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Sección: Mundo Insurgente

Título: Información sobre la Nacionalización hidrocarburos en BOLIVIA- Enlace 1

Texto del artículo:

Información sobre la Nacionalización hidrocarburos en BOLIVIA

03may06

Bol - Actualización de info sobre la tercera nacionalización del petróleo y el gas en la historia de Bolivia.


(Este artículo menciona las áreas de explotación, se puede ver el cuadro en la imagen del ENLACE 1)

i) El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asegura que la petrolera está en condiciones de operar los campos petrolíferos.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, asegura que la estatal petrolera está en condiciones de operar los campos petrolíferos mañana mismo, aunque reconoce que hay dificultades porque la entidad está descuartizada.

Señala que las petroleras ya recuperaron sus ganancias y que aun con el 18 por ciento del valor de la producción en sus manos continúan con altas ganancias.

Garantizó el normal abastecimiento de hidrocarburos para los siguientes días y que no elevará los precios en el mercado interno.

En una entrevista con La Prensa detalla las debilidades de Yacimientos y las primeras acciones en cumplimiento del decreto de nacionalización.

—¿Nos puede explicar cómo funcionará YPFB, con qué recursos, con qué personal. Qué pasa si las petroleras no aceptan los nuevos contratos?

—Primero quiero indicar que en el caso concreto de San Alberto y San Antonio, los campos más grandes de gas, ahora se ha revertido lo que ellos hicieron. Se han llevado el 82 por ciento de nuestro gas y a nosotros nos dieron una migaja, apenas el 18 por ciento. Como ellos ya han recuperado todas sus inversiones, ahora nos toca recibir el 82 por ciento. Aun con ese 18 por ciento tienen una ganancia del 20 al 25 por ciento. Esas ganancias son elevadísimas. De manera que no estamos actuando arbitrariamente, ni les estamos diciendo que no van a ganar. Si ellos quieren quedarse a operar en el país, bienvenidos. Si ellos consideran que no les conviene, es su decisión. Como YPFB, estamos en condiciones de operar. Tenemos el personal calificado. Tenemos la cantidad suficiente de profesionales para operar mañana mismo.

—¿El 18 por ciento no es confiscatorio? Ellos dicen que es confiscatorio.

—Evidentemente les estamos quitando las jugosas ganancias que tenían. Pero todavía tienen ganancias. De suerte que ellos pueden quedarse tranquilamente a trabajar en Bolivia.

—¿De acuerdo con la ley vigente, YPFB ha sido descuartizada porque tiene vicepresidencias y direcciones por todo lado. Cómo van a operar así?

—Es un criterio del mismo Gobierno y del Ministro de Hidrocarburos que lo ideal sería que por lo menos toda la parte de dirección gerencial de la empresa esté unida. Como Presidente de YPFB considero que voy a tener serias dificultades de poder manejar la empresa teniéndola descuartizada. Fíjense la Vicepresidencia de Fiscalización y Contratos, encontrándose en Yacuiba, en la frontera con la Argentina, cuando las áreas petrolíferas se encuentran más al norte, ¿cómo vamos a poder hacer una fiscalización efectiva en Santa Cruz, en Cochamba, en Chuquisaca, que son departamentos productores de hidrocarburos, desde Yacuiba, desde la frontera. Entonces, no podemos hacer un buen trabajo en esas condiciones.

—¿Cómo van a trabajar entonces?

—Precisamente eso es lo que queremos ver, de qué manera vamos a lograr la unidad, vamos a trabajar de forma monolítica en le empresa. Inclusive el Ministro de Hidrocarburos ha propuesto que la sede de YPFB, por ser el corazón, por ser el centro de toda Bolivia, se encuentre en Cochabamba. Que creo que sería lo más correcto.

—¿Cuándo se van a tomar esas decisiones?

—Creo que eso ha de ser posteriormente. Veremos en qué momento se pueden tomar estas decisiones.

—¿Con qué dinero va a trabajar inicialmente YPFB. Póngase que las petroleras rechacen el decreto. Tendría que entrar YPFB, con qué dinero van a trabajar?

—Quiero recordarles que los enemigos de la recuperación de nuestros hidrocarburos, propios y ajenos, cuando estuvimos tratando la Ley de Hidrocaburos la satanizaron, dijeron que esa ley iba a ser confiscatoria, que iba a ahuyentar capitales, que las transnacionales se iban a ir, que nos iban a llevar a tribunales internacionales. Hemos aprobado la ley y estamos recibiendo 400 millones de dólares adicionales. ¿Qué empresa se ha ido?, ¿quién nos ha llevado a los tribunales? Ninguna. Están aquí, se han quedado porque saben muy bien que tienen en sus manos los huevos de oro. De manera que ellos no se van a ir. El país ha de ser testigo, en pocos días vamos a estar firmando ya contratos, acuerdos, formando empresas mixtas para la industrialización del gas para nuestro país.

—¿Les han informado de esta decisión anteladamente a las petroleras?

—Absolutamente nada. Nosotros no teníamos por qué informarles, ni consultarles una decisión soberana de nuestro pueblo, de nuestro Gobierno.

—¿Cómo se va a garantizar el abastecimiento de combustibles, inmediatamente, en estos días. Qué medidas están tomando?

—El país está abastecido. Hace una hora he hablado con mi personal que se dedica a la parte del abastecimiento. Diésel tenemos hasta el mes de junio, tenemos en los tanques en este momento. Gasolina está garantizada, porque producimos nosotros. GLP también está garantizado. De manera que no habrá problemas en cuanto al abastecimiento.

—Respecto a los precios del mercado interno y externo, ¿inmediatamente variará algo?

—No tenemos previsto ningún incremento en los hidrocarburos. Lo que sí vamos a incrementar son los precios de venta al exterior del gas, a Brasil y a la Argentina. Ya hemos empezado las negociaciones con la Argentina, seguramente en pocos días vamos a cerrar acuerdos con precios sumamente favorables.

—¿Qué acciones realizará de manera inmediata?

—Mañana (hoy) estoy citando a todos los presidentes de las empresas capitalizadas: Andina, Chaco y Transredes, para que a la brevedad posible llamemos a un directorio. También voy a citar a las refinerías y tanques de almacenamiento para que designemos el directorio de estas cinco empresas.

—¿Cómo pasa el Estado a ser propietario mayoritario en las refinerías?

—Porque vamos a ser dueños del 51 por ciento de las acciones de las refinerías.

—¿Van a comprar?

— Vamos a comprar, es lógico. El Presidente está cumpliendo su palabra de que no vamos a confiscar y perfectamente podemos recuperar. Pero además tenemos que hacer una conciliación con Petrobras, porque en el momento en que les vendimos nuestras refinerías había almacenada una gran cantidad de hidrocaburos en las refinerías que no fue cuantificada.

— ¿Con relación a la ley vigente, qué más cambia con el nuevo decreto aparte del beneficio del 82 por ciento?

—Somos socios mayoritarios de las tres empresas capitalizadas, somos dueños del 51 por ciento por ahora de las refinerías, somos dueños del 51 por ciento de los tanques de almacenamiento. No teníamos ninguna participación en refinerías, ninguna participación en los tanques de almacenamiento, gracias a este decreto sí tendremos una participación pero con acciones mayoritarias.
[Fuente: La Prensa, La Paz, Bol, 02may06]

ii) El Decreto Supremo 28701 de nacionalización de los hidrocarburos.

Gaceta Oficial de Bolivia
Decreto Supremo 28701
Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional de la República
Héroes del Chaco

Considerando:

Que en históricas jornadas de lucha el pueblo ha conquistado, a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país.

Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país.

Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable.

Que por mandato del inciso 5 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado, los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00 19/2005 de 7 de marzo de 2005.

Que esta autorización y aprobación legislativa constituye fundamento del contrato de explotación de riquezas nacionales por tratarse del consentimiento que otorga la nación, como propietaria de estas riquezas, a través de sus representantes.

Que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras.

Que ha expirado el plazo de 180 días señalado por el artículo 5 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos.

Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.

Que de acuerdo a los artículos 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.

Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación de lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos.

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como también el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, suscritos el 16 de diciembre de 1966, determinan que: todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia Que Bolivia ha sido el primer país del Continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standard Oil Co., medida heroica que se tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo.

Que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía.

Que por lo expuesto corresponde emitir la presente disposición, para llevar adelante la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.

En Consejo de Ministros Decreta:

Artículo 1.- En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.

El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

Artículo 2.-

I. A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos.

II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización.

Artículo 3.-

I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación se regularice su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.

II. Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB, de acuerdo a directivas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

III. YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Poder Legislativo en pleno cumplimiento del mandato del inciso 5 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 4.-

I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).

II. Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos.

III. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto Supremo.

Artículo 5.-

I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país.

II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y normará estas actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a ley.

Artículo 6.-

I. En aplicación a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco SA, Andina SA y Transredes SA.

II. Para que esta transferencia no afecte el pago del BONOSOL, el Estado garantiza la reposición de los aportes por dividendos que estas empresas entregaban anualmente al Fondo de Capitalización Colectiva.

III. Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco SA, Andina SA y Transredes SA serán endosadas a nombre de YPFB,

Artículo 7.-

I. El Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos.

II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.

III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país.

Artículo 8.- En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPEB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.

Artículo 9.- En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que sean modificados de acuerdo a ley.

Los señores Ministros de Estado, el Presidente de YPFB y las Fuerzas Armadas de la Nación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de mayo del año dos mil seis.

Firmado:
Evo Morales Ayma, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés Soliz Rada, Wálter Villarroel Morochi, Santiago Álex Gálvez Mamani (Ministro de Trabajo e Interino de Justicia), Félix Patzi Paco, Nila Heredia Miranda.

iii) Quince empresas bajo control.

Aproximadamente quince empresas petroleras del sector de exploración y producción (upstream) operan en Bolivia y son las que sufrirán los efectos de la nacionalización de los hidrocarburos, además de la capitalizada Transredes, que se ocupa del transporte por ductos.

Entre las petroleras que tienen importante presencia en Bolivia están Repsol YPF, Petrobras Energía, Petrobras Bolivia, Total E&P Bolivie, BG Bolivia Corporation, Dong Won Corp. Bolivia, PanAmerican Energy E&P Bolivia, Mobil Bolivia de Petróleos, Pluspetrol, Vintage, Petrolex y Tecpetrol.

Estas empresas provienen de todos los países del mundo como España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Argentina.

La riqueza

Las reservas actuales del país ascienden a 48,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de reservas de gas natural probadas y probables, y 856,6 millones de barriles de petróleo condensado, según los datos emitidos por la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB basada en cifras certificadas por la firma especializada De Goldyer & MacNaughton.

A partir de ayer, las acciones que tienen los bolivianos en las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes también pasan a control del Estado boliviano.

Al cierre de 2005, Bolivia contaba con 26,7 trillones de pies cúbicos de reservas probadas de gas y 22 TCF de reservas probables.

En cuanto al crudo, en ese mismo periodo las reservas probadas llegaron a 456,2 millones de barriles y las probables llegaban a 391,4 millones.

Crecimiento

En los últimos nueve años, la cantidad de reservas de gas natural en Bolivia se incrementó de manera espectacular en 854 por ciento. En 1997, las reservas probadas y probables de gas llegaban a 5,7 trillones de pies cúbicos (TCF), y para 2006 ascienden a 48,7 TFC.

Este importante descubrimiento de reservas es producto de las millonarias inversiones —alrededor de 3.500 millones de dólares— de las empresas petroleras que llegaron a Bolivia tras la firma del contrato de compraventa de gas con Brasil y la construcción del gasoducto binacional, así como la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Si bien el Gobierno reconoce que las empresas dinamizaron el sector con sus inversiones y descubrieron las ingentes reservas, la principal observación radica en la distribución de las ganancias provenientes de la explotación y venta de los recursos. Las petroleras dicen que se requieren más inversiones para el desarrollo de campos.

Campos productores con 732 mil hectáreas

El Estado pasa a asumir el control de 67 campos productores de gas y petróleo que comprenden 732.246 hectáreas de extensión, a lo que se suman 2,3 millones de héctareas en campos de exploración de hidrocarburos, según los datos de YPFB.

Al 31 de diciembre de 2005, la estatal petrolera tenía suscritos 71 contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos con las petroleras, los que ahora deberán ser renegociados. Con estos 71 acuerdos se adjudicaron las áreas arriba mencionadas.

La petrolera Andina cuenta con 18 campos, BG Bolivia tiene bajo su control tres; la capitalizada Chaco opera en 21 campos; Pluspetrol cuenta con seis; Petrobras opera en cinco; aunque son los reservorios más grandes como San Alberto y San Antonio; Repsol YPF tiene cuatro dentro de los cuales está el campo Margarita; Pluspetrol controla seis; Total opera en Itaú e Incahuasi, considerados también como grandes reservorios; Vintage tiene tres y Dong Won uno.

Estos campos se encuentran principalmente en el departamento de Tarija. También existen reservas de gas y petróleo en Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba.

Las áreas de explotación

Areas de explotacion

[Fuente: La Prensa, La Paz, Bol, 02may06]

iv) Las dos primeras estatizaciones.

Dos nacionalizaciones marcaron la historia del Siglo XX. La estatización de la Standard Oil y de la Gulf Oil Company permitieron al Gobierno boliviano recuperar la propiedad de los hidrocarburos y el control de la economía del país.

Ambas reversiones (1936 y 1969) se realizaron con el fin de reconquistar la soberanía de Bolivia y aumentar los ingresos por concepto de regalías. La tercera se produce ahora a 10 años de la capitalización de las empresas del Estado por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Nacimiento de YPFB

El nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) formó parte de la estrategia de expropiación de la Standard Oil. La empresa estatal se creó durante el Gobierno del general David Toro mediante el Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936 y como consecuencia de la declaratoria de caducidad de concesiones de la Standard Oil a través del

Decreto del 13 de marzo de 1937.

En diciembre de 1936 se organizó YPFB y al año siguiente le asignaron y ajudicaron con carácter definitivo todos los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la petrolera.

La Standard Oil fue la primera compañía estadounidense en Latinoamérica en ser confiscada. Desde entonces, el Estado tuvo la posibilidad de intervenir en la economía. En los años 50 llegó a producir el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la publicación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) La Nacionalización y Transformación Social en Bolivia, de Crystian Ferreyra, "posteriormente en el país se produjeron varios golpes de Estado que originaron que no se afecten a más compañías para que el objetivo del Presidente Toro de nacionalizar todos los recursos se quede sólo en la reversión de Standard Oil".

Bolivia mantuvo su dependencia hacia Estados Unidos y, a cambio, este país le proporcionó préstamos y pidió indemnización para la Standard Oil.

Durante el golpe de Estado del general Enrique Peñaranda, la Standard volvió a exigir la devolución de sus bienes y la indemnización. La presión de Estados Unidos consiguió que Bolivia suscribiera, el 27 de marzo de 1942, un compromiso mediante el cual la Standard Oil recibiría 1.700.000 dólares como indemnización a cambio de informes y documentos de la empresa.

El Gobierno tuvo que convencer a diversos sectores de la importancia de pagar esa suma a cambio de la compra de minerales por parte de Estados Unidos.

La Gulf Oil

En 1969, durante el Gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produjo la nacionalización de la Gulf Oil. Mediante un Decreto Ley, fue impulsado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue ministro de Minas y Petróleo. El responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera fue el general Juan José Torres.

El decreto puso fin a las ventajas de las que gozaba la Gulf, amparada en el Código del Petróleo -más conocido como Código Davenport-, considerado totalmente lesivo a los intereses del Estado.

Según la investigación de Ferreyra, el Gobierno del MNR, en 1956, aprobó el Código para generar mayor seguridad para la inversión extranjera, el que fue elaborado con la ayuda técnica de Estados Unidos, denominado Código Davenport. Su aprobación fue considerada como un acto de buena voluntad del Gobierno nacional hacia el país estadounidense.

La norma establecía un régimen de regalías nacionales del 18 por ciento, promovía el debilitamiento de YPFB y otorgaba prioridad a las concesiones para las empresas norteamericanas

Como resultado de los beneficios que este Código otorgaba a las empresas transnacionales, catorce compañías norteamericanas ingresaron al país de manera inmediata, entre las que se encontraba la Gulf Oil Company.

Para el Gobierno de Ovando Candia, la norma petrolera de 1956 era lesiva a los intereses del Estado, por lo que consideró importante recuperar la propiedad de los hidrocarburos que se encontraban en manos de esta última empresa.

La expropiación de la Gulf se constituyó en una medida de trascendencia mayor que la nacionalización de las minas, según José Ortiz Mercado, ministro de Planificación del Gobierno de Ovando.

Al justificar la nacionalización de la Gulf, Marcelo Quiroga Santa Cruz recordaba que YPFB compraba a esta empresa el petróleo necesario para abastecer al mercado interno.

José Ortiz Mercado, ministro de Planificación del Gobierno de Ovando, en una entrevista que otorgó a La Prensa (2004) dio a conocer los argumentos técnico-económicos de la estatización. La ex autoridad murió poco tiempo después.

Bajo el Código Davenport, la Gulf pagaba el 11 por ciento en concepto de regalías. También debía tributar el 30 por ciento por utilidades, aporte que nunca se efectivizó pues la transnacional se descontaba sus inversiones.

Además se le fijó una tasa del 17 por ciento por factor de agotamiento, que tampoco pagó a falta de una reglamentación.

El decreto de recuperación.

Considerando:

Que la empresa Bolivian Gulf se ha constituido en un nuevo Superestado, que dispone de un poder económico y político superior al del Estado, incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional.

Que el Gobierno revolucionario ha derogado el Código del Petróleo, norma legal reguladora de la explotación de los hidrocarburos nacionales redactada por abogados dependientes de las empresas petrolíferas privadas extranjeras e impuestas al país a través de Gobiernos seudonacionalistas para asegurar a la empresa Bolivian Gulf un margen de utilidad y de impunidad que compromete gravemente el interés económico y la dignidad nacional...

Decreta:

Artículo 1: La reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a la Gulf, y nacionalización de todas las instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna.

Venta de gas a la Argentina.

La nacionalización de la Standard Oil dio lugar a que Bolivia comience a exportar gas hacia la Argentina.

En más de 20 años de exportación de gas al país vecino se facturaron 4.547,5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las arcas del Estado boliviano.

Ese dinero sostuvo la economía nacional. Luego de que el control de la riqueza hidrocarburífera pasara a manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, los excedentes generados por esta actividad se quedaron en Bolivia.

La Gulf negoció sola la venta de gas a Argentina, pero ante las críticas que surgieron en el país se vio obligada a formar una sociedad mixta con YPFB para llevar a cabo el negocio.

En una de las cláusulas establecía que cualquiera de las dos entidades que no aportase su 50 por ciento del volumen de gas sería desplazada por la otra, que asumiría la provisión total. Las reservas gasíferas estaban en un 90 por ciento en poder la Gulf.
[Fuente: La Prensa, La Paz, Bol, 02may06]

v) Militarización de los campos petrolíferos.

Inmediatamente después de que el presidente de la República, Evo Morales, decretara en el municipio de Caraparí la tercera nacionalización de los hidrocarburos en la historia del país, efectivos militares y policiales comenzaron la toma de las plantas petroleras.

Luego de emitir el decreto de nacionalización, el mandatario encabezó la ocupación física del campo San Alberto en Tarija y otros dos en Cochabamba, mientras efectivos militares bajo la dirección de un fiscal tomaron el control en forma paralela de 56 campos entre estaciones de bombeo, refinerías, ductos y campos de producción, para permitir el ingreso de personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La información fue transmitida por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, desde los balcones del Palacio Quemado, ante una concentración de militantes y seguidores del MAS que se dieron cita ayer en la plaza Murillo con motivo de celebrar el Día del Trabajo y acabaron escuchando la sorpresiva decisión del Jefe de Estado.

“Hoy, a la orden del Presidente de la República, 56 estaciones están siendo ocupadas por las Fuerzas Armadas. La medida de presión es muy contundente, porque no solamente somos dueños del gas bajo tierra. Ahora el gas y petróleo que salían de la tierra ya no son de los extranjeros”, dijo el Presidente del Congreso Nacional.

En Santa Cruz, las oficinas de Transredes estuvieron ocupadas por efectivos de la Policía Militar desde el mediodía. Los uniformados tenían la instrucción de no dejar sacar ningún documento ni artefacto de la empresa, por lo cual revisaban a todos los que entraban o salían. El personal de la firma estaba trabajando normalmente.

Lo mismo sucedió en las oficinas de Repsol y Andina, donde un contingente de policías custodió desde las 13.00 el lugar. Tanto militares como policías en la capital cruceña estuvieron acuartelados.

Mientras tanto, en la refinería Guillermo Elder Bell de Petrobras, en la zona de Palmasola, desde el mediodía se encontraban 100 soldados de la Policía Militar, con la orden de dar seguridad a la planta para que siga trabajando y evitar la presencia de grupos de personas que intenten tomarla.

Asimismo, en un recorrido por varios surtidores de la zona sur de la ciudad, como Mora Grande, Palmasola, El Trompillo y La Cañada, se evidenció que la atención a los usuarios era normal y que no había ninguna orden especial de parte de los administradores para aumentar la seguridad. También la provisión de carburantes está garantizada.

El único surtidor militarizado era el Cuarto Anillo, en la doble vía a La Guardia, porque pertenece a YPFB.

Río Grande, controlada

Acompañados por personal de YPFB, un contingente de 81 efectivos militares, bajo el mando de un oficial, tomó ayer, tal como ocurrió en otras regiones del país, la planta de Río Grande, que hasta ese momento se hallaba en manos de la empresa Andina, subsidiaria de la española Repsol.

Los soldados, pertenecientes al Regimiento Manuel Marzana, con asiento en la localidad de Cabezas, en las cercanías del lugar, se presentaron en horas de la madrugada del domingo y tomaron el control del campo petrolero.

La planta de absorción e inyección de Río Grande, ubicada a 52 kilómetros al sur de la capital oriental, tiene importancia estratégica, pues desde allí sale el gas que va a Argentina, a Brasil y también al gasoducto del Altiplano.

Desde allí también se envía petróleo condensado hacia la refinería Elder Bell de Palmasola, donde es convertido en gasolina para el consumo local. Las operaciones de la planta no tuvieron líos, ayer.

Surtidores

En La Paz, los militares tomaron posesión física de las estaciones de servicio.

Los surtidores de YPFB tenían un cartel que destacaba la propiedad estatal.

“Nacionalizado, propiedad de los bolivianos”, rezaban los letreros.

En la gasolinera Uruguay, de la avenida Montes, había militares desde el mediodía.

En la planta engarrafadora de Senkata, otros uniformados resguardaban el lugar.

En otras estaciones de servicio había largas filas de clientes que querían gasolina.

Varios vecinos de la zona Sur se quejaron de las colas en los surtidores.

Muchos conductores temían el desabastecimiento, la Súperintendencia del sector aseguró que no habrá problemas.
[Fuente: La Prensa, La Paz, Bol, 02may06]

vi) Bolivia nacionaliza el gas y el petróleo y da 180 días a las empresas multinacionales para renegociar los contratos de explotación.

El presidente de Bolivia, el socialista Evo Morales, firmó ayer un "decreto supremo" que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos. Las empresas extranjeras que operan en Bolivia deberán entregar toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal) y regularizar en menos de 180 días sus actuales contratos, o abandonar el país. El decreto, que las petroleras no esperaban hasta mediados o finales de mayo, es más duro para el sector de lo que inicialmente se preveía. De momento, Repsol, para quien hoy por hoy las reservas bolivianas de gas resultan fundamentales, prefiere guardar calma, pero el ejército ha comenzado de inmediato la ocupación de instalaciones de la brasileña petrobras, y la petrolera española no tiene precisamente en su haber un historial exento de conflictos con el dirigente indigenista.

"Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", advirtió Morales tras leer el decreto. El presidente socialista de Bolivia anunció la confiscación de las acciones necesarias de varias empresas mixtas para que YPFB tenga en ellas más del 50%, entre ellas Andina, en la que Repsol está a medias con el Estado, y una subsidiaria de Petrobras.

Varias fuentes diplomáticas consultadas por Efe comentaron que el "decreto supremo" va más allá de lo que preveían y que a las petroleras extranjeras no les quedará más remedio que recurrir a arbitrajes internacionales, o abandonar Bolivia. El Estado pasará a controlar los directorios y la administración, impone a las empresas extranjeras la entrega de toda su producción y el control absoluto de la comercialización en el mercado interno y en la exportación, fijando precios, volúmenes y condiciones.

El Gobierno español mostró anoche "su más profunda preocupación" por el decreto. Según un comunicado de la Dirección General de Comunicación Exterior, del Ministerio de Asuntos Exteriores, "el Gobierno espera que el plazo anunciado a las empresas para regularizar sus actuales contratos abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas en el que se respeten los intereses de uno y otros y se evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos", indica el comunicado.

Tras conocerse la noticia, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, exigió al presidente Zapatero que se involucre personalmente en la defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior. A su juicio, el anuncio de Morales pone de manifiesto el "fracaso de la política exterior de nuestro país y la falta de peso en el contexto internacional del Gobierno de Zapatero".

Las primeras medidas

La nacionalización fue anunciada por Morales en el campo de San Alberto, el más rico de Bolivia, operado por la brasileña Petrobras y situado en la localidad de Carapari, a unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija. Los campos San Alberto y Sabalo, desde donde se exporta el 70% del gas boliviano, están ahora obligados a entregar el 82% de su producción a YPFB, lo que permitirá generar para el Estado boliviano 300 millones de dólares adicionales en el 2007. En San Alberto tiene una participación del 50% Andina; un 35% Petrobras y un 15% la francesa Total, y en Sábalo van al 50% Andina y Petrobras.

Desde el año pasado, las empresas transferían al Estado, por tributos y otras participaciones, el 50% del valor de su producción, y a eso se añade ahora un 32% adicional para financiar las actividades de YPFB. Para los demás campos, de menos de 100 millones de pies cúbicos diarios, continuará rigiendo el porcentaje actual del 50% para el Estado y el resto para las empresas.

El anuncio se produjo por sorpresa, al mediodía, a una hora en la que, según anuncios oficiales, el presidente iba a encabezar en La Paz una manifestación por el Día del Trabajo. El mandatario dijo que ésta es la "tercera y definitiva" nacionalización del gas, después de que en 1937 se nacionalizara -por primera vez en Sudamérica-, la empresa Standart Oil, y en 1969 la Gulf Oil, ambas norteamericanas. Morales anunció que todos los campos serán ocupados por el batallón de ingenieros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de YPFB que, de hecho, al poco tiempo de hacerse público el decreto, pasaron a ocupar dos refinerías de Petrobras y medio centenar de gasolineras privadas.

Ocupadas dos refinerías de Petrobras

El anuncio fue hecho por el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, en la plaza de Murillo, la principal de La Paz, durante un discurso ante miles de trabajadores reunidos para celebrar el 1 de Mayo. "En estos minutos en la ciudad de Cochabamba y en Santa Cruz están siendo ocupadas y controladas por las Fuerzas Armadas y por YPFB. Hoy las refinerías son de propiedad mayoritaria de los bolivianos", dijo García Linera. Los militares ocuparon además 54 gasolineras en diferentes puntos del país que estaban en manos de empresarios privados nacionales.

Durante su discurso, Morales exhortó a los bolivianos a movilizarse frente a "cualquier intento de sabotaje de algunas empresas" y dijo que serán bienvenidos los trabajadores de las petroleras que se sumen "a este cambio". "Pedimos a las empresas petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no respetan, nos haremos respetar a la fuerza, porque se trata de respetar los intereses de un país", advirtió Morales.

Bolivia posee reservas de 48,7 billones de pies cúbicos de gas, los segundos en importancia del continente después de los de Venezuela, que tiene el triple. Para Repsol, en concreto, Bolivia es la gran despensa de gas. En el 2009 la petrolera española espera obtener del país andino el doble de lo que producía el año pasado. En Bolivia, además de Repsol, Petrobras y Total, operan las empresas Bristish Gas y British Petroleum. También tienen inversiones las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong.

Tensa espera en Repsol

La petrolera Andina, la filial en Bolivia de Repsol, analizará el nuevo decreto antes de emitir un pronunciamiento al respecto. Así lo aseguraron a Europa Press fuentes de la filial boliviana de la petrolera presidida por Antonio Brufau, que reconocieron que "a priori no parece una buena noticia" el decreto presidencial, tras anunciar que en las próximas horas puede haber un comunicado oficial de la Cámara de Hidrocarburos, de la que forma parte Repsol YPF.

Por su parte, fuentes de la Cámara de Hidrocarburos explicaron que se ha convocado una reunión de su directorio para analizar punto por punto el texto del decreto. "A partir de ahora todo puede pasar", subrayaron las citadas fuentes, que añadieron que en Bolivia "se está empezando a vivir" lo mismo que en Venezuela.

En su última visita a La Paz a principios de marzo, en la que se reunió con Morales, Brufau anunció la "absolutamente firme decisión" de sentarse a renegociar su contrato "tan pronto como diga el Gobierno", y resaltó el interés de la petrolera de mantenerse en el país y participar en proyectos de industrialización del gas natural, a pesar del auténtico calvario que ha vivido la petrolera a partir del caso de presunto contrabando de petróleo que llevó a sus principales ejecutivos en el país ante la justicia.
[Fuente: La Estrella Digital, Madrid, Esp, 02may06]

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