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Título: IU presentó una querella criminal contra Bankia- Enlace 1

Texto del artículo:








Impedir la impunidad de los deleznables crímenes cometidos con las Cajas de AhorrosIU presentó una querella criminal contra Bankia Fue el pasado 14 de abril y en la misma se incluía también a Rodrigo Rato, el Banco Financiero y de Ahorros y 25 consejeros.

Enrique Santiago Romero 27/05/2014

El pasado 14 de abril Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal, en calidad de acusación popular, contra los consejeros de las entidades BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. (BFA) y BANKIA, S.A, así como contra ambas entidades bancarias. El BFA es el mayor accionista de Bankia además de la persona jurídica que constituyó esta última entidad bancaria para intentar ocultar el vaciamiento patrimonial al que previamente habían sido sometidas distintas cajas de ahorros.



Los querellados son los 20 consejeros de BFA, encabezados por Rodrigo Rato, y los 16 de Bankia, también encabezados por Rodrigo Rato y entre los que se encuentra el que fuera representante de Izquierda Unida en Caja Madrid, José Antonio Moral-Santín -del que a fecha de hoy la dirección de Izquierda Unida no ha recibido explicación alguna respecto a lo ocurrido durante el desempeño del cargo-, así como las dos entidades financieras, BFA y Bankia, en calidad de personas jurídicas responsables de los delitos. La querella se formuló por los presuntos delitos de asociación ilícita, delito contable, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas, todos ellos delitos presuntamente cometidos en las cajas de ahorro que constituyeron el BFA, así como en esta entidad y en la posteriormente constituida por ella, Bankia, con ocasión de su privatización y posterior salida a bolsa, en claro perjuicio y engaño de clientes y accionistas de todas estas entidades financieras. Las consecuencias de este engaño masivo son por todos conocidas: la emisión de fraudulentos productos financieros y de inversión -como las denominadas “participaciones preferentes” o las propias acciones de Bankia- falseando sus precios y valores y realizando así una de las mayores estafas masivas de la historia del crimen económico en nuestro país, provocando el perjuicio y la ruina de miles de pequeños ahorradores, además de haber ocasionado el vaciamiento patrimonial previo de las cajas de ahorro, provocando con ello el posterior “rescate” de Bankia a cargo de los presupuestos del Estado, por importe de más de 22.000 millones de euros de forma directa, más otro tanto en concepto de avales, por lo que el perjuicio patrimonial provocado en las cuentas públicas nos habría alcanzado a todas las personas que viven en España.



Quienes deberían haber velado por la salud económica de las anteriores entidades, o bien no supieron hacerlo y permanecieron cobrando millonarios emolumentos y beneficios mientras permitían el vaciamiento patrimonial de las citadas entidades y la ruina de terceras personas -ahorradores-, o bien procedieron a sabiendas, con el único afán de enriquecimiento propio, en ejecución de un auténtico plan de estafa y apropiación indebida de dinero de los ahorradores.



Al aprobarse las cuentas anuales del ejercicio de 2009 en Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ávila, Caja Laietana y Caja Rioja, no se pudo ocultar más que dichas cajas se encontraban en una situación de práctica insolvencia, de tal manera que ninguna de ellas estaba en condiciones de hacer frente a sus más elementales obligaciones como entidades de crédito. La crisis económica puso de manifiesto esta situación, que sin duda era consecuencia de la temeraria y probablemente delictiva gestión desarrollada mucho antes de 2008.



Conocedores de esta situación, los órganos directivos del Banco de España obligaron a las citadas cajas de ahorros a agrupar su gestión mediante la constitución en junio de 2010 de un Protocolo de integración de las cajas en un Sistema Institucional de Protección (SIP). La finalidad de la constitución de este SIP sería racionalizar la gestión del negocio crediticio de las cajas vaciadas y crear un sistema de apoyo mutuo frente al rápido deterioro de la solvencia de su negocio bancario. La sociedad central de dicho SIP fue el Banco Financiero y del Ahorro, constituido el 3 de diciembre de 2010, cuyo capital social se repartió de la siguiente manera: Caja Madrid, 52,1%, Bancaja, 37,7%, Caja Insular de Canarias, 2,5%, Caja de Ávila, 2,3%, Caixa Laietana, 2,1%, Caja Segovia, 2,0% y Caja Rioja, 1,3%.



Bankia fue la entidad creada por el BFA para gestionar el negocio estrictamente bancario de todas las cajas de ahorros participes en la SIP. En el momento de su constitución, el Banco Financiero y de Ahorro, (BFA) contaba con disponer de 4.465 millones de euros de dinero público que se habían solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como única vía para garantizar su viabilidad. En junio de 2010 el Estado, a través del FROB, aprobó la entrega de los 4.465 millones de euros al BFA, contando con la garantía solidaria respecto a dicho préstamo de los suscriptores de participaciones preferentes convertibles de las cajas accionistas de BFA -aunque quizás nunca nadie se lo explicara a estos-, traspasando así el FROB y el BFA la situación de vaciamiento patrimonial a miles de ahorradores y pequeños inversionistas que fueron engañados para que suscribieran unas “participaciones preferentes” que ni eran participaciones societarias ni tenían preferencia alguna, sino que fueron utilizadas únicamente para arrebatar masivamente miles de millones de euros de los ciudadanos y traspasarlos a las cuentas de resultados de las cajas de ahorros, de Bankia y del BFA. Las cajas de ahorros emisoras de “preferentes” en el momento de hacerlo estaban en una situación en las que no eran capaces de generar beneficios, por lo que ya sabían que no iban a poder cumplir con sus obligaciones. Esta situación era conocida y fue no solo consentida sino alentada por el Banco de España y la CNMV en una huida hacia adelante para evitar el rescate de las cajas de ahorros. Probablemente por conocerse la situación de insolvencia por los consejeros de las entidades, la comercialización de las “preferentes” se hizo sin respetar las obligaciones legales referidas a su venta: se comercializaron “preferentes” a través de las oficinas comerciales de las cajas de ahorros, sin informar a los clientes del altísimo riesgo de la inversión y sin hacer en muchos casos los test de idoneidad, e incluso en ocasiones, falsificándolos. Se trató por tanto de una actividad criminal organizada diseñada y dirigida desde los consejos de administración de las entidades financieras implicadas. Una inmensa operación de captación ilícita de fondos de pequeños ahorradores particulares, mediante engaño, que pretendía retrasar lo que finalmente fue inevitable, la constatación de la pésima gestión de Bankia y de la falta de liquidez de esta entidad financiera a consecuencia de su desmedida implicación en la especulación urbanística y en la burbuja inmobiliaria resultante.



Ademas, existieron otros agentes e instituciones que conocieron esta situación cuando se estaba produciendo, y que lejos de hacer algo para evitarlo, eludieron asumir sus competencias u obligaciones coludiendose en la práctica con los miembros de los consejos de administración querellado para contribuir a alcanzar el objetivo criminal marcado: la auditora Deloitte, los órganos rectores del Banco de España, el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Inversión Lazard Ltd, del que fuera responsable para Europa y Latinoamérica entre diciembre 2007 y diciembre 2009 el querellado Rodrigo Rato.



Bankia ha recibido exactamente 46.691 millones de euros en ayudas públicas, de las que 22.424 millones de euros son inyección de capital y el resto avales. Falta por ver cuántos de estos millones serán recuperados por la hacienda pública. Probablemente ninguno si se consuma la privatización de esta entidad, ya en marcha. La querella de Izquierda Unida también pretende impedir esta privatización, poniendo de manifiesto en sede judicial las elevadas responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente los dueños de una Bankia privatizada, para responder por los daños causados por sus anteriores gestores.



Para asegurar que los querellados personas físicas y jurídicas harán frente a su responsabilidad civil a cuenta del daño causado, Izquierda Unida ha solicitado la práctica de embargos en los patrimonios de los anteriores por al menos 24.945 millones de euros, además de solicitar al juzgado que los consejeros querellados devuelvan las cantidades que hayan podido cobrar en concepto de blindaje o indemnización por su cese como consejeros de BFA o de BANKIA o las cajas de ahorros que constituyeron BFA.



En los días posteriores a la presentación de la querella, Izquierda Unida has recibido numerosas críticas por presentarla, criticas en muchos casos procedentes de los mismos que con anterioridad criticaron que no interpusiéramos acción judicial alguna por los hechos ocurridos con ocasión de la salida a bolsa de Bankia. Es evidente que lejos de tener alguna responsabilidad en lo ocurrido, Izquierda Unida es la única fuerza política estatal que viene exigiendo responsabilidades por lo ocurrido con las cajas de ahorros en España, como así se pone de manifiesto con las tres iniciativas presentadas en el Parlamento pidiendo la constitución de una comisión de investigación sobre Bankia. También somos la única fuerza política estatal que defiende que las cajas de ahorros y las entidades de ellas surgidas –como Bankia- no sean privatizadas, sino que se integren en un amplio y fortalecido sector financiero social y no lucrativo, tutelado por el Estado. Cansados de que en el Parlamento se cierren puertas a la trasparencia y a la determinación de responsabilidades, Izquierda Unida recurre ahora a los tribunales para impedir la impunidad de los deleznables crímenes cometidos con las cajas de ahorros. Solo quienes defienden esa impunidad pueden preocuparse por nuestra querella.






Publicado en el Nº 272 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2014

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 28/05/2014 - Modificar

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