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Sección: Colombia

Título: Campesinos pobres irán a la cárcel y sus tierras serán confiscadas - ¿Defensor del pueblo o la seguridad democrática del presidente Uribe?

Texto del artículo:


EL GOBIERNO COLOMBIANO CREE EN DECRETO PARA ACABAR CON LOS CULTIVOS DE LA HOJA DE COCA:

Campesinos pobres irán a la cárcel y sus tierras serán confiscadas



Ex gobernador y el director de estupefaciente proponen que paramilitares y soldados campesinos serán beneficiados por la reforma agraria del gobierno de Uribe.



Por Dick Emanuelsson*



BOGOTA / 040908 / Todos y todo que no obedecen las decisiones del gobierno en el sentido de acabar con los cultivos de hojas de coca, tendrán que ahora pagar las consecuencias. Irán a la cárcel y sus tierras serán confiscadas



Esta es una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico y al financiamiento de los grupos insurgentes. Es la opinión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



En un consejo de seguridad realizado el lunes en el municipio de El Carmen de Chucurí, zona histórica de la insurgencia del ELN en el departamento de Santander, el presidente colombiano expresó la advertencia a todos los campesinos, no importa por cual razón, están cultivando hojas de coca, por que serán objetivos por una arremetida estatal sin precedentes si no dejan a cultivar la hoja verde.



El Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Estupefacientes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación serán los organismos estatales en su ofensiva contra los cultivos de hoja de coca en Colombia.



“Nosotros no solamente nos podemos quedar en la fumigación, en la erradicación, porque fumigamos en una parte y se reproduce en otra. Vamos a tener que avanzar con medidas más drásticas”, decía Uribe que mencionó que ese tema está en la legislación penal colombiana, pero que ha faltado voluntad política para desarrollarlo.



El Jefe de Estado dejó en claro que la medida se aplicará a todos los predios, sin importar el número de hectáreas con cultivos ilícitos, porque –explicó-, aunque estas se han reducido “bastante, tenemos que acabarlo totalmente”.



Las fumigaciones, según las estadísticas, no es el método para acabar con los cultivos en un campo donde 70-80 por ciento de sus habitantes viven en la pobreza o en miseria. Cuando los aviones de DynCorp (USA) llegan y fumigan los cultivos, el campesino no tiene mucha alternativa sino tumbar más monte y seguir cultivando la hoja de coca más allá. Fumigar una hectárea de hoja de coca significa que el campesino tumba cuatro (4) hectáreas de coca más adentro del monte, me comentaba un campesino. Se ha fumigado más de 400.000 hectáreas pero todavía quedan más o menos 110.000, casi lo mismo cuando comenzó las fumigaciones a través el Plan Colombia, hace cuatro años.



Por eso el problema es social y económico, no de represión, sostiene Pedro Soto**, un analista de la concentración de propiedad de tierras en Colombia.



Campesino es acusado de “colaborar con el terrorismo”



“Son formas de legalizar el despojo de tierras. Varias leyes han sido aprobadas durante el gobierno de Uribe en ese sentido, por ejemplo la 791, que acorta el tiempo para la prescripción de las propiedades dejadas”.



“La extinción de dominio es otra que admite esa utilización sindicando al campesino de tener cultivos ilegales o colaborar con el terrorismo. Una tercera es la norma de la ley del Plan de Desarrollo que autoriza darle a ”cualquier productor” las tierras ”abandonadas” por los beneficiarios del Incora (Instituto Nacional Colombiano de la Reforma Agraria).

De hecho, las fumigaciones son también una forma de desplazamiento forzado”, comenta nuestra fuente, que por razón de seguridad no publicamos su nombre.



La reforma agraria de Uribe no afecta al narcotráfico



Pero el gobierno entiende que no puede a ofrecer a los campesinos solo látigos. Por eso declaró anteayer martes el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, que la meta del Gobierno Nacional es aplicar la Ley de Extinción de Dominio, durante los dos años que restan de la administración Uribe, a por lo menos 150 mil hectáreas de tierras de propiedad de narcotraficantes o testaferros, según SNE1).



“La Ley de Extinción de Dominio adquiere un carácter fundamental en esta tarea de la lucha contra la producción ilícita. La Ley de Extinción de Dominio, que tenía mucho enredo burocrático, fue reformada por el Congreso de la República a finales del año 2002. Apenas la estamos estrenando. Nos hemos puesto la meta, al final de cuatrienio del Presidente Uribe, de haber afectado por lo menos 150 mil hectáreas por la vía de la extinción de dominio”, reveló el Ministro de Agricultura al intervenir en el seminario “La política de desarrollo alternativo y su modelo institucional”, que organiza la Consejería Presidencial para la Acción Social.



Pero Pedro Soto tiene otra opinión:



Tierra a “soldados campesinos” y a ‘paras’



“La anterior ley de Extinción de dominio, Ley 333, decía que prioritariamente se dedicaría a reforma agraria las fincas donde se extinguiera el dominio por enriquecimiento ilícito. La nueva ley de Uribe, ley 733, derogó esto y dice que se dedican a seguridad”.



“Por lo mismo el director de Estupefacientes ha propuesto que se entreguen a soldados campesinos y el ex gobernador de Córdoba, López, propuso que se le den a los paramilitares que firmen la paz”.



“Las tierras que se han entregado son muy poquitas y a las que se ha extinguido el dominio son también pocas. La ”gran” meta de 150 mil hectáreas es ridícula si se tiene en cuenta que los narcos tienen por lo menos 4 millones hectáreas. Solamente la familia Ochoa tiene un (1) millón hectáreas. Los casos de entrega son más bien propagandísticos y en un caso las tierras se entregaron a familias que trabajaban para los narcos y en otros en trámite serán alcaldes controlados por paras o narcos los que redistribuirán las tierras. En todo caso el criterio de la nueva ley no es reforma agraria sino ”seguridad”.



“Muy distinto es quitarle las tierras a los narcotraficantes (Latifundios) que quitarles tierras a los campesinos que por pobreza siembran coca o amapola en pequeñas parcelas”.



1) http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/septiembre/07/03072004.htm

* Corresponsal en América Latina del semanario de la central obrera sueca, LO-Tidningen.

** Por razones de seguridad no publicamos el nombre de “Pedro Soto” que es otro.



¿Defensor del pueblo o la seguridad democrática del presidente Uribe?

La Semana por la Paz en Colombia con centenares de eventos y actividades también calienta los ánimos.



BOGOTA / 040909 / La pregunta que los 70 asistentes se hicieron después la intervención del Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y de haber respondido preguntas seleccionadas, fue: ¿Defensor del pueblo o defensor de la política de la seguridad democrática del presidente Uribe?



“¡Ni una sola vez expresó critica al gobierno!” fue uno de los comentarios, seguido por otro:



“Soldados profesionales han fusilado tres dirigentes sindicales de la CUT en Arauca, un teniente coronel de la inteligencia del ejército ha sido desenmascarado sindicando a 80 dirigentes sindicales y de la oposición del Polo Democrático, Frente Social y Político por ser auxiliadores a la guerrilla y el Defensor ni dice ni puu”!



Fueron comentarios furiosos durante el día de hoy cuando la Semana por la Paz tuvo un evento bajo el tema de Seguridad y derechos, ¿Avances o retrocesos?



Primero llegó el defensor una hora atrasado y cuando habló, dedicó prácticamente 40 minutos sobre el tema del desplazamiento donde en ningún momento hablaba de las raíces de ese desplazamiento. Durante casi 15 minutos habló sobre las diferencias en las cifras y las formas de medir el desplazamiento, que por si es interesante pero en el fondo es un absurdo desvío del tema. ¿Quién tiene interés de que se habla de cifras y no la política del desplazamiento?



Solo una vez el defensor del pueblo expresó una tibia crítica al gobierno cuando mencionó que la mayoría de los dirigentes sociales de Arauca, que el año pasado fueron apresados en masa, también fueron puestos en libertad. Expresó preocupación por su suerte en el regresó al departamento de Arauca pero en ningún momento exigió al gobierno o las fuerzas militares de Arauca respetar sus vidas y sus derechos como ciudadanos, respeto que no fue tomado en cuenta cuando fueron detenidos en base de “testimonios” de informantes pagados por la política de seguridad democrática.



El Defensor del Pueblo también no respondió todas las preguntas. Varias personas que tuvieron preguntas críticas a la labor del señor Pérez y el gobierno expresaron su indignación y varias personas dejaron el recinto por el evento, criticando al Defensor del Pueblo “que más es un defensor del gobierno”.



Los organizadores del evento, una amplia gama de organizaciones de derechos humanos colombianos, auspiciado por las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Gran Bretaña, entre varios países, se sentían frustrados ante las declaraciones del defensor del pueblo.



Lo que salvó el evento fueron las intervenciones de Maria Eugenia Sánchez y el director de la Comisión de Juristas Colombianos, el abogado Gustavo Gallón. Este resumía la política de seguridad Democrática como una contracultura de paz y de derechos humanos y vio en el paquete del gobierno las propuestas judiciales como la más grande amenaza a los derechos fundamentales de los colombianos.



Maria Eugenia, de la Alianza de organizaciones sociales por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia, se sentía frustrada y aterrada por las declaraciones de los generales, el vicepresidente y el mismo ministro de defensa el día de los asesinatos de los tres sindicalistas. El ministro de defensa calcificó a los dirigentes de la CUT como “delincuentes” que había muerto en combate.



La dirigente social terminó exigiendo que el gobierno se adhiera a la “Declaración de Londres”, la cual el vicepresidente Francisco Santos ha rechazado.



Dick Emanuelsson
Asunto: Colombia/ASESINATOS DE TRES SINDICALISTAS: "Sin la solidaridad internacional los resultados hubieran sido muy difíciles"


“Sin la solidaridad internacional los resultados hubieran sido muy difíciles”



Carlos Rodriguez, presidente de la CUT contra vicepresidente Santos y El Tiempo sobre el desenlace de la decisión de la fiscalía colombiana de detener a tres militares y un “sapo” por los fusilamientos de tres sindicalistas colombianos.



Por Dick Emanuelsson



BOGOTA / 040908 / “Casi nadie cree en los organismos de investigación”, dice Carlos Rodriguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de Colombia, en la siguiente entrevista.



Esta declaración contrasta con la del vicepresidente Francisco Santos (y el editorial del diario El Tiempo de hoy1) que, en los mismos momentos fue entrevistado por la emisora ”la WFM” en Bogota. El motivo por la entrevista era la decisión de la fiscalía de ejecutar una orden de captura a tres militares y un informante. Serían los responsables materiales por el fusilamiento de tres dirigentes regionales de la CUT en el departamento de Arauca el 5 de agosto, 2004:



“Yo creo que eso demuestra que aquí hay instituciones que controlan el accionar de nuestras fuerzas, y que aquellos que critican tanto a la Fiscalía y a las entidades de justicia con una resolución de acusación como ésta, o con una orden de detención como esta, y con una acusación como ésta, pues, creo que demuestra que aquí hay instituciones fuertes que actúan en el caso de que haya una desviación por parte de las autoridades”.



Carlos Rodriguez sostiene que la sorprendente rapidez y agilidad que actuó la fiscalía tiene su fundamento en otra explicación:



“La solidaridad internacional del movimiento sindical internacional ha sido formidable y es básica en estos casos. Sin ella los resultados hubieran sido muy difíciles. En ese sentido nosotros valoramos y reconocemos que el apoyo internacional, la denuncia ha sido extraordinario.



“Operación Dragón”, detención de Luz Córdoba. . .



La verdad es que, desde el mismo día por los asesinatos, el movimiento sindical internacional, los organismos de derechos humanos, la oficina de la ONU en Bogota y un espectro amplio de organismos nacionales e internacionales, se alertaron y se movilizaron ante los sucesos trágicos y dramáticos en Arauca. Ya estaban impactados por la detención de la presidenta de una de las dos organizaciones campesinas en el departamento, la señora Luz Perly Córdoba, pero también por la filtración de un informante de la inteligencia militar que puso en evidencia el “Operación Dragón” que apunta contra 85 dirigentes, gran parte sindicalistas de Cali que, según los congresistas y ex sindicalistas Alexander López y Wilson Borja, varios de estas 85 personas serían asesinados por paramilitares, al servicio a la inteligencia y capital regional o internacional.



Para el presidente de la CUT, de todas maneras, la decisión de la fiscalía es importante.



*** ¿Qué piensas tú sobre la decisión de la fiscalía de detener a tres militares y un civil que, al parecer era el guía o informante para las fuerzas militares en Arauca, por el asesinato de los tres lideres sindicales?



”Nosotros vemos como positivo ese hecho. En primer lugar porque reafirma que la impunidad es posible romperla. Y en segundo lugar porque la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía empieza a tener credibilidad, que es uno de los hechos que ocurren en Colombia que casi nadie cree en los organismos de investigación. Lo otro es que sale fortalecida la democracia, porque en la medida que la democracia tenga esos elementos de discusión, entonces se avanza. Es un elemento bastante importante. Y en segundo lugar que hacia muchos años, no veíamos como se aprehendían militares comprometidos en los asesinatos de los dirigentes sindicales, entonces es un hecho importante que fortalece la democracia, que rompe la impunidad y que aspiramos continúe en igual medida esta discusión”.



*** ¿Qué pensaste, cuando salieron inmediatamente las declaraciones tan categóricas del vicepresidente2), del general Luis Fabio, general Ospina, el ministro de defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría que defendían la acción de la tropa que terminó en las ejecuciones extrajudiciales de los tres sindicalistas?



“Nosotros rechazamos de inmediato esas afirmaciones y sacamos un documento que se llamo “Complot contra la CUT”. Inclusive llamamos a que este tipo de afirmaciones temerarias no se volvieran a repetir, porque ponen en tela de juicio la integridad de mucha gente y estigmatizan al movimiento sindical”.



“Igualmente en Arauca acordamos que la investigación no debería salir de la unidad de derechos humanos de la fiscalía, porque había algunos sectores que estaban pretendiendo que ésta pasara a la justicia penal militar. Afortunadamente el acuerdo se reafirmó y fue un hecho positivo”.



*** Francisco Santos es codueño de El Tiempo, diario que negó a publicar un aviso de la central obrera Suiza donde se expresa su preocupación por la sistemática persecución de los sindicalistas en Colombia. ¿Cuál es tu comentario a esta decisión?



”Si, nosotros vemos la publicación en el periódico el Espectador, no sabía yo que El Tiempo se había negado a publicarla. De todas maneras en Arauca también estuvo el vicepresidente y allí le presentamos una denuncia escrita sobre los insucesos y algunas exigencias y eso motivo un acuerdo también importante.



*** Ustedes se quedaron en esa reunión, mientras los representantes de noventa organizaciones sindicales y sociales en Arauca, se retiraron del encuentro. ¿Por que se quedaron Ustedes?



”Nosotros íbamos con el compromiso de buscar acuerdos, y fue una decisión que tomaron cuatro organizaciones sociales, ONGs y el movimiento sindical tiene su autonomía y su independencia. Hoy, afortunadamente, se evidencia que el acuerdo es fundamental, porque si la investigación sobre los tres dirigentes sindicales asesinados no hubiera quedado en manos de la fiscalía tal y cual como acordamos, no estaríamos hoy presentando como positiva al investigación.



*** Hay una gran preocupación por parte de las organizaciones sindicales y sociales en Arauca, porque en esa reunión también estuvieron la mitad de las sillas ocupadas por militares, que incluso filmaron a los civiles que llegaron allá.



”Ah! Eso siempre acontece en Colombia, nosotros no tenemos nada que ocultar y si nos quieren filmar o grabar, no tenemos ningún problema. Porque nuestra actitud es una actitud civilista y democrática.



*** ¿Pero no es preocupante que unas semanas antes hayan sido asesinados justamente tres civiles por uniformados?



”Sin duda alguna. Pero nosotros no podemos renunciar jamás a buscar salidas, a buscar acuerdos con el interlocutor que es el gobierno. Si hubiéramos tomado como salida no hablar con el gobierno, eso sería gravísimo para nosotros.



*** ¿Qué implicación ha tenido la atención internacional, porque desde el mismo momento que ustedes denuncian el fusilamiento de sus dirigentes sindicales en Arauca, inmediatamente el movimiento sindical internacional, estaba muy atento; el aviso que querían colocar en el diario el Tiempo es una muestra de eso? Pero en este caso, para que la fiscalía tomara la decisión de detener a esos militares, ¿que significado ha tenido la solidaridad internacional?



”Extraordinaria, la solidaridad internacional del movimiento sindical ha sido formidable, es básica en estos casos, sin ella los resultados hubieran sido muy difíciles. En ese sentido nosotros valoramos y reconocemos que el apoyo internacional, la denuncia ha sido extraordinario.



Fuentes:

1) Editorial de El Tiempo, 8 de septiembre, 2004: Caso de los sindicalistas muertos en Arauca siembra dudas sobre el compromiso militar con DDHH: http://eltiempo.terra.com.co/opinion/reda/2004-09-08/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1789342.html



El Tiempo negó a publicar un aviso pagado por la central obrera suiza y algunas federaciones sindicales de Alemania, Bélgica y Francia que respiraron su profunda preocupación por los muertos de los tres sindicalistas y la sistemática persecución del movimiento sindical colombiano. Exigían al mismo tiempo libertad a los dos sobrevivientes de la masacre en Caño Seco el 5 de agosto.



Pero El tiempo hace diferencia entre sindicalistas europeos y personas o políticos colombianos que avalan las “tareas“de los grupos paramilitares de Alto Ariari en el departamento del Meta, que pudo publicar un aviso en una página completa en el único diario con cobertura nacional.



2) Declaraciones aparecidas en la Prensa sobre las ejecuciones extrajudiciales del 5 de agosto de 2004.



Comandante II División del Ejército, general Luis Fabio García:

”Indudablemente murieron en un combate con los soldados, se les incautaron armas, municiones y explosivos que portaban.” (- El Colombiano 7 de agosto - pág. 1 y 12)



MinDefensa, Jorge Alberto Uribe:

”Los tres dirigentes eran delincuentes, que perdieron la vida en un combate.”Además, portaban armas y tenían ordenes de captura por el delito de rebelión.”



Vicepresidente Francisco Santos:

”Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical.”



Ejército:

El hecho ocurrió cuando ”un grupo de soldados se aproximaba a una casa donde estaban reunidos presuntos rebeldes del ELN y fueron repelidos a disparos.”

El Tiempo 8 de agosto- pág. 1-6

Ejército: Perdieron la vida al atacar a tiros la tropa el pasado jueves en el sector de Caño Seco, en zona rural de Fortul.



General Jairo Duván Pineda:

”Personajes muertos son muy importantes dentro de la política del ELN.”



El colombiano/ 13 de agosto de 2004: “Seguirá en manos de la Justicia Penal Militar”

El director de la Justicia Penal Militar, general Jairo Duván Pineda Niño, confirmó que la investigación sobre las circunstancias en que murieron tres sindicalistas de Arauca, acusados por la Fiscalía General de la Nación de pertenecer al ELN, seguirá en manos de la Justicia Penal Militar. ”Desde el punto de vista legal este caso no puede cambiar de instancia por que el fuero lo tiene la Justicia Penal Militar (...) Esta fue una actividad que se realizó con la guía de un reinsertado del ELN, obedeció a una orden de operaciones de mandato legal y a una orden de captura expedida por la Fiscalía que, de no cumplirse, estaríamos cometiendo un delito por omisión” aclaró Pineda.



Tomado del informe “CRÓNICA DE OTRA MUERTE ANUNCIADA EN ARAUCA”, INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE LOS LÍDERES ARAUCANOS HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ, LEONEL GOYENECHE Y JORGE PRIETO.



El informe fue realizado por una comisión integrada por representantes de ONGs de Derechos Humanos que se desplazó los primeros días de la masacre a Arauca. La Comisión estaba integrada por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Proceso de Comunidades Negras, Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia-RECORRE y el comité de DDHH de la Unión Sindical Obrera-USO, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.



* * *



”Suspenda la utilización de informantes”



LA ORGANIZACIÓN HUMANIDAD VIGENTE, que lleva varios anos investigando y vigilando el tema de los derechos humanos en el departamento de Arauca, en un comunicado ayer martes, pone la atención acerca las tareas de los informantes, que en Colombia, según el gobierno, ya son en total casi dos (2) millones ciudadanos.



- Llamamos la atención de que en este caso se evidencian los efectos del papel que juegan informantes como el Sr. Daniel Caballero, alias ”Patilla”, de quien existe evidencia en otros procesos judiciales de que es responsable de otros crímenes como homicidios y atentados terroristas.



Estos informantes, a quienes se les otorgan beneficios jurídicos y económicos desde el Programa Presidencial de Reinserción, son utilizados como testigos en procesos judiciales contra innumerables líderes sociales. Además, participan en operativos militares con resultados como el del caso que nos ocupa, en el que los tres líderes de Arauca fueron acusados por este sujeto de ser del ELN, sirviendo esto como justificación para su ejecución extrajudicial.



Por tal razón, insistimos en la necesidad de suspender la utilización de estos informantes, ya que están demostrados los nefastos efectos que causan a la población civil y, en especial, a los líderes sociales.



Bogota 040907

HUMANIDAD VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/09/2004 - Modificar

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