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Secciones: Brasil -  Resoluciones

Título: BRASIL. Por qué los más pobres apoyan a Rousseff en reelección- Enlace 1

Texto del artículo:

[Diariodeurgencia] BRASIL Por qué los más pobres apoyan a Rousseff en reelección / "Con Dilma reelegida o sin Dilma, Lula volverá en 2018" / En peligro el desarrollo social brasileño //BOLIVIA: La nacionalización y sus enemigos // GUATEMALA: La masacre de San Juan de Sacatepéquez // PARAGUAY: Operaciones militares en siete asentamientos campesinos // VENEZUELA: Rechazan declaraciones injerencistas de Insulza / Venezuela, vanguardia de dignidad para los pueblos del mundo // COLOMBIA: Crecen las amenazas de muerte a dirigentes sociales y políticos / Habrían abatido a dirigente guerrillero / Comunicado FARC: El gobierno debe ir más allá de la retórica // MEXICO: Sigue la represión al pueblo Yaqui / Miles de estudiantes ganaron las calles // CHILE: Movimiento estudiantil, entre la continuidad y la reforma / Obstrucciones por derecha y falta de voluntad oficial / Muere un joven chileno al explotarle una bomba casera //


RESUMEN LATINOAMERICANO y del Tercer Mundo
Diarios de Urgencia



Director: CARLOS AZNAREZ

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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA

Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo

27 de septiembre 2014

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BRASIL

Así lo ve un periodista de EEUU
Por qué los más pobres apoyan a Rousseff en reelección

Por STAN LEHMAN (de la Agencia Associated Press)
24 de septiembre 2014


Vista general de la favela de Paisopolis con el barrio de Morumbi al fondo, en Sao
Paulo, Brasil.

La vida sigue siendo dura para los millones de brasileños que siguen en la pobreza.
Pero nunca antes habían estado tan bien. Y esa es la clave de la posible reelección
de la presidente Dilma Rousseff para otro período de gobierno.

Aunque Rousseff y su principal rival, Marina Silva, se encuentran empatadas entre
los votantes de clase media, que es el grupo que más vota en el país, la mandataria
goza de una amplia ventaja entre los más pobres de Brasil por sus generosos
programas sociales que han ayudado a erradicar el hambre y la pobreza extrema, bajo
el mandato del Partido de los Trabajadores que ella lidera.

Entre 2001 y 2012, Brasil redujo la pobreza extrema del 14% de la población al 3,5%,
según el informe anual del Estado de la Inseguridad Alimentaria de Naciones Unidas,
publicado la semana pasada. La cantidad de personas con desnutrición se redujo del
19% a menos del 5%, lo que sacó a Brasil del mapamundi del hambre global de la ONU.


Una mujer lava ropa en su casa de una favela de Brasilandia en Sao Paulo, Brasil.

La última encuesta de la respetada firma Ibope, publicada la semana pasada, dice que
el 46% de quienes tienen los ingresos más precarios, y que constituyen un cuarto del
electorado, votaría por Rousseff en la primera vuelta en las elecciones
presidenciales del 5 de octubre, en comparación con el 24% de quienes votarían por
Silva.

A Rousseff le va mejor en este sector de la población en comparación con el resto
del electorado. El sondeo de Ibope muestra que Rousseff supera a Silva con un 6% de
los votos para la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% del
total de los sufragios, una segunda vuelta se tendrá que celebrar el próximo 26 de
octubre y que Silva ganaría por un estrecho margen, según la misma encuesta.

Ibope encuestó a 3.010 personas en todo Brasil del 13 al 15 de septiembre con un
margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.

Andrea Santos, que vive en la favela Heliópolis de Sao Paulo, uno de las más grandes
de Brasil, dice la mayoría de sus vecinos no dudan a quién entregar su voto.

"La mejoras que Dilma y el Partido de los Trabajadores hicieron en materia de salud
y educación para los pobres garantizará que el 90 por ciento" de quienes votan en
Heliópolis lo harán por ella, dijo Santos, que vive en un viejo edificio de
concreto, tres pisos, y construido en un estrecho callejón.

Santos, sus cinco hijos y un nieto comparten dos estrechas habitaciones en el
edificio que carece de ascensor y que arrienda por 400 dólares al mes; lo que
corresponde a la totalidad del salario que recibe por coordinar actividades
educativas para jóvenes en un centro comunitario local.

"Si no fuera por el dinero que mis hijos ganan haciendo trabajos ocasionales aquí y
allá o haciendo mandados, no sería capaz de pagar el alquiler", dijo Santos, de pie,
delante de su televisor de pantalla plana junto con Nelinha, su perro pinscher de
siete años.

Durante cuatro años su familia se benefició de uno de los programas más populares
impulsado por el Partido de Trabajadores, llamado "Bolsa Familia", que entregó
10.700 millones de dólares a unas 14 millones de familias en 2013.

El programa da a las madres un estipendio mensual variable siempre y cuando puedan
demostrar que están sus hijos van a la escuela y que mensualmente los llevan a las
clínicas estatales para chequeos rutinarios y para que les pongan vacunas. Santos
recibió unos cien dólares en efectivo cada mes por mantener a sus hijos en la
escuela hasta que su último hijo terminó clases en diciembre.

"La vida de los pobres ha mejorado durante los gobiernos del Partido de los
Trabajadores y votarán por Dilma porque sienten que sus vidas continuarán mejorando,
y tienen miedo que puedan perder los beneficios que han obtenido", dijo Pedro
Fassoni Arruda, profesor de ciencia política de la Universidad Católica de Sao
Paulo. "No hay duda de que en todo el país Dilma y el Partido de los Trabajadores
tienen el apoyo de los sectores más pobres de la sociedad".

El equipo de Silva acusó a la campaña de Dilma de difundir rumores de que la
opositora, que tiene una agenda económica más ortodoxa, terminaría el programa Bolsa
Familia si resulta electa.

El equipo de Dilma rechaza la acusación.

La semana pasada, Silva lanzó un anuncio publicitario, de corte emocional, que la
mostraba ante una manifestación al noreste de Brasil, diciendo que nunca terminaría
ese programa porque ella misma tuvo que pasar hambre como la hija que era de un
empobrecido cauchero que trabajaba en lo profundo de la selva amazónica.

En privado, los asesores de Silva reconocen su frustración porque su campaña no ha
atraído a los pobres. Argumentan que no tienen tiempo o dinero para hacerle entender
a la gente que Silva tiene raíces humildes mientras que Rousseff es hija de la clase
media.

Sin embargo, entre los votantes pobres es suficiente para sufragar por Rousseff que
el mentor político de la mandataria, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da
Silva, pasara de limpiabotas a jefe de estado del país, así como la marca "Partido
de los Trabajadores".

Manoel Otaviano da Silva, líder comunitario de Heliópolis, lo expresó sin rodeos.

"Lula es visto aquí como un Dios que puede hacer nada malo", dijo. "Si él respalda a
Dilma, entonces ella no podrá hacer nada malo. La mayoría de los residentes aquí la
ven como una continuación de Lula y de los programas que su gobierno introdujo".

En las laberínticas calles de Heliópolis es prácticamente imposible encontrar un
sólo cartel o pancarta de la campaña de Silva. En contraste, los anuncios de la
campaña de Rousseff están por doquier.

"¿Por qué debo votar por Marina Silva cuando ya sé lo que Dilma y el Partido de los
Trabajadores han hecho y seguirán haciendo?", dijo María Damaceno de Santana,
cocinera de 43 años que vive en la favela. "Dilma tiene que ser reelegida para que
pueda seguir ayudando a los pobres. Sabemos quién es Dilma. No sabemos quién es
Marina Silva".

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BRASIL

Entrevista con Marco Antonio Carvalho Teixeira.

"Con Dilma reelegida o sin Dilma, Lula volverá en 2018"

Por Eduardo Sotos

Faltan exactamente dos semanas para que los más de 200 millones de brasileños
acudan a las urnas y el interrogante sobre quién será el próximo presidente, o
mejor dicho presidenta, del mayor país de Sudamérica continua sin respuesta. El 5
de octubre será una fecha clave. No solamente está en juego el futuro del gigante
amazónico, sino que el resultado de las presidenciales marcará en gran parte el
rumbo de Latinoamérica en los próximos años. Desde Mercosur hasta los BRICS, la
herencia geopolítica del expresidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT)
podría desvanecerse si los brasileños optan, el próximo 5 de octubre, por un cambio
de gobierno.


Marco Antonio Carvalho Teixeira, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad
Pontificia de Sao Paulo (PUC-SP) y profesor en el Centro de Estudios en
Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas (CEAPG-FGV),
analizó en una entrevista a Nóvosti la situación de los candidatos en la recta final
de la campaña electoral.

• Hace apenas unas semanas, parecía que la candidata del Partido Socialista
Brasileño (PSB), Marina Silva, barrería a Dilma Rousseff (PT). Sin embargo, en
pocos días las encuestas han pasado de dar ventaja a Silva a hablar de un empate
técnico e, incluso, situar a Dilma como líder. ¿Cómo puede explicarse este
repentino bajón de la principal aspirante?
Marina Silva obtuvo una gran ventaja emocional en el electorado brasileño a raíz de
la tragedia, el pasado 13 de agosto, con el accidente mortal del hasta entonces
candidato del PSB, Eduardo Campos. Ese potentísimo crecimiento tras asumir la
candidatura dejó la sensación de que no solo iba a ser una gran competidora para
Dilma Rousseff, sino la gran favorita para vencer las elecciones. Silva, obtuvo las
simpatías de gente que votaría simplemente por oposición al Partido de los
Trabajadores (PT) y de la gente a la que le gusta el PT pero no Dilma. Todos ellos
vieron en Marina una gran oportunidad y expresaron su apoyo sin conocerla. Lo que
ocurrió es que ese pico de popularidad comenzó a decaer cuando la verdadera campaña
se puso en marcha y Silva comenzó a aparecer en la televisión, en los debates y en
mítines, desencantando a parte de ese electorado.



• ¿Se trata de un problema de liderazgo de Marina Silva, un fallo en el programa
electoral del PSB, los ataques de Rousseff o un poco de todo?
En comparación con Dilma Rousseff, Silva peca de un alto grado de improvisación en
sus posturas, algo que desagrada puesto que un programa electoral tiene que estar
bien preparado, ser explicado al votante. La vuelta atrás en algunas posiciones
debido a su gran pragmatismo electoral, como sus matices en la defensa de los
derechos de los homosexuales o en la educación, por ejemplo, le están pasando
factura. Creo que su pérdida en las encuestas tiene más que ver con las fragilidades
e incoherencias mostradas en campaña que con el bombardeo de críticas que Dilma ha
vertido sobre ella.

• ¿Podría pensarse que su condición de cristiana evangélica le estuviese planteando
problemas con un programa electoral que fue ideado por y para Eduardo Campos?
Silva se echó atrás con algunas cuestiones del programa del PSB debido a que,
probablemente, ni siquiera había leído el programa en profundidad. Al conocer en
detalle algunos puntos que confrontarían su propia ideología decidió echar marcha
atrás a pesar de saber que perdería aliados políticos. Todo ello supuso una gran
confusión en el partido. Si no consigue separar las decisiones políticas de sus
creencias propias no va a poder ejercer un liderazgo creíble. Esto ha hecho a muchos
echarse atrás. No puede decirse que la cuestión religiosa o que sea evangélica la
perjudique. Pero el hecho de no poder separar ambas cuestiones da una muy mala
sensación para alguien que tendrá que formar gobierno y lidiar con alianzas
políticas en el futuro.

• ¿Puede ser que el perfil de Marina Silva no esté todavía claro en la mentalidad
de los brasileños?
Marina es una político que surge de la esfera de los movimientos sociales y
sindicales de la nueva izquierda brasileña. Estuvo presente en la misma fundación
del Partido de los Trabajadores y tuvo gran peso en la región de Acre, surgiendo
como una nueva figura de liderazgo con una marcada tendencia ecologista. Esto le
produjo incluso problemas durante su periodo como ministra de Medio Ambiente en el
gobierno de Lula, donde se enfrentó a algunas políticas de desarrollo
(hidroeléctricas, nucleares), provocando su posterior salida en 2008. Sin embargo,
fue lo que otorgó mayor visibilidad a nivel nacional. Finalmente, entró en el PSB
por no encontrar espacio político para su propio proyecto, la Rede de
Sustentabilidade. Sin embargo, no va a renunciar a esto si alcanza el poder e
intentará atraer en torno a su figura y la causa ecologista a diversas tendencias de
izquierdas y conservadoras.

• Hablemos de Dilma quien parece recuperar el liderazgo en las encuestas con un 37%
frente al 30% de Silva. ¿Cuál es el principal escollo que tendrá que superar para
conseguir la reelección?
El principal inconveniente de Rousseff para su reelección es el fracaso de su
política económica en los últimos meses. Si atendemos a las cifras de aprobación de
los meses de enero o febrero, tenía una aprobación muy elevada, en torno al 47-48%.
Desde entonces, el ambiente económico del país se deterioró mucho por lo que la
confianza de los agentes económicos ha desaparecido. Tanto es así que ni siquiera la
oposición critica en cuestiones como la educación o la salud, sino que centran sus
críticas en el caos económico que el país está viviendo. Por ello, todos los
esfuerzos de Dilma se están centrando en lograr revertir algunos de los indicadores
económicos con medidas concretas, eso ha facilitado que los índices de rechazo hacia
ella hayan disminuido.

• Curiosamente, la popularidad de la presidenta ha mejorado a pesar de los
recientes escándalos de corrupción como el de Petrobras. Algo que Silva no ha
dudado en utilizar. ¿Es Dilma inmune a los rumores de corrupción?
Desde la última encuesta de Datafolha, Marina ha doblado el índice de rechazo del
11% al 22% en la campaña mientras que Dilma, con toda la responsabilidad de estar en
el gobierno, se mantiene estable en el 33%. Esto significa que el impacto de la
corrupción en la candidatura de Rousseff es residual, es más Dilma ya superó la
crisis del Mensalao y salió reforzada. El caso de Petrobras ha sido más una denuncia
que un hecho concreto. De hecho, el silencio de Paulo Roberto Costa en la comisión
de Investigación del Congreso refuerza esa sensación de rumor frente a hechos
contrastados. Además, el caso Petrobras no la relaciona directamente.

• Según todas las encuestas el segundo turno es inevitable y podría estar marcado
por un empate técnico entre Dilma y Marina. ¿Quién tiene más posibilidades de salir
vencedor en un segundo turno?
En una situación de empate quien ya está en el gobierno siempre tiene más recursos
para llegar a la gente. Dilma tendrá mas apoyos, más recursos del partido para su
campaña, mientras que Silva intentará mantener y aprovechar la percepción positiva
de los votantes desencantados que consiguió al asumir el liderazgo del PSB. Cada una
tiene sus recursos, Dilma la estructura y Silva la ilusión.

• Aunque nadie duda de que el expresidente Lula apoye la reelección de Dilma
Rousseff, son muchos los que suspiran por su vuelta y las malas lenguas ya hablan
de 2018. ¿Cómo afecta el liderazgo de Lula a las aspiraciones de Dilma?
Lula volverá en 2018 pase lo que pase, con Dilma reelegida o sin Dilma. El gran
líder del PT siempre fue Lula y nunca dejó de serlo. Tanto es así que el principal
gancho electoral de estas elecciones es él, al igual que lo fue en 2010. Lula está
extremadamente comprometido con la campaña del PT, especialmente en la recuperación
de aliados perdidos y con reaglutinar el partido sobre todo en caso de tener que
plantearse la oposición. Tengo la impresión de que la victoria de Dilma, o mejor
dicho del PT, en estas elecciones es una cuestión de honra para él.

fuente Ría Novosti
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BRASIL

En peligro el desarrollo social brasileño

Hedelberto López Blanch



Las próximas elecciones presidenciales en Brasil fijadas para octubre próximo,
pudieran dar al traste con los grandes avances sociales y económicos que desde hace
11 años han llevado adelante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT),
encabezados por Luiz Inacio Lula da Silva, y seguido por el de Dilma Rousseff, los
cuales han beneficiado a millones de ciudadanos de ese país.

Muchos intereses estan en juego para tratar de contrarrestar los cambios ocurridos
en el gigante sudamericanos, pero dos son los más peligrosos: primero la
animadversión de Estados Unidos hacia Brasil por su política de integración
latinoamericana, el fortalecimiento del BRICS y su acercamiento a China, Cuba y
Rusia.

En segundo lugar, el malestar de los poderosos grupos económicos y políticos de la
derecha tradicional brasileña que no aceptan los cambios ocurridos para bien de la
mayoritaria población.

Si hace pocos meses las encuestas daban como favorita para reelegirse a Rousseff, la
situación cambió tras la muerte el 13 de agosto pasado, en un accidente aéreo, del
candidato del Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos, y la rápida entrada hacia la
carrera presidencial de su vice, Marina Silva, lo cual ha estrechado las intenciones
de votos entre estas dos principales contrincantes.

De la casi decena de aspirantes para la primera vuelta, Dilma aparece con una
intención de votos del 39 %, seguida de Silva con 31 % y del derechista del Partido
Socialdemócrata (PSDB) Aécio Neves con 15 %. Los demás no cuentan prácticamente en
la lid.

Silva, ex ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula, renunció al PT, y
aparece como la preferida del sector financiero, la clase media y de los habitantes
de las grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.

Como se recordará, Dilma canceló hace unos meses una visita de Estado a Washington,
debido al espionaje electrónico que realizó la Agencia de Seguridad Nacional de
Estados Unidos contra la presidenta y varios funcionarios brasileños. Eso tensó las
relaciones con la administración de Barack Obama, que esta buscando una nueva cara
que dirija los destinos del gigante sudamericano.

Tampoco a Washington le agrada la estrecha relación que Brasilia ha desarrollado con
Cuba, Rusia y China y el impulso que ha dado a la Unión de Naciones del Sur (Unasur)
y al Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el BRICS tendrá, en su
conjunto, un mejor desempeño económico que Estados Unidos y Europa.

Pero analicemos más detalladamente los avances de Brasilia tras de la llegada de los
gobiernos del PT en 2013.

En los últimos 11 años el crecimiento ha sido constante y si en 2007 ocupaba el
décimo lugar por su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a
España; en 2010 a Italia y a finales de 2013 estaba a solo pocos puntos de Gran
Bretaña que ocupa la sexta posición.

La inmensa asimetría que existía entre ricos y pobres se ha reducido con la puesta
en marcha numerosos programas sociales y más de 34 millones de personas salieron de
la escala de pobreza en la que se mantuvieron durante décadas.

Los índices de pobreza se redujeron desde el 42 % en 2002 a 20 % en 2013; la tasa de
desempleo se fijó en mayo de 2014 en 4,9 %, la más baja en toda la historia.

No obstante, de los 202 millones de habitantes, y pese a los esfuerzos realizados
por las administraciones Lula-Rousseff, aun existen 22 millones de personas bajo la
línea de pobreza, mientras unos 50 millones en total necesitan ayuda del Estado para
recibir asistencia médica ya que no pueden pagar la atención privada.

En este contexto social han llegado al país numerosos galenos, entre ellos 6 000
profesionales cubanos que fueron ubicados en cerca de 800 municipios y regiones
apartadas, los que brindan asistencia especializada gratuita a personas pobres y de
clase media.

Desde la llegada de Lula al poder se iniciaron varios proyectos sociales como Hambre
Cero, Brasil sin Miseria, Universidad para Todos, Mi casa, Mi vida, Bolsa Familia
(brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo que facilita a los jóvenes el
acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53
% del salario mínimo.

Como complemento directo se suma la financiación de la escolaridad infantil y la
elevación del número de puestos de trabajo, además de construirse o estar en
ejecución, dos millones de viviendas para personas de bajos recursos.

Esos programas han permitido que las capas más afectadas de la sociedad hayan
aumentado sus ingresos y tengan más poder adquisitivo lo que impulsa, a la vez, el
desarrollo de la economía.

En este sentido, aunque los detractores del sistema afirman que ha disminuido el
comercio exterior lo cual afecta el aumento del PIB, el ministro de Hacienda Guido
Mantega explicó que Brasil no es un país dependiente de sus exportaciones como
tantos otros. Agregó que posee un mercado interno grande y en crecimiento constante
por lo que el producto interno depende solo del 15 % de las exportaciones y del 85 %
del mercado nacional.

A eso se debió que las crisis internacionales como la del 2008 tuvieran poca
repercusión sobre el mercado brasileño.

En definitiva, en las elecciones del próximo octubre se enfrentarán dos vertientes
de sistemas diferentes, uno representado por Silva (en una posible segunda vuelta
contará con el apoyo de Neves) que promueve políticas de corte neoliberal y responde
a intereses del sector privado, y el otro del PT que apoya el desarrollo económico y
social sostenido para sus habitantes, además de apostar por un mundo multilateral y
la efectiva integración regional.

Esperemos pues los electores tendrán en sus respectivas boletas la decisión final.

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BOLIVIA

La Nacionalización y sus Enemigos

Por Idón Moisés Chivi Vargas
(Resumen Latinomericano)


Opositores a Evo Morales: derechistas Tuto Quiroga y Doria Medina

Lenin solía definir a la política como “la expresión más concentrada de la economía”.

Pero la político no es un campo abierto de especulaciones, sino el lugar donde hoy
-en procesos electorales- el Tribunal Supremo Electoral exige la presentación de un
“Programa de Gobierno” a los partidos que tercian en las elecciones.

Este “programa”, para los efectos del presente artículo, será entendido como un
registro ideológico que comprime los sentidos históricos por los cuales un partido,
instrumento o agrupación ciudadana, se presenta a las elecciones.

Dicho de otra forma el “programa político” resume el horizonte económico y no al revés.

Hacemos este ejercicio hermenéutico porque en tiempos de q’ayma campaña, los
“programas” no están siendo adecuadamente conocidos por los electores, y ello es
aprovechado para confundir y engañar a quienes los datos muestran como “indecisos”.

En realidad el motivo es desnudar el 50/50% de Doria Medina “que lo dijo pero no lo
dijo” como él mismo se encarga de repetir cansinamente en sus spots, pero a su vez
para desnudar a Tuto, quien dice que “no privatizó ni un tornillo” y finalmente para
poner en evidencia a Juan quien encubre en su retórica, la alianza ideológica con el
neoliberalismo.

Sería ingenuo admitir que Tuto y Doria están en veredas contrarias, ni siquiera Juan
lo está, son lo mismo, con distintos colores de bandera y programas que varían en
las formas más no en el fondo.

Provienen de la misma matriz ideológica y comparten el mismo padrino político, los
iueseis y Mr. Obama.

El país para ellos no existe, existe una máquina de hacer dinero fácil y una masa
popular ignorante que vota para su propia desgracia.

Por ello miran a la empresa privada como predestinada al éxito y el Estado como mal
administrador predestinado al fracaso.

Empecemos a pasar revista a sus programas y declaraciones, aclarando de principio y
por enésima vez, que lo que conocemos como derecha no son una secta satánica, sino
solo la categoría personificada de un modelo de pensamiento económico que dirige su
accionar hacia la política.

PDC: El litio y la gallina de los huevos…

El programa de Tuto es elocuente al respecto:

“El desafío histórico recaerá en los empresarios privados y su imaginación innata
para competir en el mercado internacional, en clara sociedad con un Estado
comprometido en coadyuvar al proceso de inserción internacional de la economía
boliviana” (Pág. 7) “Debemos estar dispuestos a crear zonas industriales, invertir
más de $us 3 mil millones en los próximos tres años en infraestructura, en
aeropuertos, en facilidades, y dar garantías y seguridad plena para que las ‘grandes
fábricas de baterías sepan que Bolivia será el mejor lugar para hacerlas” (Pag.11)

¿Imaginación innata? Quién les ha hecho creer a los autores del documento que los
empresarios tienen la bendición darwiniana para los negocios? ¿Quién les ha hecho
creer que sin transnacionales –se sobreentiende, algo mejor que las empresas
nacionales-, no se puede vivir? Semejante modelo de auto-desprecio solo puede
explicarse por su falta de vocación nacionalista y su mentalidad dependiente.

¿Quiénes son las “grandes fábricas”? Son las empresas transnacionales que hoy
detentan la tecnología y el conocimiento y con las cuales Tuto cree poder lograr
acuerdos, estamos hablando de: Mitsubishi y Sumitomo de Japón y el grupo francés
Bolloré.

De este modo nos damos cuenta que Tuto tiene en la cabeza la privatización del litio
para repetir la desgracia neoliberal en versión remozada.

Le es fácil decir qué es lo que no va a privatizar (aunque sea mentira), pero le es
difícil ocultar lo quiere privatizar (porque es verdad).

UD: Los traspiés de la lengua…

Doria Medina no se queda atrás, por el contrario confirma lo anterior, en su
programa de gobierno señala que:

“El motor del Plan Bolivia Progresa será mantener y aumentar la tasa de crecimiento
de la economía, lo que sólo puede lograrse con una inteligente y fuerte inversión
público-privada. Para asegurar que la inversión esté adecuadamente protegida y al
mismo tiempo ofrezca suficientes retornos al Estado, debemos promover ‘alianzas
público privadas’ en diferentes campos de la economía que, a diferencia de las
empresas estatales mal concebidas y peor realizadas que prefiere el Gobierno,
desaten sinergias productivas que permitan que la empresa privada haga lo que mejor
sabe hacer bajo control y con la participación de nuevas entidades técnicas
estatales” (Pág. 32)

Para que no quede dudas veamos una entrevista en El Deber:

“Las empresas del Estado que se ocupan de los recursos naturales (YPFB, ENDE,
Comibol) y son estratégicas para el país (BOA, ENTEL): las defenderemos y las
convertiremos en corporaciones eficientes, transparentes y competitivas (…) Apoyo la
nacionalización de YPFB, y todo el dinero que arroja para el país. No disminuiré
estos ingresos. No suspenderé los bonos. Mi propuesta es para incentivar la
inversión en exploración de nuevos campos, lo que el país necesita urgentemente (…)
quiero darle a mi vida, que ya ha sido exitosa en el campo económica, una dimensión
de servicio social, y quiero llevar lo que aprendí en el mundo de los negocios a la
administración del Estado, que necesita de este tipo de conocimiento”
(http://www.eldeber.com.bo/Usted-Elige/samuel-quiere-llevar-al-estado-lo-que-aprendi-en-los-negocios/140924000002)

A diferencia de Tuto que mira el Litio como la gallina de los huevos de oro, Doria
enfoca su mirada pudiente a los “nuevos campos”.

Y dice de modo tajante, como una confesión “quiero llevar lo que aprendí en el mundo
de los negocios a la administración del Estado”.


Más pruebas de su neoliberalismo? Doria hace conocer a los medios internacionales el
día 25 de septiembre que “aboga por la Alianza del Pacífico en lugar del ALBA”
(http://www.la-razon.com/animal_electoral/Doria-Medina-Alianza-Pacifico-ALBA_0_2132186857.html)
A buen entendedor pocas palabras…

MSM: Trabalenguas neoliberal para ingenuos…

Juan del Granado, de forma disimulada y eufemística, y luego de un paseo horrible
por un seudo análisis económico de la economía plural nos dice:

“Superando tanto la posición neoliberal privatista, de políticas orientadas a
economías de mercado libre y auto-regulado, como la posición estatista burocrática,
proponemos un modelo de desarrollo alternativo sostenido sobre la consideración
equilibrada tanto de las ventajas como de las dificultades del mercado y del Estado
y, consecuentemente, de la necesidad de complementariedad entre ambos. Es así que
proponemos, que la iniciativa privada esté basada en un marco de acción pública que
promueva: i) la reestructuración productiva a través de innovaciones y del
fortalecimiento de los encadenamientos productivos y ii) la redistribución
equitativa de la riqueza. En este sentido, planteamos que la actuación estatal no
ocurra de forma unilateral como la única fuerza dirigente del desarrollo económico,
sino en concertación y coordinación con los actores privados” (Pág 103)

Y más adelante aclaran:

“[s]e debe buscar complementariedad de la inversión privada y no su remplazo por
parte de la inversión pública, con el objetivo de ampliar la base productiva de la
economía boliviana así como su nivel de competitividad” (Pág. 120)

En una entrevista en El Deber el mismísimo Juan señala:

“Nosotros proponemos un fondo urgente público - privado de $us. 5.000 millones para
lograr ejecutar un consistente programa de exploración que garantice las reservas de
gas”
(http://www.eldeber.com.bo/Usted-Elige/juan-que-evo-se-quede-tranquilo-nuestro-gobierno-no-perseguir-opositores/140912233827)

Para el proceso de privatización en los noventa, el ardid narrativo decía que las
empresas eran corruptas y deficientes por definición, para salvar a esas empresas
había que privatizarlas y el capital privado iba a generar inversiones y fuentes de
empleo (Casi como por arte de magia).

Esa hegemonía semántica neoliberal echaba loas a la iniciativa privada y volcaba
lodo sobre la empresa estatal, la construcción mediática manejaba esa dicotomía al
igual que un mago maneja las ilusiones ópticas confundidas con el poder de las
palabras.

Hoy Doria Medina, Tuto Quiroga y Juan del Granado ofertan exactamente lo mismo que
ofertaban en los noventa, nos están diciendo que las empresas estatales están
condenadas al fracaso y que la única salvación es el capital transnacional,
encubierto tras la nomenclatura “inversión privada-inversión pública”.

Podemos observar con toda nitidez, sus programas y declaraciones los venden en
cuerpo y alma, dicen en un lado una cosa y dicen en otro lado otra. Quieren borrar
con la lengua lo que escriben con la boca y quieren borrar con el codo lo que
escribieron en los noventa con las manos teledirigidas desde el Consenso de
Washington y los Chicago Boys

Hoy décimo cuarto año del siglo XXI, ya sabemos quiénes son los enemigos de la
nacionalización… son ellos con nombre y apellido, se llaman vende-patrias.

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GUATEMALA

Detenidos cinco personas por masacre en San Juan Sacatepéquez
El gobierno militarizó toda la zona donde opera la cementera de la que salieron los
asesinos de los indígenas
Siempre ha sido clara la connivencia entre gobierno y empresarios

Cinco hombres fueron detenidos ayer, durante los 20 allanamientos efectuados en Los
Pajoques y San José Ocaña, Loma Alta, San Juan Sacatepéquez, luego de que se decretó
estado de Prevención en ese municipio, tras los disturbios del 19 y 20 de
septiembre, que dejaron ocho muertes. De estas, seis se les imputan a los
detenidos.

26 de septiembre


Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en esas comunidades
acompañaron a fiscales del Ministerio Público que llevaban 18 órdenes de captura
emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal.

La Policía informó que los detenidos son Tomás Pajoj Xolix, de 25 años, así como
Jesús, 31, y Rafael, 28, del mismo apellido; y Celestino Turuy Pajoj, 33. También
José Dolores Pajoj Pirir, 51, padre de dos hombres que supuestamente participaron
en el ataque a una familia; uno de ellos murió y el otro se encuentra hospitalizado.


Pajoj Pirir aseguró que la noche del viernes se encontraba en el hospital de
Chimaltenango, con su hijo, quien resultó herido en los disturbios, y en horas de la
madrugada se produjo la masacre contra una familia, donde murieron seis personas y
uno de los supuestos agresores.

Turuy Pajoj refirió que es director de una escuela en la localidad y esa noche se
encontraba en una actividad de la universidad privada donde cursa Derecho.

Los aprehendidos son sindicados de asesinato, asesinato en grado de tentativa,
incendio agravado, reuniones y manifestaciones ilícitas. Fueron llevados al juzgado
de Mixco.

Al momento de ser detenido Pajoj Pirir, familiares forcejearon con los agentes para
impedirlo, al asegurar que no participó en los disturbios.

El detenido residía a pocos metros de donde fue quemada una casa.

Agentes policiales y soldados fueron movilizados a Los Pajoques y San José Ocaña
para evitar incidentes por las capturas.

Durante el tercer día del estado de Prevención en Los Pajoques, muchos vecinos
aún temen opinar sobre la presencia de las autoridades, y los pocos que lo hacen
consideran que se debe a represalias de líderes locales.

Un poblador de San José Ocaña manifestó que uno de los buscados es su
vecino, y cuando llegaron las autoridades se dio a la fuga.

El entrevistado expuso que se trata de una persona que ha amenazado a su
familia desde hace años porque él trabaja en la cementera.

Los investigadores afirmaron que continuarán con los operativos en busca de líderes
y encapuchados involucrados en la muerte de seis personas.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que 36 órdenes de
captura están vigentes en San Juan Sacatepéquez.

Desde la incursión de las autoridades, el lunes último, en Los Pajoques, se
retiraron dos talanqueras en la calle principal de esa comunidad que obstruían el
ingreso.

El pasado martes, una multitud de casi 2,000 personas le dio el último adiós a seis
de las 11 víctimas del enfrentamiento entre pobladores registrado el fin de semana
pasado.


Tensión en San Juan Sacatepéquez por masacre que dejó once muertos
Los asesinatos fueron cometidos por personal armado de una cementera



Varias personas, en el funeral de Juan Jose Pacoj y Justo Raxon, dos de los
indígenas muertos en los disturbios, en Los Pajoques (AFP)
22/09/2014



Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio indígena de San Juan
Sacatepéquez, al oeste de la capital, para evitar nuevos actos de violencia tras un
ataque armado por parte de custodios de una cementera, que dejó once muertos el fin
de semana.

Dos de los muertos fueron sepultados en un camposanto al que se llega por un camino
de tierra rodeado de maizales. Ataviados con tradicionales vestimentas multicolores,
decenas de indígenas rompieron en llanto al despedir a los dos hombres que perdieron
la vida en los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se
extendieron hasta la mañana del sábado.

"Yo estaba en la capital cuando me avisaron de la muerte de mi hijo", dijo a
periodistas José Dolores, padre de Juan Pajoc, una de las víctimas del choque. Según
Dolores, una persona vinculada a la cementera sería la responsable de haber
disparado contra su hijo.

Para evitar nuevos brotes de violencia, el gobierno guatemalteco declaró este lunes
un estado de prevención por 15 días y desplegó 1,200 policías y mil soldados, según
un boletín oficial, que coparon varios sectores del municipio, cuyos habitantes
repudian la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de
cemento.

Por las calles de las aldeas de San Juan Sacatepéquez, ubicado a unos 30 km al oeste
de la capital guatemalteca, circulaban en grupos los efectivos de las fuerzas de
seguridad ante la mirada atemorizada de los pobladores . Medios locales falsearon la
información de lo ocurrido, señalando que "una discusión entre pobladores a favor y
en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos”, cuando en realidad lo que
pasó tiene más que ver con una masacre deliberada por parte de los grupos armados al
servicio de la cementera. El saldo es más que doloroso: once personas muertas, entre
ellas seis miembros de una familia, varios heridos, así como viviendas y vehículos
incendiados.

En San Juan Sacatepéquez "se han manifestado una serie de actos que afectan el orden
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", indicó el decreto del
gobierno sobre el estado de prevención divulgado por el presidente, el militar
derechista Otto Pérez. El comunicado no dice ni una palabra de que los culpables
son empresarios de la cementera que habitualmente cuentan con la protección oficial.

Rechazan despliegue "represivo"
Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena, dijo a la prensa
que la medida decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la
zona y proteger los intereses empresariales y no a la población.

"No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para
poder criminalizar a las comunidades" que se oponen a proyectos que atentan contra
el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.

Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos
Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual gobierno
en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado
resolver los conflictos sociales.

El estado de prevención "le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el
Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan
Sacatepéquez", aseguró el activista.

El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible
"derramamiento de sangre" en Guatemala por la conflictividad social que, según la
organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en
poblaciones que se oponen.

La cementera de la discordia
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para
construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720
millones de dólares y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

Desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores
entre una minoría que apoyan a la empresa y la gran mayoría que aseguran que
afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.

José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del
fin de semana que trabajadores de la empresa "han sido frecuentemente hostigados"
por opositores al proyecto.

Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más
críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías
por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al
pueblo con la capital. Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro
Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al
lugar.


Observatorio indígena rechaza despliegue "represivo"

Estado de prevención en San Juan Sacatepéquez incluye casi 300 militares y 200
policías.





Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez,
para evitar nuevos actos de violencia tras un choque armado que dejó 11 muertos el
fin de semana por la construcción de una cementera.

"Se declara estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez", anunció
el presidente Otto Pérez en su cuenta de Twitter, acompañado del acuerdo que
ratifica la medida por 15 días y que suspende algunos derechos constitucionales como
las manifestaciones y la portación de armas.


Según un boletín oficial, fueron desplegados 200 policías y casi 300 soldados para
mantener el orden. Además, los tribunales emitieron al menos 36 órdenes de captura
por los hechos.


El mismo boletín refirió que 11 personas murieron, entre ellas seis miembros de una
familia, tras los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se
extendieron a la mañana del sábado en una aldea de la población indígena, enfrentada
por la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento.


Medios locales informaron que una discusión entre pobladores a favor y en contra de
ambos proyectos detonó los enfrentamientos, que también dejaron varios heridos, así
como viviendas y vehículos incendiados en la población.


En San Juan Sacatepéquez "se han manifestado una serie de actos que afectan el orden
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", indicó el decreto del
gobierno sobre el estado de prevención.


Criminalizar a pobladores


Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena, dijo que la medida
decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la zona, proteger
los intereses empresariales y no a la población.


"No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para
poder criminalizar a las comunidades" que se oponen a proyectos que atentan contra
el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.


De su lado, Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de
Derechos Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual
gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han
logrado resolver los conflictos sociales.


El estado de prevención "le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el
Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan
Sacatepéquez", aseguró el activista.


El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible
"derramamiento de sangre" en Guatemala por la conflictividad social que, según la
organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en
poblaciones que se oponen.


La discordia


Una firma guatemalteca inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna
planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares y cuya
entrada en funcionamiento está prevista para 2017.


Sin embargo, desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los
pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las
fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.


José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del
fin de semana que trabajadores de esta "han sido frecuentemente hostigados" por
opositores al proyecto.


Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más
críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías
por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al
pueblo con la capital.


Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado
de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar. / AFP







IMÁGENES DE LA MASACRE











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PARAGUAY

Operaciones militares en siete asentamientos campesinos

Publicado el 9/23/14 • en Contrainjerencia



Destacamentos militares y policiales paraguayos iniciaron hoy operaciones en siete
asentamientos campesinos del distrito de Horqueta, departamento de Concepción, en
busca de supuestos miembros de un grupo armado. Voceros de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) dijeron que el objetivo de esa movilización en zonas de poblados de
labriegos es desarrollar toda una estrategia para localizar allí a supuestos
miembros de la llamada Agrupación Campesina Armada (ACA) supuestamente ocultos en
esos lugares.

Se trata, agregaron, de siete núcleos del área cercana a la localidad de Arroyito
considerados como principales zonas de influencia del grupo que, de acuerdo a
versiones oficiales, perdió a cuatro de sus integrantes desde el pasado viernes en
enfrentamientos con los elementos de la FTC.

Siempre de acuerdo con las declaraciones de oficiales castrenses, los jefes de la
ACA y otros de sus miembros, algunos de ellos heridos, están refugiados en esos
asentamientos y se refirieron, especialmente a los hermanos Albino y Alfredo Jara
señalados como cabezas del grupo.

Para el gobierno paraguayo, la ACA es un desprendimiento del llamado Ejército del
Pueblo Paraguayo (EPP) considerado como principal foco de los supuestos irregulares
con actividades en el norte del país desde hace años.

Las operaciones incluyen allanamientos de viviendas donde residen familias
consideradas como eventuales colaboradores de la Agrupación o del EPP y los voceros
mencionaron las casas de Andrés Romero y Elvio Benegas, sin encontrar indicios de
los considerados fugitivos.

También ocurrió lo mismo con las estancias Santa Adelia y Guaraní a la vez que se
efectuaron registros en zonas del cerro Guaraní, pero con resultado negativo.

El diario Ultima Hora dijo hoy que la FTC entiende que el grupo armado tiene
ramificaciones en casi todos los puntos del departamento de Concepción, uno de los
tres militarizados por decisión del Poder Ejecutivo en el norte del país.

Por su parte, el diario ABC afirmó que tras los combates del fin de semana pasado
los restos de la ACA decidieron regresar al seno del EPP, de acuerdo con datos
suministrados por el servicio de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. - PL


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VENEZUELA

Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Insulza

26/09/2014


Caracas, septiembre 26 - El canciller venezolano, Rafael Ramírez, rechazó que el
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuestionara el sistema
democrático del Gobierno venezolano y aseguró que ese organismo necesita otro
titular. El canciller le salió al paso a las declaraciones de Insulza.

"Son unas declaraciones infelices, infelices es lo menos que podemos decir de este
tema del señor Insulza, secretario general que está de salida en la OEA, que apenas
le quedan cuatro meses, y entonces ahora en este momento se pone a hacer unas
declaraciones muy graves, inaceptables sobre nosotros, donde hace unos juicios de
valores a nuestro proceso democrático en Venezuela, en nuestro país, está plagado de
mentiras y falsas verdades y pretende alentar, como están haciendo sectores de
extrema derecha norteamericanos, una matriz contra nuestro país, una matriz para
impulsar internamente actos de violencia que ningún gobierno aceptaría", expresó en
una breve entrevista que concedió a Telesur.

"Nosotros somos profundamente celosos de nuestra soberanía y profundamente celosos
de resguardar el derecho y los intereses de todo el pueblo de Venezuela, tal y como
lo establece la Constitución, y no podemos aceptar estas declaraciones de Insulza,
unas declaraciones fuera de tono, fuera de lugar, y le vamos a responder en todas
las instancias porque no vamos a permitir que contra nuestro país se levanten tantas
mentiras", aseguró.

Destacó que "Insulza vivió en carne propia lo que son los efectos del fascismo,
cuando él mismo sufrió el exilio en la dictadura de Pinochet y lamentablemente,
ahora no se da cuenta que sobre nuestro país intentan una situación que genere
violencia y no lo podrán hacer".

"Nadie tiene moral para ir hablando de nuestro país, un país profundamente
democrático, los que conocen a Venezuela saben que se respeta en exceso todos los
derechos democráticos".

José Miguel Insulza, declaró en entrevista al derechista diario El País, de España
que el diálogo es el camino indispensable para resolver la crisis que vive Venezuela
desde las protestas de febrero. Pero éste debe ser “serio”, porque hasta ahora “no
ha existido una voluntad de diálogo real”, sostiene el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA). Además dijo que no podía haber diálogo con
dirigentes opositores presos, una verdadera declaración de tono injerencista y
además desconocedor de la realidad venezolana.

A Insulza, que participó esta semana por última vez en la Asamblea General de
Naciones Unidas en Nueva York como jefe de la OEA.

No son casuales estas declaraciones, que se unen a las de la Casa Blanca de EEUU
exigiendo la libertad del golpista Leopoldo López.

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Venezuela, vanguardia de dignidad para los pueblos del mundo

por Gissel Molina




Nueva York, 25 Sep. AVN.- "Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia,
de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo",
manifestó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, en un discurso sólido en la 69° Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).

El mensaje que envió Venezuela a los pueblos en el evento de Alto Nivel, en el que
estuvieron 140 jefes de Estado y de Gobierno, levantó los aplausos de los
dignatarios presentes. Mientras que frente a la Misión Permanente de Venezuela ante
las Naciones Unidas, a escasos metros de la sede de la ONU, un grupo de ciudadanos
de diferentes naciones se apostaron para expresar su respaldo al Mandatario
venezolano.

Durante la intervención del Jefe de Estado, que duró aproximadamente 30 minutos,
manifestó su compromiso de continuar el rumbo de solidaridad, de la paz, de respeto
mutuo y de equidad que trazó el comandante de la Revolución Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez, a quien destacó como "un extraordinario ser humano".

Labor que es celebrada por quienes ven en la Revolución de Chávez una alternativa
única de superar la opresión. "Venezuela con Maduro representa una esperanza muy
grande para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos del mundo, porque es la
representación viva de Chávez y cuando se tienen las ideas de un hombre como Chávez
se es grande entre los pueblos", manifestó sin titubear Rocío Dolores Castillo, un
ciudadano dominicano y que reside desde hace unos años en Nueva York.




Refundación de la ONU es la mejor opción

Asimismo, el Mandatario venezolano insistió en la necesidad de la refundación de la
ONU, con el objetivo de maximizar el poder de decisión de la organización, con
democracia, tal y como en diversas oportunidad lo manifestó Chávez. "Recordarlo y
evocarlo, en su espíritu de libertad antiimperialista y de justicia, y de la
necesidad de refundar la Organización de las Naciones Unidas". Planteamiento a la
que se sumaron varias naciones, entre ellas Argentina.

Maduro dijo que la importancia de esa refundación, debe comprender ajustes y
reajustes de todo el sistema de Naciones Unidas, que radica también en el rescate
del propósito inicial de la organización, hace 70 años.

"La carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poderes más hermosos", pero,
pese a ello, "se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado
y que además es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales".

"Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas, por encima de cualquier
crítica que se pueda hacer, y sobre esa reivindicación, la importancia humana, de
que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una
transformación profunda", subrayó.

Esa refundación, explicó, deberá abarcar también la reforma en su Consejo de
Seguridad, considerando la importancia de ampliar los escenarios de democratización
y de participación protagónica de los pueblos.

"Hoy, las Naciones Unidas tienen que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico,
pluripolar, con nuevos actores en el mundo con países y regiones emergentes, que
tienen aspiraciones de ser respetadas en el mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar
sus organismos y someterse a la soberanía de los pueblos del mundo que reclaman
porque su voz tenga peso", recalcó con solidez el Jefe de Estado venezolano.

En ese sentido, dijo que también se hace necesaria el fortalecimiento de la
Secretaría General, para que "busque fórmulas de paz y de resoluciones de conflicto
en el mundo". "Es una urgencia para el mundo", subrayó, y luego recalcó: "Tenemos ya
otro mundo, donde queremos hablar, pensar y decidir el destino, en paz".




Solidaridad venezolana

Nicolás Maduro ratificó el mensaje solidario de Venezuela con los más desfavorecidos
y con los que han sufrido el yugo de las potencias. Es así como ese mensaje fue
extendido a la República de Cuba y a su pueblo, y alzó su voz contra el bloqueo que
mantiene EEUU de manera arbitraria contra Cuba desde hace más de cinco décadas.

"Presidente Barack Obama: ¿Cuándo va a llegar el momento, la oportunidad, de que
usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal,
económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba?", cuestionó el
Mandatario venezolano.

También se celebró la resolución aprobada hace unas semanas en la ONU para frenar el
sistema represor de los Fondos Buitre, que pretendieron soslayar a Argentina; pidió
por la descolonización de Puerto Rico, y por la liberación de Óscar López Rivera,
quien se encuentra en una cárcel norteamericana, desde hace 33 años, por luchar por
la independencia de su patria.

En ese sentido, Rocio Dolores Castillo, quien se apostó en las afuera de la Misión
Permanente de Venezuela, valoró este mensaje y recordó que esta postura de Venezuela
ha sido una constante en Revolución. "(Chávez) siempre estuvo al lado de los más
necesitados".

"Chávez fue un hombre que estuvo al lado de la causas de los pueblos. Chávez era un
hombre grande, no solo de Venezuela, sino de Latinoamerica y del mundo, así lo es
también el presidente Nicolás Maduro, porque continúa con el chavismo", expresó el
señor Castillo.

Maduro anunció además un aporte de Venezuela por 5 millones de dólares al fondo
creado para investigaciones sobre el ébola, enfermedad que ha causado la muerte de
hombres y mujeres de África.

"Que Dios bendiga el mundo y nos de fuerza para seguir llevando paz a nuestros
pueblos", manifestó Maduro al concluir su primera intervención en la Asamblea
General de la ONU como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.





AVN 25/09/2014

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COLOMBIA

Colombia registra en un mes el récord de amenazados durante el proceso de paz

El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las
que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país .

Más de 150 defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido
amenazados en Colombia en menos de treinta días, lo que convierte a este mes en un
"septiembre negro" al acumular el mayor número de intimidaciones realizadas desde
que comenzó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las
que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país por
"andar mariqueando con la paz".
Fue el inicio de una lista que fue completada por la banda criminal de origen
paramilitar "Los Rastrojos", que en los siguientes días aumentó la nómina con
periodistas, políticos y más activistas.
En total, suman más de 150 y el mes aún no ha acabado.
"Es un septiembre negro porque desde 2009 no registrábamos una amenaza masivade esta
envergadura", apuntó a Efe el coordinador de la ONG Somos Defensores, Carlos
Guevara, que vela por la seguridad de los activistas de derechos humanos en
Colombia.
Guevara es tajante al afirmar que este mes es un "punto muy álgido" en cuanto a
amenazas, y absolutamente desconocido en el marco del proceso de paz entre el
Gobierno y las Farc, que se inició en La Habana en noviembre de 2012.
"La pregunta que tratamos de responder es a quién le sirve que haya un clima de
pánico, porque creemos que se están usando los membretes de las Águilas Negras y Los
Rastrojos pero que hay otras personas detrás de las amenazas", sostuvo.
Ésa es una de las claves que los activistas esgrimen para denunciar que esta vez las
amenazas son especiales: "¿Por qué llegan ahora las advertencias masivas y no cuando
se iniciaron los diálogos de paz?", se preguntó Guevara.
El analista de Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, destacó como
incongruencia que "Los Rastrojos" funcionan con alianzas locales, y los pactos que
obtienen con otros grupos armados al norte de Colombia no tienen porqué respetarse
en el sur.
Así las cosas, no les cuadra que esta banda amenace ahora en el norte del país.
"Lo que decimos es que son aliados locales de esta banda los que están presionando
las amenazas, es decir, ganaderos y grandes propietarios de tierras que se sienten
en riesgo por el proceso de paz, porque se van a destapar muchas verdades y tendrán
que reparar a víctimas a las que han despojado de sus tierras", declaró.
De los más de 150 amenazados, no se ha registrado aún ningún muerto, aunque sí un
ataque, el que sufrió Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos
humanos en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que integra a 240 ONGs.
"Fuimos objeto de un robo de información importante para los temas depostconflicto y
víctimas, especialmente relacionados con los casos de falsos positivos y
desaparición forzada", relató Yepes a Efe.
Días después de ser incluido en una lista de amenazados, desconocidos armados le
abordaron en la calle, donde le requisaron su ordenador y dos teléfonos móviles que
contenían una investigación de un año sobre la participación de militares en
masacres.
Ahora, cuenta con medidas adicionales de protección por parte del Gobierno.
"Hay un desconcierto total. La solución en Colombia es darle escoltas a todo el
mundo, pero las investigaciones no avanzan, entonces la gente amenaza y asesina y
nadie sabe quién fue", se lamentó Ávila.
Mientras las amenazas se disparan y los amenazados buscan a los que consideran los
verdaderos autores de las advertencias, el país hace frente a los dos últimos
sucesos que han sacudido la situación de los amenazados.
El primero de ellos es la crisis presupuestaria de la entidad del Estado encargada
de brindar seguridad a los amenazados, la Unidad Nacional de Protección (UNP), que
mantiene el 76,7 % de los servicios que ofrece en manos privadas y que arrastra un
déficit de 100.000 millones de pesos colombianos (unos 49,5 millones de dólares)
para acabar este año.
El segundo es el debate que realizó el Senado sobre la relación del expresidente
Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares, que conmocionó al país y volvió a
enfrentar de forma radical a la izquierda y a la derecha, un reflejo de la lucha que
vive Colombia desde hace más de medio siglo.
"Se dice que en los próximos días van a amenazar a mucha más gente para que el
Estado no tenga capacidad de proteger a todos, y entonces los amenazados que se
descuiden o cometan riesgos van a terminar asesinadas", advirtió Ávila.

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COLOMBIA


Habrían abatido en Colombia a un dirigente guerrillero de las FARC

Según informaciones no confirmadas por las FARC, "Tomate", cuyo verdadero nombre era
Aníbal Guarín Herrera, de 37 años, fue abatido en la zona rural del municipio de
Buga, departamento de Valle del Cauca, a 255 kilómetros de Bogotá.

27 septiembre 2014

• Las autoridades colombianas informaron ayer de la muerte en combate de un
importante rebelde de las Farc que habría participado en al menos 15 tomas de
poblaciones del suroeste del país y que fue jefe de seguridad de un alto dirigente
del grupo guerrillero. "Muerto en operaciones alias «Tomate»", escribió en Twitter
el comandante del ejército colombiano Jaime Lasprilla. "Tomate", cuyo verdadero
nombre era Aníbal Guarín Herrera, de 37 años, fue abatido en la zona rural del
municipio de Buga, departamento de Valle del Cauca, a 255 kilómetros de Bogotá.

Pocas horas después de conocerse la muerte de "Tomate", 11 vehículos fueron
incendiados en Colombia, causando heridas a una mujer. Autoridades del departamento
de Antioquía atribuyeron el ataque a miembros del frente 18 de las Farc que atacaron
tres colectivos y siete camiones que transitaban por una carretera que comunica a
Medellín con la costa caribeña.

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COLOMBIA

FARC-EP Comunicado:

El gobierno debe ir más allá de la retórica






La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 25 de 2014



Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos
parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los
enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y
por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el
contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este
diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La
Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se
trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de
las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la
participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes
periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al
respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.


El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo
minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante.
Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción
de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación
de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito
colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la
reconciliación como pacto social.

Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines
del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y
culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos
y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo
económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con
equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y
allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las
transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y
soberanía patria.



Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo
General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno
Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para
hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la
vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos
ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.



El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al
conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación.
Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus
organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente
tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.



Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por
metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están
interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar
del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde
se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy
presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los
conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a
problemas como el de la extranjerización de la tierra.



Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre
asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las
salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que
se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe
continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está
acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han
expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas,
afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en
claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros
eventos nacionales y locales.



Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural
Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones
estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia,
reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las
que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas
para que cese el conflicto.



Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen
vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afro
descendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios
inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de
erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo
y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la
reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y
comunitaria.



Entonces, se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la
tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de
propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma
trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos
poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del
gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a
quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos
a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa,
asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y
formalización laboral.



Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos
que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos
el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la
urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con
patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso,
los cuales hay que resolver.



Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía
campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de
garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra
mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una
dañina concepción de asociación capitalista.



No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los
solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas
calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los
latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de
hectáreas subutilizadas.



Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar
sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos
insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de
parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los
de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.



Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos;
la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se
pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con
verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad
este tipo de reivindicaciones.



Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones
que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y
concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la
realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y
mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se
está aprobando en La Habana.



Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy
conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los
mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la
creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más
marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de
comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de
control, etc.



Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a
los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los
lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y
también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la
existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha
acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta
democracia primero hay que fundarla.



Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la
revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a
la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la
democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la
participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo una de los temas
principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la
necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.



Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede
ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del
anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.



Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro
que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser,
porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de
producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los
cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a
las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que
padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni
termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y
desigualdad.



En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización
política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es
asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una
responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que
logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay
corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las
políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz
para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los
diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos
hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y
de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al
problema de las drogas ilícitas.



Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender
por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la
reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de
erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños
al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas
urgentes.



Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de
las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para
analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y
producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La
Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre
conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.



Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos,
están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma
importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el
terreno sobre el que iremos a construir la paz.



Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente
concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente
está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese
bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la
firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los
dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar
la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable
para ascender a nuevos niveles.

Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin
del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se
reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición
suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición
insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de
renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política.
Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia
social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es
válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas
condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no
puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las
armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el
conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el
Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las
fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en
la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la
ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural,
constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política
interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.



Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha
venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La
Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional,
que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso
entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas
que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de
diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción
frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y
especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no
puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el
que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz.
Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las
FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.



Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo:
Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de
la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus
víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la
auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el
desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.

Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado
el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la
conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica
del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como
parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos
vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se
deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la
comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el
fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La
Habana.



DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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MEXICO

Sigue la represión contra los pueblos originarios
Detienen en Sonora a otro integrante de la etnia yaqui


25 de September de 2014
Elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) detuvieron en la población de
Vícam, en el municipio de Guaymas, Sonora, al integrante de la etnia yaqui Fernando
Jiménez Gutiérrez, a quien se acusa de haber participado en el secuestro de otro
integrante de la tribu, en una acción judicial que sus compañeros califican de
persecución política.

Jiménez Gutiérrez fue detenido la mañana del martes y se le acusa de haber
participado junto con Mario Luna Romero (uno de los voceros de la etnia, procesado
por el mismo delito) en el secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, quien meses
después de presentar la denuncia por secuestro fue reportado como desaparecido por
sus familiares y a la fecha se desconoce su paradero.
Sin embargo, otros integrantes de la tribu yaqui señalan que las detenciones de
Mario Luna Romero y Fernando Jiménez son motivadas porque ambos se oponen a la
operación del acueducto Independencia, el cual lleva agua de la presa El Novillo
hasta la capital sonorense, en una acción que es calificada de despojo en prejuicio
de la etnia.
El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), Carlos
Navarro Sugich, informó en entrevista que Jiménez Gutiérrez fue aprehendido por los
delitos de robo y privación ilegal de la libertad.
Aparte, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Fundar, Centro
de Análisis e Investigación AC censuraron la detención de Jiménez Gutiérrez y
demandaron que se le garantice el derecho al debido proceso como integrante de la
etnia indígena yaqui. De acuerdo con información que proporcionaron los pobladores
de Vícam, la aprehensión fue realizada por personas vestidas de gris que viajaban en
dos camionetas blancas no oficiales, y agregaron que a Jiménez Gutiérrez se le
imputan los mismos cargos que a Luna Romero.
Fuente: Ulises Gutiérrez y Emir Olivares - La Jornada


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MÉXICO

Estudiantes realizan mitin frente a la dirección general del IPN por cambios en
reglamento

Por Arturo Sánchez Jiménez jue, 25 sep 2014

La manifestación es en contra de las modificaciones a los planes de estudios y por
la abrogación de la reforma al reglamento interno que fue aprobada esta semana. Foto
Pablo Ramos


Ciudad de México, 25 de septiembre de 2014. Miles de estudiantes se movilizaron para
exigir la abrogación de la reforma al reglamento interno del IPN, aprobada esta
semana. También exigen revertir modificaciones a planes de estudio.


Imagen de la protesta sobre avenida Montevideo. Foto Pablo Ramos


Jóvenes realizan un mitin frente a la Dirección General del Instituto Politécnico
Nacional en espera de ser atendidos por autoridades de la institución. Foto Pablo
Ramos


Marcha de estudiantes del IPN a su paso por avenida 100 Metros. Foto Pablo Ramos


Foto Pablo Ramos


Foto Pablo Ramos


Asamblea de estudiantes en la Plaza Roja de Zacatenco. Foto Pablo Ramos


En la Vocacional 17. Foto Ricardo Dávila



México, DF. Miles de jóvenes realizan un mitin frente a la Dirección General del
Instituto Politécnico Nacional en espera de ser atendidos por autoridades de la
institución.

La manifestación es en contra de las modificaciones a los planes de estudios y por
la abrogación de la reforma al reglamento interno que fue aprobada esta semana.

Aún no se define si una comisión ingresará a dialogar con las autoridades del
Politécnico.

Los alumnos de distintas escuelas de nivel medio superior y superior se movilizaron
de la Plaza Roja de Zacatenco a Avenida Montevideo, y posteriormente hacia la
Dirección General del IPN.

Cristian Medina, de la Esime Zacatenco, explicó en entrevista que la movilización
tiene tres consignas: la abrogación del Reglamento Interno, la reversión de las
modificaciones a los planes de estudio y la democratización del instituto.

En algunas escuelas los alumnos realizan además un paro de labores. En la Upiicsa,
por ejemplo, alumnos tomaron edificios e iniciaron un paro de actividades de 24
horas. También se suspendieron labores en la Esime.

A las seis de la tarde alumnos de la Esia ofrecerán una conferencia de prensa en la
que darán información sobre el paro que mantienen en esa escuela desde el 17 de
septiembre.

De momento se ha anunciado que alumnos, académicos y trabajadores del IPN tomarán la
palabra en este mitin.


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CHILE


“Movimiento Estudiantil Chileno: entre continuidad y reforma”

Por Cristian García, Encargado de Relaciones Internacionales del Frente de
Estudiantes Libertarios de Chile y militante de la Izquierda Libertaria.





“La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia
indebida a los mecanismos de mercado y competencia para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje” (OCDE, 2004).


Chile es el paraíso del neoliberalismo en América Latina. La educación en este país
es un bien de consumo más que se transa en el mercado. Una carrera universitaria
cuesta unos 500 dólares promedio donde el sueldo mínimo es de alrededor de unos 400.
Y eso no es todo. Para poder estudiar, los estudiantes más pobres del país se han
visto obligados a pedir créditos bancarios. Actualmente se estima que hay unos
500.000 jóvenes endeudados, muchos de ellos sin haber alcanzado a terminar su
carrera. Ni las Universidades Públicas se salvan, debido al rol subsidiario del
Estado, éstas se han visto obligadas al auto financiamiento, y a la reproducción de
una lógica de competencia para captar dineros fiscales. El actual sistema
universitario de nuestro país es el único en el mundo que financia de la misma forma
tanto a instituciones públicas como privadas. Chile invierte 2.5 veces más dinero a
instituciones privadas que el promedio de los países desarrollados agrupados en la
OCDE. Y a pesar de estar prohibido el lucro en estas instituciones, actualmente hay
más de una decena de ellas siendo investigadas por la fiscalía acusadas de burlar la
ley. En pocas palabras, por medio del negocio inmobiliario, sobre sueldos y otros
mecanismos, un grupo de mercaderes se lleva el dinero de nuestros aranceles y el
dinero fiscal directamente a sus bolsillos.

Nuestro país tiene una larga tradición de organización estudiantil unitaria. Las
Universidades Tradicionales (las más antiguas), renuevan sus órganos de
representación año tras año mediante voto universal y secreto. En medio de las
álgidas movilizaciones del 2011 y hasta hoy, las Universidades Privadas comenzaron a
organizarse de manera federativa, agrupándose su mayoría y junto a las tradicionales
en la histórica Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Los estudiantes
secundarios también se organizan, participan y se destacan por la masividad en las
marchas y por la toma de establecimientos educacionales como forma de lucha. Ambos
actores, a pesar de sus diferencias y algunos roces, han sabido mantenerse en bloque
para cuestionar las bases del modelo, y luchar por un nuevo sistema educativo. La
derecha, tanto en las organizaciones de universitarios como en las de secundarios,
tiene escasa o casi nula presencia.


Actualmente, el programa que impulsa el movimiento se puede resumir en los
siguientes seis puntos: 1) Sistema Nacional de Educación Pública pertinente a las
necesidades de las mayorías de este país, 2) Gratuidad Universal, 3) Fin al Lucro
Efectivo, 4) Democracia Universitaria, 5) Mejores Condiciones Laborales, y 6)
Condonación de la Deuda Educativa provocada por los créditos CAE, CORFO y Fondo
Solidario.


Este acuerdo programático impulsado principalmente por la CONFECH no ha estado
exento de problemas. La Nueva Mayoría como coalición gobernante, a pesar de tener la
mayoría necesaria para aprobar sus iniciativas en el Congreso sin el apoyo de la
derecha, ha preferido pactar con ella "por arriba" ajustes que desnaturalizan sus ya
tibias reformas, cerrándole el paso al movimiento social y re editando la denominada
“política de los consensos” que caracterizó a los gobiernos de la Concertación
(1990-2010) que se hicieron del poder ejecutivo tras el paso de la sanguinaria
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta concesión, es muestra de la tensión
existente al interior de sus filas, donde los sectores más conservadores ligados a
la Democracia Cristiana han sabido imponerse a los sectores más progresistas,
caracterizados principalmente por el Partido Comunista, abriendo grietas que una
derecha debilitada supo usar para instalarse nuevamente en el debate por la
educación.


La Nueva Mayoría anuncia a seis meses de iniciado su gobierno que sus reformas no
están orientadas a marcar distancia del modelo neoliberal. El movimiento social
tiene en sus manos la decisión de ser continuidad de lo mismo, o luchar por llevar
adelante una verdadera reforma en clave de ruptura con el modelo actual.

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Chile: obstrucciones por derecha y falta de voluntad oficial

Por Periódico Venceremos, desde Chile*. Las contradicciones que cruzan al gobierno
chileno y sus acuerdos con los sectores de derecha que dice combatir. Las
movilizaciones estudiantiles siguen encabezando la resistencia al neoliberalismo.



Las reformas propuestas en el programa con el que Michel Bachelet fue elegida como
presidenta, ya de por sí muy moderadas en sus alcances, han chocado con la falta de
voluntad política de un sector significativo de la Nueva Mayoría, que en lugar de
impulsarlas ha hecho frente común con la derecha para bajarles aún más el perfil y
desnaturalizarlas.

Se avizora que esta tensión entre voluntad de cambios y obstrucción frente a ellos
será una constante. En los gallitos librados hasta ahora ha habido unos ganadores
muy claros: quienes pretenden re-editar una Concertación 2.0. Se aduce por parte de
los perdedores en estas primeras batallas que ha faltado mayor apoyo por parte del
movimiento popular para concretar las reformas. Sin embargo, esta idea no es
correcta, o al menos es muy limitada. Precisamente hay una serie de trabas
institucionales y legales, herencia de la dictadura (1973-1989), que son un
obstáculo objetivo para la recomposición de un movimiento popular unitario, de masas
y con capacidad política. Una serie de trabas que juegan a favor de la derecha y con
las que la Nueva Mayoría hasta el momento se ha mostrado indolente.

La derecha sigue estando sobre-representada a la hora de tomar decisiones políticas
no sólo por un sistema electoral a su medida, sino también porque el bloque
mayoritario en el Parlamento, en vez de llegar a acuerdos y legislar con las
organizaciones representativas del pueblo, prefiere pactar a puerta cerrada con la
derecha más recalcitrante, con esa minoría sobre-representada. ¿Para qué entonces
esa amplia mayoría que Bachelet llamó a ganar y que las urnas le dieron? ¿Para
dilapidarla en esa clase de acuerdos que no hacen más que darle oxígeno a la
derecha? Lógico que el desencanto comience a aflorar, y eso que sólo van unos pocos
meses de gobierno.

Y es que no se puede pedir con un lado el apoyo y la comprensión del movimiento
popular mientras se le ningunea y se cede a los chantajes de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), chantajes que hoy por hoy no está en condiciones de hacer
cumplir. Las pretendidas “movilizaciones de masas” impulsadas por este sector, como
las contrarias a la ley del aborto o la de los apoderados, no han pasado de
patéticas demostraciones de debilidad.

El caso más patente de esta política ha sido el de la reforma tributaria. El
proyecto, al entrar al Parlamento, era ya de por sí tibio, pues aunque presentaba,
frente al escandaloso sistema existente, algunas medidas para aumentar la
recaudación y disminuir la elusión, era demasiado progresivo y no contemplaba el
principal recurso económico del país y fuente de lucro para los grandes grupos
económicos: el cobre.

La UDI inmediatamente puso en marcha una campaña del terror para tratar de convencer
a la opinión pública de que se trataba de una medida regresiva y que iría en
perjuicio de la clase media, algo completamente falso.

No prendió ni decantó en modo alguno en un desgaste para el gobierno, sin embargo el
proyecto acabó en la Comisión de Hacienda del Senado mutilado de cualquier contenido
transformador y recibiendo el apoyo de la UDI, apoyo que no era necesario para la
aprobación del borrador original.

Difícil, pues, que el gobierno le tema a unas masas movilizadas de la derecha que
por el momento han brillado por su ausencia. Por el contrario, quien ha demostrado
sobradamente que mantiene la capacidad de movilización son los sectores que exigen
cambios estructurales, con el movimiento estudiantil a la cabeza.

Entonces ¿qué es lo que pasa?

En los ‘90 la excusa era que no se podía hacer otra cosa que plegarse al
neoliberalismo porque no había quórums y ese era el sentido en el que andaba la
historia. Hoy, cuando sí tienen la mayoría necesaria y Latinoamérica avanza en
sentido contrario ¿cuál es la excusa?

O dicho de otro modo: ¿a qué le temen los sectores conservadores de la Nueva Mayoría?

Si es a que la prensa los haga tiras, ¿por qué no impulsan una ley de medios que
democratice la comunicación y permita la viabilidad de medios que no sean los
controlados por los monopolistas Saieh, Edwards o Luksic? ¿Por qué no emiten una
línea comunicativa clara?

Si todavía, a pesar de los cambios que se han producido en Latinoamérica y el mundo
en estos años, se sigue temiendo a una reacción de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no
se acomete una reforma de la institución castrense que democratice efectivamente su
doctrina, su funcionamiento interno y sus relaciones con el resto de la sociedad,
poniéndola a tono con el Chile del siglo XXI?

Si es a los poderes fácticos del dinero, por ahí ya podemos ir hallando algo de
verdad. Pero en este caso más que temor hay ideología e intereses en juego.

Y es que por un lado es patente que se mantiene el compromiso con el ideario
neoliberal propio de la Concertación, según el cual el capitalista sería la viga
maestra del edificio económico y social. Cualquier posibilidad de desarrollo
partiría de la confianza del inversor, y para esta confianza lo peor son señales
negativas como políticas redistributivas o trabas a la iniciativa privada. Se ha
comprobado que la mayoría de dirigentes ex concertacionistas que de buena o mala
gana se reciclaron en Nueva Mayoría siguen creyendo en esta religión neoliberal,
unos por convencimiento y otros porque les conviene.

El problema es que el obstruccionismo de la derecha y la falta de voluntad política
del neoconcertacionismo tienen un mismo origen, y es de clase: los intereses de los
que unos y otros son voceros o incluso beneficiarios directos, con suculentos
negocios personales en las más diversas áreas de la economía, incluidas la
educación, la salud o el agua. Cuando hay personeros de gobierno que tienen
participación en los sectores económicos que se busca recuperar para el pueblo de
Chile, es evidente que harán todo lo posible para colocar palos en la rueda de ese
proceso.

El ADN de la vieja Concertación sigue presente en la Nueva Mayoría de tal manera que
a pesar de que la coalición se ha abierto discursivamente hacia las demandas del
movimiento popular (y en ello ha jugado un papel la entrada de fuerzas políticas que
la tensionan hacia su izquierda) este impulso no ha sido suficiente ni siquiera para
avanzar en el cumplimiento del programa.

Los hombres y mujeres más prominentes dentro de la Nueva Mayoría siguen siendo los
de la vieja Concertación de los ‘90. Y mucho nos tememos que quienes llevan tantos
años ladrando como perros, comiendo como perros, moviendo la cola como perros, que
llegaron a creerse perros y en más de un caso se convirtieron en ellos, ahora no les
sale ser otra cosa por mucho que lo intenten. Y algunos de ellos lo intentan más
bien poco.

Pero Chile ya no se puede gobernar como en los ‘90, ahora hay un pueblo que está
comenzando a despertar, que no admite pactos inconfesables con los herederos de la
dictadura, que exige cambios de fondo, estructurales, rupturistas, con la nefasta
herencia pinochetista. Cuando quienes hoy tienen el pie en el freno se quieran dar
cuenta seguramente sea tarde. Si ellos no son capaces de realizarlos, serán otros.
Si no es con ellos, será sin ellos y si es necesario contra ellos.

*Editorial del primer número del periódico chileno Venceremos. Este medio se
autodefine por tomar “partido decididamente por quienes se esfuerzan para conseguir
mejores condiciones de vida para el pueblo”.
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CHILE

Muere un joven chileno al explotarle una bomba casera que manipulaba

La Fiscalía de Chile investiga si el hombre, que murió mientras manipulaba un
explosivo casero, está relacionado con el atentado al Metro de hace dos semanas.



Un hombre murió en una explosión cuando manipulaba una bomba casera en un barrio de
Santiago, Chile.
Agencias 25/09/2014 10:21 AM

Santiago, Chile

El estallido de un nuevo artefacto explosivo la madrugada en un barrio del centro de
Santiago dejó un joven muerto, quien es investigado por la Fiscalía para determinar
su vinculación con los ataques al Metro ocurridos en la capital chilena en las
últimas semanas.

"Un hombre joven habría estado manipulando un artefacto explosivo de fabricación
casera. En esas circunstancias le habría estallado, provocándole lesiones que, en
definitiva, le provocaron la muerte", dijo a medios locales el fiscal Claudio
Orellana.

La bomba causó una fuerte explosión que alarmó a los vecinos del céntrico barrio
Yungay de la capital chilena, quienes vieron a la víctima envuelto en llamas y aún
con vida, según explicó Orellana.

"¡Estamos viendo a un ser humano, se queja, traigan baldes con agua para apagarlo!",
gritaron testigos del hecho, según se aprecia en un video difundido por canales de
televisión locales minutos después de ocurrida la explosión.

La policía acordonó el área de la explosión, donde no se registraron daños
materiales de importancia, mientras equipos médicos llegaron al lugar para socorrer
al joven, quien murió posteriormente cuando era atendido en un centro médico debido
a las graves heridas que sufrió.

La explosión "le amputó la mano derecha, le afectó el tronco y la cabeza, con
exposición de masa encefálica" y le provocó "graves quemaduras en el tórax, el brazo
y la cabeza", explicó Mario Henríquez, director de la Posta Central de Santiago.


Vecinos del Barrio Yungay acusan tardanza en asistir al fallecido en la explosión

Testimonios: "Estuvo media hora quemándose", aseguran los residentes.


La intersección de las calles Erasmo Escala y García Reyes amaneció ayer cercada por
un cordón de Carabineros ante la mirada curiosa de transeúntes y moradores. No era
una mañana como todas.

Muchos de los residentes de ese sector del Barrio Yungay fueron sorprendidos la
madrugada del jueves por el bombazo que terminó con la vida de Sergio Landskron
(29), por lo que fuimos a recoger sus impresiones.

"Iba entrando a mi casa y sentí una explosión… Llegó una patrulla de Carabineros y
yo les decía que 'vayan a ver', pero dijeron que 'no' porque podría haber otra
bomba… y el hombre estuvo media hora ahí quemándose. Y aquí nunca ha pasado nada, es
muy tranquilo", asegura una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva.

Dado los testimonios de los vecinos, la tardanza en asistir al fallecido parece ser
un denominador común. "Escuché un fuerte ruido, abrí la ventana y vi que una persona
se estaba quemando… Estuvo como media hora y ningún policía se acercó por temor a
que hubiera más explosivos…", expresa por su parte Soledad Rojas, peruana residente.

Otra mujer que también prefirió no revelar su nombre, acusó que "nadie se acercó
hasta que llegó el GOPE, nadie fue a mirar cómo estaba y ahí quedó el joven… Se
podría haber hecho algo para apagarlo antes y que sufriera menos, pero le dijimos a
Carabineros que lo apagarán y ellos no quisieron".

Por su parte Luis Hermosilla, también con domicilio en la zona, dijo que "la persona
estaba en movimiento con llamas, en ese momento llegó una patrulla, se acercaron y
dieron la orden de que no se acercara nadie porque podía haber otra bomba…
Generalmente es un barrio tranquilo".

Pero Enrique Morá, quien salió a mirar el sitio del suceso con luz de día, va más
allá: "Es un síntoma de que la sociedad está enferma. No comparto eso de andar
poniendo bombas, pero también entiendo que hay una bronca contenida de parte de
muchos jóvenes en este país que no tienen ninguna posibilidad de nada".

Testimonio de "anarquista" del barrio (subtítulo)

"Yo me defino anarquista, soy un seguidor más de la ideología… porque no creo en lo
que me da mi país, ni en como se vive, no me gusta", nos cuenta el joven Ilie
Flores, residente del sector, que también se vio sorprendido con el estruendo.

Consultado sobre la presencia de grupos organizados de anarquistas en el barrio, el
asegura que "al menos yo no tengo ninguna certeza de eso".

"Solamente se ven algunas protestas de la Universidad Arcis, y antiguamente había
cerca una casa "Okupa", pero nada más", puntualiza. Él concuerda con sus vecinos en
que se trata de un barrio apacible.
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