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Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria

Título: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 20/7/05

Texto del artículo:

20050720 AFEMA Revista de prensa




Índice de contenidos




1 “Departamento de Medio Ambiente de CCOO”

8 de julio de 2005

CCOO PIDE QUE SE DEPUREN TODAS LAS RESPONSABILIDADES DEL INCENDIO DE
GUADALAJARA



2 ELPAIS.es

18-07-2005

El fuego se reactiva tras arrasar 12.000 hectáreas



3 EL PAÍS - Andalucía

18-07-2005

El desdoble de la carretera a Matalascañas plantea nuevos riesgos para
Doñana



4 “Cinco Días”

18 de julio de 2005

La carga mal repartida de Kioto



5 “Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid”

18 de julio de 2005

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RECHAZA FRONTALMENTE EL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA
DE LOS PANTANOS Y CALIFICA DE INÚTILES LAS MEDIAS COMPENSATORIAS



6 “El Correo”

18 de julio de 2005

«Mi objetivo es que la 'Y' se ponga en marcha, no una guerra con Fomento»



7 “Europa Press”

18 de julio de 2005

Hoy se hacen públicos en el registro EPER-España los datos de emisiones
correspondientes a los años 2002 y 2003



8 “Levante”

18 de julio de 2005

El Consell pide a Fomento que el AVE llegue hasta Dénia, Benidorm y el sur
de Alicante



9 “Energías Renovables”

15 de julio de 2005

Estudian la viabilidad de un parque eólico marino en la costa de Huelva



10 “Ecologistas en Acción”

17 de julio del 2005

Los vertederos españoles no cumplen la Ley



11 “Ecologistas en Acción de Aragón”

17 de julio del 2005

Posicionamiento ante el embalse de Biscarrués


12 “Fundación Entorno”

18 de julio de 2005

Cristina Narbona preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en
Madrid



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“Departamento de Medio Ambiente de CCOO”



8 de julio de 2005



CCOO PIDE QUE SE DEPUREN TODAS LAS RESPONSABILIDADES DEL INCENDIO DE
GUADALAJARA



La Confederación Sindical de Comisiones Obreras desea, en primer lugar,
trasmitir a los familiares de las victimas del incendio forestal desatado en
la zona del Alto Tajo (Guadalajara) su apoyo y condolencia. Se trata del
incendio que ha costado más vidas humanas de los últimos 15 años.



CCOO solicita que se cree una comisión especial de investigación por parte
de las autoridades concernidas y con participación sindical que analice las
circunstancias que dieron lugar al fallecimiento de los miembros del retén y
la adecuación de las tareas de extinción que se estaban desarrollando en el
lugar del siniestro. CCOO se ha reunido ya con el presidente de la Junta de
Castilla-La Mancha y con la Consejera de Medio Ambiente para hacer un
seguimiento de la situación.



Es fundamental asimismo que se investigue la autoría del incendio y que los
responsables sean procesados ya que provocar un incendio forestal poniendo
en riesgo la vida es un delito tipificado con penas muy elevadas en el
Código Penal: “Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para
la vida o la integridad física de las personas, serán castigados con la pena
de prisión de diez a veinte años” (art 351).



Recientemente, CCOO ha hecho público un informe (disponible en www.istas.es)
sobre medios y recursos para incendios forestales en el que destaca que
sigue existiendo una gran impunidad respecto de los delitos de incendios
forestales. En el 94% de los casos son provocados por la acción humana y, de
ellos, sólo un 1% acaba con alguna detención. El informe, que hace un repaso
exhaustivo por todas las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto que en
Castilla-La Mancha el 31,34% de los incendios se origina por negligencias y
el 23,84% son intencionados, según datos de 2003.



Esta comunidad autónoma ha aumentado este año un 9% el presupuesto destinado
a incendios forestales, aunque ese aumento se ha destinado a medios
materiales (bases para retenes, torretas de vigilancia, construcción de
puntos de agua...) y no a contratación de personal. Castilla-La Mancha tiene
desplegado un dispositivo humano de 2.642 personas, lo que supone una ratio
de 1.314 ha forestales por persona. Los agentes forestales de CCOO
consideran que estos medios de personal son insuficientes.



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ELPAIS.es



18-07-2005



La Guardia Civil imputa a una persona por el incendio de Guadalajara

El fuego se reactiva tras arrasar 12.000 hectáreas



Los forenses continúan con la identificación de los cadáveres

AGENCIAS - Guadalajara



La Guardia Civil ha imputado a una de las personas que participaron en la
barbacoa que desató el fuego en el municipio de Riba de Saelices
(Guadalajara) y que ayer se cobró la vida de 11 personas que formaban un
retén apagafuegos, al apreciar indicios de delito en su actuación. De las
cinco personas que han declarado como testigos hasta el momento en el
cuartel de la Guardia Civil de Maranchón, tan sólo uno ha pasado a ser
imputado, por lo que ha tenido que proseguir su declaración acompañado de un
abogado, han informado fuentes de la investigación. En total prestarán
declaración una decena de personas. Según publica hoy el diario ABC, un
grupo de jóvenes madrileños llegó el sábado al merendero situado en el
paraje de la Cueva de los Casares, una zona que dispone de barbacoas y, pese
a las advertencias del guarda del lugar, que les pidió que no hicieran fuego
porque había mucho viento y era peligroso, hicieron caso omiso. A primeras
horas de la tarde, entre la una y las dos según los distintos testimonios
que cita el diario, los chicos habrían decidido darse un baño en uno de los
arroyos cercanos sin haber apagado del todo las brasas. Más tarde, a las
14.44 horas del sábado, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso del
incendio.



Nuevo foco



El incendio que asola el norte de Guadalajara se ha reactivado esta tarde
tras arrasar 12.000 hectáreas y avanza en dirección al Parque Natural del
Alto Tajo, según ha informado el presidente de Castilla La Mancha, José
Maria Barreda, tras visitar el tanatorio donde se está realizando la
identificación de los cadáveres por un grupo de cinco forenses y un equipo
de la policía científica de Madrid. A la salida del tanatorio nuestra Señora
de La Antigua de Guadalajara y acompañado de la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, Barreda ha indicado que pese al despliegue de medios "sin
precedentes", tanto aéreos como terrestres, esta tarde se ha levantado un
viento muy fuerte que ha reactivado el fuego en el barranco del Ablanquejo,
al norte del municipio de Ablanque, lo que hace muy difícil su extinción.
Barreda ha añadido que se sigue trabajando con un "despliegue de medios
aéreos y terrestres que no se ha visto jamás, pero, que las condiciones
climatológicas, la orografía del terreno y el tipo de árbol que arde (pino
resinero) hace que sea muy difícil su extinción.



El fuego, que ha arrasado unas 12.000 hectáreas, no ha motivado nuevas
evacuaciones y esta mañana muchos de los que ayer fueron desalojados de sus
casas han podido volver a sus hogares. La ministra Carbona, por su parte, ha
contestado a las críticas de los afectados asegurando que se han incorporado
"el máximo de medios posibles" para apagar el incendio.



El fuego sigue activo esta tarde en uno de sus frentes, el que afecta a la
zona de Ablanque, en el este. Barreda ha precisado que los municipios
afectados por el fuego son los de Riba de Saelices, Santa María del Espino y
Villarejo de Medina, y que el incendio se propagó por las copas, lo que hizo
que los medios terrestres no pudieran ser más eficaces.



En el tanatorio, en medio de escenas de dolor, 50 psicólogos -dos equipos de
Protección Civil, 10 psicólogos de Cruz Roja, cinco de Castilla-La Mancha y
otros cinco del Ayuntamiento de Madrid- se están turnando en la atención a
los familiares de las víctimas. Otro miembro del retén resultó herido, con
cuatro costillas rotas y quemaduras en brazos y piernas. Se trata de Jesús
Abad, conductor de uno de los camiones de bomberos, que se salvó gracias a
una fuga de la bomba del camión.



Un "efecto embudo"



José Luis Samper, alcalde de la localidad de Riba de Saelices, donde se
produjeron las muertes, ha explicado que los fallecidos se vieron
sorprendidos mientras descendían por una pista forestal por la subida
repentina del fuego, que buscaba oxígeno al agotarse en el interior de los
dos barrancos que hay a ambos lados del camino. Cuando el retén se
encontraba en una pequeña explanada, se produjo un "efecto embudo" y las
llamas escaparon hacia arriba buscando aire, elevándose a 20 ó 30 metros
desde el interior de los barrancos. Lo abrupto del terreno, el fuego y la
falta de visibilidad complicaron el rescate.

Los fallecidos, de entre 24 y 52 años y naturales de Guadalajara capital y
de las localidades de Cogolludo, Balconete, Cifuentes, Jadraque, Arbancón y
Humanes, formaban parte de un retén con base en Cogolludo, que ha decretado
tres días de luto, y algunos pertenecían a la empresa Tragsa, a la que la
Junta de Castilla-La Mancha tiene encomendadas las labores de prevención y
extinción de incendios en Guadalajara. José Puxeu, presidente de Tragsa, ha
defendido, en declaraciones a RNE, la capacitación profesional de los
integrantes de este retén y ha atribuido la tragedia a un súbito cambio en
la dirección del viento, hecho que complicó ayer las labores de extinción y
que afectó a la operatividad de los medios aéreos.



Los 11 eran "trabajadores experimentados" en la extinción de incendios, dos
de ellos agentes forestales y los nueve restantes contratados por Tragsa
para ese cometido, según ha indicado el presidente del comité de empresa de
Tragsa, Isaac Viñas. Aunque entre los fallecidos hay jóvenes, Viñas ha
afirmado que la mayoría llevaba entre siete y nueve años participando en las
campañas de extinción. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, ha detallado que el coordinador del retén, Pedro
Almansilla, tenía 34 años de experiencia como coordinador de los servicios
de agentes medioambientales de Guadalajara y que otro fallecido, Alberto
Semillán, era un funcionario con 12 años de experiencia en este tipo de
tareas. Según Barreda, de las víctimas sólo un hombre y una mujer eran
novatos.



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EL PAÍS - Andalucía



18-07-2005



Caravanas de verano

El desdoble de la carretera a Matalascañas plantea nuevos riesgos para
Doñana

JOSÉ MARÍA MONTERO - Sevilla



Doñana es, posiblemente, la comarca de Andalucía donde resulta más
problemático cualquier proyecto que suponga la construcción o mejora de una
vía de comunicación. El impacto de los caminos y carreteras que circundan
los terrenos protegidos ha originado agrias polémicas desde que, a finales
de los años setenta, se descartó la carretera costera Huelva-Cádiz. El
debate se concentra ahora en el posible desdoble de la vía que une Almonte
con Matalascañas, una obra que rechazan los colectivos conservacionistas.



Las monumentales caravanas de vehículos que todos los veranos colapsan la
carretera A-483, que enlaza la autovía A-49 (Sevilla-Huelva) con el núcleo
turístico de Matalascañas, vuelven a reabrir el debate en torno al futuro de
esta vía de comunicación. Los que acuden de forma regular a este tramo del
litoral onubense reclaman, desde hace años, el desdoble de esta carretera,
ya que no sólo se satura durante el periodo estival sino que, igualmente,
registra un uso muy intenso algunos fines de semana y durante la romería de
El Rocío. Como argumento adicional, los que piden esta mejora citan los
altos índices de siniestrabilidad que se anotan en algunos tramos, problema
que se aliviaría, sostienen, al convertir la carretera en autovía.



También los empresarios, ligados al sector turístico, consideran de vital
importancia esta obra para conseguir que el núcleo de Matalascañas
experimente un mayor desarrollo y que sus atractivos no se vean debilitados
por las dificultades de acceso.



Desde los sectores conservacionistas, por el contrario, se reclama el
cumplimiento estricto de lo acordado en el Plan de Ordenación Territorial
del Ámbito de Doñana (POTAD), documento en el que se rechaza la posibilidad
del mencionado desdoble. El Ayuntamiento de Almonte, del que dependen tanto
El Rocío como Matalascañas, ha decidido estudiar todas las alternativas
posibles, incluido el polémico desdoble, a través de la Mesa de la
Sostenibilidad, en la que están representados todos los sectores implicados.



Aprovechando esta fórmula de negociación, el Fondo Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (WWF-Adena) ha elaborado un completo informe
sobre la situación de la A-483, en el que se detallan los perjuicios
ambientales que acarrearía su desdoble y se plantean, descartando esta
solución, algunas alternativas que servirían para mejorar el rendimiento de
esta carretera.



Comienza Adena por desmontar el argumento de que el desdoble acabaría con
los atascos y las caravanas. Estos incidentes se producen en momentos muy
determinados del año, y son comunes, sostienen los ecologistas, a la mayoría
de los destinos turísticos, con independencia de que cuenten con autovía o
no. Además, añaden, "el propio diseño de Matalascañas tampoco facilita la
rápida descongestión del tráfico, por lo que sólo la entrada y salida
escalonada de los turistas puede ser una solución relativa a los atascos".



Los ecologistas también cuestionan los planteamientos de aquellos que
defienden la polémica obra al considerarla imprescindible para garantizar el
desarrollo turístico de Matalascañas. Este núcleo litoral es, para Adena,
"un espacio urbano de segunda residencia, al que acuden, sobre todo, los
habitantes de Sevilla, que durante su estancia apenas realizan
desplazamientos en coche fuera de la zona urbanizada". El resto de
visitantes que acude en verano "soportan los mismos inconvenientes que si
acudieran a cualquier otro complejo turístico similar" y, por último, los
que visitan la zona fuera de temporada no encuentran problemas y, además, en
muchos casos "vienen buscando un entorno natural que quedaría seriamente
dañado por el desdoble".



Si algo preocupa a Adena es que su rechazo a esta obra se interprete "como
un desprecio por el valor de las vidas humanas". Con frecuencia se escuchan
voces, ciertamente demagógicas, que consideran demencial someter a los
automovilistas a un elevado riesgo de accidentes para salvar de la extinción
al lince ibérico. "Es posible mejorar la seguridad del tráfico", asegura el
informe de los ecologistas", sin poner más presión sobre el lince y otras
especies de fauna protegida".



Los accidentes que se producen en la A-483 tienen su principal causa en el
exceso de velocidad y en los adelantamientos temerarios, por lo que la raíz
del problema no está en las condiciones de la vía sino en el poco respeto a
las normas de circulación. En este sentido, la propuesta de Adena pasa por
el establecimiento de "medidas que mejoren la educación vial de los
conductores, el aumento del número de radares y controles de velocidad, la
construcción de rotondas en los cruces peligrosos, la intensificación de los
controles de alcoholemia y la disposición de nuevos límites de velocidad y
adelantamiento en zonas conflictivas".



Cuando un visitante entra en esta comarca, explican, debe entender que se
encuentra en un espacio natural único en el mundo, que requiere el "pago de
unos peajes" para su uso, como puede ser la planificación de las
infraestructuras viales "no sólo con criterios de volumen de tráfico, sino
con criterios de sostenibilidad".


Sumidero de fauna



Miguel Delibes, profesor de investigación en la Estación Biológica de
Doñana, explica el problema de manera bien sencilla. "Si el parque nacional
fuera un buen productor de linces", advierte, "no sería tan grave el que
murieran algunos individuos atropellados". Sin embargo, y aunque aún quedan
algunas zonas que mantienen buenas tasas de reproducción, la escasez de
conejos, fuente primordial de alimento para este felino, ha hecho que se
pierda buena parte de la población reproductora que se situaba en otros
sectores protegidos. "Es como una bomba de tiempo", precisa Delibes, "que se
está cargando ahora y cuyos efectos conoceremos dentro de unos años, porque
no es sostenible que disminuya la producción de linces y se mantenga la
mortalidad".



Este es el principal problema de la A-483, lo que la ha convertido en un
auténtico sumidero de fauna protegida. Según Adena, más del 50 % de los
linces que nacen cada año en Doñana terminarán cruzando, en algún momento,
esta vía, y los datos de atropellos así lo certifican. De los 38 linces que
han muerto en esta comarca bajo las ruedas de un vehículo, 19 se han
localizado en el eje de carreteras Mazagón-Matalascañas-El Rocío-Almonte.
Las cifras adquieren su verdadera dimensión si se tiene en cuenta que la
población total de esta especie, la que sobrevive a escala planetaria,
apenas ronda el centenar de individuos, de los que en Doñana se concentran
unos 20 o 25, entre los que apenas se cuentan cinco o seis hembras
reproductoras.



El desdoble de la A-483 multiplicaría el riesgo de atropellos porque, al
margen de intensificarse el tráfico y aumentar la velocidad media de los
vehículos, la obra obligaría a invadir nuevos terrenos que hoy están
protegidos.



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“Cinco Días”



18 de julio de 2005



La carga mal repartida de Kioto

Javier Alvarez Vara



Con el fin de cumplir el Protocolo de Kioto, los miembros de la UE han
acordado un sistema de reparto de cuotas de emisión. A juicio del autor, la
forma en que se han fijado estas cuotas no valora la eficiencia
medioambiental relativa de algunas industrias españolas.



Hace pocos meses entró en vigor un tratado internacional que ha sido objeto
de largos debates: el Protocolo de Kioto. Es un acuerdo multilateral,
suscrito en 1997 por 84 países, que establece un calendario para la
reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI), el más
importante de los cuales es el anhídrido carbónico (CO2). Así, durante el
periodo 2008-2012 los países firmantes del Protocolo deberán reducir sus
emisiones conjuntas en un 5,2% con respecto a las de 1990. La ratificación
por parte de Rusia permitió que el pasado febrero se cumpliera el doble
requisito para la entrada en vigor del Protocolo: haber sido ratificado por
al menos 55 países -en julio de 2004 ya lo habían hecho 124-, cuyas
emisiones supusieran como mínimo el 55% del total.

Sin embargo, dos años antes de que el Protocolo entrara en vigor, la Unión
Europea decidió unilateralmente someterse a la reducción del 8% que le
marcaba el Protocolo. La fórmula elegida fue el reparto entre los Estados
miembros del esfuerzo necesario para lograr la reducción conjunta, el
denominado Burden Sharing Agreement (BSA).

Para posibilitar el cumplimiento del acuerdo, la UE previó en 2003 la
creación de un mercado europeo de derechos de emisión bajo el formato cap
and trade. En este sistema se establece un tope para el total de emisiones
permitidas, que después se distribuye entre las instalaciones emisoras en
forma de permisos comercializables. La idea es que quien emita más de lo que
le corresponde deberá adquirir permisos a quien emita menos. Se aplicaba así
uno de los instrumentos de mercado previstos en el Protocolo.

Sin embargo, la combinación del reparto de compromisos de reducción respecto
a un año base y la aplicación del sistema de permisos de emisión conduce a
resultados muy distintos a los esperados. La referencia de derechos de
emisión respecto a un año base no promueve la eficiencia medioambiental,
puesto que no toma en consideración, por ejemplo, si la tecnología utilizada
es la menos contaminante de las existentes. En consecuencia, su aplicación
generará transferencias de renta entre países y sectores independientemente
de la eficiencia de la tecnología que utilicen.

En el caso de España, el BSA permite para el periodo 2008-2012 un aumento
del 15% con respecto a las emisiones de 1990, porcentaje superior al de la
mayoría de socios europeos. Sin embargo, en contra de lo que pueda parecer,
no es un acuerdo beneficioso para nuestro país.

El fuerte proceso de crecimiento diferencial (consecuencia, entre otros
factores, del bajo nivel de renta relativa inicial) condujo a que las
emisiones de España crecieran un 40% entre 1990 y 2002, uno de los aumentos
más intensos en la UE y que nos obliga al mayor esfuerzo de ajuste a que
tendrá que enfrentarse cualquier país de la Unión. Ello contrasta con la
eficiencia medioambiental relativa de muchos de nuestros sectores. En
efecto, nuestras emisiones per cápita son inferiores a la media de la UE-15.
Industrias españolas como la cementera y la siderúrgica tienen niveles de
emisiones por unidad producida inferiores a los de sus homólogas europeas.
Así ocurre también en el sector eléctrico, cuyas emisiones por
megavatio/hora producido son menores que en la mayoría de países de la
Unión. Se deduce de todo ello que los resultados de la negociación por parte
española de nuestra contribución al BSA fueron negativos y nos dejaron en
claras condiciones de inferioridad.

¿Qué cabe esperar para el futuro? El documento Una nueva estrategia para el
sector eléctrico español. Una visión a largo plazo en el contexto de Kioto,
publicado por el Círculo de Empresarios, ofrece algunas claves. La
convergencia de la renta per cápita española requerirá crecimientos del PIB
mayores que la media europea y, por ende, emisiones y consumos de energía,
especialmente eléctrica, con tasas de crecimiento más elevadas. Así las
cosas, aparecerán distorsiones en la competitividad de instalaciones,
sectores y países, y España se verá perjudicada.

Si no se produce un cambio en la estrategia española, uno de los sectores
más directamente afectados será el de la generación eléctrica, en el que, a
pesar de una situación de partida de mayor eficiencia y menores emisiones
específicas, habrá que realizar una reconversión tecnológica o comprar
derechos en el mercado, con un incremento de costes que repercutirá sobre
todo el tejido productivo.

Sería muy conveniente, por todo ello, que las autoridades españolas
promovieran una revisión del sistema europeo actual, con el objetivo de
lograr un reparto más justo de la carga tanto para 2008-2012 como para
periodos posteriores. Esa revisión podría contemplar la ampliación del
sistema de mercado a más gases (además del CO2) y sectores, así como cambios
que eliminasen las asimetrías y los sesgados incentivos actuales.

Además de la revisión, caben varias líneas de acción complementarias: desde
el impulso a la energía nuclear hasta un mayor desarrollo de las energías
renovables. Ahora bien, sea cual sea la estrategia por la que finalmente se
apueste, ésta debería ser el resultado de una reflexión seria, que huya de
planteamientos demagógicos como los que suelen rodear a estos temas y se
base en un riguroso análisis coste-beneficio. En este sentido, un ejemplo
muy ilustrativo lo encontramos en la energía eólica, que goza de gran
popularidad por sus beneficios medioambientales.

Sin embargo, la opinión pública no es tan consciente de sus limitaciones
como fuente energética o de la falta de transparencia que rodea al apoyo
oficial a esta tecnología -basta con fijarse en la adjudicación de
autorizaciones a los parques y las plusvalías en la reventa de algunas de
estas concesiones-. Una vez se pusieran todos los elementos en la balanza,
la política de apoyo temporal y transparente sería la única sensata. Un
cambio en los incentivos, que el mercado de concesiones nos indica
excesivos, conduciría, además, a la utilización de las tecnologías eólicas
más eficientes de entre las hoy en día disponibles. El actual sistema de
primas incentiva la ocupación rápida del territorio, al margen del
aprovechamiento óptimo de los recursos eólicos existentes.

En cualquier caso, lo que debe ponerse de manifiesto (e incorporarse al
debate público) son las graves dificultades que para España entraña el
acuerdo europeo de reparto de la carga de cumplimiento de Kioto. No podemos
continuar aplazando un debate de gran importancia para nuestro país.



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“Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid”



18 de julio de 2005



ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RECHAZA FRONTALMENTE EL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA
DE LOS PANTANOS Y CALIFICA DE INÚTILES LAS MEDIAS COMPENSATORIAS



Ecologistas en Acción rechaza frontalmente el plan de desdoblamiento de la
carretera de los pantanos por considerarlo un atentado ecológico, por que
las medidas compensatorias que se proponen son inútiles y porque no mejorará
la seguridad de la carretera. En caso de aprobarse la organización
ecologista acudirá a la Comisión Europea para denunciarlo.



Ecologistas en Acción se opone frontalmente al desdoblamiento de la
carretera M-501 por el enorme impacto directo e indirecto que supondría.
Además las medidas compensatorias que propone la Consejera de
Infraestructuras resultarían inútiles para minimizar el impacto. En primer
lugar porque el desdoblamiento supondría la desaparición del lince ibérico
(cuya presencia se ha constatado por la Consejería de Medio Ambiente) y de
otras especies amenazadas en la zona. Así lo confirmaba el informe del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En segundo lugar
porque está comprobado que una vez desdoblada la carretera, no hay medidas
legales que puedan frenar la especulación urbanística.



Ecologistas en Acción considera que el desdoblamiento de la carretera M-501
supondría el mayor atentado ecológico cometido por el Gobierno Regional de
la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ostentaría el triste honor de ser
la responsable de la desaparición del lince ibérico, el felino más amenazado
del mundo, en el territorio regional. Mientras se dedican enormes esfuerzos
por conseguir la permanencia de este felino, recurriendo incluso a planes de
reproducción en cautividad, la Comunidad de Madrid avala proyectos que los
harán desaparecer de su territorio.



Igualmente, el desdoblamiento, no disminuiría la siniestralidad de la
carretera como así se desprende de los datos de la Guardia Civil y de la
Dirección General de Carreteras. Según estos datos el 65% de los accidentes
de la carretera se producen en el tramo que ha sido desdoblado, cuando este
tramo no llega al 30% de la longitud total de la carretera. Es decir, el 65%
de los accidentes se producen en el 30% de la carretera que además coincide
con el tramo desdoblado.



En caso de que finalmente se apruebe el proyecto, Ecologistas en Acción,
denunciará el desdoblamiento ante la Comisión Europea, aportando los
informes elaborados por el CSIC, el máximo órgano científico de España, los
informes de la Consejería de Medio Ambiente que le llevaron a emitir una
declaración de impacto negativa y los datos de siniestralidad de la Guardia
Civil y de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.



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“El Correo”



18 de julio de 2005



NURIA LÓPEZ DE GUEREÑU, CONSEJERA DE TRANSPORTES



«Mi objetivo es que la 'Y' se ponga en marcha, no una guerra con Fomento»



Apuesta por aprovechar la «clara voluntad» de las dos Administraciones para
«desbloquear» el inicio de las obras



IÑAKI CASTRO/BILBAO



La nueva consejera de Transportes del Gobierno vasco, Nuria López de
Guereñu, ya ha dado los primeros pasos para «desbloquear» el inicio de las
obras de la 'Y' ferroviaria. Apenas tres semanas después de su nombramiento,
López de Guereñu ha intercambiado varias cartas con la ministra de Fomento
para fijar una reunión de trabajo y establecer los «cauces» que permitan
avanzar en el desarrollo del trazado de alta velocidad. Convencida de que la
infraestructura es «fundamental» para las dos Administraciones, la consejera
del PNV apuesta por actuar con responsabilidad para alcanzar un acuerdo
interinstitucional, aunque existan «cuestiones competenciales de fondo».




-Llega al departamento en un momento crucial para la construcción de la 'Y',
una infraestructura clave para el desarrollo de Euskadi que está bloqueada
por la falta de entendimiento con el Ministerio de Fomento. ¿Cómo piensa
impulsar el proyecto?

-La 'Y' es uno de los grandes proyectos del departamento, pero también
trabajamos en otras infraestructuras estratégicas como el Puerto de Pasajes
o la Variante Sur Ferroviaria. De todas formas, no me gustaría enfocar la
situación de la 'Y' como un problema. La infraestructura es fundamental para
avanzar en la cohesión interna del País Vasco, pero también es muy
importante para España y Portugal. Por eso, tenemos que trabajar con el
ministerio para llegar a un acuerdo. A veces, los cambios en un Gobierno
pueden favorecer el entendimiento porque vienen bien para evitar inercias
anteriores.




-Una buena sintonía con Fomento parece indispensable para garantizar la
ejecución del trazado de alta velocidad. ¿Ha hablado ya con la ministra?

-La colaboración interinstitucional es un criterio de trabajo para nosotros.
No sólo con el ministerio, sino con el resto de instituciones. Respecto a la
relación con Fomento, ya hemos dado los primeros pasos para establecer una
reunión de trabajo. Ha habido un intercambio de cartas -la propia ministra
me ha felicitado por el nombramiento- y estamos revisando las agendas para
fijar una primera reunión.




-¿Cree que será inminente?

-Depende de las agendas. Yo no me preocuparía tanto por eso, sino por la
clara voluntad que existe para acordar un primer contacto y abordar los
temas que tenemos en común.




Convenio de colaboración

-El principal escollo que hasta ahora ha separado a las dos Administraciones
es la manera de llevar a cabo las obras. Fomento considera que el Gobierno
vasco no puede comenzar los trabajos en solitario porque carece de
competencias. ¿Ha pensado en paralizar las adjudicaciones de las obras?

-Hace tiempo se le envió un convenio a la ministra que puede ser la base
para llegar a un acuerdo y desbloquear toda la situación. En ese borrador,
se recogía una ejecución conjunta de las obras. La propia ministra realizó
unas declaraciones en las que se mostraba partidaria de avanzar en ese
modelo de convenio para gestionar el proyecto.




-El ministerio ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional si las
adjudicaciones siguen adelante.

-Yo no quiero entrar en una guerra de competencias con Fomento, porque mi
objetivo es que la 'Y' esté en marcha en las fechas previstas. No por un
criterio nuestro, sino por una decisión de la Unión Europea, que definió la
infraestructura como de interés general. No voy a entrar en conflictos
competenciales y, como he dicho, se trata de abordar la situación. En otras
ocasiones, también podía haber cuestiones competenciales de fondo y hemos
sido capaces de llegar a acuerdos. Creo que ahora tenemos que actuar con los
mismos parámetros.




-La controversia, en cualquier caso, requiere una solución urgente. ¿Se ha
marcado algún plazo para llegar a un acuerdo con Fomento?

-El plazo lo tenemos todos en mente y es el 2010, fecha en la que la 'Y'
debe estar operativa. A partir de ahí, con la situación en la que estamos,
no voy plantearme el acuerdo como una cuestión de urgencia. De todas formas,
no voy a decir que haya que correr, pero tenemos que actuar con rapidez para
poder llegar a la fecha prevista. Lo primero es tener los encuentros con
Fomento y tratar de establecer los cauces que nos permitan avanzar.




Proyecto de «garantías»

-Ezker Batua, su socio en el Gobierno vasco, mantiene su recelo ante el
trazado de la línea de alta velocidad. ¿Estudia algún posible cambio para
asegurarse un mayor apoyo de EB?

-El proyecto del Gobierno vasco es uno, como ya recoge el propio acuerdo
tripartido. En ese documento, los tres partidos reconocen que la
infraestructura es estratégica, apoyan que esté operativa en 2010 y aclaran
que se podrían hacer adecuaciones si son necesarias. Ninguno de los tres
partidos pone en duda la infraestructura. La 'Y' es el único proyecto con
trazado real que cuenta, incluso, con el estudio de impacto ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto garantiza poder entrar en los
plazos previstos. A partir de ahí, se puede ser flexible en muchos ámbitos,
pero tenemos claro el criterio de la operatividad en 2010 y tenemos que
llegar.




-El pasado lunes el Gobierno central presentó su Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), que incluye la construcción de la
línea de alta velocidad en Euskadi. ¿Qué le parece el documento?

-Tiene importantes inconcreciones. Como su propio nombre indica, debería ser
un plan que estableciera todas las prioridades en materia de
infraestructuras, pero no se fija un calendario. En cuanto al horizonte de
2020 para el cumplimiento del plan, necesitamos que se mojen para saber
cuáles son las infraestructuras prioritarias.




-El PEIT deja la puerta abierta a la gestión compartida de los aeropuertos.
¿Explorarán vías para integrarse en su dirección?

-Desde luego, sería muy interesante. Por desgracia, hasta ahora no hemos
sentido que esa directriz escrita en el PEIT haya sido un criterio de
funcionamiento del Estado. Ahí tenemos ejemplos, como el aeropuerto de
Hondarribia.




-Su antecesor en el cargo, Álvaro Amann, puso todo su empeño en el
desarrollo del tranvía. ¿Mantendrá a Euskotran entre las prioridades de su
departamento?

-Creo que se apostó por el tranvía porque era un proyecto que permitía
compaginar la movilidad de un gran número de viajeros con la sostenibilidad,
que es uno de los factores fundamentales para el departamento. Por lo tanto,
seguiremos apoyando el sistema tranviario.




-En Vitoria, la implantación del tranvía acumula grandes retrasos. ¿Cuándo
cree que podrían empezar las obras?

-Nosotros estamos haciendo nuestros deberes, pero falta la financiación, en
la que participan también el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación
alavesa. El borrador de convenio que se está utilizando en otras ciudades se
envió hace varios meses y esperamos que el Consistorio y la Diputación
lleguen pronto a un acuerdo. Será entonces cuando podamos sacar a licitación
las obras.




-Aunque en Bilbao Euskotran ha logrado consolidarse, los vecinos de algunos
barrios rechazan su expansión y reclaman la llegada del metro. ¿Ha pensado
en replantearse el proyecto?

-Es posible que haya grupos que quieran el metro, pero se trata de una
infraestructura cara, complicada y que requiere un trámite largo. Después de
muchos estudios de movilidad, en los que se tienen en cuenta multitud de
criterios como el número de usuarios o las posibilidades técnicas del
proyecto, llegamos a la conclusión de que en la zona de Rekalde el tranvía
era la mejor solución. Eso no quiere decir que se esté renunciando a adoptar
otras medidas más adelante, pero ahora tenemos que dar soluciones a corto y
medio plazo. Además, hay un acuerdo en el Ayuntamiento de Bilbao.



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“Europa Press”



18 de julio de 2005



Hoy se hacen públicos en el registro EPER-España los datos de emisiones
correspondientes a los años 2002 y 2003



Madrid.- Hoy día 18 de Julio se hacen públicos en EPER-España los datos de
emisiones correspondientes a los años 2002 y 2003 según informa el
Ministerio de Medio Ambiente.

Los datos públicos pueden consultarse directamente en Internet en la página
www.eper-es.com.es

El Inventario EPER-España, puesto en marcha en el otoño de 2002, es el
registro a partir del cual, se recoge la información que luego es enviada a
Bruselas para su incorporación al Inventario Europeo de Emisiones
(EPER-Europa), de acuerdo a lo establecido en la Directiva 96/61/CE relativa
a la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) y a la
Decisión 2000/479/CE relativa a la creación de dicho inventario.

A diferencia de ésta, de acuerdo con la Ley española los complejos
industriales deben de informar al menos una vez al año de sus emisiones y
éstos serán publicados por el Ministerio también de forma anual, una vez los
datos son revisados y validados por las autoridades competentes.

Así, desde la puesta en marcha del Registro EPER, y con los datos que hoy se
hacen públicos se han cubierto ya tres periodos anuales: 2001, 2002 y 2003.

Con esta ocasión, se ha desarrollo un nuevo sistema de acceso a la
información pública: Mediante consultas directas en internet se pueden tener
acceso a los datos que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la
normativa europea, SON DE CARÁCTER PÚBLICO. Pueden hacerse consultas de tipo
agregado y en detalle así como acceder directamente a las emisiones por
encima de umbrales de cada complejo industrial. También se ofrecen
comparativa entre Comunidades Autónomas, etc...

Hay que recordar, que al mismo tiempo está abierto el periodo para el
registro y notificación de las emisiones correspondientes al año 2004,
periodo que termina el próximo 30 de septiembre para los complejos ubicados
en las Comunidades Autónomas que utilizan como herramienta de notificación
EPER-España. Los datos de emisiones correspondientes a este periodo
constituirá la información del segundo informe EPER-Europa, el cual se
publicará en Junio de 2006

El Ministerio de Medio Ambiente a través de EPER-España dispone de un
servicio de información específica donde se puede ampliar cualquier
información en: info@eper-es.com o eper@eper-es.com



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“Levante”



18 de julio de 2005



El Consell pide a Fomento que el AVE llegue hasta Dénia, Benidorm y el sur
de Alicante



García Antón apuesta por el ancho de vía europeo para alcanzar los 300
kilómetros por hora



Efe, Valencia



La Conselleria de Infraestructuras y Transportes ha propuesto al Ministerio
de Fomento el desarrollo de tres actuaciones regionales de Alta Velocidad,
que permitirían la conexión entre la ciudad de Alicante tanto con Benidorm
como con el litoral sur de esta provincia, y entre Valencia y Dénia.

Esta propuesta fue anunciada ayer en Alicante por el conseller de
Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, José Ramón García Antón,
tras asistir a una reunión con el presidente, Francisco Camps, en materia
logística, de distribución comercial y de comunicaciones. Una reunión que
contó con la presencia de los presidentes de las autoridades portuarias
valencianas.

Convenio con Fomento

García Antón explicó que esta iniciativa, «que podría plasmarse en un
convenio con el Ministerio de Fomento», recoge la creación de tres
infraestructuras ferroviarias «de ancho europeo, que permitirían velocidades
cercanas a los 300 kilómetros hora».«Proponemos una prolongación como
lanzadera desde Alicante hasta Benidorm» y otra desde la capital alicantina
hasta los municipios litorales del sur de la provincia, manifestó el
conseller. La tercera actuación regional de alta velocidad facilitaría la
conexión entre Valencia y Dénia. Aunque García Antón recordó que la línea
ferroviaria convencional que conecta la capital de Valencia con el norte de
la provincia de Alicante «sólo llega actualmente hasta Gandia», el conseller
de Infraestructuras y Transportes añadió que la propuesta es prolongar esta
línea hasta Dénia «para adaptarla posterior y progresivamente al ancho
europeo».

«La idea es que en un futuro se una todo -en relación a estas tres vías de
ancho europeo-, pero vamos poco a poco», agregó García Antón.



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“Energías Renovables”



15 de julio de 2005



Estudian la viabilidad de un parque eólico marino en la costa de Huelva

El Ayuntamiento de Ayamonte ha autorizado a una empresa, cuyo nombre no se
ha hecho público aunque podría ser Capital Energy, a que lleve a cabo una
serie de mediciones para comprobar la viabilidad de instalar un parque
eólico marino en la costa de este municipio de Huelva.



Aunque el Ayuntamiento no ha concretado más datos sobre el proyecto, tras él
podría estar la empresa Capital Energy, interesada en instalar en la zona
270 MW de potencia eólica. En cuanto al consistorio, se ha limitado a
indicar que las medciones se harán a unas 9 millas marinas mar adentro.

Capital Energy promueve otros dos parques marinos en España. Uno de ellos en
la costa de Cádiz, frente a Chiclana, cuya tramitación ante Medio Ambiente
ha iniciado ya, y el segundo frente a Vinarós, en Castellón.

El proyecto de Chiclana consta de tres parques eólicos situados a cuatro
kilómetros de la costa, e integrados cada uno de ellos por 13
aerogeneradores. En total, el parque generaría 140 MW, energía equivalente a
las necesidades de 170.000 personas durante todo un año.

De momento, el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido este proyecto a un
total de 20 administraciones, que serán las que deberán pronunciarse al
respecto. Entre estas administraciones se encuentra el Ayuntamiento de
Chiclana, que al igual que hicieron en su día los ayuntamientos de Conil,
Barbate y Vejer ante el proyecto offshore frente a Trafalgar, ya ha mostrado
públicamente su rechazo.

PP, PA e IU también se oponen al parque offshore, por las mismas razones: el
supuesto impacto que causarían los aerogeneradores en el medio marino y en
la pesca y porque, indican, afectaría negativamente al desarrollo turístico.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha declarado
que su departamento hace extensivo a toda la Comunidad Autónoma el
posicionamiento de Chaves (de rechazo) al proyecto de instalación de un
parque eólico frente a Cabo Trafalgar. Ahora bien, no descartó que "en los
próximos años se consiga el consenso social necesario y el Ministerio de
Medio Ambiente pueda autorizar" estas instalaciones.



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“Ecologistas en Acción”



17 de julio del 2005



Los vertederos españoles no cumplen la Ley


El 16 de julio de 2005 entraron en vigor los criterios de admisión de
residuos en vertederos de la Directiva 1999/31/CEE. Según estos criterios,
los residuos no podrán ser admitidos sin haber sido sometidos previamente a
tratamiento o si están contaminados en una medida que aumente el riesgo
asociado al residuo en modo tal que justifique su eliminación en otras
instalaciones.



En la práctica esto supone que a los vertederos no podrán llegar residuos
peligrosos de ningún tipo, ni materia orgánica ni ningún material sujeto a
recogida selectiva. Evidentemente, a partir del 16 de julio la gran mayoría
de vertederos españoles serán ilegales.



Algunas Comunidades Autónomas (CC AA) han hecho prueba de imaginación para
soslayar sus obligaciones legales, como instaurar una “línea de
estabilización” consistente en echar cal viva sobre los residuos
biodegradables, pero la mayoría parece decidida a aplicar la política de
hechos consumados. No se han organizado controles de admisión, los residuos
siguen llegando a los vertederos mezclados y son vertidos sin ningún tipo de
aprovechamiento ni de separación previa. Además, la gestión de los residuos
en España sigue sin aplicar la prevención y la reutilización como primer
paso hacia la sostenibilidad.



Ecologistas en Acción siempre ha abogado por la recogida selectiva en origen
de la materia orgánica para poder obtener un compost de calidad en pequeñas
o medianas instalaciones, y por medidas de prevención y reutilización para
reducir la cantidad de basura generada.



Por el contrario, la administración suele apostar por carísimas y
gigantescas infraestructuras, mal diseñadas y mal gestionadas, algunas tan
sofisticadas que ni siquiera funcionan, y que no evitan que los vertederos
sigan llenándose de valiosos recursos. Primando la rentabilidad de unos
sistemas de gestión de materiales en vez de una gestión social y
ambientalmente sostenible, las CC AA hacen un flaco favor a nuestro
maltrecho entorno.



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“Ecologistas en Acción de Aragón”



17 de julio del 2005



Posicionamiento ante el embalse de Biscarrués

Ante la desconvocatoria de una manifestación solicitando el embalse de
Biscarrués por parte de diferentes organizaciones, Ecologistas en Acción
quiere hacer pública las siguientes apreciaciones:

Es inaceptable y totalmente innegociable que un proyecto hidráulico recoja
la inundación de un pueblo en pleno siglo XXI. Ecologistas en Acción se
muestra solidario con los habitantes de Erés y se compromete a denunciar
este atentado contra dicha población en todos los foros que tenga
oportunidad. Igualmente muestra su disposición a abandonar los debates de la
comisión del agua si la ponencia de obras conflictivas apoya dicha idea en
su propuesta de resolución.

El río Gállego viene sufriendo una serie de degradaciones importantes en
todo su curso que vienen siendo denunciadas por Ecologistas en Acción desde
hace más de dos décadas: importante contaminación por empresas químicas y
retorno de regadíos, por citar sólo algunas causas; detracciones para fines
hidroeléctricos que deja en ocasiones secos grandes tramos del mismo y una
ya más que abusiva detracción para fines agrícolas, soportando ya más de
media docena de embalses; abusivas extracciones de áridos en su cauce y
principales afluentes que está provocando una preocupante erosión
remontante...

Es inaceptable que en nombre de un mal llamado progreso se siga incidiendo
en su degradación con la destrucción de un tramo importante. Precisamente el
que mantiene sus valores naturales menos alterados, suponiendo un impacto a
los pies de uno de los paisajes más singulares de Aragón, Los Mallos de
Riglos.

El embalse de Biscarrués no deja de ser un medio y no el fin para cumplir
unos objetivos. De esto se han olvidado los colectivos que organizaban la
manifestación cuando hay alternativas fáciles de realizar para conseguir un
mayor caudal de agua (modulación de centrales hidroeléctricas, regulación
interna, bombeo del agua del embalse del Grado, aprovechamiento racional de
acuíferos), todo ello con el correspondiente respeto a los valores naturales
y paisajísticos del río Gállego, que debe verse beneficiado de cualquier
detracción de caudales que se haga en el mismo. Sin olvidar, como
prioritario, la necesidad de mayores cotas de modernización y sistemas
eficientes de uso del agua en todo el sistema que se pretende ver
beneficiado.

La convocatoria de una manifestación en este momento, no deja de ser un
herramienta que viene a crispar y dificultar cualquier debate que se
produzca en la comisión del agua sobre este proyecto, lo que no ayudará en
la consecución de acuerdos consensuados.

Denunciamos la manipulación que se viene realizando del trabajo de la
comisión del agua por parte del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón que viene adelantando a los medios de comunicación cual será el
resultado del debate sobre el embalse de Biscarrués, el apoyo a dicho
proyecto. Sin olvidar al presidente de la ponencia de obras conflictivas,
que anuncia que la ponencia no puede trabajar mientras exista la crispación
de una convocatoria de manifestación, que es promovida por su organización,
UAGA, junto a otros colectivos, principalmente Riegos del Altoaragón.

Ecologistas en Acción retoma una campaña de denuncia del impacto que
supone la construcción del embalse de Biscarrués, la anegación de un tramo
fluvial de enorme valor natural y la inundación del pueblo de Erés, apoyando
además cuantas acciones sean realizadas por asociaciones, como la
coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, para cumplir dicho fin. Si
finalmente se opta por este proyecto, Ecologistas en Acción anuncia la
apertura de los correspondientes recursos judiciales.



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“Fundación Entorno”



18 de julio de 2005



Cristina Narbona preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en
Madrid



La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presidido la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, celebrada en Madrid del 15 al 16 de julio, en
la que participaron los consejeros de las comunidades autónomas.

Durante esta Conferencia Sectorial, la Unión Mundial para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) presentó su programa “Cuenta atrás 2010”, para frenar
la pérdida de biodiversidad. Además, se abordaron otros asuntos tan
trascendentes como los convenios de colaboración sobre política de costas,
la situación de la sequía y las Estrategias para la Conservación del Visón
Europeo y la Pardela Balear.

Visto bueno al Anteproyecto de Ley que garantiza el acceso a la información
y a la justicia ambiental.

La Conferencia Sectorial dió el visto bueno al borrador de la Ley reguladora
de los derechos de acceso a la información, participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El borrador de esta nueva normativa fue elaborado por el Ministerio y
presentado a los responsables de medio ambiente de las comunidades autónomas
en anteriores Conferencias Sectoriales. Desde entonces ha sido sometida a un
periodo de consultas en el que han participado, además de los gobiernos
autónomos, otros sectores implicados, como las organizaciones ecologistas,
los agentes sociales presentes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y
otras organizaciones sociales. El texto actual ha sido enriquecido con las
aportaciones y sugerencias de los que han participado en este proceso.

La ministra de Medio Ambiente elevará el Anteproyecto de Ley al Consejo de
Ministros para su aprobación y, con posterioridad, se presentará ante las
Cortes para que comience el trámite parlamentario.

Con este nuevo texto se incorpora a la legislación española el Convenio de
Aarhus, que obliga a los estados firmantes -España es uno de ellos- a
garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al
medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de
acceso a la información ambiental, y a la justicia en materia de medio
ambiente. El anteproyecto de Ley se basa en los criterios establecidos por
normas básicas como la Constitución Española, la Declaración de Río y las
directivas comunitarias sobre información y participación pública.

En materia de acceso a la información, el borrador reconoce el derecho del
ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las
autoridades públicas e impone a las administraciones la obligación de
difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

Entre los elementos más importantes se puede destacar la obligación de las
autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad
posible y, en todo caso, en unos plazos máximos de un mes, con carácter
general, y de dos meses en el caso de que el asunto sea de gran complejidad.
También es reseñable la apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación
de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el
medio ambiente.

Según el texto, la garantía de participación de los ciudadanos se dará
contemplando los plazos suficientes para el estudio de propuestas y
estableciendo la obligación de las administraciones de tomar en
consideración las observaciones presentadas. Además, se hace un
reconocimiento expreso de la legitimación de las ONG para participar como
titulares de los intereses colectivos.

En lo que se refiere al acceso a la justicia, el texto reconoce el derecho
del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los
derechos de información y participación, así como la regulación de la acción
popular a favor de las ONG y de personas sin ánimo de lucro, entre cuyos
fines esté la defensa del medio ambiente, que podrán impugnar cualquier
vulneración de ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad
pública.

Aprobados los Proyectos de Real Decreto sobre COV y PCT-PCB

Asimismo, fueron aprobados los proyectos de Real Decreto sobre compuestos
orgánicos volátiles, aceites usados y PCT-PCB.

En el artículo 13 del Real Decreto 1378/1999 Real Decreto 1378/1999, por el
que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos y los policloroterfenilos y aparatos que los contengan,
antes del 1 de enero de 2011, se encomienda a la Administración General del
Estado la elaboración del Plan Nacional de descontaminación y eliminación de
PCB/PCT, que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros 6 de abril de
2001.

Sin embargo, de las aproximadamente 200.000 toneladas del inventario de
2001, en 2005 apenas se habían descontaminado o eliminado 10.000 toneladas.
Esta experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar este Real
Decreto que garantice un mayor control de la descontaminación o eliminación
de los aparatos con PCB y el cumplimiento del plazo ecológico previsto
mediante actuaciones progresivas de descontaminación y eliminación, que
impidan el colapso de las escasas infraestructuras de tratamiento de PCB
disponibles en nuestro país.

Entre las modificaciones que se introducen deben destacarse, en primer
lugar, la obligación de los poseedores de declarar la posesión de aparatos
sometidos a inventario distinguiendo, como grupos separados, los datos que
correspondan a aparatos con fluidos de PCB, aparatos que no habiéndose
fabricado con éstos hayan sido posteriormente contaminados con PCB, y
aparatos que puedan contenerlos. Se contemplan asimismo nuevas obligaciones
de los poseedores en relación a las comunicaciones a las comunidades
autónomas tanto de previsiones de actuación como, en su caso, de las
cantidades ya descontaminadas o eliminadas, acompañando las justificaciones
oportunas.

Especial mención merecen las obligaciones impuestas a los responsables de
centrales eléctricas y transformadoras, exigiéndoles el análisis de los
dieléctricos, aceites y otros fluidos de todos los aparatos que puedan
contener PCB y la posterior comunicación de los resultados a las autoridades
competentes de las comunidades autónomas.

El borrador del Real Decreto sobre el contenido total de COV en las pinturas
barnices y productos de renovación del acabado de vehículos, con el fin de
prevenir y reducir la contaminación atmosférica, ha puesto sobre la mesa de
discusión y ha sido aprobado por la Conferencia Sectorial, incorpora a la
legislación española la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y tiene por objeto limitar el contenido total de COV en las pinturas
barnices y productos de renovación del acabado de vehículos, con el fin de
prevenir y reducir la contaminación atmosférica debida a la contribución de
los COV a la formación de ozono troposférico.

Se hace, por tanto, necesario incorporar al derecho interno la Directiva
2004/42/CE y, consecuentemente, modificar los aspectos concretos del Real
Decreto 117/2003, así como establecer requisitos y condiciones a aquellos
productos industriales que puedan causar daños al medio ambiente.

Con ello se completa el ámbito de control ya iniciado con la Directiva
1999/13/CE, transpuesta en su día por el Real Decreto 117/2003, referido a
la limitación de emisiones de COV en determinadas actividades, y con la
Directiva 2001/81/CE que establece los techos nacionales de emisión de
ciertos contaminantes entre los que están los COV.

De acuerdo con la normativa comunitaria, antes del 30 de octubre, este Real
Decreto debe establecer una serie de requisitos exigibles a ciertos
productos como pinturas y barnices, para su comercialización, además de
contemplar las exigencias relativas a su etiquetado.





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