Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

"Sincronización de nombramientos"

La Plataforma pone de manifiesto en el escrito "la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco", ambos en mayo de 2012. Asimismo, el colectivo apunta que ambos podrían haber incurrido en delitos como malversación de fondos públicos o tráfico de influencias.

Tabla resumen de las licitaciones de Enresa a Iberinco. / PCCNC

El colectivo apunta que Gil-Ortega y López del Hierro podrían haber incurrido en delitos como malversación de fondos públicos o tráfico de influencias

López del Hierro fue gobernador civil de la provincia de Toledo en los setenta y ha ocupado sillones en los consejos de dirección de diferentes empresas, además de en Iberinco, entre ellas la Caja Castilla-LaMacha (CCM).

El ATC se encuentra hoy paralizado debido a la anulación del plan urbanístico que permitía su construcción y la ampliación de una Zona Espeial de Protección de Aves (ZEPA), recurrida por el Gobierno central, en los terrenos en los que se había planteado en Villar de Cañas.

La Plataforma ha recordado hoy que el Ministerio de Industria desautorizó a Gil-Ortega en febrero del pasado año "por las prisas de adjudicar la obra principal sin tener ninguno de los permisos perceptivos y en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear", por lo cual dimitió de su cargo.

Además, denuncian que, a pesar de que el proyecto del ATC está paralizado desde julio de 2015, "lejos de parar las licitaciones, el pasado 5 de noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC (Gas Natural- Iberdrola) por valor de 2,76 millones" para el Servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC. Dicha adjudicación se realizó "mediante negociación con la UTE sin ninguna otra oferta", remarcan.