Fabricar armas es legal. Solo unas pocas, como las bombas de racimo, las químicas o biológicas son consideradas inaceptables, al ser imposible argumentar en contra de que su uso afecta tanto a civiles como a combatientes. El resto, incluidas las nucleares, son perfectamente legales. 


En un mundo en guerra, fabricar armas es un negocio lucrativo. Los conflictos abiertos de Siria, Irak, la franja de Gaza, Ucrania, Yemen, Libia, Sudán, Somalia o la guerra contra el narcotráfico en México necesitan abastecimiento continuo de armamento. Sumando a la ecuación a los señores de la guerra en África o las guerrillas que operan en Latinoamérica el resultado es un jugoso pastel a repartir.


"El floreciente negocio de las armas no solo beneficia a las empresas sino también a los bancos"

España entró fuerte en ese mercado espoleada por la crisis económica. Es desde hace años el séptimo exportador de armas a nivel mundial, solo por detrás de los grandes fabricantes como EEUU, Rusia, China y las potencias militares europeas, Alemania, Francia y Reino Unido. 


Fabricar y exportar armas es legal, y financiarlas también lo es. Las grandes entidades bancarias españolas participan en el negocio, lideradas por el BBVA y el Santander. "Los bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector de las armas", revela Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. 



Calvo, autor del informe Los bancos que invierten en armas, advierte de que las entidades financieras españolas han apostado claramente por el negocio de la muerte. Apoyándose en el crecimiento de España como exportadora, están "poniéndose a la altura de los mayores inversores de la industria armamentística".


Teniendo en cuenta que el ratio de endeudamiento de las empresas de armas es del 73%, similar a la del resto de la industria española, el "floreciente negocio armamentístico no solo beneficia a las empresas de armas sino también a los bancos y aseguradoras", recoge el investigador en el informe. 


"La inversión no es una actividad neutral; determina y facilita la actividad económica, incluso en el sector armamentístico"

La investigación internacional Don't Bank on the Bomb de la organización neerlandesa PAX arroja cifras similares. Incluyendo datos de 2016, PAX —que audita las actividades que favorecen la proliferación de las armas nucleares en el mundo— eleva la inversión española en la industria militar por encima de los 6.500 millones de euros desde 2013.


Amnistía Internacional (AI) ha interpelado en varias ocasiones a gobiernos y entidades sobre la importancia de cerrar el grifo de la financiación. Al menos si están interesados en evitar "violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional" como las que ocurren casi a diario en Siria.  


"La financiación y la inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas", explica David Pereira, presidente de AI en Luxemburgo. Pereira encabezó un estudio que analizó la importancia de la falta de restricciones en ese país —gran centro financiero europeo— para la distribución de la inversión mundial en la industria militar. 



El estudio del Centre Delás, que también recoge las inversiones de entidades internacionales, señala que empresas como Airbus y Boeing (aeronaves militares), Maxam (explosivos), Navantia (buques), Finmeccanica (aeroespacial) o General Dynamics (propietaria de la española Santa Bárbara Sistemas) son las principales destinatarias de la inversión. 


"BBVA, Santander, Deutsche Bank, Citibank e ING son los más importantes financiadores armas, seguidos en un segundo nivel de importancia por Banca March, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. Sin olvidar que Unicaja, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Banco Alcalá, Banco Caminos, Caja de Arquitectos y Banco Mediolanum invierten en armas, aunque en cuantías menores", concluye Jordi Calvo.


Las armas, un rastro imposible de seguir


Cuando no es directamente secreto, el negocio de las armas está oculto, desdibujado con eufemismos. El Gobierno, encargado de evitar que las armas españolas terminen en países en conflicto —lo que sería ilegal— no concede licencias para la exportación de armas, sino de material de defensa. Dentro de este, la mayor parte es material de doble uso.


"Para no financiar armas que se usarán contra civiles la única solución es no financiar a los productores"

Las actas de la junta interministerial responsable de autorizar las ventas al exterior son secretas. Además, para el Gobierno el concepto de "en guerra" no es tan claro como podría parecer, puesto que sigue autorizando ventas a Arabia Saudí, que lidera una coalición de países árabes que bombardea a discreción Yemen. Todo ello da forma a un entramado que resulta muy útil cuando se encuentran armas españolas sobre el campo de batalla yemení, ya que hace casi imposible exigir responsabilidades. 


La misma táctica que el Gobierno utilizan las empresas productoras de armas. El gigante español Maxam, el mayor fabricante de explosivos de Europa y segundo del mundo asegura que solo el 20% de su negocio es militar, y que este "se ocupa de la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos". Maxam es un importante cliente de las inversiones de BBVA, Santanter o Bankia. Factura 1.000 millones de euros al año.


"Los bancos intentan evadir su responsabilidad diciendo que no trabajan con armas prohibidas y que siempre siguen la legislación en vigor, que no financian armas que van a acabar en conflictos armados. Pero ¿cómo lo saben? El problema de las armas es su trazabilidad. Es imposible saber si un banco ha financiado un arma que acaba en Yemen", alerta Audrey Esnault.



"Se escudan en que las empresas hacen de todo"


Esnault es activista. Forma parte de la campaña Banca Armada, lanzada para "concienciar", visibilizar una situación "sobre la que normalmente hay mucho secretismo" como es la de la financiación del sector armamentístico.


Miembros de la campaña participarán este viernes en la junta de accionistas del Banco Santanter para denunciar la colaboración de la entidad con los fabricantes de armas. Será la quinta y última junta de 2017, tras tomar la palabra en las de CaixaBank, Bankia, BBVA y Sabadell. La reacción del presidente y los accionistas depende de cada banco, "desde lo más frío como Santander o BBVA donde haces la intervención y no dicen nada, hasta la de junta del Sabadell de la semana pasada, en la que aplaudieron", relata Esnault a Público.


"Un arma no es solo una pistola o una bomba, es todo lo que se usa para matar. El software de un misil también es un arma"

"Siempre dicen que las empresas son muy grandes y hacen de todo. Por ejemplo Indra, como es una empresa española, tienden a defenderla. Son empresas que hacen muchas cosas, pero Indra tiene un 20% de producción militar", expone la activista. El impacto de ese porcentaje de negocio militar es tal que el Instituto para la Paz de Estocolmo, referencia mundial en esta cuestión, llegó a colocar a Indra en su top 100 de productores de armas. "Fabrican electrónica militar. Un arma no es solo una pistola o una bomba, es todo lo que se usa para matar como destino final. El software de un misil que destruye un edificio es un arma. Indra diseña ese tipo de software", aclara Esnault.


"Los bancos forman parte de este negocio. Es imposible negar su corresponsabilidad. Para estar seguro al 100% de no financiar un arma que será utilizada contra la población civil en Yemen, la única solución es no financiar, dar préstamos o tener acciones en empresas que las producen".

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 08/04/2017 - Modificar

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