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Secciones: Europa -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo -  Marxismo

Título: Los trabajadores europeos y sus organizaciones ante el tratado constitucional, por Christel Keiser

Texto del artículo:

Los 25 jefes de estado y de gobierno, reu­nidos en el Consejo Europeo de Bruselas los días 17 y 18 de junio de este año, aprobaron por unanimidad el tratado que establece una "Constitución" para Europa y que fue firmado en Roma por los jefes de estado y de gobierno el 29 de octubre.

Desde hace años, los trabajadores de toda Europa chocan con una acumulación de medidas de dislocación de los derechos y de las garantías sociales, y de ataque
al marco de las naciones, como son la aplicación de los tratados de Maastricht
(1992), de Amster­dam (1997) y de Niza (2002).

¿Cuál es la significación de la "Constitución Europea"? Es traspasar un umbral
cualitativo: se trata de ir hasta el final en el desmantela­miento de las naciones y, particularmente, de las instituciones obreras que la clase trabajadora ha insertado mediante su lucha de clase en el marco de las naciones.



Un salto cualitativo
Podríamos hacer una analogía entre ese umbral cuali­tativo que se pretende
cruzar en Europa y el paso de la primera (1991) a la segunda (2003) guerra de
Iraq. Estas dos guerras son guerras de pillaje y de destrucción, que
corresponden a la crisis de descompo­sición del sistema de propiedad privada de
los medios de producción. Pero, teniendo el mismo eje, presentan diferencias
cuya significación hay que establecer.

La primera guerra se detuvo a las puertas de Bagdad. Era necesario, entonces,
dejar en su lugar a Sadam Hussein. Este objetivo respondía a que el gobierno
norte­americano de la época necesitaba mantener cierto "orden" en la región. La
segunda guerra derribó el régimen de Sadam Hussein, no para reconstruir un
"orden imperialista" en la región, sino en una lógica de destrucción total de la
nación ira­quí, sobre un trasfondo de caos generaliza­do.

Segunda diferencia: las relaciones entre diferentes imperialismos. En 1991,
antes de desencadenar la guerra, Bush padre alcanzó un acuerdo con las demás
potencias imperialistas (principalmente Francia y Alemania) en el marco de la
ONU. En 2003, ya no se respeta ese marco: Bush hijo pasó por encima del marco
exis­tente de la ONU y por encima del acuerdo con los demás imperialismos. El
imperia­lismo americano emprendió, incluso, con ocasión de esta segunda guerra,
una "gue­rra" política y diplomática contra los demás imperialismos. Eso es lo
que expre­saban las declaraciones de Rumsfeld contra la "vieja Europa".

Finalmente, mientras los aconteci­mientos de la primera guerra de Iraq ocu­paron
un periodo relativamente limitado, la segunda guerra continúa de manera
perma­nente, y paralelamente se acelera la ofensi­va de destrucción física del
pueblo palesti­no (eliminando ya cualquier referencia -incluso formal- a un
pretendido "acuerdo de paz" posible). Y la agresión imperialis­ta amenaza con
generalizarse a otros países de la región (en particular a Irán).

El imperialismo más poderoso, atena­zado por la crisis de descomposición del
régimen de propiedad privada de los medios de producción, ya sólo puede imponer
su ley haciendo de la destrucción de las naciones la forma principal de
reali­zación de sus planes, y el principal medio de una política que intenta
restaurar már­genes de beneficio del capital sobre la base de la destrucción
masiva de las fuerzas productivas, empezando por la principal fuerza de ellas:
la fuerza de trabajo.

¿Qué analogía podemos hacer con la situación de Europa? Hasta el presente, el
marco de la Unión Europea basado en el tratado de Maastricht, pretendía poner en
práctica políticas antiobreras extremada­mente brutales.

Pero esas políticas, dietadas por Bruselas y transmitidas por los gobiernos, han
chocado y chocan, en cada país, con la resistencia de la clase obre­ra, que
busca utilizar sus organizaciones para defenderse palmo a palmo.

La clase capitalista ha necesitado cambiar de méto­do. Así como el imperialismo
norteameri­cano ha pasado de la primera a la segunda guerra de Iraq con el
objetivo de desman­telar la nación iraquí, en Europa, el paso del tratado de
Maastricht a la "Constitución Europea" corresponde a una nueva fase. Ahora, el
desmantelamiento de las naciones se convierte en el medio de que el imperialismo
alcance su fin: la des­trucción de las instituciones que la clase obrera ha
constituido para defenderse y la integración de las organizaciones obreras. El
principal instrumento de esta ofensiva es la "Constitución Europea".



El avance hacia el corporativismo
Esta "Constitución Europea" no es, de nin­guna manera, una Constitución. Una
Constitución, es en principio, una arquitec­tura de leyes, de derechos y de
garantías (especialmente en el marco de los regíme­nes llamados de democracia
política, inclu­so en los capitalistas).

Las constituciones codifican las nor­mas institucionales que permiten la
domi­nación de la clase capitalista sobre la socie­dad, en las que se insertan
los derechos y las garantías que la clase obrera ha arran­cado a la clase
capitalista con su lucha de clase.

Es lo que explica Trotsky en ¿Cómo vencer al fascismo?: «A lo largo de varias
decenas de años, los obreros han construido en el inte­rior de la democracia
burguesa, utilizán­dola al tiempo que luchaban contra ella, sus bastiones, sus
bases, sus hogares de democracia proletaria: los sindicatos, los partidos, y los
clubes de formación, las organizaciones deportivas, las cooperati­vas, etc. El
proletariado puede llegar al poder no en el marco formal de la demo­cracia
burguesa, sino por la vía revolucio­naria: eso lo demuestra tanto la teoría como
la experiencia. Pero precisamente para esta vía revolucionaria, el proletaria­do
tiene necesidad de bases de apoyo de democracia proletaria en el interior del
estado burgués»

Es en Europa donde se encuentran los países capitalistas más antiguos, los
prime­ros en los que se constituyeron clases obre­ras, en la época del
capitalismo ascenden­te. En estos países, en el marco mismo del desarrollo del
capitalismo, las clases obre­ras han conquistado los derechos y garantí­as más
desarrollados, así como sus institu­ciones (sindicatos, seguridad social,
convenios colectivos, códigos laborales, etc.).

Pero, precisamente, en la época del imperialismo putrefacto la clase
capitalis­ta, siempre ávida de más beneficios en un mercado mundial que se
contrae sin cesar, ya no puede tolerar los "bastiones de democracia proletaria"
insertos en los intersticios de la sociedad burguesa, que están en la base de la
democracia. La des­trucción de estos "bastiones de democracia proletaria"
equivale a la destrucción de la democracia sin más y de la nación. Es un curso
que va hacia el corporativismo. Ése es el contenido de la "Constitución
Europea".

Por esa razón las burguesías no espe­ran a la votación de esta "Constitución
Europea" para ponerla en práctica.

En Francia, esta anticipación toma la forma, principalmente, de la
regionalización a marchas forzadas y del cuestionamiento de derechos y garantías
conquistadas desde hace casi dos siglos: por ejemplo, el Código Laboral o la
regla fijada por la ley Guizot de 1833, que impone que cada municipio disponga
de una escuela.

Todas las burguesías europeas se incorporan a ese mareo, pero no sin crisis y
contradicciones. Porque, a fin de cuentas, el avance hacia el desmantelamiento
de las naciones pone en entredicho la posición y las prerrogativas de cada
"burguesía nacio­nal". Consagra una situación en la que cada "burguesía
nacional" tiende a desmembrarse en diferentes fracciones, cada una de las cuales
busca por separado un acuerdo directo con el imperialismo domi­nante. Lo que
explica en estos momentos el apoyo de todos los gobiernos europeos a la
"Constitución Europea".

El IV y el V congresos de la IV Internacional (1999 y 2002) han evidencia­do que
la política del imperialismo no puede ponerse en práctica más que con el apoyo
de los aparatos. Esto se aprecia en la forma tan espectacular en que la CES, ya
el 13 de julio último, apoyó la "Constitución Europea", apoyo confirma­do en la
reunión de su Comité Ejecutivo del 13 de octubre. Desde ese momento lleva una
campaña encarnizada para que todas las organizaciones sindicales apoyen la
"Constitución Europea" y, por tanto, la política de desmantelamiento de los
dere­chos y garantías. Aquí está en juego la existencia de las propias
organizaciones sindicales.

Esta ofensiva choca con la resistencia de los trabajadores de Europa y sus
organizaciones, que no quie­ren dejarse destruir. Lo que produce
con­tradicciones y resistencias en el propio seno de las organizaciones.

En Bélgica, la interregional valona de la CGSP (la rama de servicios públicos de
la FGTB) aprobó en su congreso de junio de este año, una resolución que afirma:
«El Congreso considera que el pro­yecto de tratado que instituye una
Constitución para Europa preparado por la Convención Europea es inaceptable»

A continuación, la CGSP responde al argumento principal de la CES y los
parti­darios "de izquierda" de la "Constitución Europea", que citan la Carta de
Derechos Fundamentales para justificar su apoyo a la "Constitución Europea". La
CGSP replica: «El Congreso desea también recor­dar que la Carta de Derechos
Fundamentales, que constituye el objeto de la parte II del proyecto de
constitución, es, en definitiva, un instrumento de regresión social, porque ese
texto, con su carácter simbólico e impugnable ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, no garantiza ninguno de los derechos que nos son
queridos. Añadamos que numerosas disposiciones de esta Carta están por debajo de
lo previsto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1946
(...). En lo que concierne, más concretamente, a los servicios públicos, una
lectura incluso superficial del texto per­mite comprobar que continúan siendo
con­siderados como excepciones tolerables a la competencia y a la realización
del mer­cado interior Ni siquiera se mencionan entre los valores (art. 1-2) o
los objetivos (art. 1-3) de la Unión Europea, que por el contrario incluyen la
realización "de un mercado único en el que la competencia sea libre y no
falseada"»

¿Cómo, en esas condiciones, se plan­tea el problema del combate por la ruptura
con la Unión Europea, es decir, el combate por la independencia del movimiento
obre­ro?



Alemania: "Es preciso echar a Schröder ahora"

En Alemania, la clase obrera hace frente a ataques sin precedentes. La ley Hartz
IV priva a más de 500.000 parados de toda prestación a partir del 1 de enero
próximo. Por primera vez desde la guerra, las pen­siones de los jubilados van a
disminuir. Schröder se atreve a tratar como "schmarot­zer" (parásitas) a las
familias alemanas a las que acusa de aprovecharse de manera indebida "de la
generosidad del estado social". Al mismo tiempo, Oskar Lafontaine declara: "Si
Schröder no puede hacer otra política que la que está siendo rechazada por el
pueblo, que se vaya."

La fuerte resistencia de los trabajado­res se ha expresado especialmente en las
potentes "manifestaciones de los lunes" con­tra la política de Schröder.

En esta situación, no tiene nada de casual el encarnizamiento del imperialis­mo
para que el SPD dé un vuelco. La clase obrera alemana es la clase obrera más
poderosa de Europa. El imperialismo en descomposición busca actuar para que, en
nombre de la socialdemocracia, se des­truyan todas las relaciones sociales
esta­blecidas después de la guerra. Corresponde a Schröder desempeñar ese papel
de dislo­cación que amenaza a todo el movimiento obrero de Europa.

En una situación en que la clase obre­ra busca resistir reapropiándose de sus
organi­zaciones, ¿qué orientación de frente único poner en práctica? Schröder
afirma que no cambiará de política. Entonces, para los militantes obreros, la
única formulación posible es "echar a Schröder", es decir negarle el derecho a
hablar en nombre del SPD y de la socialdemocracia.

El contenido de esta consigna es la ruptura con toda la política de destrucción
de los derechos y garantías que Schröder aplica. Cuando en septiembre, en las
últimas elec­ciones municipales de Renania del Norte-Westfalia ha habido un 47%
de abstención, cuando Schröder ha afirmado que irá hasta el final, esta consigna
corresponde incon­testablemente a las aspiraciones de las masas.

El 10 de julio, en un encuentro cele­brado en Colonia, militantes
socialdemó­cratas, sindicalistas y electores del SPD aprobaron un llamamiento
que entre otras cosas dice: «Schröder debe marcharse, lo quiera o no». En esa
reunión, un responsable de una importante agrupación del SPD explica: «Mi mujer
y mi hija han abandonado el SPD; yo sigo, pero esto no puede durar mucho. Estoy
de acuerdo con la orienta­ción propuesta. Al mismo tiempo, necesita­mos cabezas
en el partido, y cuando he oído lo que habéis leído de la entrevista de
Lafontaine en el Stuttgarter Zeitung, ¿No es posible apoyarse en él?»

Este llamamiento, apoyado luego por la firma masiva de militantes y
trabajado­res, concluía con la propuesta de organizar una conferencia nacional
con el fin de agrupar "la fuerza que quiere el cambio de rumbo

Después, los promotores han publica­do una invitación a una conferencia
nacio­nal en Colonia, en la que puede leerse: «Desde hace meses, el SPD sufre
derrota tras derrota (...) Es Schröder -y sólo él-, el que allana el camino a la
CDU (...) ¿Adónde vamos así? ¿Qué que­dará de la industria y de los puestos de
tra­bajo de Alemania? ¿En qué país quiere hacernos vivir Schröder? Como no
quere­mos nada de eso, como no queremos que la CDU vuelva al poder, como no
queremos renunciar a los valores fundamentales de la socialdemocracia, decimos:
"Es preci­so echar a Schröder ahora!" ¡Ese es el primer paso para sacar del
atolladero al país, a los trabajadores, al SPD y a los sin­dicatos!»

Esta conferencia tuvo lugar el 9 de octubre. Los participantes decidieron
con­tinuar la campaña de firmas del llama­miento aprobado el 10 de julio. Se
entabló un debate sobre la perspectiva de convocar un congreso extraordinario
del SPD para echar a Schröder y salvar al partido.



Italia: "Hace falta un gobierno que rompa con Berlusconi y Prodi"

En Italia, después de aprobarse en 1999 la ley sobre el federalismo que
regionaliza los hospitales, un proyecto de ley presentado por la Liga Norte
(cuyo presidente, Umberto Bossi, es ministro) acomete la transferencia de los
poderes a las regiones, creando así "veinte pequeñas Italias". Lo que buscan es
la voladura de Italia. Todos los partidos institucionales están de acuer­do en
la necesidad de una buena reforma constitucional basada en un "buen
federa­lismo", que debería ser elaborada conjun­tamente por los sindicatos, el
Vaticano, los patronos, el Banco de Italia y todos los par­tidos políticos,
tanto de "izquierda" como de derecha.

La República (el 30 de julio de 2004) indica: «El problema es que, para llegar a
su destino, la gran reforma deberá superar un referéndum popular». Lo que
preocupa, tanto a los unos como a los otros, a todos los partidarios del
federalismo, es el peligro de que los traba­jadores rechacen un proyecto de ley
de ese tipo. Todos tienen en la memoria la huelga general de 2003 contra el
desmantelamien­to de FIAT, que unió a trabajadores y sin­dicatos con una
consigna: "sur y norte, todos unidos".

Al mismo tiempo, la Unión Europea, impone un plan de 5.000 despidos en la
compañía aérea Alitalia. Recordemos que esta compañía fue privatizada la
primavera última por deci­sión de la Unión Europea. El 3 de septiem­bre último,
de Palacio, comisaria europea de Transportes, afirmó que sin los despi­dos la
compañía no podía sobrevivir, y que "la reducción de efectivos es una opción
obligada". Y añadió: «El futuro de Alitalia depende del acerbo de
responsabilidad de los sindica­tos», precisando que «su supervivencia no está
sólo en manos de la dirección de la empresa y del gobierno, sino, en gran
medida, en las de los sindicatos».

En ese momento, el responsable del Partido de Refundación Comunista, Fausto
Bertinotti, declaró: "La primera medida a tomar para salvar Alitalia es apartar
a la dirección que ha llevado la empresa a esta situa­ción". Pero la primera
medida a tomar para salvar Alitalia, ¿no es la ruptura inmediata con la política
de la Unión Europea, con la política de Prodi y Berlusconi, y por tanto el
rechazo de la Constitución Europea?

A iniciativa de nuestros camaradas de Italia, trabajadores y sindicalistas de
diver­sos sectores y opiniones han publicado una carta abierta a Fausto
Bertinotti que afir­ma: "Te escribimos esta carta en un momento particular pues
la situación del país es particularmente grave.

Durante estos últimos meses, y más particularmente durante estas últimas
semanas, hemos oído declaraciones tuyas sobre la necesidad de otro gobierno.
También oímos que te manifestabas contra la Constitución Europea que será
firmada el 29 de octubre en Roma.

Pensamos que hay una cosa clara: los trabajadores, los jóvenes, los jubilados
han demostrado reiteradamente que están hartos de Berlusconi y de su política.
Hace falta otro gobierno, es urgente echar a Berlusconi. Del Norte al Sur del
país, en las grandes manifestaciones contra la gue­rra y por la retirada de las
tropas, en las huelgas para defender la Fiat, Alitalia, los transportes, en las
manifestaciones contra la "reforma" Moratti, en la gran huelga de los médicos y
en las dos huelgas contra la "reforma" de las pensiones, en defensa del artículo
18, los trabajadores han expresa­do su voluntad: fuera Berlusconi, es urgen­te,
hace falta otro gobierno que derogue todos esos decretos y abra una salida a la
mayoría del país. [...]

Según las estadísticas oficiales, el 85% de las medidas que el gobierno toma son
trasposiciones de las directivas de la Comisión Europea presidida por Prodi.

La "reforma" de las pensiones se lanzó en la Cumbre de Barcelona de 2002: "de
aquí a 2010 hay que aumentar gradual­mente cinco años la edad en la que se deja
la actividad profesional".

En abril de 2003, la Comisión Prodi insiste: "Hay que elaborar, introducir y
aplicar efectivamente reformas de los siste­mas de pensiones, aumentar la
capitaliza­ción y mejorar el acceso a los regímenes complementarios de
pensiones". [...]

El federalismo es la aplicación perfec­ta de la subsidiariedad, que es el
principio cardinal de toda la política de la UE, y que conduce a la
regionalización y al desman­telamiento del país. Por ejemplo, los últi­mos
presupuestos del gobierno, con recortes que dañarán a las regiones, a las
colec­tividades locales y a los servicios públicos, los impone el acatamiento al
Pacto de Estabilidad, y Bruselas ha impuesto que en lugar de 5.500 millones de
recortes, haya 7000.[...]

Tú te pronuncias contra la Constitución Europea y al mismo tiempo afirmas que
"la candidatura de Prodi a la Presidencia del Consejo de Ministros, no se
discute".

No lo entendemos.
Prodi es el presidente de la Comisión Europea que ha dictado todos esos planes
destructivos. Prodi es el primer redactor de la Constitución Europea que prohíbe
los servicios públicos, que integra a los sindicatos en la aplicación de todos
esos planes destructivos, que elimina la soberanía de las naciones para imponer
el respeto de las directivas.

Todos nosotros queremos un gobierno que controle la situación, que derogue la
"reforma" Moratti y la de las pensiones, un gobierno que salve Alitalia y Fiat,
que pare las privatizaciones. Pero para eso hay que romper con Maastricht, con
la UE, con la "nueva" Constitución. Para eso hace falta un gobierno que rompa
con Berlusconi y con Prodi."

Los firmantes de esta carta abierta han pedido a Fausto Bertinotti que les
reci­ba.



Suiza: "Hemos hecho la experiencia de las directivas europeas"

Aunque Suiza no sea miembro de la Unión Europea, el Partido Socialista Suizo
(PSS) ha expresado reiteradamente su oposición al marco institucional fijado por
la Unión Europea. Así, el PSS, en relación con la Unión Sindical Suiza (USS), ha
tenido la iniciativa de referendos e "iniciativas populares" contra la adopción
de medidas que derivaban directamente de la aplica­ción de las directivas
europeas, y ha recu­rrido a la movilización de los trabajadores. En este último
periodo, hay que resaltar los referendos populares que echaron atrás una ley
sobre la liberalización del mercado de la electricidad y otra que elevaba la
edad de jubilación de las mujeres, aplicación de lo acordado por la cumbre de
Barcelona. Y hay que subrayar que el derecho de refe­réndum, que permite que el
pueblo se oponga a una ley votada, mediante la reco­gida de 50.000 firmas, es un
auténtico derecho del pueblo soberano, contraria­mente al referéndum
plebiscitario que existe en otros países de Europa.

La última "iniciativa popular", titula­da "servicios postales para todos",
lanzada en marzo de 2003 por el sindicato de la Comunicación con el apoyo de la
USS, se refería a la garantía de financiación del ser­vicio público postal por
el Estado de la Confederación Suiza. Así, en caso de insu­ficiencia de los
ingresos propios para equi­librar los costes y para mantener una red de oficinas
de correos en todo el territorio, la "iniciativa popular" requería que el Estado
intervenga con la financiación que sea necesaria. Faltó poco para que triunfase
(tuvo el 49,8%, faltaron 12.000 votos). Por razones constitucionales, la
"iniciativa popular" nunca resulta victoriosa en el pri­mer escrutinio, pues una
"iniciativa popu­lar", a diferencia del referéndum, requiere una mayoría de
votos, pero también mayo­ría de cantones. Hay que precisar que, por lo demás,
hubo una campaña denigratoria contra la USS y el PSS por parte de los
par­tidarios del Secretariado Unificado de la IV Internacional, que afirmaban
que esas reivindicaciones ya se contenían en un contraproyecto de ley que estaba
en vigor.

Así, afirmaron insistentemente que "Todas y todos los que desean la vuelta al
servicio público en el ámbito pos­tal, lamentablemente, no hallarán en la
iniciativa un instrumento para lograr ese fin"

Llamaron, pues, a abstenerse en la votación, lo que equivalía a oponerse a la
iniciativa.

En realidad, el 49,8% logrado repre­senta un nuevo rechazo masivo de la
polí­tica de la Unión Europea por parte de la clase obrera suiza.

Con razón un comunicado de la USS publicado tras el escrutinio afirma: "El
veredicto del pueblo no es un cheque en blanco para liberalizar y des­mantelar
las prestaciones postales [...] Hay que detener de inmediato el
desman­telamiento de los servicios postales. El correo pertenece a todas y
todos, ha de estar también al servicio de todo el mundo. Ése es el mensaje del
escrutinio de hoy. Y afecta a todas las infraestructuras públicas".

Unos días más tarde, en un comuni­cado, el PSS declara: "La población suiza
quiere un servi­cio público universal y de calidad, como ha demostrado una vez
más este domingo el excelente resultado de la iniciativa "Servicios postales
para todos ". Sobre la base de este resultado, pero también del rechazo de la
LME (ley de liberalización del mercado energético - NDLR) en 2002, el PS se
niega a considerar una apertura -ni siquiera parcial- antes de 2008, fecha en la
que habrá que consultar de nuevo a la población. En el ámbito energético, como
en otros, no hay que transigir con la noción de servicio público" .

Pero esas exigencias son contradicto­rias con las de la Unión Europea y su
"Constitución", que prohíben las subven­ciones estatales que falsean o amenazan
con falsear la competencia (el artículo 1-3 de la "Constitución Europea" afirma:
"La Unión ofrece a sus ciudadanas y a sus ciu­dadanos un mercado interior en el
que la competencia es libre y no está falseada").

En ese contexto, a contracorriente de cuanto se viene haciendo desde hace años,
el congreso del PSS, que se celebrará el 23 y el 24 de octubre, abordará un
texto pro­puesto por la dirección que se titula "Adelante hacia una verdadera
toma de conciencia de nuestro interés en ser Europeos. La próxima etapa de las
nego­ciaciones bilaterales: ¡la adhesión!". ¿Cómo justifica la dirección del PSS
esta propuesta? El documento que se presenta a los delegados explica: "En los
ámbitos políticos en los que la Unión Europea ya ha legislado, viene a ser
prácticamente imposible que Suiza no asuma el estado de hecho con que se
encuentra (la realidad comunitaria). Suiza traspone, por tanto, decisiones en
las que por así decir nunca pudo participar, ni en la fase de concepción ni en
la de aplica­ción [..]. Distando mucho de ser un paraíso en la tierra o un
mecanismo perfeccio­nado (como Suiza, por lo demás), la Unión Europea es sin
embargo el lugar en el que se hace la política sobre las cuestiones importantes
que atañen a todo el país [...]. Ser miembro de la Unión Europea no ame­nazará
ni la democracia directa ni el fede­ralismo ni la neutralidad. Esos fundamen­tos
de nuestro estado de derecho no están en cuestión. En particular, en lo tocante
a la democracia directa, no hay ninguna razón para instrumentar reformas
apresu­radas con vistas a la adhesión [...]. Las contadas limitaciones de la
soberanía can­tonal podrán compensarse con la influen­cia que ganará Suiza a
escala europea".

Es evidente que el imperialismo no puede tolerar la existencia de un punto de
apoyo como la posición del PSS para el movimiento obrero de Suiza y de toda
Europa. Quieren lograr que el PSS capitu­le.

En ese contexto, militantes del PSS y sindicalistas han tomado la iniciativa de
lanzar una carta abierta de socialistas y sin­dicalistas al Comité de Dirección
del PSS y a los delegados al congreso del 23 y 24 de octubre de 2004. Explican:
"Hemos hecho la experiencia de las directivas europeas. ¿Tuvo razón o no el
pueblo suizo al votar contra la ley de liberalización del mercado de la
electricidad (LME) que la Unión Europea exigía y exige?

¿Tuvo o no razón el pueblo suizo al rechazar en las votaciones del pasado 16 de
mayo la revisión antisocial de las pensiones, que se ajustaba a la cumbre de
Barcelona de marzo de 2002, que exigía la elevación de la edad de jubilación en
todos los países de Europa?

¿Tuvo razón o no el pueblo suizo el pasado 16 de mayo, al decir no al paquete
fiscal injusto y sancionar una política de rigor presupuestario? ¿Tuvo razón o
no al votar contra todas las medidas de ataque a los servicios públicos y a las
conquistas sociales decididos por la mayoría burgue­sa de conformidad con las
directivas euro­peas de liberalización?

Y el Partido Socialista, ¿tuvo razón o no al tomar -en continuidad con los
con­gresos de Lugano y de Zurich- con la USS la iniciativa de esos referendos,
que han permitido reforzar los éxitos que conoce­mos? ¿No hay que reafirmar,
como ha hecho reiteradamente Christiane Brunner [ex presidenta del PSS. NDLR]:
Suiza no es miembro de la Unión Europea, no está obligada a sufrir las
consecuencias negativas de la liberalización?

¿Serían posibles estas resistencias si entrásemos en la Unión Europea? ¿Qué
sería de los derechos democráticos a los que tan apegados estamos?

[...] Como sindicalistas, como socia­listas, tenemos un mandato de los
asala­riados: defender los servicios públicos, el Estado Social. Para ello,
necesitamos ins­tituciones democráticas, en particular el derecho de referéndum,
que nos ha permi­tido, con la USS y el PSS, conseguir victo­rias populares, y
sobre todo mantener derechos.

Volver la espalda a esta causa común tendría consecuencias dramáticas para los
asalariados y el pueblo suizos. Para defen­der esos derechos, decimos: el PSS
debe permanecer al lado de la USS, de los sin­dicatos y de los asalariados, en
esa lucha contra la política de liberalización de la Unión Europea [...].

Reafirmemos que es esta orientación la que ha permitido conseguir, con la USS,
un éxito clamoroso en las votaciones popula­res, pero también en las elecciones
federa­les y cantonales de estos últimos meses.

Defendamos la democracia y las atri­buciones del Parlamento, cuyo
debilita­miento siempre ha redundado en un debili­tamiento de los derechos y
conquistas sociales.

Defendamos el servicio público de correos.

Que se mantenga la participación estatal en Swisscom. No a la supresión del
monopolio en el último tramo.

Defendamos el servicio público de electricidad.

Defendamos el Estado Social, las pensiones y la seguridad social."



Gran Bretaña: ¿cómo aceptar que pisoteen el mandato?

En Gran Bretaña acaba de celebrarse el congreso de las Trade Unions (TUC, Trade
Unions Congress, confederación que agrupa a la gran mayoría de los sindicatos
nacionales) y el del Partido Laborista. Históricamente, hay un vínculo orgánico
entre las Trade Unions y el Partido Laborista, y las decisiones que toma el
congreso sindical se consideran mandatos para el congreso laborista, que siempre
tiene lugar pocas semanas después.

El congreso de los sindicatos ha dis­cutido dos grandes temas: la ocupación de
Iraq y la posición que hay que tomar ante la "Constitución Europea".

En relación con el primero, se aprobó por unanimidad una resolución exigiendo la
retirada de las tropas de ocupación de Iraq.

"El Congreso reafirma su oposición a la ocupación de Iraq, condena los malos
tratos y torturas infligidos a los prisione­ros iraquíes por las fuerzas de la
coalición y llama a constituir una comisión de inves­tigación sobre el coste
real de la invasión y de la ocupación [...]. En consecuencia, el Congreso llama
a una retirada rápida de las fuerzas de la coalición, así como al
desmantelamiento de sus bases militares, en beneficio del pueblo iraquí [...]."

Sobre el segundo tema, una resolu­ción ponía de relieve las consecuencias
nefastas de la "Constitución Europea" para la soberanía de la nación y los
servicios públicos. Esta resolución tuvo los votos de una tercera parte de los
delegados. La dirección del TUC no se esperaba un resul­tado así. Sacó la
conclusión de que no había condiciones para proponer que el Congreso votase
-como pretendía- una resolución de apoyo a la "Constitución Europea", tuvo miedo
de que esa resolu­ción no lograse la mayoría de los votos. Tuvo que contentarse
con presentar una moción declarando que era "inadecuado que este congreso tome
una posición for­mal sobre este punto ". El aparato del TUC pretendía remitir la
toma de posición sobre la "Constitución Europea" al Comité Ejecutivo de la CES.

El resultado es que, a pesar de la posi­ción notoria de la dirección del TUC en
favor de la "Constitución Europea", sus representantes se abstuvieron sobre la
resolución de apoyo a la "Constitución Europea" presentada por el secretario
general de la CES en su Comité Ejecutivo el 14 de octubre.

La posición del Congreso de las Trade Unions sobre la retirada de las tropas de
Iraq, y la relativa a la "Constitución Europea" planteaban un grave problema a
Tony Blair, ya que el congreso del Partido Laborista se abría dos semanas
después del de los sindicatos (hay que recordar que los sindicatos disponen del
50% de los mandatos en el congreso del Partido Laborista y tienen el mandato de
defender y votar las resoluciones aprobadas por el congreso de las Trade
Unions).

El congreso del Partido Laborista aprobó una resolución sobre la
renacionali­zación de los ferrocarriles, y otra contra la privatización de las
viviendas sociales.

En el debate sobre la guerra de Iraq, el ejecutivo nacional del laborismo
presen­tó a los delegados una declaración que afir­maba: "Las tropas británicas
permanecerán en Iraq mientras el gobierno iraquí lo esti­me necesario, para
apoyar el estableci­miento de un estado iraquí federal y pluralista."

Se presentaron en este punto otras dos mociones, la que pedía un plan de
retirada progresivo, que fue abandonada pronto, y la que, en aplicación del
mandato del TUC, pedía que el gobierno fijase una fecha para una retirada rápida
de las tropas.

Entonces, la dirección del Partido Laborista pidió socorro al representante del
sindicato oficial iraquí, el IFTU (próxi­mo al Partido Comunista Iraquí, que
parti­cipa en el gobierno provisional de Iraq), que tomó la palabra para llamar
a los dele­gados a votar la resolución de la dirección a fin de "evitar un baño
de sangre".

La representante de Kensington, que apoyaba la moción pro retirada, dijo que
mantenía la resolución y llamó a votar con­tra la de la dirección. Precisó: "Nos
dicen que la retirada de las tro­pas desencadenaría un baño de sangre. Pero
estamos ya en pleno baño de sangre. La presencia de las tropas británicas es la
causa del problema y no la solución del mismo."

La única diputada que mantenía esta posición, Alice Mahon, explicó: "Si apoyáis
la moción que os presen­tan, si pensáis que -como os dicen- las condiciones de
seguridad van a mejorar en Iraq, es que vivís en una burbuja [...]. Hay un
abismo entre lo que pretende el gobierno y la realidad, y en ese abismo se
pierde la credibilidad del Primer Ministro."

Varios responsables sindicales inter­vinieron para explicar que había que votar
la resolución presentada por la dirección del Partido Laborista. Ésta obtuvo el
86% de los votos (el 40% de los cuales pro­vienen de los cuatro sindicatos que a
conti­nuación se señalan).

¿Cómo ha sido posible este resulta­do? La noche anterior a este debate, Blair se
reunió con los cuatro grandes sindicatos, Unison, TGWU, GMB y Amicus, para
lle­gar a un acuerdo sobre Iraq. Por lo tanto, la resolución fue aprobada
gracias a un auténtico golpe de mano organizado con la ayuda de los secretarios
generales de los cuatro mayores sindicatos del TUC.

¿Cómo se puede admitir ese golpe de mano, cómo aceptar que se pisotee el
man­dato del TUC? Es la pregunta planteada por militantes del Partido Laborista
y sin­dicalistas agrupados en The Link, que luchan por la independencia de las
organi­zaciones sindicales.



Bélgica: "Parar esta carrera hacia el abismo"

En Bélgica, en el mismo momento en que la ofensiva de la Unión Europea pasa por
la tentativa de regionalizar la Seguridad Social (y en definitiva de romper el
país separando Flandes de Valonia), se alzan muchas voces contra el proyecto de
"Constitución", también en las cúpulas de las organizaciones.

Georges Debunne, antiguo secretario general de la FGTB y antiguo presidente de
la CES, declaraba ya en junio de 2003: "Esta Constitución Europea -que estará
por encima de las constituciones nacionales, que deberán ser revisadas para que
concuerden con los reglamentos europeos, como ya ha sucedido varias veces- no
permite ya que los partidos pro­gresistas logren la aprobación de leyes de
progreso social. En cambio, el reforza­miento de las reglas de competencia y de
los criterios drásticos del pacto de estabi­lidad da todos los poderes a los
partidos de la derecha para que organicen el dumping social y fiscal, apoyen el
capitalismo salvaje y la explotación sin límites de los trabajadores, los bajos
salarios y la precariedad generali­zada, sin obligación de asegurar la vejez, el
paro ni la enfermedad. Es la vuelta al siglo XIX."

En una declaración de octubre de 2004, afirma: "Con esta 'Constitución Europea',
ya no tendríamos ninguna posibilidad de actuar e intervenir. La Constitución
Europea aprobada por los 25 jefes de esta­do y de gobierno agrava el déficit
social y democrático que los tratados de la Unión Europea arrastran desde el
principio. Como responsable sindical, denuncié esa carencia. Los sucesivos
trata­dos han sido ratificados una y otra vez mediante promesas de que esto iba
a mejo­rar y también gracias a la falta de infor­mación de los ciudadanos
europeos.

Por eso lanzo este último grito de alarma en este periodo de ratificación en el
que tendremos que legitimar -o no- este texto legal, que prevalecerá sobre las
cons­tituciones nacionales. La izquierda euro­pea no puede seguir tergiversando.
Hay que parar esta carrera hacia el abismo.

Ha llegado el momento de decir no a esta hegemonía del capital, de fijar unos
objetivos y emprender la acción para rea­lizar al fin una Unión Europea
democráti­ca y social basada en derechos fundamen­tales cívicos, económicos y
sociales. Nos corresponde oponernos a que la Unión Europea se disuelva en una
gran zona de libre comercio, inscrita en las exigencias inadmisibles de una
economía puramente liberal dominada por la competitividad, la flexibilidad y la
búsqueda exclusiva del beneficio, sin miramiento por el empobre­cimiento de una
masa cada vez mayor en beneficio de una pequeñísima minoría de ricos que se
enriquecen."

En esta situación, la clase obrera belga, que no está dispuesta a renunciar a la
unidad de la Seguridad Social, trata de resistir. ¿Cómo se plantea en concreto
la lucha por el frente único?

En Bélgica se ha constituido un comi­té por el NO a la Constitución Europea,
tras una conferencia cuya mesa la forma­ban sindicalistas del metal y de los
servi­cios públicos, el eurodiputado del PS Jean­ Maurice Dehousse y un
representante del Movimiento de Defensa de los Trabajadores (MDT).

Este comité empezó por dar a conocer el llamamiento europeo contra la
Constitución Europea, aprobado en la con­ferencia europea de Ginebra de junio de
2004. Lo suscribieron varios sindicalistas, entre ellos el responsable de la
FGTB de Lieja.

Ahora, prepara un llamamiento con­tra la Constitución Europea, con el objeti­vo
de demostrar las consecuencias de tal "Constitución" en Bélgica.

En efecto, la patronal la ha utilizado inmediatamente como punto de apoyo para
lanzar una ofensiva sin precedentes, que ha llevado a su organización (la FEB) a
decla­rar a fines de septiembre que había que revisar el modelo social belga ya
que este modelo no existe en los países del Este y esos países no van a
adoptarlo (lo que, por otro lado, evidencia que su entrada en la Unión Europea
no puede sino agravar la situación social de los trabajadores de esos países).

Esto refuerza la importancia de una campaña contra la Constitución Europea y
están en preparación varias iniciativas: el comité por el No de Bruselas prepara
una conferencia, mientras que la FGTB de Lieja ha decidido organizar una
conferen­cia sobre la Constitución Europea, en la que el eurodiputado
Jean-Maurice Dehousse podrá defender la posición del No a la Constitución.



Francia: "No hay defensa posible de los servicios públicos, de los municipios,
de los estatutos de personal y conquistas sociales, de la democracia y de la
República sin decir NO a la Constitución Europea"

En Francia, el proceso que prepara la "Constitución Europea" se traduce tam­bién
en el intento de desmantelar la unidad de la nación y todas las conquistas
obreras y democráticas: los servicios públicos, los regímenes de protección
social, los conve­nios colectivos, los estatutos de personal, en el marco de la
regionalización.

La cuestión central es el NO a la "Constitución Europea", y en particular el no
sindical. En muchos sindicatos, a todos los niveles (sindicatos de base,
sindicatos nacionales, uniones departamentales) de las diferentes
confederaciones, se aprueban resoluciones por el no. A nivel confederal es
distinto por las presiones de la CES. La CFDT está en campaña por el sí, y
apoyándose en la CES pretende inclu­so hablar en nombre de todas las
confede­raciones sindicales francesas. La CGT-FO fue la única que votó en contra
de la reso­lución presentada en el Comité Ejecutivo de la CES del 14 de octubre.
Su comité confederal nacional de septiembre, aprobó una resolución que dice: "El
Comité Confederal Nacional afirma que FO está decidida a mantener su
independencia y su libertad de actuación, también en cuanto al calendario, y no
puede considerarse comprometida por las posiciones o decisiones que no emanen de
sus estructuras. En particular, en lo tocan­te al proyecto de "Constitución ",
FO no se siente comprometida por la toma de postura de la CES [...]. El CCN
recuerda los términos de la resolución general del con­greso confederal: "En
cuanto al proyecto de tratado constitucional, si resultase que su redacción
final, presentada para ratificación, conllevase elementos atentatorios contra la
libertad sindical que significasen de hecho la integración de la CGT-Force
Ouvriere no vacilaría en oponerse a los engranajes de la decisión política, al
nivel que sea, la CGT-Force Ouvriere no vacilaría en oponerse públicamente, como
hizo en 1969, confirmando así su adhesión indefectible a la libertad sindical y
a los valores republicanos, en particular a la laicidad."

Sin embargo, los dirigentes confede­rales de la CGT-FO hasta ahora no han tomado
posición como confederación sin­dical por el voto NO a la "Constitución
Europea".

Antes, la CGT tenía una posición de oposición a los tratados europeos. Pero ya
no es ésta la posición de su dirección confederal. Mientras muchos afiliados,
delega­dos y sindicatos de la CGT dicen no, su secretario general, Bernard
Thibault, se abstuvo sobre la resolución de la CES. Oficialmente, la posición de
la CGT la expresó en la Comisión Ejecutiva Confederal del 9 de septiembre J.-C.
Duigou, quien declaró: "El debate sobre la Constitución Europea, para un
referéndum que en el mejor de los casos no tendrá lugar hasta la primavera
próxima, parasita todos los demás temas y amenaza con provocar una fractura
fundamental entre partidos, pero también en el seno de éstos. Entretanto, los
proyectos liberales siguen sin dar respues­tas a la altura de los desafíos
planteados."

Esta declaración equivale a subordi­nar la decisión de la CGT a la posición
tomada por la CES y negar a los militantes sindicales el derecho a pronunciarse
libre­mente sobre el tema. Como si la lucha con­tra los planes de privatización
y de desre­glamentación pudiese separarse de la lucha contra la "Constitución
Europea". En reali­dad, los dirigentes de la CGT se comportan como fieles
sostenes de la CES y sobre todo no quieren molestar al primer secretario del
Partido Socialista, François Hollande, partidario del sí, que se las tiene con
una fuerte resistencia interna favorable al No, dirigida en particular por
Laurent Fabius.

Hay un potente movimiento de resis­tencia que se expresa en la multiplicación de
tomas de posición de instancias sindica­les contra la "Constitución Europea". En
el seno de este movimiento, los militantes de la IV Internacional, que
construyen el Partido de los Trabajadores, en pie de igual­dad con otros
militantes, desempeñan su papel, como muchos otros, respetando escrupulosamente
las atribuciones y la independencia de nuestras organizaciones sindicales. Sin
embargo, podemos leer en el diario patronal Les Échos (del lunes 11 de octubre):
"[...] La dirección de la CGT no quiere repetir el episodio de 1992, cuando fue
la única confederación en llamar a rechazar el tratado de Maastricht.
Posteriormente, rompió con el PCF y se adhirió a la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), que apoya el tratado. Firme en esas dos conquistas de la era
Thibault, la dirección de la CGT se resiste a las presiones del bando del "no ",
que siguen siendo fuertes. En efecto, Europa es el tema por excelencia en que se
enfrentan los conservadores y los modernos de la organización. Es también el
caballo de batalla de los trotskistas del Partido de los Trabajadores (PT), poco
numerosos pero muy activos, que tratan de arrastrar a la CGT -y a FO, donde su
presencia es histó­rica- a un rechazo de este tratado, de la CES y de Europa en
general."

Este método está muy visto: a todos los que resisten contra la unidad
corporati­vista se les etiqueta de "trotskistas". Pero los hechos son tozudos:
el movimiento de resistencia busca ampliarse día tras día, y si bien los
trotskistas contribuyen a ello ocupando su lugar, engloba en realidad a cientos
de miles de cargos representativos, sindicalistas, trabajadores y jóvenes de
todas las tendencias. Y, a iniciativa de 385 cargos representativos, el 16 de
octubre tuvo lugar una conferencia nacional en defensa de los municipios y de
los servi­cios públicos. El llamamiento a esta confe­rencia explica: "La
Constitución Europea que se sometería de nuevo a la aprobación de los jefes de
estado de la Unión Europea esti­puló la transformación de los servicios públicos
en 'servicios de interés general", que podrán ser financiados por
colectivi­dades territoriales, por el Estado o por privados. Nuestras escuelas
municipales están ya amenazadas por la decisión de cerrar todas las que tienen
menos de tres clases y constituir redes intermunicipales calcadas de las
mancomunidades de ayun­tamientos. Nuestros municipios están ya sometidos, en el
marco de la privatización pura y simple de Correos, al chantaje de o financiar
la oficina de correos o aceptar que lo sustituya un "punto de correos"
gestionado por un comerciante, o que se cierre sin más la oficina de correos.

Las prestaciones que garantizaban las direcciones departamentales de
equi­pamiento ya pasan a ser de pago a petición expresa de Bruselas, con el fin
de privati­zar esos servicios [...] Llamamos a nues­tros colegas que han sido
elegidos por la población y a la poblaciones a preparar una conferencia nacional
de defensa de los 36.000 municipios, de los departamentos y de los servicios
públicos. Por la República una e indivisible: igualdad de derechos ante la ley y
los servicios públicos, defensa de los 36.000 municipios y de los
departa­mentos, ningún cierre más de servicios públicos, reapertura de los que
han sido cerrados."

Mientras el gobierno aplica la directi­va europea de privatización de Correos
que conlleva la supresión de 6.000 oficinas de correos, 5.500 ayuntamientos han
aproba­do resoluciones rebelándose contra esa decisión. En ese contexto, la
conferencia nacional ha lanzado un grito de alarma: "Está claro: no hay defensa
posible de los servicios públicos, de los munici­pios, de los estatutos y
conquistas sociales de la democracia y de la República si no decimos: ¡No a la
Constitución Europea! Por ello, reunidos en este día, 16 de octu­bre, en
Ivry-sur-Seine, en Conferencia Nacional de defensa de los municipios y de los
servicios públicos, decidimos consti­tuirnos en Comité Nacional por el No a la
Constitución Europea. [...]. Con la pobla­ción, con los ayuntamientos, con las
orga­nizaciones sindicales, con cuantos están comprometidos con la causa de los
servi­cios públicos y de la democracia, Nos manifestaremos de la República a la
Nación, el sábado 22 de enero a las 14 horas.

Los cargos públicos, los demócratas y los trabajadores están confrontados en
toda Europa a los mismos problemas y tienen las mismas razones que nosotros para
votar NO a esta Constitución."



España: "iZapatero, cumple tus promesas!"

En España, decenas de miles de puestos de trabajo están amenazados en los
astilleros debido a la política de la Unión Europea.

En efecto, el 12 de mayo pasado, la Comisión Europea indicó al gobierno español
que las subvenciones públicas con­cedidas por el anterior gobierno desde 1997
eran ilegales y debían ser devueltas. Es un anticipo de la aplicación de la
"Constitución Europea", cuyo artículo 1-3, ya citado, dice: "La Unión ofrece a
sus ciudadanas y ciudadanos un mercado interior en el que la competencia es
libre y no está falsea­da"

La política de los aparatos consiste en cargar al gobierno anterior con la
respon­sabilidad de esta situación y con ello ocul­tar las consecuencias de la
política de la Unión Europea. El actual presidente, Zapa­tero, ha afirmado que
el objetivo de su gobierno era salvar los astilleros, pero tam­bién que apoyaba
el plan de reconversión. Y el gobierno querría que los sindicatos se impliquen
en la aplicación de ese plan.

En septiembre han tenido lugar importantes huelgas y manifestaciones de los
trabajadores del sector naval por la reti­rada del plan de reconversión, con la
con­signa unánime "íZapatero, cumple tus promesas! ". La resistencia se expresa
tam­bién en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así, el secretario
general. del PSOE en el País Vasco declaró el 12 de septiembre que el futuro del
PSOE estaba ligado a la solución que el Gobierno dé a la crisis del sector
naval. En esta situación, la cuestión planteada es la del mandato que tiene
Zapatero, que hay que recordar fue elegido tras una crisis abierta por la
irrup­ción de las masas tras los atentados de Madrid.

Los compañeros del Acuerdo Internacional en España han impulsado una carta
abierta a Zapatero que está sien­do firmada masivamente por trabajadores, y que
dice: "El día 12 de septiembre te compro­metiste a defender los astilleros
públicos. [...]. Es el sentir compartido por todos los trabajadores. Para la
mayoría de la pobla­ción no hay necesidad más urgente que rechazar las
exigencias de Bruselas de desmantelamiento del sector naval [...] Las exigencias
de la Comisión Europea son inaceptables, y no deben ser acapta­das. El 18 de
abril ordenaste -respetando las exigencias de la mayoría- la retirada de las
tropas. Te enfrentaste a Bush y al Consejo de Ministros de la UE. Tuviste el
apoyo de la inmensa mayoría de los pue­blos del Estado español, de Europa y del
mundo. [...] En este momento difícil, las organizaciones que los trabajadores
levan­taron deben apoyar cualquier paso del Gobierno para mantener todos los
centros da trabajo y todos los puestos de trabajo de Izar [...J Ya hoy decenas
de ayunta­mientos, instancias sindicales, cargos públicos e instancias del
partido que diri­ges y de toda la izquierda te piden que mantengas Izar y todos
sus puestos de tra­bajo."


(*) Es un resúmen del articulo: "Las clases obreras de Europa y las organizaciones ante el proyecto de tratado constitucional". Revista La Verdad nº40. Noviembre 2004.
Suscripción: posicuarta_ARROBA_telefonica_PUNTO_net

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 03/01/2005 - Modificar

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