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Título: Pacto de pensiones de 2006: amenaza para el futuro de los y las jóvenes trabajadores- Enlace 1

Texto del artículo:

08-10-2006
Pacto de pensiones de 2006: amenaza para el futuro de los y las jóvenes trabajadores

Daniel Albarracín
Corriente Alterna

El pacto de pensiones, alcanzado por sindicatos mayoritarios, patronal y gobierno, ya tiene definidos los grandes rasgos de su perfil. Es a estos a lo que nos vamos referir en este análisis, encuadrado en un examen del modelo de seguridad social y sistema de pensiones.

Al menos, desde el Pacto de Toledo en 1995, el modelo vigente de pensiones públicas no ha cambiado en su orientación, basado en un concepto singular de solidaridad. Desde entonces hemos presenciado modificaciones que han contribuido a gestionar su evolución en base a los principios de los que partió, con un, por desgracia, amplio consenso de los actores socioinstitucionales, que incluía en gran parte a la propia IU y los sindicatos mayoritarios, y no sólo a gobiernos y patronal.

Hasta el presente se nos ha insistido en las bondades del sistema instituido de Seguridad Social, especialmente a su fundamento de solidaridad intergeneracional . Modelo de reparto, que han llamado de bienestar. Los ingresos actuales del sistema, proporcionados por los y las ocupadas en activo, revierten en la satisfacción de pensiones de los y las mayores, entre otros colectivos con derechos a algún tipo de prestación. La contribución parte nominalmente de cuotas de los y las asalariadas y el empresariado. Realmente, esa fuente de financiación se origina en el trabajo realizado por la clase obrera, por lo que cabe entenderlo como una fracción del salario, esta vez destinada a remunerar una situación de forma diferida.

Pocas veces suele indicarse otra realidad: el sistema de seguridad social es, estrictamente, un modelo de solidaridad dentro de las clases productivas, y, qué casualidad, con un excedente que suele destinarse, en ingentes proporciones a colmar subvenciones y bonificaciones al capital. Más de las veces sin más fruto que el beneficio privado, sin un destino social o productivo. O a cubrir las necesidades de financiación que históricamente ha tenido nuestro particular Estado burgués. Muy al contrario de un sistema de bienestar redistributivo, siempre se encargó de retornar al capital una fracción de masa salarial, y racionalizar el resto del fondo salarial del que provenía: con exigencias fiscales favorables al capital, con un gasto social que cubría unos mínimos que evitasen extremos desesperados, una inversión que beneficiase el desenvolvimiento del mercado en sus términos privados, y una financiación del capital privado, en base a la creencia de que el origen del valor radica en la acumulación capitalista de plusvalías y no en el trabajo, al que bastaba con concederle recursos básicos para una norma de consumo estándar.

El sistema de Seguridad social, sigue con ahínco, y refuerza en este acuerdo el principio de contributividad, tan reclamado por los grandes financieros y agoreros de la crisis fiscal. Se dice que quien más contribuya más ha de percibir individualmente. De modo que se persigue una individuación del derecho (más bien, una "familiarización patriarcal" del derecho; muchas mujeres -dependientes- quedan sin pensión dado que ya la percibe el marido). Bajo el paraguas de un sistema público gestionador de un "macrofondo de pensiones", en parte corregido y acotado, se consigue eludir un criterio más igualitario y auténtico de reparto.

Cabe observar el nuevo criterio de acceso a la pensión contributiva . El acuerdo revisa el criterio anterior. En la práctica significa que bastaba con cotizar poco más de 12 años de trabajo, para exigir un mínimo de 15 años efectivos. El sentido de este recorte es tan sibilino como perverso. Con el cómputo anterior un año de trabajo suponía una porción algo mayor en términos de años cotizados, porque se contabilizaban días por pagas extras. Vaya, un año equivalía a, aproximadamente, 14 meses de cotización. Ahora ese cálculo se evapora, al corresponder 12 meses de trabajo a 12 meses de cotización. En un contexto de una generación con un recorrido de vida laboral corto (larga etapa educativa, tardía incorporación, entrada y salida frecuente del mercado de trabajo, y, en algunos sectores retiro temprano) este criterio restrictivo significa automáticamente que una importante fracción de trabajadores y trabajadoras actuales en un futuro no obtendrán pensión contributiva. Y deberán solicitar una no contributiva -si la familia tiene rentas bajas-, de unas cuantías sensiblemente inferiores, y claramente insuficientes. La asimilación con un modelo capitalización individual es inequívoca en su mecanismo contributivo.

También se sigue en la línea de la denominada " separación de fuentes ". Esto es, dedicar fuentes impositivas a las pensiones no contributivas, a modo de un mínimo de supervivencia para casos de desamparo, y emplear fuentes de cotización, para sufragar los costes de las pensiones contributivas. La política, enmarcada en la política fiscal y de gasto, se divorcia del rumbo del sistema de Seguridad Social, sujeta así a los vaivenes del mercado de trabajo y el ciclo económico. Hasta el Fondo de Reserva tendrá una gestión que dependerá de la rentabilidad de los mercados. El sistema de Seg. Social se hace dependiente de la errática acumulación y el desorden del mercado.

Conviene recordar que este acuerdo no puede desligarse de la reforma laboral recién pactada. Resulta hipócrita vaticinar un negro futuro para el sistema y tratar de hacer presentable esta dosis de recortes mientras se reducen las cotizaciones a la seguridad social y se incrementan las subvenciones al empresariado. Si la reforma laboral ha sido mala así, consiguientemente, el sistema de seguridad social se verá repercutido. Si algún día el sistema cae en crisis será por los gobiernos y el modelo sociopolítico que tenemos y no por que no haya recursos y soluciones.

El acuerdo no es exclusivamente un rudo recorte. Incluye una serie de mejoras de complementos a mínimos en algunas pensiones no contributivas (orfandad, incapacidad permanente, etcétera), especialmente las de nivel más ínfimo. Sin embargo, no refiere a muchas pensiones de viudedad, porque algunas situaciones que hasta ahora se protegían ya no se cubrirán cuando no se demuestre que es una renta de sustitución. Parece que este criterio corrector obedece a la línea ideológica socialiberal, merced a la cual toda persona tiene derecho a unas migajas para sobrevivir (en una interpretación moderna del decimonónico John Stuart Mill) pero para vivir con cierto bienestar es preciso hacer rentable en el mercado la valía de nuestra fuerza de trabajo. Muy propio del liberalismo compasivo de nuevo cuño.

Por si no fuera poco, el pacto insiste en estimular la prolongación de la vida laboral . En efecto, se permite, con un límite, continuar la vida laboral remunerada durante unos años más allá de los 65, para mejorar la cuantía de la pensión. Y se dificulta el derecho a acceder a la jubilación parcial, si bien se reduce en un pequeño porcentaje los coeficientes reductores por jubilación anticipada y algunos colectivos de ocupaciones penosas pueden jubilarse a una edad más temprana. Pero en general, una vez más, se presiona para cargar sobre la espalda de los y las trabajadoras las necesidades del capital de "poner a todo el mundo a trabajar, y a fondo, durante el mayor tiempo posible", con el objeto de incrementar la consabida tasa de explotación y, en consecuencia, de rentabilidad. La consecuencia inmediata es que la línea marcada es contraria a la mejora del bienestar de los y las trabajadoras a lo largo de la vida más dignas, completamente asumible en una sociedad cada vez más rica (también más desastrosa, pobre y dual). Tanto para mejorar las condiciones de creación de empleo, la mejora de la calidad del empleo y del trabajo que realizamos biográficamente, lo conveniente para las clases subordinadas, sería disponer una edad de jubilación más temprana, y no más tardía, como implícitamente a lo que esto nos conduce.

Un aspecto que se racionaliza esta vez es la unificación de regímenes . Los trabajadores agrarios por cuenta propia -el campesinado- y las trabajadoras del servicio doméstico se integran en el régimen de autónomos, dentro de un tiempo. Y los trabajadores agrarios por cuenta ajena -los jornaleros- en pocos años se integrarán en el Régimen General. Las trabajadoras y trabajadores del Régimen especial de Empleados del Hogar convergerán en algunos derechos y no en otros. Queda lejos aún un Régimen general para toda persona productiva.

Sentimos hartazgo de escuchar los sesgados argumentos de algunas entidades financieras que insisten en proclamar para las próximas décadas el fin del sistema de seguridad social. La derecha y, por desgracia, una parte de la izquierda política, asume que hay que prepararse para mayores recortes, debido a un supuesto cataclismo demográfico fundado en el envejecimiento de nuestra sociedad y el "insostenible" aumento de las pensiones. Y aquí debemos contestar ante afirmación tan falaz: el impacto de la inversión de la pirámide demográfica será limitado en su importancia y en el tiempo. Cualquier demógrafo enterado sabe que este proceso es atribuible a la llamada "segunda transición demográfica". La "primera" se originó a finales del S.XIX, y supuso el incremento poblacional gracias a la disminución de la mortandad infantil y la erradicación de algunas enfermedades. En la "segunda", el aumento de la esperanza de vida, y la reducción de la tasa de natalidad, causa un envejecimiento poblacional. Su impacto lo comprobaremos a lo largo de unos 15 años, dentro de unos quince, pero pasada la generación de desfase (coincidiendo con los que nacimos en el denominado " baby boom " de los 65-75) la pirámide ha de reequilibrarse necesariamente. El efecto incidirá en el aumento de los gastos en pensiones, es cierto, pero su magnitud y temporalidad será limitada. Además, el fenómeno inmigratorio rejuvenece nuestra población, precisamente en su bloque laboralmente más activo, y las mujeres están entrando en masa en el mercado de trabajo. Lo cual atemperará ese impacto de manera sensible. Parece que los recortes los padeceremos los jóvenes de hoy, mientras que se van a respetar a los que serán mayores inmediatamente. ¿Quizá por esto se han apaciguado las direcciones políticas y sindicales de la izquierda, que coinciden con esa generación?.

En definitiva, se trata de un problema de prioridades : el Estado español ha seguido una senda de crecimiento económico, mayor que la media europea -aunque desequilibrado y en unas perspectivas de agotamiento del crecimiento internacional-, y no es no prever destinar parte de nuestra riqueza a proteger la merecida jubilación a la que tendrán derecho los mayores del futuro. En sociedades ricas es incomprensible no garantizar este derecho, más si cabe cuando es una cuestión de mera voluntad política. Bastaría con reordenar las partidas de gasto público, por ejemplo, disminuyendo las ingentes cuantías que van a parar a subvencionar al capital en forma de, por ejemplo, bonificaciones y subvenciones procedentes de la Seguridad Social, que son completamente inoperativas para generar empleo y producción, que sólo van a engrosar, mayormente, los bolsillos de la burguesía. Para mejorar las pensiones, claro está. O incrementar los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, para mejorar los ingresos del sistema, en algunos puntos porcentuales. Y plantear fórmulas de redistribución y solidaridad entre generaciones, grupos de asalariados, etcétera, incrementando sustancialmente el mínimo de cualquier pensión personal, y, si acaso, acotando el máximo de las pensiones que serían desmedidamente altas.

No obstante, no seamos ingenuos y tengamos presente que no se trata de un problema de falta de perspectiva o de ideas por parte de la burguesía (y demás agentes institucionales). Como clase que se sostiene en este modelo social, sabe bien que el punto de mira está, entre otros, en las pensiones, porque a largo plazo están comprobando que el dinamismo de la acumulación capitalista está amenazado, y que su reproducción precisa mejorar sus tasas de rentabilidad. Para aumentar las áreas y volúmenes del mercado -el espacio colonizador de la mercancía- les conviene erosionar el sistema de Seguridad Social, por varios motivos: incrementan la tasa de explotación -reduciendo este crucial salario indirecto y diferido-; y, de paso, aumentan el negocio de las pensiones privadas. Por eso, no sólo debemos enfrentarnos con ideas alternativas, tenemos que levantar la movilización y la fuerza social para alzar una sociedad superior que acabe con todas las relaciones, instituciones y prácticas, y forjar una sociedad que, bajo el gobierno de los y las trabajadoras, construya instituciones nuevas que no sirvan exclusivamente a una minoría.

En resumidas cuentas, este acuerdo es preocupante, no tanto por la magnitud de la agresión, que alterna bofetadas claras -los puñetazos fueron y serán más fuertes en otros momentos- y caricias imperceptibles. Es un paso en un largo recorrido. El problema es que no ha suscitado apenas crítica. Es más, las direcciones de los sindicatos mayoritarios y las fuerzas políticas de izquierda institucional están conformes con él, porque se han tragado que la crisis de la seguridad social será un hecho incontestable que hay que gestionar. El error de éstos consiste en dimensionar equivocadamente su importancia; en asumir que sólo cabe gestionar el modelo existente para atemperar el impacto; y en renunciar a proponer y defender un modelo alternativo. Esto último, amigos míos, sí es algo que nos debe asustar. Especialmente a los y las trabajadores jóvenes… las pensiones, en suma, es algo de todos los y las trabajadoras, y es asunto, sobre todo, de los y las jóvenes trabajadores de hoy. Nos maltratan nuestro futuro, como clase y como generación. ¿Lo vamos a consentir?.

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