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Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria

Título: Se pide garantizar el carácter público de las playas y no sucumbir a las presiones de los empresarios de chiringuitos- Enlace 1

Texto del artículo:

Se pide garantizar el carácter público de las playas y no sucumbir a las presiones de los empresarios de chiringuitos

(ecologistasenaccion.org)

24/09/2018 | Cádiz, Costas (tema),

Los chiringuitos deben mantenerse en la concesión municipal, con la superficie autorizada en ésta y ser desmontados en invierno.

El errado inicio, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, de un procedimiento para transmitir a los empresarios de chiringuitos las concesiones de estos establecimientos, ha desembocado en una maraña administrativa con las tres administraciones competentes en la materia, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio, sosteniendo opiniones dispares sobre lo ocurrido, que se traducen incluso en actos administrativos contrarios. No parece claro si la titularidad de las concesiones sigue recayendo en el Ayuntamiento, como sostiene éste, o si ha pasado a manos de los empresarios, como sostiene la Junta y los propios empresarios.

Lo que sí parece claro es que quienes han marcado la pauta de la gestión de las playas ?y no sólo las de la ciudad de Cádiz? en los últimos años han sido los empresarios de chiringuitos y no las administraciones competentes en aquella. Su mayor éxito ha sido conseguir romper la relación entre administraciones con competencia en el litoral, que la propia ley obliga a ajustar a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto (art.116 LC), para llevarse el gato al agua. Todas ellas proclaman defender la legalidad y el interés general, cuando en realidad lo que han conseguido es allanar el terreno ?o más bien arrasarlo? para que los empresarios, cuyo único interés es el lucro, consigan lo que al principio y con la ley en la mano parecía imposible: el todo. Es decir, la titularidad, la permanencia y la ampliación de superficie. Intereses que en la ciudad de Cádiz chocan cada vez más con el interés general y con los objetivos de conservación de las playas. La pelea administrativa ha hecho perder de vista a la Administración el objetivo que debería guiar todas sus acciones en este asunto: proteger la costa y garantizar su carácter de bien público.

Si algo está absolutamente claro en este asunto es que aumentar la rentabilidad de los chiringuitos no está entre las funciones u objetivos de ninguna de las administraciones con competencia en la costa. Y, sin embargo, esa cuestión parece haberse convertido en la única a debate en este asunto. Con ello, los intereses generales y los derechos de la ciudadanía en su conjunto han quedado desprotegidos.

El origen del conflicto, la reforma del PP de la Ley de Costas.

Es necesario recordar que todo este caos administrativo y jurídico es consecuencia de la modificación de la Ley de Costas (contrarreforma) perpetrada por el PP en 2013, para beneficiar intereses muy particulares, de forma torpe y aturullada y que está llevando, como en el caso de los chiringuitos de Cádiz, a la inseguridad jurídica. En concreto, dos de las modificaciones realizadas en la Ley son las que están en el centro del conflicto de los chiringuitos en Cádiz.

La titularidad debe seguir siendo municipal.

El Ayuntamiento debe conservar la titularidad de la concesión de los chiringuitos, pues es la mejor manera de integrar la gestión de estos en el conjunto de servicios de las playas, cuya competencia es municipal (art.115 LC), además de permitirle compensar, al menos parcialmente, a través del canon de explotación municipal, los costes de aquella gestión. Pero, aún si se produjera la trasmisión de los títulos a los empresarios de playas, esto no puede suponer en ningún caso la ampliación de las condiciones de la concesión, ni en superficie de ocupación ni en plazo ni en la posibilidad de permanencia durante el invierno, como pretenden los empresarios de chiringuitos, pues supone una modificación sustancial de la concesión. Para llevar a cabo esas modificaciones, es imprescindible que los empresarios renuncien a los actuales títulos, así como el Ayuntamiento, y se proceda a la tramitación de nuevas concesiones y a nuevos concursos públicos, convocados por la Junta de Andalucía. Hacer esas modificaciones por la puerta de atrás, como pretenden los empresarios de playa, es inadmisible, pues no respeta los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva que deben regir en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de actividades de servicios (art.74 LC).

La superficie debe mantenerse en 150 m².

Que el Reglamento de Costas vigente establezca una ocupación máxima total de 300 m² para los chiringuitos no significa que los concesionarios de este servicio tengan derecho alguno a alcanzar dicha ocupación máxima, como parece que quieren hacernos creer los empresarios de chiringuitos. La Ley de Costas deja claro que la Administración no está obligada a otorgar títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre, pudiendo denegar las solicitudes por razones de interés público debidamente motivadas (art.35.2 LC).

Por otro lado, las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz establecen una superficie máxima de 150 m² para las construcciones en las playas, por lo que sería necesaria una modificación de dichas normas para admitir chiringuitos de mayor superficie.

Los chiringuitos deben ser desmontados en invierno.

La playa necesita también descansar. Necesita que se respete su dinámica estacional, perder arena en invierno para recuperarla en verano. La propia presencia física de los chiringuitos sobre la arena en invierno está obstaculizando este proceso. La permanencia de los chiringuitos está ejerciendo una presión sobre las administraciones competentes en la gestión de las playas para que se mantengan en un estado “de verano” todo el año. Los empresarios quieren chiringuitos todo el año, pero además en playas engrosadas de arena, sin un escalón en la berma. Y eso implica obras millonarias, gasto público y elevados impactos ambientales. Parece absurdo que, tras la experiencia de los temporales al inicio de la pasada primavera, que arrasaron la playa e inundaron las instalaciones que se encontraban montadas, constatando lo que los expertos llevaban años diciendo, los empresarios continúen empecinados en que los chiringuitos permanezcan montados durante el invierno. Los grandes temporales volverán un año u otro y, como ya ocurrió esta primavera, tras los daños en sus instalaciones y el adelgazamiento de la berma de la playa, los empresarios de chiringuitos reclamarán incansablemente actuaciones en la costa a las administraciones. Un ejemplo evidente de privatización de beneficios y socialización de costes.

La ubicación de chiringuitos en las playas urbanas de Cádiz es cuestionable.

La Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (art. 32.1 LC), entre las que se consideran las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio (art.61.2 RC). En concreto, se establece que las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella (art.33.4 LC), y, sólo cuando no sea posible ubicarlas sobre paseo marítimo o terrenos colindantes, se podrán situar adosadas al límite de la playa (art.65.3 RC). Pero resulta que el paseo marítimo de Cádiz está repleto de establecimientos de hostelería, por lo que no parece muy justificable que la lámina de arena se explote para establecimientos hosteleros, pues el servicio a los usuarios de la playa está más que cubierto. Es más, la futura peatonalización del paseo marítimo —o reducción de viario en el caso de Amilcar Barca y Fernández Ladreda— va a dar una mayor conectividad entre los establecimientos situados en el paseo y la playa.

Otro modelo de concesión y gestión.

Los chiringuitos no son restaurantes. Son, tal y como los define la legislación de costas, establecimientos expendedores de comidas y bebidas, y su objeto es prestar un servicio a los usuarios de la playa. Sin embargo, su ubicación en un espacio privilegiado ?una primera línea de playa difícil y costosa de conseguir de otra forma?, su elevada demanda y su elevadísima rentabilidad están haciendo de estos establecimientos restaurantes de postín. De cada vez mayor coste por cubierto y cada vez más alejados de la prestación de un servicio a los usuarios de la playa. Comer por 50 € y no poder comprar un bocadillo, puede resumir el servicio que prestan. Los chiringuitos de Cádiz se han convertido en un fin en sí mismos y han dejado de ser un servicio supeditado al uso de la playa. De ahí el interés de los empresarios por permanecer abiertos todo el año, mucho más allá de la temporada de playa.

Las actuales concesiones, con las condiciones establecidas en sus títulos concesionales, deben mantenerse hasta su finalización. Y, tras ella, será necesario hacer una reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mantener chiringuitos en las playas urbanas de Cádiz y sobre el modelo de establecimiento a instalar. En todo caso, cualquier otorgamiento de nuevas concesiones de chiringuitos a terceros explotadores deberá, además de centrar su objetivo en la prestación del servicio al público de la playa, realizarse con criterios de Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR), es decir, incorporando de forma transversal criterios sociales, éticos y medioambientales. No es lógico que el único objetivo de la explotación económica de un bien público sea el beneficio privado, como ocurre en la actualidad con los chiringuitos, sin la menor contraprestación social ni ambiental, para la conservación del litoral sobre la que se sustenta. La concesión de chiringuitos, como la de cualquier bien público o contrato público, debe regirse por criterios muy diferentes a los actuales, favoreciendo a empresas de economía social y a los sectores desfavorecidos. Y debe además tener claro que el objetivo de los chiringuitos es prestar un servicio a los usuarios de la playa y no montar restaurantes de lujo en la arena con vistas al mar.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 27/09/2018 - Modificar

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