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Título: Boletín de IU Federal 15/06/06: Vuelos ilegales CIA y oscurantismo del Gobierno -Exención del impuesto municipal a la Iglesia

Texto del artículo:

a.. IU exige al gobierno que esté "a la altura" de la Audiencia Nacional e informe al Parlamento sobre los vuelos ilegales de la CIA (12-06-06)


b.. El gobierno se escuda en que todas las actividades del CNI están "clasificadas de secreto" para no responder a IU si existen "protocolosreservados de colaboración CIA-CNI" sobre los vuelos ilegales (13-06-06)


c.. El eurodiputado Willy Meyer pide a la Comisión Europea que investigue la exención delimpuesto municipal a la iglesia(14-06-06)


d.. Más información de éstas y otras noticias en la web de IU Federal


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IU exige al gobierno que esté "a la altura" de la Audiencia Nacional e informe al Parlamento sobre los vuelos ilegales de la CIA

Llamazares presenta una PNL para incrementar los controles y el Gobierno comparta su la información


Madrid, 12 de junio 2006

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha manifestado su "satisfacción" y "alivio" por que la Audiencia Nacional "tome cartas en el asunto" de los vuelos de la CIA en territorio español, al tratarse de un delito de "índole internacional relacionado con la tortura".
En rueda de prensa, tras conocer la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declara competente para investigar esta cuestión, valoró que este órgano judicial es un "cauce sólido", cuya competencia "desmiente" a la Fiscalía y al Gobierno.

Llamazares especificó que desmiente a la Fiscalía porque ésta "negó" el carácter internacional del delito y el fiscal se manifestó en contra de investigar los hechos, y al Gobierno porque el juez recoge la existencia de "indicios" y "pruebas" de delito, mientras el Ejecutivo ha mantenido "siempre que no existían" tales delitos.

El coordinador de IU lamentó que el Gobierno desde un primer momento haya "mirado hacia otro lado", para luego pasar a jugar "al gato y al ratón". Frente a ello, resaltó la exigencia que siempre ha mantenido su grupo parlamentario IU-ICV a la Fiscalía y al Gobierno, para que "dejen de mirar hacia otro lado, den información e investiguen".

Reclamó, por tanto, que esta investigación, al igual que en la Audiencia Nacional, "tome cauce en el Congreso". "Queremos investigar a fondo y esperamos las comparecencias de miembros del Gobierno y del máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), e incluso sería posible una comisión de investigación en el Congreso en el caso de que el Ejecutivo no actúe de la forma debida. "IU-ICV intentará que el Parlamento esté a la altura de la Audiencia Nacional y también investigue", explicó.

Llamazares subrayó también que esta cuestión afecta a la defensa de los Derechos Humanos en España, así como a la soberanía nacional, y agregó que "no es creíble" que el CNI no haya sabido nunca nada de los vuelos. Al tiempo, adelantó que su grupo hará del debate en el Congreso sobre el próximo Consejo Europeo una discusión sobre los "vuelos de la tortura de la CIA".

Al mismo tiempo, el máximo responsable del Grupo Parlamentario de IU-ICV presentó la proposición no de ley registrada en el Congreso el pasado viernes sobre este tema. En ella se pide al Gobierno que traslade a las autoridades de EE.UU el "rechazo" del Ejecutivo español a todo tipo de actividades ilegales de la CIA en territorio nacional.

La iniciativa reclama al Gobierno que informe al Congreso de "cualquier" novedad de que disponga, así como a las comisiones de investigación en el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tal y como está obligado tras una iniciativa presentada por IU-ICV en abril, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Exteriores.

La iniciativa insta al Ejecutivo a que elabore un informe "completo y detallado" con la colaboración de los ministerios competentes -incluyendo al CNI- con todas las informaciones en su poder sobre la utilización "ilegal" de los aeropuertos españoles por parte de la CIA, para su posterior traslado al Congreso.

Reclamaba, además, que el fiscal general del Estado solicite el traslado a la Audiencia Nacional de las investigaciones hasta ahora seguidas por juzgados de Baleares y Canarias.

En el texto se pide también al Gobierno que revise los procedimientos de control e inspección del interior de los aviones, del pasaje y del plan de vuelo, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incrementen la frecuencia de los controles motivados y "aleatorios" de las aeronaves civiles matriculadas en EE.UU.

Por último, exige que prohíba el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos españoles a las aeronaves fletadas por encargo de la CIA que figuran en los informes del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa por su "presunta" implicación en actos delictivos.

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición no de ley sobre VUELOS DE LA CIA, para su debate en la Comisión de Defensa y en el Pleno.

En relación con los vuelos de la CIA, las sucesivas comparecencias del Presidente del Gobierno ante el Pleno y del Ministro de Asuntos Exteriores en comisión ante el Congreso de los Diputados, han puesto en evidencia la posesión, por parte del Gobierno, de informaciones y documentos relativos a la posible utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la Agencia Central de Inteligencia de EE UU (CIA), directamente o a través de compañías aéreas privadas encubiertas. De otra parte, la Vicepresidenta primera del Gobierno ha afirmado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la CIA trabajan de manera "permanente y continua" en la lucha común contra el terrorismo internacional.

Una de las aeronaves implicadas, que aterrizó y despegó de aeropuertos españoles en distintas ocasiones, el avión "Gulfstream IV", fue utilizada para el secuestro en Milán y el traslado a Egipto el 18 de febrero de 2003 de Abu Omar, cuyo caso es objeto de una investigación judicial abierta por el juez Spataro de Milán. Nuestro país está directamente involucrado en el traslado del ciudadano alemán Jaled el-Masri, secuestrado en Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y trasladado a Kabul en el avión Boeing 737 de matrícula N313P, que para la realización de esta misión ilegal despegó del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca el 23 de enero de 2004 a las 17,45 horas, aterrizando en el aeropuerto macedonio de Skopje para recoger a el-Masri y trasladarlo a Agfanistán, regresando el 26 de enero a Son Sant Joan. Este último caso, está sometido a investigación judicial en Munich (Alemania). Vuelos similares se han producido con decenas de escalas en los aeropuertos españoles, entre ellos los de Tenerife Norte Los Rodeos, Reina Sofía, Tenerife Sur y el aeropuerto de El Prat.

La Justicia española ha abierto sendos procedimientos judiciales en curso sobre los presuntos vuelos ilegales de la CIA, en varios Juzgados, entre ellos en Santa Cruz de Tenerife y en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Mallorca, a cuyo juez titular le fue denegada por el Fiscal General del Estado la solicitud de que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional. Y el Parlamento balear aprobó por unanimidad el 22 de noviembre de 2005 una declaración institucional manifestando la necesidad de investigar la supuesta utilización del aeropuerto de Palma por parte de aviones de la CIA.

En el informe elaborado por el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Dick Marty, y publicado por esta Institución el 7 de junio de 2006, se concluye que 14 Estados europeos, entre ellos España, consintieron en mayor o menor grado que la CIA secuestrara, trasladara y encarcelara a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S. Según el mencionado informe, Palma de Mallorca fue el lugar elegido por los servicios secretos de EE.UU. para que sus equipos prepararan sus misiones y descansaran después de cumplirlas. España fue uno de los países que permitieron, o no investigaron, el uso de su territorio para actividades ilegales. El informe recoge 17 casos de víctimas de entregas extraordinarias. Según el investigador "a la vista de las evidencias resulta inconcebible que algunas operaciones ejecutadas por los servicios estadounidenses hayan tenido lugar sin la participación activa o al menos la connivencia de los servicios de espionaje nacionales"

Se puede afirmar que el resultado del informe está en línea con las manifestaciones de Claudio Fava, presidente de la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo sobre el transporte y detención ilegal de prisioneros, y con las recientes declaraciones del ex secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, en las que asegura que la CIA contó con el conocimiento y la connivencia con Washington en los vuelos secretos por parte de algunos Gobiernos europeos, subordinados en este asunto a EE UU y en perjuicio de la soberanía nacional.

El asunto es de tan importante trascendencia para la salvaguardia del Derecho Internacional y el derecho interno, especialmente en materia de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que además de las mencionadas instituciones europeas, se han producido declaraciones del Comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, guardián junto al Tribunal de Estrasburgo de la Convención Europea de Derchos Humanos, y dos informes concluyentes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Efectivamente, este tipo de actividades ilegales podrían vulnerar, además del ordenamiento jurídico español, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención de Ginebra en el trato de las personas detenidas en el marco de la lucha antiterrorista, e incluso el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional contra la desaparición forzada de personas.

En el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, importa que los tres poderes garanticen un funcionamiento regular y normal de todas las instituciones del Estado de Derecho, con la mayor transparencia posible, de tal forma que no pueda producirse una erosión de las libertades y derechos fundamentales de las personas, sin que la lucha contra el terrorismo socave los valores democráticos y los Derechos Humanos. De ahí la importancia del control policial y judicial, así como el establecimiento de disposiciones legislativas y administrativas de Derecho interno y acuerdos internacionales que permitan la prevención, investigación y sanción de este tipo de actividades ilegales en territorio español.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY.

El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que, sin perjuicio de las diligencias que se instruyan en los órganos jurisdiccionales:

1.- Traslade al Gobierno de los EE UU el rechazo del Gobierno español a todo tipo de actividades ilegales de la CIA en nuestro país, especialmente las que tienen que ver con operaciones aéreas en el marco de las llamadas "entregas extraordinarias", con la indicación de que estas actividades deben terminar.

2.- De acuerdo con el compromiso adquirido en el Parlamento, informe al Congreso de los Diputados de cualquier novedad de que disponga, en relación a actividades ilegales de los vuelos de la CIA en territorio español, así como a las comisiones de investigación en el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

3.- Proceda a la elaboración de un informe completo y detallado con la colaboración plena de los ministerios de Interior, Defensa (incluido el CNI), Justicia, Fomento y Asuntos Exteriores, en el que se incorporen todas las informaciones en poder del Ejecutivo sobre la utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la CIA, directamente o a través de compañías privadas encubiertas, como escala para el traslado ilegal de personas sin control judicial. Dicho informe se trasladará al Congreso de los Diputados y las partes del informe que el Gobierno considere secretas se trasladarán a través de la Comisión de Gastos Reservados.

4.- Reclame al Fiscal General del Estado que solicite el traslado a los Juzgados Centrales de Instrucción la competencia sobre los procedimientos judiciales abiertos en Baleares y Canarias.

5.- Revise y actualice con el mayor rigor los procedimientos de control e inspección del interior de los aviones, del pasaje y del plan de vuelo, así como los demás requerimientos de tránsito que aseguren el cumplimiento de la legislación internacional de navegación aérea y, singularmente, la Convención de Chicago de 1944 sobre los vuelos civiles en territorio español, de tal forma que las aeronaves extranjeras no puedan utilizar nuestros aeropuertos para la realización de actividades no civiles, ilegales o que concurran en ellas.

6.- Instruya a los representantes españoles de los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores en el Comité Permanente Hispano- Norteamericano para que ejerzan la mayor vigilancia en la autorización previa e individualizada de sobrevuelo o escala de aeronaves estadounidenses en misión oficial sobre nuestro espacio aéreo o terrestre, de acuerdo con las disposiciones del Protocolo de enmienda suscrito el 10 de abril de 2002 al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE UU de 1988, y estudie la conveniencia de promover la supresión del mencionado Protocolo en el caso de que se considere que produjo un relajo en el control de este tipo de vuelos oficiales.

7.- Oriente la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que incrementen la frecuencia de los controles motivados y aleatorios de las aeronaves civiles matriculadas en EEUU que aterricen en aeropuertos españoles.

8.- Prohíba el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos españoles a las aeronaves fletadas por encargo de la CIA que figuran en los informes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa por su presunta implicación en actos delictivos de traslado ilegal de presuntos terroristas.

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El gobierno se escuda en que todas las actividades del CNI están "clasificadas de secreto" para no responder a IU si existen "protocolos reservados de colaboración CIA-CNI" sobre los vuelos ilegales

13 de junio 2006

El Gobierno, a través de una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por Gaspar Llamazares, se ha escudado en la valoración de que "todas las actividades e informaciones relacionadas con el Centro Nacional de Inteligencia están clasificadas de secreto" para no dar explicaciones a la principal cuestión planteada por el presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, quién interrogó sobre "la existencia de protocolos reservados de colaboración CIA-CNI", en relación a los vuelos ilegales realizados por la agencia de espionaje norteamericana que tuvieron escala en aeropuertos españoles.

En la respuesta remitida al Congreso a través del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero especifica que "el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece que 'las actividades del centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales".

Además, dadas las reiteradas peticiones de comparecencia del director del CNI ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso -conocida coloquialmente como Comisión de secretos oficiales- formuladas por Llamazares, éste preguntó también sobre "qué mecanismo de información va a poner en marcha el Gobierno" ante la mencionada comisión parlamentaria para que el Parlamento pueda recibir datos sobre los vuelos de la CIA en nuestro país.

El Gobierno responde a esta cuestión que "la Resolución del Presidente del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, para el acceso por la Cámara al conocimiento de las materias clasificadas, y la propia Ley reguladora del CNI han demostrado su eficacia, logrando aunar el legítimo ejercicio del derecho parlamentario al control político y a la información con la protección de la reserva sobre las materias clasificadas con arreglo a la Ley".

Gaspar Llamazares valora y espera que, tras esta respuesta, el Gobierno "dé el paso que hasta ahora ha eludido y que le venimos reclamando desde hace meses, y atienda a nuestras reiteradas solicitudes de comparecencia -alguna de ellas ya calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara hace semanas- ante la Comisión de secretos oficiales para dar detalles de toda la información y las últimas novedades de las que disponga sobre este caso".

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El eurodiputado Willy Meyer pide a la Comisión Europea que investigue la exención del impuesto municipal a la iglesia

14 de junio 2006

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, junto al parlamentario italiano Marco Cappato (PR) han pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue si España incumple la normativa comunitaria al eximir de un impuesto municipal a la Iglesia Católica.
En una pregunta escrita, Meyer y Cappato informan a la CE de que la Iglesia Católica está exenta de abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tasa municipal que grava esta serie de trabajos cuando precisan licencia.

Según los eurodiputados, la exención se aplica también en casos relacionados "con actividades ajenas al culto y puramente mercantiles que, aunque desarrolladas por entes dependientes de la Iglesia Católica, tienen por objetivo la obtención de ingresos". Meyer y Cappato citan como ejemplo las inversiones inmobiliarias o las explotaciones comerciales.

En su opinión, este régimen supone de esta manera una "desventaja para las otras empresas no católicas, lo que distorsiona la competencia y destruye el principio del derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos".

Por todo ello, piden a la Comisión Europea que dictamine si este régimen supone o no una ayuda de Estado encubierta que es incompatible con la normativa de competencia en el mercado europeo.

Bruselas mantiene abierto en estos momentos un proceso de infracción contra España por eximir a la Iglesia Católica del pago del IVA, al entender que este hecho vulnera la directiva europea donde se regula este impuesto.

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. Boletín de Información IU Federal Número 44 | 15/06/06


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