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ESPACIO 2017 - Centenario de la Revolución Soviética!

Secciones: Documentos militante IU/ PCE -  El Problema Español -  15M, Unid@s Podemos, mareas, unidad popular, PAH

Título: IU, junto a diversas asociaciones, presenta una querella criminal contra el PP por, entre otros, delito fiscal y electoral - Texto completo querella- Enlace 1

Texto del artículo:

IU, junto a diversas asociaciones, presenta una querella criminal contra el PP por, entre otros, delito fiscal y electoral



La formación que coordina Alberto Garzón, en unión de las organizaciones que presentaron la ‘Querella Bárcenas’ en 2013 y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, registran en la Audiencia Nacional una querella para que se incorpore a las diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción nº6 por la ‘Operación Lezo’ que persigue el desfalco de dinero público en el Canal de Isabel II

La querella aporta una argumentación consistente para imputar a Esperanza Aguirre y a otras personas supuestamente implicadas, además de al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública y un delito electoral, entre otros

En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de diferentes empresas. A cambio, los empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en ‘dinero negro’, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal, como también presuntamente, al propio PP.

Este es el motivo que ha llevado a buena parte de las organizaciones que mantienen la acusación popular en la conocida como ‘Querella Bárcenas’, ligada a los papeles del ex tesorero y ex senador 'popular, a presentar hoy una querella en la que se recogen y documentan estos hechos. A la querella impulsada por IU se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII.

Las organizaciones firmantes de la querella, además de Izquierda Unida, son Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

Su intención es poder ejercer la acusación popular, es decir, poder realizar un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la Fiscalía y algunos medios de comunicación se han conjurado aparente y presuntamente para saquear bienes públicos. En este caso, utilizaban a la Administración pública madrileña para un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

Entre las operaciones de índole criminal que la red ha perpetrado presuntamente destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.

Hay que destacar el presunto papel nuclear y de auténtico ‘capo’ del ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP madrileño, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del primero y directivo de la empresa pública MERCASA; Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, ex gerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentarse. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de esta misma compañía, por una presunta reiteración delictiva.

La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 € en 2012 y 121.000 € en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre), los partidos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita.

Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la Hacienda Pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales al partido que lidera Mariano Rajoy.

También parece evidente que la actual cúpula del PP ha maniobrado para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para la acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Existen abundantes indicios de que la ex presidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los ex tesoreros Lapuerta y Bárcenas, así como de las advertencias hechas por el ex alcalde de Leganés del mismo partido. De igual forma, parece que fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario seneral cuando ella presidía el PP de Madrid. Lla querella argumenta también su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

En definitiva, hay más que nunca sobradas razones para ejercer una acusación popular por parte de las organizaciones querellantes, que esperan ahora que el juez instructor, Eloy Velasco, las admita lo antes posible.

Consulta el PDF de 93 páginas con el texto de la querella [PDF]

Otro enlace al mismo PDF





Anticipo del comienzo de dicho texto:
DP 91/2016
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN No 6 DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
DON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de los
Tribunales colg. no 1.081 y de IZQUIERDA UNIDA, ASOCIACION “CODA-
ECOLOGISTAS EN ACCION”, FEDERACION “LOS VERDES, ELS VERDS,
BERDEAK, OS VERDES”, EQUO, PAZ CON DIGNIDAD - OBSERVATORIO
DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA (OMAL), ATTAC-MADRID,
ASOCIACIÓN
ANTICAPITALISTAS,
ASOCIACIONES
VECINALES
DE
FEDERACIÓN
MADRID
REGIONAL
(FRAVM),
DE
COLECTIVO
CIUDADANO DE URBANISMO CORAZÓN VERDE DE CHAMBERÍ, .según
se acredita mediante escrituras de poder general para pleitos con cláusula
especial para formular querella que se adjuntan como documento número Uno,
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, a
interponer QUERELLA CRIMINAL, de conformidad con lo establecido en el
artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de la
ACUSACIÓN POPULAR, al amparo de lo establecido en el artículo 125 de la
Constitución Española, artículo 19.1 de la LOPJ y en los artículos 101 y 277 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la probable y posible comisión de los
delitos siguientes:
1o.- ORGANIZACIÓN CRIMINAL, Artículo 570 en posible concurso con el
artículo 515 y ss. del Código Penal
12o.- MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
3o.- ALTERACION DE PRECIO EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS.
Art 262 C.P.
4o.- RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES. Art 298 y ss C.P.
5o.- COHECHO. Arts. 419, 420 y ss. C.P.
6o.- APROPIACIÓN INDEBIDA
7o.- PREVARICACION. Art 404 y ss C.P.
8o.- TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 428 y ss C.P.
9o.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. Art 305 C.P.
10o.- FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES. Art 436 C.P.
11o.- ENCUBRIMIENTO. Art 451 C.P.
12o.- FALSEDAD Y APROPIACION INDEBIDA DE FONDOS ELECTORALES,
de los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica 5/1998, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
13o.- REVELACIÓN DE SECRETOS
Así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación
de los hechos que se denuncian, y contra quienes resulten responsables a lo
largo de la misma.
I- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUERELLANTES:
IZQUIERDA UNIDA, CIF G-78269206, con domicilio social en la Calle Olimpo
no 35 de Madrid.
ASOCIACION “CODA-ECOLOGISTAS EN ACCION”, CIF G-78423795, con
domicilio social en calle Marqués de Leganés no 12, 28004 Madrid.
FEDERACION LOS VERDES, ELS VERDS, BERDEAK, OS VERDES, CIF
2G18459230, con domicilio social en C/ Gran Vía Ramón y Cajal no 16 pta., 1a,
46007- Valencia,
EQUO, CIF G-86273414, con domicilio social en C/ Martín de Vargas 7, 28005
Madrid,
PAZ CON DIGNIDAD - OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN
AMÉRICA LATINA (OMAL), CIF: G-81375479, con domicilio social en C/ Gran
Vía 40 5o oficina 2, 28013 Madrid,
ASOCIACIÓN POR UNA TASACIÓN SOBRE LAS TRANSACIONES
FINANCIERAS PARA LA AYUDA A LOS CIUDADANOS MOVIMIENTO
INTERNACIONAL
PARA
EL
CONTROL
DEMOCRÁTICO
DE
LOS
MERCADOS FINANCIEROS Y SUS INSTITUCIONES (ATTAC-MADRID), CIF
G-82714361, con domicilio social en Paseo Delicias 41 1o D, 28045 Madrid,
ASOCIACIÓN
ANTICAPITALISTAS-MOVIMIENTO
POR
EL
PODER
POPULAR, CIF G 87207411, con domicilio social: c/ Limon 20, bajo ext. dcha.
28015 Madrid
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID
(FRAVM), CIF G28749836, con domicilio social en Camino de Vinateros, 53bis,
Madrid 28030
COLECTIVO
CIUDADANO
DE
URBANISMO
CORAZÓN
VERDE
DE
CHAMBERÍ, CIF G87578456, con domicilio social en C/ Españoleto no 26, 3o
dcha. 28010 MADRID.
3II.- NOMBRE, APELLIDOS Y VECINDAD DEL QUERELLADO
Las personas contra quienes se dirige la acción penal, a la que se acumula la
correspondiente acción civil, y una vez que sea admitida la presente querella
han de ser imputadas en concepto de autores son:
1o.- Jaime Ignacio González González, ex presidente de la Comunidad de
Madrid y ex Secretario General del Partido Popular de Madrid, con domicilio a
efectos de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
2o.- Pablo Manuel González González, hermano del anterior y ex directivo de
la empresa publica MERCASA, con domicilio a efectos de notificaciones en el
centro penitenciario de Soto del Real.
3o.-Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASSA, sociedad
dependiente de la empresa pública Canal de Isabel II, con domicilio a efectos
de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
4o.- Ildefonso de Miguel, es gerente del Canal de Isabel II, con domicilio a
efectos de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
5o.- José Martínez Nicolás, que fuera director de la Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid (ICM), cuyo domicilio a efectos de notificaciones ya
consta en la presente causa.
6o.- Javier López Madrid, ex consejero delegado de OHL, cuyo domicilio a
efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
47o.- Juan Manuel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, cuyo domicilio
a efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
8o.-Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández- Soro, ex ministro, cuyo
domicilio a efectos de notificaciones ya debe constar en la presente causa
habida cuenta de la reciente imputación realizada.
9o.-José Antonio Nieto Ballesteros, Secretario de Estado Seguridad,
Ministerio Interior, quien podrá ser citado a través del Ministerio de Interior con
sede en el Paseo de la Castellana, Madrid.
10o.- Álvaro Lapuerta Quintero, Tesorero del Partido Popular entre 1990 y
2008, quien podrá ser citado a través del Partido Popular, con sede en la Calle
Génova 13 de Madrid.
11o.- Luis Bárcenas Gutiérrez, Gerente del Partido Popular entre 1990 y 2008
y Tesorero del Partido Popular entre 2008 y al menos 2012, , al que se podrá
citar y comunicar la presente querella en su domicilio sito en c/ Príncipe de
Vergara 34, 28016 Madrid
12o.- Mauricio Casals Aldama, Presidente de La Razón, cuyo domicilio a
efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
13o.- Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex presidenta del PP de Madrid y de
la Comunidad de Madrid, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
Jesús del Valle no 10 de la ciudad de Madrid.
514.- Partido Popular, además de las persona físicas anteriormente señaladas,
la querella se dirige contra la persona jurídica, formación política Partido
Popular de Madrid, cuyo domicilio a efectos de notificaciones conoce
sobradamente este Juzgado al que nos dirigimos.
Y cualesquiera otros que aparezcan responsables a lo largo de las
investigaciones y actuaciones a practicar, y sin perjuicio de ampliar la
querella posteriormente contra las personas jurídicas que a lo largo de la
instrucción se acredite que han colaborado con la organización criminal
investigada, todo ello en calidad de personas jurídicas penalmente
responsables conforme al artículo 31 bis del Código Penal.
.
III- ORGANO JUDICIAL ANTE EL QUE SE PRESENTA.
La presente querella se interpone ante el Juzgado Central de Instrucción No 6
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 65.1, c) y e)
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que los hechos denunciados ya
están siendo investigados por este Juzgado. De confirmarse los elementos
probatorios que ya constan en la causa según se indica en auto de este
Juzgado de 22 de abril de 2016, los hechos serían constitutivos de delitos que
habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar
precios o malversar fondos públicos, con grave repercusión para el
tráfico mercantil, en la economía nacional, habiendo podido causar un
perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de más
de una Audiencia o en el extranjero, y también habiendo podido incidir en
la toma de decisiones en materia de política económica de empresas
públicas estatales o de ámbito autonómico.
Respecto a las defraudaciones y malversaciones denunciadas, las
actividades ilícitas – malversaciones de caudal público, dádivas y sobornos,
constitutivos de delito de cohecho, desviación de fondos para pago de fondos
6electorales, apropiación indebida de fondos públicos, falseamiento de
documentación pública- realizados por empresas públicas o privadas a varios
miembros del Partido Popular, directivos de empresas o directamente al Partido
Popular, se han realizado dichas acciones en al menos los países de
Brasil, Colombia, Republica Dominicana, Argentina u otros, así como con
ocasión de concurso en empresas públicas fuera de la Comunidad de
Madrid (Caso de MercaGranada).
Los hechos indican que estas defraudaciones se efectuarían, como objetivo
general, con la finalidad de apropiarse de caudales públicos, recibir sobornos
por adjudicaciones o con el objetivo de allegar fondos al Partido Popular,
siendo a la vez que parte de estos fondos se desviaron a cuentas opacas en
paraísos fiscales radicados fuera del territorio español, y que en cualquier caso
estos hechos han supuesto un perjuicio para las haciendas públicas y por tanto
para los ciudadanos contribuyentes a las distintas administraciones públicas
que irregularmente otorgaron contratos u otro tipo de favores a las empresas
que previamente habían satisfecho las cantidades ilícitas –dádivas o sobornos-
relatadas en este querella. Por tanto, se puede convenir fácilmente que la
organización criminal denunciada ha venido actuando a lo largo de
prácticamente todo el territorio nacional y el extranjero.
Entendiendo esta parte que el objeto de la presente querella coincide con el
objeto del procedimiento Diligencias Previas 85/16 en el que desde 2016 el
J.C.I no 6 de la Audiencia Nacional investiga los hechos criminales perpetrados
por la organización criminal objeto de esta querella, así como entendiendo que
en todo caso existe conexión entre los delitos investigados en la anterior causa
penal y los ahora imputados en esta querella, correspondería que la presente
querella fuera admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción no 6 de
la Audiencia Nacional.
IV LEGITIMACIÓN Y PERTINENCIA DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Resulta pertinente y necesaria la personación del conjunto de entidades
adheridas a esta querella en el presente procedimiento, mediante la figura de la
7acusación popular, como garante de la defensa de la legalidad e impulso del
procedimiento y la investigación.
La acción popular tiene una amplia protección constitucional, ya que se
configura como un derecho que puede ser objeto de amparo constitucional, por
tratarse de una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y en
especial por la regulación y garantía de su ejercicio que viene reflejada en el
art. 125 CE.
Debe recordarse que la acción penal en España es pública, no sólo el
Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción penal, también la persona
ofendida por el delito o sin necesidad de serlo, cualquier ciudadano o persona
jurídica pueden ejercer la acción penal como, así se establece art. 19.1 LOPJ y
los art. 101 y 270 LECrim, que dice: “Todos los ciudadanos españoles, hayan
sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción
popular [...]”
La aparición sistemática de casos de corrupción en España, vinculados en su
mayoría al Partido Popular, hace necesario redoblar esfuerzos en la
persecución de tipos delictivos altamente reprochables de alto impacto y
alarma social, que en todos los casos pone en peligro los bienes sociales
públicos. Es por tanto, de obligado cumplimiento, por parte de los actores
públicos, y particularmente por los partidos políticos, garantizar la defensa de la
legalidad y restablecer la paz social.
Está consolidada en la doctrina y la jurisprudencia, la legitimación para
concurrir como acción popular de toda la ciudadanía española, así como de las
personas jurídicas, y obvio, del Ministerio Fiscal, y así se prevé en los artículos
101 y 270 de la LeCrim, así como en los artículos 125 de la CE.
La STC 241/1992, de 21 de diciembre, zanjó la legitimación de las personas
jurídicas para intervenir en el proceso como acusadoras populares,
estableciendo que: «no existe otro argumento que no sea el meramente
terminológico, insostenible desde el momento en que, con relación a otros
preceptos constitucionales, este Tribunal viene entendiendo que el término en
cuestión no se refiere exclusivamente a las personas físicas». Concluye la
8sentencia que, «si el término ciudadanos del art. 53.2 de la Constitución ha de
interpretarse en un sentido que permita la subsunción de las personas
jurídicas, no hay razón alguna que justifique una interpretación restrictiva de su
sentido cuando dicho término se utiliza en el art. 125 o en la normativa
articuladora del régimen legal vigente de la acción popular».
Finalmente, debemos reivindicar la participación de las organizaciones,
asociaciones y partidos políticos adheridos a esta querella como acusación
popular en este caso, en tanto actores de la vida civil que desde hace años
vienen denunciando las prácticas corruptas, dilapidadoras de lo público y
contrarias al medio ambiente. Pocas cosas como la corrupción política y
empresarial, la utilización del cargo público para el beneficio personal y el
expolio de servicios y arcas públicos, suponen mayor rechazo a la mayoría
social y evidencian la necesaria colaboración de todos los actores públicos
para luchar contra ella.
A mayor abundamiento, no se trata sólo del reconocido y consolidado derecho
de las asociaciones, partidos y organizaciones de esta querella a personarse
como acusación popular y ejercer la acción penal mediante esta querella, como
así se ha expuesto, es que, además, resulta pertinente en este momento con el
objetivo de reforzar los trabajos del Juez Instructor en una causa ingente que
necesita del trabajo y la coordinación del instructor y la acusaciones, en un
momento en el que además está en cuestión el papel de la jefatura de la
Fiscalía Anticorrupción, absolutamente desacreditada en su papel de garante
de la legalidad y el impulso de investigaciones contra la corrupción organizada.
Ejercitamos la acción penal mediante la presente querella a la vez que nos
personamos como acusación popular en un caso en el que importantes
sectores de la política, la empresa, los medios de comunicación, se han
conjurado para expoliar bienes públicos, utilizando para ello una administración
pública como la madrileña, siendo la ciudadanía, y en particular las personas y
familias más vulnerables, las principales víctimas junto con el sistema
democrático.
9Es evidente que el partido del Gobierno de España y de la Comunidad de
Madrid, el Partido Popular, beneficiario de parte de los delitos investigados,
ejerce una tutela estatutaria sobre el Ministerio Fiscal, que puede perjudicar la
necesaria tarea de acusación de la Institución, o en todo caso obstaculizar la
instrucción, siendo más necesaria que nunca, que la acción popular no sea
monopolio del mismo, si no que sea ejercida por entidades de acreditada
trayectoria en la lucha judicial contra la corrupción, como es el caso de las
organizaciones adheridas a esta querella.
A todo ello debe sumarse el hecho de que el propio portavoz parlamentario de
PP en el Congreso de los Diputados, partido inmerso en diversas
investigaciones y beneficiario directo de parte de las actividades criminales de
la trama delictiva objeto de esta querella, ha expresado recientemente y de
forma pública la pretensión del Partido Popular de limitar el ejercicio de la
acusación popular, siendo que la reforma de la acusación popular por parte
de quien está interesado en la misma, toda vez que su futuro judicial es
sumamente inestable, solo puede conllevar como defensa del derecho a la
acusación popular el ejercicio de dicho derecho constitucional y, por ello, lo
hacemos en el presente procedimiento de carácter penal.
Sobre la pertinencia de la personación de esta acusación popular, debe
señalarse la experiencia en la persecución de los delitos y hechos
investigados por parte de las organizaciones querellantes. Así, cabe
señalar como Izquierda Unida, Los Verdes y Ecologistas en Acción ejercen la
acusación popular en la pieza separada UDEF BLA en el Juzgado Central de
Instrucción no 5, en donde se investiga la financiación ilícita del Partido
Popular, y en la que recientemente se ha acordado por parte del juez instructor
la unión de diversa documentación intervenida en la operación Púnica
instruida por el Juzgado Central de Instrucción no 6, así como están
personados igualmente en dos causas derivadas de esa instrucción, como el
caso de la mordida por la adjudicación irregular de una obra por parte del
Ayuntamiento de Toledo o el caso por las destrucción delictiva y encubridora
por parte del Partido Popular de los ordenadores de Luis Bárcenas
10Por otra parte, conviene señalar que diversas de las organizaciones adheridas
a esta querella, en el ejercicio de la acusación popular que el Partido Popular
quiere limitar, vienen denunciando desde hace años las actividades
sospechosas e irregulares en el Canal de Isabel II. La Plataforma contra la
privatización del Canal de Isabel II, formada por cerca de 30 organizaciones
sociales algunas de las cuales se han adherido a esta querella, ha venido
desarrollando una enorme cantidad de acciones de presión política, entre otras
la promoción de acciones jurídicas, para evitar la privatización de esta empresa
pública, así como promover una gestión transparente y eficaz de la misma.
Algunas de las más relevantes se resumen a continuación, pero puede verse
una
información
más
detallada
en
su
propio
sitio
web:
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
En el año 2010 se presentó en la audiencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (un tribunal ético no oficial), celebrada en Madrid, un informe de caso
sobre los negocios latinoamericanos del Canal de Isabel II. El informe recogía
la denuncia de los impactos laborales y la violación de los derechos
económicos, sociales y culturales, así como el deterioro ambiental que
causaban las filiales del Canal en América Latina. El informe de caso se
presentó por Attac, pudiendo consultarse el referido informe del caso en:
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/TPP.htm
En 2011 la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II impulsó una
Iniciativa Legislativa Municipal que firmaron siete gobiernos municipales de la
Comunidad de Madrid: San Fernando de Henares, Leganés, Fuenlabrada,
Rivas-Vaciamadrid, Getafe Coslada y, Colmenarejo. La iniciativa solicitaba la
derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y
Administrativas, por los que se privatiza el Canal de Isabel II. Estos artículos
permitían la creación de la sociedad anónima del Canal y la venta del 49% de
las acciones a los mercados, privatización que impulsó de forma notoria el hoy
querellado Ignacio González en lo que ahora podemos valorar de forma nada
temeraria como una tentativa de insertar durante años a su red criminal en la
compañía privatizada.
11En 2012 la Plataforma contra la privatización del Canal inicia una serie de
recursos para frenar la firma de nuevos convenios entre los gobiernos
municipales, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II que modifica la
encomienda de gestión sobre el abastecimiento y saneamiento de agua. Se
había creado la sociedad anónima del Canal y había que cambiar los antiguos
convenios que tenían la figura jurídica de empresa pública. Los recursos y
acciones de nulidad que se presentaron se basaban en a) en que una sociedad
anónima no puede tener una encomienda de gestión con un ayuntamiento
(para la adjudicación en tal caso debería utilizarse el procedimiento abierto o el
restringido a elección del órgano de contratación); b) en que los convenios que
se están realizando actualmente se formalizan entre los Ayuntamientos y una
sociedad que no está constituida, que no existe, y de la que se desconoce
absolutamente todo, empezando por el Contrato Programa que debería, en su
momento, suscribir con el CYII y en el que se determinará el modelo de
gestión, su alcance, etc. c) en que los Convenios actuales pueden ser
denunciados por varios aspectos; en este sentido, se distribuyó un Recurso de
Reposición previo a la vía contencioso administrativa o penal presentado por
un Concejal del Ayuntamiento de Tres Cantos contra la decisión plenaria de
formalizar los Convenios de Gestión integral del servicio de distribución de
agua, de alcantarillado, de la Addenda a la gestión integral para la ejecución de
infraestructuras de saneamiento y depuración, y de la incorporación del
Ayuntamiento al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II. Se
presentaron también en Madrid, Rivas, Leganés y otros
En 2015, Carlos Caicedo, entonces alcalde de Santa Marta (Colombia)
interpuso una acción popular —una acción jurídica para la defensa de los
intereses colectivos— para declarar la ilegalidad del contrato con la filial del
Canal de Isabel II en Colombia. En ella solicitaba que, ante el cúmulo de
irregularidades que se estaban produciendo, la empresa entregara la gestión
del agua al gobierno local. En 2017 un tribunal le dio la razón a esta acción
popular.
Todas estas acciones, en muchos casos promovidas por las organizaciones
que componen la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
12(algunas de las cuales se suman a esta querella, toda vez que la Plataforma
como tal no tiene personalidad jurídica), se complementan con una enorme
cantidad de acciones de sensibilización y presión política para evitar la
privatización de esta empresa pública, así como promover una gestión
transparente y eficaz de la misma: charlas, ruedas de prensa, acciones de
calle, informes, etc. como se puede comprobar en la propia web de la
Plataforma: http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
Mención especial merece las acciones contra el Campo de Golf de
Chamberí. Una sentencia del 26 de julio de 2016 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), comunicada a las partes el 2 de septiembre, anuló
el plan especial denominado "Definiciones de redes públicas depósito no 3 del
Canal de Isabel II y regulación de condiciones de protección". Este
planeamiento fue aprobado en julio de 2013 por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, siendo
consejero Borja Sarasola y presidente Ignacio González. El promotor del plan
especial
es
la
empresa
pública
Canal
de
Isabel
II
Gestión
S.A.
Con este plan especial, el promotor pretendía legalizar los campos de golf
(campo de prácticas y Pitch & Putt) construidos en 2007 sobre el tercer
depósito del Canal de Isabel II, en la avenida de Filipinas, en el distrito de
Chamberí. Estas instalaciones habían quedado sin cobertura legal después de
que el Tribunal Supremo, en diciembre de 2012 (tras un recurso interpuesto por
la Asociación Vecinal El Organillo), anulase la declaración de interés general
aprobada por el Gobierno de la CAM presidido entonces por Esperanza
Aguirre.
El plan especial anulado fue recurrido en 2013 por la asociación Parque Sí en
Chamberí, aunque todo el proceso se realizó en colaboración con Ecologistas
en Acción, la Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí y el Colectivo
Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde en Chamberí. La sentencia del TSJM
que da respuesta al recurso anula el plan especial por varios motivos, entre los
que caben destacar dos: la ausencia de motivación de la implantación de
13campo de golf sobre unos terrenos destinados a zona verde y la desviación de
poder cometidas por Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid.
Son por tanto innumerables las pertinentes causas que justifican la
presentación de esta querella, el ejercicio de la acción penal por parte de la
ciudadanía y, por ende, la plena admisibilidad de la personación como
acusación popular de las entidades adheridas a esta querella, todo ello bajo
una única representación procesal.
V.- INNECESARIEDAD DE FIANZA
Existiendo en la presente causa elementales indicios de la perpetración de
delitos electorales, siendo que esta representación viene a imputar a algunos
de los querellados la comisión de delitos electorales, debe señalarse que el art.
151.2 LOREG establece una norma procesal relativa al ejercicio de la acción
penal al indicar que "la acción penal que nace en estos delitos es pública y
podrá ejercitarse sin necesidad de depósito o fianza alguna".
Igualmente, debe señalarse que es jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo que el requisito de fianza para la admisibilidad de la
querella no opera cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un
proceso ya en curso.
VI.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS
PRIMERO: En el mes de abril de este año 2017 la opinión púbica de nuestro
país, abochornada, ha conocido, a consecuencia del arresto por orden judicial
de varios dirigentes, ex cargos públicos y otras personas vinculadas al Partido
Popular (PP), la existencia de una presunta organización criminal- también
14asociación ilícita ex art. 515 Código Penal-, insertada o vinculada a dicho
partido político, que utilizaba el poder político ostentado por el Partido Popular
en la Comunidad de Madrid, a través del gobierno autonómico y la gestión de
distintas empresas de carácter público, especialmente mediante el expolio del
Canal de Isabel II, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones
públicas a favor de empresarios, los cuales a cambio abonaban importantes
comisiones económicas, en dinero opaco a la Hacienda Pública, tanto a las
personas que formaban parte de dicha organización criminal, como también -a
la vista de lo que se ha ido conociendo- al propio Partido Popular, en forma de
una supuesta de desviación de fondos públicos, evidentemente no declarados
al Tribunal de Cuentas, al Partido Popular para el pago de campañas
electorales. La investigación de estos hechos corresponde al Juzgado al que se
dirige esta querella, con el número de diligencias que consta en la referencia de
esta querella.
Antes de ahondar en los concretos hechos objeto de esta querella, cabe
recordar que desde el año 2008, en el marco de las Diligencias Previas 275/08,
el Juzgado Central de Instrucción no 5 de la Audiencia Nacional, se comenzó la
investigación de diferentes conductas de naturaleza criminal vinculadas al
Partido Popular, tanto de Madrid como al PP nacional y otras regiones del
estado, siendo que con posterioridad se incoó, en el mismo Juzgado, la pieza
separada UDEF BLA para la investigación de diversas entregas de dinero
opaco al Partido Popular por parte de importantes constructores, entre los que
se encontraba el querellado Villar Mir, habiéndose encontrado sólidos indicios
de que la forma de funcionamiento de la citada organización criminal, inserta en
distintos niveles directivos y organizaciones territoriales del Partido Popular, era
la siguiente: los principales dirigentes y responsables de esta organización
criminal solicitaban comisiones económicas -precio o dádiva- a empresas o
particulares que tenían interés en ser contratados por administraciones
publicas gobernadas por el Partido Popular para la ejecución de obras o
servicios o la entrega de mercancías, especialmente por Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, y aún en fase de investigación, también por distintos
Ministerios, siempre en los periodos de tiempo en que las anteriores
instituciones públicas han sido gobernadas por el Partido Popular.
15A cambio de dicho precio, los miembros de esta organización criminal, con
evidente influencia en el seno del Partido Popular y en las instituciones por el
anterior gobernadas, acordaban con los distintos dirigentes del partido y con los
cargos públicos del PP con capacidad de influencia o decisión en el
procedimiento
de
aprobación,
concesión
u
otorgamiento
de
los
correspondientes contratos de obra, servicios o suministros, siempre con cargo
a presupuestos de la administración pública, es decir, siempre dinero público.
A cambio de garantizar que los empresarios o particulares que habían pagado
a dicha organización criminal acabaran siendo beneficiados con la concesión
de los contratos otorgados por las administraciones públicas, mediante la
aprobación de estas contrataciones en evidente vulneración y conculcación de
la legalidad vigente, los distintos cargos internos del Partido Popular y los
cargos públicos de este partido que habían intervenido en esta actividad
delictiva recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios u otros
regalos en especie en pago por haber violado la ley, defraudando así a la
sociedad, desviando suculentas cantidades de dinero B a paraísos
fiscales, preferentemente a Suiza, y haciendo primar exclusivamente su
propio y desmedido afán de enriquecimiento frente al interés colectivo de
la ciudadanía y de la administración pública por el cual debían velar como
gobernantes o miembros del partido de gobierno. La regularidad y
periodicidad de los pagos inducen a pensar que los receptores de estos
estuvieron durante un largo periodo de tiempo “a sueldo” de distintas
empresas de este país, principalmente constructoras.
SEGUNDO.- Como conocerá el Instructor, hechos similares a estos están
siendo investigados ahora también en las Diligencias Previas 85/14 de este
Juzgado Central de Instrucción no 6 de la Audiencia Nacional, en la
denominada causa “Púnica” y sus diferentes ramificaciones y correspondientes
piezas separadas, actuaciones presuntamente delictivas, ejecutadas de forma
constante e ininterrumpida desde hace años por
determinadas personas
orgánicamente vinculadas al Partido Popular de Madrid como cargos internos,
militantes o cargos públicos elegidos en las listas que este partido ha
16presentado a las distintas instituciones, así como consejeros del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, todos ellos coordinados y organizados en las
organizaciones criminal conocida popular y mediáticamente como
“red
Púnica”. Al tiempo en que se desarrollaron los hechos por los que investiga a
la organización criminal destapada en la operación “Púnica”, la también
querellada Esperanza Aguirre Gil de Biedma ha sido presidenta de la
Comunidad de Madrid así como presidenta del Partido Popular de Madrid,
siendo que el también querellado Ignacio González era consejero, y
vicepresidente de la CAM y finalmente secretario general del PP de Madrid.
En los últimos meses la sociedad ha ido conociendo como, paralelamente a
que esta organización criminal se lucraba en el propio beneficio personal de
sus miembros, se iba nutriendo de dinero opaco las finanzas del Partido
Popular, tanto el de Madrid como el nacional, ambos con domicilio social en la
tristemente conocida como sede de Génova, en tanto se desviaban pagos en B
desde
constructoras,
empresas
públicas
e
incluso
organizaciones
empresariales para la financiación ilícita de las diferentes campañas electorales
del Partido Popular. A la vez, se ha ido conociendo que una de las forma de
actuar de dicha red criminal se basaba en el enriquecimiento a través de
prácticas de enajenación de lo público en la que la trama se enriquecía
cobrando comisiones por la adjudicación de servicios públicos a entes
privados, incluyendo en el pastel para el enriquecimiento ilícito la enajenación
de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
En dicha causa, se ha llegado a constatar indiciariamente como incluso desde
la tesorería y gerencia nacional del Partido Popular, encabezados por los
también querellados Álvaro Lapuerta Quintero y Luis Bárcenas Gutiérrez, se ha
dado apoyo técnico para el trasvase de dinero B a las cuentas electorales del
Partido Popular electorales o a las cuentas de la fundación vinculada al Partido
Popular de Madrid, así como una colaboración en el pago irregular y no
declarado de ingentes gastos de campaña, tanto de elecciones autonómicas
como elecciones generales.
Estas conductas criminales llevadas a cabo por parte de dirigentes del Partido
Popular, que se dan tanto en las investigaciones seguidas por el Juzgado
17Central de Instrucción no 5 como las seguidas por el Juzgado Central de
Instrucción no 6, vienen a corroborar un modus operandi y forma
continuada de conducta en lo concerniente a la financiación ilícita del
Partido Popular por parte de empresas de las construcción, el desvió de
fondos públicos para allegarlos al partido, el falseamiento de sus cuentas
electorales, el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos,
siendo que hasta el año 2011 se tienen numerosas pruebas e indicios de la
participación continuada de los querellados Alavaro. Lapuerta y Luis Bárcenas,
así como en el ámbito de la Comunidad de Madrid del tesorero del Partido
Popular de Madrid.
Por tanto, son innumerables a día de hoy los dirigentes del Partido Popular que
podrían haber participado consciente y activamente - realizando de forma
activa los hechos criminales- en los hechos descritos anteriormente, así como
otros dirigentes, altos cargos del Partido Popular y también altos cargos de
distintas instituciones públicas, tanto de la administración local, como
autonómica o del Estado, lo han hecho de forma pasiva pero con
conocimiento de
los hechos delictivos que venían realizándose en el
seno de su partido o de las instituciones que gestionaban, sin intentar
evitarlos y sin denunciarlos a las autoridades judiciales o directamente
colaborando en el encubrimiento de dichas conductas y tratando de
influir, lamentablemente, de forma decisiva en el nombramiento de jueces
o fiscales en relación a asuntos que incumbían al Partido Popular,
incluidas entre este último grupo, a priori y sin que quepa descartar una
participación directa en las diferentes tramas organizadas, a algunas de las
personas ahora querelladas.
Por tanto, se puede concluir que en torno a las cuestiones de índole,
económico y financiero del Partido Popular, especialmente en lo relativo a las
finanzas controladas desde la sede de la calle Génova 13, parece que desde
hace tiempo existe organizada una estructura presuntamente criminal
especializada en recaudar ilegalmente entre empresas para efectuar pagos
periódicos a dicho partido político o desviar fondos públicos en beneficio del
18Partido Popular, por lo que aparecen claros indicios de que al frente de estas
organizaciones criminales dedicadas a recaudar pagos ilegales procedentes de
empresas, particulares, organizaciones empresariales o entidades públicas
controladas por el PP, y que actuaban de forma paralela y/o de forma
simultanea,
se encontraba en los distintos periodos las personas que
ostentaban las más altas responsabilidades económicas internas en el Partido
Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, al menos gerentes y
tesoreros, estrechamente relacionados con la secretaria general y la
presidencia del partido, quienes habrían promovido la comisión de actos
criminales por parte de dirigentes del partido para beneficio de este, así como
que el beneficio de dicha actividad ilícita habría ido a parar directamente al
Partido Popular, a su tesorería, y en forma de dadiva a los bolsillos particulares
de los más altos cargos y responsables de este partido, y ello de forma
ininterrumpida desde hace bastantes años, al menos desde la década de los
años 90 del pasado siglo, es decir en últimos 25 años de forma regular y
continuada.
TERCERO.- En lo que concierne a los hechos investigados en la causa en la
que presentamos esta querella, conocida como causa u operación “Lezo”, nos
debemos remitir a lo que se viene conociendo por la prensa en lo concerniente
a la investigaciones ya realizadas en esta instrucción, que se concretaría en la
existencia de una organización criminal, compuesta por diversas personas
vinculadas al Partido Popular de Madrid, cuyo objetivo era el enriquecimiento
personal a costa del cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas
adjudicatarias de contratos públicos, la contratación por parte de la
administración de empresas vinculadas a familiares o amigos y el desvio de
fondos privados opacos o públicos para la financiación de campañas
electorales del Partido Popular o la defraudación masiva dentro del Canal de
Isabel II. .
Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado a cabo, destacan
las actividades irregulares en el extranjero de sociedades vinculadas al Canal
19de Isabel II, realizando operación de compraventa de sociedades o con un
elevado sobreprecio que luego revertía en la red criminal en forma de comisión
o soborno, la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública
Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos
fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la
construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o
amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de
golf en el madrileño distrito de Chamberí o la desviación de fondos públicos
desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos
electorales del Partido Popular.
Así, cabe señalar el papel nuclear y de capo o cabecilla de la organización
criminal del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario
general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González González, como así
señala el auto de este juzgado de fecha 22 de abril de 2017 por el que
decretaba la prisión incondicional del ex presidente de la Comunidad de
Madrid. También resulta destacados y activos miembros de la red criminal
Pablo Manuel González González, hermano del anterior y directivo de la
empresa pública MERCASA, Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de
la empresa INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público
Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, es gerente del Canal de Isabel II
nombrado por Ignacio González cuando, como Vicepresidente y consejero,
ejercía la presidencia del Canal de Isabel II, José Martínez Nicolás, ex
consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid
ICM durante el tiempo en que Ignacio González ejerció como Presidente de la
Comunidad de Madrid, siendo que las conductas imputadas por el momento a
cada uno de ellos vienen detalladas en el auto de este juzgado de fecha 22 de
abril de 2017 por el que decretaba la prisión incondicional de varios de ellos o
la libertad bajo fianza de los dos últimos, por lo que no merita detenerse más
en explicar las conductas que habrían realizado cada uno de ellos toda vez que
ya han sido indicadas por el juzgado, a la espera de que nuevas diligencias de
investigación concreten y amplíen las conductas ilícitas imputables a cada uno
de ellos.
20CUARTO: Del elenco de conductas parasitarias de los bienes y caudales
públicos realizadas por la organización criminal, aparte de la que ampliamente
conocemos en torno al Canal de Isabel II, sus filiales internacionales o sus
terrenos en el madrileño distrito de Chamberí, especial mención debe tener por
sus implicaciones jurídicas que más adelante se dirán, el desvió de fondos
públicos desde la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ICM,
para el pago de gastos electorales del Partido Popular, actividad ilícita que
para más inri se realizó en plena crisis económica y recorte de servicios
públicos, entre los años, por lo menos, 2012 y 2013.
Según consta en las actuaciones, Ignacio González, que era Secretario
General del Partido Popular de Madrid y vicepresidente de la Comunidad, por
lo que ICM dependía orgánicamente de él, pidió en junio de 2012 al entonces
consejero delegado del organismo público ICM, José Martínez Nicolás, un
millón de euros para "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid". Dicha
reunión ocurrió tan solo meses antes de que, en septiembre, Ignacio González
pasara a la Presidencia regional tras la dimisión de Esperanza Aguirre, quien
continuó como presidenta del Partido Popular de Madrid hasta febrero de
2016 a la par que su valido Ignacio González lo hacía como Secretario General
del Partido Popular de Madrid.
Según consta en el auto de 22 de abril de 2017, Ignacio González pidió ese
dinero en tanto desde las elecciones de 2011 el Partido Popular de Madrid
acumulaba una deuda con los proveedores de dicha campaña electoral, por lo
que junto a Martínez Nicolás urdieron una estratagema para el desvío de
fondos mediante contratos "inflados" de ICM con Indra y Price Waterhouse
Cooper (PwC). Así, en el auto de 22 de abril se afirma que Martínez Nicolás se
habría valido de esas mercantiles para obtener el dinero solicitado por
González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo
de 687.497, 58 euros (566.497,58 € en 2012 y 121.000 € en 2013) desde
Indra, "uno de los principales contratistas del ente público ICM", a varias
21empresas proveedoras del PP que "que en otras ocasiones ya habrían sido
utilizados para saldar deudas del partido". Esas contrataciones de Indra, añade
el juez en el auto, se hicieron " a través de determinados entramados de
empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras
del PP por importe de cerca de 700.000 euros".
Debe señalarse que en el B.O.E de 28 diciembre de 2012 se publicó la nueva
redacción del Código Penal recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, por
la que los partidos políticos pasar a ser, como personas jurídicas, plenamente
responsables penales.
QUINTO: Mención aparte merece el relato de los hechos concernientes a la
vinculación con la organización criminal por parte de Javier López Madrid,
consejero delegado de OHL, y de Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL e
íntimo familiar del anterior.
Unido todo lo que se está investigando en otros procedimientos relativo a las
comisiones, entregas de dinero derivadas de la adjudicación de diferentes
contrataciones en el seno de la Administración pública ( hablo concretamente
de Púnica, Papeles de Barcenas, etc) y que en opinión de esta parte no vienen
sino a ser ratificadas con la actuación que por medio de la presente se va a
denunciar, se acredita con el comportamiento realizado por OHL, en la persona
de Javier López Madrid y de su presidente, Juan Manuel Villar Mir y sus
relaciones y gestiones con el Partido Popular, un entramado de entradas de
dinero al referido Partido a cambio de suculentas adjudicaciones de obra
pública.
Si unimos este caso conocido y sobre el que ya se está investigando por parte
de este Juzgado al resto de causas donde también se ha podido actuar de
igual manera, nos encontramos con que existe una perfecta organización
criminal en el seno del Partido Popular a través de la cual mediante ese
sistema de comisiones, con ese dinero recibido de los constructores se
procedía a financiar campañas electorales así como destinar ese dinero a otros
22fines igual de ilícitos y donde además formando parte de esa cuidadosa
organización criminal, de manera directa a través de sus representantes en el
Gobierno se intervenía para la adjudicación de obras públicas singulares y
relevantes.
En ese sentido, y en el caso que nos ocupa, esta parte viene a denunciar la
comisión de 1,4 millones de euros entregada a Ignacio Gonzalez y al Partido
Popular de Madrid por la adjudicación de una obra dentro del proyecto del Tren
Navalcarnero, “contrato de construcción y explotación de la obra pública para la
nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”,
tal y como ha podido constatar a través de medios de prensa y obra igualmente
en los autos de esta causa.
El Auto judicial indica que “Dicha comisión se habría pagado en una cuenta
suiza del Anglo Irish Bank en 2007, cuenta relacionada con la sociedad
panameña Lauryn Group Inc, relacionada con el empresario Adrián de la
Joya”, añadiendo que “Dicha comisión se habría pagado desde México”.
Ni que decir tiene que las relaciones entre el Sr. López Madrid, Villar Mir y el
Partido Popular hacen presumir que en el entorno de la Comunidad de Madrid
no fueron precisamente excepcionales y todo apunta a que una investigación
llevada a cabo por parte de este Juzgado pueda determinar la existencia de
otras comisiones a cambio de otras adjudicaciones de obra pública en la
Comunidad así como revelar el destino de ese dinero entregado que mucho
nos tememos ha sido utilizado en propio beneficio del Partido Popular y de
algunos de sus miembros.
SEXTO: También deben reseñarse en la presente querella los hechos que han
venido rodeando en los últimos meses la filtración y revelación a la
organización criminal de la existencia de una investigación judicial de
carácter secreto sobre las actividades de la red ilícita, además de señalar
la concreción de hechos que viene a determinar la existencia una serie de
actos para encubrir las actividades criminales de la trama corrupta.
23Esta representación considera necesaria por lo importante de la misma que,
por parte del Juzgado se investiguen otras actuaciones que podrían ser
constitutivas de graves ilícitos penales, que afectan de manera directa a la
comisión de algunos delitos, a la propia investigación judicial que se ha venido
realizando y también a la instrucción que ahora se practica.
? Reunión de D. Pablo González González con el Secretario de Estado, D.
José Antonio Nieto Ballesteros.
Esta parte tiene conocimiento, a través de diferentes medios de prensa y del
propio auto judicial de fecha 22 de abril de 2017 que, previa reunión entre
Ignacio González y Pablo González, donde hablaron de la posible investigación
policial a su hermano Pablo y de quien ocupaba actualmente el cargo de
Secretario de Estado, este último, Pablo González se reunión con el Secretario
de Estado actual, D. José Antonio Nieto Ballesteros.
La reunión ha sido confirmada por el propio responsable del Ministerio del
Interior, como ya es público y notorio.
A priori, nada parece justificar la procedencia de mantener una reunión, salvo el
que por parte de éste último se procediera a facilitar información sobre la
investigación que se estaba llevando a cabo por parte de las fuerzas y cuerpos
policiales pertenecientes a ese Ministerio que representa el Sr. Nieto.
Si a esto se le añade las últimas noticias aparecidas en prensa y donde parece
ser que el propio González reconoce en una conversación telefónica
intervenida por la guardia civil que ha sido alertado desde instancias del
Gobierno, concretamente desde la Secretaria del Estado,
“ He hablado con el Secretario de Estado y me ha dicho que me ande con
cuidado”
24todo apunta a una correlación más que evidente entre los comportamientos
anteriormente descritos y los delitos anunciados.
Es por ello que esta parte considera sumamente procedente en el ámbito de
esta instrucción que se proceda a investigar dicha actuación; con qué fin se
realizó, qué fue objeto de la misma y si se le dieron datos al Sr. González sobre
la investigación que se llevaba a cabo. Hechos todos ellos que serían
constitutivos de un grave delito de revelación de secretos, obstrucción a la
Justicia además de sumamente gravedad tratándose de un alto cargo del
Ministerio del Interior.
Alto cargo, que, nombrado por el PP, militando en el mismo, es evidente que
puede tener un interés espureo en que la investigación no tengo el objetivo
deseado y entorpecer la misma con las informaciones que se habrían podido
trasladar al hermano de Ignacio González.
Es evidente que si producto de esa reunión se le trasladaron detalles de la
investigación que se estaba llevando a cabo, ha habido mas que posibilidades
de que se hayan podido ocultar pruebas, datos sumamente relevantes para la
instrucción que se practica.
Es por todo ello que esta parte considera que deben ser objeto de investigación
por parte de este Tribunal y sea llamado el Secretario de Estado de Ministerio
del Interior, D. José Antonio Ballesteros Nieto para que explique cual fue el
motivo de mantener la misma y qué datos le fueron revelados.
? Conversación con magistrada “afin y/o amiga de la casa” que revela
también datos de la investigación policial.
Se ha podido saber también a través de los medios de prensa que por parte de
una magistrada amiga del medio de prensa “ La Razón” se advirtió al Sr.
Ignacio González que estaba siendo objeto de grabaciones telefónicas por
parte de la guardia civil.
25Así dicen se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil realizada el día 22 de noviembre de 2.016, en la
que González comenta con Eduardo Zaplana su último encuentro con Casals y
donde le refiere ( Cita literal según los diferentes artículos de prensa, todos
notorios).
“ Edmundo está acojonao, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...).
Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha “llamao” para
decir “ oye cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña”
Ni que decir tiene que resulta curioso y obra también en los autos, el sms
remitido en noviembre de 2.016 por parte del Ministro de Justicia actual, Sr.
Catalá a Ignacio González, donde se le desean buenos augurios por esos “lios”
en los que parece estar incurso el susodicho.
Por no hablar de los sms cruzados entre el Eduardo Zaplana e Ignacio
González, de los que también ha tenido conocimiento esta parte y que según
se desprende de las noticias aparecidas en prensa obran en los autos:
comunicaciones todas ellas de las que se pueden deducir actuaciones más que
dudosas con el claro objetivo de poder intervenir en órganos de la judicatura y
de la propia fiscalía.
Es más que evidente que todas estas actuaciones que – por lo que ha
transcendido del auto de 22 de Abril de 2017 son relacionadas en el mismo -
deben ser objeto de investigación, pues pueden encuadrar graves ilícitos
penales como revelación de secretos, obstrucción a la justicia además de ser
absolutamente reprochables en otros órdenes.
SÉPTIMO.-
El pago de dadivas o comisiones al Partido Popular
por
empresas de infraestructuras y construcción ha sido un práctica habitual
durante años como está siendo acreditado tanto en este procedimiento como
26en los seguidos ante el Juzgado Central de instrucción no 5, en las causas
denominadas “Gurtell” y “Pieza Separada UDEF BLA” (papeles de Bárcenas)
Como hemos ido argumentando en esta querella, el cobro habitual de estas
comisiones dio lugar a la estructuración y funcionamiento de una organización
criminal en el seno del Partido Popular, en la que han venido participando
activamente los distintos tesoreros de este partido así como otros dirigentes y
cargos del mismo en los ámbitos territoriales de las comunidades autónomas.
Consta en las actuaciones el posible pago por la constructora OHL a Ignacio
González, en septiembre del año 2007, de una comisión de 1,4 millones de
euros, relacionada con la adjudicación del 'contrato de construcción y
explotación de la obra pública para la nueva línea de transporte ferroviario
entre Móstoles Central y Navalcarnero', soborno que conocía la dirección del
Partido Popular desde hace varios años por diferentes vías, a pesar de lo cual
no puso estos hechos delictivos en conocimiento de la autoridad judicial ni
procedió a la devolución de la millonaria cantidad a la empresa OHL. El
entonces tesorero del PP, Sr Álvaro Lapuerta y el gerente del partido, Luis
Bárcenas, conocieron el pago de esta comisión a través de su pagador, el
empresario y principal accionista de OHL Juan Miguel Villar Mir, quien puso en
conocimiento del Sr. Lapuerta, y este al Sr. Barcenas,
el pago a Ignacio
González por presuntamente entender que se trataba de una comisión
excesiva, a pesar de ya haberla abonado.
El Juzgado al que nos dirigimos ordeno la entrada y registro de la sede social
de la empresa OHL el pasado día 20 de abril “por el presunto pago de una
comisión de 1,4 millones aproximadamente, relacionada con la adjudicación del
“contrato de construcción y explotación de la obra pública para la nueva línea
de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero”, tal y como
se indica en el Auto judicial que ordenaba dicho registro.
Tal y como hemos referido en hecho anterior, el Auto judicial determina que
“Dicha comisión se habría pagado en una cuenta suiza del Anglo Irish Bank
en 2007, cuenta relacionada con la sociedad panameña Lauryn Group Inc,
relacionada con el empresario Adrián de la Joya”, y añade
comisión se habría pagado desde México”.
27
que “DichaPor tanto, los dirigentes del PP Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas conocían el
pago de dicha comisión, su importe, el pagador y el receptor de la misma, que
el cobro se articuló a través de la referida entidad financiera suiza, así como la
fecha exacta en que se efectuó el pago, llegando a realizar gestiones de
averiguación para tratar de hallar el paradero, siendo que a su vez existen
informaciones de que sobre esta búsqueda del dinero del soborno informaron a
los más altas instancias del Partido Popular.
También el ex alcalde del Partido Popular de Leganés, Jesús Gómez, conocía
el pago de dicha comisión, a pesar de lo cual tampoco lo puso en conocimiento
de las autoridades judiciales. No obstante, se reunió a finales de noviembre de
2014 en el Congreso de los Diputados con Juan Carlos Vera, entonces
diputado popular y coordinador de Organización del partido popular, a quien
informo detalladamente del pago de la comisión. Esta parte ha tenido
conocimiento de que el Sr Gómez procedió a otorgar un acta notarial en el que
manifestaba las anteriores circunstancias, a pesar de no haber procedido a
denunciar la conducta criminal.
OCTAVO.- Esperanza Aguirre Gil de Biedma es la mujer que ha ostentado
durante más años su cargo como Presidenta del Partido Popular en Madrid,
desde el año 2004 hasta el año 2.016; cargo que ha estado además solapando
muchos años con su gestión como Presidenta de la Comunidad de Madrid:
concretamente durante los años 2003 a 2012.
Como Presidenta del Partido Popular la Comunidad de Madrid ha sido la
máxima responsable del Partido en esta comunidad, y del Reglamento que
aportamos se desprende que dicho cargo, aparte de otorgarle el absoluto
control, le dota de amplias facultades en todo el territorio.
Así se prevé en los artículos 47 y 48 del citado Reglamento que claramente
determinan sus funciones
28Su papel en todo el entramado aquí relatado no puede obviarse pues si bien en
cierto sentido no puede atribuírsele conducta alguna con carácter activo, su
comisión por omisión en la mayoría de las conductas aquí referidas ante el
perfecto conocimiento que debía tener de las mismas y su inactividad resulta
pieza clave de la presente investigación.
No sólo era la máxima responsable del Partido Popular en Madrid durante los
años en los que se realizaron las conductas aquí descritas, sino que es
imposible que las financiaciones de determinadas campañas electorales, asi
como el desvio de algunas de las cantidades entregadas no fueran
sobradamente conocidas por su más alto cargo de representación y gobierno
en el Partido Popular dentro de la Comunidad de Madrid.
Ya el diario Público reveló que Esperanza Aguirre había financiado de forma
irregular su campaña electoral del 2003 y 2004, conocidas como las del
“tamayazo”, con donaciones de empresarios que contrataban con el gobierno
del PP y a los que su gobierno posteriormente adjudicaría más de 200
contratos, la mayoría de forma directa. Lo hicieron mediante donaciones a una
fundación fantasma, Fundescam, de la que ella era presidenta, y que se
encontraba en una situación irregular, ya que nunca había presentado sus
cuentas.
En 2012, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó un informe
ante el juez de la Audiencia Nacional en el que según sus investigaciones se
aportaban pruebas de una posible financiación ilegal, y de la existencia de
facturas falsas extendidas por empresas de la trama Gurtel a la fundación
Fundescam por servicios prestados al partido en las campañas. La Fiscalía
Anticorrupción no continuó la investigación al estar ya prescrito el presunto
delito
Si a su papel dentro del Partido Popular, le unimos también los años en los que
presidió la Comunidad de Madrid , años en los que nombró al querellado
Ignacio González, Presidente del Canal de Isabel II ( 2003-2012) no debe
descartarse y en opinión de esta parte debe ser objeto de investigación su
29intervención en dicho nombramiento y los rendimientos que tanto ella como su
partido pudieran haber obtenido del mismo; habida cuenta de todo lo relatado
en el auto reiterado y que fue realizado por el Sr. González a través del Canal
de Isabel II e ICM.
A todo ello, debe sumarse las revelaciones aparecidas hoy mismo en la prensa
por parte del ex alcalde de Leganes. Reproducimos lo publicado por el diario El
Mundo en el día de hoy 26 de abril de 2017:
“ Ex alcalde: -Me alarmé y fui a ver a Esperanza Aguirre hasta en tres
ocasiones. Le dije: «Me ha llegado esto por casualidad». Le expliqué que había
peligro porque lo tenía por varias fuentes distintas y que nos haría un daño
irreparable si nos estallaba en la cara. Se enfadó un poco, no le dio credibilidad
y lo despachó como un burdo rumor. Sólo pedí que lo investigaran, porque era
mi responsabilidad; si lo hubiera tenido acreditado me hubiera ido directamente
a la Policía.
Periodista: ¿Sabe si Aguirre hizo alguna gestión para verificar los datos?
Habló con González y a partir de ese momento arreció una campaña sucia
contra mí en la prensa local de Leganés acusándome de tener una cuenta en
Suiza y de manejar dinero negro. Además, González compró una web,
Estrella Digital, para que dejara de investigar el Canal de Isabel II y la
empleó para atacar a sus enemigos. Realizó la operación a través de Ildefonso
de Miguel [ex gerente de la empresa de aguas madrileña].
P ¿Qué explicación le dio González a Aguirre?
Esperanza me dijo que, según le había dicho Nacho, todo era una sarta de
calumnias y mentiras y que me olvidara de ese asunto y dejara de ver
fantasmas. Esa era la versión de Ignacio González, en quien confiaba
ciegamente y sin ninguna reserva. Y esa ha sido la causa de su desgracia
política. Ahí podía haber acabado todo, pero un sexto sentido me decía que
algo no funcionaba bien, sobre todo por la extraña llamada de González, y no
quise dejar el tema así.”
30Como hemos manifestado el trasladar informaciones de este calibre, sin que
por parte de la Presidenta, tanto de la Comunidad, como del Partido Popular en
la Comunidad de Madrid, se iniciara ni la más mínima investigación respecto de
ellas cuestiona no sólo su responsabilidad política que es palmaria sino que
podría encubrir las actuaciones aquí descritas bien por vía de acción o de
omisión.
NOVENO.- Igualmente que lo señalado anteriormente, resulta ya público y
notorio como altos dirigentes del Partido Popular habían sido alertados en
diversas ocasiones de las actividades ilícitas que se estaban desarrollando
alrededor de Ignacio González, sin que se hubiese hecho nada por denunciar o
investigar judicialmente las graves sospechas que sobre la actividad de este
recaían, en especial en relación al Canal de Isabel II y el cobro de sobornos.
Debe señalarse que a la par que se desarrollaban las conductas relacionadas
con la organización criminal comandada por Ignacio González, en el seno de
Partido Popular de Madrid se venían dando una reiterada concatenación de
conductas irregulares en el ámbito de la financiación de sus campañas
electorales, realizando acciones de forma continuada que claramente pueden
ser consideradas como delito electoral continuado, siendo que las donaciones
percibidas y no declaradas podrían constituir igualmente un delito contra la
hacienda pública.
DÉCIMO.- A fecha de hoy, no consta que el Partido Popular haya puesto a
disposición de las autoridades judiciales, y por propia voluntad, documentación
o información relativa a las diferentes tramas organizadas desarrolladas en el
seno de su partido, y sin que igualmente hasta la fecha se haya iniciado un
procedimiento de investigación a instancias de denuncias remitidas por el
propio partido. Tampoco se ha dado una versión plausible de cómo es posible
que en el interior de dicha formación se hayan desarrollado dichas tramas
organizadas sin que se detectase y denunciase, a la vez que por parte del
Partido Popular no se dado ningún tipo explicación lógica, por que no la puede
haber, de cómo puede haber tal disparidad entre lo declarado como gasto total
31de cada campaña electoral y lo realmente gastado y abonado de forma
fraudulenta.
Tampoco consta que por parte del Partido Popular se haya devuelto ninguna
cantidad desviada desde empresas públicas al Partido Popular, en especial las
cantidades desviadas desde la Agencia de Informática de la Comunidad de
Madrid, ICM, hacía el PP entre los años 2012 y 2013.
DECIMO PRIMERO.- Grave trascendencia social de los hechos relatados
en esta querella.
Resulta indudable la especial y grave transcendencia social que tienen los
hechos descritos en esta querella, toda vez que existen solidos indicios de la
participación en los hechos de personas con altas responsabilidades de
gobierno en la estructura del estado, así como la implicación de la organización
criminal descrita en empresa públicas con ramificaciones en operaciones
mercantiles fuera del territorio nacional, causando un grave perjuicio a las arcas
públicas, el estado de derecho, la percepción que tiene los ciudadanía de sus
representantes públicos y la forma de ser electos en procesos electorales
corrompidos, así como la propia estima que en el extranjero se tenga de las
instituciones públicas y entidades de nuestro país.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
VII.- TIPIFICACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS:
32Los hechos relatados en la presente querella de los que se ha tenido
conocimiento público por notoriedad informativa son de una gravedad extrema
al apuntar indiciariamente la comisión de múltiples delitos por parte de los
ahora querellados. Para una mejor articulación de la presente fundamentación
jurídica y una adecuada ordenación sistemática de los títulos de imputación
que la integran estructuraremos su desarrollo en torno a los siguientes
apartados, argumentando en Derecho la concurrencia en los hechos relatados
de las tipificaciones penales indicadas y que esta representación estima
plenamente ajustados a los hechos denunciados.
Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, la conducta descrita puede ser
constitutiva de los siguientes delitos:
1o.- GRUPO U ORGANIZACIÓN CRIMINAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA
Del conjunto de elementos probatorios que hasta el día de hoy se han ido
conociendo, se puede determinar la existencia de una organización criminal, en
cuya cúspide estaría Ignacio González, que tendría por objetivo la apropiación
de bienes públicos para el enriquecimiento particular o beneficio directo del
Partido Popular, siendo un hecho que la organización cobró sobornos de
empresas constructoras así como desvió fondos a paraísos fiscales,
estableciendo complejos sistemas de blanqueo de capitales. También resultan
destacados y activos miembros de la red criminal Pablo Manuel González
González, hermano del anterior y directivo de la empresa pública MERCASA,
Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de la empresa INASA, sociedad
dependiente de la sociedad de capital público Canal de Isabel II Ildefonso de
Miguel, es gerente del Canal de Isabel II nombrado por Ignacio González
cuando, como Vicepresidente y consejero, ejercía la presidencia del Canal de
Isabel II, José Martínez Nicolás, así como también han sido cooperadores o
cómplices de la trama criminal otras personas ya investigadas en la causa
objeto de esta querella.
33La propia naturaleza de los hechos relatados evidencia que no
estaríamos ante una conducta puntual, individual o individualizable en una o
varias personas que abusando de la concreta confianza derivada de la
responsabilidad institucional u orgánica dentro del PP cometen delitos y se
enriquecen. Antes al contrario, todo apunta a que estaríamos ante una práctica
sistemática, organizada y coordinada incrustada desde hace años en el núcleo
de la más alta dirección del Partido Popular de Madrid, convirtiendo a dicho
partido político en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva que
además, por su control mediato de los distintos resortes del poder del Estado,
permitiría asegurar a los responsables de dichas actividades delictivas altos
niveles de impunidad.
El carácter sistemático y organizado vendría corroborado por el modo
estandarizado en que se realizaban las conductas descritas, de forma
sostenida en el tiempo, siendo este modo de conducta un modus operandi
reiterado por otras tramas delictivas insertas en el Partido Popular y ya
investigadas en otras causas por este Juzgado y el Juzgado Central de
Instrucción no 5.
De esta forma, dicha dinámica delictiva organizada no puede considerarse
limitada en el tiempo por cuanto habría continuado con lo que desde antes de
que el Partido Popular se llamara así se venia realizando forma habitual en el
partido, habiéndose prolongado por más de 20 años según resulta de las
informaciones publicadas y documentos obrantes en diferentes causas
judiciales, especialmente en lo concerniente a la financiación ilícita del Partido
Popular y sus campañas electorales, toda vez que los triunfos electorales
suponían el trampolín para gestionar diversas instituciones y empresas
públicas en la que insertarse para dilapidar fondos públicos y adjudicar
obras, bajo soborno, en beneficio propio o del partido, todo esto último
en evidente connivencia con los departamentos de tesorería y finanzas
del Partido Popular, en Madrid o nacional. . Esa vocación perdurable en el
tiempo más allá de lo esporádico o coyuntural apuntaría la existencia de una
estructura organizativa de cierta consistencia, densidad y entidad.
34Todo ello hace que las conductas relatadas puedan resultar ser constitutivas
de un delito de asociación ilícita del artículo 515 en concurso de normas con los
artículos 570 bis y siguientes del Código Penal.
Así dispone el artículo 515 del Código Penal que:
“ Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas,
promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la
comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada (...).”
Por su parte, el artículo 570 bis del Código Penal establece:
“1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una
organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de
prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en
la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier
otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco
años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno
a tres años en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de
cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas ”.
El Tribunal Supremo ha definido los requisitos exigibles en orden a apreciar la
concurrencia de dicho delito, estableciendo que la asociación ilícita implica
necesariamente:
a) Una pluralidad de personas que se unan para llevar a cabo una
determinada actividad.
35b) Una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad
prevista.
c) La consistencia o permanencia, de modo que el acuerdo asociativo sea
duradero y no puramente transitorio.
d) El fin de la asociación responda alguno de los objetos contemplados en
el propio 515 del Código Penal.
(SSTS de 20 de octubre de 1997; 234/2001, de 3 de mayo; 415/2005, 23 de
marzo; núm. 2/1998, de 29 de julio; núm. 234/2001, de 3 de mayo y núm.
415/2005, de 23 de marzo, entre otras).
Concurrirían indiciariamente todos y cada uno de los requisitos referidos dado
que podríamos estar ante una estructura permanente de carácter delictivo
organizada desde y en el seno del Partido Popular de Madrid, estando a la
cabeza su secretario General entre 2011 y 2015. Es decir, ante un asociación
ilícita o grupo delictivo organizado que desde la estructura de dicha
organización política y bajo su cobertura, protección y encubrimiento habría
estado cometiendo las actividades delictivas que integran los títulos de
imputación de la presente querella, con la finalidad de satisfacer la voluntad de
sobornadores y posibilitar o favorecer su enriquecimiento, y simultáneamente
enriqueciendo a los miembros integrantes de la asociación ilícita, así como
allegando “recursos extra” para financiar ilegalmente al propio Partido Popular.
2o.- MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Art. 432 CP
De los hechos relatados resulta clarividente que nos encontramos ante
conductas cometidas por la trama criminal fácilmente subsumibles en el delito
de malversación de caudales públicos, toda vez que existen pruebas e indicios
de desviación de fondos públicos, desde diversas empresas públicas
controladas por la red criminal, hacia la propios confabulados en el delito así
como hacía el Partido Popular, así se describen conductas de sobreprecio
abonados por dichas empresas en beneficio, vía comisiones, de los integrantes
36de la organización criminal.
Así, nos dice el artículo 432 del Código Penal:
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o
consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos
públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena
de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez
años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial
gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o
entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán
si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico,
o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán
las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses
a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres
años.
La jurisprudencia viene señalando de forma reiterada que el delito de
malversación definitiva contempla una doble forma comisiva, de modo que
puede ser cometido activamente, sustrayendo los caudales o efectos públicos,
o de forma omisiva, cuando el funcionario o autoridad consiente que sea un
tercero quien los sustraiga, del modo que los implicados en la trama fácilmente
puede ser imputados por dicha conducta criminal. Debe resaltarse que el
Partido Popular pudiera aparece como beneficiario de algunos de estas
conductas toda vez que es quien finalmente se apropio, indiciariamente, para el
pago de sus campañas electorales de diversas cantidades sustraídas de la
Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2013.
373o.- ALTERACION DE PRECIO EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS.
Art 262 C.P.
De lo relatado en los hechos de esta querella, resultante tanto de los
documentos y declaraciones que ya obran en poder de este Juzgado, se
desprende que existen indicios suficientes y racionales de que los supuestos
ingresos recibidos ilícitamente por dirigentes del Partido Popular y empresas
públicas gestionadas por personas vinculadas a dicho partido pueden haber
tenido influencia en el resultado de diversos concursos y subastas públicas
llevados a cabo por las diferentes administraciones públicas, resultados que
eran decididos por altos cargos de la administración que además eran
miembros o dirigentes del Partido Popular, lo que está tipificado como delito en
el Art. 262 de nuestro Código Penal con penas de cárcel e inhabilitación de
hasta 3 años y 5 años respectivamente.
Así, se establece en el Artículo 262 de nuestro Código Penal:
“1.- Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un
concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por
medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se
concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que
fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la
adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y
multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en
subastas judiciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o
subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá
además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de
inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar
con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años.
2.- El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias
38previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad,
organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de tales actividades.”
De la información aparecida se desprende que, además de las comisiones
cobradas en beneficio de los integrantes de la trama, diversos presidentes o
altos directivos de importantes empresas que contratan de forma regular con
las administraciones públicas, como es el caso de OHL, han allegado fondos al
Partido Popular, como pudiera ser el caso de las comisiones por la
adjudicación del tren de Navalcarnero, vulnerando por otra parte lo establecido
en el Art. 5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos.
Debe señalarse que en el caso concreto de OHL y Villar Mir, dicha empresa y
su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos al también querellado
Luís Bárcenas como financiadores del Partido Popular, así como en las causas
investigadas por este Juzgado en relación a la operación Púnica, por el por lo
que se puede considerar que tal conducta ilícita aparece reiterada en el tiempo
a lo largo de muchos años.
Por tanto, existen indicios más que suficientes de que los pagos efectuados
por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de
conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las
instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se
concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la
contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a
las empresas financiadoras, facilitando previamente a realizarse los
concursos y subastas, así como durante el proceso de adjudicación,
información sobre los mismos que facilitase que las empresas pagadoras
se alzasen con la adjudicación licitada. Señalamos aquí que las
modalidades típicas de comisión de este delito son, entre otras, los intentos de
alejar a postores en subastas por medio de amenazas, promesas o cualquier
otro artificio, o el concierto entre varias personas para alterar el precio del
39remate.
Los anteriores indicios de haberse cometido el delito indicado de alteración de
precios en concurso o subasta pública, deben ser investigados a fondo para en
su caso alcanzar las pruebas materiales de cómo y cuándo se perfeccionó el
delito mediante la alteración de determinados y concretos procesos de
adjudicación de obras u otros servicios o concesiones de carácter público
llevados a cabos por distintas administraciones o empresas públicas
gestionadas por el Partido Popular.
4o.- RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES: en los Art. 298 y
siguientes del Código Penal:
La aceptación por parte de determinados personas de la organización criminal,
con Ignacio González como cabecilla en la cúspide, de dinero en efectivo (
“dinerillo en B”) proveniente de actividades ilícitas y supuestamente delictivas
llevadas a cabo por su la red, entre las que estarían la alteración de precios en
subastas y concursos públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y
exacciones ilegales, y con pleno conocimiento de su origen ilícito, aunque tales
dirigentes del Partido Popular o instituciones públicas no hubiesen participado
como autores o cómplices, constituirían delito de receptación tipificado en el
Código Penal en el Art. 298:
“Artículo 298 CP
1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el
patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni
como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o
reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años.”
Igualmente existen indicios de que los ahora querellados han podido incurrir en
un delito de blanqueo de capitales tipificado en el Código Penal en los Art.
40301 y siguientes, desviando particularmente diversas cantidades de dinero
hacia el extranjero, delitos con penas previstas de hasta seis años de prisión, lo
que evidencia la plena vigencia jurídica de los delitos y la no prescripción de los
mismos. Por otra parte resulta palmario cómo el Partido Popular ha facilitado el
blanqueo de cantidades obtenidas ilícitamente mediante el desvío de fondos de
ICM para el pago de sus campañas electorales, toda vez que aparece como
beneficiario del delito, indiciariamente, para el pago de sus campañas
electorales de diversas cantidades sustraídas de los caudales de la Agencia de
Informática de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2013.
“Artículo 301.CP
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos
tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para
ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos,
los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y
acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
(...) También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su
origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X
del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o
encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o
derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden
de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de
participación en ellos.”
Evidentemente existen indicios de que parte del dinero recibido ilícitamente
41por el red criminal ha podido ser ocultado a la Hacienda Pública y
blanqueado mediante el desvío a diversas cuentas bancarias en la
Confederación Suiza u otros paraísos fiscales, así como utilizado para el
pago de deudas electorales del Partido Popular de Madrid.
5o.- COHECHO:
De los hechos relatados en esta querella, y de la numerosa información
aparecida a lo largo de la investigación efectuada por el Juzgado Central de
Instrucción no 6, Diligencias Previas 85/16, se puede desprender, sin mucho
margen de error, y superando la categoría de indicio suficiente, que durante un
lapsus temporal prolongado en el tiempo, diferentes cargos públicos con
autoridad y funciones de gobierno en distintas administraciones públicas, en
especial de la Comunidad de Madrid, todos ellos vinculados de una u otra
forma al Partido Popular, han recibido dádivas, favores y retribuciones, -y no
solo en provecho propio-, a cambio de la realización de actos contrarios a los
deberes inherentes a su cargo.
A su vez, aparecen indicios de que, entre los años 2012 y 2013, por parte de la
agencia autonómica ICM se han realizado adjudicaciones irregulares en favor
de las empresas Indra y Pricewaterhouse con objeto de que estas, a su vez,
abonaran, vía proveedores, gastos electorales del Partido Popular, lo que
evidentemente concretaría un delito de cohecho.
Así, se indica en el artículo 419 (cohecho pasivo propio) de nuestro Código
Penal, al respecto:
“La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en ejercicio de su cargo un acto
contrario a los
deberes inherentes al mismo o para realizar
o retrasar
injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a
42seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena
correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o
promesa, si fuera constitutivo de delito. “
Pero además se habrían venido aceptando por los querellados miembros del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, empresas públicas dependientes de esta
o del Estado, todas ellas gestionadas por el Partido Popular, retribuciones
ilícitas por el simple hecho de realizar un acto propio de su cargo, dando así
entrada al tipo penal en toda su extensión.
Así, el artículo 420 del Código Penal dice:
“ La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero, recibiere o
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo,
incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete
años. “
A todo lo anterior, debe sumarse el hecho de que existen indicios de que por
parte de la trama corrupta se ha podido cobrar dádivas o comisiones ilícitas en
especie a través del regalo de viviendas, ropa, viajes y otros artículos de lujo,
una actividad que parece haber sido norma habitual durante bastante tiempo
entre miembros del Partido Popular. Al respecto, el artículo 422 del Código
Penal es claro:
“Artículo 422:
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera,
por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en
43consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un
año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años. “
En ese sentido, consideramos que hay indicios más que racionales de que han
existido los hechos que encajan en estos delitos cometidos por los cargos
públicos que han aceptado esos regalos o esas retribuciones, lo que es
evidente con los nuevas evidencias aparecidas. También aparecen elementos
indiciarios que nos permiten razonar que diversas personas y entidades que
han realizado la actividad de dar esos regalos y entregar esas dadivas
cobradas por los destinatarios como supuestos pagos de retribuciones, con lo
que se darían tanto el cohecho pasivo como el activo, cerrándose así un
círculo criminal que ha causado un inmenso e irreparable daño a la
economía de nuestro país, encareciendo el precio final de los productos
relacionados con el sector de las infraestructuras y la construcción y
sacando del mercado a empresas que se han negado a trabajar con
métodos mafiosos.
Así el artículo 424 del Código Penal, es taxativo en relación a lo dicho:
“Art 424:
1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra
clase a un autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio
de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes
inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o
retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será
castigado en sus respectivos casos, con la mismas penas de prisión y multa
que la autoridad, funcionario o persona corrompida.
2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud
de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la
función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a
44ellos correspondan.
3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere
relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas
convocadas por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al
particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que
representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas
públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte
del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la
Seguridad Social por un tiempo de tres años.”
Ni que decir tiene que todo el entramado criminal se dirigía a esa obtención de
una actuación de favor por parte de la administración pública, sobre todo, pero
no exclusivamente, con el fin de conseguir fraudulentamente la contratación
con la misma, a cambio de sobornos, regalos y todo tipo de dádivas.
Por último, cabe señalar que el art. 427.2 CP, vigente al momento de
producirse los hechos (actual 427. Bis CP), estipula:
“Artículo 427 bis
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las
siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de
libertad no incluida en el anterior inciso.
45c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si
la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.”
Es decir, el propio legislador no solo no descarta sino que contempla
expresamente la participación de personas jurídicas en la perpetración de estos
delitos, situación que podría concurrir en los hechos relatados según pareciera
desprenderse del relato efectuado, lo que deberá tenerse en cuenta por el
instructor a lo largo del procedimiento al objeto de establecerse imputaciones o
determinarse la actividad instructora en el mismo, para el caso de empresas
como Indra o Pricewaterhouse, siendo evidente que tras la publicación en el
B.O.E de 28 diciembre de 2012 la nueva redacción del Código Penal recogida
en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos, y en concreto el
Partido Popular, sería plenamente responsable ante la jurisdicción penal.
6o.- ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA
De la información que obra en los medios de comunicación así como en los
datos de las resoluciones de este juzgado a los que ha podido tener acceso
esta representación,
constan diversos indicios de la comisión de diversos
delitos de estafa, teniendo en consideración que por parte de la administración
o empresas publicas se han venido abonado a empresas privadas partidas por
trabajos realmente no efectuados o con un sobreprecio no fundamentado, todo
ello con el objetivo de producir engaño suficiente en los órganos de tesorería
de las citadas administraciones o empresa para la consecución del abono
correspondiente, todo ello para después ser utilizados esos fondos para el
pago de gastos electorales, como así pudiera haber sucedido con la Agencia
de Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, que abono a las empresas
Indra y PriceWaterhouse, entre 2012 y 2013, diversas cantidades por trabajos
realmente no efectuados o con un sobreprecio no justificado.
46Así, nos dice el artículo 248 de Código Penal:
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en
perjuicio propio o ajeno.
Igualmente debe señalarse lo que indica el Artículo 251 bis
“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le
impondrán las siguientes penas:
a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido
por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los
casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.·”
Por tanto, reiterando lo indicado en otros tipos penales, el propio legislador no
solo no descarta sino que contempla expresamente la participación de
personas jurídicas en la perpetración de estos delitos, situación que podría
concurrir en los hechos relatados según pareciera desprenderse del relato
efectuado, lo que deberá tenerse en cuenta por el instructor a lo largo del
procedimiento al objeto de establecerse imputaciones o determinarse
la
actividad instructora en el mismo, para el caso de empresas como Indra o
Pricewaterhouse, siendo evidente que tras la publicación en el B.O.E de 28
diciembre de 2012 la nueva redacción del Código Penal recogida en la L.O.
7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos, y en concreto el Partido
Popular, sería plenamente responsable ante la jurisdicción penal
47A la vez que todo lo anteriormente descrito, existen indicios de que los
querellados se pudieran haber apropiado indebidamente de bienes o
cantidades de dinero detraídos de las instituciones o empresas en las que
ejercían sus respectivas actividades.
Nos dice el artículo 252 CP vigente al momento de producirse los hechos:
“1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o 250, en su caso, los que,
en perjuicio de otro, se apropiaren o distrajeres para sí o para un tercero, de
dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, que
hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido
confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de
entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido (...).”
Debe, por tanto, ser durante el curso de la investigación cuando se vayan
concretando las cantidades o bienes que los querellados se pudieren haber
apropiado ilícitamente de las empresas o instituciones de las que eran
responsables.
7o.- DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.
Existen en los hechos relatados en esta querella, en la que se detallan las
diversas iregularidades llevadas a cabo por la red criminal, en un espacio
temporal coincidente con diversas adjudicaciones de licitaciones y concursos
públicos, en especial en aquellos en los que ha tenido ocasión de participar el
Señor Ignacio González en su condición de Consejero, vicepresidente o
Presidente de la Comunidad de Madrid, a la vez que era primero prominente
miembro de la dirección regional del PP de Madrid y luego secretario general
del Partido Popular de Madrid y miembro de la dirección nacional, indicios que
nos llevan a razonar que se han podido adoptar decisiones y resoluciones en
48su ámbito de actuación que, por su carácter arbitrario e injusto, pudieran ser
constitutivas de un delito de prevaricación de autoridad o funcionario público.
Nos dice el artículo 404del Código Penal:
“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. Y
evidentemente entendemos que tal uso, el del caso que nos ocupa, encaja claramente
en los artículos de nuestro Código Penal enunciados como infringidos.”
En los hechos denunciados aparecen presuntos pagos hechos por empresas
en los periodos de tiempo inmediatamente anteriores o posteriores a la
concesión administrativa de obras de infraestructuras por importes millonarios,
relación que deberá ser investigada a la vista de la gravedad que supondría
que las empresas constructoras relatadas en esta querella hubieran estado
“comprando” las concesiones que les fueron otorgadas.
Resulta apropiado recordar la jurisprudencia de nuestra Sala Segunda del
Tribunal Supremo sobre el delito de prevaricación administrativa, que resume
muy adecuadamente la STS no 340/2012 de 30 abril (RJ 2012\5975)
“Como declara la STS 363/2006, de 28 de marzo ( RJ 2007, 1848 ), recordando
entre otras, la de 4 de diciembre de 2.003 (RJ 2004, 1781) , el delito de
prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con
los principios constitucionales que orientan su actuación. Garantiza el debido
respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como
fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho, frente a
ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el principio de
última ratio en la intervención del ordenamiento penal ( Sentencias de 21 de
49diciembre de 1999 (RJ 1999, 9436) y 12 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 1290)
, entre otras).
Es por eso, como en esa misma sentencia se afirma, que no se trata de
sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en su labor de control de la
legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la jurisdicción penal
a través del delito de prevaricación, sino de sancionar supuestos límite , en los
que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y
arbitraria .
La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto
administrativo. Ello implica, sin duda, su contradicción con el derecho, que
puede manifestarse, según reiterada jurisprudencia, bien porque se haya
dictado sin tener notoriamente la competencia legalmente exigida, bien porque
el fondo de la resolución administrativa contravenga lo dispuesto en la
legislación vigente o suponga una desviación de poder ( STS 727/2000, de 23
de octubre ( RJ 2000, 9963 ) ), o en palabras de otras sentencias, puede venir
determinada por diversas causas y entre ellas se citan: la total ausencia de
fundamento; si de forma patente y clamorosa desbordan la legalidad; si existe
patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los
intereses generales ( STS 2340/2001, de 10 de diciembre ( RJ 2002, 1791 ) y
STS 76/2002, de 25 de enero ( RJ 2002, 3568 )”.
Por todo lo anteriormente desarrollado y expuesto, procede realizar las
investigaciones judiciales que correspondan para determinar las posibles
responsabilidades penales que se puedan deducir en relación a un presunto
delito de prevaricación por parte de autoridades públicas.
8o.- DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Parece difícil negar que de la ejecución y desarrollo de las actividades que
hemos venido relatando en los hechos de esta querella se desprende un claro
uso inapropiado de la función pública por parte de diversas personas
50vinculadas al Partido Popular, como son el conjunto de querellados, con el
obvio interés de facilitar negocios privados mediante la adjudicación de obras y
la contratación de servicios de forma ilícita, sin respetar los trámites legales que
la legalidad administrativa tiene previstos para la realización de tales
menesteres.
Es por tanto claro que se han producido acciones de funcionarios y autoridades
que pueden encuadrarse en la tipificación prevista en nuestro código penal
para los delitos de tráfico de influencias.
Así el artículo 428 del Código Penal establece:
“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario o autoridad
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación
derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o
autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente
un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de
seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e
inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere
el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.
Es notorio que el legislador ha querido perseguir los hechos descritos, y
además los ha querido sancionar de manera clara por lo perjudicial para la
convivencia social, para la libre competencia y para el tráfico mercantil y
comercial en general, penalizando el enriquecimiento abyecto que se hace a
costa del dinero de los contribuyentes. Y es patente también que no solamente
se quiere perseguir al funcionario que así actúa, además se persigue al propio
particular que de común acuerdo con el funcionario intenta beneficiarse de ese
actuar ilegal del anterior.
De este modo el artículo 429 del Código Penal pone de manifiesto que:
“El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de
cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario
público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio económico para sí o para tercero, será castigado con las
51penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio
perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán
en su mitad superior.”
Conducta descrita en los hechos anteriormente narrados y que puede
claramente tipificarse como un delito de tráfico de influencias, en concurso con
otros, es la actividad llevada a cabo por el ex Secretario General del Partido
Popular, Ignacio González, también alto cargo de la CAM, para persuadir al
director de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para que
entre los años 2012 y 2013 realizara determinadas componendas, en este caso
acordadas con responsables de Indra y Pricewaterhouse, para acabar
desviando fondos de ICM en beneficio del Partido Popular para el pago de sus
campañas electorales.
Con el objeto de no dejar de abordar ninguna de las figuras intervinientes en
las posibles tramas criminales ejecutadas por redes u organizaciones
dedicadas a la práctica de los hechos criminales descritos, el legislador ha
entendido la importancia de tipificar la figura del “mediador”, herramienta
corrupta muy usada por el Partido Popular como se desprende de las
investigaciones llevadas a cabo de diferente juzgados, especialmente evidente
tras la declaración judicial del Sr. Correa realizada el pasado mes de octubre
de 2016 en el juicio oral de Gúrtel época I, que sin ser el tercero o el
funcionario o autoridad, pone sus servicios en manos de la acción criminal, y
por ello introduce en nuestro Código un artículo para no dejar duda de la
voluntad sancionadora de las conductas descritas.
Además, debe señalarse que el propio Art. 430 CP establece la posibilidad de
que dicho delito sea imputado a personas jurídicas.
Así el artículo 430 del Código Penal establece:
“Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores,
solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren
ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un
año.
52Cuando de acuerdo con lo establecido en el art.31 bis de este Código una persona
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la
pena de multa de seis meses a dos años”
Es decir, y nuevamente, el código penal
contempla expresamente la
participación de personas jurídicas en la perpetración de estos delitos, situación
que podría concurrir en los hechos relatados según pareciera desprenderse del
relato efectuado, lo que deberá tenerse en cuenta por el instructor a lo largo del
procedimiento al objeto de establecerse imputaciones o determinarse
la
actividad instructora en el mismo, para el caso de empresas como Indra o
Pricewaterhouse, siendo evidente que tras la publicación en el B.O.E de 28
diciembre de 2012 la nueva redacción del Código Penal recogida en la L.O.
7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos, y en concreto el Partido
Popular, sería plenamente responsable ante la jurisdicción penal.
9o.- DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. Artículo 305 del Código
Penal.
El artículo 305 del Código Penal establece que:
“1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica,
foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran
debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o
disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota
defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las
devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de
ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y
multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su
situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la
defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
53posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a
seis años.”
En el presente caso, existen claros indicios de blanqueo de capitales y desvio
de fondos opacos a cuentas radicadas en el extranjero, en especial en Suiza,
por lo que es evidente –como se acreditará en la instrucción de la causa- que
dichas cantidades de dinero B no han sido declarados a la hacienda pública,
como es el caso del presunto deposito de, por lo menos, 1, 4 millones de euros
por parte de Ignacio González en una cuenta en Suiza.
Igualmente podría ser penalmente reprobable el hecho de ocultar a la hacienda
publica, por parte del Partido Popular, el cobro de una cantidad cercana a los
700.000€ para el abono de sus campañas electorales
En este sentido, el Tribunal Supremo tiene dicho que:
La doctrina científica es constante al caracterizar este delito como
específicamente doloso, exponiendo que el dolo consiste en el conocimiento de
las obligaciones fiscales, es decir, de las circunstancias que generan la
obligación de tributar, y que la jurisprudencia ha concretado en la exigencia de
que la concurrencia del elemento subjetivo requiere que el autor haya obrado
con "ánimo defraudatorio", esto es, en la conciencia clara y precisa del deber
de pagar y la voluntad de infringir ese deber.
En todo caso, conviene resaltar que el delito fiscal, o delito contra la Hacienda
Pública, del art. 305 del vigente Código de 1995 no hace sino reproducir el
anterior precepto, tal y como éste quedó después de la LO 6/1995 de 29 junio
EDL 1995/14734.
En el presente caso, ya en este momento preliminar, cabe afirmar la
existencia de dolo, habida cuenta que los querellados, por la función que
desempeñaban en la administración publica o en la formación política,
Partido Popular, conocían a la perfección que estas cantidades debieron
haber sido declaradas al fisco.
54?
Respecto a la responsabilidad individual de la persona jurídica sujeto
de la relación tributaria:
Respecto a la responsabilidad penal individual, la sentencia STS 28-10-1997,
“Caso Filesa”, sobre financiación ilegal de partidos políticos, establece:
Es un delito "de primera mano" porque sólo puede ser sujeto activo del mismo
el que sea directamente tributario o deudor del impuesto o el que malgaste el
beneficio fiscal obtenido pero nunca un tercero (S 25 septiembre 1990). En
aquellos supuestos en los que el sujeto de la relación tributaria fuere una
persona jurídica, la responsabilidad penal ha de polarizarse en personas
individuales, concretamente en los directores, gerentes o delegados, bien a
través del art. 15 bis Código de 1973 cuando se refiere al directivo u órgano de
la empresa, o incluso al que actúa en representación legal o voluntaria de la
misma, bien a través del art. 31 del Código vigente cuando, más clara y
contundentemente, habla del administrador de hecho o de derecho, también
de dicho representante legal o voluntario. Precisamente sobre tal cuestión ya la
S 2 marzo 1988 de esta Sala 2a hacía recaer la responsabilidad en quienes
ostenten funciones directamente ejecutivas y a la vez tengan concedidas
amplias facultades respecto de la disponibilidad de medios económicos y
administración de la entidad.
En el presente caso, es indudable la aplicación del artículo 31 del Código
Penal, por cuanto que los querellados, -gerentes, tesoreros, administradores de
hecho, Secretarios generales, responsables jurídicos- tenían control sobre las
cuentas del Partido Popular y ostentaban altas funciones directamente
ejecutivas con amplias facultades de disponibilidad de medios económicos y
administración.
A su vez, el Código Penal en su Artículo 310 bis CP contempla lo que sigue al
respecto de la posibilidad de delinquir por parte de personas jurídica:
“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le
55impondrán las siguientes penas:
a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida,
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de
más de dos años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente
obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de
prisión de más de cinco años.
c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para
contratar con las Administraciones Públicas.”
Es decir, y nuevamente, el código penal
contempla expresamente la
participación de personas jurídicas en la perpetración de estos delitos, situación
que podría concurrir en los hechos relatados según pareciera desprenderse del
relato efectuado, lo que deberá tenerse en cuenta por el instructor a lo largo del
procedimiento al objeto de establecerse imputaciones o determinarse
la
actividad instructora en el mismo, siendo evidente que tras la publicación en el
B.O.E de 28 diciembre de 2012 la nueva redacción del Código Penal recogida
en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos, y en concreto el
Partido Popular, sería plenamente responsable ante la jurisdicción penal.
Así, y en concreto sobre las cantidades recibidas por el Partido Popular y
desviadas
de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ICM,
recibiendo el ejercicio fiscal de 2012 la cantidad de 566.497,58 € y 121.000 €
en 2013, y visto que dichos pagos serían opacos para la administración
tributaria, podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública en
tanto se ha eludido su declaración y pago en el impuesto de sociedades,
debiendo remitirnos a las resoluciones del Juzgado Central de Instrucción
no 5 y la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que, en el ámbito de la
56instrucción y apertura de juicio oral de la pieza separada UDEF BLA, han
establecido la pertinencia de imputar como fiscalmente relevantes a la
hora declarar el impuesto de sociedades las cantidades opacas recibidas
por un partido político, en este caso el Partido Popular.
Siendo que para la cantidad de la cuota a defraudar a la que deberá sujetarse
la más que posible punición sea la determinada en el Art. 305. 3 CP (en la
redacción dada por la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre), en tanto para las
defraudaciones al erario publico realizadas en el ámbito de una
organización criminal la cuota mínima defraudada que habilita la punición
penal varia, a la baja, de forma ostensible, siendo por otra parte evidente la
relación entre la organización criminal encabezada por Ignacio González,
Secretario General del PP de Madrid entre 2011 y 2015, y el propio Partido
Popular, beneficiándose este último de las actividades delictivas de la trama
criminal. .
Nos dice el Art. 305. CP:
“No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a
cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o
entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin
desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo
momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado (50.000€).
Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero
excediere de cuatro mil (4.000€), se impondrá una pena de prisión de tres
meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el
período de seis meses a dos años.”
Hay por tanto sobrados motivos para imputar a algunos de los querellados,
indiciariamente, la comisión de diversos delitos fiscales, pudiendo concretar la
existencia de dichos indicios en la conducta del Partido Popular en los
ejercicios fiscales de 2012 y 2013.
5710o.- FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES.
En atención al delito anteriormente reseñado, de alteración de subastas y
concursos públicos, se puede deducir igualmente la existencia de indicios de la
perpetración de un delito de fraudes y exacciones ilegales en relación a la
concertación por parte de dirigentes del Partido Popular de Madrid y
autoridades públicas vinculadas orgánicamente al Partido Popular para
defraudar, mediante la adjudicación irregular de concursos públicos, a entes o
administraciones públicas.
Así, establece el Artículo 436 del Código Penal:
“La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en
cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en
liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase
de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las
penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la
autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos,
así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para
contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y
para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo
de dos a cinco años.”
La conducta típica de este tipo de delitos consistiría tanto en la concertación,
como en el uso de cualquier otro artificio, por parte cargos públicos de
administraciones o empresas de la Comunidad de Madrid o de dirigentes del
Partido Popular con diversos empresarios, implicando esta concertación en el
acuerdo de voluntades entre el Partido, determinadas autoridades públicas
pertenecientes al Partido Popular y las empresas interesadas en la
adjudicación de contratos. En cualquier caso se trata de una gestión desleal
del patrimonio público, siendo un delito de mera actividad, por lo que
producida la conducta de concertación, no es preciso que se produzca ningún
58resultado material.
11o.- DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Artículo 451 del Código Penal.
De los hechos relatados en esta querella y notoriamente conocidos por la
sociedad española, se desprende la existencia de indicios de que la actual
cúpula del Partido Popular ha estado maniobrando para encubrir los delitos
cometidos por el señor Ignacio González
y sus criminales cooperadores,
siendo que existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha
podido ser cometida por la querella Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex
presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid,
además de por los señores Alvaro Lapuerta, Luis Bárcenas o Eduardo Zaplana
Nos dice el Art. 451 del Código penal sobre el delito de encubrimiento.
“Artículo 451.
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con
conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como
autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos
siguientes:
1 Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto
o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
2 Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un
delito, para impedir su descubrimiento.”
En relación el mencionado artículo del código penal, esta representación debe
exponer que existe constancia de que diversas personas vinculadas al Partido
Popular, entre los que se encontrarían miembros de la actual dirección del PP,
han puesto los medios necesarios para evitar que el escándalo que rodea a la
actividad institucional de Ignacio González, y la organización criminal que el
encabezaba, aflorase a la opinión publica y de ello tuvieran conocimiento las
59autoridades judiciales, facilitando durante estos últimos meses que se haya
podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas
cantidades de dinero B obtenidas por la trama.
A su vez, existe constancia de que los Sres Lapuerta y Bárcenas conocían
desde el año 2007, por ejemplo, el pago de una comisión de 1,4 mill de euros a
Ignacio González, constando a su vez que informaron de ello a diversos
dirigentes del partido, sin que por su parte o el propio partido se diese cuenta
alas autoridades judiciales de la gravedad de los hechos que conocían. A la
vez consta que el ex alcalde de Leganés realizó un acta notarial dando cuenta
del conocimiento de dicha comisión de 1,4 mill de euros, siendo que a su vez
informó a dirigentes del Partido Popular, sin que igualmente por su parte o del
propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad
de los hechos.
Por otra parte, tampoco consta que la Sra. Esperanza Aguirre haya puesto en
manos de la justicia información o documentación al respecto de las
actividades ilícitas llevadas a cabo por su mano derecha, Ignacio González,
durante más de 25 años, persona por otra parte de su absoluta confianza.
Debe hacerse constar que existen indicios de que la Sra. Esperanza Aguirre
tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los
Sres. Lapuerta y Bárcenas, así como del ex alcalde de Leganés, así como fue
informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo
por la trama criminal que encabezaba su Secretario General al tiempo que ella
era Presidenta del Partido Popular de Madrid.
Por todo ello, entiende esta representación que existen indicios fundados de la
perpetración de la comisión de un delito de encubrimiento por parte de
miembros del Partido Popular,
y en concreto en las personas de Luis
Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre, indicios que
deben ser investigados por los tribunales de justicia.
12o.- FALSEAMIENTO
DE CUENTAS Y FONDOS ELECTORALES, del
60artículo 149 y 150 de la Ley Orgánica 5/1998, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General
En la presente causa, como en otras instruidas en las que aparecen vinculado
el Partido Popular, se han puesto de manifiesto diversos elementos indiciarios
que ponen de manifiesto que nos encontramos antes conductas constitutivas
de un delito electoral, en este caso por el falseamiento de cuentas electorales
con ocasión de las elecciones de 2011. Así, consta como Ignacio González y el
también querellado Martínez Nicolás urdieron una estratagema para el desvío
de fondos mediante contratos "inflados" de ICM con Indra y Price Waterhouse
Cooper (PwC) con el objetivo de saldar las deudas la anterior campaña
electoral. Así, en el auto de 22 de abril se afirma que Martínez Nicolás se
habría valido de esas mercantiles para obtener el dinero solicitado por
González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo
de 687.497, 58 euros (566.497,58 € en 2012 y 121.000 € en 2013) desde
Indra, "uno de los principales contratistas del ente público ICM", a varias
empresas proveedoras del PP que "que en otras ocasiones ya habrían sido
utilizados para saldar deudas del partido". Esas contrataciones de Indra, añade
el juez en el auto, se hicieron " a través de determinados entramados de
empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras
del PP por importe de cerca de 700.000 euros".
Por tanto, nos encontramos ante un claro falseamiento de las cuentas
electorales y, en cualquier caso, del falseamiento de la liquidación de las
mismas.
El artículo 149 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General establece:
1. Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las
cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas
aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga
aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados
con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
61veinticuatro meses.
El delito electoral previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, consistente en falsear la documentación contable de la
formación política por parte de los administradores generales, no ha tenido
desarrollo jurisprudencial alguno en nuestro Ordenamiento Jurídico.
Cabe decir que un precedente sobre financiación ilegal de partido, para cuya
finalidad se falsearon datos contables, el conocido como caso Filesa, no
incluyó condena alguna por este delito, puesto que ninguna de las acusaciones
lo mencionó, pese a que el Tribunal Supremo sí advirtió la existencia de ese
delito. Los querellantes sí lo hacemos, desde ya, como título de imputación.
El delito electoral previsto en el artículo 149 de la LO de Régimen Electoral
General castiga la falsedad ideológica de los documentos contables de las
formaciones
políticas.
Obviamente,
estos
documentos
contables,
por
incorporación a un expediente público, tendrían la cualidad de públicos.
En todo caso, lo que aquí atañe es el hecho de alterar un documento contable,
con el fin de omitir y falsear la realidad contable del partido político.
Así mismo, pese a que la financiación ilegal o irregular del partido político
inicialmente sólo es sancionable administrativamente, habrá que advertir que,
presuntamente, se ha cometido el delito electoral de falsear las cuentas
oficiales con el fin de eludir el control administrativo sobre su
financiación lo que sí sería constitutivo de delito.
Por lo tanto, como dijimos más arriba, lo esencial que aquí nos ocupa no es la
financiación ilegal, que no sería punible como tal, sino el delito cometido para
soslayar las obligaciones de financiación prescritas en la ley.
En relación a la falsedad contable la Sentencia del Tribunal Supremo de 28-10-
1997, llamado caso Filesa, estableció que:
“Reiteradísimas resoluciones de esta Sala 2a hablan de los requisitos imprescindibles
de la falsedad (ver entre otras muchas las SS 8 noviembre 1995 y 21 enero 1994). De
62un lado, subjetivamente, el dolo falsario o voluntad de alterar conscientemente la
verdad por medio de una acción que quiere trastocar la realidad convirtiendo en
veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad en general
tiene depositada en el valor de los documentos.
De otro, objetivamente, la materialización concreta de esa inveracidad cuando la
misma es seria, importante y trascendente, como acaece aquí en los supuestos que se
analizarán, razón por la cual ha de rechazarse el delito cuando esa anomalía no
guarda entidad suficiente o la idoneidad precisa para perturbar y alterar el tráfico
documental o la legitimidad y veracidad intrínseca del documento. Se ha dicho muchas
veces, en declaraciones machaconamente reiterativas (por todas ver la S 28
septiembre 1995), que lo esencial para el tipo penal es que aquella inveracidad
recaiga sobre extremos esenciales, no inanes, inocuos o intranscendentes. En
conclusión cabe señalar que esa conciencia y voluntad de alterar la verdad, o
conciencia de la denominada "mutatio veritatis", constituye el dolo falsario, se logren o
no los fines perseguidos, que plasmado sobre un documento da pie a la infracción
penal.
Tales conceptos naturalmente que tienen su plena vigencia cuando, tal ahora
acontece, se trata de falsedad en documento mercantil aunque en ese supuesto sea
precisamente la autenticidad y seguridad del tráfico mercantil, en general, lo que
constituye la razón primordial de la incriminación de estas infracciones (ver la S 12
junio 1997).”
En el llamado “Caso Filesa”, como vimos, nadie acusó por la comisión de este
delito electoral, pero el Tribunal Supremo sí percibió la existencia de dicho
delito. En ese caso, nuestro Alto Tribunal se vio obligado a ceñirse al principio
acusatorio y, sin embargo, desarrolló ampliamente el tipo penal de la falsedad
documental, como falsedad ideológica, lo cual es muy ilustrativo para el
presente caso.
Si bien en aquel caso, ciñéndose a la acusación, hubo que argumentar sobre la
falsedad en documento mercantil, en este caso, sobre la falsedad contable
cometida por el administrador del partido, presuntamente, habrá que decir no
sólo que los hechos atacan la autenticidad y seguridad del tráfico. El bien
jurídico protegido en el delito electoral no es otro que el pluralismo político y la
normalidad de la concurrencia a los actos electorales, sin que a nadie le esté
63permitido enriquecerse ilícitamente y, además, ocultarlo.
Este tipo penal, qué duda cabe, protege uno de los pilares fundamentales de
nuestro Ordenamiento Jurídico, cual es, el pluralismo político y el estado
democrático; la comisión de este delito repugna especialmente a la sociedad,
por cuanto que la concurrencia electoral no es honesta ni cumple las reglas
democráticas establecidas.
Es un delito que también repugna socialmente desde la perspectiva de aquellos
que realizan los aportes no reflejados oficialmente y que sobrepasan los límites
establecidos por el Legislador; repugnan por las consiguientes contrapartidas
que lógicamente esperan recibir los “aportantes” de dádivas, en este caso con
evidente finalidad delictiva
Añade el Artículo 150 de la misma Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General:
“Delito de apropiación indebida de fondos electorales.
1. Los administradores generales y de las candidaturas, así como las
personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, que se
apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en
esta Ley serán sancionados con las penas de prisión de uno a cuatro
años y multa de seis a doce meses, si los fondos apropiados o distraídos no
superan los 50.000 euros, y de prisión de dos a seis años y multa de doce a
veinticuatro meses, en caso contrario.
2. Los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus
circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste,
podrán imponer la pena de prisión de seis meses a un año y la de multa de tres
a seis meses.”
por lo que igualmente sería una actuación punible el haber distraído fondos de
cuentas electorales del Partido Popular.
6414.- REVELACIÓN DE SECRETOS
En el relato de hechos realizado en esta querella se hace mención a una serie
de conductas por parte de personas relacionadas con el Gobierno del estado,
especialmente del Ministerio de Interior y Ministerio de Justicia, que podrían ser
fácilmente tipificadas como constitutivas de un delito de revelación de secretos.
Viene recogido en el artículo 417 del Código Penal y determina:
Artículo 417
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de
los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser
divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres
años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para
la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco
años.
En relación al delito del art. 417 CP , como ha planteado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ( cito por lo importante de la misma STS. 773/2013 de 22.10
, que el bien jurídico es, con carácter general, el buen funcionamiento de las
Administraciones Públicas y, en definitiva, el bien común como prioritario
objetivo a que va dirigido el desempeño de la actividad de los funcionarios que
las integran, ( SSTS. 1191/99 de 13.7 , 1249/2003 de 30.9 ).
Junto a ello, y estrechamente imbricado en la protección de esos abstractos
valores, el bien jurídico tutelado por el tipo, consiste en impedir que la
revelación de secretos e informaciones no divulgables irroguen un perjuicio de
mayor o menor relevancia al servicio de la Administración presta a sus
ciudadanos ( STS. 1144/2009 de 12.11 ).
65El tipo penal del art. 417 es un tipo penal abierto por imperativo de la realidad,
toda vez que no resulta posible establecer casuísticamente en la norma los
secretos e informaciones concretas cuya revelación integre la conducta típica.
Por ello mismo, el quebrantamiento del deber de sigilo y discreción que
se impone al funcionario público por el art. 80 de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado , constituirá una infracción administrativa o un ilícito
penal según la relevancia del hecho, de suerte que cuando la infracción
del deber funcionarial ocasione un perjuicio de menor entidad a la causa
pública, la conducta permanecerá en el ámbito de la infracción
administrativa ( art. 7.1. j) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, del
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado, siendo objeto, en tal caso, de la potestad sancionadora de la
Administración. Pero cuando el daño generado al servicio público -o a un
tercero- adquiera una cierta relevancia la conducta del funcionario
desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito
penal ( SSTS. 1191/99 de 13.7 , 1249/2003 de 30.9 ).
Lo revelado tanto pueden ser secretos como "cualquier información"; concepto
éste constituido por los hechos conocidos en atención al cargo u oficio que sin
haber recibido la calificación formal de secretos son por su propia naturaleza
reservados, protegiendo así la Ley el deber de sigilo de los funcionarios,
impuesto en atención a la índole de los asuntos de que conocen, sean o no
"secretos" en su sentido más estricto ( SSTS. 584/98 de 14.5 , 887/2008 de
10.12 ).
Así se han considerado que comete este delito el agente de policía que
investigándose la posible comisión de un delito de trafico de drogas y obtenido
mandamiento judicial para efectuar un registro domiciliario en la vivienda de un
sospechoso, comunica telefónicamente a éste que de inmediato iba a hacerse
dicho registro, que resultó infructuoso (STS. 1191/99 de 13.7); el funcionario de
policía adscrito al Grupo de Extranjería que informa a los dueños de locales de
alterne de las intervenciones policiales ( STS. 1027/2002 de 3.6 ); el acusado,
inspector jefe de policía, que avisa en tres ocasiones de inminentes redadas en
el club de un amigo en donde pudieran trabajar inmigrantes ilegales ( STS.
66914/2003 de 19.6 ), el agente de policía que informa a personas sometidas a
investigación policial en materia de drogas ( STS. 37/2002 de 25.1 ), o en la
reciente STS. 68/2013 de 27.1 , en la que "el acusado, funcionario de la
Guardia Civil, informó al testigo, vendedor de cocaína, que estaba siendo
sometido a vigilancias por la Guardia Civil, y también de que su teléfono era
objeto de una intervención con el fin de escuchar el contenido de sus llamadas.
Visto lo cual, resulta incuestionable que sí concurren los elementos del tipo
penal de revelación de secretos en la modalidad básica que se le imputa.
Es precisamente esto lo que parece que ha ocurrido en el caso de la reunión
del Sr Nieto Ballesteros y Pablo González González.
El daño para la causa pública que genera divulgar una información de esa
índole es relevante, dado que se trata de obstaculizar, entorpecer o bloquear
incluso el resultado de la investigación policial de un delito, menoscabando así
la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la
comunidad.
Tan es así que un porcentaje elevado de las condenas por el tipo penal del art.
417 del texto punitivo están relacionadas con revelaciones de secretos o
informaciones por funcionarios públicos que tienen como labor la investigación
de delitos ( SSTS 1239/2001, de 22-6 ; 1027/2002, de 3-6 ; y 111/2009, de 12-
11 , entre otras). Y es que, dada la enjundia de los bienes jurídicos que tutelan
las normas penales, el entorpecimiento del servicio público que presta la policía
con motivo de la investigación delictiva tiene una especial trascendencia para el
interés general, lo que excluye inevitablemente la posibilidad de que prospere
la tesis del recurrente de que el ilícito ocasionado con su conducta se subsuma
en la norma administrativa y no en la penal.
En el caso que nos ocupa tanto la conducta, del Sr. Nieto Ballesteros como la
de la magistrada “ amiga” dados ambos su condición de autoridad y funcionaria
respectivamente, uno como alto cargo del Ministerio del Interior y otra como
magistrada, son totalmente encuadrable dentro del tipo básico del delito de
revelación del art. 417.1, de forma correcta; pues el comunicar a una persona,
que sabe de su implicación en operaciones de investigación en blanqueo de
capitales y otros delitos muy graves, SÍ ocasiona un perjuicio a la causa publica
67ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces y
ello obstaculiza y entorpece sin duda la investigación y, desde luego, genera un
claro o perjuicio especifico en el servicio de investigación al debilitar la eficacia
a las averiguaciones policiales.
En este sentido, cito por lo ilustrativa de la misma, la sentencia dictada por
parte del Tribunal Supremo, Sentencia no 499/2014 de TS, Sala 2a, de lo Penal,
17 de Junio de 2014
Es claro que el delito existe, se da en las personas citadas en los hechos de la
querella y como tal debe investigarse y enjuiciarse.
VIII.-
ESPECIAL CONCRECIÓN SOBRE CONDUCTAS PUNIBLES DE
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA Y EL PARTIDO POPULAR
Dada la transcendencia, y por ende la de esta querella, entiende esta
representación que deviene de interés realizar algunas consideraciones sobre
la tipificación de hechos punibles imputables tanto a Esperanza Aguirre Gil de
Biedma como al Partido Popular.
A) Sobre la imputación de los delitos reseñados a Esperanza Aguirre.
Como se ha explicado en los hechos de esta querella, además de manera
particular en cuanto a la Sra. Aguirre, esta parte entiende que existía un
perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones aquí descritas
particularizando aquellas que directamente consistían en desvíos de fondos
hacia el Partido Popular para financiación del mismo u otros fines.
No puede tampoco obviarse la responsabilidad que por razón de su puesto
como Presidenta de la Comunidad de Madrid determinada en el Reglamento
de Funcionamiento del Partido Popular en la Comunidad de Madrid
vigente, según consta en su página web, y que le otorga la máxima
soberanía ilustra el absoluto control y gestión que ha desarrollado dentro del
partido político.
68Los artículos 45 y 46 del citado Reglamento determinan
Artículo 45. Del Presidente Autonómico.
El Presidente Autonómico es el máximo órgano unipersonal del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid, al cual le corresponde su gobierno y
representación.
Artículo 46. Funciones del Presidente Autonómico.
Le corresponde al Presidente Autonómico las facultades que determinan los
Estatutos del Partido Popular, y especialmente, las siguientes:
a) Ostentar la representación política y legal del Partido Popular de la
Comunidad de Madrid, y presidir todos sus órganos, en cuyas sesiones
tendrá voto de calidad en los supuestos de empate.
b) Adoptar las medidas convenientes para el cumplimiento y desarrollo de
los acuerdos del Congreso Autonómico y de los Órganos de Gobierno del
Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
c) Proponer al Comité Ejecutivo Autonómico el nombramiento del Secretario
General, el Coordinador General, los Vicesecretarios Generales, los
Secretarios Ejecutivos y el Tesorero Autonómico.
d) Proponer al Comité Ejecutivo Autonómico el nombramiento de los
Presidentes del Comité Autonómico de Derechos y Garantías y del
Comité Jurídico Autonómico y de los Presidentes y miembros del Comité
Electoral Autonómico, del Comité Autonómico de Afiliación, y de la Oficina
del Cargo Popular.
e) Proponer a la Junta Directiva Autonómica el nombramiento de los
miembros del Comité Autonómico de Derechos y Garantías y del Comité
Jurídico Autonómico.
f) Presidir las reuniones de los Grupos Institucionales.
g) La coordinación de la acción política del Partido y la autorización previa
de cualquier declaración pública que se haga en nombre del Partido.
h) Proponer la apertura de expedientes disciplinarios a los afiliados,
suspendiéndoles provisionalmente de todas las responsabilidades que
tengan en el Partido.
69i) La propuesta de nombramientos que ha de aprobar el Comité Ejecutivo
Autonómico por dimisión o muerte de alguno de sus miembros.
j) Nombrar hasta cinco vocales del Comité Ejecutivo Autonómico en el
supuesto de personalidades importantes integradas en el Partido con
posterioridad a la celebración del último Congreso, o de afiliados que por
razones especiales sea necesario incorporar al mencionado Órgano.
k) Todas las otras que le vengan reconocidas por los Estatutos o por este
Reglamento.
Por tanto, de lo indicado se deuda la máxima responsabilidad de lo que ocurría
en el seno del partido por parte de su presidente, en este caso Esperanza
Aguirre, en cuya persona además recaía la posibilidad de incoar expediente
disciplinarios contra afiliados, en este caso Ignacio González y otros miembros
de la red criminal, que venían realizando de forma reiterada conductas ilícitas.
Así, por todo ello, entiende esta representación que existen sobrados
elementos indiciarios como para que la Sra. Esperanza Aguirre comparezca
en sede judicial en calidad de investigada para responder sobre su
participación en posibles delitos de encubrimiento, dada su omisión, en
principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas llevadas a
cabo por Ignacio González y su red corrupta, y, en relación a la conducta
del propio Partido Popular relativa a la comisión de delitos, por parte del
Partido Popular, de cohecho, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de
influencias, contra la hacienda pública y delitos electorales.
Y es que, en cualquier caso, lo que resulta palmario es que la Sra. Aguirre
debe comparecer ante esta instrucción para dar cuenta de su conocimiento
de los hechos y relación con los mismos, siendo que su grado de implicación,
complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta, además
de la propia responsabilidad que tenia como Presidenta del PP de Madrid y de
la CAM, hace que su comparecencia con plenas garantías constitucionales
solo puede realizarse en la condición de investigada, con aplicación de
todos los derechos a los que pueden acogerse los investigados en causa
70penal.
B) Sobre la imputación de los delitos reseñados al Partido Popular
De los hechos relatados en esta querella se desprende de forma indubitada
que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización
criminal que comandaba Ignacio González, secretario General del PP de
Madrid, se encontraba el propio Partido Popular, quien aparece beneficiario
directo de las actividades de la trama, por lo menos, en lo concerniente al
desvió de fondos desde ICM al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013,
existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese
podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de
una institución publica como la Agencia de Informática de la Comunidad de
Madrid para el pago de gastos de campaña, una autentica depredación de
dinero publico en beneficio exclusivo del Partido Popular, partido que por otra
parte no habría reflejado dichos ingresos a la hacienda pública.
Debe considerarse lo indicado en el artículo 31 bis del Código Penal,
conforme a redacción dada por la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre, por la que
se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia
de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
(«B.O.E.» 28 diciembre), en vigor desde el 17 de enero de 2013, por el que se
determina que:
Artículo 31 bis
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán
penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de
las
mismas,
y en
su
provecho,
por sus representantes legales
y
administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente
responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y
por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la
autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han
71podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control
atendidas las concretas circunstancias del caso.
Tal y como viene establecido en el texto del preámbulo, apartado II del mismo
de la reforma operada por la LO 7/2012 de 27 de diciembre antes referenciada,
se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
con la finalidad de incluir a partidos políticos dentro del régimen general de
responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se
contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del
Código Penal.
De este modo se incluye a los partidos políticos, en este caso al Partido
Popular, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las
actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus
representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de
los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.
Tal y como determina también la circular 1/2011 de la Fiscalía General del
Estado, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas se completa el
círculo de la respuesta punitiva del Estado frente al potencial criminógeno, la
capacidad de amplificación del daño y el aseguramiento de la impunidad que
pueden derivarse del mal uso de las formas colectivas dotadas de personalidad
jurídica
En este sentido, vienen a ser de aplicación cuantos preceptos así se hubieran
determinado respecto de dicha responsabilidad, por lo que con ocasión del
análisis de las conductas concernientes al desvió de fondos desde ICM al
Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013 cabria incluir, entre los
delitos que indiciariamente fácilmente se pueden imputar al Partido
Popular, los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo
de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración
de un delito electoral.
La reforma penal española ha optado por el sistema de imputación societaria
basado en el modelo de transferencia de responsabilidad. A su tenor, se imputa
a la persona jurídica el hecho injusto cometido por sus representantes,
72administradores o empleados, esto es, el tipo objetivo y subjetivo, la
antijuridicidad y la graduación del injusto genérico en ellos concurrentes. En
todo caso, es preciso que ese hecho lo hayan realizado en nombre o por
cuenta de la persona jurídica, y en su provecho.
No es preciso que esté identificada la persona física cuyo injusto se transfiere a
la persona jurídica –art. 31 bis 2–, bastando con que conste que alguien que
reúne la cualidad de representante, administrador o empleado de la sociedad
ha realizado el injusto, en este caso el propio Secretario General del PP de
Madrid. Con esta previsión se ha introducido una variante del concepto
procesal de prueba alternativa –Wahlfesstellung–, que en su formulación
habitual constituye una excepción al principio in dubio pro reo: Cuando consta
que el inculpado ha realizado uno u otro delito, o uno u otro comportamiento
productor del resultado, pero no consta cuál de ellos, se le exige
responsabilidad por la conducta menos penada. En este caso, se sabe que una
de las personas físicas transferentes ha realizado el injusto, aunque no se
conoce cuál de ellas. Esta construcción desactiva en alguna medida el
reproche de que estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva.
La ley mantiene la responsabilidad societaria aunque no se pueda exigir
responsabilidad a la persona física transferente por el injusto que ha realizado.
Un sector importante de la doctrina defiende que el sistema de imputación
introducido ha sido el correspondiente al modelo de autorresponsabilidad: A la
persona jurídica se le imputa un injusto culpable propio, distinto del que hayan
podido realizar las personas físicas competentes en ella integradas. El injusto
suele identificarse con un defecto de organización de la persona jurídica,
y la culpabilidad va referida a ese injusto cometido por la persona
jurídica.
Esta interpretación aporta diversos argumentos: Destaca que en la segunda
modalidad comisiva del art. 31 bis 1, donde el protagonismo corresponde a
empleados de la sociedad, se exige que no haya concurrido el debido control
de éstos por parte de las personas físicas que ejercen la autoridad de la
73persona jurídica. Además, el debido respeto de determinados principios
constitucionales y jurídico-penales, como los de exclusión de la responsabilidad
por el hecho ajeno, la imputación subjetiva o el principio de culpabilidad, obliga
a proyectar ese requisito a la segunda modalidad comisiva, centrada en la
actuación de los representantes o administradores de la sociedad. Por otra
parte, no ven argumentos suficientes a favor del modelo de transferencia. Es
cierto que ha de constar que un representante, administrador o empleado del
ente colectivo ha cometido también el delito.
Pero la ley admite la responsabilidad de la persona jurídica con
independencia de que se desconozca qué persona física concreta ha
cometido el delito, de que no se pueda proceder contra la persona física,
o ésta haya fallecido o se haya sustraído de algún modo a la justicia.
Nuestro art. 31 bis 1 configura dos modalidades, en las que una persona física
realiza el tipo de alguna de las figuras delictivas susceptibles de ser imputadas
también a personas jurídicas. Además, a efectos de transferencia, deberán
concurrir en el tipo unos elementos adicionales diferenciados según la variante
comisiva.
1. La variante de representantes o administradores –art. 31 bis 1 (párrafo
1) exige en primer lugar que la acción u omisión típica sea idónea para
reportar una ventaja a la persona jurídica, lo que se expresa con la
locución legal en provecho. Estamos ante una cualidad de la acción, y
no ante una alusión al resultado ni ante un elemento subjetivo de lo
injusto. En consecuencia es irrelevante que el provecho se haya
producido o que el representante o administrador actúen movidos
primordialmente por lograr una ventaja para la empresa. A su vez, la
ventaja susceptible de lograrse no ha de ser necesariamente económica
Sujeto activo de la conducta típica ha de ser un representante legal o
administrador de la persona jurídica a imputar. Por el primero se
entiende a quien ejerce la representación de la sociedad respecto a
todos los actos comprendidos en su objeto social, y por el segundo,
74tanto a quien gestiona la sociedad en virtud de un título jurídicamente
válido como a quien ejerce de facto la gestión de la sociedad aun
cuando carezca de algo más que de requisitos formales para ser
administrador de derecho.
Ese sujeto activo ha de actuar en nombre o por cuenta de la persona
jurídica. Son dos elementos subjetivos de tendencia, de carácter
alternativo, cuya concurrencia es materialmente compatible con
eventuales comportamientos imprudentes expresamente previstos como
punibles. El sujeto actuará en nombre de la sociedad cuando su
comportamiento se acomode a la política o directivas de la empresa
previamente fijadas, y se comportará por cuenta de la sociedad si
persigue los intereses de ésta determinados autónomamente en el
marco de sus funciones sociales, aun cuando contradiga la política o
directivas empresariales.
2. La variante de empleados –art. 31 bis 1 (párrafo 2)– exige, al igual que
en el supuesto anterior, la idoneidad del comportamiento típico para
reportar una ventaja a la persona jurídica. Sujeto activo del
comportamiento típico será un empleado de la sociedad, en concreto,
una persona física sometida a la autoridad de las personas, también
físicas, que representan o administran a la sociedad. Alguien, por tanto,
que se encuentra sometido a la jerarquía o, al menos, al poder de
dirección de los representantes o administradores societarios. Eso
incluye a los que están vinculados laboral o mercantilmente con la
sociedad, pero también a quienes están sometidos a esa autoridad
dentro del trabajo autónomo, de subcontratas o de empresas de trabajo
temporal.
El sujeto activo habrá actuado en el ejercicio de actividades sociales por
cuenta de la sociedad que no han sido debidamente controladas.
Actuará en el ejercicio de actividades sociales si ejecuta aquellas que
funcionalmente le corresponden dentro del objeto social; pero también si
ejecuta comportamientos en el seno de la sociedad que, perteneciendo
al objeto social, no le corresponden, o que no pertenecen al objeto
75social. Actuará por cuenta de la sociedad si persigue los intereses de
ésta, lo que no sucederá si atiende de forma predominante intereses
propios en el seno de la sociedad o si, al margen de sus actividades
sociales, realiza actuaciones en interés de la sociedad. Además, la
ausencia del control debido ha hecho posible la actuación delictiva del
empleado en el seno y por cuenta de la sociedad: Esta última es una
exigencia ineludible para poder realizar la transferencia del injusto del
empleado a la persona jurídica. El empleado carece del poder de
dirección de la sociedad pues, a diferencia de representantes y
administradores, está imposibilitado de tomar decisiones autónomas.
3. En ninguna de las dos variantes comisivas es menester identificar a la
persona física que ha realizado el injusto precedente –art. 31 bis 2–,
aunque sí debe constar que alguien que reúne las cualidades
personales del injusto ha realizado el tipo correspondiente, incluidos los
elementos adicionales ya señalados
Por todo ello, y siguiendo la línea ya acogida también por el Juzgado De
Instrucción no 32 de Madrid y la Sección 4a de la Audiencia Provincial de
Madrid en lo relativo a la procedencia de la imputación de delitos a un
partido político, en este caso al Partido Popular por la destrucción de
diversos equipos informáticos del también querellado Luis Bárcenas,
resulta más que evidente que los elementos configuradores de la
responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho,
estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la
hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral,
vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa
a los mismos, más aun cuando tenemos conocimiento de quien de
manera directa ha podido realizar tales actuaciones, el secretario
general del PP de Madrid.
A la par, este modo de actuar por parte del Partido Popular de Madrid debe
ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el
partido popular se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento,
76obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u
omisión.
IX RESPONSABILIDAD CIVIL
Esta
parte
ejerce en
la
presente
querella
la
acción
civil
por las
responsabilidades civiles que se derivan de la comisión del delito, que se
concretará en el transcurso de la investigación judicial.
VI. DILIGENCIAS A PRACTICAR
Para la comprobación de los hechos, y, con independencia de las que estime
pertinentes el instructor, y las que se deriven de la resultancia sumarial, esta
parte considera necesarias y solicita expresamente la práctica de las
siguientes:
1. - Notifíquese la presente querella a todos los querellados y se acuerde
citarles a declarar en calidad de imputados.
2.- Declaraciones testificales:
2.1. D. Jesús Gómez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y ex
alcalde de la localidad de Leganes. Según se refiere en diferentes medios de
prensa, el mismo alertó en varias ocasiones, hasta tres a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y Presidenta del PP en la citada comunidad de la
existencia de posibles ilícitos cometidos por el Sr. González.
2.2. D. Juan Carlos Vera, que fue Secretario General de Organización del PP
nacional en el año 2014, fecha en la que relata el anterior testigo que se
solicita, D. Jesús Gomez mantuvo reunión con él a los efectos de trasladarle la
77actuación irregular del Sr. González.
2.3. Carlos Javier Floriano Corrales, hasta el año 2015 ViceSecretario de
Organización y electoral del Partido Popular. Según también manifestaciones
del Sr. Gómez, persona con la que mantuvo reunión junto con el Sr. Vera y
donde se le dio traslado en igual sentido del tema de la comisión de OHL y de
la cuenta en Suiza.
3.- Documental
3.1. De los siguientes documentos o informes que deberán ser requeridos al
Partido Popular de Madrid y cuya aportación se incorporará como Documental
al procedimiento
3.1.1. Toda la documentación relativa a sus deudas electorales provenientes de
las campañas del año 2011
3.1.2. La documentación contable de los años posteriores al 2.011,
concretamente aquellos documentos que acrediten el pago de las liquidaciones
de la deuda contraída en dicha campaña electoral
3.1.3. Información relativa a quien ostentaba los cargos de tesorero y gerente
de la Comunidad de Madrid y Nacional entre los años 2.011 y 2.014.
3.1.4. Información relativa a quien ostentaba el cargo o representación ante la
administración electoral en las elecciones del año 2.011
4. MÁS DOCUMENTAL.-
4.1. A los efectos de que se requiera a la Agencia Tributaria para que aporte
las declaraciones realizadas por el PP en los ejercicios fiscales 2011, 2012 y
2013
4.2. A los efectos de que se exhorte a la Sección Primera de la Sala
Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para
que aporte testimonio de la sentencia dictada por tal órgano judicial con fecha
26 de julio de 2.016, sentencia que declara la nulidad del plan especial del
campo de Golf construido sobre los terrenos del Canal de Isabel II.
784.3 Requerir al Ministerio de Interior para que aporte la agenda de entrevistas
del querellado José Antonio Nieto Ballesteros, Secretario de Estado Seguridad,
Ministerio Interior de febrero y marzo 2017.
5.-Así como todas aquellas otras que se consideren necesarias durante el
desarrollo de la instrucción de este procedimiento y las que se desprendan de
las anteriores.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION DE LA AUDIENCIA
NACIONAL
Que teniendo por presentado este escrito, con las copias y documentos que lo
acompañan, admita la presente QUERELLA CRIMINAL por los hechos
punibles relatados y delitos expuestos, contra:
1o.- Jaime Ignacio González González, ex presidente de la Comunidad de
Madrid y ex Secretario General del Partido Popular de Madrid, con domicilio a
efectos de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
2o.- Pablo Manuel González González, hermano del anterior y ex directivo de
la empresa publica MERCASA, con domicilio a efectos de notificaciones en el
centro penitenciario de Soto del Real.
3o.-Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASSA, sociedad
dependiente de la empresa pública Canal de Isabel II, con domicilio a efectos
de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
4o.- Ildefonso de Miguel, es gerente del Canal de Isabel II, con domicilio a
efectos de notificaciones en el centro penitenciario de Soto del Real.
795o.- José Martínez Nicolás, que fuera director de la Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid (ICM), cuyo domicilio a efectos de notificaciones ya
consta en la presente causa.
6o.- Javier López Madrid, ex consejero delegado de OHL, cuyo domicilio a
efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
7o.- Juan Manuel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, cuyo domicilio
a efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
8o.-Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández- Soro, ex ministro, cuyo
domicilio a efectos de notificaciones ya debe constar en la presente causa
habida cuenta d la reciente imputación realizada.
9o.-José Antonio Nieto Ballesteros, Secretario de Estado Seguridad,
Ministerio Interior.
10o.- Álvaro Lapuerta Quintero, Tesorero del Partido Popular entre 1990 y
2008,
11o.- Luis Bárcenas Gutiérrez, Mauricio, Gerente del Partido Popular entre
1990 y 2008 y Tesorero del Partido Popular entre 2008 y al menos 2012, , al
que se podrá citar y comunicar la presente querella en su domicilio sito en c/
Príncipe de Vergara 34, 28016 Madrid
8012o.- Mauricio Casals Aldama, Presidente de La Razón, cuyo domicilio a
efectos de notificaciones ya consta en la presente causa.
13o.- Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex presidenta del PP de Madrid, con
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Jesús del Valle no 10 de la
ciudad de Madrid.
14.- Partido Popular, además de las persona físicas anteriormente señaladas,
la querella se dirige contra la persona jurídica, formación política Partido
Popular de Madrid, cuyo domicilio a efectos de notificaciones conoce
sobradamente este Juzgado al que nos dirigimos.
y sin perjuicio de ampliar la querella posteriormente contra las personas
jurídicas que a lo largo de la instrucción se acredite que han destinado
fondos para efectuar los pagos ilícitos denunciados, todo ello en calidad de
personas jurídicas penalmente responsables conforme al artículo 31 bis del
Código Penal,
tenga a esta representación como parte acusadora a lo largo del procedimiento
penal; disponga la apertura de la fase instructora conforme a las normas del
procedimiento abreviado (art. 757 y siguientes de la LECrim); practicadas las
diligencias de investigación solicitadas por esta parte, y adoptadas las medidas
cautelares solicitadas en su caso, dicte el instructor la resolución que proceda
conforme al artículo 779 LECrim; debiendo ser citados los querellados para ser
oídos (art. 486 LECrim), y practicar demás diligencias de averiguación
propuestas, con advertencia de que si no comparecieren sin causa legítima, la
orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención (art. 487
LECrim).
81Por ser de Justicia que se pide en Madrid, a 26 de abril de 2017
Proc. José M. Martínez- Fresneda Gambra.
Col 1.081
Letrados:
Juan Moreno Redondo, Col. ICAM 71.539
Ana Méndez Gorbea, Col ICAM 110.061
Enrique Santiago Romero, Col. ICAM 53.882
Amanda Meyer Hidalgo Col ICA Malaga 7.375
Ana María Cortés López Col ICAM 53.795
8283

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