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Título: Acerca de SESEÑA (Toledo) MANIFIESTO CIUDADANO CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA y por el derecho CONSTITUCIONAL a una vivienda digna y a apoyo público- Enlace 1 - Enlace 2 - Enlace 3 - Enlace 4

Texto del artículo:

NOTA: Seseña, localidad de la provincia de Toledo, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está gobernado por el equipo municipal de Izquierda Unida (IU). Su alcalde se está oponiendo a la corrupción inmobiliaria y a la extorsión mafiosa.

Desde el 16/11/06 está en marcha la recogida de firmas para este manifiesto.

MANIFIESTO CIUDADANO:
A PROPÓSITO DE SESEÑA.
POR DIGNIDAD, NO A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

(El DERECHO a la vivienda está establecido en la vigente Constitución Española de 1978, y se obliga al Estado a hacer políticas que lo favorezcan y financien, no a que sea un lucro y negocio privado).

El conflicto desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.
En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos -cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en que el "enladrillamiento" de España nos ha venido enfangando.
En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura moral y estética, es equiparable al legendario "¡Vivan las cadenas!" que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.
Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.
Las recientes declaraciones de representantes de los promotores inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las -según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial y -de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son "papelitos" lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima Constitución.
De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna, teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda. Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.
Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en garantizar los derechos de todas y todos.
Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal. España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir responsabilidad a los artífices del destrozo.

Por todo lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.
No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los principales partidos políticos que carezca del control y participación ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.
Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría, independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan para atajar el gran saqueo.
Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no puedan eludirnos de ninguna forma.
No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos públicos y funcionarios.
Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.
Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de oro de los especuladores.
Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana, suprimiendo nefastas figuras como los "agentes urbanizadores" y los "convenios urbanísticos", que dejan en manos de gestores públicos al margen del control democrático y especuladores privados la negociación de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar social como la ordenación del territorio.
Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al lucro de unos pocos.
Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y, junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas.

Empecemos con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo, comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la habremos perdido en todas las Seseñas de España.
Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede más remedio que escucharnos.

Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo.
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Disponible en formato PDF en ENLACE 1.


Además,

ENLACE 2:
Para firmar el manifiesto:

http://www.firmasonline.com/1Firmas/prefirm.asp?C=385

Para ver las firmas:
ENLACE 3:
http://www.firmasonline.com/1Firmas/verfirmas1.asp?C=385


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El asunto continúa con las declaraciones del Alcalde de Seseña el 12/12/06 en la FIM, que reproducimos a continuación, tomadas de ENLACE 4:
http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=7666

Noticia de EUROPA PRESS que aunque no lo menciona, tuvo lugar en la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), promovida por el Partido Comunista de España (PCE); y organizada por el diario LaRepublica.es (ENLACE 4)

Alcalde de Seseña pide apoyo a MAP y FEMP para intervenir de nuevo en los plenos que afecten a la empresa del Pocero
Europa Press / 12 dic 06

Reclama cambios en las leyes, más financiación municipal y participación
ciudadana para luchar contra la corrupción urbanística

MADRID, 12 Dic.

El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, aseguró hoy que la
corporación municipal "no está bien" en estos momentos, y señaló que
están a la espera de que el Ministerio de Administraciones Públicas
(MAP) y la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) les den
una respuesta acerca de si pueden volver a intervenir, en el Pleno del
ayuntamiento, en los asuntos relativos a Onde 2000, la empresa de
Francisco Hernando, más conocido como El Pocero.

En una rueda de prensa para la presentación de un manifiesto popular
contra la corrupción urbanística ('Manifiesto ciudadano: A propósito de
Seseña. Por dignidad, no a la corrupción urbanística'), recordó que
actualmente los concejales de su formación (IU) no pueden intervenir en
los plenos que tengan que ver con Onde 2000, puesto que están recusados
de esos asuntos, después de haber recibido tres querellas por parte de
El Pocero.

A su juicio, esta es una situación "inusual y esperpéntica", por lo que
manifestó su deseo de que los informes del MAP y la FEMP les digan que
pueden "seguir trabajando" y poder llevar al pleno los asuntos
relativos a Onde 2000. Según dijo, su participación es necesaria para
"poder sacar adelante" los proyecto de El Quiñón -la urbanización
construida por Hernando- de la mejor manera posible.

En este sentido, subrayó que el constructor está "coartando" la
libertad de ejercicio de los cargos públicos "legalmente elegidos", por
lo que le acusó de desarrollar una actuación "torticera" y un "abuso de
derecho" que está "perjudicando" a los ciudadanos de Seseña al no
permitir al alcalde y su corporación "para la defensa de sus intereses
generales".

Así, alertó de que mientras esta situación se prolongue en el tiempo,
se estará afectando a terceras personas, particulares y otras empresas,
puesto que "cuanto más tarde" se aprueben los proyectos relativos a El
Quiñón en buenas condiciones, "más tarde podrán entrar a vivir en
ellas".

MODIFICACIONES LEGALES

Por otro lado, reclamó que se modifiquen las leyes, concretamente la
Ley del Suelo, se aumente la financiación local, se aclaren las
competencias de cada administración y se dé participación a los
ciudadanos a través de los instrumentos que tienen los ayuntamientos,
para intentar así evitar nuevos casos de corrupción urbanística. En su
opinión, la corrupción nace porque no hay transparencia ni
participación ciudadana, por lo que destacó que "allí donde no hay
participación es donde se pueden producir pelotazos".

En lo que tiene que ver con el suelo, resaltó la importancia de que
éste sea "público", ya que, según dijo, cuanto más suelo disponible hay
para edificar según la Ley del Suelo, "más caras son las viviendas
según la ley del mercado". "Liberemos suelo para que sea suelo público,
para que las plusvalías se generen a través de los ayuntamientos y sean
éstos los que reinviertan esas plusvalías luego en el beneficio general
de la población, porque es inadmisible que se internalicen los
beneficios de las empresas y se externalicen los servicios", solicitó.

Resaltó, además, que "en ningún caso" un municipio puede aceptar que
quien determine cómo tiene que ser el municipio tenga que ser un
empresario. Dijo esto al recordar que Hernando reconoció hace unas
semanas su intención de construir "la ciudad de su vida y que toda
España tendría que sentirse orgullosa". Sin embargo, Fuentes insistió
en que son los vecinos a través de sus ayuntamientos los que tienen que
determinar cómo quieren que sea el pueblo, porque lo contrario es
"alarmante".

También denunció los problemas de infraestructuras que está teniendo El
Quiñón, concretamente con el agua. "Narbona y Barreda acordaron un
convenio para llevar agua a Seseña y demás municipios de la Sagra Alta
desde Almoguera, presupuestado en 100 millones de euros que pagará la
administración pública con fondos europeos. Se están realizando obras
para duplicar el caudal de agua para repartirlo por toda la Sagra, y
son unas obras que no acabarán hasta 2009 o 2010", aseguró.

MANIFIESTO

Fuentes, quien fue el primero en firmar de su puño y letra el
manifiesto presentado -puesto que hasta ahora sólo se puede firmar en
internet-, comentó que éste es "muy directo" y explica con "rotundidad"
cual es la problemática, basada en que se está fundamentando el
crecimiento económico del país en "poner ladrillo sobre suelo". Además,
alertó sobre lo que podría pasar en un futuro si las personas
relacionadas con la construcción y la corrupción urbanística
invirtieran en un futuro, por ejemplo, en el sector energético.

"Los ciudadanos se tienen que manifestar en la calle y tienen que
confiar en los alcaldes, que intentamos ser responsables y respetuosos,
no dejar una hipoteca de por vida en nuestros municipios. Seguro que
como yo tiene que haber muchísimos otros alcaldes en nuestro país, y lo
que hay que hacer es dignificar la función pública y salvar el buen
nombre de las instituciones", indicó.

El pasado 15 de noviembre un grupo de ciudadanos hizo público en
internet -en el periódico digital La República- este manifiesto. Casi
un mes después, los promotores de la idea aseguran que, casi sin
medios, ya son unas 2.600 las firmas recolectadas a través de la red,
entre las que destacan, además de organizaciones como la Asociación
Española Pro Derechos Humanos, escritores como Lucía Etxebarría o
políticos como Julio Anguita y Francisco Frutos.

En la rueda de prensa estuvieron también presentes el director del
periódico que publicó el documento, Javier Parra, y uno de los
promotores de la iniciativa, Ricardo Rodríguez. Ambos insistieron en
que se trata de un texto abierto a todos los ciudadanos que quieran
suscribirlo, con una decisiva "importancia moral", ya que, según
dijeron, de momento no piensan en intentar darle valor legal. Eso es
algo que se plantearán cuando el número de firmas crezca de manera
considerable.

El manifiesto respalda concretamente la actitud del alcalde de Seseña
frente a la campaña de amedrentamiento al que le ha venido sometiendo
el empresario inmobiliario 'El Pocero'. Pero no sólo se habla de Seseña
en el manifiesto. Así, en él se llama a la ciudadanía a decir basta
"ante el monumental saqueo de riqueza pública que en este país se viene
realizando a golpe de pelotazo inmobiliario, recalificación y
comisiones ilegales, por multitud de Poceros repartidos por toda la
geografía nacional", entre los que menciona los casos de Marbella,
Ciempozuelos, Camas, Alicante o Telde.

"PASIVIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS"

Asimismo, denuncia la "pasividad, cuando no connivencia" de los poderes
públicos y de las direcciones de los partidos políticos mayoritarios,
que "se limitan a emplear la corrupción inmobiliaria como arma
arrojadiza electoral". En el manifiesto se exige, además, el final de
la impunidad de la que han venido gozando los corruptos y profundas
reformas, tanto en la ley como en la ejecución de las leyes que ya
existen.

Según resalta, estas reformas tendrían que estar encaminadas a eliminar
la "inmensa trama" de intereses económicos privados que nutren la
corrupción, entre los que están el beneficio privado derivado de las
recalificaciones, la destrucción de patrimonio de suelo público en la
práctica totalidad de municipios del país o el "mercadeo incluso con
viviendas de protección pública de forma impune".

En suma, se entiende que la corrupción urbanística destruye derechos
fundamentales de la ciudadanía reconocidos en la Constitución, siendo
el más importante de ellos el derecho a la vivienda, al tiempo que se
considera que atajar esta "lacra" sólo será posible por medio de la
"presión democrática y contundente de la ciudadanía".

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 16/01/2007 - Modificar

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