia y así traiciona, nuevamente, el espíritu de lo dicho en la campaña electoral. Este modo de proceder, antidemocrático y desmovilizador, de los partidos de la izquierda “socialdemócrata” europea se está convirtiendo en una de las constantes de su manera de gobernar.
La situación recuerda a cuando, a los pocos meses de ganar el PSOE las primeras elecciones, y con Felipe González como Presidente, el gobierno socialista traicionó su mensaje de NO A LA OTAN al provocar que tampoco saliésemos de la Alianza Atlántica. El lema de su papelón en aquel referéndum, OTAN, DE ENTRADA NO, presagiaba el cambio antidemocrático e inmoral de su posición política. Hoy, después de que los actuales gobernantes se presentasen como defensores de las libertades públicas, y de rechazar el confesionalismo del Estado, resulta que, contra todo pronóstico democrático, tampoco lo eliminan, manteniendo, de forma humillante para los votantes y vergonzosa para los que gestionan el gobierno, situaciones que atentan gravemente contra la libertad de conciencia y los derechos constitucionales.Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 20/01/2007 - Modificar
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