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Sección: Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria

Título: AFEMA Revista de prensa sobre ecología 7/2/05

Texto del artículo:

Índice de contenidos




1 “Ecologistas en Acción de Almería”

6 de febrero de 2005

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DEBE ACTUAR




2 “Larioja.com”

6 de febrero de 2005

El CER lleva a la CHE y a Medio Ambiente a la Fiscalía por los dragados en
los ríos riojanos



3 EL PAÍS – Cataluña

7-02-2005

Los geólogos denuncian que se ubicó el túnel en el Carmel sin estudios del
subsuelo



4 EL PAÍS – Cataluña

7-02-2005

Las inmobiliarias prevén caída de precios mientras los especuladores llegan
al barrio



5 “El Periódico”

6 de febrero de 2005

Juicio contra el exalcalde de Martorelles por delito ecológico



6 EL PAÍS – País Vasco

7-02-2005

El Gobierno abrió 29 expedientes sancionadores por vertidos a ríos



7 “Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid”

3 de febrero de 2005

Gallardón y Álvarez del Manzano denunciados por la contaminación del aire



8 “Ecologistas en Acción de Cantabria”

6 de febrero de 2005

Otra estación de autobuses fallida



9 EL PAÍS – Andalucía

7-02-2005

La Sociedad Española de Ornitología teme por la supervivencia de un centenar
de aves



10 “Eco rural”

Febrero de 2005

Cerramientos cinegéticos



11 “Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares”

7 de febrero de 2005

CONTAMINACIÓN con LODOS de DEPURACIÓN



12 EL PAÍS – Andalucía

7-02-2005

Las actividades medioambientales generan cerca de 55.000 empleos



13 “Ecologistas en Acción de Ciudad Real”

Puertollano: Presentación libro de senderismo por vías pecuarias

11 de febrero del 2005



14 “Ecologistas en Acción de Cantabria”

Mataporquera: Manifestación contra la incineración de residuos tóxicos

12 de febrero de 2005



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“Ecologistas en Acción de Almería”



6 de febrero de 2005



LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DEBE ACTUAR



El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería va a pedir que le envíen las
causas que se siguen en otros juzgados contra los causantes de la
desaparición de los montes y las ramblas situadas en el LIC de Sierra
Alhamilla, al Norte del aeropuerto. Entre los presuntos infractores se
encuentra el Senador D. Juan Miguel Peña Linares.



Una de las causas que van a ser enviadas es la que se sigue en el Juzgado de
Instrucción número 3 contra D. Eduardo López Vargas, ex secretario
provincial de la COAG, por no obedecer las órdenes de paralizar los
desmontes que hace cuatro años le dieron los agentes de la autoridad.



Otra de las causas solicitadas se tramitó en el Juzgado de Instrucción
número 4, que hace unos dos años fue archivada provisionalmente en base a
que se iba a restaurar el medio dañado y a que la afección de las ramblas
sólo afectaba a las cabeceras de los cauces. Desde que se archivó la causa
no han cesado los desmontes, la afección de las ramblas ya llega hasta la
autovía y no se ha restaurado absolutamente nada por lo que procede que el
Fiscal de Medio Ambiente pida el desarchivo de la causa, especialmente
cuando los presuntos delitos mas graves se han cometido recientemente, y
realice la oportuna instrucción tendente al esclarecimiento de los presuntos
delitos cometidos.



Ecologistas en Acción espera que la recientemente creada Fiscalía de Medio
Ambiente actúe para que no queden impunes estos desmontes que ponen en
peligro a las poblaciones situadas aguas abajo de las extintas ramblas de
Menaje, Ignacio, Alquián y Balsa de los Mayorales, y afecta a un espacio
acogido a la Directiva Hábitat, en concreto al Lugar de Interés Comunitario
“Rambla de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla”.



Tampoco nos consta al día de la fecha que la Fiscalía ni los diversos
juzgados que conocen los hechos hayan ordenado la adopción de medidas
encaminadas a proteger el medio natural afectado, ni a restaurar el daño
ecológico causado.



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“Larioja.com”



6 de febrero de 2005



El CER lleva a la CHE y a Medio Ambiente a la Fiscalía por los dragados en
los ríos riojanos



Los ecologistas aseguran que se ha afectado seriamente a la fauna piscícola



El Colectivo Ecologista Riojano anunció ayer que ha presentado una denuncia
ante la Fiscalía contra la Confederación Hidrográfica del Ebro y la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno riojano por los encauzamientos y
dragados realizados por la CHE en ríos de la comunidad entre octubre de 2003
y marzo de 2004 «con la connivencia del Ejecutivo regional».



LA RIOJA./LOGROÑO



En un comunicado, el CER señala que entre estas fechas el organismo de
cuenca realizó los encauzamientos y dragados de los ríos Cidacos, Alhama,
Leza, Iregua y Najerilla, «actuaciones que no fueron puntuales, sino
generalizadas y que llegaron a afectar a 76 kilómetros de nuestros cursos
fluviales». Estos trabajos, según detalla, «se llevaron a cabo en el marco
de las obras de emergencia para la inmediata reparación de los daños
producidos en las cuencas de estos ríos desde 25 de febrero al 1 de marzo de
2003».

Sin embargo, el colectivo ecologista asegura que los trabajos «han afectado
seriamente a la fauna piscícola, así como a otras especies, como nutrias o
visones europeos, especie esta última que se encuentra en peligro de
extinción, por lo que se ha actuado en contra de su conservación».

El CER dice que las actuaciones «no se sometieron al procedimiento de
exposición pública, no habiendo existido la posibilidad de estudiar los
impactos ambientales ocasionados». «Se ha actuado, sin embargo, -continúa el
CER- en zonas de choperas o de cultivos agrícolas, por lo que no se puede
decir que estas obras hayan podido considerarse como de emergencia, de
acuerdo con la legislación vigente».





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EL PAÍS – Cataluña



7-02-2005



Los geólogos denuncian que se ubicó el túnel en el Carmel sin estudios del
subsuelo

La Generalitat niega la acusación y asegura que hay informes hechos por dos
empresas

FRANCESC ARROYO - Barcelona



No hay estudio geológico específico sobre la zona del túnel del Carmel. Así
lo afirma una circular del Colegio de Geólogos de Cataluña hecha pública
anoche. El Gobierno catalán reaccionó de inmediato desmintiendo la acusación
y afirmó que hay informes específicos hechos por las empresas TEC 4 y
Geocontrol, en los que han participado ingenieros geólogos e ingenieros de
minas. Los geólogos se quejan de que no les han consultados las últimas
decisiones. El texto del Colegio de Geólogos fue colado ayer en su página
oficial, pero lleva fecha del pasado viernes. En él se asegura que la
decisión de trasladar el túnel, previsto inicialmente en Horta, a la zona
del Carmel se tomó sin haber realizado un nuevo informe geológico
específico.



El colegio celebró una junta extraordinaria ayer mismo en la que aprobó el
comunicado. En el mismo asegura que el responsable del estudio geológico
encargado por la empresa pública GISA (Gestión de Infraestructuras SA)
entregó el informe a mediados de 2001, antes de que la obra fuera licitada.
En ese momento, el túnel no se iba a construir en el Carmel sino en Horta.
"Desde entonces no se ha encargado ninguna verificación, ampliación ni
visita de obra en proceso de ejecución", afirma el comunicado.



Después del hundimiento del subsuelo en el Carmel y de las actuaciones de
emergencia "ningún geólogo ha firmado certificado alguno del estado del
subsuelo", asegura el órgano colegial.



En este sentido, el comunicado puntualiza: "Pese a que se nos ha encomendado
por parte del Departamento de Política Territorial la realización de un
dictamen sobre el estado del subsuelo en la zona afectada, no se ha
solicitado la presencia de ningún representante del Colegio de Geólogos en
la comisión técnica de expertos. Tampoco hemos recibido en ningún momento
información ni se nos ha consultado sobre las actuaciones que se han hecho
ni de las previstas en la zona ni de la evolución de los asentamientos hasta
ahora".

También considera "imprescindible" la presencia de un geólogo en todas las
fases de la obra y puntualiza que "toda situación geológica tiene una
solución constructiva finalmente condicionada por su coste económico".



El Gobierno catalán replicó a las denuncias de los geólogos facilitando los
nombres de las empresas autoras de los estudios y, también, los de geólogos
que trabajan en el Servicio Geológico del Instituto Cartográfico (encargado
del estudio geológico tras el hundimiento) y en la Dirección General de
Transportes.



El Departamento de Política Territorial, cuyos representantes tienen
previsto reunirse hoy con representantes del Colegio de Geólogos, sostienen
que el proyecto de la línea 5 dispone de un estudio geológico y de un
estudio geotectónico, y que en toda la fase de obras, tanto en el túnel
principal como en el de maniobras, donde se produjo el hundimiento, ha
habido un seguimiento por parte de geólogos de las empresas y del Gobierno
catalán.



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EL PAÍS – Cataluña



7-02-2005



Las inmobiliarias prevén caída de precios mientras los especuladores llegan
al barrio

Á. CORCUERA - Barcelona



"Estamos perjudicados de lleno". De esta forma resumió ayer su situación
Jordi Marcillo, gerente de la inmobiliaria Inmohabitat, preocupado por la
evolución del negocio en el barrio del Carmel tras la crisis de los
socavones. No es el único caso. Como él, muchos compañeros de profesión
reconocen que lo sucedido con las obras del metro afectará a los precios.
Pero mientras que unos sufren, otros se frotan las manos. "Ya hay ofertas de
inversores en busca de gangas para comprar los pisos y los locales
afectados", aseguró Marcillo. La actitud de los afectados y de los que ven
en el hundimiento una oportunidad especulativa confirma que la crisis que
comenzó el martes afectará al precio de la vivienda en el barrio del Carmel.



No es, sin embargo, la única razón. La inquietud de los vecinos, que se
sienten inseguros en sus casas, podría llevarles a mudarse a otros barrios
de la ciudad, lo que les obligaría a vender sus pisos. Ello provocaría un
aumento de la oferta, por lo que, por pura lógica, disminuirían los precios
de venta. "Hay estudios que dicen que podrían bajar entre el 10% y el 20%",
afirmó Marcillo.



Otras fuentes consultadas, más pesimistas, hablan de un descenso de hasta el
40%. Josep Maria Mas, presidente de la asociación de comerciantes de Carmel
Centre, mostró también su preocupación por esta cuestión: "Temo que muchas
tiendas no vuelvan a abrir y que haya vecinos que malvendan sus casas". Mas,
consciente de la alarma creada en el barrio, pidió confianza en las ayudas
prometidas el sábado y reiteradas ayer por el presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall.



Ángela, una de las comerciales de Inmohabitat, aseguró que los precios no
han caído todavía: "Hemos hablado con los propietarios y no quieren bajar
los precios". Sin embargo, reconoció que sus otros clientes -los que buscan
adquirir pisos como inversión- "no quieren comprar en el Carmel". Marcillo
confirmó sus palabras: "Hay gente que nos llama para comprar una vivienda y
nos especifica que no quiere saber nada de la zona afectada".



La falta de compradores podría obligar a los vendedores a reducir sus
pretensiones en los próximos días. Así, un piso de 75 metros cuadrados que
costaba 40 millones antes del siniestro podría bajar hasta 32 millones en
poco tiempo. De las dos oficinas que tiene Marcillo, una permanece cerrada.
Su localización -en la calle del Llobregós, 142, dentro del perímetro
acordonado por la policía- le ha obligado a replantearse el negocio. "Nos
trasladamos a Nou Barris", anunció. Como él, al menos otra inmobiliaria ha
cerrado sus puertas en el barrio del Carmel, según revelaron fuentes
cercanas a los comerciantes.

El Carmel, un barrio popular que se construyó entre los años cincuenta y
sesenta con grandes carencias en urbanismo y servicios, durante mucho tiempo
no fue un buen lugar para el negocio inmobiliario. En opinión de Marcillo,
la tendencia había cambiado últimamente, pero el hundimiento del metro
amenaza con echar por tierra el esfuerzo. Sin embargo, la aprobación de un
plan integral para el barrio, prometida por Maragall, podría conjurar estas
pesimistas previsiones.



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“El Periódico”



6 de febrero de 2005



Juicio contra el exalcalde de Martorelles por delito ecológico



PERE DAMIÁN. MARTORELLES

El fiscal pedirá una multa de 12.000 euros y 18 fines de semana de arresto
para el exalcalde de Martorelles, Jaume Mompel, y el exconcejal de Medio
Ambiente, Romuald Velasco, ambos de CiU, por permitir la existencia de un
vertedero ilegal en una zona verde forestal que podía suponer un grave
riesgo de incendio. El juicio contra los dos ediles, que actualmente siguen
en el ayuntamiento pero en la oposición, se celebrará el martes en
Granollers.


La fiscalía, que les acusa de un delito contra el medio ambiente, sostiene
que desde 1994 y hasta el 2003 existió en el polígono industrial Roca un
vertedero ilegal de residuos vegetales de 500 metros cuadrados, en el que se
almacenaban 5.000 metros cúbicos de basuras altamente inflamables.

RIESGO GRAVE



El vertedero estaba a unos 50 metros de una zona forestal y junto a
industrias del polígono, lo que suponía "un gravísimo riesgo de incendio
forestal y un grave riesgo para la seguridad de las personas y las
empresas", según el fiscal, que sostiene que desde 1995 ambos ediles
"omitieron sus responsabilidades y toleraron la existencia del vertedero sin
adoptar ninguna medida para clausurarlo y retirar los residuos". Un grupo de
empresarios y la asociación ecologista El Lledoner denunciaron el hecho ante
la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.



Mompel afirma que el vertedero se clausuró en el 2002 y no representaba
peligro porque estaba vallado y bajo control municipal.



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EL PAÍS – País Vasco



7-02-2005



El Gobierno abrió 29 expedientes sancionadores por vertidos a ríos

El 60% de las actuaciones ilegales investigadas termina en multa

ALBERTO URIONA - Bilbao



El Gobierno vasco abrió el pasado año un total de 29 expedientes
sancionadores por vertidos ilegales a los ríos, cifra similar a la
registrada en los últimos ejercicios. El Departamento de Medio Ambiente
inició además en 2004 un total de 139 expedientes por actuaciones ilegales
en los ríos, como, además de vertidos, obras, rellenos o talas de árboles.
La política de control de los cauces de la Administración resgitró un fuerte
impulso a partir de 1997, cuando se incoaron un total de 40 expedientes. Los
ecologistas censuran que sólo son una pequeña parte de los casos reales.
Sólo en los últimos diez días se han registrado dos nuevos vertidos que han
desembocado en el mismo río, el Ibaizabal, en la comarca del Duranguesado.
El primero se produjo en la central energética que se está construyendo en
Amorebieta, en el barrio de Boroa, cuando se desparramaron 50.000 litros de
nitrito sódico, según los primeros datos de los técnicos. El segundo se
localizó en una empresa de Elorrio. El vertido -400 litros de detergente- se
produjo en este caso de manera deliberada, según las investigaciones
preliminares.



Los ríos se mantienen como uno de los ecosistemas más castigados en Euskadi,
pese a que las obras de canalización de las redes de saneamiento y
depuración de aguas residuales están reduciendo de manera significativa la
contaminación histórica de sus cauces. Su protección se encuentra regulada
por el reglamento del dominio hidráulico de 1986 y la ley de Aguas de 2000.
El último informe oficial sobre la situación de los ríos en el País Vasco,
referido a 2003, señala que 14 de los 53 analizados presentan afecciones
ambientales graves, aunque esta cifra supone la mitad con respecto a 2001,
cuando el Gobierno tenía registrados 29 ríos en ese deficiente estado.



Una de las mayores afecciones son los vertidos de empresas, si bien en la
mayoría de los casos no se puede determinar de forma definitiva la
responsabilidad. Hace unos años, el Gobierno investigó a 200 compañías
sospechosas de verter sustancias contaminantes a los cauces, pero sólo pudo
sancionar finalmente a una decena.



Cuando en 1997 aumentaron las inspecciones se llegaron a incoar un total de
40 expedientes sancionadores, cifra que se redujo a 12 en 1998 y a una
decena en 1999. En 2002, las actas abiertas se elevaron a 38 y los últimos
datos, referidos al año pasado, apuntan a un total de 29 expedientes
realizados a causa de vertidos ilegales, la mayoría de ellos resueltos con
sanciones.



Un 60% de multas



Medio Ambiente suele ejecutar más actas sancionadores por otras actuaciones
ilegales junto a los ríos, como obras de infraestructura o aprovechamientos
no permitidos. Según los datos del departamento que dirige Sabin
Intxaurraga, el pasado año se abrieron 64 por obras, otros 12 a causa de
talas, igual cifra debido a rellenos y uno más por aprovechamiento ilegal,
en concreto la extracción de agua del cauce sin disponer de una concesión.



De estas 139 actas, incluidos los vertidos, el 60% acabó con la imposición
de multas cifradas entre 360 y 9.000 euros. Estas sanciones se sitúan entre
las consideradas leves o menos leves. La ley vasca de Medio Ambiente
establece una horquilla de multas que puede llegar hasta los 600.000 euros
en caso de incidentes muy graves. Los menos graves pueden alcanzar los
30.000 euros de multa y para los graves se sitúan entre esta cantidad y los
300.000 euros. La calificación de las infracciones depende de los daños y no
suelen considerarse graves, salvo que exista reincidencia.



La Administración suele asegurar que los vertidos de las empresas a los ríos
se achacan de forma habitual a las averías y los técnicos se encuentran con
grandes dificultades para demostrar lo contrario. Los expedientes, que se
suelen resolver en un plazo medio de seis meses, vienen acompañados en
algunos casos de indemnizaciones por los daños cometidos al medio ambiente.



Los grupos ecologistas critican la falta de medios para perseguir las
agresiones ambientales a los ríos, que afirman son "el pan de cada día. Sólo
se ven cuando son muy fuertes", afirman. Los grandes inconvenientes, añaden,
son la falta de una policía especializada en delitos ecológicos y la
configuración política del País Vasco, con las competencias repartidas entre
distintas administraciones. En un incidente ecológico pueden intervenir
desde el Ayuntamiento, el Gobierno vasco y la Diputación hasta el Ejecutivo
central o la Autoridad Portuaria.



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“Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid”



3 de febrero de 2005



Gallardón y Álvarez del Manzano denunciados por la contaminación del aire



Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid
contra los dos últimos alcaldes de la capital, así como contra sus
concejales de medio ambiente, por delito ecológico. La denuncia se produce
después de que la calidad del aire en Madrid supere los límites legalmente
establecidos durante varios años consecutivos sin que los responsables
municipales hayan redactado un plan de reducción de la contaminación al que
estaban legalmente obligados.



Ecologistas en Acción ha presentado denuncia en el juzgado de guardia por un
delito contra el medio ambiente contra los Alcaldes de Madrid José María
Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardón, como máximas autoridades
municipales, así como contra Adriano García Loygorri y María de la Paz
González García, como Concejales de Medio Ambiente. Entienden que todos
ellos han vulnerado el artículo 325 del Código Penal. Dicho precepto castiga
a quien “contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general
protectoras del medio ambiente [...] provoque o realice directa o
indirectamente emisiones [...] a la atmósfera [...] que puedan perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Todas estas condiciones
se dan, a juicio de Ecologistas, en este caso. Además, según el citado
artículo, el hecho de que “el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud
de las personas”, como es el caso, supone una circunstancia agravante.



De acuerdo con la normativa vigente (Directivas 96/62/CE, 99/30/CE y Real
Decreto 1073/2002), y con los datos de las estaciones del propio
Ayuntamiento, el dióxido de nitrógeno (NO2), tanto en 2001, en 2002, en
2003, como durante el pasado 2004, los niveles medios de contaminación han
estado por encima del valor límite anual para la protección de la salud
humana.



Año
Valor límite legal NO2
Valor medio en Madrid

2001
58
63

2002
56
62

2003
54
59

2004
52
61


Datos en µg/m3 (microgramos/metro cúbico)



En relación con otro contaminante regulado por las mismas normas, las
partículas (PM10) también se han producido incumplimientos. La media de la
red superó en 47 ocasiones (días) el límite legal de 55 µg/m3, cuando la ley
sólo permite que se rebase un máximo de 35 días. Es decir, que también se
está fuera de la ley para este contaminante. Además, si se analizan los
registros de las distintas estaciones, nos encontramos con zonas, como
Barajas Pueblo, donde durante 2004 se ha superado nada menos que en 105
ocasiones este límite, lo que equivale a que la población de este barrio
respira niveles de contaminación 3 veces superiores a los máximos anuales
permitidos.



El delito se comete aquí por provocar indirectamente las emisiones a la
atmósfera que dan lugar a la superación de los referidos valores límite para
el NO2 y las PM-10, al no adoptar las medidas administrativas que hubieran
permitido reducir dichos niveles de emisión. Se trata, pues, de una autoría
por comisión por omisión de quien tiene el deber de garante de que el
resultado no se produzca. El artículo 6 del mencionado R.D. obliga a las
autoridades responsables a redactar planes de reducción de la contaminación
cuando se superen los límites legales más los márgenes de tolerancia
establecidos, algo que los responsables municipales no han hecho desde 2001
pese a las reiteradas solicitudes de Ecologistas en Acción. La figura de la
comisión por omisión referida al delito medioambiental ha sido delimitada
por el Tribunal Supremo en sentencias de 27 de enero de 1999 y de 29 de
septiembre de 2001, en las que ha perfilado el concepto de la comisión por
omisión cometida por autoridades públicas en relación a los delitos
medioambientales.



Según coinciden todos los organismos científicos y sanitarios, las
consecuencias de la contaminación del aire son muy graves para la salud de
los madrileños. Para Ecologistas en Acción, al motivo de esta denuncia -el
hecho de que no se haya redactado y puesto en marcha un plan para reducir la
contaminación- se suma la también grave e injustificable estrategia de
desinformación que el Ayuntamiento ha mantenido sobre este asunto,
minimizándolo y ocultándolo a la opinión pública.



Por ello, Ecologistas en Acción acusa al Ayuntamiento de ocultar la
información sobre la mala calidad del aire de Madrid, no sólo a los
ciudadanos, sino también al Comité Olímpico Internacional. Para la
organización ecologista Gallardón “no juega limpio” y lo único que le
interesa es ganar, porque en definitiva los Juegos Olímpicos son para él “un
gran negocio”.



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“Ecologistas en Acción de Cantabria”



6 de febrero de 2005



Otra estación de autobuses fallida


La ubicación de una estación de autobuses en Torrelavega, en la finca “la
Carmencita”, no es la más idónea como se está anunciando. De entrada, porque
no es una decisión extraída de un Plan de Movilidad Urbana.



Además, en los argumentos que se están utilizando para demostrar la
idoneidad de esta plaza, no prevalecen las necesidades de los usuarios
actuales y potenciales del transporte de viajeros en cuanto a las conexiones
intermodales y se están menospreciando el principio de
accesibilidad-cercanía para la mayoría de los barrios.



Las posibilidades reales que existen en Torrelavega para cambiar el tipo de
movilidad, hacen que la ubicación anunciada para la estación de autobuses
defraude las expectativas que debieran abrirse ante la instalación de una
estación de transporte colectivo.



Se apunta por parte del Ayuntamiento, la ventaja que supone la cercanía de
esta finca con la estación de FEVE. Este razonamiento no se sostiene porque
a los centenares de metros que separan la estación de FEVE y la finca la
Carmencita, hay que añadir la existencia de una alternativa
inexplicablemente desestimada: en los terrenos donde hoy se ubica la
estación de FEVE y sus aledaños, existe una superficie suficientemente
grande (contando con el espacio que se libere tras el soterramiento de las
vías), para ubicar allí una verdadera estación intermodal y un gran
aparcamiento para vehículos.



De esta forma se crearía la tan necesaria intermodalidad, ya que existiría
una inmejorable accesibilidad desde el mismo corazón de la ciudad y de los
barrios, contando con los medios y servicios para conectar los diferentes
medios de transporte alternativos en un mismo punto.



En todo este solar junto a la actual estación de FEVE, existen grandes
posibilidades de conexión peatonal y ciclista con la trama urbana además de
una cercanía relativa con las vías interurbanas para entrada y salida de
automóviles por la calle Pablo Garnica y Calderón de la Barca (Junto a
Aspla), hacia el boulevard ronda y las autovías, sin que para ello los
vehículos tengan que pasar por el mismo centro urbano ni por la ya colapsada
glorieta del “donuts”.



En definitiva, la decisión de ubicar la estación de autobuses de cercanías
en la finca la Carmencita, parece tener un alto grado de improvisación que
se puede pagar caro, ya que estamos hablando de un tema tan delicado y
complejo como la movilidad urbana, para la cual es preciso un análisis y un
repensamiento del modelo a seguir, de forma que disminuya la hegemonía del
coche en la ciudad, por medio de políticas que estimulen los medios
alternativos para moverse y viajar.



No es de recibo que en una ciudad del tamaño de Torrelavega, tengamos 4
estaciones, dos de tren y dos de autobús, situadas a una distancia
considerable unas de otras, porque esa es la manera más eficaz de fomentar
el uso del coche particular y, por tanto, de crear una movilidad
insostenible y caótica.



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EL PAÍS – Andalucía



7-02-2005



Alas en rojo

La Sociedad Española de Ornitología teme por la supervivencia de un centenar
de aves

JOSÉ MARÍA MONTERO - Sevilla



Durante más de dos años un nutrido grupo de ornitólogos, repartidos por toda
la geografía nacional, ha examinado la situación de las aves en España, de
manera que pudieran identificarse aquellas especies y subespecies que sufren
algún tipo de amenaza. El operativo, puesto en marcha por la Sociedad
Española de Ornitología (SEO) con el respaldo del Ministerio de Medio
Ambiente, permitió recopilar abundante información y, sobre todo, actualizar
los datos que ya se habían recogido en 1992, cuando se publicó el Libro rojo
de los vertebrados de España.



En total, 160 expertos han examinado la situación de las cerca de 400
especies y subespecies (taxones) de aves que habitan en nuestro país, para
centrar su atención en un grupo de 175, aquellas que reúnen los requisitos
establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) para considerar que están sometidas a algún grado de
amenaza que hipoteca su supervivencia. Si a este grupo le restamos aquellos
elementos de los que se precisa más información para evaluar su estatus (25)
y aquellos otros que padecen un riesgo menor (32), el interés de los
ornitólogos se concentra en 99 especies y subespecies que, en España y de
acuerdo a la catalogación de la UICN, se encuentran en "peligro crítico"
(15), en "peligro" (39) o son "vulnerables" (45).

Dicho de otra manera, y una vez concluida la investigación, se puede afirmar
que el 57% de la avifauna española se enfrenta a problemas de conservación,
y que muchos de los factores de riesgo que ya se pusieron de manifiesto hace
doce años siguen sin resolverse. De hecho, y pesar de lo mucho que ha
evolucionado la política ambiental en todo el país, hay especies que
claramente han visto cómo empeoraba su situación. Así ha ocurrido, por
ejemplo, con la alondra ricotí, la terrera marismeña, la tarabilla canaria,
el herrerillo común, la chova piquirroja o el cuervo canario.



También es cierto que hay aves cuya situación ha mejorado desde 1992, como
es el caso de la garcilla cangrejera, la cigüeña negra, el morito común, la
espátula común, el flamenco, la malvasía, el elanio común, el buitre negro,
el quebrantahuesos o el águila imperial, todas ellas, por cierto, presentes
en Andalucía. Hay, incluso, especies que han conseguido librarse de esa
condición de amenazadas, por lo que, al menos de forma temporal, no se
consideran en peligro, como ocurre con la cigüeña blanca o el calamón común.



Toda esta información se ha recogido, de manera pormenorizada para cada
especie o subespecie, en el Libro rojo de las aves de España, que acaba de
publicar el Ministerio de Medio Ambiente, y en el que, además de certificar
el estatus de estos animales, se repasan los principales factores que
inciden, de forma negativa, en su supervivencia.



En lo que se refiere a Andalucía, inquieta, sobre todo, comprobar cómo de
los quince taxones calificados "en peligro crítico", siete han llegado a
tener, o tienen, algunas de sus poblaciones más importantes en el sur de la
Península Ibérica. Así ocurre con el avetoro común, que como reproductor se
considera extinguido de las zonas húmedas del Bajo Guadalquivir desde hace
más de una década, y que en todo el país apenas mantiene una población de
unos 25 machos territoriales. El ánsar campestre de la tundra, que llegó a
ser el ganso más frecuente en gran parte de España, lleva desaparecido como
invernante cerca de 20 años, aunque todavía se ven algunos ejemplares
aislados en las marismas del Guadalquivir, intercalados entre los grandes
bandos de ánsares comunes que acuden a este humedal.



El tarro canelo, que llegó a concentrar alrededor de 500 ejemplares
invernantes en Doñana y su entorno hasta los años sesenta, es hoy una
especie prácticamente desaparecida tanto de este territorio como del resto
de la península, y tan sólo mantiene una exigua población de seis parejas en
la isla de Fuerteventura. Muy parecido es el caso de la cerceta pardilla,
que llegó a ser la anátida nidificante más común en las marismas del
Guadalquivir hasta finales del siglo XIX y que hoy apenas reúne 50 parejas
en años benignos. Sin salir de los humedales sureños, los especialistas de
la SEO también citan el caso del porrón pardo, al borde de la extinción con
un núcleo nidificante que oscila entre una y diez parejas, y de la focha
moruna, que en años particularmente favorables sólo ha conseguido reunir
unas 80 parejas.



Para terminar, el torillo andaluz, aseguran los redactores de El libro rojo
de las aves, "es sin duda una de las especies más enigmáticas del viejo
continente, porque nada o casi nada se sabe de su tímida existencia en
nuestro país". De este ave, considerada como las anteriores "en peligro
crítico", sólo se tienen "indicios de su existencia en Huelva y Cádiz".


El doble de cigüeñas



Mientras que un buen número de especies se enfrentan a una peligrosa
reducción de sus efectivos que podría, incluso, conducirlas a la extinción,
otras, que también pasaron por momentos delicados, disfrutan ahora de un
cierto esplendor. Quizá el caso más llamativo sea el de la cigüeña blanca
que, en España y en una década, ha duplicado su población, pasando de las
16.643 parejas censadas en 1994 a las cerca de 33.000 que se anotaron en la
primavera del pasado año. Gracias a este crecimiento sostenido, nuestra
zancuda más popular no figura ya en el libro rojo. Diferentes circunstancias
explican este fenómeno: desde una mayor conciencia social hasta una fácil
disposición de alimento gracias a los vertederos urbanos, pasando por la
corrección de algunos elementos que amenazaban a las cigüeñas, como ciertos
tendidos eléctricos, o unas condiciones meteorológicas benignas en los
momentos de cría o invernada. También ha influido un llamativo cambio en la
conducta migradora de esta especie, que cada vez se siente menos atraída por
los cuarteles de invierno africanos y permanece así en tierras españolas
todo el año. De hecho, en 1995 se mantuvieron durante el invierno en España
unas 7.500 parejas de cigüeña blanca, lo que suponía menos de la mitad de la
población, mientras que el pasado año fueron 32.000 las que renunciaron a
emigrar, el 97 %.



En Andalucía la población de cigüeña blanca ha pasado de las 1.551 parejas
censadas en 1994 a las 3.409 del pasado año. El incremento más llamativo se
ha registrado en la provincia de Sevilla, que hace una década albergaba a
426 parejas y hoy ofrece cobijo a 1.391 parejas. Aunque en Almería y Granada
esta especie sigue sin nidificar.



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“Eco rural”



Febrero de 2005



Cerramientos cinegéticos


José Luis Prieto



Cada vez más se da la creciente moda practicada por algunos terratenientes
de cercar sus confines con valla de 2 metros de altura, de malla impermeable
para la fauna, y que atrinchera perimetralmente toda la finca sin solución
de paso. El propietario elimina de una forma artificial a animales que para
alimentarse necesitan de especies que el hombre caza. Las rapaces, el zorro
y el mismo lince se alimentan de los conejos y perdices que el hombre hace
suyos en exclusividad para gloria del lucrativo negocio de la caza.



Un "terrible invento" que impide el tránsito, alimentación, reproducción y
cuidado de las crías y que se lleva a cabo en connivencia con la
administración. Al mismo tiempo, se suele crear una faja de desbrozamiento,
que deforesta deliveradamente zonas naturales de monte y que la mayoría de
las veces no cuentan con una Declaración de Impacto Medioambiental,
necesaria en longitudes superiores a 2.000 metros o extensiones superiores a
25 hectáreas.



Al respecto de los cerramientos cinegéticos, se refiere la Ley 4/89 de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre en el
artículo 34.f : "Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán
construirse de forma tal que no impidan la circulación de la fauna silvestre
no cinegética. La superficie y la forma del cercado deberán evitar los
riesgos de endogamia en las especies cinegéticas".



De esta forma, las especies sometidas al acotamiento de su territorio quedan
expuestas a enfermedades epidémicas y a riesgos de consanguinidad. También
pueden suponer un riesgo para las personas si se tiene la desgracia de
quedar a atrapado entre las vallas en uno de los tantos y frecuentes
incendios forestales. Además, cierran los caminos de siempre, las vías
pecuarias, caminos por los que todos tenemos el derecho de circular y que
quedan sesgados al tránsito. Todo esto ocurre cuando priman los intereses de
unos pocos sobre los derechos de todos y de los cada vez más indefensos
animales.



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“Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares”



7 de febrero de 2005



Celebración Día Mundial de los Humedales



CONTAMINACIÓN con LODOS de DEPURACIÓN


El pasado día 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y por
este motivo la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de
Henares y Ecologistas en Acción de Móstoles, Alcalá y Daganzo organizaron
una serie de actos el sábado 5 de febrero en la ZEPA 139 Zona de Especial
Protección para las Aves de las estepas cerealistas de los Ríos Henares y
Jarama.



Alrededor de las 7,30 de la mañana de camino al puesto de observación
pudimos ser testigos de vertidos de lodos de depuradora, en unos terrenos
de Daganzo poniéndolo en conocimiento de la Policía Local. Estos vertidos de
lodos de depuradora supuestamente tratados y utilizables por el sector
agrario es para nosotros una nueva agresión a esta ZEPA 139, el olor
nauseabundo que despide es indescriptible. Estos vertidos como hemos
comprobado contradicen la directiva 86/278/CEE, de 12 de junio de 1986,
relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos,
en la utilización de lodos de

depuradora en agricultura, estableció los principios que deben presidir las
regulaciones nacionales sobre la utilización de lodos en la agricultura,
buscando un equilibrio entre el interés agrario y el ambiental. DECRETO
193/1998, DE 20 DE NOVIEMBRE, Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre de
tratamientos y utilización de lodos en agricultura, al ser vertidos cerca de
acuíferos, a menos de dos Km de población y además en zonas de pastoreo como
es la vía pecuaria, las grandes cantidades que se están vertiendo en algún
punto creemos que pone en grave riesgo no solo a la población si no también
el entorno y

la biodiversidad de la ZEPA, estamos hablando de lodos con concentraciones
de metales pesados como cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y
zinc, se han tomado muestras para analizar y saber las concentraciones de
este tipo de residuo que parece ser que provienen de varios EDAR del CYII de
la Comunidad de Madrid.



Desconocemos la legalidad de estos vertidos y ante esta situación se
interpondrá una denuncia para depurar responsabilidades sea la
Administración, empresas o los particulares en su uso. Exigimos EIA y DIA al
encontrarse estos vertidos en ZEPA, recordamos que aun no se ha realizado la
planta de tratamiento y deposito de lodos que se quería ubicar en Loeches,
el Este de Madrid es el vertedero de la Comunidad de Madrid, exigimos un

reaparto equitativo y estos lodos sean utilizados en el campo de gol de la
Moraleja.



Hacia las 8,30 se realizó un puesto de observación que visualizó los
términos municipales de Alcalá de Henares, Daganzo, Camarma de Esteruelas y
Fresno de Torote. Las especies que durante la mañana se disfrutó de su
presencia son varias parejas rapaces de aguilucho

lagunero, aguilucho común, águila imperial-real así como de milano negro,
avefría, garcillas bueyera , urracas, palomas torcaz y destacando un grupo
de cuatro corzos.



Las 12 personas vecinos de Daganzo, Alcalá, Mostoles, Rivas y Oviedo que
disfrutaron de este amanecer algo nublado echamos en falta poder ver el ave
emblemática de la zona la Avutarda, apenas hace una semana acabó la veda de
caza en la zona y pensamos que este ave sensible se encontraría a pesar de
nuestras medidas de control agazapadas por

nuestra presencia, solicitaremos mayor control de la caza y la reducción del
número de cazadores en el coto.



Mas tarde nos trasladamos al EDAR de Fresno de Torote, se explicó a los
asistentes como la Comunidad de Madrid eximió de EIA al CYII y como con
fondos de la UE se ha realizado declarando de utilidad pública este EDAR que
pone en grave riesgo el ecosistema en el soto del río Torote, se ha
calculado que han sido casi un centenar de fresnos los talados y las
repoblaciones como medidas compensatorias son inadecuadas e insuficientes
dejando una cicatriz de mas de 20 mts de ancha y como vial para camiones.



Aproximadamente a las 11,30 de la mañana nos situamos en la Cañada Real
Galiana en la vía pecuaria próximo al depósito de agua que abastece a
Daganzo el CYII, y apreciamos el creciente número de vertidos de inertes de
obras, así como el paso de motos de cuatro

ruedas que esta totalmente prohibido su circulación por estas vías.



La FCAVAH y Ecologistas en Acción exigimos mayor control policial
medioambiental por parte del SEPRONA y que se ponga a disposición judicial
aquellos que están contribuyendo al deterioro de esta ZEPA 139, ante la
gravedad de estas situaciones reiteradas realizaremos varias acciones que
iremos anunciando.



Más información FCAVAH Juan Manuel Román



Notas:

• Estudio de Impacto Ambiental: consiste en un informe,
valoración, proyecto.. que hacen técnicos especialistas en medio ambiente
sobre instalaciones, actividades,... que pueden ser perjudiciales para el
medio ambiente. Esto se rige por una ley que dice qué informes pasan y
cuales no.

• Declaración de Impacto Ambiental: el estudio se remite a una
administración pública que será el ministerio de medio ambiente, si es la
legislación del estado la que ha exigido el estudio (ámbito estatal), o la
consejería de agricultura y medio ambiente para ámbito autonómico.
Normalmente las declaraciones de impacto ambiental no son

nunca negativas.

• CYII: Canal de Isabel II

• EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales



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EL PAÍS – Andalucía



7-02-2005



Las actividades medioambientales generan cerca de 55.000 empleos

TEREIXA CONSTENLA - Sevilla



Tres parques naturales de interior (Sierra Nevada, Cazorla, Segura y Las
Villas y Los Alcornocales) concentran casi la mitad de la oferta
ecoturística en Andalucía. Entre los tres espacios crean el 47% de los
empleos ligados al ecoturismo en toda la comunidad, que en total ascienden a
6.834. Pero no es el único sector que produce trabajos verdes.Según un
estudio sobre El empleo en las actividades medioambientales en Andalucía,
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente entre 2000 y 2004, la cifra de
puestos de trabajo generados en los distintos sectores roza los 55.000.



El sector de bienes y servicios, estudiado en 2000, es el principal motor, a
distancia de los demás. En esta categoría se incluyen las administraciones
públicas (casi 11.000), la agricultura ecológica (más de 5.000) o los
creados en la gestión de residuos (7.402) y agua (7.271). El alcance de
estas cifras invita a concluir a los autores del informe que el fomento de
este sector representa "una alternativa real de desarrollo sostenible para
la región".



La industria fue el segundo ámbito analizado, a partir de datos de 2001. El
estudio establece que unos 2.219 empleos obedecen a la necesidad de "cumplir
con la legislación vigente y alcanzar los objetivos marcados por su política
proactiva hacia el medio ambiente". En las conclusiones, se destaca la
predisposición de las industrias "a mejorar su imagen ante la sociedad" como
"un cambio sustancial". El área de alimentación y bebidas, con el 30,7%, es
la que genera más trabajos medioambientales.



Empresas de ecoturismo



También ese año se cuantificó el empleo vinculado al ecoturismo. "El grueso
de las actividades recae en los alojamientos rurales y la restauración",
señala el texto. Casi 7.000 personas trabajan en Andalucía en este sector.
De ellas, el 75% lo hacen en alojamientos rurales. Los parques naturales
concentran la mayoría de las empresas y los empleos ecoturísticos. Además de
Sierra Nevada, Cazorla y Los Alcornocales, que proporcionan casi la mitad de
puestos de trabajo, también muestran un dinamismo apreciable otros espacios
como Grazalema (9,53% empleos), Doñana (7,67%), Aracena (6,75%) y Cabo de
Gata (6,19%).



En total, 1.524 empresas ecoturísticas están implantadas en los parques
naturales andaluces. Los espacios con menor grado de desarrollo ecoturístico
son Despeñaperros, Sierra Mágina, Cardeña y Montoro, Huétor, Sierra de
Castril y Montes de Málaga.



La última fase del estudio analizó el impacto laboral de las actividades de
investigación, educación y formación, que generan alrededor de 2.600 puestos
de trabajo, sobre todo vinculados a la investigación y desarrollo
tecnológico de administraciones públicas, grupos de investigación y centros
de innovación. Los principales ámbitos de investigación son la protección de
especies, hábitats y suelos.



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“Ecologistas en Acción de Ciudad Real”



Puertollano: Presentación libro de senderismo por vías pecuarias



11 de febrero del 2005



Te invitamos a la presentación del libro titulado "Senderismo por vías
pecuarias en el Valle de Alcudia y comarca".



Será el viernes, día 11 de febrero de 2005, a las 19’30 h. en la Casa
Municipal de Cultura de Puertollano



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“Ecologistas en Acción de Cantabria”



Mataporquera: Manifestación contra la incineración de residuos tóxicos



12 de febrero de 2005



La asociación Colectivo Ciudadano de Valdeolea, en colaboración con Arca,
Ecologistas en Acción, Adeval y CCSA ha convocado una manifestación contra
el proyecto de incineración de residuos tóxicos y peligrosos en cementos
Alfa y en defensa de la salud y el medio ambiente de Valdeolea y la Comarca
de Campoo.



La manifestación se iniciará en la plaza del ayuntamiento de Mataporquera el
sábado 12 de febrero a las 5 de la tarde.

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