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Secciones: El Problema Español -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo

Título: ZAPATERO GARANTIZA A IU QUE NO HABRA REFORMA LABORAL- Enlace 1

Texto del artículo:

Izquierda Unida
Viernes, 21 de octubre de 2005
ZAPATERO GARANTIZA A IU QUE NO HABRÁ REFORMA LABORAL SIN PACTO PREVIO CON SINDICATOS Y LAS FUERZAS DE IZQUIERDAS
Izquierda Unida también presento a Zapatero sus propuestas para un crecimiento sostenible generador de empleo decente, estable y de calidad. La polémica reforma laboral anunciada por el Gobierno no se llevará a cabo sin contar con el visto bueno de los sindicatos y las fuerzas de izquierdas que dan apoyo puntual al Gobierno socialista. Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente y al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, respectivamente, durante el encuentro que, por más de dos horas, han mantenido esta mañana en el Palacio de La Moncloa. Llamazares señaló en rueda de prensa posterior a la reunión que la reforma laboral que pretende el Gobierno cuenta con el rechazo tajante de ambos partidos que conforman el grupo parlamentario. “No compartimos la decisión de hacer frente a la baja calidad del empleo con el abaratamiento de los despidos”. Por ello, hicieron entrega a Rodríguez Zapatero de un decálogo de propuestas para la mejora de la calidad del empleo, al tiempo que el presidente del Gobierno manifestó su total compromiso de que no se adoptará ninguna decisión en el ámbito laboral sin un pacto previo con las fuerzas sindicales y el conocimiento de las fuerzas políticas. Además, Llamazares ha anunciado el acuerdo de crear una comisión negociadora Gobierno-Izquierda Verde IU-ICV para aproximar posiciones en las cuestiones de la reforma laboral. Durante la reunión, definida como “cordial pero exigente” por Llamazares, se analizó la orientación de los Presupuestos Generales para 2006, que para los representantes de Izquierda Verde IU-ICV aún deben virar más hacia la izquierda, puesto que “existen elementos que hay que desencallar”. Entre otros elementos presupuestarios, se destacó el rechazo que se mantiene respecto a cuestiones como la política fiscal, la inversión en I+D+i militar, la orientación de la Ayuda Oficial al Desarrollo y la política de Vivienda. Llamazares y Herrera manifestaron la voluntad del grupo parlamentario de “agotar los márgenes para que estos Presupuestos sean lo más sociales y sostenibles posibles”. Para ello, han planteado la necesidad de que el detalle presupuestario vaya unido a un desarrollo legislativo paralelo que defina políticas de izquierdas en leyes fundamentales como son la Ley del Suelo, la de Igualdad, la Ley del Medicamento, la Ley de Dependencia , el Decreto de las Energías Renovables y la futura reforma fiscal. En toda su tramitación se negociará previamente con IU e ICV antes de la tramitación definitiva de los textos en el Congreso. Herrera ha destacado que el acuerdo en materia de Educación “sólo se puede dar desde parámetros de la izquierda y el Gobierno no puede aceptar el chantaje del Partido Popular, según el cual las grandes políticas hay que pactarlas, cuando en el momento en que ellos estaban en el Gobierno desarrollaban estas políticas de forma unilateral”. El portavoz del grupo parlamentario ve fundamental llegar a un acuerdo progresista que avance en el carácter laico de la educación e incida directamente en la mejora de la enseñanza pública. “La Ley de Educación se debe dialogar en este marco. Hoy por hoy la mayoría de izquierdas es la que sustenta el Gobierno y los ciudadanos votaron por un cambio de políticas, no por una negociación con el Partido Popular”. DECÁLOGO DE PROPUESTAS PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE GENERADOR DE EMPLEO DECENTE, ESTABLE Y DE CALIDAD Mientras nuestra economía crece de forma sostenida durante la última década, incluso a un ritmo muy superior a la media de los países de la UE, nuestro mercado laboral continúa manteniendo elevadísimos niveles de temporalidad, precariedad, siniestralidad y desempleo; absolutamente insostenibles, además de impropios de un país avanzado capaz de garantizar una calidad de empleo y de vida suficientes y dignos para sus ciudadanos, de forma muy especial para nuestras mujeres y nuestros jóvenes, que padecen muy directamente la extendida lacra de la indecencia laboral. Las reformas laborales unilaterales que históricamente se han impuesto, tanto a manos de anteriores gobiernos del PSOE, como los del PP, en la dirección de abaratar costes laborales, flexibilizar el despido, reducción de prestaciones sociales, y de fortalecer el poder unilateral de la empresa, frente al poder del diálogo, han supuesto un deterioro alarmante de nuestro escenario laboral, véase y mídase como se quiera: la temporalidad no se disminuye, al contrario se contagia de forma preocupante en las Administraciones Públicas; la siniestralidad laboral es infrenable, tras algunos meses de tregua, el incumplimiento sistemático de la ley provoca más de 4 muertos cada día laboral en nuestros centros de trabajo; las mujeres encuentran cada día más dificultades para tener un empleo digno y con salario suficiente; casi el 60% de los titulados de nuestro país trabajan en tareas profesionales ajenas a su preparación universitaria; los jóvenes, formados y sin formar, son mano de obra sin derechos, etc. La resultante es clara, los salarios pierden peso en nuestro PIB, a la vez que el excedente empresarial y el beneficio recupera presencia de forma alarmante, generando cada día mayores índices de desigualdad social. Beneficio que no se invierte, en un país donde el gasto tecnológico en investigación y desarrollo no alcanza la mitad de lo que este gasto representa también entre nuestros países socios. Nadie obliga, ni indica que parte de este excedente debe volver a las empresas para la modernización de nuestras estructuras productivas y la mejora de nuestros servicios, sobre la base lógica de ir mejorando las condiciones laborales y favoreciendo la incorporación de las y los desempleados al empleo de calidad. Por otro lado entendemos que cualquier reforma laboral ha de conectarse, de forma imprescindible, con un objetivo general: la construcción de un nuevo paradigma de competitividad. La reforma del mercado laboral es una pieza de este cambio de modelo, que ha de interrelacionarse con un conjunto de nuevas políticas económicas y del papel del Estado y el sector público, políticas de igualdad y conciliación, de revalorización de las instituciones laborales como la Inspección de Trabajo y los organismos de solución extrajudicial de conflictos, y de un enfoque de la reforma de la negociación colectiva que valorice el papel de los sindicatos y patronales en el gobierno de la organización del trabajo. Las propuestas, conocidas, que el actual gobierno ha decidido poner sobre la Mesa de Diálogo social, tras casi un año de infructuosos resultados, suponen un respaldo total a las propuestas, no escritas, que la patronal venía planteando, tras una actitud pasiva y descreída con cualquier acuerdo que aborde a fondo los severos problemas laborales que se desprenden de la temporalidad laboral existente en nuestro país. El Círculo de Empresarios, conocido por sus recurrentes propuestas de fuerte contenido antisocial, ha felicitado de forma inmediata la iniciativa del gobierno. Todo un ejemplo de lo que las propuestas pueden suponer para la izquierda social y política de este país. Izquierda Unida e Iniciativa Per Cataluña, a través de su Grupo Parlamentario Izquierda Verde, queremos situar nuevas propuestas sobre la mesa del gobierno. Iniciativas posibles, comprometidas con la realidad social, económica y cultural del país, tendentes, todas ellas, a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y a impulsar un modelo de desarrollo compatible con el medio ambiente, sostenible y con vocación de dar seguridad económica empresarial y laboral a todas y todos. Nuestros objetivos, parafraseando a las organizaciones sindicales mayoritarias, son dos: establecer los instrumentos que permitan el pleno empleo productivo mediante la inversión pública y privada, y mejorar e incrementar la calidad y la cantidad del empleo, mediante la estabilidad, la igualdad y el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo. Y así lo resumimos en diez propuestas: 1º - Fomentar el empleo estable y de calidad para reducir la temporalidad y la precariedad laboral - Desarrollando el principio de estabilidad en el empleo, situando la contratación indefinida como regla general, bonificando las cotizaciones en este tipo de contratos. Penalizando la contratación eventual injustificada y cercando las formas de contratación en fraude de ley. - Recuperación del principio de causalidad en los contratos. - Limitación legal del contrato de obra o servicio, vinculándolo a situaciones excepcionales y justificadas, reduciendo su tiempo de duración e incluyendo indemnización e incrementado sus cotizaciones. - Incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos temporales. 2º - Regular legalmente las contratas y subcontratas - Limitando legalmente los procesos de subcontratación como forma de eludir obligaciones laborales, económicas y ambientales. - Establecimiento de la responsabilidad subsidiaria de la empresa que realiza la subcontratación, a todos los niveles laborales. - Subrogación de derechos laborales, sociales y salariales de los trabajadores de la subcontrata con la empresa principal. - Derecho de información, consulta y negociación de la representación sindical, previo a cualquier proceso de subcontratación o externalización de actividades. - Creación de una norma específica, en el ámbito de las administraciones y empresas públicas, limitando la subcontratación a un solo nivel, siendo causa de rescisión de la subcontrata el incumplimiento de las normas laborales o medioambientales, quedando la administración pública como responsable subsidiario. 3º - Igualdad en el trabajo para mujeres y jóvenes - Incorporando la negociación de planes de igualdad en las empresas, destinados a favorecer la estabilidad laboral y el reconocimiento igual de derechos para todas y todos. Desarrollando programas de acción positiva, que garanticen a las mujeres y a los jóvenes el derecho al trabajo y a la promoción profesional - Modificación del actual contrato de formación, favoreciendo una nueva modalidad contractual basada en el desarrollo formativo real, acorde con la formación y las potencialidades profesionales de los jóvenes. - Promoción de una mayor estabilidad laboral en la inserción laboral de los jóvenes a través de contratos de relevo indefinidos. - Articulación de planes de incorporación o reincorporación de la mujer al empleo digno, mediante acciones concertadas entre sindicatos, empresas y Servicios Públicos de Empleo, acordes con su nivel de formación y cualificación. - Actuaciones concretas para hacer efectiva la conciliación de la vida laboral, personal y cultural. - Creación de instrumentos para la igualdad en los centros de trabajo con el objetivo de dinamizar la superación de las discriminaciones tanto las profesionales y retributivas, como las de inserción laboral en bases a prejuicios. 4º - Democratizar las relaciones laborales con medidas de participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Y promover la responsabilidad social de las empresas. - Dignificar la vida laboral en la pequeña y mediana empresa, favoreciendo medidas de apoyo a las PYMES para mejorar la calidad laboral y ambiental de sus empresas. Creando alternativamente ámbitos de asesoramiento sectorial y promoviendo medidas para la estabilidad del empleo, con planes concertados entre la administración central y autonómica y las organizaciones de PYMES y sindicatos. - Promover la responsabilidad social de la empresa, regulando el concepto de responsabilidad social como un elemento de obligada negociación en la concertación sectorial o empresarial. - Participación y presencia de las organizaciones sindicales en los consejos de administración de las empresas de más de mil trabajadores, o en cualquier caso todas aquellas empresas que cotizan en el IBEX-35. - Ley de promoción de la participación sindical en los cambios organizativos de la empresa, estableciendo un conjunto de elementos básicos que garanticen la participación sindical activa, previa a la adopción de las decisiones empresariales, en los procesos de cambio y flexibilidad en la organización empresarial. 5º - Reducción de la temporalidad en el empleo público - Regulación legal para el establecimiento de objetivos de reducción de la temporalidad en las distintas administraciones públicas. - Eliminación de los límites de la tasa de reposición. - Actualización de la Oferta de Empleo Público. - Acciones pactadas, con organizaciones sindicales, para evitar y limitar los elevados índices de temporalidad existentes, favoreciendo procesos permanentes de selección y provisión de necesidades laborales. 6º - Fijos Discontinuos y empleo a tiempo parcial. En lo referente a contratados a tiempo parcial: - Asegurar el derecho a la concreción del horario y a la distribución de la jornada, estableciendo dichos parámetros en el contrato de trabajo, así como la determinación proporcional de jornada que se considera tiempo parcial respecto a la ordinaria. - Asegurar la voluntariedad y la igualdad de trato, reforzando los derechos de información y de preferencia en relación con las vacantes a jornada completa y viceversa, asegurando el derecho a la formación, a los permisos y licencias, a la reducción de jornadas y asegurando el principio de proporción. - Asegurar la consolidación de las horas complementarias como jornada ordinaria pactada definiendo las reglas y mecanismos precisos. En cuanto a los fijos discontinuos: - La recuperación de la identidad de este tipo de contrato como contrato de carácter indefinido, lo que implica la determinación legal o presunción de que las actividades estacionales deben ser cubiertas con este tipo de contratos. Además el contrato indefinido de fijos discontinuos debería contemplar tanto los trabajos que no se repiten en fechas ciertas, como los trabajos periódicos que se repiten en fechas ciertas. - Clarificar y mejorar algunos aspectos de la actual regulación en materia de protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, tanto del régimen jurídico como a través del desarrollo reglamentario. - Extensión del derecho al cobro de prestación por desempleo en periodos de inactividad forzosa. 7º - Políticas Sectoriales, autoempleo y economía social. - Puesta en marcha de un Estatuto del Autónomo con el fin de regular la actividad económica, laboral y social de estos trabajadores, así como de los derechos laborales y sindicales de los autónomos dependientes en relación a su ámbito de trabajo. - Incentivación de actuaciones de cobertura profesional y apoyo técnico para los autónomos y para los integrantes de proyectos de cooperativas y de sociedades laborales. - Acceso a la formación continua de estos trabajadores a través de contratos programas, tanto estatales como autonómicos, y a su participación en las instituciones de formación de cualquier nivel. - Estudiar fórmulas para compatibilizar el trabajo y dedicación a la empresa por parte de estos trabajadores a su necesaria adaptación a las nuevas tecnologías. - Apoyo a iniciativas que faciliten la incorporación de desempleados como socios trabajadores en sociedades laborales y cooperativas, la implantación de nuevas tecnologías de la información, la financiación de proyectos de inversión, o el desarrollo de la integración empresarial en relación a proyectos de economía social.. 8º - Investigación, Desarrollo, información y formación para el desarrollo de un nuevo modelo productivo y creación de empleo. - Política macroeconómica que contribuya a elevar el potencial de desarrollo sostenible de nuestra economía, promueva el pleno empleo y procure una distribución más justa de la renta y la riqueza, colocando la actividad científica y tecnológica en el centro del debate social con el fin de convertirla en elemento de cohesión social y territorial, base de un sistema científico-técnico que sustente un desarrollo económico y social ecológicamente sostenible. - Extender la democracia económica en el seno de las empresas y favorecer la participación de los trabajadores en la gestión del excedente empresarial. - Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar, integrándose en el diseño de las políticas científica y tecnológica de las actuaciones y orientaciones públicas en materia de infraestructuras, sanidad, educación, vivienda, ordenación del territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales. - Fomento del sector público y articulación con el sector privado de las actividades de I+D, con una consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de I+D y la creación y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación mixta público-privada, ligados a actividades sectoriales o regionales y que sirvan de interfaz entre OPIs y empresas. - Aumentar la productividad de nuestra economía con el apoyo a las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las PYMEs. - Potenciar el desarrollo de la formación profesional continua, especialmente en los aspectos relacionados con la modernización tecnológica y las técnicas de gestión empresarial así como en la dimensión estratégica de la empresa y del sistema productivo, con Programas de Formación para la Innovación que contemplen la formación y actualización continuada de los trabajadores para facilitar la asimilación e interacción con los procesos de cambio tecnológico. - Impulsar una política industrial activa respetuosa con el medio ambiente que promueva la cohesión social y territorial y que apueste por el desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad, y que contribuya a superar el modelo de reducidos costes laborales y empleo de baja calidad. - Fortalecer la conexión entre universidades, los centros de investigación y el mundo empresarial. - Fomentar y establecer líneas de subvención para los acuerdos de colaboración entre PIMES para desarrollar proyectos de R+D+i. - Creación de un Consejo de Política Industrial con la participación del Gobierno, los Sindicatos y los empresarios con el objetivo de crear un espacio de debate, seguimiento, del desarrollo de la política industrial en España y de interlocución constante con los sectores donde se esta produciendo un constante desarrollo tecnológico. - Medidas para minimizar el impacto de procesos de reconversión industrial recolocando a los trabajadores y trabajadoras de manera coordinada. - Creación de un Observatorio del Mercado Laboral con el objetivo de conocer la realidad sociolaboral del país y establecer medidas que eviten problemas con la segregación o la dualidad laboral. 9º - El papel de los Servicios Públicos de Empleo y el fortalecimiento de la Inspección Laboral. - Garantizar una adecuada coordinación de competencias, entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM) y los Servicios Públicos de Empleo (SPE) de las CC.AA., que asegure la calidad y homogeneidad de los servicios que prestan, dotándose para ello del incremento de inversión necesaria y mejora de dotaciones financieras destinadas a medios humanos, tecnológicos y materiales. - Incrementar los gastos de personal con el objetivo de acabar con la contratación temporal que se lleva acabo en los últimos años a fin de que los Servicios Públicos de Empleo tengan una mayor dotación de personal. - Proceso de especialización de las Oficinas de Empleo y de sus trabajadores, potenciando la atención personalizada y los itinerarios profesionales de inserción, haciendo del compromiso de actividad un contrato consensuado en el SPE y el demandante de empleo, que comprometa a ambas partes. - Creación adicional de Oficinas de Promoción y Desarrollo del Empleo Local. - Establecer criterios de actuación e instrumentos de coordinación para las entidades colaboradoras de los SPE, en función de las políticas que gestionan. - La Inspección de Trabajo deberá desarrollar un papel relevante en la detección de situaciones de fraude en la contratación irregular de trabajadores, así como fomentar el cumplimiento de las normas laborales. Para ello se deberá dotar a esta Inspección de los recursos humanos, tecnológicos y materiales precisos, que deberá planificar sus actuaciones en base a la definición de los grandes problemas del mercado de trabajo, con una evaluación sistemática de resultados, una coordinación creciente con otros organismos y fuentes de información y una participación de los interlocutores sociales en este proceso de inspección, reconociendo el papel de interesado a los representantes de los trabajadores en los procedimientos sancionadores. - En lo referente a siniestralidad laboral, creación de una Fiscalía específica coordinada con la Inspección de Trabajo y los sindicatos y tipificación en el Código Penal del incumplimiento flagrante y sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 10º - La política de protección social. - Desarrollo de una Ley de Atención a personas dependientes como forma de vertebración de empleo social estable. - Incrementando la protección por desempleo, asegurando una prestación económica a aquellos trabajadores y trabajadoras en paro sin rentas alternativas, especialmente a mujeres desempleadas con cargas familiares no compartidas y parados mayores de 45 años - Desarrollando infraestructuras suficientes y asequibles para facilitar el cuidado y atención de las responsabilidades familiares, como por ejemplo excedencias, incremento de permisos individuales, reducción de jornadas, etc..

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